EN HOMENAJE A HUGO CORES

Publicado en Revista Internos Mayo 2007

“Si olvido y memoria, al decir de Borges, son como cara y ceca de una misma moneda ¿Cuál es la relación entre olvido y omisión?
El olvido es del orden del inconsciente, la omisión es racional e intencional.
Si bien el olvido no es ingenuo, menos lo es la omisión”.
(Tomado de “Docencia y Memoria”, del Sindicato Unificado de los Trabajadores de la Educación Fueguina, CETERA-CTA).

Las organizaciones gremiales de nuestro país, son algo más que la actividad que realizan en el presente. Son una construcción donde se deposita la cultura obrera, los aportes de nuestros antecesores. Por esa razón, además de la preservación de ellas - en tanto parte de nuestro patrimonio y herramienta imprescindible de lucha-, es importante no perder en la dinámica de las urgencias del momento los aportes de quienes, como José D´Elia y Hugo Cores, forman parte de nuestro mejor pasado. No es un simple ritual, el hecho de que en el pasado 1º de mayo, el PIT/CNT, los haya homenajeado.
En este espacio hoy queremos, a la vez que rendir homenaje a Hugo Cores quien fuera vicepresidente de la CNT, referirnos al tema de la memoria y los desafíos actuales. Para ello, nada más adecuado que rescatar el propio pensamiento de Cores al respecto.
La memoria, que es imprescindible para vincularnos al pasado, era para Cores un elemento que nos ponía en mejores condiciones para no perder de vista los “orígenes” de los temas del “presente”. Al respecto, cuando reflexionaba, refiriéndose por ejemplo, a los reclamos que dieron origen a la ley 18.033[1], decía: “Algunos temas presentes en el debate de hoy requieren no perder de vista sus orígenes (…) tiene que ver con un aspecto de fondo del pasado de nuestra sociedad sobre el que existen opiniones encontradas (…) En este como en otros terrenos, la memoria es un campo de batalla. Se enfrentan hombres, partidos y siempre, por encima y por debajo, todopoderosas, las clases sociales”.[2]
Para Cores, los que poseían el poder económico, el de los medios de comunicación y que controlan el aparato estatal “trazan y reproducen una visión del curso histórico”. Seguramente por eso, la iniciativa que desde el aparato estatal (Poder Ejecutivo ejercido por integrantes de la izquierda) se impulso de reparar conjuntamente a las victimas del terrorismo de Estado y a las supuestas víctimas de la “sedición”, causó tanto desconcierto en filas de la izquierda y el movimiento popular.
De esos tres elementos –poder económico, de los medios de comunicación y el aparato estatal-, se supone que el último, cambio radicalmente de manos. Por esa razón es impensable que desde el aparato estatal con su actual conformación, se sostenga una visión, que como bien lo han señalado las organizaciones defensoras de los derechos humanos, fortalece las manida “teoría de los dos demonios”.
Ese periodo que se intenta explicar a partir de esa teoría, era muy bien registrada por Cores, cuando reclamaba que en ese tema “sería importante, al menos entre nosotros, ponerse de acuerdo”.
En ese registro minucioso, Cores anotaba:”En los 60 y 70, miles de hombres y mujeres se rebelaron contra las injusticias y los despojos que los gobiernos colorados de la época imponían a los trabajadores. (...) en el principio fue la congelación salarial. Y la represión para quienes rechazaban el despojo. Los cuarteles y las cárceles se abrieron para alojar a los que protestaban contra eso. Así ingresaron la policía y el ejército, con un rol bien preciso, en la dinámica de las luchas sociales. Y lo hicieron, durante decenios, para volcar la balanza a favor de los empresarios, de los banqueros y de los estancieros. En defensa del orden. Del orden conservador, claro”.
Cores preguntaba y respondía: “¿Cómo fueron presentados por el Estado los luchadores sociales y políticos de la década del 60 y 70? ¿Cómo se formuló por parte del Estado el ingreso de las Fuerzas Armadas a posiciones de gobierno antes y después del golpe de Estado?”.
Entre 1972 y marzo de 1985 desde el Estado se sostuvo que en Uruguay no existían lo presos políticos. Había sí delincuentes subversivos. Se prohibió a texto expreso llamarlos de otra manera que no fuera esa. Cerraban una emisora o clausuraban un diario si se los nombraba usando otras palabras.
Los obreros y los sindicalistas, los luchadores de las organizaciones guerrilleras, esos subversivos eran, para el Estado, agentes de una conspiración mundial con centro en Moscú y La Habana; se proponían construir un Imperio Rojo. “El Planisferio Rojo” publicado por El País fue la expresión gráfica más espectacular de estos postulados. (…) Las fuerzas defensoras del orden conservador, eran, como expresamente lo dicen los textos de la Junta de Comandantes, “el último bastión de defensa de la patria ante la agresión externa”. Habían salido de los cuarteles para salvar al país. (…) Para ese pensamiento, los hombres y mujeres que estuvieron presos, lejos de ser víctimas de la represión del terrorismo de Estado, son “enemigos” a los que se derrotó, sobrevivientes de una agresión a la patria oportunamente conjurada por la acción sacrificada de las Fuerzas Armadas”.
Cores en esas reflexiones de pocos meses antes de su muerte, pronosticaba que “con el advenimiento del gobierno popular retoma vigencia la cuestión de la reparación a las víctimas de la dictadura”, y al referirse a ella decía que “debe ser completa y empieza por el restablecimiento de la verdad”.
Si como Hugo Cores analizaba, la realidad en la que se encontraba el gobierno progresista era “el resultado de una hermética política a favor de la impunidad llevada adelante durante más de veinte años por blancos y colorados”, no se entiende que el Uruguay siga “postergando su actualización en relación a la vigencia en el país de los Tratados Internacionales” y para ello declare la nulidad de la ley de caducidad. Menos puede entenderse aún, que se propicien iniciativas que extienden el ocultamiento de la verdad, al contexto histórico en que se cometieron tantas violaciones a los derechos humanos.
Para finalizar estas reflexiones sobre algunos problemas del presente, rescatando –como homenaje-, el pensamiento de Hugo Cores, trascribimos esto: “Una comunidad desinformada acerca de su pasado inmediato no está en condiciones de tomar el presente en sus manos. Actúa por inercia o por las órdenes de jefes, tecnócratas o profetas, amplificados de acuerdo a la voluntad de los medios de comunicación que reproducen siempre el poder de unos pocos. Conocer el pasado libera, provee de herramientas racionales con las que, asumiendo la realidad de lo pasado, enfrentar lo porvenir”.[3]
En esa tarea, es imprescindible poner todos nuestros esfuerzos y desvelos.



[1] Ley sobre recuperación de derechos jubilatorios y pensionarios para afectados por razones políticas o sindicales.
[2] “Del pasado y del presente”. Publicado en La República, 31-08-06.


[3] “La enseñanza de la historia de nuestro pasado inmediato”. Tomado de La República, 26/12/2005.

LA RELACION ENTRE NUESTRO PASADO RECIENTE Y EL GOBIERNO PROGRESISTA.

(I)

1. NI AUTO COMPLACIENTES NI HIPERCRÍTICOS.
No merecería ser incorporado a la categoría de los hipercríticos, quien concluya que la relación que actualmente mantiene el Estado uruguayo con nuestro pasado reciente, esta acotada por la impunidad. O que esa relación con la impunidad en la que existieron matices de distinta profundidad y calidad, ha sido una continuidad en todos los gobiernos posteriores a la dictadura.
No es tan clara la categorización, si se afirma que las políticas de Estado uruguayo conducido por el gobierno progresista, se han desarrollado también en un terreno acotado por la impunidad.
Tampoco una enumeración de los avances que en este terreno se han operado, debería ser calificada como una mirada auto complaciente.
Sin embargo una consideración de este tema, debería ser objeto de un análisis serio y objetivo, que evite las etiquetas. Para realizar ese análisis, nos parece adecuado hacerlo a partir de dar respuesta a la siguiente interrogante: lo realizado por la administración del frente Amplio, ¿es todo lo que se podía y debía hacer?
La respuesta, es que no es todo lo que se podía y menos aun lo que se decía hacer.
La índole de esta respuesta, nos impone la obligación de fundamentarla. De ahí que lo que pretendemos hacer, es analizar el tema con rigurosidad a partir de tres aspectos insoslayables: las definiciones del Programa de la fuerza política; las obligaciones y los acotamientos legales que emergen del derecho interno y la legislación internacional; y la estrecha relación entre las formas de encarar este tema y la necesidad de avanzar en la profundización democrática.
Va a ser indispensable que nos refiramos a los pronunciamientos del gobierno que tuvieron lugar el pasado 26 de diciembre, a partir de las premisas anotadas más arriba.

