EN HOMENAJE A HUGO CORES
“Si olvido y memoria, al decir de Borges, son como cara y ceca de una misma moneda ¿Cuál es la relación entre olvido y omisión?
El olvido es del orden del inconsciente, la omisión es racional e intencional.
Si bien el olvido no es ingenuo, menos lo es la omisión”.
(Tomado de “Docencia y Memoria”, del Sindicato Unificado de los Trabajadores de la Educación Fueguina, CETERA-CTA).
Las organizaciones gremiales de nuestro país, son algo más que la actividad que realizan en el presente. Son una construcción donde se deposita la cultura obrera, los aportes de nuestros antecesores. Por esa razón, además de la preservación de ellas - en tanto parte de nuestro patrimonio y herramienta imprescindible de lucha-, es importante no perder en la dinámica de las urgencias del momento los aportes de quienes, como José D´Elia y Hugo Cores, forman parte de nuestro mejor pasado. No es un simple ritual, el hecho de que en el pasado 1º de mayo, el PIT/CNT, los haya homenajeado.
En este espacio hoy queremos, a la vez que rendir homenaje a Hugo Cores quien fuera vicepresidente de la CNT, referirnos al tema de la memoria y los desafíos actuales. Para ello, nada más adecuado que rescatar el propio pensamiento de Cores al respecto.
La memoria, que es imprescindible para vincularnos al pasado, era para Cores un elemento que nos ponía en mejores condiciones para no perder de vista los “orígenes” de los temas del “presente”. Al respecto, cuando reflexionaba, refiriéndose por ejemplo, a los reclamos que dieron origen a la ley 18.033 , decía: “Algunos temas presentes en el debate de hoy requieren no perder de vista sus orígenes (…) tiene que ver con un aspecto de fondo del pasado de nuestra sociedad sobre el que existen opiniones encontradas (…) En este como en otros terrenos, la memoria es un campo de batalla. Se enfrentan hombres, partidos y siempre, por encima y por debajo, todopoderosas, las clases sociales”.
Para Cores, los que poseían el poder económico, el de los medios de comunicación y que controlan el aparato estatal “trazan y reproducen una visión del curso histórico”. Seguramente por eso, la iniciativa que desde el aparato estatal (Poder Ejecutivo ejercido por integrantes de la izquierda) se impulso de reparar conjuntamente a las victimas del terrorismo de Estado y a las supuestas víctimas de la “sedición”, causó tanto desconcierto en filas de la izquierda y el movimiento popular.
De esos tres elementos –poder económico, de los medios de comunicación y el aparato estatal-, se supone que el último, cambio radicalmente de manos. Por esa razón es impensable que desde el aparato estatal con su actual conformación, se sostenga una visión, que como bien lo han señalado las organizaciones defensoras de los derechos humanos, fortalece las manida “teoría de los dos demonios”.
Ese periodo que se intenta explicar a partir de esa teoría, era muy bien registrada por Cores, cuando reclamaba que en ese tema “sería importante, al menos entre nosotros, ponerse de acuerdo”.
En ese registro minucioso, Cores anotaba:”En los 60 y 70, miles de hombres y mujeres se rebelaron contra las injusticias y los despojos que los gobiernos colorados de la época imponían a los trabajadores. (...) en el principio fue la congelación salarial. Y la represión para quienes rechazaban el despojo. Los cuarteles y las cárceles se abrieron para alojar a los que protestaban contra eso. Así ingresaron la policía y el ejército, con un rol bien preciso, en la dinámica de las luchas sociales. Y lo hicieron, durante decenios, para volcar la balanza a favor de los empresarios, de los banqueros y de los estancieros. En defensa del orden. Del orden conservador, claro”.
Cores preguntaba y respondía: “¿Cómo fueron presentados por el Estado los luchadores sociales y políticos de la década del 60 y 70? ¿Cómo se formuló por parte del Estado el ingreso de las Fuerzas Armadas a posiciones de gobierno antes y después del golpe de Estado?”.
Entre 1972 y marzo de 1985 desde el Estado se sostuvo que en Uruguay no existían lo presos políticos. Había sí delincuentes subversivos. Se prohibió a texto expreso llamarlos de otra manera que no fuera esa. Cerraban una emisora o clausuraban un diario si se los nombraba usando otras palabras.
Los obreros y los sindicalistas, los luchadores de las organizaciones guerrilleras, esos subversivos eran, para el Estado, agentes de una conspiración mundial con centro en Moscú y La Habana; se proponían construir un Imperio Rojo. “El Planisferio Rojo” publicado por El País fue la expresión gráfica más espectacular de estos postulados. (…) Las fuerzas defensoras del orden conservador, eran, como expresamente lo dicen los textos de la Junta de Comandantes, “el último bastión de defensa de la patria ante la agresión externa”. Habían salido de los cuarteles para salvar al país. (…) Para ese pensamiento, los hombres y mujeres que estuvieron presos, lejos de ser víctimas de la represión del terrorismo de Estado, son “enemigos” a los que se derrotó, sobrevivientes de una agresión a la patria oportunamente conjurada por la acción sacrificada de las Fuerzas Armadas”.
Cores en esas reflexiones de pocos meses antes de su muerte, pronosticaba que “con el advenimiento del gobierno popular retoma vigencia la cuestión de la reparación a las víctimas de la dictadura”, y al referirse a ella decía que “debe ser completa y empieza por el restablecimiento de la verdad”.
Si como Hugo Cores analizaba, la realidad en la que se encontraba el gobierno progresista era “el resultado de una hermética política a favor de la impunidad llevada adelante durante más de veinte años por blancos y colorados”, no se entiende que el Uruguay siga “postergando su actualización en relación a la vigencia en el país de los Tratados Internacionales” y para ello declare la nulidad de la ley de caducidad. Menos puede entenderse aún, que se propicien iniciativas que extienden el ocultamiento de la verdad, al contexto histórico en que se cometieron tantas violaciones a los derechos humanos.
Para finalizar estas reflexiones sobre algunos problemas del presente, rescatando –como homenaje-, el pensamiento de Hugo Cores, trascribimos esto: “Una comunidad desinformada acerca de su pasado inmediato no está en condiciones de tomar el presente en sus manos. Actúa por inercia o por las órdenes de jefes, tecnócratas o profetas, amplificados de acuerdo a la voluntad de los medios de comunicación que reproducen siempre el poder de unos pocos. Conocer el pasado libera, provee de herramientas racionales con las que, asumiendo la realidad de lo pasado, enfrentar lo porvenir”.
En esa tarea, es imprescindible poner todos nuestros esfuerzos y desvelos.
Raúl Olivera Alfaro.
Integrante de la Secretaria de DD.HH y Políticas Sociales del PIT/CNT.
Artículo publicado en la revista de AFCASMU “Internos”.
viernes, 29 de diciembre de 2006
viernes, 22 de diciembre de 2006
1986-22 de diciembre-2006. A 20 AÑOS DE LA INSTALACION DE LA IMPUNIDAD EN EL URUGUAY.
El pasado 21 de noviembre, un conjunto de ciudadanos llamaron a la constitución de una Coordinadora Nacional por la anulación de la ley de caducidad.
Desde aquel 22 de diciembre de hace 20 años, el Poder Ejecutivo de los gobiernos blancos y colorados se pararon ante la puerta de los tribunales de justicia, impidiendo que el reclamo del derecho a la justicia se hiciera efectivo.
Los cambios que instalaron en el país los ciudadanos el pasado octubre de 2004, hicieron posible lo único que puede hacer un gobierno sin violentar el derecho interno vigente: permitir a partir de una aplicación no arbitraria ni antojadiza de la ley de caducidad que los ciudadanos pudieran presentarse ante los magistrados reclamando justicia.
Sin embargo ese avance sustancial que se produjo con relación a las gravísimas violaciones a los derechos humanos cometidas por la dictadura cívico-militar, no garantiza la vigencia del precepto democrático fundamental de que todos debemos ser iguales ante la ley.
Algunos de los responsables de los asesinatos de Michelini, Gitierrez Ruiz, Barredo y Withelau, pudieron ser enjuiciados, pero los responsables del asesinato de Hugo de los Santos, no.
Algunos de los responsables de la desaparición de Adalberto Soba, pudieron ser enjuiciados, pero los responsables de la desaparición de Gerardo Gatti y otros desaparecidos en Argentina, no.
Alguno co autor de la desaparición de Elena Quinteros pudo ser enjuiciado, pero los autores materiales del secuestro, no.
Pese a que el Poder Ejecutivo actual, no es el perro guardián de la impunidad instalado a las puertas de los tribunales, los ciudadanos que acuden a los juzgados no tienen la seguridad jurídica de que sus derechos serán atendidos. Ese triste y lamentable suerte para sus familiares y para la sociedad uruguaya, es la que sufrió el caso de María Claudia García del Gelman.
El mantenimiento en nuestro ordenamiento jurídico interno de una norma como la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado, no solo expone al país ante la comunidad internacional. También obliga al gobierno progresista a sujetarse a esa ley y trasladar esa desigualdad ante la ley, a las victimas.
No es este el modelo de convivencia social que las generaciones actuales reclaman con plena vigencia de los derechos humanos, sin miedos, sin impunidad y sin obstáculos para juzgar a quienes amparados en el poder de la dictadura, cometieron las más crueles violaciones de los derechos humanos.
A 20 años de instalada la impunidad, llamamos a los ciudadanos a suscribir el llamamiento de constitución de la Coordinadora Nacional por la anulación de la ley de caducidad y a sumarse a las actividades que conduzcan a ese fin.
Para ello, el 22 de diciembre se instalaran cientos de mesas en todo el pais, para que se adhieran a la misma.
Desde aquel 22 de diciembre de hace 20 años, el Poder Ejecutivo de los gobiernos blancos y colorados se pararon ante la puerta de los tribunales de justicia, impidiendo que el reclamo del derecho a la justicia se hiciera efectivo.
Los cambios que instalaron en el país los ciudadanos el pasado octubre de 2004, hicieron posible lo único que puede hacer un gobierno sin violentar el derecho interno vigente: permitir a partir de una aplicación no arbitraria ni antojadiza de la ley de caducidad que los ciudadanos pudieran presentarse ante los magistrados reclamando justicia.
Sin embargo ese avance sustancial que se produjo con relación a las gravísimas violaciones a los derechos humanos cometidas por la dictadura cívico-militar, no garantiza la vigencia del precepto democrático fundamental de que todos debemos ser iguales ante la ley.
Algunos de los responsables de los asesinatos de Michelini, Gitierrez Ruiz, Barredo y Withelau, pudieron ser enjuiciados, pero los responsables del asesinato de Hugo de los Santos, no.
Algunos de los responsables de la desaparición de Adalberto Soba, pudieron ser enjuiciados, pero los responsables de la desaparición de Gerardo Gatti y otros desaparecidos en Argentina, no.
Alguno co autor de la desaparición de Elena Quinteros pudo ser enjuiciado, pero los autores materiales del secuestro, no.
Pese a que el Poder Ejecutivo actual, no es el perro guardián de la impunidad instalado a las puertas de los tribunales, los ciudadanos que acuden a los juzgados no tienen la seguridad jurídica de que sus derechos serán atendidos. Ese triste y lamentable suerte para sus familiares y para la sociedad uruguaya, es la que sufrió el caso de María Claudia García del Gelman.
