EL SECUESTRO Y LA DESAPARICION DE UBAGESNER CHAVEZ SOSA

Oublicado en Trabajo & Utopia Nº 55.

LOS ASESINOS IMPUNES.

El 26 de junio del 2004 , en el diario La República, Gerardo Barrios Villaverde hacía nuevamente públicas informaciones relacionadas a la desaparición de Ubagesner Chaves Sosa. Reiteraba lo que había sido recogido en las actas parlamentarias de la investigadora de la cámara de diputados, en 1985 y que posteriormente habían sido remitidas a sedes judiciales.
Efectivamente otro 26, pero de agosto de 20 años atrás, Barrios daba cuenta a los parlamentarios electos después de los años de dictadura, que había sido detenido el 8 de junio de 1976 por el Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea[1], y trasladado a la base aérea de Boiso Lanza donde ve que allí se encontraba, prisionero, Chaves Sosa. “…él llevaba muchos días de tortura y estaba físicamente muy deteriorado. No se podía mantener en pie, estaba permanentemente tirado en el suelo.(…) permanentemente deliraba y pedía agua. Llevaba varios días sin beber y sin comer”[2].
Como era habitual en los procedimientos contra los opositores a la dictadura, Barrios es conducido a la sala de torturas del Boisso Lanza que se encontraba ubicada en una pequeña pieza, en una zona que llaman “la perrera”[3]. Cuenta Barrios que recibe castigos junto a Chávez Sosa “…en determinado momento yo había perdido la noción del tiempo por efecto de la tortura. Sé que era de noche, aproximadamente un día después de haber sido detenido. Los dos seguíamos siendo torturados alternativamente –una vez él y una vez yo—y en determinado momento quedamos solos” [4]. Los dos oficiales que los torturaban dicen: "Vamos a tomarnos una (copa) al casino"[5]. Y se van. “Habían terminado de torturar a Ubagesner y yo estaba parado contra una pared, en una misma pieza los dos. Él estaba tirado sobre un tablón, desnudo y mojado. La noche era silenciosa. Yo sentía su respiración y me daba cuenta cómo empezaba a declinar. En determinado momento dice: “por amor a mi partido, a mi mujer y mi hija...” y deja de respirar. Yo lo llamo. Había una guardia del lado de afuera que hacía la vigilancia. Llamo a la guardia. El guardia ingresa, sale. Llama a los oficiales que estaban afuera, que entran. Veo por debajo de la venda que me cubre los ojos el cuerpo de Ubagesner y uno de los oficiales le pone la mano en el pecho y dice: “Es el bobo; llamen al médico”. Viene el médico. Cuando lo ausculta me comienzan a sacar de la pieza pero llego a oír al médico que dice: “Sí efectivamente es el corazón”. Me sacan y no tengo más noticias de Ubagesner a partir de ese momento”[6]. “El cuerpo no apareció nunca. Pero quien nos estaba torturando e interrogando en ese momento era Enrique Ribero, conocido dentro de Boiso Lanza como el "Quique" Ribero, que en aquel momento tenía el grado de teniente primero…”[7].
Cuando Barrios da este testimonio en 1985, aun no habían “caducado” los compromisos que todos los sectores políticos del país habían asumido en los acuerdos de la CONAPRO[8], de que “…constituye un grave riesgo para la real vigencia de los derechos humanos en el futuro mantener a la sociedad uruguaya en la ignorancia respecto a la verdad de las denuncias y dejar impunes los hechos que constituyen ilícitos penales…”[9]. Por esa razón, seguramente ante los diputados de la Comisión dijo: Deseo señalar aquí a dos responsables de esto, con nombre y apellido. Estos dos oficiales –hubo más, pero al resto no pude identificarlo—fueron los que condujeron mi detención y mi tortura, así como de la de Ubagesner. Uno de estos oficiales era el entonces Teniente de la Fuerza Aérea, Enrique Rivero[10], a quien luego, en 1981 reencuentro, con el grado de Capitán en el Penal de Libertad, como encargado de relaciones públicas. El otro responsable es el entonces Alférez –me refiero al año 1976—Alejandro López. Por culpa de estos dos hombres Ubagesner y yo fuimos torturados sistemáticamente”[11]. “El nombre de él (Ribero) lo escuché en el medio de la tortura. Es más: le conocí la cara. Le conocí la cara en contra de su voluntad, pero le conocí la cara”[12].

LA CAIDA DE UN RESISTENTE A LA DICTADURA.

El 24 de febrero de 1976, las Fuerzas Conjuntas de la dictadura, ya estaban al acecho procurando detener a Chavez Sosa. Denuncia su esposa Isidora Musco: ”Estuvieron en mi casa las Fuerzas Conjuntas a las dos menos cuarto de la madrugada. Eran personas vestidas de particular y estaban armadas. Allanaron mi casa, en la cual había un libro de literatura marxista. Se quedaron dos días esperando que mi esposo llegara. Mi esposo estuvo a punto de entrar a casa, pero fue advertido de que estaban esperándolo y no llegó”[13]. El 20 de mayo van a la casa de los suegros de Chavéz tratando de dar con su paradero.
Pocos días después, las Fuerzas Conjuntas lograrían su propósito. “Mi esposo fue detenido el 28 de mayo de 1976 a las cinco de la tarde. A las seis de la tarde yo ya sabia de su detención, que sucedió a dos cuadras de donde yo vivo”. “Las personas que detuvieron a mi esposo hablaban en clave con números y letras; (...) vino una”chanchita” celeste y lo trasladaron a algún lugar”[14].
A partir que Chavéz Sosa sabe que es buscado por la dictadura, había pasado a vivir en el domicilio de Oscar Mario Laserra. Una noche cuando Laserra vuelve de noche al apartamento lo estaban esperando dentro de su casa las Fuerzas Conjuntas. “Me llevaron encapuchado hasta el Boiso Lanza. (…)Y me enteró que Chávez Sosa estaba ahí; incomunicado; lo tenían en un sótano que estaba lleno de agua, había ratas y de todo. Hacia unos cuantos días que lo tenían ahí sin darle agua ni comida, esperando la respuesta de las declaraciones que yo iba a hacer. Me obligaban a decir que otros compañeros le habían entregado paquetes con cartas del Partido Comunista. Yo les decía que no era así. Luego se corto la comunicación con él y después ya no lo vimos más”. Otra noche vinieron a llevar a otros compañeros para hacerles interrogatorio y al otro día los hicieron poner contra la pared y vinieron a decir que Chávez Sosa se había escapado. Entonces dedujimos que había muerto”.
Cuando detienen a Chavez Sosa, este llevaba en su poder un regalo para su hija Valentina, que había cumplido tres años el 25 de ese mes. En el momento en que lo detenían, le dice a una persona que vivía en la casa frente a donde es detenido que el paquete que tenía era un regalo para su hija Valentina y que él vivía en la calle Máximo Gómez. . “El regalo quedó en el jardín de la casa y el dueño de casa dijo que iba a dar con Valentina, porque la calle Máximo Gómez quedaba a dos cuadras; preguntó en los comercios si alguien conocía a una niña con ese nombre y justamente dio con el comercio en que nosotros comprábamos - en Máximo Gómez e Ibirocay - y así ubicó nuestra dirección”[15].
“Mi señora y yo estábamos (…) en la puerta de mi casa, a las cuatro de la tarde, esperando a mi nieto (…) y vimos que venían unas personas, una adelante y dos atrás, apurándolo (…) lo agarraron y lo pusieron contra la puerta del garaje, con los brazos levantados (…) tenía un paquetito en la mano, que tiró en el jardín. Nos dimos cuenta que se trababa de la policía. (…) Entonces oí que la persona detenida dijo: "Lleven esto a Valentina, de la Calle Máximo Gómez". Después vino la chanchita y se lo llevaron. El paquete tenía un overol. Daba la casualidad de que la hija del detenido había cumplido tres años, pero el overol le quedó mal y lo fue a cambiar. Lo venían siguiendo. (…)Yo fui, llevé el overol y cuando el padre me vio, me dijo: "Lo agarraron". E1 hombre no se defendió; se quedó quietito, contra la pared”[16].



LA BÚSQUEDA.