2. ESA RELACIÓN ACOTADA.
Las obligaciones de esta Administración según ese pronunciamiento, se presentan acotadas a lo “lo ocurrido con los detenidos-desaparecidos” y en ese marco a los “enterramientos clandestinos”.
Un segundo acotamiento a la que se auto limita el Estado uruguayo sobre los crímenes cometidos por él, se opera cuando éste, realiza una suerte de corte o categorización, entre desaparecidos en territorio uruguayo o fuera de él.
Al margen de que – con las informaciones que se disponen y que incluyen la de las propias Fuerzas Armadas-, no se sostiene esa categorización instalada a partir de las conclusiones de la COPAZ. Esa categorización es funcional, a una de las más graves omisiones del Estado en torno a sus obligaciones legales internacionales: la renuncia a la identificación de los autores.
Solo si las obligaciones del Estado se auto limitan a la ubicación de los restos de los desaparecidos, tiene cierta lógica una categorización de esa naturaleza. Pero esa lógica, no se sostiene, si como está ampliamente documentado, el Estado terrorista no sólo secuestró y desapareció ciudadanos en el territorio uruguayo, sino que lo hizo en territorio extranjero, los traslado ilegalmente a nuestro país, y aquí los ejecutó cobardemente.
Seguramente, algunos no llegaron al país, pero no puede negarse, que esos crímenes se ejecutaron con una participación activa o cómplice del Estado dictatorial.

3. NI MIOPIA, NI INGENUIDAD POLITICA
No se puede negar, que aún con esos acotamientos que produce el mantenimiento de la ley de caducidad, este gobierno ha asumido comportamientos muy distintos a los anteriores: realizo una lectura distinta de la ley de caducidad, habilitó la búsqueda de restos en unidades militares, requirió informes a las fuerzas armadas, dio tramite a solicitudes de extradición y permitió el acceso a algunos archivos del Estado.
Pero, no dejó de aplicar la ley de caducidad. Y con ello, en forma paradójica profundizo los efectos antijurídicos que el mantenimiento de esta ley conlleva.
Los gobiernos anteriores aplicando indiscriminadamente la Ley de caducidad, consagraron la desigualdad ante la ley entre dos categorías de ciudadanos: los militares, policías o asimilados y el ciudadano común. A la hora de responder por sus actos, unos y otros, no eran como dice la Constitución, iguales ante la ley, no reconociéndose otra distinción entre ellas sino la de los talentos y las virtudes.
La forma de aplicación de la caducidad por el gobierno actual, instala una nueva distinción entre esas dos grandes categorías de ciudadanos que agrediendo aún más el texto constitucional. Instala la desigualdad ante la ley, entre los victimarios uniformados, según dónde hayan cometido el delito; y entre las victimas según el territorio donde vivían.
La aplicación de la ley de caducidad por los gobiernos anteriores consagró la desigualdad ante la ley, entre los que podían ser pasibles de castigo, dejaba intacto y homogéneo el campo de las victimas: ninguna tenía derecho a reclamar justicia. Hoy, la ventanilla de la justicia, esta habilitada para algunas de las víctimas y para otras, no.
Si la ley de caducidad es un mamarracho jurídico, sus interpretaciones, más allá que permitan avanzar en perforar el muro de la impunidad, no están libres de ser también una suerte de desprolijidad antijurídica y política que la seriedad del Estado no debería permitir.

4. LEGISLADORES Y MAGISTRADOS DISTRAIDOS.
Estas “desprolijidades”, no son solo del Ejecutivo, son permitidas por quienes elaboran y quienes aplican las leyes.
Esa situación parece ser propia de las leyes de impunidad pergeñadas en los distintos países del Cono Sur. El sistema judicial primero y el legislativo de Argentina después, lo constataron y en razón de ello, los magistrados establecieron la inaplicabilidad de las leyes de impunidad y posteriormente el Congreso las declaró la nulas.
Esa línea de conducta no ha sido, hasta ahora la seguida en el Uruguay, y en razón de ello el ex dictador Bordaberry, fue procesado por la Jueza Graciela Gatti, por coautor de los asesinatos de varios uruguayos desaparecidos en Uruguay, pero los autores materiales de los asesinatos no lo podrán ser en razón de estar amparados por la ley de caducidad.
Por esa razón pese a la voluntad contraria del Ejecutivo, el llamado caso Gelman y el caso de Simón, sigue en nuestro país bajo el manto de la caducidad.
Por esa razón, el Juez Luis Charles procesa a varios militares y policías por el caso Soba, y sin embargo en otra sede penal el caso de Alberto Mechoso, secuestrado y desparecido en el mismo operativo de Soba, es comprendido en la ley de caducidad.
Es comprensible, aunque no compartible, que los gobiernos intenten permanentemente ser los “administradores” de los derechos humanos. Pero esa administración o manejo de los derechos, no puede caer en tamañas desprolijidades que rayan en la inseguridad jurídica, y por lo tanto en el estado de derecho.
Cuando desde diversos ámbitos se cuestionaron los anuncios previos al Decreto del Poder Ejecutivo del día 26 de diciembre, en torno a la posibilidad de que el mismo apuntara a un “punto final”, sin duda no se referían exclusivamente a la investigación sobre los restos de los desaparecidos, sino fundamentalmente a lo que apuntan las leyes de punto final: la imposibilidad de castigar a los responsables.
Y el Decreto del 26 de diciembre, ¿no es, para algunos casos y en ese último sentido, un punto final? Cuando en el Considerando del Decreto, se afirma que se tiene por cumplido el artículo 4º de la ley de caducidad con relación a los detenidos desaparecidos en el Uruguay, ¿no se está diciendo que sobre esos casos es de aplicación la ley de caducidad? ¿Es posible aplicar el artículo 4º a un caso que no esté comprendido en los alcances generales y específicos de esa norma, que es la impunidad?

5. EL LIMBO JURÍDICO.

El Decreto presidencial de diciembre, se fundamenta exclusivamente en el engendró antijurídico de la ley de caducidad. ¿Por qué omite toda referencia a la normativa internacional? Se trata de una opción, poco feliz, pues nos dice, sin decirlo, que norma será objeto de su respeto y cual, no respetara.
Era una definición del gobierno actual, manifestada incluso, hasta en el discurso del 1º de marzo de 2005, que el caso de María Claudia García de Gelman no estaba comprendido en la ley de caducidad. Por lo tanto, salvo que haya cambiado de opinión, no pudo realizar en torno a él, el cumplimiento del artículo 4º reservado exclusivamente a aquellos comprendidos en la caducidad. Pero, este caso, tampoco puede ser investigado por la justicia, pues fue archivado en razón de la ley de Caducidad.
¿Las investigaciones que sin ninguna duda se realizaron por parte del actual gobierno, lo fue por el artículo 4º? Si así fuera, ¿el Poder Ejecutivo aplica una ley que según él mismo ha dicho que no lo comprende?
Todo parece indicar, que el Caso de María Claudia flota en un limbo jurídico, donde dos poderes del Estado, asumen criterios contradictorios y contrapuestos y donde ni la verdad ni la justicia, existen.
Solo la nulidad de la ley de caducidad, bajara del limbo jurídico en que este caso se encuentra, y restablecerá la vigencia de un auténtico Estado de derecho en nuestro país.

6. ¿ES LO QUE HAY, VALOR?

Entre las expectativas que se frustraron durante esta Administración, en razón de la ley de caducidad, está el caso de Simón, el hijo de Sara Méndez. Este caso junto a otros, pese a la opinión en contrario del Ejecutivo, fue archivado y de ahí en más, en lo que respecta a Uruguay, impunidad y silencio.
A principios del 2006, Sara Méndez con el propósito de lograr que el Estado efectué una exhaustiva y completa investigación que esclarezca esos hechos, individualice a la totalidad de los responsable, presento ante la justicia una demanda civil.
El Gobierno, en esas investigaciones cuya primera etapa dio por culminada con el Decreto de diciembre, no incluyó el caso de Simón, ya sea porque encontrado el desaparecido, considera terminada su responsabilidad o sea porque ocurrió fuera del país y está fuera de la caducidad y su artículo 4º. Sea por la causa que sea, ni aún después de que fuera ubicado Simón, se procedió por parte del Estado uruguayo a determinar o comprobar las circunstancias de ese ilícito que se prolongó durante 26 años. Jamás individualizó a los agentes del Estado responsables.
Pese a que la ley 16.724 (Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas) lo obliga a sancionar en el ámbito de su jurisdicción a los autores, cómplices y encubridores del delito de desaparición, el Estado no solo no lo ha hecho, si no que argumentan para negarle a Sara Méndez el derecho a saber que reclama. Y quien lo niega, ya no es el Ministerio de Defensa, del General Medina, del Dr.Chiarino, de Brezzo, o de Fau.
¿Qué argumenta el MDN-Poder Ejecutivo actual? Que los hechos ocurrieron en la Argentina, pero “no fueron cometidos por personas dependientes” del Ministerio de Defensa Nacional, no pueden imputarse al Estado uruguayo.