El mantenimiento en nuestro ordenamiento jurídico interno de una norma como la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado, no solo expone al país ante la comunidad internacional. También obliga al gobierno progresista a sujetarse a esa ley y trasladar esa desigualdad ante la ley, a las victimas.
No es este el modelo de convivencia social que las generaciones actuales reclaman con plena vigencia de los derechos humanos, sin miedos, sin impunidad y sin obstáculos para juzgar a quienes amparados en el poder de la dictadura, cometieron las más crueles violaciones de los derechos humanos.
A 20 años de instalada la impunidad, llamamos a los ciudadanos a suscribir el llamamiento de constitución de la Coordinadora Nacional por la anulación de la ley de caducidad y a sumarse a las actividades que conduzcan a ese fin.
Para ello, el 22 de diciembre se instalaran cientos de mesas en todo el pais, para que se adhieran a la misma.
viernes, 8 de diciembre de 2006
UN TIEMPO DE MEMORIA
EN MEMORIA DE HUGO CORES.
Articulo firmado por Raul Olivera y Sara Néndez, publicado en Brecha del 8/12/06
El miércoles cuando terminaba el día, se termino un tiempo. No el de Hugo, aunque es cierto que culminó su presencia física entre nosotros- si, un tiempo de la memoria.
Hugo debió ser el portador durante sus últimos 30 años de vida, con una parte importante de nuestra memoria. También debió cargar con la responsabilidad de que una parte de esa memoria, fuera una memoria organizada y combatiente.
Era hasta esa noche, el único sobreviviente de la primera dirección del Partido por la Victoria del Pueblo, por eso con él se fue un tiempo de la memoria. También nos secuestraron un tiempo de la memoria, con Gerardo, con León, con Alberto. Mauricio, al igual que Hugo anoche, se le paró el corazón en una calle de Montevideo y otro tiempo de la memoria se fue con él
La memoria puede ser para las personas, una pesada e insoportable carga. Para las personas que optan por organizarse para la acción política, es un insumo insustituible. Tanto para fortalecer los lazos personales con los compañeros de lucha, como para no olvidar de donde venimos y hacia donde nos propusimos ir.
Quizás, nunca tengamos la capacidad de sopesar la carga que significó a él, tener que ser desde su exilio obligado en Europa un testigo impotente del genocidio, la tortura, el robo de sus hijos y la cárcel de sus más entrañables compañeros. Y también con los naufragios personales del exilio de los sobrevivientes, rearmarse para seguir la lucha.
Hugo era un polemista, un discutidor, con una profundidad y una sabiduría que iba enseñando. Sabía ser filoso en sus razonamientos, sin herir más que lo que era su preocupación fundamental: las ideas que guían la acción política. Sus razonamientos, no descartaban, un fino humor.
Supo representar en su persona y en sus opiniones una corriente de la izquierda. Esa no es una tarea fácil. Sobre sus editoriales o las contratapas de los lunes en La república; sobre sus discursos encendidos y hasta sus libros, solía consultar a sus compañeros. Sabía prestar especial atención a las críticas de sus adversarios políticos.
Dije y me corrijo, que sus discursos eran encendidos. Era un orador de barricada, de esos que soplan la llama ya encendida de sus oyentes. No buscaba la llama, sino la braza, más perdurable.
Fue uno de los primeros objetivos de la patota de represores uruguayos que actuaron en Argentina. Fue uno de los artífices de la denuncia a la dictadura, del trabajo en el exilio que evitó la tentación de “desensillar hasta que aclare”.
Luego de su obligado exilio en Paris, se fue acercando a la región radicándose en Brasil. Donde nuevamente la patota de represores uruguayos lo intenta secuestrar en 1978.
En 1984, fue uno de los impulsores del habeas corpus colectivo presentado por todos desaparecidos uruguayos en la Argentina, en el que se documenta y fundamenta la coordinación represiva en ambas márgenes del Plata.
Ya en Uruguay, en una oportunidad atentaron contra su vida, poniéndole una bomba en su auto.
Fue diputado y cuando debió hacerlo, renunció a su banca. Supo poner su prestigio y su batallador discurso, para que un Congreso del Frente Amplio se volcara a extender sus políticas de alianzas en el marco del Encuentro Progresista.
Su compromiso con la verdad y la justicia, lo encontró en esa última reunión del Secretariado del PVP, preocupado por la marcha de la nueva causa que se presentaría reclamando verdad y justicia para Gustavo y Nelson, los compañeros desaparecidos en 1977, en Paraguay. Y porque lenta pero inexorablemente se terminara con la impunidad en el país.
Conocí y milite junto a él, hace casi 40 años. Lo conocí buscando empecinadamente la justicia, cuando éramos simples, puros, rigurosos. El tiempo y sus cambios convirtieron la simpleza en complejidad, la pureza en complicidad y el rigor en un abanico inabarcable de matices. En ese mundo Hugo siguió buscando la justicia, porque siguió siendo simple, puro y riguroso.
Se termino, es cierto, un tiempo de la memoria. Habrá que encontrar nuevos hilos, que en el viejo telar del socialismo y la libertad, se mezclen con la vieja e indestructible urdimbre de nuestro pasado. Que así, sea.
Raúl Olivera – Sara Méndez
Articulo firmado por Raul Olivera y Sara Néndez, publicado en Brecha del 8/12/06
El miércoles cuando terminaba el día, se termino un tiempo. No el de Hugo, aunque es cierto que culminó su presencia física entre nosotros- si, un tiempo de la memoria.
Hugo debió ser el portador durante sus últimos 30 años de vida, con una parte importante de nuestra memoria. También debió cargar con la responsabilidad de que una parte de esa memoria, fuera una memoria organizada y combatiente.
Era hasta esa noche, el único sobreviviente de la primera dirección del Partido por la Victoria del Pueblo, por eso con él se fue un tiempo de la memoria. También nos secuestraron un tiempo de la memoria, con Gerardo, con León, con Alberto. Mauricio, al igual que Hugo anoche, se le paró el corazón en una calle de Montevideo y otro tiempo de la memoria se fue con él
La memoria puede ser para las personas, una pesada e insoportable carga. Para las personas que optan por organizarse para la acción política, es un insumo insustituible. Tanto para fortalecer los lazos personales con los compañeros de lucha, como para no olvidar de donde venimos y hacia donde nos propusimos ir.
Quizás, nunca tengamos la capacidad de sopesar la carga que significó a él, tener que ser desde su exilio obligado en Europa un testigo impotente del genocidio, la tortura, el robo de sus hijos y la cárcel de sus más entrañables compañeros. Y también con los naufragios personales del exilio de los sobrevivientes, rearmarse para seguir la lucha.
Hugo era un polemista, un discutidor, con una profundidad y una sabiduría que iba enseñando. Sabía ser filoso en sus razonamientos, sin herir más que lo que era su preocupación fundamental: las ideas que guían la acción política. Sus razonamientos, no descartaban, un fino humor.
Supo representar en su persona y en sus opiniones una corriente de la izquierda. Esa no es una tarea fácil. Sobre sus editoriales o las contratapas de los lunes en La república; sobre sus discursos encendidos y hasta sus libros, solía consultar a sus compañeros. Sabía prestar especial atención a las críticas de sus adversarios políticos.
Dije y me corrijo, que sus discursos eran encendidos. Era un orador de barricada, de esos que soplan la llama ya encendida de sus oyentes. No buscaba la llama, sino la braza, más perdurable.
Fue uno de los primeros objetivos de la patota de represores uruguayos que actuaron en Argentina. Fue uno de los artífices de la denuncia a la dictadura, del trabajo en el exilio que evitó la tentación de “desensillar hasta que aclare”.
Luego de su obligado exilio en Paris, se fue acercando a la región radicándose en Brasil. Donde nuevamente la patota de represores uruguayos lo intenta secuestrar en 1978.
En 1984, fue uno de los impulsores del habeas corpus colectivo presentado por todos desaparecidos uruguayos en la Argentina, en el que se documenta y fundamenta la coordinación represiva en ambas márgenes del Plata.
Ya en Uruguay, en una oportunidad atentaron contra su vida, poniéndole una bomba en su auto.
Fue diputado y cuando debió hacerlo, renunció a su banca. Supo poner su prestigio y su batallador discurso, para que un Congreso del Frente Amplio se volcara a extender sus políticas de alianzas en el marco del Encuentro Progresista.
Su compromiso con la verdad y la justicia, lo encontró en esa última reunión del Secretariado del PVP, preocupado por la marcha de la nueva causa que se presentaría reclamando verdad y justicia para Gustavo y Nelson, los compañeros desaparecidos en 1977, en Paraguay. Y porque lenta pero inexorablemente se terminara con la impunidad en el país.
Conocí y milite junto a él, hace casi 40 años. Lo conocí buscando empecinadamente la justicia, cuando éramos simples, puros, rigurosos. El tiempo y sus cambios convirtieron la simpleza en complejidad, la pureza en complicidad y el rigor en un abanico inabarcable de matices. En ese mundo Hugo siguió buscando la justicia, porque siguió siendo simple, puro y riguroso.
Se termino, es cierto, un tiempo de la memoria. Habrá que encontrar nuevos hilos, que en el viejo telar del socialismo y la libertad, se mezclen con la vieja e indestructible urdimbre de nuestro pasado. Que así, sea.
Raúl Olivera – Sara Méndez
domingo, 26 de noviembre de 2006
LAS PISTAS DEL SEGUNDO VUELO.
UNA.
El diario brasileño del Estado de San Pablo “O Estado” publicaba en enero de 1983 una entrevista a un integrante de los servicios de seguridad de la Argentina, cuya identidad no era revelada. En el curso de la nota, ese represor manifestaba que una niña hija de una pareja de uruguayos secuestrados en Buenos Aires en el año 1976, había sido adoptada por otro integrante de las fuerzas de seguridad que actuaba con el entrevistado en la misma base de operaciones.
De los menores que habían quedado desaparecidos a partir de la acción coordinada de las dictaduras de ambos lados del Plata contra el Partido por la Victoria del Pueblo, sólo dos eran niñas: Mariana Zaffaroni y Eva Lucia Julién Grisonas. Esta última había sido ubicada en la ciudad chilena de Valparaíso, por lo que de ser verdad lo dicho en el reportaje, sólo podía tratarse de la hija de María Emilia Islas y Jorge Zaffaroni Castilla desaparecidos el 23 de setiembre de 1976.
Integrantes de la familia Zaffaroni, que se encontraban radicadas en Brasil, leyeron la nota periodística se entrevistaron de inmediato con el periodista que había realizado la nota con el ex militar con el objetivo de saber algo más sobre la niña hija de uruguayos apropiada por un integrante de los servicios argentinos. Pese a que no logran que el periodista revele la identidad del represor, logran sí, el compromiso de que investigaría sobre el relato de la niña adoptada. Tres meses después el periodista brasileño concertó una entrevista entre Marta Castilla de Zaffaroni la madre de Jorge Zaffaroni y el ex militar argentino.
Los periodistas chilenos Marisol Santelices Altamirano y Hernán Dinamarca en el libro “¿Dónde Están? La historia de los 13 niños desaparecidos”, publicado por el diario LA REPÚBLICA en las páginas 50 y 51, dan una exacta versión de la entrevista entre Marta Castilla y el ex represor.
