Las leyes de juego de los desafios democráticos

Publicado noviembre 2007 en Trabajo y Utopia

Los desafíos democráticos de una sociedad, siempre concluyen produciendo avances en la comprensión ciudadana sobre los temas en debate. Luchar contra la dictadura, para el pueblo uruguayo, significo un grado de compromiso aun mayor con la democracia, que aquel que estuvo planteado en los orígenes del autoritarismo con los desbordes del pachequismo.
Esto es así, tanto porque resolver esos desafíos implica desarrollar esfuerzos cívicos que para que sean efectivos deben contar con un arsenal de razones para ponerlos en acción, como por la confrontación de ideas que se ponen en el debate.
Por otra parte, importa de sobremanera, el escenario en que ese desafió se juega.
Con el desafió democrático que se plantea la Coordinadora por la Nulidad de la Ley de Caducidad, ocurre eso.
Es más, aun con el resultado adverso del desafió del voto verde, también ocurrió que de esa lucha, de esos debates ninguno que haya participado, salió igual a como entro.
Es bueno reconocer, que las expectativas desmedidas que se tenía en torno al resultado de aquel desafío tan desigual, produjo en el movimiento popular efectos negativos inmediatos importantes. Pero pasados esos efectos, la recomposición del movimiento popular se realizó desde bases más firmes. No entenderlo así, implicaría dejar sin una de sus explicación los avances que las ideas del cambio tuvieron en el Uruguay, y más aun los avances en la lucha por la verdad y la justicia que se han operado, desde aquella derrota de 1989 y este 2007 donde connotados represores están procesados y numerosas causas están abiertas.
Decíamos mas arriba que importaba de sobremanera, el escenario donde trascurren las luchas democráticas. En este caso de la lucha que empieza a desarrollarse con fuerza a lo ancho y largo del país, el escenario tiene límites muy precisos. Sin embargo, hay algunos aspectos que deberían resaltarse.
También es cierto que ese escenario, tiene una complejidad adicional: una de las resistencias parece, al menos por ahora, estar ubicada a nivel del gobierno ejercido por fuerzas históricamente comprometidas con la profundización de la democracia..
Gobierno que cuenta con fuerza institucional para resolver la situación, ya que cuenta con los votos suficientes para transitar cualquiera de los caminos posibles para terminar con la impunidad. Ya sea anulando la ley de caducidad por iniciativa parlamentaria, o poniendo sin restricciones su voluntad política para que sea el soberano, quien lo resuelva en última instancia.
Dentro de los aspectos, que creemos que deberían resaltarse en el escenario de esta lucha, hay uno que no es menor.
No es cierto que exista a nivel programático, una definición de la fuerza en el gobierno, que lo obligue a trabajar para mantener la ley de caducidad. Es cierto, que no alcanzaron los votos en el Congreso Héctor Rodríguez para establecer que la adecuación de nuestro ordenamiento legal interno con los compromisos internacionales asumidos por el Estado uruguayo, se hiciera con la anulación de la citada norma. Pero tampoco alcanzaron los votos reglamentarios, por la negativa.
Es bueno recordar, que finalmente este tema se laudo con una amplísima mayoría, reafirmando no solo que la impunidad constituía una traba para la vida democrática, sino que maniataba al futuro gobierno a HACER REALIDAD LA ADECUACIÓN DE NUESTRO ORDENAMIENTO LEGAL A LOS MANDATOS DE LA LEGISLACIÓN INTERNACIONAL.
Pero supongamos que la fuerza política que hoy es gobierno, hubiera sido mandatada por su Congreso, a mantener la ley de caducidad. ¿Qué pasaría?
Existiría un gobierno con una voluntad política contraria a una obligación que ya no es del gobierno, sino del Estado.
Cuando en el Uruguay, alguien comete un asesinato, el Estado a través de uno de sus Poderes, actúa y persigue a los autores de ese delito. Eso lo hace, independientemente que algún familiar del asesinado, reclame el castigo para el autor. Esto es así, porque investigar, hallar el culpable, juzgarlo y castigarlo, es una obligación del Estado. Tan es así, que en caso de delitos de ese tipo, la acusación corre por cuenta del representante del Estado (el fiscal). Es el Estado el que asume la capacidad punitiva de la conducta delictiva.
Sin embargo, hay asesinatos y delitos más graves que ese, como la desaparición, en la que el Estado no sólo no actúa amparado en la ley de caducidad, sino que tampoco en aquellos que no están incluidos en la caducidad de la Ley 15.848, actúa con la obligación que como Estado tiene de hacer actuar en todos los casos a la Justicia.
El Estado, espera a que algún familiar se presente ante los estrados judiciales, cuando por la índole de los delitos de que se trata, debería de ser él quien se constituyera en parte querellante mediante los Fiscales que están bajo su dependencia. Por esa razón no todos los casos que de acuerdo a la interpretación que de la caducidad realiza este gobierno, no están amparados por la caducidad, son investigados.
Este escenario donde hoy se desarrolla esta batalla para librar al Gobierno de la atadura que le impusieron la aprobación de la ley de caducidad, pasa por dejar claro que no se puede confundir las definiciones de una fuerza política, con las obligaciones que tiene el Estado.
Aceptar esa confusión de roles, conduce a cosas muy graves. Puede conducir, que dentro de tres años en caso de producirse un cambio de la fuerza que detenta el gobierno, ese nuevo gobierno de marcha atrás – porqué así se lo establezcan los organismos de esa fuerza política-,en algunas determinaciones que con relación a los hechos del pasado se tomaron. Y por ejemplo, los casos que permitieron la gran mayoría de los procesamientos de militares y policías, vuelva a estar dentro de la ley de caducidad, y que por esa razón los hoy procesados deban volver a estar libres.
Resumiendo una fuerza política, tiene la soberanía de votar como norte de sus conductas futuras, lo que quiera, siempre y cuando, esas resoluciones no vayan contra las obligaciones que tiene el Estado, independientemente de quien este al frente del gobierno.
Establecer la verdad sobre los crímenes de la dictadura y castigar a todos sus responsables, es una obligación del Estado uruguayo. Y no es un problema de mayor o menor voluntad política de quien coyunturalmente ejerza el gobierno.
Las condenas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA y de las Naciones Unidas, relacionadas a la ley de caducidad, son al Estado uruguayo.
Si la fuerza en el gobierno, no recorre el camino de anular la ley de caducidad, el voto de los uruguayos, tendrá dos logros: terminar con la impunidad y librar de la incongruencia a una fuerza política que confunde – si existiera- la definición de una fuerza política con una obligación del Estado. Que por otra parte, es irrenunciable.
De ahí, que también debe descartarse de plano, cualquier intención de atribuir esta campaña, como parte de una lucha contra el gobierno. Todo lo contrario.