¿VARIAS OJOS, PARA MIRAR NUESTRO PASADO?
No conocemos aún, el contenido del trabajo de investigación realizada por un equipo de historiadores por encargo del Poder Ejecutivo. El enfoque que los historiadores han desarrollado en su actividad académica, no da para abrigar preocupación o desconfianza sobre su contenido. Sí es materia de preocupación, que desde el MDN, se sostengan ciertas visiones sobre nuestro pasado reciente. Dentro de ellas, por ejemplo, que le achaquen a Sara Méndez la responsabilidad de que recién 26 años después pudiera ubicar a su hijo. Según el MDN hay dos razones que explican porque se demoró 26 años en recuperarlo; uno es que Sara “a través de su actuación paralela a la del Estado, orientó erróneamente la búsqueda al individualizar como su hijo, a una persona que a la postre y luego de muchos años no resultó serlo”. El otro es tan falaz como el primero, pues según el MDN “el haber podido dar con el paradero del hijo de la señora Méndez fue el fruto de las investigaciones realizadas tanto por el Estado - a través de sus distintos estamentos” -, como por la labor emprendida en paralelo por la propia Sara Méndez y por la intervención de otros agentes que intervinieron en dicha búsqueda, como es el caso de la investigación del periodista Roger Rodríguez. Para el MDN, la investigación de Roger Rodríguez y de Rafael Michelini-, “solo constituye la etapa final de un proceso en el que el Estado tuvo sin duda alguna, decisiva participación”. Para el Estado administrado por Sanguinetti, Lacalle, Batlle, dedito para arriba. Para Sara, dedito para bajo.
Raúl Olivera Alfaro

A 30 años del secuestro y la desaparición de Gustavo Inzaurralde y Nelson Santana

Publicado marzo 2007 en Trabajo y Utopia

Gustavo Edison Inzaurralde Melgar, nació en la ciudad de Minas en el Departamento de Lavalleja el 4 de agosto de 1942. Hijo de Alberto Inzaurralde y Pura Melgar (fallecida). Durante sus estudios de Magisterio, integro la Asociación de Estudiantes de Magisterio. Se desempeñó como Maestro a nivel del sistema educativo público y privado. Posteriormente ejerciendo la docencia, desarrolló actividad gremial desde la Federación Uruguaya de Magisterio filial de la Convención Nacional de Trabajadores (CNT). Formó pareja con la ciudadana argentina María del Carmen Posse Merino, con quien tuvo una hija. En 1970 ingreso como administrativo en la Fabrica Uruguaya de Neumáticos (Funsa). Desarrolló actividad política en la Resistencia Obrero Estudiantil, la Federación Anarquista Uruguaya y el Partido por la Victoria del Pueblo.
Fue detenido en agosto de 1970 y procesado por presunta colaboración con la OPR 33. Estuvo detenido durante seis meses en el Penal de Punta Carretas y en 1971 luego de obtener la libertad por parte de la Justicia, es retenido por Medidas de Seguridad en una instalación militar de la Armada en Punta Yeguas durante dos meses, realizando entonces la “opción Constitucional”, para salir del país.
En mayo de 1971 fue expulsado del país, asilándose en Chile. Allí trabajo en una fabrica que se dedicaba a la construcción de viviendas pre fabricadas y en programas del gobierno chileno de educación de adultos, vinculándose a sindicatos chilenos y a organizaciones de base de la Unión Popular. Posteriormente al golpe militar de Augusto Pinochet del 11 de setiembre de 1973, abandona Chile y se radica en la Argentina.
Una vez en Argentina se acoge a la ley de Amnistía dictada por el entonces Presidente Juan Domingo Perón para todos los refugiados políticos de los países vecinos, pasando a tener radicación y residencia permanente en aquel país.
El 2 de julio de 1974 cuando participaba junto a otros 105 uruguayos residentes en Argentina de una actividad pública de oposición a la dictadura uruguaya en la calle Méjico al 3000 organizada por el Comité de Uruguayos Residentes “19 de Abril”, es detenido y procesado por contravención a_ las disposiciones legales sobre extranjeros vigentes en ese momento. Es recluido por espacio de 15 días en la cárcel de Devoto.
En 1975 participo de la fundación del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP), en la Argentina.
En setiembre de 1976, Inzaurralde obtiene del ACNUR de Argentina la condición de refugiado político.
En 1976, durante la represión que desató la dictadura uruguaya y argentina en el marco del Plan Cóndor contra el PVP, Gustavo Inzaurralde, logra salvar su vida y su libertad, permaneciendo en aquel país. Su pareja obtiene refugio en Suecia, donde llega el 11 de enero de 1977, estando embarazada de pocos meses.
Nelson Rodolfo Santana Scotto, nació el 16 de setiembre de 1949, en Montevideo. Su padre era Carlos María Santana (fallecido) y su madre Alba Aurora Scotto (fallecida), nacida en la 8va Sección del Departamento de Treinta y tres el 2 de mayo de 1930. Estudiante de la UTU en la Escuela de la Construcción. De oficio pintor de obra. En Uruguay se domicilió en la calle Argerich Nº 4591 y trabajó en la fábrica textil Manufactura Norte, de donde fue despedido por su participación en la huelga general contra el Golpe de Estado del 27 de junio de 1973. Trabajo posteriormente en la Fábrica Uruguaya de Neumáticos (Funsa). Militaba en la Resistencia Obrero Estudiantil. En 1974 se radica en la Argentina, domiciliándose en la calle Sarmiento 1135 de la Capital Federal. Trabajaba con otro uruguayo como pintor de obra. Militaba en el Partido por la Victoria del Pueblo (PVP).