Desde el mimo día de su detención, empieza un largo y doloroso peregrinaje de su esposa por las distintas unidades militares: “…cuando lo detienen, fui a la Región Militar Nº 1 para averiguar donde estaba detenido. De allí me mandaron al Comando Militar del Ejército en Boulavar y Garibaldi. Durante mucho tiempo me mandaron del Comando del Ejército a la Región Militar Nº 1 y de ésta la Comando del Ejército. En el Comando del Ejército una persona muy accesible me dijo:‘Mire, señora, no está en ninguna unidad del Ejército, busque en la Aviación o en la Marina”. Fui a la Marina y no estaba. Fui al Comando de la Aviación, en Mendoza e Instrucciones. Allí presento mi cédula y luego sigo caminando detrás de la persona que me atiende, quien se asoma a una cabina y le dice a otra persona que esta adentro: "Ese la mujer de Chavez; viene a preguntar por él“. La otra persona le respondió: ‘Mandala a la Región Nº 1. A esto yo contesté, que de allí venía y entonces el soldado se dio vuelta y me mandó a la vereda a esperar. Después de largo rato de espera me entregó la cédula y me dijo: “Esa persona está requerida”. En ese momento me doy cuenta que mi esposo está detenido allí. Insisto y le digo que no, que ya fue detenido, incluso le doy fecha y todo. No me contesta nada, se dio media vuelta y se fue. Yo quedé allí”[17].
Las mentiras, la indiferencia ni el agravio gratuito de los militares, mellaron la insistencia del reclamo. “Fui veintitrés veces al Boisso Lanza. Insistí e insistí. Yo estaba trabajan­do mucho y no podía faltar al trabajo. Trataba de pedir para salir. Iba una vez por Semana .Algunas veces iba de mañana y otras de tarde. En una oportunidad vi a las mismas personas que hicieron el operativo en mi casa y hable con ellos. Les dije si se acordaban de mi, a lo que contestaron que si, que se acordaban de mi, que era la mamá de Valentina. Les pregunté por la situación de mi esposo, si estaba ahí, si lo podía ver, pues yo quería alcanzarle ropa, medicamentos o algo que precisara. Me dijeron que había sido trasladado a otro lado y no sabían su paradero”[18].
En Boisso Lanza, la esposa de Chavéz Sosa no lograba que los “valientes” oficiales de la fuerza aérea dieran la cara y respondieran: “con la única persona que pude hablar, la única que siempre me atendió fue el cabo Pedroso. El me dijo que era secretario del capitán Spinatelli. Yo siempre pedía para hablar con el capitán, no quería hacerlo con el cabo, pues quería hablar con alguien responsable. En el momento que pedía para hablar con el juez sumariante, me decían siempre: "En este momento se retiro"[19].
Dice la esposa de Chavez: : “...el cabo Pedroso era quien se encargaba de hacerme la guerra psicológica, diciéndome que me olvidara de mi esposo, que yo era joven, que rehiciera mi vida, que no me preocupara por él, a lo mejor estaba en Cuba, Rusia, no sé, viajando. Me mortifico bastante, a tal punto que mi padre me dijo que lo único que iba a conseguir era desequilibrarme y que tratare de mantenerme serena y seguir adelante, por mi hija (…) fui a la Embajada americana, a las Naciones Unidas y a la Cruz Roja Internacional. En todo momento, donde yo me podía mover, hacía mi denuncia. Cada tanto, volvía a insistir en el Boiso Lanza para que, por lo menos, se responsabilizaran y me dijeran la verdad, que tarde o temprano se iba a saber. Todo fue totalmente negativo; nunca recibí respuesta de ellos nada más que una gran guerra diciéndome esas cosas”[20].
El 3 de junio la esposa de Chavéz “…había preparado un bolso con ropa y con útiles - vasos, tazas, cubiertos” y con ellos fue al lugar donde era habitual que los familiares depositaran ropas y medicamentos para la gente que se encontraba presa en los cuarteles. Allí un oficial, le dijo: "No puede dejar la ropa, señora, porque su esposo no está en las listas". Cuando la señora se retira y concurre a la casa de su hermano, que vivía cerca de allí. “…creo que fui seguida porque, a la media hora, las mismas personas que habían ido a mi casa y a la de mis padres, estaban allí uniformados” (…) registraron la casa de mi hermana. Mi cuñado tenía armas porque él va de cacería, con respectivo permiso. Fueron a buscar a mi cuñado al lugar de trabajo, (…) no había ningún otro lazo que a mi cuñado lo pudiera comprometer en cuestiones políticas. Lo sacaron a puntapiés del taller, lo trataron como si fuera un delincuente. Eso fue al mediodía. Nos subieron a una "chanchita" y nos llevaron. Estuvimos mucho rato, pero mucho rato, parados no sé dónde. Después nos trasladaron. Posteriormente reconocí el lugar, porque desde donde estaba veía en una avenida la estatua de 1a aviación, que es una mujer con alas. Después sentí el tren, que parecía que iba a pasar por arriba nuestro; ladridos de perros; y también sentía vuelos como de avionetas. A mí me interrogaron (…) una parte de un corredor veo que sacan a mi esposo y lo ponen parado; se 1e doblaban las piernas, tenia un custodia atrás y le gritaba: “¡No! ¡Firme, derecho!”. A mi esposo se le caía la cabeza o quería apoyar la cabeza en la pared. Tenía los pantalones me­dio caídos y un buzo rojo de lana y la camisilla salida del pantalón. Yo lo vi con man­chas de sangre; no sé si era sangre o se habría desteñido el buzo rojo. Cuando a mí me bajan de la chanchita me tapan los ojos y estuve mucho, hasta medianoche en que nos soltaron, en una especie de pieza. Me interrogaron y me hicieron preguntas sobre él, sobre si yo sabia la actividad política que él tenía, si estaba al tanto de lo que él estaba haciendo, si sabía que él vendía el diario "E1 Popular", si yo tenía conocimiento de que mi esposo estuviera preparando u organizando una célula; y yo estaba en total desconocimiento de todo.
No me permitían tomar agua y tenía una terrible sed; tampoco me permitían ir a1 baño (…) a la media noche nos devuelven a nuestros hogares. E1 10 de junio, a las 11 de la noche, vuelven otra vez tres personas, muy fuertemente armadas, buscando a mi esposo y preguntándome si yo lo había visto, si no había estado en contacto con el. Yo les dije que no, que mi esposo había sido detenida e1 28 de mayo.(…) Tenían un olor bastante a bebida; y amenazándome, diciéndome que iba a ser, siempre iba a estar así, que dos por tres me iban a visitar y me iban a estar molestando, que no me iban a dejar tranquila”[21].

LA DESAPARICIÓN, ESA CRUELDAD INFINITA.

La sospecha de lo que había sido la suerte de Chavéz Sosa, no estuvo ausente de los familiares del obrero metalúrgico: (…) yo comenté con mi padre una suposición mía. . Yo le dije: "Mirá, creo que están preparando el terreno; se les habrá ido 1a mano y estarán preparando el terreno para entregarnos el cuerpo de él. Yo estaba preparada para eso. Nunca pensé que nunca más iba a tener conocimiento de su desaparición”.
Cuando la señora de Chavéz Sosa, da su testimonio ante la investigadora de diputados en 1985, no puede evitar reflexionar sobre los hechos que estaba exponiendo: la desaparición forzada. “Y pienso que si es cruel soportar una tortura física, es mucho más cruel imaginarse de qué manera pudo haber muerto. En todas las veces que fui a hablar con ellos siempre les dije: " Díganme la verdad; algún día la voy a saber. Si mi esposo cometió un delito, él está castigado; esta privado de libertad, está cumpliendo su pena", pero que no me mortificaran así, de esta manera. Mi hijita, a 1os cuatro años, cuando empezó la escuela, me preguntó por qué estaba preso su padre, si había matado o si había robado. Yo le dije: "M'hija: su padre ni mató ni robó; esta preso por tener una idea distinta a este régimen. Y te tengo que hablar de política, y te tengo que hablar de un montón de cosas que no me vas a entender". La niña me exigió y me pidió -porque yo siempre cometí el error de decirle que algún día lo íbamos a poder ver a su padre -, lo exigía, lo reclamaba y yo siempre alimenté en ella la esperanza de que algún día lo fuera a poder ver. Inclusive, a veces, cuando iba a Boisso Lanza, iba con ella para ver si los podía ablandar, si tenían algo de sentimiento, ya que si yo no lo podía ver, por lo menos que lo viera la hija. Pero no; eran un muro”.

QUE SE HAGA JUSTICIA.

En 1985, Isidora Musco de Chávez terminaba su testimonio, con estas cuatro palabras “que se haga justicia”. Antes, le trasladó a los diputados que recibían su testimonio estas vivencias que seguramente han sido las que la han ayudado a transitar estos largos años de búsqueda y angustia: “(…) momento en que dieron el golpe y se declaró ilegal la CNT, mi esposo me dijo lo siguiente:" Quiero que estés preparada. Pueden pasar meses, años pero a mí me van a venir a buscar, me van a llevar detenido". Entonces le pregunté por qué, si él tenía algún hecho o algo que cumpliera su pena pero que no huyera. Me dijo:" No, de mi no puedes avergonzarte nunca. Yo estoy luchando por una causa que creo que es justa". Siempre me comentaba que él daba la vida antes de denunciar a otra persona conocida o amiga de él. Unos meses antes, creo que en enero de 1976, él había tomado la precaución de no quedarse de noche en casa; yo quedaba sola con la niña. Incluso él me dijo:" Recibilos bien; escúchalos; abriles todas las puertas; mostrales todo lo que te quieran pedir". (…)Inclusive me enseño a no odiar porque había cosas que no entendía, me decía: " Ellos cumplen órdenes, no tienen culpa". Comentaba con él que yo nunca lo iba a dejar, que siempre lo iba a ver como en otros casos que había que las señoras iban a visitar a sus esposos. En este momento no odio pero siento una gran desconfianza. No me dieron oportunidad de poderles creer, porque aparte me estuvieron mintiendo. Simplemente pido que se haga justicia y si hay algún culpable que pague su culpa. Eso lo decide la justicia y no yo. (…) Simplemente les pido que hagan todo lo que esté a su alcance ya que a mí no me escucharon. Que se haga justicia”.




[1] El operativo había sido llevado a cabo por el TAC (Tropa Aérea de Combate).
[2] Testimonio Gerardo Barrios ante la Comisión Investigadora sobre Situación de Personas Desaparecidas y Hechos que la Motivaron del 26/8/85.
[3] Esa denominación es en razón de que en dicho lugar están los perros de los guardias.
[4] Gerardo Barrios. Op cit.
[5] Gerardo Barrios en La república 26/06/94.
[6] Gerardo Barrios. Op cit.
[7] Gerardo Barrios en La república. Op Cit.
[8] Concertación Nacional Programática.
[9] CONAPRO, octubre de 1984.
[10] Según denuncia Barrios en el diario La República, el coronel aviador (r) Enrique Ribero, integró las listas de Fuerza Nueva Colorada, que lidera el diputado Daniel García Pintos, en el sexto lugar de la 15222 de la Convención Departamental de Montevideo y en el 40º lugar de la Lista 152222 a la Convención Nacional..
[11] Gerardo Barrios. Op cit.
[12] La república 26/06/94.
[13] Testimonio de Isidora Musco de Chávez del 10/06/85 ante la Comisión Investigadora sobre Situación de Personas Desaparecidas y Hechos que la Motivaron.
[14] Ibíd.
[15] Ibíd.
[16] Testimonio de Raúl Couto Pombo del 10/06/85 ante la Comisión Investigadora sobre Situación de Personas Desaparecidas y Hechos que la Motivaron.
[17] Isidora Musco de Chávez. Op Cit.
[18] Ibíd.
[19] Ibíd..
[20] Ibíd..
[21] Ibíd..