PARA QUE LA IMPUNIDAD NO SEA MAS PATRIMONIO DE LOS URUGUAYOS

Publicado en Semanario "AREQUITA" de Minas Nº 518 del 5/10/07

En nuestro país es ya una costumbre celebrar anualmente en el mes de octubre el Día del Patrimonio. Si bien, como muchas cosas, esta costumbre se adoptó imitando a otros países, los valores nacionales que se intenta difundir son propiamente nuestros, más allá de ciertas similitudes que guarden con otros patrimonios culturales de otros países. A modo de ejemplo, cuando dentro de ese patrimonio se incluye al Tango, ese bien cultural es compartido por nuestros hermanos argentinos.
En ese día, por ejemplo, todos los edificios gubernamentales, museos, instituciones educativas, iglesias, edificios y hasta casas particulares, que tengan interés histórico o arquitectónico están abiertos al público. Esto es así, porque en sus comienzos el énfasis estaba puesto en el patrimonio arquitectónico del país. Con el transcurrir del tiempo se comenzó a ampliar lo que se consideraba como el patrimonio de los uruguayos y por lo tanto se amplió a todo aquello que se valora como integrante de una suerte de herencia que nos dejan nuestros antepasados. De esa manera, hace dos años se dedico el día del patrimonio a Don Carlos Solé, el relator de fútbol que nos dejó de herencia en el paisaje sonoro uruguayo el relato del gol que enmudeció el Estadio de Maracaná en 1950.
Cada año el Día del Patrimonio tiene un tema central de celebración y difusión patrimonial, y junto a él se instalan también otros temas de celebración patrimonial. El año pasado se organizo una suerte de homenaje a las tortas fritas, y a las murgas como uno de los ritmos tradicionales de nuestro Carnaval.
De una manera u otra desde que en 1995 se empezó a celebrar esa fecha, su popularidad se ha acrecentado de manera tal que miles de uruguayos –y aún extranjeros-, visitan, escuchan, miran y recuerdan esas herencias arquitectónicas, musicales y culturales. Herencias que por ser dignas de perdurar en el tiempo, la sociedad no sólo se preocupa por mantenerlas, sino que también se preocupa por darlas a conocer a las generaciones futuras.
Este año, por ejemplo Rosa Luna, Martha Guiarte y Lágrima Ríos serán homenajeadas, destacando los aportes de la raza negra a la cultura del Uruguay y en la conformación nacional, la independencia, la cultura y la identidad del Uruguay.
Desde que existe la escritura, los seres humanos se han preocupado por registrar historias, vivencias o productos de su imaginación. Sin embargo, no toda la producción literaria del hombre y la mujer, ha merecido que perdurara. Lo mismo sucede con otras expresiones del arte, del conocimiento o de la técnica.
Es decir que la humanidad, el hombre elige, determina aquellas cosas que ha hecho, para que perduren, para que sean la herencia que dejan a las generaciones futuras. A nadie se le ocurriría, salvo que se trate de la herencia maldita, integrar a nuestro patrimonio el artículo de la Constitución de 1830 que no prohibía la pena de muerte o aquel que excluía a la mujer del derecho a la ciudadanía y la suspendía al tratarse de sirviente a sueldo o peón jornalero.
Algo parecido sucede con la impunidad consagrada por la Ley de caducidad. El patrimonio, la herencia que le dejamos a las generaciones futuras, si no libramos a nuestro ordenamiento legal interno de esta norma nefasta e inconstitucional, será una cultura de impunidad.
¿Que opción ha hecho el Estado uruguayo en sus diversos poderes con relación a nuestro pasado reciente?
No incorporó al patrimonio histórico la versión de la dictadura registrada en el libro “La subversión. Las Fuerzas Armadas al Pueblo Oriental” publicado por la Junta de Comandantes en Jefe en 1977, en la que sostenía que las denuncias internacionales sobre la coordinación represiva que se realizaban contra la dictadura era “una información no siempre veraz y, en ocasiones, decididamente falsa. Y que por ello en dicho libro pretendían “mostrar desnuda toda la verdad, para la real apreciación de los hechos”, a través de “la sacrificada labor cumplida por las Fuerzas Armados, Ejército. Fuerza Aérea y Armada, juntamente con los servicios de Policía, en una lucha sin tregua para erradicar la subversión del suelo de la República”. Según las Fuerzas Armadas“Construido con material irrecusable, este libro constituye una exploración sistemática y paciente del morboso clima de violencia desatado por minúsculos grupos de irascibles, fracasados y resentidos, sin base popular ni apoyo de opinión, en el desesperado intento, fomentado desde afuera, de cuestionar el orden y la legalidad en un auténtico Estado democrático, que pacientemente elaboró su propio progreso y cultura y esforzadamente procuró perfeccionarlos”.
Sí incorporó la visión del Poder Judicial que al referirse a ese pasado reciente ha establecido que integrantes de las Fuerzas Armadas procesados por el Juez Luis Charles: “en el referido marco de conexión entre las fuerzas represivas de ambos países, viajaban constantemente a la República Argentina, intercambiaban información, interrogaban con apremios psico-físicos, efectuaban detenciones y traslados clandestinos (…) Los interrogatorios se realizaban con los detenidos vendados, -aunque ocasionalmente se identificaban o les quitaban las capuchas- sometiéndolos a diversos apremios psico-físicos, tales como colgamientos, picana eléctrica, submarino, golpes, entre otros, que denigraban en su condición de personas”.
También incorporó de la Comisión Para la Paz la “convicción plena acerca de las graves violaciones a los derechos humanos perpetradas durante el régimen de facto. Desde la tortura, la detención ilegítima en centros clandestinos, hasta llegar a los casos más graves de desaparición forzada, se constata la actuación de agentes estatales que, en el ejercicio de su función obraron al margen de la ley y empleando métodos represivos ilegales. La Comisión se permite subrayar, por último, que nadie está habilitado o autorizado, en ninguna circunstancia, a violar o desconocer los derechos humanos fundados en la propia existencia y dignidad de la persona”.
Ahora bien, si existe esa distancia entre como se pensaba la dictadura y como la concibe el Estado y la ciudadanía, ¿por qué la impunidad se mantiene como el patrimonio heredado de la presión militar, el miedo y la mentira?
Porque hasta hoy la sociedad no había tomado la iniciativa de que lo que corresponde es declararla nula con un efecto General para que quede claro que ha sido removida del ordenamiento jurídico y no deje ningún rastro. Para que esa norma deje de ir contra normas de Derecho Internacional inderogables, que prohíben que se dicten normas internas en los países que impidan el juzgamiento de hechos que pudieran ser calificados como crímenes de lesa humanidad. Para que el Uruguay deje de estar en falta frente a la Convención Interamericana de Derechos Humanos que estableció que la ley de caducidad es dictada contra normas que obligan al juzgamiento de crímenes de lesa humanidad. Además la ley de caducidad es manifiestamente inconstitucional, porque reconoce como fuente de la caducidad a la presión militar. Y la presión militar no puede ser fuente de derecho y menos aún incorporar a nuestro patrimonio esta herencia de la debemos avergonzarnos frente a nosotros y a las generaciones nuevas que la han heredado como “peludo de regalo”.
Por eso la impunidad no debe ser más patrimonio de los uruguayos. Para ello la sociedad uruguaya tiene pleno derecho a exigirles a sus representantes que ejerzan el control de legitimidad sobre la Ley y la declaren nula con alcance General y si ello no es posible la voluntad ejercida directamente por la ciudadanía, lo hará.