UNA LARGA HISTORIA DE IMPUNIDAD.
El 25 de noviembre de 1975, se realiza en Chile una reunión de los servicios de seguridad de los países del Cono Sur, en la que participan integrantes de la dictadura uruguaya. En ella con los el fundamento de que la denominada “subversión” con “concepciones políticas – económicas que son fundamentalmente contrarias a la historia, a la filosofía, a la religión y a las costumbres propias de los países de nuestro hemisferio” y que los distintos gobierno “están combatiendo solos o cuando más con entendimientos bilaterales o simples acuerdos de caballeros”, resuelven crear “una coordinación eficaz que permita un intercambio oportuno de informaciones…”. Fruto de una profundización de esa coordinación conocida como el Plan Cóndor, se desarrollaron los hechos que culminaría con la desaparición de Inzaurralde y Santana.
Luego del secuestro y desaparición de decenas de integrantes del Partido por la Victoria del Pueblo en la Argentina durante los meses de setiembre y octubre de 1976, Inzaurralde y Santana, junto a otro grupo importante de militantes de dicha organización y sus familias, permanecen en aquel país en situación de extrema inseguridad. Dada la responsabilidad política que ostentaba Inzaurralde – era el único sobreviviente en la Argentina – de la dirección del PVP en aquel entonces que integraban además Alberto Mechoso y Jorge Zaffaroni (ambos desaparecidos en setiembre de 1976, debe ocuparse de la seguridad y sobrevivencia del colectivo partidario que aun permanecía en la Argentina y sus familias. La situación insostenible en la Argentina, determina que el PVP decida efectuar el traslado de sus militantes con destino a Europa. Para ello se debían encontrar las formas más seguras de salida de la Argentina y la documentación necesaria para ello. En esas tareas, es que Izaurralde y otros integrantes del P.V.P, se desplazan al Paraguay.
Desde Brasil a donde primeramente viaja, Inzaurralde estudia los pasos de frontera que permitieran ingresar y posteriormente abandonar el Paraguay. En Brasil también se encontraban algunos integrantes del P.V.P que habían logrado escapar a la represión que en Montevideo habían tenido como resultado la detención de varios militantes y el secuestro de Elena Quinteros de la Embajada de Venezuela. Se pensaba una vez lograda la documentación necesaria, llegar nuevamente a Brasil desde donde saldrían con destino a Europa.
Con esos propósitos, Inzaurralde bajo un documento argentino a nombre de Abraham Vega ingresa el 20 de marzo de 1977 por Puerto Stroessner, y Santana bajo la documentación de Jorge Eugenio Monti, ingresa el 21 de marzo de 1977, por Puerto Falcón.
Allí ambos se alojan en el Hotel Stella de Italia ubicado en las calles Cerro Cora y Estados Unidos de la ciudad de Asunción, donde aprovechando los vínculos que Inzaurralde tenía con militantes peronistas argentinos y probablemente con militantes de la oposición a la dictadura de Strossner lograr la documentación buscada.
La inminente visita a Asunción por esos meses del dictador Videla a su par paraguayo Stroessner, habían profundizado las medidas de control en aquel país. En ese marco, el 28 de marzo el Edecán Naval Capitan Osorio logra a través de una mujer la información de que la ex esposa de un militar paraguayo estaba gestionando a cambio de dinero, documentos para unos argentinos.
A partir de esa información la policía paraguaya vigila el domicilio de esa mujer ubicado en 33 orientales y Avenida Ayala y proceden a la detención de dicha persona, de Inzaurralde, Santana y de los ciudadanos argentinos José Nell, Alejandro Logoluso y Marta Landi de Logoluso, el día 29 de marzo de 1977.
El 31 de marzo de 1977, a las 10 de la mañana ante el Jefe del Tercer Departamento de Investigaciones de la Policía de la capital paraguaya Pastor Milciades Coronel, comparece Gustavo Inazurralde para responder sobre sus actividades “subversivas” en Uruguay, Paraguay y otros países.
Los días 5 y 6 de abril de 1977 en la Dirección de Investigaciones de la Policía de Asunción, se realiza una reunión en la que participan además de personal de la Dirección de Investigaciones de la Policía, integrantes de la Jefatura del Departamento II de Inteligencia del Ejército y personal del Servicio de Inteligencia de la República Oriental del Uruguay. Estos últimos ponen en conocimiento de los reunidos los antecedentes de Inzaurralde y Santana y entregan 4 documentos: “Antecedentes Históricos de FAU-ROE-OPR 33”; Antecedentes de Inzaurralde y Santana Scotto”; “Sobre el PVP, antes de mayo de 1976” y “Sobre el PVP, después de mayo de 1976”.
El día 6 de abril de 1977 a las 10 de la mañana ante el Jefe del Tercer Departamento de Investigaciones de la Policía de la capital paraguaya Pastor Milciades Coronel, comparece Nelson Santana para responder sobre sus actividades “subversivas” en Uruguay, Paraguay y otros países.
El 9 de abril de 1977 el Comisario Inspector Alberto B. Cantero Director de Política y Afines en informe que eleva al Jefe del II Departamento de Investigaciones de la Policía paraguaya Pastor Coronel, da cuenta de la reunión de los días 5, 6 y 7 de abril en la que participaron integrantes de los servicios de seguridad de Paraguay (Coronel Benito Guanes, Teniente Coronel Galo Escobar, Teniente 1º Angel Spada y Sargento Juan Carlos Camicha ), de Argentina (José Montenegro y Alejandro Stada de la SIDE) y de Uruguay (Mayor Carlos Calcagno del SID).
Según el testimonio de Jaime Burgos que permaneció detenido en las mismas dependencias de la policía paraguaya, Inzaurralde y Santana fueron torturas en los primeros días de su detención en la Dirección de Vigilancia y Delitos. Posteriormente fueron llevados a la Jefatura de Investigaciones de la Policía de Asunción, donde hasta su traslado permanecían esposados, sentados en sillas y mirando a la pared. En las noches eran encerrados en la misma celda junto a los otros detenidos a los efectos de la vigilancia.
El 16 de mayo de 1977 en un avión de la Armada argentina con matricula 5T-30 del Comandante de la Armada Eduardo Massera, piloteado por el Capitán de Corbeta D´Imperio, trasladan a Gustavo Inazurralde , Nelson Santana , y los argentinos José Nell, Alejandro Logoluso y Dora Marta Landi con destino a la Argentina. Los prisioneros fueron entregados a los agentes de la SIDE José Montenegro y Juan Manuel Berret.
En mayo de 1977, se presentan ante la justicia de uruguaya recursos de Habeas Corpus sobre Inzaurralde y Santana.
El informe de la Policía Paraguaya identificado D3 de fecha 16 de mayo de 1977, consigna que tanto Inzaurralde, Santana y los tras argentinos antes mencionados, “fueron expulsados del país por carecer de documentos de radicación”.
El testimonio brindado por Jaime Burgos Valdivia, identifica como responsables en Paraguay de la detención y la entrega de los prisioneros a los represores argentinos y uruguayos, a las siguientes personas: Comisario Jefe de la Jefatura de Investigaciones Alberto Cantero; Jefe de Policía Pastor Milciades Coronel; Ministro de Gobierno Augusto Cesar Montanaro; Oficial 2º de Investigaciones Juan Ramón Caballero; Sub Comisario de Orden Público Federico Galeano Baruja; Oficial 2º de Investigaciones Carmelo Ignacio Baez.
El 26 de mayo de 1977, un argentino prisionero sobreviviente del Centro Clandestino de Detención conocido como “Club Atlético”, da cuenta que comparte la celda con Gustavo Inzaurralde.
El 21 de julio de 1977, la Oficina de Prensa de las Fuerzas Conjuntas de Uruguay emite un comunicado requiriendo la captura de Gustavo Inzaurralde, por haber violado el artículo 205 del Código Penal Militar.
El 22 de setiembre de 1977, María del Carmen Posse, la compañera de Inzaurralde, cursa desde Suecia una nota al Arzobispo de Asunción Monseñor Ismael Rolón, solicitando se interese por la suerte de Inzaurralde. El 5 de octubre de 1977, Monseñor Rolón responde que: “…he hecho las averiguaciones pertinentes, y de acuerdo a las informaciones, verídicas o no, llegamos a esta noticia: el joven Gustavo Edison Inzaurralde Melgar, uruguayo, fue trasladado, con otros detenidos por la policía paraguaya, en un avión militar argentino, a Bs. As. y de ahí a Montevideo, él solo. Esto sucedió en mayo de este año 1977”.
El 6 de octubre de 1977 María del Carmen Posse, desde Suecia remite a la Organización de Estados Americanos una nota solicitando su intervención ante las autoridades paraguayas.
El 18 de octubre de 1977, Maria del Carmen Posse en su nombre y en el de su hija Paula cuyo nacimiento Inzaurralde nunca llegó a saber, denuncia en una carta abierta a los organismos internacionales que sobre el destino de su compañero “las autoridades del Paraguay han negado toda información ante las gestiones realizadas por sus familiares y por distintos organismos internacionales y por el Embajador sueco ante los gobiernos de Paraguay y Uruguay”.
El 17 de octubre de 1977, a nombre de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA el Sr. Edmundo Vargas Carreño, responde la carta de Carmen Posse. En ella da cuenta que el caso de Inzaurralde se encuentra radicado ante la CIDH con el Nº 2346 y que se había solicitado con fecha 19 se setiembre de 1977 al gobierno paraguayo la información correspondiente a dicho caso.
El 30 de noviembre de 1977, Amnistía Internacional cursa nota al Dr. Dante Sabini, Presidente de la Suprema Corte de Justicia, dando cuenta que cuando Inzaurralde llevaba ya dos meses en territorio uruguayo a donde había sido trasladado desde Paraguay, el gobierno uruguayo solicitaba la captura del mismo. Por esa razón y ante la negativa de las autoridades uruguayas de brindar información, le solicitan “… tenga a bien interponer las acciones que legalmente haya lugar o que Ud. estime necesarias, o permita que una misión internacional visite Uruguay con el objetivo de investigar y esclarecer en forma definitiva la situación…”.
Ante gestiones realizadas por Aurora Scotto de Santana ante la justicia de Bolivia, Jaime Burgos Valdivia realiza ante la misma el 7 de setiembre de 1979, un Acta de declaración jurada debidamente autentificada, sobre la detención en Paraguay y la entrega a las autoridades uruguayas de Inzaurralde y Santana.
En nota de denuncia que cursan los ciudadanos paraguayos Franco Banegas y Esther Cabrera de Franco ante la CIDH el 8 de febrero de 1980, dan cuenta: Que habiendo sido detenidos el día 18 de enero de 1977 en Puerto Iguazú (Argentina) donde residían, son entregados ilegalmente a las autoridades policiales paraguayas. Que posteriormente son llevados a Asunción. Que estando detenidos allí comparten cautiverio con Inzaurralde, Santana y tres ciudadanos argentinos: “estos infortunados ciudadanos argentinos y uruguayos fueron entregados a las delegaciones policiales de sus respectivos países que concurrieron al Paraguay para as fiestas de la independencia del Paraguay ( 15 y 15 de mayo) el día lunes 16 de mayo de 1977”.
En respuesta a una nota que le fuera cursada en 1980 por Jair Krischke del Movimiento de Justicia y Derechos Humanos de Porto Alegre, sobre el caso, Monseñor Ismael Rolón consigna entre otras cosas que: “…fueron llevados al Aeropuerto Internacional para ser embarcados en un avión de la Fuerza Aérea Uruguaya, llegado al efecto”.
Con fecha 20 de octubre de 1983, Sotero Franco Banegas y Lidia Cabrera de Franco dos paraguayos radicados en Suiza, relatan en una carta enviada a Tota Quinteros que los dos uruguayos “fueron torturados conjuntamente por la policía paraguaya y de Montevideo, las torturas fueron brutales (…) nosotros fuimos testigos de todo, hasta que fueron entregados a los miembros de la policía de Montevideo…”.
En agosto de 1989, dos hermanos de Inzaurralde, se presentan ante el Fiscal de Crimen de Asunción – Paraguay, solicitando se presentara la denuncia sobre la desaparición de se hermano y requirieron la investigación, detención y procesamiento de los autores materiales y morales de los hechos denunciados.
El 22 de diciembre de 1992, un recurso de Habeas Data presentado en Paraguay ante el Juzgado de Tercer Turno en lo Criminal por el Dr. Martín Almada, permitió encontrar el archivo de la policía política paraguaya- conocido como “Archivo del Terror”-, el que contenía abundante información.
El 28 de enero de 1993, Luis Alonso de American Watch en Paraguay, da cuenta en una comunicación que fueron encontrados en los archivos de la policía política paraguaya descubiertos por el Dr. Martín Almada, una serie de documentos que prueban la detención y entrega a Uruguay de Inzaurralde y Santana.
El 9 de febrero tras la visita de American Watch a Paraguay, dicha organización le comunica al entonces diputado uruguayo Hugo Cores que surgieron nuevas evidencias del caso Izaurralde –Santana, además de tener testimonios de ex presos políticos paraguayos que vieron con vida a los dos uruguayos.
En febrero de 1993, viaja a Paraguay el Diputado uruguayo Hugo Cores. También viajan Aurora Escoto y William Inzaurralde radicando nueva denuncia ante los tribunales de Paraguay por la desaparición de Inzaurralde y Santana.
En el diario paraguayo ABC Color, un ex preso político paraguayo da cuenta de haber sido testigo de la presencia en dependencias policiales paraguayas, de Inzaurralde y Santana.
Según dio cuenta la prensa paraguaya, el Juez paraguayo Arnulfo Arias desestimó un pedido de libertad por extemporáneo e improcedente, de Benito Guanes Serrano, el ex jefe del Departamento de Inteligencia de las Fuerzas Armadas, procesado por participar en la detención y posterior desaparición de los uruguayos Santana y Inzaurralde. En esa causa también se encontraban procesados varios militares paraguayos y argentinos, que en el marco de la operación “Cóndor” llevaron a los prisioneros uruguayos con destino desconocido hasta la fecha.
A finales del año 2001 en la causa Nº 1461 “Logoluso, Alejandro y otros –Privación Ilegítima de la Libertad”, que en aquel entonces instruía en la República Argentina el Juez Galeano y que posteriormente se anexó a la causa más general donde se investigan múltiples violaciones a los derechos humanos en el marco del Plan Cóndor, se libró a Uruguay un exhorto solicitando la declaración como testigo del Militar Carlos Calcagno relacionada con la detención y posterior desaparición de los argentinos Logoluso, Nell y Landi<, y de Inzaurralde y Santana. El Magistrado a cargo del Juzgado uruguayo encargado de diligenciar la solicitud de colaboración judicial de la Argentina, Dr. Homero da Costa fija una audiencia para recabar la declaración testimonial del militar uruguayo para el 14 de noviembre de 2001, a la que no comparece Calcagno. El 20 de noviembre, el entonces Ministro de Defensa Brezzo, le comunica a la Sede judicial que “no correspondería diligenciar” el pedido de ubicar e interrogar al militar “en virtud de afectar necesariamente con ello, principios generales y normas de orden público internacional de la República Oriental del Uruguay”. La negativa de prestar colaboración a las indagatorias que se cumplían en el vecino país, eran fundamentadas en razón de que había “normas y principios esenciales del ordenamiento jurídico del Uruguay” que se ven “ofendidos en forma concreta, grave y manifiesta”. Entre las normas ofendidas, estaba la ley de caducidad. Luego de esa negativa, la solicitud argentina pasó a la Suprema Corte, donde luego de agregársele algunas constancias administrativas, es archivada en diciembre del 2001, cuando el gobierno de Batlle apelaba a los estados del alma. ¿EL FIN DE LA IMPUNIDAD? Seguramente uno esta crónica salga a luz, ya estará radicada ante la justicia penal uruguaya una demanda reclamando la investigación de los hechos y el castigo a sus responsables. Para que eso ocurra, esta historia de la lucha de estos dos militantes de la resistencia contra la dictadura uruguaya, será acompañada de abundante documentación encontrada en los archivos del horror de la policía paraguaya. Esperamos así, que la impunidad que aun hoy goza Carlos Calcagno, termine de una buena vez.