MORIR EN URUGUAY

Morir en Uruguay

ASILÚ MACEIRO

Publicado en Semanario BRECHA el 13/01/06

Es imposible que la memoria se dulcifique, y muchos menos aun que conquiste las regiones tibias, si se inhibe. Seguramente esa reflexión estuvo en quienes hablamos en la despedida silenciosa y humilde que recibía Asilú Maceiro en las salas de velatorios municipales de la calle Gonzalo Ramírez, la mañana del domingo 8. Por eso, lo que se dijo y lo que cada uno pensó, fue una dulcificación de la memoria. En un país como el nuestro, donde la impunidad permanece también en muchas regiones de nuestra vida cotidiana, muda y congelada, pues el cuerpo social aún no la ha digerido, es vital ese ejercicio de la memoria. Las enfermedades de Asilú en los últimos tiempos se habían agravado. Contra muchos pronósticos, una y otra vez salió airosa de ellas y volvió a la laguna Merín, ese alejado rincón de Cerro Largo, a compartir con su compañero de vida, el maestro rural Mauricio Vergara, su huerta y su actividad política. Pese a la extrema gravedad que motivó su última internación en la emergencia del Hospital de Clínicas, hasta nos hizo ilusionar con que otra vez saldría adelante. Era una vieja luchadora. De la guardia vieja, de las que no se cuecen al primer hervor. Pruebas de ello, vaya si las había dado. Sobrevivió al infierno dantesco de Automotores Orletti, a las cárceles clandestinas de Uruguay, el trágico destino de decenas de militantes del Partido por la Victoria del Pueblo, su opción política. Podía haber escrito los versos de Vallejo:
“Hay golpes en la vida, tan fuertes… Yo no sé! Golpes como del odio de Dios; como si ante ellos, la resaca de todo lo sufrido se empozara en el alma… Yo no sé! Son pocos; pero son… Abren zanjas oscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte”.
Cuando el 27 de julio de 1985 comparece ante una investigadora parlamentaria uruguaya sobre los desaparecidos, con esa voz baja y pausada que obligaba a quienes la escuchaban a aguzar el oído, documentó una de las resacas de lo sufrido al referirse a Ary Cabrera, secuestrado diez años antes y quien fuera su compañero de vida en aquellos años: “Pregunté por él. En primera instancia me dijeron que lo tenían en Campo de Mayo, pero cuando en otro momento volví a preguntar por él, me contestaron con una frase que ellos usaban mucho: ‘Está tocando el arpa con San Pedro’, para indicar que estaba muerto”. Y luego: “Al oficial al que le pregunto (por el paradero de Simón Riquelo) me deja entrever que ese niño va a ser criado por ‘los contrarios’. No recuerdo los términos exactos. Esto lo asocio con una novela que había leído hacía poco tiempo, en la que el protagonista era militante del Partido Comunista, le secuestran el hijo que va a ser criado por un nazi. Al oficial le cito este hecho y me dice que sí, que puede tener relación”. Asilú pudo en vida saber que su amiga y compañera Sara Méndez había finalmente recuperado felizmente a aquella criatura que ella ayudó a nacer y a criar durante sus primeros 20 días. Se fue con el doloroso convencimiento de que la impunidad hace posible aún que los compañeros desaparecidos duerman su desamparo en cementerios clandestinos de unidades militares. Se ha dejado morir a muchos de los desaparecedores sin preguntarles nada, sin querer obligarlos a confesar el lugar exacto de las fosas clandestinas de sus víctimas. Asilú, al igual que muchos, entendía la naturaleza y la envergadura de la vergüenza nacional que constituye la pervivencia de enterramientos clandestinos de víctimas de la dictadura y la impunidad. Por esa razón siempre estuvo dispuesta a prestar su testimonio, aquí y en el extranjero. Quiso que la internaran en el hospital donde había sido enfermera durante años, y donde algunas que aún quedaban de su época la recordaban como una precursora de algunas conquistas laborales que aún perduran en este Uruguay de la desregulación laboral. Quiso luchar hasta último momento por vivir. Perdió esa batalla, cosas del destino, en la misma fecha que cinco años antes nos había dejado Tota Quinteros. En los largos días de agonía y de lucha, por sus familiares descubrimos facetas ignoradas de su vida familiar. De lo importante que era en su vida ese hombre tan entero y ejemplar que es Mauricio Vergara. No podré cumplir la propuesta que medio en broma y medio en serio le realicé en las últimas palabras que cruzamos: de ir a la laguna a tomarnos juntos una caipirinha. El jueves 12, el cuerpo de Asilú, como fue su voluntad, fue cremado. Mauricio llevará sus cenizas, para esparcirlas a la sombra del árbol que supo cobijarlos de las inclemencias del tiempo. Que estas humildes líneas guarden su recuerdo de las inclemencias de nuestra mala memoria. Que así sea.

LOS DERECHOS HUMANOS Y LOS PRONUNCIAMIENTOS PRE ELECTORALES

LOS DERECHOS HUMANOS
Y
LOS PRONUNCIAMIENTOS PRE ELECTORALES.

El pasado 25/3 el pre candidato colorado Profesor Luis Hierro López, y el 26/3 el General Víctor Licandro del Frente Amplio, en sendas entrevistas en CX 14 El Espectador, respondieron a interrogantes relativas a cuáles iban a ser las conductas de sus fuerzas políticas relativas al tema de los desaparecidos.
Hierro expresó que “ en términos institucionales” el Uruguay tiene “una respuesta oficial”, y que ella (la Ley de Caducidad), muestra que “hemos sido un país con sabiduría y coraje”. Afirmo, que su ” posición es idéntica a la del gobierno. Pero ... que los gobernantes o las instituciones no pueden congelar una situación y decir que la misma va a ser de esa manera para siempre. La sociedad va dando sus respuestas, va abriendo sus puertas, va ubicando los temas”.
En honor a la verdad, se pueden compartir algunas de sus declaraciones. Por ejemplo de que no es posible los congelamiento de las situaciones, sino habría que preguntárselo a Videla, a Masera, a Pinochet, etc. O que, las sociedades abren puertas, aunque diferimos en el tipo de apertura. Para nosotros, se abren en el mundo, impensables hasta hace poco, puertas para que impere la justicia y se cierren los avances de la impunidad. También es cierto que la repuesta “oficial”, esa que contradice y borra con el codo lo que firma el país al suscribir Tratados, Convenciones, etc., es la verdad del “gobierno” y por tanto un cambio en serio de este, también debería conllevar la posibilidad esperanzadora de empezar a escribir una VERDAD con mayúscula.
Al recordársele que “hay un grupo de ciudadanos cuyo reclamo parece bastante legítimo que necesita saber qué pasó con sus familiares”, el señor Hierro a pesar de reconocer “ la enorme angustia que esto significa”, aconseja que dejar que “ el tiempo opere”.
La definición de la desaparición forzada, como delito continuado es algo más que una calificación técnica. Implica que hasta tanto el mismo no cese por su esclarecimiento pleno, el mismo se sigue cometiendo. Dicho en buen romance, el consejo del Sr. Hierro es mas o menos; dejemos que el delito siga operando, démosle a las víctimas una cuota mas de esa angustia que él dice saber lo que significa, para que los autores de esos crímenes puedan dormir en paz.
Finalmente ante otra pregunta sobre si él ” ve alguna posibilidad más adelante o si tiene alguna idea sobre como esclarecer el destino de los desaparecidos”, quien aspira conducir los destinos del país, no puede que decir que no la tiene....y aventura que “vendrán gobiernos... Creo que hay que dejar las cosas.. dejemos que el tiempo opere un poquito”.
La desaparición forzada, es también, una forma de tortura continuada en el tiempo, por lo que el consejo de Hierro es algo así como aconsejar que al torturado se lo debe dejar sufriendo aun un poquito más.-
La “sabiduría y el coraje” de las que hablaba al comienzo Hierro seria de mejor aplicación si ellas se usaran tanto para respetar y aplicar los convenios internacionales suscritos por el país
.
Por su parte el Gral. Licandro, en un reportaje que si bien estaba dedicado a un tema distinto al de los desaparecidos- el tema FF.AA-, nos da pistas mas precisas para entender el posicionamiento del Frente Amplio al respecto.
En primer lugar una definición del cuerpo que integran los autores materiales de las desapariciones forzadas: “las Fuerzas Armadas constituyen una organización permanente del Estado, que la nación alimenta porque le es necesaria para su defensa. Entonces, si es un elemento necesario para la nación habrá que buscar la manera de que el elemento sirva a la nación y no sea contrario a la misma”.
Quienes hemos visto en el tema de las violaciones a los derechos humanos durante la pasada dictadura, también un desafío sobre el futuro democrático del Uruguay, nos resultan sumamente interesantes estas líneas de razonamiento riguroso, que da “un valor importante tener en cuenta quiénes fueron (los autores de las desapariciones)”.” Si (un militar) no llega a explicar qué conducta tuvo en aquel momento, me cabe la duda en cuanto a si puede llegar a servirme para el futuro". “Las Fuerzas Armadas no fueron depuradas, por eso los documentos del Frente Amplio hablan de depurarlas. Hay gente que participó en el período de la dictadura y queremos saber cómo se comportó. Eso no es posible, porque cuando han sido acusados ante la Justicia la Ley de Caducidad impide ir al juzgamiento de un militar. Hasta ahora, ningún militar ha ido a la Justicia y hay papeles llenos de nombres donde están por lo menos acusados. El Frente quiere hacer una depuración. Si no puede ir a la investigación va a encontrar el camino”.
Quien consulte las resoluciones del ultimo Congreso de esa fuerza política encontrara que la concepción del FA esta “inspirada tanto en los compromisos que nuestra fuerza política ha desarrollado durante toda su trayectoria, como en aquellos instrumentos internacionales suscritos por nuestro país que constituirán para el gobierno progresista, un eje de acción ineludible e irrenunciable....-
Mas adelante dicha resolución expresa: “que la expectativa de impunidad respecto de las violaciones de los derechos humanos... alienta esas violaciones y es uno de los obstáculos fundamentales para la observancia de los derechos humanos y del derecho humanitario internacional y para la plena aplicación de los instrumentos internacionales de derechos humanos y de derecho humanitario”; “que la denuncia de las violaciones de los derechos humanos, la entrega de sus autores a la justicia, la obtención de justicia para las víctimas, así como el mantenimiento de archivos históricos de esas violaciones orientaran a las sociedades futuras, y que todo ello es parte integrante de la promoción y la realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales y de la prevención de futuras violaciones”; “ que exigir responsabilidades a los autores de violaciones graves de los derechos humanos es uno de los elementos esenciales de toda reparación eficaz para las víctimas de violaciones de los derechos humanos y un factor clave para conseguir un sistema de justicia justo y equitativo y, en definitiva, la reconciliación y la estabilidad en un Estado”.
Finalmente reafirma su “compromiso con el rescate de la memoria colectiva sobre la violación de nuestros derechos y la corrección de sus deformaciones” y resalta “ la importancia de luchar contra la persistencia, tolerancia e impunidad de las violaciones de los derechos humanos... y adoptar en el marco de un eventual gobierno progresista, las medidas mas adecuadas para hacer frente a tan importante situación”, concluyendo que tiene su “ compromiso con la demanda de la sociedad uruguaya, de que se cumpla con total objetividad y garantías, con el artículo 4to de la ley 15.848"...siendo esto “ una tarea prioritaria del futuro gobierno progresista”.
El senador Gandini que intento descubrir en el discurso del pre candidato Tabaré Vázquez del 24/3, una supuesta omisión culpable del mismo en torno a este tema puede encontrar en lo mas serio que deberían tener las colectividades políticas- su resoluciones de Congresos-, una repuesta que sin duda también deberá servir de referencia para las conductas electorales próximas.