UN NUEVO ESCENARIO DE LUCHA POR LOS DERECHOS HUMANOS.

Publicado en Trabajo y Utopía Nº 71 agosto 2007

La instalación en el país al frente de gobiernos municipales en varios Departamentos del interior del país, de una fuerza política ligada históricamente a las luchas del movimiento sindical, es un dato nuevo de la realidad política del país. Ha ello se suma, la experiencia que ya se vivía en Montevideo, desde hace muchos años.
Escenario político que también cuenta con otro elemento muy importante: que esa nueva fuerza política además detenta el gobierno nacional con mayorías parlamentarios suficientes para transformar en leyes muchas de sus históricas banderas.
Se trata de un escenario, que presenta sus complejidades, ya sea a partir del relacionamiento de esas administraciones con sus trabajadores en particular y con las reivindicaciones del movimiento sindical en general.
El "BORRADOR ANTEPROYECTO DE LEY DE DESENTRALIZACION LOCAL”, puesto a consideración recientemente por el Poder Ejecutivo, plantea un gran desafió para las organizaciones políticas y sociales, en las que el movimiento sindical no puede estar ajeno. Es más, seria saludable para que ese proceso de transferencia de poder implícito en una descentralización de signo progresista, contar con el involucramiento de una fuerza social con la fortaleza y la independencia frente a los partidos políticos y el Estado, como la que ha mantenido el movimiento sindical.
Un proyecto de ley que establece que son principios cardinales del sistema de descentralización local la participación de los ciudadanos en la administración y el acercamiento de los ciudadanos a la gestión del Estado, pone en el escenario anteriormente descrito una herramienta de participación de carácter sustantivo en la que los trabajadores deberíamos jugar un papel relevante. Sobre todo si esa participación del ciudadano tiene las atribuciones de “cumplir y hacer cumplir la Constitución, las leyes” y “velar por el respeto de los derechos y garantías fundamentales de los habitantes”.
Un artículo publicado recientemente por Roberto Bissio bajo el titulo “EL DERECHO HUMANO A NO SER POBRE”, expresa que “Si en algo ha avanzado el mundo desde el fin de la Guerra Fría en 1989 ha sido, sin duda, en el respeto a los Derechos Humanos (así con mayúscula) y en el fortalecimiento de los mecanismos para hacerlos efectivos. Mientras tanto en el mundo real cada tres segundos muere un niño por causas vinculadas a la pobreza”. El artículo expresa que a pesar de que esas muertes que se podrían evitar eran un acto criminal, ese crimen no ha tenido jamás criminales identificables a los que se pueda llevar al banquillo de los acusados. Ante esa situación y la necesidad de defender el derecho a la vida de los pobres, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en un documento titulado “POBREZA EXTREMA Y DERECHOS HUMANOS: LOS DERECHOS DE LOS POBRES”, incluyó algunos principios rectores concretos para que los derechos humanos también lleguen a los pobres, incluyendo en algunas circunstancias el reclamo de castigo a los culpables. Dicho documento define a la pobreza no como falta de dinero sino como “una condición humana que se caracteriza por la privación continua o crónica de los recursos, la capacidad, las opciones, la seguridad y el poder necesarios para disfrutar de un nivel de vida adecuado y de otros derechos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales”.
De ahí que ese proyecto de descentralización, en tanto transferencia de poder a los ciudadanos, puede ser un a eficaz herramienta para materializar los derechos tantas veces estafados a los ciudadanos y terminar con esa otra esfera de la impunidad. Para ello es fundamental la participación y la organización de la gente.
Es en ese aspecto, el de la participación, donde los trabajadores que tienen una cultura de la organización pueden jugar un importante papel. Ya sea como trabajadores municipales, o como una de las más importantes –y a veces única-, forma de organización de sectores populares existente en el interior del país.
Sabido es, las dificultades que atraviesan al tejido social para el desarrollo de formas organizativas permanentes, cuando ellas deben desarrollarse en espacios sociales donde no existen o son muy incipientes las formas de participación ciudadana.
La participación es una actitud militante, al menos cuando esta es una herramienta para los cambios profundos en la sociedad.
Deberemos entonces, reflexionar sobre la crisis de militancia y adoptar las medidas posibles para contribuir a resolverla. Hay algunos aspectos o causas que responden a un fenómeno general en el mundo y otros que tienen que ver con circunstancias nacionales.
Mucha gente esta aun sufriendo las consecuencias por la forma en que se resolvió la transición de la dictadura a la democracia y los resultados que ella dejo. El mantenimiento por parte de la primera administración de Sanguinetti de la misma política económica de la dictadura y los reveses de las luchas de muchos gremios, mataron la esperanza de que con la recuperación de la democracia se solucionarían las condiciones de vida de la población.
Por otra parte las políticas de ajuste que hasta no hace mucho tiempo se aplicaron en el país, produjo sin ninguna duda efectos sociales profundos que se sumaron a los efectos de los años de dictadura. El desmantelamiento de gran parte de la industria llevo a que muchísimos trabajadores se transformaran en “cuentapropistas”, vendedores ambulantes o emigraran al exterior. El desempleo debilitó a muchos gremios.
Por otro lado también se produjo un debilitamiento de la pequeña burguesía, donde una parte de ella abandono su vínculo con la clase obrera.
Todos esos elementos incentivaron el individualismo y las dificultades para la conformación de formas de trabajo colectivo y el debilitamiento de la participación como motor de un movimiento transformador.
Revertir esa situación transformar la apatía, el escepticismo, la salida individual en entusiasmo militante es el desafió actual, que también es puesto a partir de los procesos de Descentralización. Si no somos capaces de construir esa materia prima de la participación, no serán posibles las transformaciones de fondo de nuestra sociedad.
Muchos de los militantes tienen doble empleo y militar se hace a costa de un gran sacrificio personal. Por eso es fundamental generar una conciencia que los procesos de cambio suponen un momento de anudamiento y de ruptura en los que es necesario ejercer la fuerza del pueblo organizado. Ese es un gigantesco esfuerzo que se desarrolla en las formas de defender los derechos, en el desarrollo de una cultura de la participación que permita afianzar los lazos de integración social, de politización de la sociedad.
Contribuir a salir de un proyecto de sociedad excluyente y fragmentada a una sociedad incluyente, es el desafió de la etapa. Terminar con un modelo que reposa en el silencio de la sociedad civil, y construir un modelo con justicia social, solo es posible con actores sociales fuertes. Desafió que implica entretejer diferentes redes de relaciones y lógicas de acción colectiva en un contexto donde la lógica del mercado ha producido una profunda desorganización de la sociedad. Desafió de elaborar e implementar acciones para el conjunto de la comunidad, desde estas nuevas esferas de la acción de los gobiernos locales con la más amplia participación ciudadana en la que se desarrollen la capacidad de las políticas institucionales, para organizar a la sociedad e integrarlas.
Los sindicatos han sido y son portadores de un proyecto político-cultural y en ese marco históricamente han interactuado con otros sectores de la sociedad influyendo en ellos y contribuir al reforzamiento del tejido social como espacio democrático y participativo.
Con relación a los problemas y los desafíos que están implícitos en la reivindicación programática sobre la Descentralización y la Participación, impulsado por el gobierno, el movimiento sindical debe contribuir a enriquecer la reflexión teórica sobre este aspecto.
La política que deberá desarrollar el movimiento sindical en clave de defensor de los derechos de la gente debe ser para impulsar un proceso de participación no para gestionar los factores existentes sino para cambiarlos. Nuestra militancia no debe consistir en adaptarnos a las determinaciones de una realidad que en torno a la Participación nos es la más favorable. Debemos trabajar para cambiar ese escenario.