Un desafío para el 2007:La nulidad de la ley de caducidad.

Trabajo y utopia febrero 2007.

1. ¿UN PALO EN LA RUEDA AL GOBIERNO?
Existe una clara omisión por parte del Estado Uruguayo en acatar las obligaciones que le impone la legislación internacional con relación a las violaciones a los derechos humanos cometidas por la pasada dictadura cívico-militar. También puede inferirse a partir de una lectura de su programa de gobierno, que no se ha cumplido a cabalidad, las mismas. Por esa razón no se ha garantizado el acceso a la justicia de todos los ciudadanos y no se consagró la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. Para nosotros, eso no será posible, mientras exista la ley de caducidad. Por esa razón, es totalmente infundado que se sostenga que quienes reclaman la nulidad de la ley de caducidad le estamos poniendo un palo en la rueda al gobierno de Tabaré Vázquez en el terreno de su política de derechos humanos.
Más allá de la clara e indiscutible independencia histórica que el movimiento sindical mantiene con el Estado y los partidos políticos que lo conducen, nunca está de más clarificar todos y cada uno de los pasos que se dan en la imprescindible toma de posición que los trabajadores tienen respecto a los temas claves para el país. Y este aspecto de lucha contra la impunidad, tiene mucho que ver con la profundización de la democracia y por lo tanto, más que ningún otro, debe ser objeto de nuestras preocupaciones y desvelos.
De ahí que la forma en que se encara la relación del Estado con ese pasado de violaciones gravísimas de los derechos humanos, debe ser objeto de especial atención. La conducta del gobierno en sus políticas de estado, sobre este tema, no debe tener más rumbo que la vigencia plena de todos los derechos. Y entre ellos, el derecho a la justicia, y a que todos seamos iguales ante la ley.
Ese rumbo que es el objetivo de nuestras luchas, esta obstaculizado por la existencia en nuestro ordenamiento legal interno de la ley de caducidad. Por esa razón la mayor contribución del movimiento sindical y las organizaciones de derechos humanos al Estado y a la fuerza política que lo conduce, es justamente eliminar ese obstáculo que hace que no exista un derecho plano a la justicia y que no todos seamos iguales ante la ley.
No es entonces, ningún misterio ni una exageración afirmar que aun contra lo que es su voluntad, la relación que actualmente mantiene el Estado uruguayo con nuestro pasado reciente, esta acotada por la impunidad.
Decir que esa relación está acotada, es admitir que tiene limitaciones. Limitaciones que no se resuelven adecuada y plenamente sin eliminar los obstáculos. Para decirlo de otra manera, desde el 22 de diciembre de 1986 en que se aprobó en el Parlamento la ley de caducidad, el Estado uruguayo en sus distintos niveles, debió encarar las pasadas violaciones de los derechos humanos de la dictadura cívico-militar a partir de lo que ordenaba hacer esa nefasta ley. Y cómo los partidos que ejercían el gobierno hasta el triunfo del Frente Amplio, tenían además la voluntad política de que existiera en Uruguay un sistema de impunidad completo e inexpugnable, ejercieron políticas para completar ese sistema de impunidad que se sustentaba en la ley 15.848. A partir de la potestad (inconstitucional, por cierto) que le otorga la ley de caducidad al Poder Ejecutivo, éste obstaculizó la acción de la justicia, realizó bochornosas “investigaciones” en un supuesto cumplimiento del artículo 4º, presionó y actuó mediante diversos procedimientos contra algunos magistrados que intentaron afectar ese sistema de impunidad.
Recapitulando, el sistema de impunidad existente por más de 20 años en el Uruguay, se sustenta en dos pilares fundamentales: la ley de caducidad y las políticas del Poder Ejecutivo de turno y sus influencias sobre otros poderes del Estado.
La instalación de un gobierno que expresa en su programa de gobierno dos aspectos muy claros que pueden resumirse, en que considera a la impunidad como un obstáculo para la vigencia de una plena democracia, y que cumplirá el artículo 4º; modificó sin duda, una de las ecuaciones en la que se había sustentado el sistema de impunidad.
Es decir, cesaron las políticas que durante dos décadas completaron y aseguraron la impunidad y de esa manera se la afectó e hirió sustancialmente. Pero por otro lado, el ineludible acatamiento a la ley, obliga a que aún con un gobierno que está en contra de la impunidad, la misma siga existiendo y por ende se continúen afectando aspectos esenciales para la vida democrática plena.
De ahí, que desde la sociedad civil se apunte a eliminar ese aspecto que aún hoy sostiene el sistema de impunidad, no debe verse como un palo en la rueda del gobierno. Más bien, todo lo contrario, debe verse e interpretarse como todo lo contrario. Debe verse como el objetivo de que exista una política plena de vigencia de todos los derechos humanos, sin el freno de una norma, como la ley de caducidad que afecta el principio fundamental de que todos somos iguales ante la ley.
Para que las políticas de Estado uruguayo conducido por el gobierno progresista con relación a nuestro pasado reciente, no se continúen desarrollado en el terreno acotado por la ley de impunidad, estamos embarcados en su nulidad.