¿EL FIN DE LA IMPUNIDAD?

Articulo publicado conjuntamente con Sara Mendez en Revista INTERNOS Nº 32 octubre 2005.

¿EL FIN DE LA IMPUNIDAD?
Algunos hechos que están ocurriendo en el país hacen pertinente la interrogante de si nos encontramos ante el fin de la impunidad. Más allá de que aún es poco predecible el curso que esos hechos tomaran y el desenlace final de ellos, lo cierto es que un gobierno que no está comprometido con las políticas de impunidad, deberá ponerse a tono con los avances que en la región, se están operando en ese mismo terreno. Entender esos avances en la región, nos servirá para evaluar con mayor rigurosidad el proceso que está en marcha a partir de la instalación del gobierno progresista.
Cuando la Corte de Justicia de Argentina resolvió hace poco que las leyes de obediencia debida y de punto final eran inconstituciones, quedó sin obstáculos el camino para que la justicia ponga fin a la impunidad que vivió ese país desde hace casi 20 años. Mientras que por otra parte en Chile, hace ya tiempo, que la amnistía con la que Pinochet pretendió cubrir sus crímenes, no ha sido un impedimento para que decenas de altos militares se encuentren entre rejas.
Argentina
La resolución de la Corte de Argentina se basó en el hecho de que dichas leyes de impunidad son contrarias a normas internacionales que tienen jerarquía constitucional. Para ello siguió los lineamientos establecidos tiempo atrás por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en un caso contra el estado de Perú (caso “Barrios Altos”), en el sentido de que los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles. En ese fallo, la CIDH sostiene que el Estado tiene la obligación de investigar y sancionar los crímenes cometidos durante la última dictadura militar, ya que los mismos no son susceptibles de ser amnistiados.
Haberse allanado el camino al establecimiento de la verdad y al castigo a los responsables del terrorismo de Estado en Argentina[1], es el resultado de un largo y trabajoso proceso de lucha desde la sociedad civil (organismos de derechos humanos, familiares de las víctimas, etc.). En ese proceso, se inscribe la declaración del juez Gabriel Caballo de inconstitucionalidad e invalidez de dichas normas de impunidad en marzo del 2001 en la causa Poblete Hlaczik. Fallo, que fuera confirmado unánimemente por la Cámara Federal, ocho meses después[2].
La diferencia entre una consideración política y una jurídica, es que las primeras están siempre sujetas a alternativas, mientras que las segundas constituyen una obligación. Políticamente puede admitirse que una decisión puede ser conveniente o no tomarse, y entre esos limites, estar sus alternativas.
Jurídicamente, no hay esos márgenes. Las decisiones jurídicas, al menos las que no están contaminadas de determinaciones políticas, no admiten más limites que las del derecho y en ese sentido son una obligación[3].
Justamente, el derecho humanitario apunta a proteger al ciudadano de esas conductas políticas de los Estados que a partir de conveniencias políticas, afectan sus derechos elementales. La afectación del derecho a la justicia, como decisión del Estado, más allá de referéndum, plebiscitos o decisiones de los depositarios de la representación ciudadano, hace necesario la presencia del derecho internacional para restablecer ese derecho afectado[4].
Esta situación, seguramente inspiró a que en esa reciente y saludable resolución de la Corte de Argentina, se expresara que la invalidación y declaración de inconstitucionalidad de las mencionadas leyes de impunidad, no constituían “una alternativa”, sino que era “una obligación”.
El máximo órgano judicial del hermano país, asumió esa obligación, y desde ella la responsabilidad de contribuir al fortalecimiento democrático a partir de responsabilizarse de llevar adelante la construcción de la memoria, de la verdad y de la justicia.
En nuestro país, esa obligación por imperio del mecanismo instituido por la ley de caducidad, pareció durante mucho tiempo subsumido casi en exclusividad en el marco de las alternativas políticas. En ese sentido, la obligación fue solo una alternativa política que, por supuesto, no se asumió.
Conocidas son las alternativas recorridas por las determinaciones políticas de los gobiernos de Sanguinetti, Lacalle y Batlle. Para esos gobiernos la impunidad a todos los niveles - con relación a la verdad y a la justicia -, determino sus alternativas. Las vimos en las investigaciones del artículo 4º,[5] en los proyectos de ley de habeas data[6], de instrumentación de la Corte Penal Internacional[7] y en la omisión en tipificar determinadas conductas delictivas de acuerdo a los parámetros internacionales[8], etc.
El cambio de titularidad en el Poder Ejecutivo que determinó el triunfo electoral de la fuerza política que fue víctima privilegiada del terrorismo de Estado y la acción que a nivel del hasta entonces terreno olvidado de la justicia, por parte de Tota Quinteros en 1999, configuran nuevos parámetros de la lucha en torno a la impunidad.
Chile
Una resolución de la Corte de Apelaciones de Santiago, de fines del 2003, mantiene las condenas que contra integrantes de la cúpula de la DINA se habían dictado tiempo atrás[9] Se trataba de la primera resolución de este carácter en el país trasandino en la que se rechazaba la posibilidad de aplicar la amnistía con la que Pinochet intento cerrar la posibilidad de la acción de la justicia sobre los crímenes perpetrados durante su régimen.
El fallo, tenía su importancia tanto por sus efectos en otros procesos relativos a detenidos desaparecidos, como por los fundamentos en lo que se echaba mano a la legislación internacional sobre derechos humanos de la que Chile es parte. Entre otros argumentos, se sostenía que la soberanía de Chile estaba limitada por los tratados internacionales que protegen los derechos fundamentales de las personas.
La resolución estableció que la amnistía no era aplicable a un delito de secuestro cuando la víctima no había aparecido. Tratándose entonces de un ilícito de “carácter permanente” que se sigue cometiendo cada día, y por tanto excede el periodo cubierto por la amnistía[10]. Y que por otra parte el delito de Desaparición Forzada de Personas,”constituye desde hace tiempo una gravísima ofensa a la dignidad intrínseca de la persona humana de carácter inderogable, tal como está consagrado en diversos instrumentos internacionales de carácter obligatorio para Chile”, y agregaron que “pero lo que es más importante, es que constituye un crimen de lesa humanidad, tal como está definido en el Estatuto de la Corte Penal Internacional que ya se encuentra vigente internacionalmente”.
El voto de rechazo a aplicar este beneficio a criminales de uniforme, aunque en retiro, se refirió a siete tratados internacionales sobre legislación de derechos humanos de los cuales Chile es parte plena, los que, según los ministros, obligan al país a respetarlos aún por encima de la legislación interna, dado que estos tienen “una mayor jerarquía que los demás tratados internacionales, en cuanto regulan los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana”.
Lo llamativo del fallo, desde el punto de vista de lo que estamos analizando, es que sostuvo que pese al hecho de que Chile aun no había ratificado en el Senado la Convención Interamericana sobre Desaparición forzada de Personas que sí había firmado en 1994[11], la citada Convención tiene “consecuencias jurídicas” para Chile. Entre ellas la improcedencia de beneficiarse de actos del poder Ejecutivo o Legislativo, de los cuales pueda resultar la impunidad del delito.

URUGUAY
En el mes de octubre nuestro país deberá responder ante la CIDH, sobre las observaciones y recomendaciones que se le han hecho con respecto a la conducta omisa del Estado relacionada con las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura.
Que esta nueva administración se libere de quedar atrapada por los mismos cuestionamientos de que fueron objetos los gobiernos anteriores, dependerá de la profundización de las medidas que hasta ahora está impulsando. En ese sentido la conducta que asuma ante las nuevas denuncias que se le elevaran de los juzgados penales, para que las comprenda o no en la ley de caducidad, determinaran que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA piense y determine que en Uruguay se esta transitando los caminos del fin de la impunidad.
Sara Méndez y Raúl Olivera





[1] Actualmente solamente se mantienen los indultos dictados por Saúl Menem.

[2] Previamente, el procurador General de la Nación había resaltado la importancia de la inconstitucionalidad de las leyes para garantizar el imperio de un Estado sujeto a derecho y contrarrestar la violencia que emana de las instituciones del Estado.

[3] “En un sistema político en el que el poder judicial tiene lo última palabra, la justicia tiene también la función de mantener intacto y vigente un sistema de valores. Si la justicia falla sistemáticamente contra los valores básicos de la sociedad, éstas quedan irreconocibles, primero para los perpetradores que pierden su mala conciencia, y después para las víctimas, que pierden su fe. En un Estado moderno de derecho, hasta ahora, y pese a muchos deseos de tener otros mecanismos tal vez más humanos, el castigo judicial es el recurso más válido que tiene la sociedad para declarar lo que considera justo e injusto. Mientras esto sea así, la condena judicial con su castigo correspondiente, o también la falta de condena, tienen un valor de orientación imprescindible. Un crimen sin castigo tarde o temprano perderá su carácter de crimen”. Rainer Hule, De Nuremberg a La Haya. Los crímenes de derechos humanos ante la justicia, problemas, avances y perspectivas. Revista Memoria (1997).