Raúl Olivera
Integrante de la Secretaria de Derechos Humanos y Políticas Sociales

EL PAPEL DEL GOBIERNO BLANCO, ES PARTE DE LA VERDAD HISTORICA

La reciente publicación por parte del Poder Ejecutivo de lo que se ha denominado “LA INVESTIGACIÓN HISTÓRICA SOBRE DETENIDOS DESAPARECIDOS, EN CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 4º DE LA LEY Nº 15.848”, merece sin lugar a dudas, luego de leer sus voluminosos tomos, muchos comentarios. Este es uno de ellos, aunque no se refiera estrictamente a su contenido.
Realizarlo implicara que nos pongamos fuera de la ley y nos arriesguemos a sufrir multas y prisión. Decimos esto, porque el autor y el editor nos amenazan y nos prohíben en sus primeras páginas a realizar “toda reproducción, trascripción total o parcial” del contenido de la investigación so pena de “incurrir en el delito previsto en el artículo 46 de la ley 9.739 “.
Resulta insólito que una investigación, que dice ser en cumplimiento de la ley 15.848, tenga estas restricciones que en nada contribuyen al logro de los objetivos a los que dice estar destinada. Siempre pensamos que un trabajo, que sin busca, entre otras cosas, ser el fiel de la balanza frente a la versión de la dictadura contenida en los dos tomos de “URUGUAY: LA SUBVERSION. LAS FUERZAS ARMADAS AL PUEBLO ORIENTAL”, tendría un uso menos restringido.
Por otra parte, lo que manda el artículo 4º de la ley de caducidad, es una investigación administrativa y por tanto, su resultado es un documento público que no tiene más restricciones que su adulteración. Es cierto que este trabajo, no se rigió por la norma que regula las investigaciones administrativas, más allá que se lo ponga en cumplimiento del mismo. Esto se explica, seguramente, por la pleitesía que se le sigue rindiendo a la ley de caducidad en cada uno de los actos que con relación a nuestro pasado reciente.
Pero nuestra intención no era referirnos en extenso al contenido del trabajo de los distinguidos historiadores, que en lo conceptual es ampliamente rescatable. Y que por esa razón nos preocupa las restricciones a que nos referíamos al comienzo. Restricciones, que por supuesto no respetaremos.
De ahí que nuestro delito será hoy menor, ya que solo trascribiremos algunos partes del mensaje del Presidente de la República que encabeza el trabajo.
Dice el Presidente Vázquez que la investigación “…reafirma el valor y la dignidad de quienes sobreponiéndose al terror y al dolor de aquellas circunstancias, buscaron a sus seres queridos desaparecidos, reivindicando la vigencia de los derechos humanos y lucharon junto a muchos otros por la recuperación de la democracia”. Y Continua “Denota el compromiso ético y la responsabilidad ciudadana de un amplio arco de personas e instituciones que una vez reestablecida la democracia no se resignaron a esa suerte de agnosticismo cívico del “no se puede” o “no vale la pena”, sino que continuaron o emprendieron acciones concretas a favor de la verdad y la justicia”.
Luego al referirse a ese arco de personas e instituciones que emprendieron acciones concretas a favor de la verdad y la justicia, incluye a quienes efectivamente hicieron y hacen eso, y también a los partidos políticos y las fuerzas armadas. Sobre estas últimas, los hechos establecen claramente el papel nefasto que han cumplido hasta hoy, donde existen más de 200 desaparecidos y aun no han admitido ni clarificado la existencia de traslados clandestinos seguidos de ejecución de decenas de ciudadanos uruguayos.
Sobre los segundos, los partidos políticos, no puede realizarse una invocación tan genérica. Amén de aquellos que juntaron sus votos para la aprobación de la ley de caducidad, esta muy claro el papel que cumplieron los gobiernos colorados, del primero al último.
Pero el partido nacional, además de desmarcarse del proceso de la transición por su ausencia en el pacto del Club Naval, sigue sosteniendo que durante su administración no existieron denuncias, y que de haberlas habido, hubieran cumplido con lo que establece el artículo 4º de la ley de caducidad. Nada más falso.
Hagamos un poco de historia. A la salida de la dictadura el entonces diputado de la IDI Nelson Lorenzo Rovira denuncia ante la justicia penal a funcionarios policiales por la desaparición de Elena Quinteros . En el curso del año 1987, el gobierno de Sanguinetti en cumplimiento del artículo 4º de la ley de caducidad, establece que “hechas las averiguaciones” en “sus registros no existen antecedentes con respecto a los hechos denunciados” .
Tres años después, el 25 de junio de 1990 ante Juan Andrés Ramírez Ministro del Interior del gobierno del Dr. Lacalle, Nelson Lorenzo Rovira reclama “el efectivo cumplimiento de lo ordenado por el Poder Ejecutivo…en función (…) de que el Poder Ejecutivo, atento a lo establecido en el artículo 4º de la ley 15.848, dispuso (…) que los servicios a cargo del Ministerio del Interior investigaran lo denunciado…”.
Luego de denunciar que habiendo dispuesto el Presidente Sanguinetti el 3 de noviembre de 1987 que el Ministerio del Interior lo notificara de las conclusiones a que se habían arribado en cumplimiento del artículo 4º, recién 31 meses después eso se cumplió, Lorenzo Rovira reclama que “Se sirva disponer el efectivo cumplimiento de lo ordenado por el Poder Ejecutivo el 4 de agosto de 1987, conforme artículo 4º de la ley 15.848…” .
Un día después ante el Propio Presidente Lacalle y su Ministro de Relaciones Exteriores , Lorenzo Rovira además de reclamar lo mismo que ante el Ministerio del Interior, solicita a la luz del resultado de la Investigación realizada por la Dra. María del Lujan Flores de Sapriza , la ampliación de la investigación en la orbita del Ministerio de Defensa.
El 17 de julio de 1990 aconsejado por sus asesores jurídicos dispone que “…ya cumplió con la disposición de la instrucción de las investigaciones correspondientes” por lo que “…no correspondería proceder a efectuar una ampliación de las investigaciones practicadas ni tampoco disponer nuevas” .
De esta manera, el gobierno blanco se sumó a la política de impunidad que llevó su antecesor Sanguinetti y continuaron los posteriores del partido colorado.
Esta igualación entre las conductas de los distintos partidos que tuvieron responsabilidad a nivel de asumir las responsabilidades del Estado, es igualmente nefasta como la igualación de victimas y victimarios.