2. ESA RELACIÓN ACOTADA POR LA IMPUNIDAD DURANTE LOS GOBIERNOS BLANCOS Y COLORADOS.
Las obligaciones del Estado uruguayo con las violaciones a los derechos humanos de la dictadura, a partir del 22 de diciembre de 1986, no existieron en las tres primeras administraciones posteriores a la dictadura: Todo estaba comprendido en la caducidad y nada se investigo con seriedad, salvo en el Ministerio de Relaciones Exteriores, respecto a Elena Quinteros .
La cuarta administración, bajo Jorge Batlle admitió que había que averiguar sobre lo ocurrido con los desaparecidos. Esa averiguación encomendada a la Comisión para la Paz, no debía identificar a los responsables y sobre todo apuntar a ubicar los restos de los desaparecidos. Si lo primero, la responsabilidad, no había que buscarla, la tarea fundamental para la política de Batlle, era saber ¡donde? estaban los restos de los desaparecidos en Uruguay.
Sabido es la conclusión que se pretendió instalar como la “verdad oficial” al respecto: estaban todos muertos y sus restos no había que buscarlos, pues no existían más, los habían arrojado al mar. Esto con relación a los casos de desaparecidos en Uruguay. Los desaparecidos en territorio extranjero, más allá de la participación de gentes del Estado uruguayo en ello, no eran su problema .
De esa manera, si bien es cierto que de alguna manera la ley de caducidad impedía actuar sobre los responsables, ni aún así se arrojó desde aquel ámbito la identificación de los responsables , y como no existían restos que recuperar, se cerraba el tema. Punto final.
Quedaban dos hilos sueltos: el caso de Elena Quinteros y el de María Claudia García de Gelman. El primero porque había una causa abierta sobre la responsabilidad de Juan Carlos Blanco, y el segundo porque también existía una causa abierta y los restos de María Claudia no pudieron ser incluidos entre los dados como incinerados y tirados al mar.
En ambos casos actuó la segunda ecuación del sistema de impunidad. En el caso de Elena Quinteros las presiones sobre la justicia para sacar del medio al Juez Alejandro Recarey que pretendió buscar los restos de Elena en los cuarteles y llevar ante la justicia a algunos militares. En el caso de María Claudia, se lo incluyó en la ley de caducidad. Si alguna amenaza a la impunidad, provenía del exterior, con algún pedido de extradición, desde el Ejecutivo se lo abortó.
Resumiendo, ya que se trataba de ubicar restos de los desaparecidos, esa categorización entre desaparecidos en Uruguay o en el extranjero, tenía un cierto sentido practico, y expresaban la responsabilidad que estaba dispuesto a asumir el Estado uruguayo.

3. EL DECRETO DEL PODER EJECUTIVO DEL 26 DE DICIEMBRE:
En dicho Decreto, en el que además se establece el día del NUNCA MÁS, se mantiene esa división entre desaparecidos en Uruguay y fuera de él. Sobre los primeros, el Ejecutivo dice haber cumplido el artículo 4º de la ley de caducidad. Cabe preguntarse, ¿implica ello, que esos casos están todos comprendidos en la ley de caducidad? ¿Puede cumplirse un artículo de una ley (el 4º), sin aplicar la caducidad establecida como aspecto esencial de esa ley?
Si la respuesta a la primera interrogante fuera afirmativa, sin duda habría un punto final con relación a la posibilidad de actuar penalmente sobre los responsables. Y en ese caso, la existencia de la ley de caducidad, la hasta ahora negativa del Parlamento de declararla nula, obligaría al gobierno progresista a instalar la impunidad.
Al margen de que al día de hoy – con las informaciones que se disponen y que incluyen la de las propias Fuerzas Armadas-, no se sostiene esa categorización surgida de las conclusiones de la COPAZ. Solo si las obligaciones del Estado se auto limitan a la ubicación de los restos de los desaparecidos, tiene cierta lógica una categorización de esa naturaleza. Pero esa lógica, no se sostiene, si como está ampliamente documentado, el Estado terrorista no sólo secuestró y desapareció ciudadanos en el territorio uruguayo, sino que lo hizo en territorio extranjero, los traslado ilegalmente a nuestro país, y aquí los hizo ejecutó cobardemente.
Seguramente, algunos no llegaron al país, pero no puede negarse, que esos crímenes se ejecutaron con una participación activa o cómplice del Estado dictatorial.

4. NI MIOPIA, NI INGENUIDAD POLITICA
No se puede negar, que aún con esos acotamientos que produce el mantenimiento de la ley de caducidad, este gobierno ha asumido comportamientos muy distintos a los anteriores: realizo una lectura distinta de la ley de caducidad, habilitó la búsqueda de restos en unidades militares, requirió informes a las fuerzas armadas, y permitió el acceso a algunos archivos del Estado.
Pero, no dejó de aplicar la ley de caducidad. Y con ello, en forma paradójica profundizo los efectos antijurídicos que el mantenimiento de esta ley conlleva.
Los gobiernos anteriores aplicando indiscriminadamente la Ley de caducidad, consagraron la desigualdad ante la ley entre dos categorías de ciudadanos: los militares, policías o asimilados y el ciudadano común. A la hora de responder por sus actos, unos y otros, no eran como dice la Constitución, iguales ante la ley, no reconociéndose otra distinción entre ellas sino la de los talentos y las virtudes.
La forma de aplicación de la caducidad por el gobierno actual, instala una nueva distinción entre esas dos grandes categorías de ciudadanos que agrediendo aún mas el texto constitucional. Instala la desigualdad ante la ley, entre los victimarios uniformados, según dónde hayan cometido el delito; y entre las victimas según el territorio donde vivían.
La aplicación de la ley de caducidad por los gobiernos anteriores consagró la desigualdad ante la ley, entre los que podían ser pasibles de castigo, dejaba intacto y homogéneo el campo de las victimas: ninguna tenía derecho a reclamar justicia. Hoy, la ventanilla de la justicia, esta habilitada para algunas de las víctimas y para otras, no.
Si la ley de caducidad es un mamarracho jurídico, sus interpretaciones, más allá que permitan avanzar en perforar el muro de la impunidad, no están libres de ser también una suerte de desprolijidad antijurídica y política que la seriedad del Estado no debería permitir.