[4] “La defensa de los DDHH debe hacerse basándose en el derecho, conociendo el derecho y defendiendo el derecho. No debe hacerse sobre la base de impulsos ni pasiones, por más sanas que sean, sino de normas jurídicas. La defensa de la libertad y de los DDHH está en aplicar el derecho.” (Gros Espiell 26/11/92 Comisión de DDHH Diputados).

[5] Algunas las encomendó, a los propios militares (los Fiscales militares Coroneles Sambucetti y Corbo); la de los niños desaparecidos al entonces Consejo del Niño y la del caso de Elena Quinteros en la que estaba involucrado el compromiso con el gobierno de Venezuela, al Ministerio de Relaciones Exteriores. Esta última no investigaría en el interior de las fuerzas armados y cuando encontró el memorando secreto de Juan Carlos Blanco, se intentó ocultarlo.

[6] En las discusiones de un Proyecto de habeas data en la legislación del año 2000, se insinuó por parte del partido colorado que se estableciera como delito el hecho de exponer documentos posteriores a 1830 sin autorización del Ejecutivo. Los blancos defendieron un plazo de 30 años, mientras que parlamentarios del FA acordaban en 20 años más 10 años que eran potestad del Presidente, extender.

[7] El anteproyecto presentado por el gobierno de Batlle estaba redactado de manera tal de no afectar la impunidad consagrada por la ley 15.848.

[8] Uruguay pese a haber ratificado Convenios internacionales, no incorpora al derecho interno en forma expresa dichas normas (la desaparición Forzada, la tortura, etc).

[9] Se trataba de una causa criminal por la desaparición de Miguel Angel Sandoval Rodríguez en 1975 y en la que el Ministro Alejandro Solís en abril del 2003, había condenado al general (R) Manuel Contreras (15 años); al brigadier (R) Miguel Krassnoff (10 años); al coronel (R) Marcelo Moren Brito(11 años); al brigadier (R) Fernando Lauriani (5 años); y al teniente coronel (R) de Carabineros Gerardo Godoy (5 años).

[10] La amnistío comprende los delitos cometidos entre el 11/09/73 y el 10/03/78.

[11] Contaba solo con la aprobación de la Cámara de Diputados.

LOS VUELOS Y LOS DECOLAGES DE LAS "VERDADES POSIBLES"

LOS VUELOS Y LOS DECOLAGES DE LAS ”VERDADES POSIBLES”.

Publicado en Trabajo y Utopia Nº 51 agosto 2005.

El 15 de septiembre de 2002 ante la justicia argentina y el 2 de mayo ante la Comisión para la Paz, el PIT/CNT denunció el hecho hoy re conocido por la Fuerza Aérea, de que en el curso de 1976 había ocurrido un segundo vuelo clandestino de traslado de ciudadanos uruguays secuestrados en Argentina con destino a nuestro territorio. Es más, Sara Méndez y Raúl Olivera en el libro “SE CUESTRO EN LA EMBAJADA. EL CASO DE LA MAESTRA ELENA QUINTEROS”, dieron cuenta de que ese traslado había sido admitido por el propio Julio María Sanguinetti el 29 De enero del 2000.
Mucho más atrás en el tiempo, la suerte corrida por más de tres decenas de opositores a la dictadura, secuestrados en Argentina en setiembre y octubre de 1976, fue reclamada a partir del comunicado que las fuerzas con juntas emitieron el 29 y 30 de octubre de aquel año de 1976.
LAS CUENTAS QUE NO CIERRAN. LA DETENCIÓN DE 62 INTEGRANTES
DEL P.V.P.
Los días 28, 29 y 30 cte octubre de 1976, los espacios radiales, televisivos y de la prensa escrita de un comunicado de las fuerzas conjuntas, en el que dan cuenta del “descubrimiento de un movimiento subversivo” y de la detención de 62 personas que lo integraban. Sin embargo, en el citado comunicado sólo se da el nombre de 14 de ellos. En el libro “EL PROCE SO POLÍTICO. LAS FUERZAS ARMADAS AL PUEBLO ORIENTAL”, editado por la Junta de Comandantes en jefe, en abril de 1978, casi dos años después de los hechos a que se hace referencia, ex presa: “En una segunda entrada al país, con la misma casa rodante, por el puerto de Colonia, los sediciosos que en ella viajaban fueron detenidos y sus declaraciones permitieron extraer las pistas que condujeron al desbaratamiento de toda la operación”. Más adelante sigue diciendo: “Entre los detenidos, 62 personas en total, figuran...” allí se dan los nombres de los 3 detenidos en el Puerto de Colonia y de 14 de los 26 trasladados clandestinamente desde Argentina.
Una publicación de la Comisión Ar chidiocesana de la Pastoral de los Derechos Humanos de Sáo Pablo, denunciaba en agosto de 1980: “Mientras tanto, es en 1976, entre junio y setiembre, que se produjeron secuestros en masa en la Argentina, seguido de transferencia clandestina al Uruguay. Para encubrir los secuestros, las autoridades uruguayas emitieron dos comunicados, en los días 29 y 30 de octubre, informando que habían sido presas 62 personas que “simularon desaparición” en Buenos Aires, para poder entrar clandestinamente al Uruguay.
Los comunicados dan apenas 14 nombres, lo que significa que hay otras 33 personas cuya detención es admitida por el propio comunicado oficial, pero sobre las cuales no se da la mínima información..
¿Cómo se llega a la conclusión de que hay 33 secuestrados que actual mente están desaparecidos y que el propio gobierno militar de la época, sin quererlo, lo admite? Simplemente haciendo la siguiente cuenta: a los 62 detenidos admitidos en el comunicado oficial de la dictadura, se le deben restar los 26 traslados clandestinos al Uruguay de uruguayos que sobrevivieron y las tres personas detenidas en el Puerto de Colonia.
¿Quiénes son los 33 detenidos que faltan? Responder a esa pregunta, sin duda permitirá saber quienes integraban el segundo vuelo, del año 1976.
LA CONFESIÓN DE SANGUINETII
Pocos días antes de abandonar la Presidencia de la República, el Dr. Julio María Sanguinetti, en una carta en la que le responde al escritor alemán Gunter Grass sobre la desaparición de María Claudia García de Gelman, confiesa el traslado clandestino al Uruguay de los integrantes del PVP secuestra dos en setiembre y octubre de 1976 en Argentina.
Dice Sanguinetti en esa carta que el hijo de Juan Gelman había estado secuestrado en Orletti, “De su nuera se sabe que estuvo recluida en un lugar clandestino de detención de Buenos Aires, junto a muchas otras víctimas de esos años, entre ellas un grupo de uruguayos que habían sido detenidos en el vecino país”. Y más adelante concluye “Estos ciudadanos uruguayos, trasladados clandestinamente a Uruguay, fueron de los pocos detenidos en ese “pozo” que sobrevivieron.”
Sabido es que el primer traslado clandestino de uruguayos prisioneros en Automotores Orletti a Uruguay y cuyos integrantes sobrevivieron, se produjo a fines de julio de 1976, por lo que nunca pudieron estar en aquel centro de detención con el matrimonio Gelman - García, que fueron secuestrados el 24 de agosto. Sí lo estuvo María Claudia y Marcelo Gelman con los secuestrados y desaparecidos en el curso del mes de setiembre y octubre de 1976 y que según Sanguinetti y actualmente el informe de la Fuerza Aérea, fueron trasladados clandestinamente a Uruguay. Pero ¿Dónde están? Sanguinetti, como era su costumbre, dice una verdad a medias, pues es cierto que fueron trasladados a Uruguay, pero no que hayan sobrevivido.
LA VERDAD POSIBLE DE LA COMISIÓN PARA LA PAZ
En notas periodísticas publicadas por Roger Rodríguez en el Semanario Pos data y en La República, se aportaron informaciones relativas a un grupo de personas que habrían sido trasladados a Uruguay en el mes de octubre de 1976. En semanario “Posdata Folios”, del 15/3/02 Roger Rodríguez recoge expresiones de un represor argentino, quién dice:” De Uruguay a los argentinos nos han cobrado todo y mucho ha salido a la luz. Pero que no nos adjudiquen esas desapariciones. A los que no murieron en Orletti nosotros los devolvimos. No sabiamos que los del primer viaje estaban vivos, así que cuando cerraba Orletti se planificó otro viaje grande en el que se incluyo a todos los que quedaban, incluso cinco argentinos para la “disposición final”. Un día antes estuvo en Ezeiza un avión de la FAU que los iba a llevar. No participe en la entrega, pero creo que a esos últimos tienen que buscarlos en Uruguay”. Finalmente las notas periodísticas, consignan que el mencionado traslado habría estado integrado por personas uruguayas y argentinas y que el mismo se habría realizado en un avión de la Fuerza Aérea Uruguaya.
Pese a que esta información fue planteada a la Comisión para la Paz por el PIT/CNT y se brindó otros elementos que le daban cierto grado de veracidad, no estaba dentro de la “verdad posible” que manejaba como objetivos dicha Comisión, esa posibilidad - hoy confirmada por el informe de la Fuerza Aérea -, ni siquiera fue admitida como una posibilidad o “versión” en su informe final;
LO QUE LA “VERDAD POSIBLE” NO PERMITIO VER
La veracidad de la información que publicaba el periodista Roger Rodríguez, de no existir anteojeras para ver la realidad, podía haberse tomado a partir de algunos de los elementos que aportó el PIT/CNT.
El primer elemento era que esa persona - integrante de los servicios de seguridad de la Argentina -, había sido el mismo que aportó los dató que condujeron a la ubicación de Simón, el hijo de Sara Méndez.
No pretendíamos que se creyera a pies juntos, la información que trasmitía esa persona. Pero sí que se la considerara en función de otros elementos que hasta ese momento eran simples indicios, pero que sumados a esa información podían permitir presumir que al traslado ya conocido de 24 uruguayos el 26 de julio de 1976, se podía agregar la hipótesis de un segundo traslado, que a diferencia del anterior, quienes lo habrían integrado, aún continuaban en carácter de desaparecidos. Para los objetivos de Batlle, exclusivamente centrada en los desaparecidos en el Uruguay, la duplicación de ellos, no era admisible.
OTROS ELEMENTOS EN EXPEDIENTES JUDICIALES ARGENTINOS
En las declaraciones brindadas ante la Justicia argentina el 22 de junio de 1992 en la causa 5361 del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 3 de San Martín, por parte de quien se apropió de la niña Mariana Zaffaroni, el integrante de la SIDE Miguel Angel Furci, expresa:.”a fines del mes de octubre o principios del mes de noviembre de 1976 cuando el deponente como ya declarara se encontraba en “automotores Orletti” y viera a la menor jugando alrrededor de una mujer que se encontraba detenida y tabicada, quiso saber la suerte que correría esta persona como así también su hijo o hija que aparentaba una edad aproximada al año. Que le hicieron saber que se procedería al traslado de la mujer por miembros del Ejército uruguayo”.
Si nos atenemos a la versión aportada por el periodista Roger Rodríguez, el vuelo del que da cuenta el integrante del SlDE se produjo “cuando cerraba Orletti” no puede ser el que da cuenta actualmente el informe de la Fuerza Aérea que es ubicado en los primeros días de octubre de 1976, ya que Automotores Orletti es cerrado luego del 3 de noviembre de 1976.
También si nos atenemos a lo manifestado en las declaraciones del apropiador de Mariana Zaffaroni, Miguel Angel Furci debemos concluir que María Emilia Islas de Zaffaroni no integró el vuelo reconocido actualmente por la Fuerza Aérea, pues a fines de octubre y principios de noviembre aun se encontraba en “Auiomotores Orletti”. Pero también, que existió otro tras lado distinto al de principios de octubre, efectuado por integrantes del Ejército uruguayos, según lo expresado en la nota del periodista Roger Rodríguez y las declaraciones de Furci anteriormente citadas. Esas son las verdades que aún deberán ser reveladas, investigadas y juzgadas.
Que un avión C-47 de la Fuerza Aérea Uruguaya, habría sido el medio utilizado para el mencionado traslado.
Dicho vuelo habría sido coordinado por el coronel (av) José IJruguay Araujo Umpiérrez, quien fuera subdi rector del Servicio de información y Defensa (SID).
En las primeras horas de la madrugada de un día 6 de octubre de 1976, aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Carrasco, el vuelo N° 511 del Transporte Aéreo Militar Uruguayo (TAMU), procedente del Oeste. Según la información lograda por el periodista Roger Rodríguez por parte de un testigo de los hechos, la aeronave, una vez en tierra fue estacionada junto al hangar de la Brigada de Mantenimiento y Abastecimiento (BMA) de la FAU, custodiado por soldados.
De la nave descendieron entre 14 y 16 civiles encapuchados -uno de ellos vendado con una bufanda-, quienes fueron subidos a camiones del Ejército y trasladados con rumbo desconocido.
La nave tenía como piloto al mayor Walter Pintos, como copiloto al mayor José Pedro Malaquín y como tripulan te al capitán Daniel Muñoz. Todos ellos de nacionalidad uruguaya.
La Brigada de Mantenimiento yAbastecimiento, esa madrugada, estaba a cargo del mayor Walter Dopazzo.
El mencionado vuelo partió de Uruguay a las 19 y 30 del día 4 y regresó antes de las 2.oo del día 5 de octubre de aquel 1976, en un operativo que, fue dirigido personalmente por el entonces mayor José Nino Gavazzo.
Sostiene el periodista que el C-47 de la Fuerza Aérea Uruguaya que a principios de octubre trajo a Montevideo a una quincena de civiles encapuchados, tenía más de una característica particular que lo distinguía del avión Fairchild que había sido utilizado el 25 de julio de aquel 1976 para trasladar a los primeros secuestrados en Automotores Orletti, por lo que debería descartarse que el testigo que vio llegar a principios de octubre al TAMU 511 con 14 o 16 civiles encapuchados, pudo confundirlo con el vuelo que en julio había traído a los 23 sobrevivientes de Orletti.
Hasta aquí una síntesis de aspectos sustanciales de los resultados publicados, de las investigaciones periodísticas del Sr. Roger Rodríguez.
¿OTRA MUJER ARGENTINA EMBARAZADA EN EL SID?
Durante las investigaciones que se realizaron a partir de l998 para lograr la ubicación de la hija de María Claudia Garia de Gelman en Uruguay se mantuvieron conversaciones con aquellos sobrevivientes que integraron el primer traslado clandestino de uruguayos desde la Argentina. Entre ellas, estuvieron las mantenidas con dos uruguayos que viven en España, José Felix Díaz y su esposa. En esas conversaciones se buscaba saber si esas personas durante su cautiverio en la sede del SID, habían visto a María Claudia García de Gelman.
Los mencionados expresaron, que no habían visto allí a María Claudia, pero que sí sabían de la presencia de una pareja de ciudadanos argentinos, ella embarazada y a la que torturaban para que su compañero proporcionara información.. Es decir, que en la sede del SID, además de María Claudia García de Gelman, también estuvieron al menos otros dos ciudadanos argentinos más. Eso reforzaba la información brindaba en las notas periodísticas de Roger Rodríguez, sobre un traslado desde Argentina al Uruguay, que incluía a ciudadanos argentinos. Sobre esta presencia de otros argentinos prisioneros en la sde del SID, la “verdad posible”, nada dijo.