“-Yo salí de Argentina en 1979 por saber demasiadas cosas y en algún momento alguien iba a tener que cargar con las culpas. Pero no estoy arrepentido de nada porque aquello era una guerra.
-Pero ¿qué sabe de mi hijo?
-Yo sólo interrogaba, otros torturaban. A los uruguayos se los llevaron a su país, por lo que tiene que reclamarlo allá y no en Argentina.
- mi hijo? -preguntó la mujer con insistencia.
-Sobre su hijo no estoy bien informado. El y su esposa no eran terroristas, eran idealistas que vivían casi en la miseria..;:
- qué ocurrió con la niña adoptada que usted menciona en la entrevista?
-La adoptó un amigo.
En ese momento Marta Castilla le mostró una foto de Mariana. El ex militar cambió de actitud.
-Puede ser la niña. Pero no sé si quien la adoptó continúa viviendo en Argentina.
-Dígame el nombre de esa persona.
-No se preocupe señora porque si su nieta está en otras manos debe estar igual o mejor que con usted.
-Dígame el nombre de esa persona -insistió con rabia.
-Quien tiene la niña es un amigo y a él no lo traicionare.
Y dio por terminada la entrevista.”
Las acciones emprendidas para ubicar a Mariana en la Argentina a partir de la información brindada por este represor, finalmente dio resultados. La publicación de un aviso pago en el diario “‘Clarín” de Buenos Aires el 20 de mayo de 1983 con la foto de Mariana, sus señas personales y el relato del secuestro acompañado de las direcciones de Abuelas en Buenos Aires y CLAMOR en San Pablo para que se enviaran datos o informaciones, permitió que meses después se obtuvieran pistas firmes que culminarían con la ubicación de Mariana Zaffaroni en manos del agente de la SIDE Miguel Ángel Furci.
Pero lo que nos interesaba de estos hechos, era otra información brindada por el ex represor hace ya 23 años: A los uruguayos se los llevaron a su país, por lo que tiene que reclamarlo allá y no en Argentina. Si era cierto que Mariana había sido apropiada por un integrante del SIDE argentino, también debía ser cierto que a los secuestrados del PVP de setiembre y octubre de 1976, los habían llevado al Uruguay.
23 años después y habiéndose finalmente logrado la confirmación de esos hechos denunciados incansablemente durante todos estos años por parte de las fuerzas armadas, no sabemos quienes integraban ese vuelo, y dónde están.
¿Cuánto deberemos esperar?
¿Es construyéndoles confortables cárceles que el Estado contribuirá para que los criminales sigan guardándose el secreto de sus aberrante crímenes?
¿Es manteniendo la impunidad de la ley de caducidad, que alumbraremos los cambios con verdad y justicia?.
El diario brasileño del Estado de San Pablo “O Estado” publicaba en enero de 1983 una entrevista a un integrante de los servicios de seguridad de la Argentina, cuya identidad no era revelada. En el curso de la nota, ese represor manifestaba que una niña hija de una pareja de uruguayos secuestrados en Buenos Aires en el año 1976, había sido adoptada por otro integrante de las fuerzas de seguridad que actuaba con el entrevistado en la misma base de operaciones.
De los menores que habían quedado desaparecidos a partir de la acción coordinada de las dictaduras de ambos lados del Plata contra el Partido por la Victoria del Pueblo, sólo dos eran niñas: Mariana Zaffaroni y Eva Lucia Julién Grisonas. Esta última había sido ubicada en la ciudad chilena de Valparaíso, por lo que de ser verdad lo dicho en el reportaje, sólo podía tratarse de la hija de María Emilia Islas y Jorge Zaffaroni Castilla desaparecidos el 23 de setiembre de 1976.
Integrantes de la familia Zaffaroni, que se encontraban radicadas en Brasil, leyeron la nota periodística se entrevistaron de inmediato con el periodista que había realizado la nota con el ex militar con el objetivo de saber algo más sobre la niña hija de uruguayos apropiada por un integrante de los servicios argentinos. Pese a que no logran que el periodista revele la identidad del represor, logran sí, el compromiso de que investigaría sobre el relato de la niña adoptada. Tres meses después el periodista brasileño concertó una entrevista entre Marta Castilla de Zaffaroni la madre de Jorge Zaffaroni y el ex militar argentino.
Los periodistas chilenos Marisol Santelices Altamirano y Hernán Dinamarca en el libro “¿Dónde Están? La historia de los 13 niños desaparecidos”, publicado por el diario LA REPÚBLICA en las páginas 50 y 51, dan una exacta versión de la entrevista entre Marta Castilla y el ex represor.
“-Yo salí de Argentina en 1979 por saber demasiadas cosas y en algún momento alguien iba a tener que cargar con las culpas. Pero no estoy arrepentido de nada porque aquello era una guerra.
-Pero ¿qué sabe de mi hijo?
-Yo sólo interrogaba, otros torturaban. A los uruguayos se los llevaron a su país, por lo que tiene que reclamarlo allá y no en Argentina.
- mi hijo? -preguntó la mujer con insistencia.
-Sobre su hijo no estoy bien informado. El y su esposa no eran terroristas, eran idealistas que vivían casi en la miseria..;:
- qué ocurrió con la niña adoptada que usted menciona en la entrevista?
-La adoptó un amigo.
En ese momento Marta Castilla le mostró una foto de Mariana. El ex militar cambió de actitud.
-Puede ser la niña. Pero no sé si quien la adoptó continúa viviendo en Argentina.
-Dígame el nombre de esa persona.
-No se preocupe señora porque si su nieta está en otras manos debe estar igual o mejor que con usted.
-Dígame el nombre de esa persona -insistió con rabia.
-Quien tiene la niña es un amigo y a él no lo traicionare.
Y dio por terminada la entrevista.”
Las acciones emprendidas para ubicar a Mariana en la Argentina a partir de la información brindada por este represor, finalmente dio resultados. La publicación de un aviso pago en el diario “‘Clarín” de Buenos Aires el 20 de mayo de 1983 con la foto de Mariana, sus señas personales y el relato del secuestro acompañado de las direcciones de Abuelas en Buenos Aires y CLAMOR en San Pablo para que se enviaran datos o informaciones, permitió que meses después se obtuvieran pistas firmes que culminarían con la ubicación de Mariana Zaffaroni en manos del agente de la SIDE Miguel Ángel Furci.
Pero lo que nos interesaba de estos hechos, era otra información brindada por el ex represor hace ya 23 años: A los uruguayos se los llevaron a su país, por lo que tiene que reclamarlo allá y no en Argentina. Si era cierto que Mariana había sido apropiada por un integrante del SIDE argentino, también debía ser cierto que a los secuestrados del PVP de setiembre y octubre de 1976, los habían llevado al Uruguay.
23 años después y habiéndose finalmente logrado la confirmación de esos hechos denunciados incansablemente durante todos estos años por parte de las fuerzas armadas, no sabemos quienes integraban ese vuelo, y dónde están.
¿Cuánto deberemos esperar?
¿Es construyéndoles confortables cárceles que el Estado contribuirá para que los criminales sigan guardándose el secreto de sus aberrante crímenes?
¿Es manteniendo la impunidad de la ley de caducidad, que alumbraremos los cambios con verdad y justicia?.
jueves, 26 de octubre de 2006
LA DESCENTRALIZACION EN EL GOBIERNO CANARIO
Publicado en La República 26/10/06
El 24 de setiembre culminó formalmente con las instalaciones de las Juntas Locales de La Paz y Las Piedras un proceso que se había iniciado el 18 de julio en la ciudad de Pando. De esta forma se cumplió con la letra del programa que llevó a la izquierda al gobierno de Canelones y al Dr. Marcos Carámbula a ejercer la titularidad del gobierno departamental.
Pese la importancia que la materialización de ese proceso tiene, para muchos niveles de la sociedad paso desapercibida o no fue debidamente jerarquizada.
Los medios de información de carácter nacional, poco o ningún nivel de importancia le otorgaron al hecho de que mediante la instalación de 27 Juntas Locales y dos Comisiones Especiales Honorarias en 29 localidades del Departamento, 580 ciudadanos se incorporen efectivamente a la gestión de un gobierno departamental.
Es de honestidad admitirlo, que a nivel de la fuerza política que ejerce la conducción del gobierno canario, hay aspectos que evidencian una poco cabal comprensión de lo que implica para una política de cambio, ese proceso que como bien lo ha definido el Intendente “es una etapa bien importante en la construcción del modelo canario de participación y de descentralización”.
Esos 580 ciudadanos que inician esta primera etapa de la construcción de la participación de los vecinos en la definición y orientación de la gestión municipal, se suman a la actuación de los anteriormente designados Secretarios de las juntas locales y sus equipos de trabajo. Si a ello le agregamos el papel que deberán cumplir los trabajadores municipales y las organizaciones sociales existentes en el departamento, tendremos un mapa de múltiples y complejos mecanismos de relacionamiento entre la administración comunal y la sociedad.
Esto es algo demasiado importante, para dejarlo exclusivamente en manos de una dinámica “administrativa” o burocrática, de un problema de gestión. Los cambios que propuso y se propone llevar a cabo este gobierno, no son solo de gestión. Son cambios políticos en el sentido estricto del término. En ese marco es también acertada la definición del Intendente, cuando afirma que “debe ser una tarea sin precipitaciones pero permanente y sin pausas”.
La fuerza que detenta el gobierno canario, tiene de acuerdo a sus logros electorales últimos, una amplia mayoría en esos 580 Ediles Locales designados. De ahí que sea imprescindible que todo el elenco de gobierno supere algunas dificultades para visualizar un plan de gestión y a partir de ello pueda desarrollar una política de desarticulación de formas de gestión burocrática que aún perduran en muchas áreas. Resolver ese desafió, sin duda contribuirá a desarrollar otros niveles de involucramiento de la sociedad civil en el proceso de descentralización.
De ahí que el proceso de descentralización que establece nuestro programa de gobierno, necesite un conjunto de iniciativas a todos los niveles que aseguren la coherencia de esta instalación de las Juntas Locales con el programa transformador de la realidad canaria. En ese marco, tanto la puesta en marcha de ese proceso por parte del Ejecutivo Municipal con otras iniciativas complementarias (nueva reglamentación, creación y/o transformación de oficinas recaudadoras en Juntas Locales y cumplimiento estricto de las normas constitucionales que establecieron la forma de integración por los partidos políticos), debe ser acompañada de definiciones que estrictamente le competen a la fuerza política de la izquierda.
El proceso de descentralización culminó una de sus etapas y ahora corresponde – más vale tarde que nunca-, tomar definiciones políticas, teniendo en cuenta la importancia de la labor educativa que desarrolla una fuerza política a través de todas y cada una de sus conductas. Esa es una de las más importantes labores educativas para la participación, que nos compete como fuerza política.
Una gestión municipal que apunte a desarrollar mediante la descentralización, una creciente participación de los vecinos, se plantea, por cierto, un gran desafió al que deberá responder atendiendo aquellos aspectos básicos implícitos en la cultura ciudadana de los vecinos de Canelones. Resolverlo bien, será sin duda el mayor y más fecundo aporte al impulso y el desarrollo una nueva cultura de la participación.
En la fundamentación del presupuesto aprobado se habla de la “creación de instrumentos que permitan la apertura del gobierno municipal a los ciudadanos e instituciones dándoles un espacio en el diseño de políticas y en el control creciente sobre el gobierno para garantizar el pluralismo y la transparencia de la gestión”. Ahora de lo que se trata, es que esos instrumentos sean efectivos, y eso no solo depende de resoluciones que emerjan de la administración.