5. OBLIGACIONES DE LOS LEGISLADORES Y DE LOS MAGISTRADOS.
Estas “desprolijidades”, no son solo del Ejecutivo, son permitidas por quienes elaboran y quienes aplican las leyes.
Esa situación parece ser propia de las leyes de impunidad pergeñadas en los distintos países del Cono Sur. El sistema judicial primero y el legislativo de Argentina lo constataron y en razón de ello, los magistrados establecieron la inaplicabilidad de las leyes de impunidad y posteriormente el Congreso las declaró la nulas.
Esa línea de conducta no ha sido, hasta ahora la seguida en el Uruguay, y en razón de ello el ex dictador Bordaberry, fue procesado por la Jueza Graciela Gatti, por coautor de los asesinatos de varios uruguayos desaparecidos en Uruguay, pero los autores materiales de los asesinatos no lo podrán ser en razón de estar amparados por la ley de caducidad.
Por esa razón pese a la voluntad contraria del Ejecutivo, el llamado caso Gelman sigue en nuestro país bajo el manto de la caducidad.
Por esa razón, el Juez Luis Charles procesa a varios militares y policías por el caso Soba, y sin embargo en otra sede penal el caso de Alberto Mechoso, secuestrado y desparecido en el mismo operativo de Soba, es comprendido en la ley de caducidad.
Es comprensible, aunque no compartible, que los gobiernos intentes permanentemente ser los “administradores” de los derechos humanos. Pero esa administración o manejo de los derechos, no puede caer en tamañas desprolijidades que rayan en la inseguridad jurídica, y por lo tanto en el estado de derecho.
Cuando desde diversos ámbitos se cuestionaron los anuncios previos al Decreto del Poder Ejecutivo del día 26 de diciembre, en torno a la posibilidad de que el mismo apuntara a un “punto final”, sin duda no se referían exclusivamente a la investigación sobre los restos de los desaparecidos, sino fundamentalmente a lo que apuntan las leyes de punto final: la imposibilidad de castigar a los responsables.
El Decreto del 26 de diciembre, es, ¿para algunos casos y en ese último sentido, un punto final?

6. EL LIMBO JURÍDICO.

¿ Porqué el Decreto presidencial de diciembre, se fundamenta exclusivamente en el engendró antijurídico de la ley de caducidad, y omite toda referencia a la normativa internacional? ¿Se trata solo de una opción, poco feliz, o nos dice, sin decirlo, que respetara y que no respetara?
Sobre el caso de María Claudia García de Gelman que hasta en el discurso del 1º de marzo de 2005, se afirmó que no estaba comprendido en la ley de caducidad, la investigación que realizó el Poder Ejecutivo, ¿en virtud de que normas las realizó? Si lo hizo de acuerdo a las normas del derecho internacional, ¿por qué en algunos casos esas normas son de aplicación y en otras no? Si las hizo por el artículo 4º, de la ley de caducidad, ¿cambiado de opinión el Ejecutivo y admite la opinión del Fiscal Moller de que continua dentro de la ley de caducidad?
no pudo realizar en torno a él, el cumplimiento del artículo 4º reservado exclusivamente a aquellos comprendidos en la caducidad. Pero, este caso, tampoco puede ser investigado por la justicia, pues fue archivado en razón de la ley de Caducidad.
Todo parece indicar, que el Caso de María Claudia flota en un limbo jurídico, donde dos poderes del Estado, asumen criterios contradictorios y contrapuestos y donde ni la verdad ni la justicia, existen.
Solo la nulidad de la ley de caducidad, bajara del limbo jurídico en que este caso se encuentra, y restablecerá la vigencia de un auténtico Estado de derecho en nuestro país.

Raúl Olivera Alfaro
Integrante de la Secretaria de DD.HH del PIT/CNT.

EN HOMENAJE A HUGO CORES

EN HOMENAJE A HUGO CORES

“Si olvido y memoria, al decir de Borges, son como cara y ceca de una misma moneda ¿Cuál es la relación entre olvido y omisión?
El olvido es del orden del inconsciente, la omisión es racional e intencional.
Si bien el olvido no es ingenuo, menos lo es la omisión”.
(Tomado de “Docencia y Memoria”, del Sindicato Unificado de los Trabajadores de la Educación Fueguina, CETERA-CTA).

Las organizaciones gremiales de nuestro país, son algo más que la actividad que realizan en el presente. Son una construcción donde se deposita la cultura obrera, los aportes de nuestros antecesores. Por esa razón, además de la preservación de ellas - en tanto parte de nuestro patrimonio y herramienta imprescindible de lucha-, es importante no perder en la dinámica de las urgencias del momento los aportes de quienes, como José D´Elia y Hugo Cores, forman parte de nuestro mejor pasado. No es un simple ritual, el hecho de que en el pasado 1º de mayo, el PIT/CNT, los haya homenajeado.
En este espacio hoy queremos, a la vez que rendir homenaje a Hugo Cores quien fuera vicepresidente de la CNT, referirnos al tema de la memoria y los desafíos actuales. Para ello, nada más adecuado que rescatar el propio pensamiento de Cores al respecto.
La memoria, que es imprescindible para vincularnos al pasado, era para Cores un elemento que nos ponía en mejores condiciones para no perder de vista los “orígenes” de los temas del “presente”. Al respecto, cuando reflexionaba, refiriéndose por ejemplo, a los reclamos que dieron origen a la ley 18.033 , decía: “Algunos temas presentes en el debate de hoy requieren no perder de vista sus orígenes (…) tiene que ver con un aspecto de fondo del pasado de nuestra sociedad sobre el que existen opiniones encontradas (…) En este como en otros terrenos, la memoria es un campo de batalla. Se enfrentan hombres, partidos y siempre, por encima y por debajo, todopoderosas, las clases sociales”.
Para Cores, los que poseían el poder económico, el de los medios de comunicación y que controlan el aparato estatal “trazan y reproducen una visión del curso histórico”. Seguramente por eso, la iniciativa que desde el aparato estatal (Poder Ejecutivo ejercido por integrantes de la izquierda) se impulso de reparar conjuntamente a las victimas del terrorismo de Estado y a las supuestas víctimas de la “sedición”, causó tanto desconcierto en filas de la izquierda y el movimiento popular.
De esos tres elementos –poder económico, de los medios de comunicación y el aparato estatal-, se supone que el último, cambio radicalmente de manos. Por esa razón es impensable que desde el aparato estatal con su actual conformación, se sostenga una visión, que como bien lo han señalado las organizaciones defensoras de los derechos humanos, fortalece las manida “teoría de los dos demonios”.
Ese periodo que se intenta explicar a partir de esa teoría, era muy bien registrada por Cores, cuando reclamaba que en ese tema “sería importante, al menos entre nosotros, ponerse de acuerdo”.
En ese registro minucioso, Cores anotaba:”En los 60 y 70, miles de hombres y mujeres se rebelaron contra las injusticias y los despojos que los gobiernos colorados de la época imponían a los trabajadores. (...) en el principio fue la congelación salarial. Y la represión para quienes rechazaban el despojo. Los cuarteles y las cárceles se abrieron para alojar a los que protestaban contra eso. Así ingresaron la policía y el ejército, con un rol bien preciso, en la dinámica de las luchas sociales. Y lo hicieron, durante decenios, para volcar la balanza a favor de los empresarios, de los banqueros y de los estancieros. En defensa del orden. Del orden conservador, claro”.
Cores preguntaba y respondía: “¿Cómo fueron presentados por el Estado los luchadores sociales y políticos de la década del 60 y 70? ¿Cómo se formuló por parte del Estado el ingreso de las Fuerzas Armadas a posiciones de gobierno antes y después del golpe de Estado?”.
Entre 1972 y marzo de 1985 desde el Estado se sostuvo que en Uruguay no existían lo presos políticos. Había sí delincuentes subversivos. Se prohibió a texto expreso llamarlos de otra manera que no fuera esa. Cerraban una emisora o clausuraban un diario si se los nombraba usando otras palabras.
Los obreros y los sindicalistas, los luchadores de las organizaciones guerrilleras, esos subversivos eran, para el Estado, agentes de una conspiración mundial con centro en Moscú y La Habana; se proponían construir un Imperio Rojo. “El Planisferio Rojo” publicado por El País fue la expresión gráfica más espectacular de estos postulados. (…) Las fuerzas defensoras del orden conservador, eran, como expresamente lo dicen los textos de la Junta de Comandantes, “el último bastión de defensa de la patria ante la agresión externa”. Habían salido de los cuarteles para salvar al país. (…) Para ese pensamiento, los hombres y mujeres que estuvieron presos, lejos de ser víctimas de la represión del terrorismo de Estado, son “enemigos” a los que se derrotó, sobrevivientes de una agresión a la patria oportunamente conjurada por la acción sacrificada de las Fuerzas Armadas”.
Cores en esas reflexiones de pocos meses antes de su muerte, pronosticaba que “con el advenimiento del gobierno popular retoma vigencia la cuestión de la reparación a las víctimas de la dictadura”, y al referirse a ella decía que “debe ser completa y empieza por el restablecimiento de la verdad”.
Si como Hugo Cores analizaba, la realidad en la que se encontraba el gobierno progresista era “el resultado de una hermética política a favor de la impunidad llevada adelante durante más de veinte años por blancos y colorados”, no se entiende que el Uruguay siga “postergando su actualización en relación a la vigencia en el país de los Tratados Internacionales” y para ello declare la nulidad de la ley de caducidad. Menos puede entenderse aún, que se propicien iniciativas que extienden el ocultamiento de la verdad, al contexto histórico en que se cometieron tantas violaciones a los derechos humanos.
Para finalizar estas reflexiones sobre algunos problemas del presente, rescatando –como homenaje-, el pensamiento de Hugo Cores, trascribimos esto: “Una comunidad desinformada acerca de su pasado inmediato no está en condiciones de tomar el presente en sus manos. Actúa por inercia o por las órdenes de jefes, tecnócratas o profetas, amplificados de acuerdo a la voluntad de los medios de comunicación que reproducen siempre el poder de unos pocos. Conocer el pasado libera, provee de herramientas racionales con las que, asumiendo la realidad de lo pasado, enfrentar lo porvenir”.
En esa tarea, es imprescindible poner todos nuestros esfuerzos y desvelos.