LAS MENTIRAS DE LA DICTADURA A LOS ORGANISMOS INTERNACIONALES

LAS MENTIRAS DE LA DICTADURA A LOS ORGANISMOS INTERNACIONALES.

El 26 de abril de 1977, once meses después de su desaparición es denunciada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, el caso. La nota de denuncia expresaba, “ …no se tienen noticias de su paradero. La alarma de sus allegados se acrecienta porque después de haber negado siempre tenerlo detenido, las autoridades afirman ahora que Chavéz `se fugo´…” .
El 5 de julio del mismo año, la OEA solicita al gobierno uruguayo información sobre el caso .
La dictadura en nota de fecha 10 de enero de 1978 informa a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, Chavez Sosa “miembro del proscrito Partido Comunista. El 24/2/76 se procede a efectuar un allanamiento de su domicilio, incautándose en él gran cantidad de material subversivo. En dicho procedimiento el ocupante estaba ausente, quedando pendiente su captura por su presunta vinculación con la actividad subversiva. Con fecha 28/5/76 fue detenido e internado al amparo de las Medidas Prontas de Seguridad, el 8/6/76 en circunstancias en que el detenido era trasladado a otro lugar, logra darse a la fuga, en la zona comprendida entre boulevard Propios y Teodoro Álvarez”.
Como lo establece el procedimiento usado por la C.I.D.H. la respuesta de la dictadura es comunicada al denunciante para que éste “…envíe a la brevedad posible sus observaciones sobre la respuesta del gobierno, junto con cualquier información nueva o complementaria, particularmente la que tienda a impugnar la respuesta de dicho gobierno”.
Pocos días después, en una extensa nota se formulan las observaciones a las mentiras de la dictadura. “La comisión podrá verificar que mi denuncia mencionó ya esta versión falsa y señaló las razones por la que ella motiva los más graves temores acerca del destino de la víctima. La pretendida fuga del señor Chávez se adujo por primera vez unos diez meses después del arresto, durante los cuales el arresto se negó sistemáticamente. Las autoridades negaron tener en su poder al Sr. Chávez, hasta que súbitamente declararon que se había fugado. Y estaba en su poder (lo confirma el informe) desde mayo. El panorama de obvia conjetura lúgubre sólo se modifica por el informe en un sentido confirmatorio, pues el informe aparece un año después de mi denuncia. Pero el Sr. Chávez no a aparecido con vida, ni libre ni preso. Ruego que la Comisión demande (…) pruebas fehacientes acerca de este caso. La convicción, obvia para quien conoce la realidad interna del Uruguay, de que el Sr. Chávez murió asesinado en reclusión, podía dejar margen tal vez para alguna esperanza; pero este informe sirve como golpe de gracia. La Comisión debe advertir que la versión oficial resulta mucho más ominosa aún como respuesta a una denuncia que ya mencionaba esa versión y señaló sus facetas inverosímiles y alarmantes. A una denuncia que hacía notar que “la alarma de sus allegados se acrecienta porque después de haber negado siempre tenerlo detenido, las autoridades afirman ahora que Chávez se fugó”, se contesta sin comentario alguno, sin desmentir que se había negado falsamente el arresto, confirmando la detención, y tratando a la Comisión con la misma ligereza que a los familiares de la víctima: se espera que la versión se admita llanamente. Todo es inverosímil en este informe. Y a ello cabe agregar aún una reflexión. Si Chávez se fugó cuando había motivos para tenerlo preso, ¿Por qué no se hizo nada para volver a capturarlo? (…). Nunca requirieron la captura de Chávez. Nunca mencionaron públicamente ni su arresto, ni su fuga, ni nada. ¿Por qué si se fugó, a quienes se interesaban por su paradero no se les dijo hasta muchos meses después?(Y ello ocurrió así, es cosa que la Comisión habrá de considerar cierta en falta de toda negativa del informe al respecto). Ruego que la Comisión tenga presentes las observaciones formuladas, y adopte la decisión que al caso corresponda”.

EL PAPEL DE LOS CIVILES EN LA CANCILLERIA DE LA DICTADURA.