Desde hace bastante tiempo esta a consideración a nivel parlamentario y del Congreso de Intendentes la modificación de la ley 9.515 del 28-X-35. Esta normativa que regula la actividad de los gobiernos municipales, no debería ser analizada de manera tal que sólo fuera objeto de algunas modificaciones que dejen intactas una “lógica” con la que fue concebida y llevada a cabo la gestión en aspectos tan sensibles a los derechos de todos los ciudadanos. Cuando las instituciones del Estado tienen la voluntad política, ya sea de establecer nuevas normas o corregir las ya existentes, que regirán una actividad específica como lo es la de los gobiernos municipales deberían cumplir con dos requisitos imprescindibles: verlas en función de los cambios a los que se aspira llevar a cabo a nivel de la estructura jurídico-política, y para ello ser encaradas a partir de un gran debate político que las libere de las lógicas conservadoras que reproduce inevitablemente el Estado. Ojalá, que las conducciones políticas que surjan de las internas de noviembre próximo a nivel de la fuerza política que se encuentra en el gobierno, ayuden a ese proceso tan necesario para los cambios.
Raúl Olivera Alfaro.
Integrante de la Deptal del Frente Amplio de Canelones por el Partido Por la Victoria del Pueblo (Lista 567).
(Publicado en La República el 26/10/06)
Pese la importancia que la materialización de ese proceso tiene, para muchos niveles de la sociedad paso desapercibida o no fue debidamente jerarquizada.
Los medios de información de carácter nacional, poco o ningún nivel de importancia le otorgaron al hecho de que mediante la instalación de 27 Juntas Locales y dos Comisiones Especiales Honorarias en 29 localidades del Departamento, 580 ciudadanos se incorporen efectivamente a la gestión de un gobierno departamental.
Es de honestidad admitirlo, que a nivel de la fuerza política que ejerce la conducción del gobierno canario, hay aspectos que evidencian una poco cabal comprensión de lo que implica para una política de cambio, ese proceso que como bien lo ha definido el Intendente “es una etapa bien importante en la construcción del modelo canario de participación y de descentralización”.
Esos 580 ciudadanos que inician esta primera etapa de la construcción de la participación de los vecinos en la definición y orientación de la gestión municipal, se suman a la actuación de los anteriormente designados Secretarios de las juntas locales y sus equipos de trabajo. Si a ello le agregamos el papel que deberán cumplir los trabajadores municipales y las organizaciones sociales existentes en el departamento, tendremos un mapa de múltiples y complejos mecanismos de relacionamiento entre la administración comunal y la sociedad.
Esto es algo demasiado importante, para dejarlo exclusivamente en manos de una dinámica “administrativa” o burocrática, de un problema de gestión. Los cambios que propuso y se propone llevar a cabo este gobierno, no son solo de gestión. Son cambios políticos en el sentido estricto del término. En ese marco es también acertada la definición del Intendente, cuando afirma que “debe ser una tarea sin precipitaciones pero permanente y sin pausas”.
La fuerza que detenta el gobierno canario, tiene de acuerdo a sus logros electorales últimos, una amplia mayoría en esos 580 Ediles Locales designados. De ahí que sea imprescindible que todo el elenco de gobierno supere algunas dificultades para visualizar un plan de gestión y a partir de ello pueda desarrollar una política de desarticulación de formas de gestión burocrática que aún perduran en muchas áreas. Resolver ese desafió, sin duda contribuirá a desarrollar otros niveles de involucramiento de la sociedad civil en el proceso de descentralización.
De ahí que el proceso de descentralización que establece nuestro programa de gobierno, necesite un conjunto de iniciativas a todos los niveles que aseguren la coherencia de esta instalación de las Juntas Locales con el programa transformador de la realidad canaria. En ese marco, tanto la puesta en marcha de ese proceso por parte del Ejecutivo Municipal con otras iniciativas complementarias (nueva reglamentación, creación y/o transformación de oficinas recaudadoras en Juntas Locales y cumplimiento estricto de las normas constitucionales que establecieron la forma de integración por los partidos políticos), debe ser acompañada de definiciones que estrictamente le competen a la fuerza política de la izquierda.
El proceso de descentralización culminó una de sus etapas y ahora corresponde – más vale tarde que nunca-, tomar definiciones políticas, teniendo en cuenta la importancia de la labor educativa que desarrolla una fuerza política a través de todas y cada una de sus conductas. Esa es una de las más importantes labores educativas para la participación, que nos compete como fuerza política.
Una gestión municipal que apunte a desarrollar mediante la descentralización, una creciente participación de los vecinos, se plantea, por cierto, un gran desafió al que deberá responder atendiendo aquellos aspectos básicos implícitos en la cultura ciudadana de los vecinos de Canelones. Resolverlo bien, será sin duda el mayor y más fecundo aporte al impulso y el desarrollo una nueva cultura de la participación.
En la fundamentación del presupuesto aprobado se habla de la “creación de instrumentos que permitan la apertura del gobierno municipal a los ciudadanos e instituciones dándoles un espacio en el diseño de políticas y en el control creciente sobre el gobierno para garantizar el pluralismo y la transparencia de la gestión”. Ahora de lo que se trata, es que esos instrumentos sean efectivos, y eso no solo depende de resoluciones que emerjan de la administración.
Desde hace bastante tiempo esta a consideración a nivel parlamentario y del Congreso de Intendentes la modificación de la ley 9.515 del 28-X-35. Esta normativa que regula la actividad de los gobiernos municipales, no debería ser analizada de manera tal que sólo fuera objeto de algunas modificaciones que dejen intactas una “lógica” con la que fue concebida y llevada a cabo la gestión en aspectos tan sensibles a los derechos de todos los ciudadanos. Cuando las instituciones del Estado tienen la voluntad política, ya sea de establecer nuevas normas o corregir las ya existentes, que regirán una actividad específica como lo es la de los gobiernos municipales deberían cumplir con dos requisitos imprescindibles: verlas en función de los cambios a los que se aspira llevar a cabo a nivel de la estructura jurídico-política, y para ello ser encaradas a partir de un gran debate político que las libere de las lógicas conservadoras que reproduce inevitablemente el Estado. Ojalá, que las conducciones políticas que surjan de las internas de noviembre próximo a nivel de la fuerza política que se encuentra en el gobierno, ayuden a ese proceso tan necesario para los cambios.
Raúl Olivera Alfaro.
Integrante de la Deptal del Frente Amplio de Canelones por el Partido Por la Victoria del Pueblo (Lista 567).
(Publicado en La República el 26/10/06)
RESPONSABILIDADES DE OTROS DOS MILITARES Y UN POLICÍA URUGUAYOS EN LOS HECHOS OCURRIDOS EN AUTOIMOTORES ORLETTI
RESPONSABILIDADES DE OTROS DOS MILITARES Y UN POLICÍA URUGUAYOS EN LOS HECHOS OCURRIDOS EN
AUTOIMOTORES ORLETTI
EN JUNIO- JULIO DE 1976
Casi inmediatamente de llegado a Suecia el sindicalista del sindicato de FUNSA Washington Pérez, se preocupa de realizar su testimonio sobre lo vivido en la Argentina. Más precisamente en automotoras Orletti, donde militares uruguayos y argentinos lo habían usado como intermediario en una operación extorsión con otros dos sindicalistas fundadores de la CNT: Gerardo Gatti y León Duarte.
Trascribimos a continuación la versión literal de las páginas 3 y 4 de las declaraciones de Washington Pérez realizadas en la ciudad de Alvesta, grabadas el 1º de setiembre de 1976 y que posteriormente los días 3 y 4 de setiembre de ese mismo año fueron desgrabados en Londres.
“Ahí me sacaron la venda; me encuentro frente al grupo de gente con él que había estado, menos uno o dos, pero me encuentro además con dos o tres personas nuevas.
Dentro de ese grupo de personas...uno de ellos en mi domicilio me había planteado: “Miré perro, quédate tranquilo porque no hay problema contigo aparte de que vos me conoces y conoces a algunas de las persona que están acá. La verdad que después cuando entro en ese cuarto, ahí sí lo identifico y tengo la absoluta certeza de que era un comisario de Inteligencia uruguaya, de la policía uruguaya, Comisario Campos Hermida. También ahí hay otra persona que le hablan de jefe y de coronel, y es uruguayo. A través de las gestiones que nosotros hacíamos en el Alto comando de las Fuerzas Armadas en el Uruguay... puedo identificar un Coronel Barrios. También un Capitán, un militar uruguayo, Bermúdez... otra persona que yo había identificado en una oportunidad en la Estación Once, en Buenos Aires el Inspector Castiglioni de Inteligencia uruguaya de la policía. Un policía de Investigaciones pero que no recuerdo bien el nombre.
Bueno, a todo esto esta persona que se identifica como el Coronel uruguayo me dice... mire, nosotros tenemos conocimiento de toda su actividad en el Uruguay... le reitero lo que ha dicho esta gente que fue a buscarlo, de que con usted no tenemos ningún tipo de problemas.
A posterior salta una persona que es un Coronel argentino y dice: Nosotros acá.., en lo que se refiere a la Argentina no tenemos ningún tipo de problema ni con usted ni con la familia, por lo cual le podemos asegurar que el problema de que usted va a ver a una persona ahora y acá el señor le va a explicar.., cuál es digamos el propósito nuestro de haberlo elegido a usted,., dadas esas características, dado el grupo familiar que usted tiene, dado que no está metido en nada, que si bien tuvo su militancia en el Uruguay acá no podemos decirle nada y el hecho que señalaba él era de que había sido requerido en Uruguay pero que era por lo que yo señale anteriormente, problemas de rutinas.
A posterior me dice esta persona que tenía ese cargo de Coronel (argentino) me dice: Mire, nosotros acá.., la realidad de las cosas es la siguiente. Tenemos a una persona amiga suya, queremos que usted hable con él. Felizmente a esa persona la logramos arrancar de un lugar que había sido detenido. Y no es problema dijéramos de echarle el fardo a otro, si no que él había sido detenido por la Policía federal Argentina... y durante el lapso de tiempo que estuvo, la verdad es que no queremos que se sorprenda...pero...felizmente en el momento actual va a hablar con usted dado de que está con nosotros y que nosotros no actuamos en la forma que actúa esa gente, A posterior me dice que van a traer a la persona esa. La verdad que seguía estando en una situaci6n bastante nerviosa, ahí pido un vaso de agua, me dice: Tome, pida lo que usted desee.
Ahí había contradicciones entre la gente que estaba, porque uno le recriminaba al otro de que le habían tomado mucho el wisky argentino y habían traído poca yerba uruguaya y cigarrillos “Nevada”. A posterior de eso me dice: Bueno, vamos a traerle la persona.
Tremenda sorpresa me llevo cuando aparece el compañero Gerardo Gatti. Bueno, la verdad es que me quedé bastante sorprendido, nos abrazamos con el compañero, un compañero que lo conozco desde el año 52, viejo militante de la Federación de Estudiantes Uruguaya, también fue fundador de la Convención Nacional de Trabajadores del Uruguay, integrante de la resistencia obrera-estudiantil. Cuando pido ese vaso de agua y me lo traen hay algo que me llama la atención: es una persona de mocasines negros, pantalán azul, buzo blanco y un gorrito, lo cual me daba la demostración que podía ser un marinero”.