Raul Olivera Alfaro.
Integrante de la Secretaria de DD.HH y Políticas Sociales del PIT/CNT.

El verdadero nunca más.

(Artículo publicado en el Organo de difusión interna
del PIT/CNT “Trabajo y Utopía Nº 69 junio del 2007)

Luego del discurso del Comandante en Jefe del Ejército, y la alocución del Presidente de la república en torno al día del “Nunca Más”, es importante realizar un análisis político de esos dos hechos y de sus antecedentes más inmediatos. Los politólogos y el sistema político, a los pocos minutos ya estaban realizando supuestos análisis concluyentes de esos hechos. Salvo aquellas reflexiones que en el correr de los días partieron de las organizaciones humanitarias y de la propia Coordinadora por la Nulidad de la ley de Caducidad, pocos han ubicado los análisis desde una óptica insoslayable: la que debe realizarse desde la política de derechos humanos que debe llevar adelante un Estado a partir de los actos de gobierno.
Pretendemos entonces, realizar este análisis desde esa óptica tratando de evitar caer en abordajes simplistas complacientes o hipercríticos.
Tanto desde el dictado del decreto de instalación del día del “Nunca Más” y la reciente explicación del alcance del mismo de las últimas horas, se ha avanzado en la construcción de una visión muy peculiar del Poder Ejecutivo sobre esta temática.
Es importante para realizar esta tarea que nos proponemos, identificar los componentes de esa visión. Tanto porque nos permitirá irlas evaluando adecuadamente, y con ello marcar sus claras inconveniencias. Uno de sus componentes fundacionales de esa visión es su objetivo no disimulado de la “reconciliación”. Otro aspecto esta relacionado a una visión que busca no expresarse con la claridad debida en la condena al terrorismo de Estado implícita en el concepto del Nunca Más. Y por último una visión reducionista del problema que omite constantemente toda referencia a las obligaciones internacionales.
Alguien podría preguntarse: ¿por qué nuestros señalamientos críticos a un discurso presidencial que dejo satisfecho tanto a la mayoría de la derecha y de la izquierda? Porque nos encontramos ante un discurso inteligente que logra neutralizar muchas de las múltiples y justificadas críticas que se habían desatado contra la resolución de fines del año pasado y el posterior envió del proyecto de ley de García Pintos, a partir de que parece haber convencido a ese sector de la opinión pública y política que lo que se esta haciendo es lo mejor, lo correcto y lo posible. En resumen, el Presidente transformó en más importante las palabras de su discurso, que los hechos a partir de los cuales se equiparó, el Terrorismo de Estado y los crímenes de lesa humanidad que este perpetró, con cualquiera de las otras formas de violencia.
¿Nos encontramos simplemente ante un desliz discursivo? Todo parece indicar que no. Se trata de una operación en la que se borra una trabajosa construcción que realizo la humanidad luego de vivir los horrores de fascismo. Y eso es un gravísimo error.
Dijo el Presidente Vazquez: “Ese "nunca más" no viene de copias, de modelos ajenos. Viene, por ejemplo, de la consigna de familiares de ciudadanos desaparecidos que viéramos en más de una marcha del 20 de mayo y que demandaba verdad, justicia y "nunca más". Viene de lo que tantos de nosotros y en múltiples oportunidades, cantáramos entonando el "uruguayos, nunca más, por los chiquitos que faltan, por los chiquitos que vienen, uruguayos nunca más". De ahí viene el "nunca más". Nuestro presidente, al igual que lo hicieron otros desde la salida de la dictadura, pretenden ser inventores de una suerte de marca registrada “hecho en Uruguay”. En ese marco nuestra transición fue “original”, nuestra ley de impunidad también, nuestra Comisión de la verdad, también…y por supuesto, el “nunca más” también a la uruguaya. Seguimos siendo la “comarca” el reino de Asterix. Por eso seguramente, nuestras fortalezas “a la uruguaya” nos salvan de las obligaciones internacionales, etc. Sería interesante, que una verdadera investigación histórica de los movimientos que se desarrollaron en torno a las denuncias de las violaciones a los derechos humanos por las dictaduras, para que las visiones que pretenden encontrar originalidades en el Uruguay, entiendan que esa lucha y esas consignas no se originaron ni en los 20 de mayo, y menos en una canción. De ahí, Cro Tabaré, no viene el Nunca Más. El Nunca Más, es el resumen de una lucha colectiva de las sociedades latinoamericanas arrasadas por las dictaduras de los años 70 y 80; de los familiares de las víctimas organizadas en FEDEFAM; en la labor de denuncia del exilio de las fuerzas opositoras a las dictaduras; de las organizaciones de derechos humanos.
Esfuerzo por un NUNCA MÁS efectivo, que se materializo en la Convención Latinoamericana sobre Desapariciones Forzadas de Personas y cada uno de los instrumentos jurídicos internacionales, que la Ley de Caducidad viola fragantemente.
La máxima autoridad del Estado que dice estar construyendo una revolución en política de derechos humanos no puede olvidar que a partir del Tribunal de Nüremberg la humanidad construyó la noción de crimen de lesa humanidad, separándola y distinguiéndola de cualquier otra forma de delito. Ese tipo de crimen especialmente grave, cometido por el Estado en el marco de la más absoluta impunidad y falta de garantías para las victimas, no puede ser equiparado a las formas de la violencia insurreccional o a la violencia política. Por eso cuando se dice NUNCA MÁS, sólo debemos referirnos a crímenes desde el Estado, crímenes cometidos por agentes públicos.