El Informe Anual de la Comisión de Derechos Humanos a la asamblea General, presentado a la Asamblea General de la O.E.A en su noveno periodo de sesiones, fechado el 5/10/79, reiteraba a la dictadura uruguaya que “ …disponga una investigación completa e imparcial para determinar los autores de las muertes por apremios físicos de aquellas personas que se encontraban detenidas…”.
Juan Carlos Blanco había abandonado su rol de complicidad en los crímenes de la dictadura, en la Cancillería, pero tenía sus sucesores. Ese triste papel lo cumplían, por ejemplo, el Ministro de Relaciones Exteriores Adolfo Folle Martínez y el embajador del Uruguay ante la O.E.A Francisco Bustillo del Campo, que en nota a al Presidente de la C.I.D.H expresaban: “No existen pruebas de que hayan acaecido fallecimientos por premios físicos. Ni puede aceparse que eventuales deficiencias de información o en muy escasos casos carencias de ellas, puedan determinar una presunción más que formal para determinar responsabilidades (…) Existen en la legislación positiva salvaguardias para prevenir abusos contra los detenidos, y las autoridades han dado reiteradas muestras de que velan permanentemente por la estricta observancia de tal clase de normas”.
El cinismo de la respuesta de las autoridades uruguayas llevan a que la C.I.D.H, concluyera que “Esta respuesta indica que el gobierno de Uruguay no ha tomado y no piensa tomar ninguna medida para cumplir con la recomendación de la CIDH (…) no obstante existir una legislación adecuada en materia de protección de derechos humanos, el gobierno continúa actuando en contra de esa legislación”.


¿Y EN DEMOCRACIA?...TAMBIÉN!

El 20 de setiembre de 1989 el Presidente Sanguinetti, que había recibido del Juzgado Penal de 13º Turno la denuncia por la desaparición de Chávez Sosa, al igual que con la casi totalidad de las denuncias por desapariciones, encarga la investigación que ordena la ley de caducidad al Ministerio de Defensa. Y este Ministerio en el que se había materializado el acto criminal de la desaparición y las mentiras para su ocultamiento, le encomienda la investigación al Coronel José Sambucetti fiscal militar de 2º turno.
Es interesante analizar la diferencia existente en los procedimientos que aplicó el Coronel Sambucetti, en uno y otro caso, según surge del informe que el Ministerio de Defensa realiza a propósito de cómo cumplió las investigaciones del artículo 4º de la ley de caducidad. Por ejemplo a partir de que en las denuncias penales por desaparecidos en Buenos Aires en 1976, se sindicaban a varios militares como responsables de esos hechos, Sambucetti les tomo una parodia de interrogatorio a Cordero, Gavazzo, Campos Hermida y Ricardo Medina, sin embargo pese a que en la denuncia penal por Chavez Sosa existían varias personas identificadas como responsables Sambucetti no se toma la molestia de llamarlos. En otros casos, la parodia incluía sendos oficios a las distintas fuerzas solicitando información sobre la detención de la persona denunciada. Nada de esto aparece, en el citado informe del Ministerio de Defensa. Solo se consigna que 80 días después que se le encomienda la investigación, la misma había concluido .
Por supuesto que quedo sin explicación cómo podía ser que el Estado sostuviera que Chávez Sosa se había fugado, por otro lado en un juicio reparatorio abonara una gruesa suma de dinero por una desaparición que según él, no se había producido .

LA VERDAD POSIBLE.

La Comisión para la Paz, es su informe final concluye que “ …considera confirmada la denuncia de desaparición(…) que fue detenido el día 28 de mayo de 1976 (…)trasladado a la Base Aérea de Boiso Lanza y recluido en la perrera de dicha unidad, sometiéndole a torturas. (…)En la noche del 10 al 11 de junio de 1976 durante un intervalo de la tortura, comenzó a respirar con dificultad y falleció. Pocos minutos después, cuando arribó el médico, constató su deceso, al parecer a consecuencia de una falla cardiaca. (…) Para ocultar su deceso, se fraguó la falsa versión de que se había fugado el 8 de junio de 1976. (…) Sus restos- según información recibida- habrían sido primero enterrados en un lugar no especificado y después exhumados a fines del año 1984, incinerados y tirados al Río de la Plata”.
Hasta la fabricación de la falsa versión de la fuga, ya todo eso se sabía y estaba documentado en testimonios y conclusiones de organismos internacionales, lo nuevo, relativo al destino de los restos de Chavéz Sosa, parecían ser “la verdad posible” que la Comisión para la Paz había logrado. Nada se decía del lugar donde habían sido enterrados y por las dudas, que alguien reclamara saberlo, nos decía que ya no estaban allí, pues habían sido exhumados, cremados y tirados la mar. Punto final, para Chávez Sosa. ¿Podremos saber algún día, además de los autores materiales de su muerte, de su ocultamiento, quien era el médico que constató su deceso y también lo oculto?

LA VERDAD Y LA JUSTICIA, SIN ADJETIVOS.

El 24 de enero del 2006, los estudios forenses revelaron que Ubagesner Chávez Sosa era el primer desaparecido recuperado de los cementerios clandestinos de la dictadura, luego de tres décadas de hipocresía y sadismo. Luego de muchísimos años de silencio y ocultamiento, los restos de uno de los nuestros, habían sido encontrados en una chacra en las cercanías de la ciudad de Pando. Dicho hallazgo se había producido, luego que un informe de la Fuerza
Aérea Uruguaya diera las pistas necesarias para su ubicación.
Ahora la justicia deberá investigar las circunstancias de su muerte para -recién luego- consultar al Poder Ejecutivo si el crimen está o no amparado por la Ley de Caducidad. De acuerdo al proyecto interpretativo de la Ley de Caducidad actualmente a estudio del Parlamento, la justicia podrá condenar al o los autores
intelectuales del crimen (es decir: los mandos de la época), pero no a los autores materiales (los oficiales o clases que cumplieron la orden de
torturar hasta la muerte). Si el reclamo que se ha iniciado por parte del movimiento sindical y otras organizaciones de derechos humanos de proceder a anular la ley de caducidad, es el que finalmente se asume, habrá justicia como corresponde. Quizás así, como aquel regalo par su hija Valentina, el obrero metalúrgico, el militante político contra la dictadura, hoy nos traiga en sus manos de trabajador y constructor de una sociedad verdadera del pan y las rosas, la justicia que reclamamos.