Raúl Olivera Alfaro.
Integrante de la Secretaria de DD.HH y Políticas Sociales del PIT/CNT.
Artículo publicado en la revista de AFCASMU “Internos”.

1986-22 de diciembre-2006. A 20 AÑOS DE LA INSTALACION DE LA IMPUNIDAD EN EL URUGUAY.

El pasado 21 de noviembre, un conjunto de ciudadanos llamaron a la constitución de una Coordinadora Nacional por la anulación de la ley de caducidad.

Desde aquel 22 de diciembre de hace 20 años, el Poder Ejecutivo de los gobiernos blancos y colorados se pararon ante la puerta de los tribunales de justicia, impidiendo que el reclamo del derecho a la justicia se hiciera efectivo.
Los cambios que instalaron en el país los ciudadanos el pasado octubre de 2004, hicieron posible lo único que puede hacer un gobierno sin violentar el derecho interno vigente: permitir a partir de una aplicación no arbitraria ni antojadiza de la ley de caducidad que los ciudadanos pudieran presentarse ante los magistrados reclamando justicia.
Sin embargo ese avance sustancial que se produjo con relación a las gravísimas violaciones a los derechos humanos cometidas por la dictadura cívico-militar, no garantiza la vigencia del precepto democrático fundamental de que todos debemos ser iguales ante la ley.
Algunos de los responsables de los asesinatos de Michelini, Gitierrez Ruiz, Barredo y Withelau, pudieron ser enjuiciados, pero los responsables del asesinato de Hugo de los Santos, no.
Algunos de los responsables de la desaparición de Adalberto Soba, pudieron ser enjuiciados, pero los responsables de la desaparición de Gerardo Gatti y otros desaparecidos en Argentina, no.
Alguno co autor de la desaparición de Elena Quinteros pudo ser enjuiciado, pero los autores materiales del secuestro, no.
Pese a que el Poder Ejecutivo actual, no es el perro guardián de la impunidad instalado a las puertas de los tribunales, los ciudadanos que acuden a los juzgados no tienen la seguridad jurídica de que sus derechos serán atendidos. Ese triste y lamentable suerte para sus familiares y para la sociedad uruguaya, es la que sufrió el caso de María Claudia García del Gelman.

El mantenimiento en nuestro ordenamiento jurídico interno de una norma como la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado, no solo expone al país ante la comunidad internacional. También obliga al gobierno progresista a sujetarse a esa ley y trasladar esa desigualdad ante la ley, a las victimas.

No es este el modelo de convivencia social que las generaciones actuales reclaman con plena vigencia de los derechos humanos, sin miedos, sin impunidad y sin obstáculos para juzgar a quienes amparados en el poder de la dictadura, cometieron las más crueles violaciones de los derechos humanos.
A 20 años de instalada la impunidad, llamamos a los ciudadanos a suscribir el llamamiento de constitución de la Coordinadora Nacional por la anulación de la ley de caducidad y a sumarse a las actividades que conduzcan a ese fin.
Para ello, el 22 de diciembre se instalaran cientos de mesas en todo el pais, para que se adhieran a la misma.

UN TIEMPO DE MEMORIA

EN MEMORIA DE HUGO CORES.
Articulo firmado por Raul Olivera y Sara Néndez, publicado en Brecha del 8/12/06

El miércoles cuando terminaba el día, se termino un tiempo. No el de Hugo, aunque es cierto que culminó su presencia física entre nosotros- si, un tiempo de la memoria.
Hugo debió ser el portador durante sus últimos 30 años de vida, con una parte importante de nuestra memoria. También debió cargar con la responsabilidad de que una parte de esa memoria, fuera una memoria organizada y combatiente.
Era hasta esa noche, el único sobreviviente de la primera dirección del Partido por la Victoria del Pueblo, por eso con él se fue un tiempo de la memoria. También nos secuestraron un tiempo de la memoria, con Gerardo, con León, con Alberto. Mauricio, al igual que Hugo anoche, se le paró el corazón en una calle de Montevideo y otro tiempo de la memoria se fue con él
La memoria puede ser para las personas, una pesada e insoportable carga. Para las personas que optan por organizarse para la acción política, es un insumo insustituible. Tanto para fortalecer los lazos personales con los compañeros de lucha, como para no olvidar de donde venimos y hacia donde nos propusimos ir.
Quizás, nunca tengamos la capacidad de sopesar la carga que significó a él, tener que ser desde su exilio obligado en Europa un testigo impotente del genocidio, la tortura, el robo de sus hijos y la cárcel de sus más entrañables compañeros. Y también con los naufragios personales del exilio de los sobrevivientes, rearmarse para seguir la lucha.
Hugo era un polemista, un discutidor, con una profundidad y una sabiduría que iba enseñando. Sabía ser filoso en sus razonamientos, sin herir más que lo que era su preocupación fundamental: las ideas que guían la acción política. Sus razonamientos, no descartaban, un fino humor.
Supo representar en su persona y en sus opiniones una corriente de la izquierda. Esa no es una tarea fácil. Sobre sus editoriales o las contratapas de los lunes en La república; sobre sus discursos encendidos y hasta sus libros, solía consultar a sus compañeros. Sabía prestar especial atención a las críticas de sus adversarios políticos.
Dije y me corrijo, que sus discursos eran encendidos. Era un orador de barricada, de esos que soplan la llama ya encendida de sus oyentes. No buscaba la llama, sino la braza, más perdurable.
Fue uno de los primeros objetivos de la patota de represores uruguayos que actuaron en Argentina. Fue uno de los artífices de la denuncia a la dictadura, del trabajo en el exilio que evitó la tentación de “desensillar hasta que aclare”.
Luego de su obligado exilio en Paris, se fue acercando a la región radicándose en Brasil. Donde nuevamente la patota de represores uruguayos lo intenta secuestrar en 1978.
En 1984, fue uno de los impulsores del habeas corpus colectivo presentado por todos desaparecidos uruguayos en la Argentina, en el que se documenta y fundamenta la coordinación represiva en ambas márgenes del Plata.
Ya en Uruguay, en una oportunidad atentaron contra su vida, poniéndole una bomba en su auto.
Fue diputado y cuando debió hacerlo, renunció a su banca. Supo poner su prestigio y su batallador discurso, para que un Congreso del Frente Amplio se volcara a extender sus políticas de alianzas en el marco del Encuentro Progresista.
Su compromiso con la verdad y la justicia, lo encontró en esa última reunión del Secretariado del PVP, preocupado por la marcha de la nueva causa que se presentaría reclamando verdad y justicia para Gustavo y Nelson, los compañeros desaparecidos en 1977, en Paraguay. Y porque lenta pero inexorablemente se terminara con la impunidad en el país.
Conocí y milite junto a él, hace casi 40 años. Lo conocí buscando empecinadamente la justicia, cuando éramos simples, puros, rigurosos. El tiempo y sus cambios convirtieron la simpleza en complejidad, la pureza en complicidad y el rigor en un abanico inabarcable de matices. En ese mundo Hugo siguió buscando la justicia, porque siguió siendo simple, puro y riguroso.
Se termino, es cierto, un tiempo de la memoria. Habrá que encontrar nuevos hilos, que en el viejo telar del socialismo y la libertad, se mezclen con la vieja e indestructible urdimbre de nuestro pasado. Que así, sea.

Raúl Olivera – Sara Méndez