Nueve años después el Acta Nº 14 de la Comisión Investigadora sobre la Situación de Personas Desaparecidas y Hechos que la motivaron, de la Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay del 8 de julio de 1985, vuelve a recoger el testimonio de Pérez. Con relación al episodio que nos interesa hoy, decía la declaración:
“A uno de mis hijos se le ocurre decir: “Si usted dice que no hay problema, que no va a suceder nada, ¿cuál es el inconveniente de que uno de nosotros lo podamos acompañar? Esta gente accede entonces a que uno de mis hijos me acompañe. Lo suben en otro coche utilizando para taparlo una bufanda. Yo estaba en la calle Paz Oldán 364, en Morón, República Argentina. En ese lugar estaba desarrollando una actividad como vendedor de diarios que realicé durante dos años. Cuando me introducen en ese coche, demoramos aproximadamente entre veinte y veinticinco minutos en llegar a un lugar -el año pasado tuve la posibilidad de reconocer el lugar en cinco oportunidades frente a una doctora y una jueza, cuya causa está radicada en la República Argentina, en la calle Venancio Flores, que es identificado como Automotora Orletti. Esto fue reconocido en la denuncia que está radicada en Buenos Aires, por el señor Enrique Rodríguez Larreta Piera, y también a través de mi testimonio en esa misma causa. Cuando llegamos a ese lugar, entramos a un local donde se levanta una cortina metálica y soy trasladado por una escalera hacia una parte alta, por lo menos hacia un primer piso. Cuando logro entrar ahí me acompaña una persona para subir, porque en ese lugar hay dos escaleras. La jueza cuando me entrevistó el año pasado, me pidió que precisara bien por dónde me habían subido, logro identificar esa escalera del lado derecho; aquí tengo una foto que puedo mostrarla si ustedes lo consideran conveniente y oportuno. Introducido en ese lugar aparece la persona que me había dicho: “Mirá “Perro”, vos me conocés a mí y a algún otro que está aquí”. Esa persona que logro identificar es el comisario Campos Hermida, que conocí a través de una detención mía ocurrida en 1971 en el 4° piso de la Dirección de Inteligencia y Enlace de la Jefatura de Policía de Montevideo. Luego me dijo: “Vamos a traer a una persona amiga, conocida tuya. En ese momento aparece junto con Campos Hermida, otra persona a quien identifico como el mayor Gavazzo. También aparece un hombre que reconozco como Aníbal Gordon, responsable de todo lo que ha sido la desaparición y muerte de centenares de personas en Argentina y donde también están involucrados una cantidad de uruguayos militantes y dirigentes del movimiento obrero y de la lucha de nuestro pueblo. En ese momento también logro identificar al mayor Silveira. Identifico también a un coronel Barrios, del Servicio de Inteligencia del Estado Mayor del Ejército Uruguayo, a través de gestiones que hacíamos por compañeros dirigentes sindicales detenidos en los años 1970 y 1971 en el cuartel de San Ramón, por ejemplo. Nosotros hacíamos gestiones con un hermano que también es Coronel y que estaba en el Estado Mayor del Ejército, en la época del general Chiappe Pose, Comandante de las Fuerzas Armadas en nuestro país.
Estando en ese cuarto, me dicen: “La persona que vamos a traer vos la conocés y es un viejo compañero y amigo tuyo”. La verdad que recordar todas estas situaciones desde el 13 de junio de 1976 a la fecha de hoy, me causa un tremendo problema interno por lo que significa la persona que vi en ese momento. Esto me ocurre cada vez que lo traigo a relación para tratar de aportar datos que permitan llevar a feliz término estas investigaciones a fin de determinar quiénes eran los responsables en la connivencia entre las Fuerzas Armadas uruguayas y las argentinas, durante la represión desatada a partir de los años 1975 y 1976 y todo lo que ello significó en el marco de esa larga noche que le tocó vivir a nuestro pueblo uruguayo”.
Como se desprende de estos dos testimonios realizados, uno en setiembre de 1976 y el otro en julio de 1985, en el intento de extorsión llevado a cabo por integrantes de los servicios de seguridad uruguayos y argentinos, Washington Pérez identifica además de los ya conocido e identificados (Hugo Campos Hermida, José Nino Gavazzo y Jorge Silveira) a otros tres uruguayos el Inspector Víctor Castiglioni, y dos militares de apellidos Barrios uno y Bermúdez.
El primero de ellos, ya fallecido Castiglioni es uno de los denunciados ya en 1975 como uno de los uruguayos que dieron nacimiento a la coordinación represiva.
Bajo el título “Historia de la Triple A: aniquilar a los asilados”, el semanario “El Auténtico” que se editaba en Buenos Aires, en su edición del 10 de diciembre de 1975 denunciaba los términos de una reunión celebrada por el Subjefe de la Policía Federal Argentina, Comisario Alberto Villar, que luego sería Jefe de la Policía Federal, realizada el año anterior con los enviados policiales de chile, de Bolivia y de Uruguay “para sentar los fundamentos doctrinarios y operativos de la persecución a los millares de chilenos, uruguayos y bolivianos que se habían refugiado en nuestro país”.
La nota de “EL AUTENTICO”, trascribía la versión taquigráfica de aquella reunión siniestra, comentando que esa información “servirá quizás algún día de cabeza del proceso pendiente contra la AAA (Alianza Anticomunista Argentina, grupo parapolicial que se ha atribuido miles de asesinatos de opositores o simples ciudadanos en Argentina). En todo caso explica por qué iban a morir el Gral. Prats y el medio centenar de exiliados que le siguieron hasta la masacre de la semana pasada en Córdoba”.
Extracto de la versión taquigráfica de la mencionada reunión:
“Representante de Chile (general de Carabineros): La delegación de Chile somete a consideración de ustedes las siguientes ponencias. Primera, acreditar en cada embajada Agregado de Seguridad, que puede ser miembro de las Fuerzas Armadas o de la Policía... cuyas funciones básicas serían la coordinación con la Policía o el Encargado de Seguridad de cada país o de los varios organismos locales. Segunda ponencia, en forma similar a lo que tiene INTERPOL en París, tener también nosotros una Central de Informaciones, donde podamos requerir datos de individuos que son marxistas. Tercera ponencia, intercambios programados e imprevistos de personas: que nosotros podamos venir, ir a Bolivia y Bolivia pueda ir a Chile, y que podamos venir a la Argentina nuevamente, que podamos llegar directamente con toda confianza a cualquiera de los organismos de Seguridad de cualquiera de los países, exponer a qué venimos, que no necesitemos previamente invitación formal. Cuarta ponencia, la necesidad de establecer un canal de comunicación. A manera de ejemplo sugiero dos canales, uno formal que podría ser el Agregado de Seguridad y uno directo entre los servicios de Seguridad, para lo cual podríamos ocupar la red de ENTEL de teléfonos con el sistema de inversores. Quinta ponencia, la necesidad de establecer un intercambio de becas para entrenamiento de personal en base a cursos formales, que también puede ser entrenamiento en el trabajo sin necesidad de cursos. Sexta ponencia, un álbum (de fotos)...”
“Indudablemente –comenta EL AUTÉNTICO- el enviado de Pinochet, que ya cargaba con varios millares de muertos a la espalda, sabía aun mejor que Villar de qué estaba hablando, y la suya iba a ser la voz rectora en este congreso secreto de policías que se celebraba en Buenos Aires –recordémoslo- a principios de 1974. Lo interesante es que a ninguno de estos expertos de “penetrante” se le ocurriera que introducir en la red de ENTEL un sistema norteamericano de codificación de voz, al servicio de Pinochet, fuese algo así como el modelo de la intervención extranjera en Argentina”.
“Representante de Uruguay (Inspector General Castiglioni): Lo que yo iba a proponer, ya está comprendido en lo que ha expuesto el señor general de Carabineros (representante por Chile). Particularmente, reiteraríamos el ofrecimiento que ya hemos hecho de mantener acá en forma permanente uno o más funcionarios, sobre todo en zonas críticas, como el Litoral, colaborando con la policía argentina a efectos de identificar gente.”
“Señor Subjefe de la Policía Federal (Crio. Villar): No hay ningún problema. El jefe del DAE (Departamento de Asuntos Extranjeros de Superintendencia de Seguridad Federal) luego va a tomar contacto con el Inspector General Castiglioni, para coordinar bien esos enlaces. Lo mismo Chile si necesita tener gente en la zona de Mendoza, San Juan o la zona que se determine, como asimismo Bolivia en el caso de Salta, Jujuy”.
“Las palabras de Villar dejan en claro que a él le parecía correcto que policías de Chile, Bolivia y Uruguay operaran libremente en territorio argentino” –señala EL AUTÉNTICO - “siempre que eso se realizara a espaldas del Congreso o del periodismo (que no se enteraron siquiera de esa reunión) y sobre todo a espaldas del pueblo argentino”.
“Sr. Subjefe de la Policía Federal (Crio. Villar) La ponencia que vamos a hacer al gobierno nacional es la fijación del lugar de residencia de los asilados, así como también la vigilancia semanal de éstos. Con respecto a las becas, cuente con ellas. Los álbumes se están confeccionando. En la embajada, lo más seguro van a ser los Agregados Militares, dado que dentro del personal civil de las embajadas puede haber alguien que tenga ideas un poco distintas de las nuestras. Cuando el problema sea urgente, pueden establecer contacto con la Jefatura o podemos decir que viene una comisión de narcóticos. ¿Qué les parece? y así ya sabemos nosotros de qué se trata.”
“Villar había prometido que el DAE se iba a ocupar de los extranjeros que molestaban a Pinochet, a Banzer, a Bordaberry y –afirma EL AUTÉNTICO - efectivamente se ocupó. En agosto empezaron a aparecer en los basurales de Lugano los primeros cadáveres de villeros bolivianos. En setiembre una bomba destrozaba al general Pratts, ex comandante en Jefe del Ejército chileno. El mismo mes la policía argentina secuestraba a los uruguayos Daniel Banfi, Luis Latrónica y Guillermo Jabif. Presentado recurso de Hábeas corpus, se admite que están detenidos. Pero después se niega. A fines de octubre los cadáveres de los tres uruguayos aparecen en un pozo de San Antonio de Areco. La AAA se atribuyó esas muertes”.
Sobre los otros dos sobre los cuales sólo se da su apellido y que uno de ellos, según Washington Pérez “Identifico también a un coronel Barrios, del Servicio de Inteligencia del Estado Mayor del Ejército Uruguayo, a través de gestiones que hacíamos por compañeros dirigentes sindicales detenidos en los años 1970 y 1971 en el cuartel de San Ramón, por ejemplo. Nosotros hacíamos gestiones con un hermano que también es Coronel y que estaba en el Estado Mayor del Ejército, en la época del general Chiappe Pose, Comandante de las Fuerzas Armadas en nuestro país”.
En el libro “15 días que estremecieron al Uruguay” de Álvaro Rico, Carlos Demasi, Rosario Radakovich, Isabel Wschebor y Vanesa Sanguinetti editado por la Editorial Fin de Siglo, en junio de 2005, página 230 Luis Romero un gremialista uruguayo que integraba junto a Washington Pérez y León Duarte la dirección del sindicato de la empresa FUNSA en Uruguay, realiza las siguientes declaraciones que nos permiten identificar al militar Barrios nombrado reiteradamente por Pérez.