La impunidad uruguaya no es perfecta ni inexpugnable

La impunidad uruguaya no es perfecta ni inexpugnable
Por Raúl Olivera

Discurso introductorio a la charla que diera el Dr. Rodolfo Yanzón sobre las implicancias judiciales y los posibles impactos regionales de la reciente derogación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida en Argentina, luego de dos largas décadas de impunidad. La charla se realizó en la Casa Bertold Brecht, el 15/7/05.
Buenas noches a todos. Queremos agradecer vuestra presencia, la del Dr. Yanzón y la iniciativa de los organizadores.
La temática que está implícita en el titulo de esta actividad, implica abordar la problemática de la Verdad y Justicia en el marco de dos determinantes: por un lado la nueva coyuntura política instalada en Uruguay y los efectos de otra situación que se ha producido en la región, más precisamente en la Argentina un país que padeció también los efectos del terrorismo de Estado orquestado en torno al Plan Cóndor.
Sobre este último aspecto, será el aporte que nos brindará el Dr. Rodolfo Yanzón.
Los organizadores de esta actividad nos han pedido que realicemos una pequeña intervención referida a la primera determinante que anotábamos hace unos momentos: la lucha contra la impunidad en la nueva coyuntura política que se instaló en Uruguay el pasado 1º de marzo con la asunción del gobierno progresista, y a la vez que ejerzamos la labor de moderador.
Estoy convencido que en esta temática de la lucha contra la impunidad en Uruguay, lo que hace falta no son moderadores, -estos sobran, por desgracia-, sino todo lo contrario, una reflexión política, jurídica y ética que se interne en las raíces del problema que padecen nuestras democracias, cuando no se es radical a la hora de actuar y resolver ese desafió implícito en el NUNCA MAS.
En Uruguay, la ausencia de verdad y de justicia, no es el simple y lineal efecto de la ley de impunidad vigente en nuestro ordenamiento jurídico interno. La impunidad a la uruguaya, es el producto de una compleja operación efectivizada en forma privilegiada y casi omnipotente y permanente desde el sistema político. Dicho de otra manera, que haya o no impunidad depende más de una decisión política que de una decisión ajustada a derecho y que emane del sistema judicial.
Veamos un ejemplo de ello: la reciente decisión del Presidente Vázuqez y su Ministra de Defensa de no amparar en la ley de caducidad el llamado caso Gelman.
De este dato, podríamos sacar algunas conclusiones importantes que nos pueden ayudar a ubicarnos en el tema que estamos considerando. Una de ellas es que, la existencia de un gobierno no comprometido con las políticas de impunidad, puede instalar un nuevo escenario político en el que esté seriamente amenazada el sustento principal del sistema de impunidad. Ese es un dato muy significativo y fuerte de la coyuntura actual.
Ahondar en este aspecto, seguramente servirá también para enmarcar la importancia que tiene el tema del que nos hablará el Dr. Rodolfo Yanzón.
Los países que soportaron las dictaduras organizadas en torno al Plan Cóndor, luego o previo a la finalización de esos regímenes pretendieron asegurarse la impunidad sobre sus crímenes. En ese marco Pinochet se promulgó una auto amnistía; que aún está vigente. En la Argentina los militares se sublevaron para obligar que el gobierno de Alfonsín pusiera fin a los juicios que amenazaban con llevarlos ante los tribunales, aprobando las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. Y cuando eso no fue suficiente, se apelo a los indultos presidenciales.
En Uruguay sin pintarse la cara ni sublevarse abiertamente, los militares lograron que se promulgara la ley de caducidad.
Y en todos lados, donde el manto de esas leyes no fue suficiente abrigo para amparar la impunidad, existió la amenaza militar, la complicidad y la cobardía, con contadas excepciones, del sistema político y judicial.
El fantasma de la amenaza militar, se devaluó cuando Pinochet fue detenido y posteriormente desaforado y juzgado. Aquí y en estas horas, quiere ser puesto nuevamente en cartel.
La valentía y el apego a las normas del derecho humanitario internacional de algunos jueces argentinos y chilenos, que se sumaron a la acción permanente desde la sociedad civil, permitió que no pocos militares de esos países hoy estén procesados en causas por las que se creyeron a salvo por gracia de las leyes de impunidad.
Lamentablemente no ha sucedido hasta hoy lo mismo en Uruguay, salvo en un esporádico episodio en que Juan Carlos Blanco estuvo preso. Todo parecería indicar que la impunidad uruguaya, es perfecta e inexpugnable.
La verdad es que ni es perfecta ni es inexpugnable, Solo es distinta, de ahí que sea importante ahondar en ese aspecto en el marco de estrategias para derrotarla.
En Chile y Argentina las leyes de impunidad una vez aprobadas por los sistemas políticos, su aplicación queda en manos del sistema judicial. Esa situación ha hecho posible que algunos jueces y fiscales, haciendo buen uso de la legislación humanitaria internacional, fueran abriendo brechas en los muros de la impunidad. Las categorías de imprescritibilidad, de no amnistiables de determinados delitos, han permitido ir ahondando las grietas de los muros de la impunidad. En Argentina se avanzo aún más , anulándolas últimamente.
La ley de impunidad uruguaya a diferencia de la chilena o las argentinas, establece un mecanismo en su artículo tercero por el que se le sustrae en gran parte la posibilidad de que un juez o un fiscal aplique la legislación internacional a la hora de considerar las violaciones a los derechos humanos del pasado. Dicho de otra manera, la ley de caducidad concede al Poder Ejecutivo la capacidad de determinar si un delito puede ser investigado y punido por la justicia o goza de impunidad.
Tanto es así, que el Poder Ejecutivo presidido por Batlle determinó que el caso Gelman gozaba de impunidad y poco tiempo después el actual Poder Ejecutivo presidido por Tabaré Vazquez, resuelve lo contrario. Dos resultados distintos con un elemento común, en ninguna de las dos oportunidades existe un fundamento. Si ha sido muy grave que la ley de caducidad otorgara al Poder Ejecutivo funciones jurisdiccionales que constitucionalmente están otorgadas al Poder Judicial, lo es más aún que esa función sea cumplida con arbitrariedad.
Una segunda conclusión podemos sacar de este hecho; el mecanismo de la impunidad uruguaya no es la de un tren, cuyo recorrido esta determinado por las vías existentes. Es más bien un auto, que tiene marcha atrás y que quien la conduce tiene una dirección que le permite cambiar el rumbo, desplazarse por el carril derecho, el del medio o el izquierdo.
Dicho de otra manera una: denuncia ante los tribunales sobre hechos del pasado en las que estén implicados integrantes de los servicios de seguridad de la dictadura, podrá ser esclarecido y juzgado si esa es la voluntad del Poder Ejecutivo.
De ahí, que un cambio de gobierno como el producido recientemente, puede suponer –y en el caso Gelman, lo fue–, un verdadero obstáculo a la impunidad.
Un mecanismo de impunidad como el uruguayo que estuvo pensado para que funcionara con efectividad a partir de la existencia de gobiernos consustanciados con ella, corre un alto riesgo de dejar de ser eficaz cuando los ciudadanos quieren cambios y a partir de ellos instalan gobiernos que históricamente no han estado consustanciados con la impunidad.
El nuevo gobierno se ha expresado en ese sentido desde su discurso del 1º de marzo.
¿Qué ha pasado realmente, luego de las manifestaciones del nuevo gobierno del 1º de marzo?
El Poder Ejecutivo, remitió al Parlamento el proyecto de ley por el que se declara la ausencia de los 26 detenidos-desaparecidos durante la dictadura militar ocurridos dentro del territorio nacional y que valida los casos que tengan un
certificado de ausencia por desaparición forzada en Argentina o de víctima de violación de los derechos humanos, en Chile.
Desde el Ministerio de Cultura se está impulsando un proceso interesante de elaboración de un proyecto de ley de instrumentación del Estatuto de la Corte Penal Internacional y vinculado con eso la tipificación de los delitos de lesa humanidad.
Dejó fuera del amparo de la ley de impunidad, el caso Gelman.
También habilitó el ingreso de un equipo de técnicos en el Batallón 13 de Infantería en busca de restos de ciudadanos detenidos desaparecidos. Sobre esto último, deberíamos decir muchas cosas que insumirían más tiempo del que disponemos. Sólo diremos que según la metáfora que usamos hace unos momentos, en el sentido de que el mecanismo de impunidad en Uruguay era similar a un auto, que la acción que se realiza desde ámbitos de la presidencia de la República, se conduce con una rueda sobre la calle y otra sobre el cordón de la vereda.
El Presidente ha dicho reiteradamente que transitara respetando estrictamente la Constitución y la ley.
El artículo 72 de nuestra Carta Magna establece que “la enumeración de derechos, deberes y garantías hecha por la constitución, no excluye los otros que son inherentes a la personalidad humana...”.Acudiendo a ese mandato nuestra Suprema Corte de Justicia estableció en una sentencia que el citado artículo 72 “...permite recepcionar todos los derechos humanos que consagran las convenciones o Pactos Internacionales”.
De ahí que sería sano para quien conduce las políticas de respeto a los derechos humanos y sobre todo para quienes podemos ser víctimas de sus impericias o irresponsabilidades, tenga en cuenta las normas de derechos consagrados entre otros por la Convención Interamericana sobre Desaparición de Personas de la OEA, la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas, etc.
Antes de terminar y dejar al Dr. Rodolfo Yanzón con ustedes quiero dejar planteado lo siguiente. La resolución de la Corte Argentina anulando las leyes de impunidad se fundamentó en el hecho de que ellas son contrarias a normas internacionales. Para ello siguió los lineamientos establecidos tiempo atrás por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en un caso "Barrios Altos", en el sentido de que los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles.
En ese fallo, la Corte Interamericana sostiene que el Estado tiene la obligación de investigar y sancionar los crímenes cometidos durante las dictaduras militares, ya que los mismos no son susceptibles de ser amnistiados.
La diferencia entre una determinación política y una jurídica, es que las primeras están siempre sujetas a alternativas, mientras que las segundas constituyen una obligación. Políticamente puede admitirse que una decisión puede o no ser conveniente tomarse, y entre esos limites, estar sus alternativas.
Jurídicamente, no hay esos márgenes. Las decisiones jurídicas, al menos las que no están contaminadas de determinaciones políticas, no admiten más límites que las del derecho y en ese sentido son una obligación.
Gros Espiell sostuvo ante la Comisión de DDHH Diputados esto que cito textualmente: "La defensa de los DDHH debe hacerse basándose en el derecho, conociendo el derecho y defendiendo el derecho. No debe hacerse sobre la base de impulsos ni pasiones, por más sanas que sean, sino de normas jurídicas. La defensa de la libertad y de los DDHH está en aplicar el derecho".
Justamente, el derecho humanitario apunta a proteger al ciudadano de esas conductas políticas de los Estados que a partir de conveniencias políticas, afectan sus derechos elementales. La afectación del derecho a la justicia, como decisión del Estado, más allá de referéndum, plebiscitos o decisiones de los depositarios de la representación ciudadana, hace necesario acudir a la presencia del derecho internacional para restablecer ese derecho afectado.
Esta situación, seguramente inspiró a que en esa reciente y saludable resolución de la Corte de Argentina, se expresara que la invalidación y declaración de inconstitucionalidad de las mencionadas leyes de impunidad, no constituían “una alternativa”, sino que era “una obligación".
El máximo órgano judicial del hermano país, asumió esa obligación, y desde ella la responsabilidad de contribuir al fortalecimiento democrático a partir de responsabilizarse de llevar adelante la construcción de la memoria, de la verdad y de la justicia.
En nuestro país, esa obligación por imperio del mecanismo instituido por la ley de caducidad, pareció durante mucho tiempo subordinado casi en exclusividad a alternativas políticas. En ese sentido, la obligación fue solo una alternativa política que, por supuesto, no se asumió.
Conocidas son las alternativas recorridas por las determinaciones políticas de los gobiernos de Sanguinetti, Lacalle y Batlle. Para esos gobiernos la impunidad a todos los niveles –con relación a la verdad y a la justicia–, determino sus alternativas. Las vimos en las investigaciones del artículo 4º, en los proyectos de ley de habeas data, de instrumentación de la Corte Penal Internacional, en la omisión en tipificas determinadas conductas delictivas de acuerdo a los parámetros internacionales, y en la instalación de la llamada Comisión para la Paz, etc.
El cambio de titularidad en el Poder Ejecutivo, la asunción de una fuerza política que fue víctima privilegiada del terrorismo de Estado y la instalación de la lucha contra la impunidad en el terreno de la justicia, dibujan un mapa interesante del escenario de la lucha contra la impunidad. Sobre ese segundo aspecto es bueno recordar que a ese nivel- del hasta entonces olvidado escenario de la justicia, nos introdujo la indoblegable lucha de Tota Quinteros en 1999. Son esos los elementos que deberían estar en nuestra agenda de hoy.
RAINER HULE, EN UN TRABAJO TITULADO DE NUREMBERG A LA HAYA. LOS CRÍMENES DE DERECHOS HUMANOS ANTE LA JUSTICIA, PROBLEMAS, AVANCES Y PERSPECTIVAS. ESTABLECIA:.
“En un sistema político en el que el poder judicial tiene la última palabra, la justicia tiene también la función de mantener intacto y vigente un sistema de valores. Si la justicia falla sistemáticamente contra los valores básicos de la sociedad, éstas quedan irreconocibles, primero para los perpetradores que pierden su mala conciencia, y después para las víctimas, que pierden su fe. En un Estado moderno de derecho, hasta ahora, y pese a muchos deseos de tener otros mecanismos tal vez más humanos, el castigo judicial es el recurso más válido que tiene la sociedad para declarar lo que considera justo e injusto. Mientras esto sea así, la condena judicial con su castigo correspondiente, o también la falta de condena, tienen un valor de orientación imprescindible. Un crimen sin castigo tarde o temprano perderá se carácter de crimen”.
Como forma de introducirlos a la intervención que realizara el amigo Yanzón, diremos que hoy los gobiernos de nuestros países están atravesando las turbulencias diplomáticas que se han generado en torno a la instalación en Uruguay de dos plantas de celulosa que amenazan contaminar ambos países. Le decimos al Dr. Yanzón que la contaminación que puede hacernos la Argentina a partir de la anulación de las leyes de impunidad, será muy bien recibida.