No se trata del nunca más a cualquier cosa o nunca más a cualquier forma de violencia. Confundir, equiparar como la hace el Decreto de diciembre pasado y continua haciéndolo el discurso presidencial, tiene efectos graves a la hora de evaluar las políticas de Estado en torno a los derechos humanos, pues atenta contra una de las categorías fundamentales de esa política: la de crímenes de lesa humanidad y con ellos se afectan muchos conceptos jurídico-políticos que trabajosamente la humanidad entera ha elaborado para protegerse de los abusos del Estado precisamente.
También de esa manera se afecta la noción de imprescriptibilidad, que luego de los crímenes de la segunda guerra mundial por parte del nazismo, se instala para que esos crímenes no puedan ser perdonados de ninguna manera a pesar del transcurrir del tiempo.
También se afecta la noción del carácter no amnistiable de estos delitos.
Esa afectación implícita en el discurso presidencial no es un descuido y menos una desprolijidad. Se trata de un tiro por elevación contra el reclamo de declaración de invalidez de la ley de Caducidad, con lo que ello implica de franco retroceso en materia de respetar los derechos humanos.
Es la existencia de ley de Caducidad, que va contra los tratados internacionales, la que se hace presente en el discurso presidencial y le marca los limites de sus políticas en materia de derechos humanos con respecto a nuestro pasado reciente.
Y lo que permite esa ley, en las políticas de Estado respecto a los derechos humanos, es este utópico equilibrio entre las reivindicaciones de la derecha y el estamento militar y los reclamos de las organizaciones defensoras de los derechos humanos y los organismos internacionales.
La revolución en política de derechos humanos, está en realidad en cuestionar la posibilidad de ese equilibrio y distinguir conceptual, simbólica e ideológicamente, el terrorismo de Estado que instalo en el país la dictadura cívico-militar con su secuela de torturas, crímenes, violaciones y desapariciones. La verdadera revolución es actuar con apego a las normas del derecho internacional, para que muchos de esos crímenes no se sigan cometiendo en la medida que los más 200 desaparecidos, siguen aún desaparecidos.
Es fundamental que a partir de lo que en el propio informe de los historiadores en el llamado “Libro Blanco” documentan y demuestran -la transformación del Estado, de garante del derecho de los ciudadanos, en organización criminal-, sea ejemplarmente clarificados (verdad) y juzgarlo estableciendo las responsabilidades correspondientes (Justicia). Sólo así, se garantizará el mentado NUNCA MÁS ante las amenazas del advenimiento de tiranías futuras o de violaciones futuras de los derechos humanos.
La mentada revolución en derechos humanos, debería articularse con los anunciados procesos de descentralización y reforma del Estado, y ser acompañadas de políticas de derechos humanos que sean garantías e impulsoras de la instalación en el país de una cultura ciudadana en la que éstos sean sujetos de esos derecho y fiscalizador de su vigencia y respeto.
De ahí la importancia de la labor educativa del Estado en ese sentido. Mal puede ejercerse esa labor educativa si en los discursos o en las resoluciones se caen en incoherencias y errores como los anotados. Necesitamos una política y gestos desde el Estado, que apuesten a que exista una política plena de derechos humanos que no pase por la reconciliación cuando ésta es imposible porque no hay posible reconciliación con los terroristas de Estado. La distancia que existe entre estos dos extremos, no es factible de borrarla con discursos; la reconciliación nacional no es una buena política de los derechos humanos, porque implica de alguna manera proteger o amparar a quienes violaron los derechos humanos.
La precisión acerca de la acción del terrorismo de Estado y clara diferenciación con otras formas de la violencia, no está en el discurso presidencial. No puede existir una política real de derechos humanos, manteniendo la vigencia de la ley de Caducidad. Porque esa norma viola los derechos humanos. Dicho de otra manera, la impunidad es violatoria de los derechos humanos en muchas dimensiones por lo que su mantenimiento se inscribe en una política de violación de los derechos humanos de las victimas de acceder a los tribunales.
En la medida que se mantiene vigente la ley de caducidad, se imposibilita en muchos casos el acceso a la justicia, además de que se mantiene impunidad sobre esos crímenes se afecta la protección de los derechos humanos. Y también se afecta la imagen del país, que aparece en el concierto internacional lesionando la garantía de los derechos de las personas consagrado entre otros, en la Convención Americana sobre derechos humanos. Si a estos hechos, se le suma el discurso del Comandante en Jefe del Ejército, negando la existencia del terrorismo de Estado cuando se refiere a actos individuales en los que la institución FFAA no es responsable.
Aceptar este concepto es no reconocer que el Estado (y las Fuerzas Armadas como parte de él) tienen responsabilidad por cuanto tienen mecanismos para identificar y localizar a los responsables, y sancionarlos.
Una política radical o revolucionaria en materia de derechos humanos supone depuración de las FF.AA. a quienes continúan reivindicado su actuación en el pasado, ocultando información.
El hecho de que algunas causas se haya logrado avanzar, no quiere decir que no hay problemas para que otras avancen, y que desde ese punto de vista siga siendo necesario anular la ley de ley de Caducidad.

Raúl Olivera
Integrante de la Secretaria de DD.HH y Políticas Sociales.

¡QUE VIVAN LOS COMPAÑEROS!