“Luis Romero. Una de las áreas era tener que discutir con las Fuerzas Armadas reclamando por la institucionalización de la CNT es decir, volver a que la Central funcionara libremente. Permitir que los locales sindicales fueran frecuentados por los trabajadores afiliados al sindicato y sus dirigentes; Plena libertad para la prensa, llena libertad para el Parlamento Esas discusiones se daban en el marco de una...
Eso significaba con quién había que ir a dialogar y el dialogar con las Fuerzas Aunadas, ya que en ese momento eran los que tenían la sartén por el mango en este país ¿verdad? Había que ir a discutir con ellos. Y en esa instancia yo... yo digo lo que hizo el Sindicato de FUNSA, porque había otros sindicatos que fueron a dialogar por otros lados, tuvieron distintos contactos, lo que a nosotros nos parece bien. Y entonces, nuestras reuniones eran fundamentalmente en el ámbito..., en el ámbito del Comando General de Ejército, en Soriano y Paraguay. Fundamentalmente nuestro interlocutor allí era el Coronel Barrios, Ángel Barrios. Y los compañeros que íbamos allí eran diversos. Iba el compañero Miguel Gromas, el compañero Aquino, el compañero Erardo Velázquez, quien les habla, Márquez. Es decir, había un conjunto de compañeros que eran los que estaban indicados para todas esas discusiones y que conocían todas esas conversaciones que se iban desarrollando. De todas estas conversaciones nunca estuvo al margen la CNT. TESTIMONIO 2002”.
Identificación de los dos militares nombrados:
General ® ANGEL D BARRIOS, nació el 10/05/29
OSCAR R BERMUDEZ, nació el 01/09/59.
La justicia de la Argentina y la de nuestro país, que pareen dispuestas ambas a recabar información sobre determinados hechos y aplicar el consiguiente castigo, tiene dos nuevos nombres para engrosar las hasta ahora flacas listas de represores.
Raúl Olivera.
AUTOIMOTORES ORLETTI
EN JUNIO- JULIO DE 1976
Casi inmediatamente de llegado a Suecia el sindicalista del sindicato de FUNSA Washington Pérez, se preocupa de realizar su testimonio sobre lo vivido en la Argentina. Más precisamente en automotoras Orletti, donde militares uruguayos y argentinos lo habían usado como intermediario en una operación extorsión con otros dos sindicalistas fundadores de la CNT: Gerardo Gatti y León Duarte.
Trascribimos a continuación la versión literal de las páginas 3 y 4 de las declaraciones de Washington Pérez realizadas en la ciudad de Alvesta, grabadas el 1º de setiembre de 1976 y que posteriormente los días 3 y 4 de setiembre de ese mismo año fueron desgrabados en Londres.
“Ahí me sacaron la venda; me encuentro frente al grupo de gente con él que había estado, menos uno o dos, pero me encuentro además con dos o tres personas nuevas.
Dentro de ese grupo de personas...uno de ellos en mi domicilio me había planteado: “Miré perro, quédate tranquilo porque no hay problema contigo aparte de que vos me conoces y conoces a algunas de las persona que están acá. La verdad que después cuando entro en ese cuarto, ahí sí lo identifico y tengo la absoluta certeza de que era un comisario de Inteligencia uruguaya, de la policía uruguaya, Comisario Campos Hermida. También ahí hay otra persona que le hablan de jefe y de coronel, y es uruguayo. A través de las gestiones que nosotros hacíamos en el Alto comando de las Fuerzas Armadas en el Uruguay... puedo identificar un Coronel Barrios. También un Capitán, un militar uruguayo, Bermúdez... otra persona que yo había identificado en una oportunidad en la Estación Once, en Buenos Aires el Inspector Castiglioni de Inteligencia uruguaya de la policía. Un policía de Investigaciones pero que no recuerdo bien el nombre.
Bueno, a todo esto esta persona que se identifica como el Coronel uruguayo me dice... mire, nosotros tenemos conocimiento de toda su actividad en el Uruguay... le reitero lo que ha dicho esta gente que fue a buscarlo, de que con usted no tenemos ningún tipo de problemas.
A posterior salta una persona que es un Coronel argentino y dice: Nosotros acá.., en lo que se refiere a la Argentina no tenemos ningún tipo de problema ni con usted ni con la familia, por lo cual le podemos asegurar que el problema de que usted va a ver a una persona ahora y acá el señor le va a explicar.., cuál es digamos el propósito nuestro de haberlo elegido a usted,., dadas esas características, dado el grupo familiar que usted tiene, dado que no está metido en nada, que si bien tuvo su militancia en el Uruguay acá no podemos decirle nada y el hecho que señalaba él era de que había sido requerido en Uruguay pero que era por lo que yo señale anteriormente, problemas de rutinas.
A posterior me dice esta persona que tenía ese cargo de Coronel (argentino) me dice: Mire, nosotros acá.., la realidad de las cosas es la siguiente. Tenemos a una persona amiga suya, queremos que usted hable con él. Felizmente a esa persona la logramos arrancar de un lugar que había sido detenido. Y no es problema dijéramos de echarle el fardo a otro, si no que él había sido detenido por la Policía federal Argentina... y durante el lapso de tiempo que estuvo, la verdad es que no queremos que se sorprenda...pero...felizmente en el momento actual va a hablar con usted dado de que está con nosotros y que nosotros no actuamos en la forma que actúa esa gente, A posterior me dice que van a traer a la persona esa. La verdad que seguía estando en una situaci6n bastante nerviosa, ahí pido un vaso de agua, me dice: Tome, pida lo que usted desee.
Ahí había contradicciones entre la gente que estaba, porque uno le recriminaba al otro de que le habían tomado mucho el wisky argentino y habían traído poca yerba uruguaya y cigarrillos “Nevada”. A posterior de eso me dice: Bueno, vamos a traerle la persona.
Tremenda sorpresa me llevo cuando aparece el compañero Gerardo Gatti. Bueno, la verdad es que me quedé bastante sorprendido, nos abrazamos con el compañero, un compañero que lo conozco desde el año 52, viejo militante de la Federación de Estudiantes Uruguaya, también fue fundador de la Convención Nacional de Trabajadores del Uruguay, integrante de la resistencia obrera-estudiantil. Cuando pido ese vaso de agua y me lo traen hay algo que me llama la atención: es una persona de mocasines negros, pantalán azul, buzo blanco y un gorrito, lo cual me daba la demostración que podía ser un marinero”.
Nueve años después el Acta Nº 14 de la Comisión Investigadora sobre la Situación de Personas Desaparecidas y Hechos que la motivaron, de la Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay del 8 de julio de 1985, vuelve a recoger el testimonio de Pérez. Con relación al episodio que nos interesa hoy, decía la declaración:
“A uno de mis hijos se le ocurre decir: “Si usted dice que no hay problema, que no va a suceder nada, ¿cuál es el inconveniente de que uno de nosotros lo podamos acompañar? Esta gente accede entonces a que uno de mis hijos me acompañe. Lo suben en otro coche utilizando para taparlo una bufanda. Yo estaba en la calle Paz Oldán 364, en Morón, República Argentina. En ese lugar estaba desarrollando una actividad como vendedor de diarios que realicé durante dos años. Cuando me introducen en ese coche, demoramos aproximadamente entre veinte y veinticinco minutos en llegar a un lugar -el año pasado tuve la posibilidad de reconocer el lugar en cinco oportunidades frente a una doctora y una jueza, cuya causa está radicada en la República Argentina, en la calle Venancio Flores, que es identificado como Automotora Orletti. Esto fue reconocido en la denuncia que está radicada en Buenos Aires, por el señor Enrique Rodríguez Larreta Piera, y también a través de mi testimonio en esa misma causa. Cuando llegamos a ese lugar, entramos a un local donde se levanta una cortina metálica y soy trasladado por una escalera hacia una parte alta, por lo menos hacia un primer piso. Cuando logro entrar ahí me acompaña una persona para subir, porque en ese lugar hay dos escaleras. La jueza cuando me entrevistó el año pasado, me pidió que precisara bien por dónde me habían subido, logro identificar esa escalera del lado derecho; aquí tengo una foto que puedo mostrarla si ustedes lo consideran conveniente y oportuno. Introducido en ese lugar aparece la persona que me había dicho: “Mirá “Perro”, vos me conocés a mí y a algún otro que está aquí”. Esa persona que logro identificar es el comisario Campos Hermida, que conocí a través de una detención mía ocurrida en 1971 en el 4° piso de la Dirección de Inteligencia y Enlace de la Jefatura de Policía de Montevideo. Luego me dijo: “Vamos a traer a una persona amiga, conocida tuya. En ese momento aparece junto con Campos Hermida, otra persona a quien identifico como el mayor Gavazzo. También aparece un hombre que reconozco como Aníbal Gordon, responsable de todo lo que ha sido la desaparición y muerte de centenares de personas en Argentina y donde también están involucrados una cantidad de uruguayos militantes y dirigentes del movimiento obrero y de la lucha de nuestro pueblo. En ese momento también logro identificar al mayor Silveira. Identifico también a un coronel Barrios, del Servicio de Inteligencia del Estado Mayor del Ejército Uruguayo, a través de gestiones que hacíamos por compañeros dirigentes sindicales detenidos en los años 1970 y 1971 en el cuartel de San Ramón, por ejemplo. Nosotros hacíamos gestiones con un hermano que también es Coronel y que estaba en el Estado Mayor del Ejército, en la época del general Chiappe Pose, Comandante de las Fuerzas Armadas en nuestro país.
Estando en ese cuarto, me dicen: “La persona que vamos a traer vos la conocés y es un viejo compañero y amigo tuyo”. La verdad que recordar todas estas situaciones desde el 13 de junio de 1976 a la fecha de hoy, me causa un tremendo problema interno por lo que significa la persona que vi en ese momento. Esto me ocurre cada vez que lo traigo a relación para tratar de aportar datos que permitan llevar a feliz término estas investigaciones a fin de determinar quiénes eran los responsables en la connivencia entre las Fuerzas Armadas uruguayas y las argentinas, durante la represión desatada a partir de los años 1975 y 1976 y todo lo que ello significó en el marco de esa larga noche que le tocó vivir a nuestro pueblo uruguayo”.
Como se desprende de estos dos testimonios realizados, uno en setiembre de 1976 y el otro en julio de 1985, en el intento de extorsión llevado a cabo por integrantes de los servicios de seguridad uruguayos y argentinos, Washington Pérez identifica además de los ya conocido e identificados (Hugo Campos Hermida, José Nino Gavazzo y Jorge Silveira) a otros tres uruguayos el Inspector Víctor Castiglioni, y dos militares de apellidos Barrios uno y Bermúdez.
El primero de ellos, ya fallecido Castiglioni es uno de los denunciados ya en 1975 como uno de los uruguayos que dieron nacimiento a la coordinación represiva.
Bajo el título “Historia de la Triple A: aniquilar a los asilados”, el semanario “El Auténtico” que se editaba en Buenos Aires, en su edición del 10 de diciembre de 1975 denunciaba los términos de una reunión celebrada por el Subjefe de la Policía Federal Argentina, Comisario Alberto Villar, que luego sería Jefe de la Policía Federal, realizada el año anterior con los enviados policiales de chile, de Bolivia y de Uruguay “para sentar los fundamentos doctrinarios y operativos de la persecución a los millares de chilenos, uruguayos y bolivianos que se habían refugiado en nuestro país”.