Publicado en Trabajo & Utopía

Estas páginas de Trabajo y Utopía, mes a mes nos plantean un desafió. Al escribirlas debemos definir lo que incluimos en ella. Debemos resolver que trataremos de expresar en ellas para que contribuyan a definir las distintas coyunturas por las que pasa la lucha por la plena vigencia de los derechos humanos en nuestro país. Para ello, hemos ido registrando las trabas, los avances, los fracasos y las victorias de la lucha por VERDAD Y JUSTICIA.
Otras veces, nos apremia le necesidad de rescatar la figura de nuestros desaparecidos. Para ello muchas veces debemos acudir a los testimonios del horror. Aquellos relatos que rescatan, tanto los nombres de los verdugos, como la “última noticia”, el último “dato”, del desaparecido.
A partir de ese último dato o con la última foto del desaparecido, parece congelarse el tiempo para él. Como dicen Nihil y Matías, los hijos de Raúl Olivera Cancela, “Tener hoy más edad que la de nuestro padre resulta terriblemente perturbador”.
Pero paradójicamente, frente a ese tiempo que se detiene para el desaparecido, hay otra dimensión de la desaparición que se extiende en el tiempo y se transforma en “perturbadora” también.
En otra parte de esta página, los hijos de Raúl Olivera Cancela, nos hablan a propósito de su padre. A esos dos jóvenes, que hoy son más viejos que su padre, los conocí cuando aún eran niños. Niños que vivían, desde otra dimensión, no menos dolorosa y dramática, la desaparición de su padre.
De ese entonces, data esto que hoy quiero contar, para dar otra dimensión de ese instrumento terrible que fue y es la desaparición forzada de personas.
Corrían los primeros años del 80. Seguramente 84 u 85. Habíamos viajado con Sara a Buenos Aires. Desde su salida de Punta de Rieles, la búsqueda de su hijo Simón, en esos años tenía como principal escenario la Argentina.
En esa búsqueda, Sara había trabado una amistad muy especial con Cristina, la compañera de Raúl Olivera Cancela y madre de sus dos hijos Nihil y Matías. En esos años ellos vivían en la Provincia de Buenos Aires.
Cierto día, decidimos visitarlos en su casa. Cristina, me había pedido que en lo posible, evitara que sus hijos supieran como me llamaba. No dejaba, seguramente de ser perturbador para esos niños que no llegaban ninguno de los dos a los 10 años, recibir de visita alguien que se llamaba también Raúl Olivera, igual que su padre desaparecido.
Pensé que no sería difícil atender la solicitud de Cristina, y no identificarme. Por lo general, a los niños no nos presentamos con esa formalidad que lo hacemos ante los mayores.
A poco de llegar y habernos instalado en torno a una mesa, sucedió algo que no esperábamos. Nihil y Matías, iniciaron un pertinaz interrogatorio que apuntaba a saber como me llamaba. Fracasados los intentos de ignorar las preguntas y conducirlos hacia otras preocupaciones, opte por un atajo que no resultó feliz.
- Me dicen el flaco, conteste buscando dar por terminada la curiosidad infantil.
El silencio largo que siguió a mi respuesta, auguraba que aún mi sobrenombre, producía un efecto no esperado en ambos. Luego supe, que a su padre, también solían llamarlo “el flaco”.
Para colmo, ese “error”, no hizo más que desatar un interrogatorio aun mas inusual por parte de dos niños queriendo que una persona mayor de visita en su casa, le revelara su nombre.
Nada valió desarrollar las técnicas de “hábil declarante”. Finalmente, mirando a Cristina como diciéndole que lamentablemente debía de confesar, di mi nombre y apellido.
- Me llamó Raúl Olivera, dije.
Ambos niños quedaron muy serios, mirándome. Ningún gesto demostraba asombro, extrañeza. Solo miraban profundamente a aquel hombre, que llevaba el mismo nombre de su padre desaparecido.
Finalmente, Matías señalándome con el dedo, me advirtió:
- ¡Tené cuidado, porqué podes desaparecer!
Sin duda, esos dos niños frente a ese instrumento de terror que aplicaron sistemáticamente las dictaduras del Cono Sur, no podían tener esa explicación que hoy nos dan, cuando ya son hombres: “Pero el tiempo no pudo hacer desaparecer que Raúl Olivera fuera culpable”. Tan “culpable” cómo todos aquellos cientos de miles que luchan y lucharon por un mundo más justo. ¿Cuántos Raúl Olivera habrá en el mundo “culpables” de luchar por defender unos mundos mejor, “culpables” de criticar una brutal violencia social?”.
Ese terror que derramaron y derraman sobre los ciudadanos indefensos, el terrorismo de Estado, también tenía y tiene efectos en los niños: por tener determinado nombre, se puede desaparecer.
Ese día, quise ser dos veces Raúl Olivera.
* * *
Doce años después, nos encontrábamos abocados a realizar un seguimiento de las denuncias que en nombre del PIT/CNT habíamos radicado ante la Audiencia Nacional de España. En aquellos días, las batallas más importantes contra la impunidad, dependían de las acciones que a miles de kilómetros realizaba el Juez Baltasar Garzón.
Para esa tarea, debimos muchas veces acudir a la ayuda de compañeros argentinos que radicados en España, acompañaban y apoyaban las actividades de los abogados y fiscales que trataban de enjuiciar a los responsables de las dictaduras latinoamericanas: entre ellos a Pinochet.
La Asociación de ex detenidos desaparecidos de Argentina, me había proporcionado el correo electrónico de Hebe Cáceres, una sobreviviente de un centro clandestino de detención de la dictadura de Videla que estaba radicada en España, para que recurriera a ella para realizar el seguimiento de la causa que habíamos presentado y eventualmente para tener información.
Fue así que una mañana le escribo un e-mail a Hebe Caceres. Por supuesto que dicho correo lo firme con mi nombre.
A los pocos minutos, recibo un correo de Hebe en la que me decía: “Raúl, ¿Qué alegría!¡Estas vivo! Yo soy…”. Y continuaba dando detalles tratando de hacerme recordar que ella era una de las personas con la que había compartido cautiverio en “El Banco” un centro clandestino de la Provincia de Buenos Aires.
Me costo mucho tener que responderle y arruinarle la alegría de saber que aquel uruguayo con el que había compartido su condición de prisionera, no había desaparecido.

Raúl Olivera Alfaro

EN HOMENAJE A HUGO CORES

Publicado en Revista Internos Mayo 2007

“Si olvido y memoria, al decir de Borges, son como cara y ceca de una misma moneda ¿Cuál es la relación entre olvido y omisión?
El olvido es del orden del inconsciente, la omisión es racional e intencional.
Si bien el olvido no es ingenuo, menos lo es la omisión”.
(Tomado de “Docencia y Memoria”, del Sindicato Unificado de los Trabajadores de la Educación Fueguina, CETERA-CTA).

Las organizaciones gremiales de nuestro país, son algo más que la actividad que realizan en el presente. Son una construcción donde se deposita la cultura obrera, los aportes de nuestros antecesores. Por esa razón, además de la preservación de ellas - en tanto parte de nuestro patrimonio y herramienta imprescindible de lucha-, es importante no perder en la dinámica de las urgencias del momento los aportes de quienes, como José D´Elia y Hugo Cores, forman parte de nuestro mejor pasado. No es un simple ritual, el hecho de que en el pasado 1º de mayo, el PIT/CNT, los haya homenajeado.
En este espacio hoy queremos, a la vez que rendir homenaje a Hugo Cores quien fuera vicepresidente de la CNT, referirnos al tema de la memoria y los desafíos actuales. Para ello, nada más adecuado que rescatar el propio pensamiento de Cores al respecto.
La memoria, que es imprescindible para vincularnos al pasado, era para Cores un elemento que nos ponía en mejores condiciones para no perder de vista los “orígenes” de los temas del “presente”. Al respecto, cuando reflexionaba, refiriéndose por ejemplo, a los reclamos que dieron origen a la ley 18.033[1], decía: “Algunos temas presentes en el debate de hoy requieren no perder de vista sus orígenes (…) tiene que ver con un aspecto de fondo del pasado de nuestra sociedad sobre el que existen opiniones encontradas (…) En este como en otros terrenos, la memoria es un campo de batalla. Se enfrentan hombres, partidos y siempre, por encima y por debajo, todopoderosas, las clases sociales”.[2]
Para Cores, los que poseían el poder económico, el de los medios de comunicación y que controlan el aparato estatal “trazan y reproducen una visión del curso histórico”. Seguramente por eso, la iniciativa que desde el aparato estatal (Poder Ejecutivo ejercido por integrantes de la izquierda) se impulso de reparar conjuntamente a las victimas del terrorismo de Estado y a las supuestas víctimas de la “sedición”, causó tanto desconcierto en filas de la izquierda y el movimiento popular.
De esos tres elementos –poder económico, de los medios de comunicación y el aparato estatal-, se supone que el último, cambio radicalmente de manos. Por esa razón es impensable que desde el aparato estatal con su actual conformación, se sostenga una visión, que como bien lo han señalado las organizaciones defensoras de los derechos humanos, fortalece las manida “teoría de los dos demonios”.
Ese periodo que se intenta explicar a partir de esa teoría, era muy bien registrada por Cores, cuando reclamaba que en ese tema “sería importante, al menos entre nosotros, ponerse de acuerdo”.
En ese registro minucioso, Cores anotaba:”En los 60 y 70, miles de hombres y mujeres se rebelaron contra las injusticias y los despojos que los gobiernos colorados de la época imponían a los trabajadores. (...) en el principio fue la congelación salarial. Y la represión para quienes rechazaban el despojo. Los cuarteles y las cárceles se abrieron para alojar a los que protestaban contra eso. Así ingresaron la policía y el ejército, con un rol bien preciso, en la dinámica de las luchas sociales. Y lo hicieron, durante decenios, para volcar la balanza a favor de los empresarios, de los banqueros y de los estancieros. En defensa del orden. Del orden conservador, claro”.
Cores preguntaba y respondía: “¿Cómo fueron presentados por el Estado los luchadores sociales y políticos de la década del 60 y 70? ¿Cómo se formuló por parte del Estado el ingreso de las Fuerzas Armadas a posiciones de gobierno antes y después del golpe de Estado?”.
Entre 1972 y marzo de 1985 desde el Estado se sostuvo que en Uruguay no existían lo presos políticos. Había sí delincuentes subversivos. Se prohibió a texto expreso llamarlos de otra manera que no fuera esa. Cerraban una emisora o clausuraban un diario si se los nombraba usando otras palabras.
Los obreros y los sindicalistas, los luchadores de las organizaciones guerrilleras, esos subversivos eran, para el Estado, agentes de una conspiración mundial con centro en Moscú y La Habana; se proponían construir un Imperio Rojo. “El Planisferio Rojo” publicado por El País fue la expresión gráfica más espectacular de estos postulados. (…) Las fuerzas defensoras del orden conservador, eran, como expresamente lo dicen los textos de la Junta de Comandantes, “el último bastión de defensa de la patria ante la agresión externa”. Habían salido de los cuarteles para salvar al país. (…) Para ese pensamiento, los hombres y mujeres que estuvieron presos, lejos de ser víctimas de la represión del terrorismo de Estado, son “enemigos” a los que se derrotó, sobrevivientes de una agresión a la patria oportunamente conjurada por la acción sacrificada de las Fuerzas Armadas”.
Cores en esas reflexiones de pocos meses antes de su muerte, pronosticaba que “con el advenimiento del gobierno popular retoma vigencia la cuestión de la reparación a las víctimas de la dictadura”, y al referirse a ella decía que “debe ser completa y empieza por el restablecimiento de la verdad”.
Si como Hugo Cores analizaba, la realidad en la que se encontraba el gobierno progresista era “el resultado de una hermética política a favor de la impunidad llevada adelante durante más de veinte años por blancos y colorados”, no se entiende que el Uruguay siga “postergando su actualización en relación a la vigencia en el país de los Tratados Internacionales” y para ello declare la nulidad de la ley de caducidad. Menos puede entenderse aún, que se propicien iniciativas que extienden el ocultamiento de la verdad, al contexto histórico en que se cometieron tantas violaciones a los derechos humanos.
Para finalizar estas reflexiones sobre algunos problemas del presente, rescatando –como homenaje-, el pensamiento de Hugo Cores, trascribimos esto: “Una comunidad desinformada acerca de su pasado inmediato no está en condiciones de tomar el presente en sus manos. Actúa por inercia o por las órdenes de jefes, tecnócratas o profetas, amplificados de acuerdo a la voluntad de los medios de comunicación que reproducen siempre el poder de unos pocos. Conocer el pasado libera, provee de herramientas racionales con las que, asumiendo la realidad de lo pasado, enfrentar lo porvenir”.[3]
En esa tarea, es imprescindible poner todos nuestros esfuerzos y desvelos.



[1] Ley sobre recuperación de derechos jubilatorios y pensionarios para afectados por razones políticas o sindicales.
[2] “Del pasado y del presente”. Publicado en La República, 31-08-06.


[3] “La enseñanza de la historia de nuestro pasado inmediato”. Tomado de La República, 26/12/2005.