La nota de “EL AUTENTICO”, trascribía la versión taquigráfica de aquella reunión siniestra, comentando que esa información “servirá quizás algún día de cabeza del proceso pendiente contra la AAA (Alianza Anticomunista Argentina, grupo parapolicial que se ha atribuido miles de asesinatos de opositores o simples ciudadanos en Argentina). En todo caso explica por qué iban a morir el Gral. Prats y el medio centenar de exiliados que le siguieron hasta la masacre de la semana pasada en Córdoba”.
Extracto de la versión taquigráfica de la mencionada reunión:
“Representante de Chile (general de Carabineros): La delegación de Chile somete a consideración de ustedes las siguientes ponencias. Primera, acreditar en cada embajada Agregado de Seguridad, que puede ser miembro de las Fuerzas Armadas o de la Policía... cuyas funciones básicas serían la coordinación con la Policía o el Encargado de Seguridad de cada país o de los varios organismos locales. Segunda ponencia, en forma similar a lo que tiene INTERPOL en París, tener también nosotros una Central de Informaciones, donde podamos requerir datos de individuos que son marxistas. Tercera ponencia, intercambios programados e imprevistos de personas: que nosotros podamos venir, ir a Bolivia y Bolivia pueda ir a Chile, y que podamos venir a la Argentina nuevamente, que podamos llegar directamente con toda confianza a cualquiera de los organismos de Seguridad de cualquiera de los países, exponer a qué venimos, que no necesitemos previamente invitación formal. Cuarta ponencia, la necesidad de establecer un canal de comunicación. A manera de ejemplo sugiero dos canales, uno formal que podría ser el Agregado de Seguridad y uno directo entre los servicios de Seguridad, para lo cual podríamos ocupar la red de ENTEL de teléfonos con el sistema de inversores. Quinta ponencia, la necesidad de establecer un intercambio de becas para entrenamiento de personal en base a cursos formales, que también puede ser entrenamiento en el trabajo sin necesidad de cursos. Sexta ponencia, un álbum (de fotos)...”
“Indudablemente –comenta EL AUTÉNTICO- el enviado de Pinochet, que ya cargaba con varios millares de muertos a la espalda, sabía aun mejor que Villar de qué estaba hablando, y la suya iba a ser la voz rectora en este congreso secreto de policías que se celebraba en Buenos Aires –recordémoslo- a principios de 1974. Lo interesante es que a ninguno de estos expertos de “penetrante” se le ocurriera que introducir en la red de ENTEL un sistema norteamericano de codificación de voz, al servicio de Pinochet, fuese algo así como el modelo de la intervención extranjera en Argentina”.
“Representante de Uruguay (Inspector General Castiglioni): Lo que yo iba a proponer, ya está comprendido en lo que ha expuesto el señor general de Carabineros (representante por Chile). Particularmente, reiteraríamos el ofrecimiento que ya hemos hecho de mantener acá en forma permanente uno o más funcionarios, sobre todo en zonas críticas, como el Litoral, colaborando con la policía argentina a efectos de identificar gente.”
“Señor Subjefe de la Policía Federal (Crio. Villar): No hay ningún problema. El jefe del DAE (Departamento de Asuntos Extranjeros de Superintendencia de Seguridad Federal) luego va a tomar contacto con el Inspector General Castiglioni, para coordinar bien esos enlaces. Lo mismo Chile si necesita tener gente en la zona de Mendoza, San Juan o la zona que se determine, como asimismo Bolivia en el caso de Salta, Jujuy”.
“Las palabras de Villar dejan en claro que a él le parecía correcto que policías de Chile, Bolivia y Uruguay operaran libremente en territorio argentino” –señala EL AUTÉNTICO - “siempre que eso se realizara a espaldas del Congreso o del periodismo (que no se enteraron siquiera de esa reunión) y sobre todo a espaldas del pueblo argentino”.
“Sr. Subjefe de la Policía Federal (Crio. Villar) La ponencia que vamos a hacer al gobierno nacional es la fijación del lugar de residencia de los asilados, así como también la vigilancia semanal de éstos. Con respecto a las becas, cuente con ellas. Los álbumes se están confeccionando. En la embajada, lo más seguro van a ser los Agregados Militares, dado que dentro del personal civil de las embajadas puede haber alguien que tenga ideas un poco distintas de las nuestras. Cuando el problema sea urgente, pueden establecer contacto con la Jefatura o podemos decir que viene una comisión de narcóticos. ¿Qué les parece? y así ya sabemos nosotros de qué se trata.”
“Villar había prometido que el DAE se iba a ocupar de los extranjeros que molestaban a Pinochet, a Banzer, a Bordaberry y –afirma EL AUTÉNTICO - efectivamente se ocupó. En agosto empezaron a aparecer en los basurales de Lugano los primeros cadáveres de villeros bolivianos. En setiembre una bomba destrozaba al general Pratts, ex comandante en Jefe del Ejército chileno. El mismo mes la policía argentina secuestraba a los uruguayos Daniel Banfi, Luis Latrónica y Guillermo Jabif. Presentado recurso de Hábeas corpus, se admite que están detenidos. Pero después se niega. A fines de octubre los cadáveres de los tres uruguayos aparecen en un pozo de San Antonio de Areco. La AAA se atribuyó esas muertes”.
Sobre los otros dos sobre los cuales sólo se da su apellido y que uno de ellos, según Washington Pérez “Identifico también a un coronel Barrios, del Servicio de Inteligencia del Estado Mayor del Ejército Uruguayo, a través de gestiones que hacíamos por compañeros dirigentes sindicales detenidos en los años 1970 y 1971 en el cuartel de San Ramón, por ejemplo. Nosotros hacíamos gestiones con un hermano que también es Coronel y que estaba en el Estado Mayor del Ejército, en la época del general Chiappe Pose, Comandante de las Fuerzas Armadas en nuestro país”.
En el libro “15 días que estremecieron al Uruguay” de Álvaro Rico, Carlos Demasi, Rosario Radakovich, Isabel Wschebor y Vanesa Sanguinetti editado por la Editorial Fin de Siglo, en junio de 2005, página 230 Luis Romero un gremialista uruguayo que integraba junto a Washington Pérez y León Duarte la dirección del sindicato de la empresa FUNSA en Uruguay, realiza las siguientes declaraciones que nos permiten identificar al militar Barrios nombrado reiteradamente por Pérez.
“Luis Romero. Una de las áreas era tener que discutir con las Fuerzas Armadas reclamando por la institucionalización de la CNT es decir, volver a que la Central funcionara libremente. Permitir que los locales sindicales fueran frecuentados por los trabajadores afiliados al sindicato y sus dirigentes; Plena libertad para la prensa, llena libertad para el Parlamento Esas discusiones se daban en el marco de una...
Eso significaba con quién había que ir a dialogar y el dialogar con las Fuerzas Aunadas, ya que en ese momento eran los que tenían la sartén por el mango en este país ¿verdad? Había que ir a discutir con ellos. Y en esa instancia yo... yo digo lo que hizo el Sindicato de FUNSA, porque había otros sindicatos que fueron a dialogar por otros lados, tuvieron distintos contactos, lo que a nosotros nos parece bien. Y entonces, nuestras reuniones eran fundamentalmente en el ámbito..., en el ámbito del Comando General de Ejército, en Soriano y Paraguay. Fundamentalmente nuestro interlocutor allí era el Coronel Barrios, Ángel Barrios. Y los compañeros que íbamos allí eran diversos. Iba el compañero Miguel Gromas, el compañero Aquino, el compañero Erardo Velázquez, quien les habla, Márquez. Es decir, había un conjunto de compañeros que eran los que estaban indicados para todas esas discusiones y que conocían todas esas conversaciones que se iban desarrollando. De todas estas conversaciones nunca estuvo al margen la CNT. TESTIMONIO 2002”.
Identificación de los dos militares nombrados:
General ® ANGEL D BARRIOS, nació el 10/05/29
OSCAR R BERMUDEZ, nació el 01/09/59.
La justicia de la Argentina y la de nuestro país, que pareen dispuestas ambas a recabar información sobre determinados hechos y aplicar el consiguiente castigo, tiene dos nuevos nombres para engrosar las hasta ahora flacas listas de represores.
Raúl Olivera.
viernes, 13 de octubre de 2006
La anulacion de la ley de caducidad
LA ANULACIÓN DE LA LEY DE IMPUNIDAD.
Publicado conjuntamente con Sara Méndez en Revista INTERNOS de AFCASMU.
En este artículo nos proponemos, plantear un tema que está presente en el país, pero no resuelta aún la forma de abordarlo. Nos referimos a la ley de impunidad que rige en nuestro país, la llamada, también, ley de”la caducidad de la pretensión punitiva del Estado (Ley 15.848). Cuando decimos que está presente, no sólo nos referimos a sus efectos, la impunidad a las violaciones de los delitos de lesa humanidad, sino a la iniciativa y definición de organizaciones y sectores de nuestra población, para promover la anulación de la misma.
A esta definición por la nulidad, le han seguido movilizaciones en distintas ciudades del país, promovida por la Plataforma Contra la Impunidad y el PIT/CNT - que integra la misma-, con el objetivo de lograr la sensibilización de los más amplios sectores de la población . Ahora, cabe ir configurando un programa que logre no sólo la sensibilización, sino un trabajo de convencimiento, para enfrentar argumentos que provienen de personas y sectores que defienden este orden de derechos conculcados, y otros que simplemente, ven como solución simple, el dar vuelta la página de ese capítulo.
Y la pregunta es: ¿cómo nos preparamos los cientos y miles de personas, que no somos juristas, para desarrollar una batería de argumentos que demuestren y convenzan, ya que también esta vez, dependerá del trabajo que cada uno de nosotros desempeñe, el logro de anular la ley.
En primer término tenemos que convencernos que una ley no sólo tiene que ver con lo jurídico, sino con situaciones políticas que la promueven. Por lo tanto esa argumentación tiene esos dos aspectos: lo jurídico propiamente y lo político. Demostrado está en los hechos más recientes, que un cambio de gobierno, el operado en el 2005, tocó una serie de resortes que provocaron algunos cambios a pesar de la vigencia y el cumplimiento de la ley. También, sabemos que por razones políticas, no esta claro, aún para los seguidores de este tema, hasta dónde está dispuesto el gobierno a seguir avanzando en la defensa de los derechos violados durante la dictadura que se arrastran hasta hoy.
Dependerá en éste, como en otros tantos temas, de la voluntad y la gestión de la población en luchar por ese objetivo perenne que es la Justicia. Acá y en este momento particularizado en una ley violatoria que anula la acción del Poder Judicial estamos definiendo el modelo de sociedad que queremos. Y más claramente con las palabras de un hombres de leyes: "desde el punto de vista ético y político, el valor Justicia para este tipo de crímenes debe ser un elemento innegociable del modelo cultural que queremos para el país", por lo cual, "la sociedad debe discutir el modelo de convivencia social y los valores sobre los cuales asentarlo". Oscar López Goldaracena.
Discutir y definir el modelo de convivencia social y de valores, es una tarea que nos cabe y por lo tanto todos debemos y podemos argumentar y definir sin haber pisado nunca los claustros universitarios.
Así como, la ley de caducidad fue el resultado de la presión y la amenaza de las fuerzas dictatoriales que subsistían en nuestra recién conquistada democracia, su nulidad deberá ser el resultado de las reservas democráticas de la sociedad civil
implantando un debate en el seno de la misma para que de él salgan fortalecidos los anhelos de verdad y justicia.
Entonces primero, no dudar que todos podemos argumentar e incidir en este tema. Conocer la ley 15.848 es quizás un requisito nunca agotado. Leer los argumentos con los cuales demuestran los abogados, juristas y estudiosos del campo de los derechos humanos que es una ley anticonstitucional y violatoria del derecho internacional, así tengamos que volver una y otra vez a esa lectura, es necesario. Organizar y participar en debates a los efectos del intercambio, esclarecedor, lo debemos hacer.
Sabemos que dirigentes y adherentes de la fuerza política que gobierna a pesar de reconocer las causas y los efectos aberrantes de esta ley, valoran como elemento esencial para su permanencia, el hecho de que fue ratificada por un referéndum. Es tan fuerte el peso de la concepción formada en años de liberalismo, que convenció y dio como producto que el acto electoral es más importante que la fórmula, el contenido de lo que se está votando. Lo fundamental es tener el derecho de expresarse cada 4 ó 5 años sobre los candidatos a gobernar, que los mismos programas que estos proponen. Así se sostienen las democracias formales de estos países.
Hoy, cuando nuestra correlación de fuerzas a cambiado, como consecuencia de la larga y sostenida lucha en esta materia de los derechos humanos, y hay fundamentación sostenida en lo nacional e internacional que demuestran la aberración jurídica de la ley, se sostiene su validez por una decisión electoral anterior. Pero más, la historia política de nuestro país está colmada de modificaciones u anulaciones que se han hecho, y otras que se pretenden hacer, recurriendo a la consulta popular pues así lo exigía la constitución.
Cito un argumento escrito en Trabajo y Utopía:
“Hoy se habla de la posibilidad de la reelección del Presidente, hecho que no es posible actualmente en razón de disposiciones constitucionales. De ahí que quienes promueven la citada reelección, están por la vía de los hechos, promoviendo la derogación de la actual Constitución, para reemplazarla por otra, que permita esa reelección. Sabido es que la Constitución actual, es el resultado de un referéndum, que la implantó sustituyendo la anterior, sin embargo a nadie se le ocurre, decir que ya sea por el ejemplo de la reelección presidencial o cualquier otro que pueda ameritar la necesidad de cambiar la constitución, se está violentado la voluntad popular que en determinado momento se pronunció por la Constitución vigente.”
También López Goldaracena dice que “El referéndum otorgó a la ley de caducidad sustento político en un momento determinado, en circunstancias muy especiales, pero no validó la ley desde el punto de vista jurídico, ni la convirtió en una súper ley”.
Considero importante desarrollar este argumento de la validez de la ley a partir del referendum, pues lo encontramos en quienes no comparten la ley, en quienes votaron verde, el voto por la derogación.
Otro aspecto que me parece fundamental que abarquemos, en estas asambleas que tenemos que promover, es el desarrollo de conceptos y teorías en derechos humanos que se han promovido a nivel internacional. Muchas de ellas ahora como tratados ratificados por los gobiernos de las naciones.
La conjunción de esfuerzos para mejorar la situación, de las poblaciones más débiles en cuanto al reconocimiento de los derechos humanos, es un beneficio que debemos reconocer. Quién puede negar hoy día, que la actuación que se llevó a cabo desde la justicia española, en el juzgamiento de delitos de lesa humanidad, como la desaparición forzada, no significó para estos países del cono sur un importante revulsivo que permitió el avance en la lucha contra la impunidad.
Cuando la fuerza de gobierno voto en su Congreso casi por unanimidad que debería, en caso de llegar al gobierno, adecuar su legislación interna a la normativa internacional no ignoraba que la ley de caducidad era nula desde el derecho internacional y que esa adecuación implicaba dos únicas opciones: hacerla nula también o separarse de la comunidad internacional, precio que no está dispuesto a pagar.
Este tema complejo sin duda, tiene varias formas de abordaje, este es un intento de colaboración para que ese muro que antes tratábamos de fisurar, ahora lo derribemos finalmente.
Publicado conjuntamente con Sara Méndez en Revista INTERNOS de AFCASMU.
En este artículo nos proponemos, plantear un tema que está presente en el país, pero no resuelta aún la forma de abordarlo. Nos referimos a la ley de impunidad que rige en nuestro país, la llamada, también, ley de”la caducidad de la pretensión punitiva del Estado (Ley 15.848). Cuando decimos que está presente, no sólo nos referimos a sus efectos, la impunidad a las violaciones de los delitos de lesa humanidad, sino a la iniciativa y definición de organizaciones y sectores de nuestra población, para promover la anulación de la misma.
A esta definición por la nulidad, le han seguido movilizaciones en distintas ciudades del país, promovida por la Plataforma Contra la Impunidad y el PIT/CNT - que integra la misma-, con el objetivo de lograr la sensibilización de los más amplios sectores de la población . Ahora, cabe ir configurando un programa que logre no sólo la sensibilización, sino un trabajo de convencimiento, para enfrentar argumentos que provienen de personas y sectores que defienden este orden de derechos conculcados, y otros que simplemente, ven como solución simple, el dar vuelta la página de ese capítulo.
Y la pregunta es: ¿cómo nos preparamos los cientos y miles de personas, que no somos juristas, para desarrollar una batería de argumentos que demuestren y convenzan, ya que también esta vez, dependerá del trabajo que cada uno de nosotros desempeñe, el logro de anular la ley.
En primer término tenemos que convencernos que una ley no sólo tiene que ver con lo jurídico, sino con situaciones políticas que la promueven. Por lo tanto esa argumentación tiene esos dos aspectos: lo jurídico propiamente y lo político. Demostrado está en los hechos más recientes, que un cambio de gobierno, el operado en el 2005, tocó una serie de resortes que provocaron algunos cambios a pesar de la vigencia y el cumplimiento de la ley. También, sabemos que por razones políticas, no esta claro, aún para los seguidores de este tema, hasta dónde está dispuesto el gobierno a seguir avanzando en la defensa de los derechos violados durante la dictadura que se arrastran hasta hoy.
Dependerá en éste, como en otros tantos temas, de la voluntad y la gestión de la población en luchar por ese objetivo perenne que es la Justicia. Acá y en este momento particularizado en una ley violatoria que anula la acción del Poder Judicial estamos definiendo el modelo de sociedad que queremos. Y más claramente con las palabras de un hombres de leyes: "desde el punto de vista ético y político, el valor Justicia para este tipo de crímenes debe ser un elemento innegociable del modelo cultural que queremos para el país", por lo cual, "la sociedad debe discutir el modelo de convivencia social y los valores sobre los cuales asentarlo". Oscar López Goldaracena.
Discutir y definir el modelo de convivencia social y de valores, es una tarea que nos cabe y por lo tanto todos debemos y podemos argumentar y definir sin haber pisado nunca los claustros universitarios.
Así como, la ley de caducidad fue el resultado de la presión y la amenaza de las fuerzas dictatoriales que subsistían en nuestra recién conquistada democracia, su nulidad deberá ser el resultado de las reservas democráticas de la sociedad civil
implantando un debate en el seno de la misma para que de él salgan fortalecidos los anhelos de verdad y justicia.
Entonces primero, no dudar que todos podemos argumentar e incidir en este tema. Conocer la ley 15.848 es quizás un requisito nunca agotado. Leer los argumentos con los cuales demuestran los abogados, juristas y estudiosos del campo de los derechos humanos que es una ley anticonstitucional y violatoria del derecho internacional, así tengamos que volver una y otra vez a esa lectura, es necesario. Organizar y participar en debates a los efectos del intercambio, esclarecedor, lo debemos hacer.
Sabemos que dirigentes y adherentes de la fuerza política que gobierna a pesar de reconocer las causas y los efectos aberrantes de esta ley, valoran como elemento esencial para su permanencia, el hecho de que fue ratificada por un referéndum. Es tan fuerte el peso de la concepción formada en años de liberalismo, que convenció y dio como producto que el acto electoral es más importante que la fórmula, el contenido de lo que se está votando. Lo fundamental es tener el derecho de expresarse cada 4 ó 5 años sobre los candidatos a gobernar, que los mismos programas que estos proponen. Así se sostienen las democracias formales de estos países.
Hoy, cuando nuestra correlación de fuerzas a cambiado, como consecuencia de la larga y sostenida lucha en esta materia de los derechos humanos, y hay fundamentación sostenida en lo nacional e internacional que demuestran la aberración jurídica de la ley, se sostiene su validez por una decisión electoral anterior. Pero más, la historia política de nuestro país está colmada de modificaciones u anulaciones que se han hecho, y otras que se pretenden hacer, recurriendo a la consulta popular pues así lo exigía la constitución.
Cito un argumento escrito en Trabajo y Utopía:
“Hoy se habla de la posibilidad de la reelección del Presidente, hecho que no es posible actualmente en razón de disposiciones constitucionales. De ahí que quienes promueven la citada reelección, están por la vía de los hechos, promoviendo la derogación de la actual Constitución, para reemplazarla por otra, que permita esa reelección. Sabido es que la Constitución actual, es el resultado de un referéndum, que la implantó sustituyendo la anterior, sin embargo a nadie se le ocurre, decir que ya sea por el ejemplo de la reelección presidencial o cualquier otro que pueda ameritar la necesidad de cambiar la constitución, se está violentado la voluntad popular que en determinado momento se pronunció por la Constitución vigente.”
También López Goldaracena dice que “El referéndum otorgó a la ley de caducidad sustento político en un momento determinado, en circunstancias muy especiales, pero no validó la ley desde el punto de vista jurídico, ni la convirtió en una súper ley”.
Considero importante desarrollar este argumento de la validez de la ley a partir del referendum, pues lo encontramos en quienes no comparten la ley, en quienes votaron verde, el voto por la derogación.
Otro aspecto que me parece fundamental que abarquemos, en estas asambleas que tenemos que promover, es el desarrollo de conceptos y teorías en derechos humanos que se han promovido a nivel internacional. Muchas de ellas ahora como tratados ratificados por los gobiernos de las naciones.
La conjunción de esfuerzos para mejorar la situación, de las poblaciones más débiles en cuanto al reconocimiento de los derechos humanos, es un beneficio que debemos reconocer. Quién puede negar hoy día, que la actuación que se llevó a cabo desde la justicia española, en el juzgamiento de delitos de lesa humanidad, como la desaparición forzada, no significó para estos países del cono sur un importante revulsivo que permitió el avance en la lucha contra la impunidad.
Cuando la fuerza de gobierno voto en su Congreso casi por unanimidad que debería, en caso de llegar al gobierno, adecuar su legislación interna a la normativa internacional no ignoraba que la ley de caducidad era nula desde el derecho internacional y que esa adecuación implicaba dos únicas opciones: hacerla nula también o separarse de la comunidad internacional, precio que no está dispuesto a pagar.
Este tema complejo sin duda, tiene varias formas de abordaje, este es un intento de colaboración para que ese muro que antes tratábamos de fisurar, ahora lo derribemos finalmente.
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