Presentacion del libro HUGO CORES LA MEMORIA COMBATIENTE EN LA CIUDAD DE MINAS.

Presentaron “Hugo Cores, la memoria combatiente”.
NOTA PUBLICADA EN EL SEMANARIO “AREQUITA” DE LA CIUDAD DE MINAS, el 30/05/08.

En instalaciones de Hotel Verdún fue presentado días atrás el libro “Hugo Cores, la memoria combatiente”, en base a compilaciones realizadas por Raúl Olivera y Sara Méndez, obra que fue prologada por la Lic. Constanza Moreira. El colega Gorge Gómez fue el encargado de hacer la apértura al acto. Previo a ello, sobre las características de esta obra, dialogamos con Olivera y Méndez en los siguintes términos.
-¿En qué circunstancias conocieron a Hugo Cores?
Raúl Olivera: en lo personal lo conocía fines de la década del ‘60. Empezamos a militar juntos en la Resistencia Obrero Estudiantil. En aquel momento yo integraba la Dirección del Sindicato de Trabajadores Ferroviarios, la Unión Ferroviaria, y él en ese período era militante sindical de la Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay. Es decir que nuestro primer encuentro en realidad, creo no equivocarme, fue en el Sindicato de Funsa, que dirigía León Duarte. En realidad me lo presentó un compañero ferroviario que murió por torturas en la dictadura, el 13 de diciembre de 1973. Ese es el recuerdo más lejano que tengo de Hugo.
Sara Méndez: yo lo conocí a fines de la década del ‘60, pero no llegué a tener un contacto directo con él, por que él era una persona que estaba a nivel de Dirección y yo era una persona que recién me integraba. La FAU tiene poco tiempo de legalidad en ese período ya que a varias organizaciones políticas las ilegalizaron, las clausuraron en ese momento. En la Resistencia Obrero Estudiantil, ahí sí tenemos un contacto más directo, él como militante de bancarios y yo como estudiante de Magisterio, militante gremial también. Había un centro que en ese momento era el Sindicato de Funsa, un lugar de nucleamiento de lo que era la resistencia obrero estudiantil, que era una re unión de agrupaciones combativas, tanto de estudiantes como de obreros. De ahí parte nuestra relación que fue de muchos años y transcurrió por distintas etapas. Lo seguí viendo en Argentina, luego él fue expulsado de aquel país, y después nos reencontramos en 1984, en Argentina, y cuando regresa al Uruguay continúa el contacto político y la relación personal. Llegamos a ser amigos, frecuentarnos, no solo a través de lo que era la militancia política sino también en lo personal, donde una sólida amistad nos unía.
- ¿Cómo lo definirían si tuvieran que señalar algunos valores que adornaron su vida?
Sara Méndez: era un combativo. Cuando nosotros escuchamos su discurso nos damos cuenta que era un hombre que tenía una fuerza muy grande de reacción ante la injusticia. Era evidentemente un hombre de clase, tenía incorporado lo que eran los valores de la clase trabajadora de la que provenía, pertenecía a una familia modesta de obreros. Era una persona que reaccionaba ante la injusticia con una gran vehemencia y una gran consecuencia. A lo largo de su vida vemos las permanentes detenciones, atentados y siempre Hugo permanecía al frente.
Raúl Olivera: yo compartí con Hugo responsabilidades políticas antes de la dictadura. Durante la Huelga General fue de las últimas veces que nos vimos en Montevideo y luego compartí responsabilidades políticas a partir de su regreso al Uruguay. Yo lo definiría como tres veces profesor: es decir, era Profesor de Historia, era Profesor en Política y era un Profesor en Ética, y en ese sentido era de esos profesores a partir del cual enseñaba no solamente con lo que decía sino con lo que hacía. Hugo era una persona fuera de serie en todo sentido, no era un disciplinado políticamente, era capaz de tener las salidas más insólitas en su comportamiento, ya sea en plena Huelga General, cuando él era clandestino ya, y sin embargo él siempre rompía los esquemas en cuanto a cuál era su reacción frente a las cosas que a algunos nos paralizan. El tenía una impronta desafiante y eso le venía de sus orígenes anarquistas.
- ¿Cómo fue el regreso de Hugo al Uruguay, una vez reinstalada la democracia?
Raúl Olivera: él cargó sobre sus espaldas algo muy pesado, fue detenido en Argentina, estuvo desaparecido un período, no desapareció del todo por que hubo una movilización muy intensa —hasta intervino el Vaticano-, es decir una movilización de todos sus compañeros que obligaron a quienes lo tenían secuestrado, militares uruguayos y argentinos, a hacerlo aparecer. Ahí estuvo preso en la Argentina, en Sierra Chica, compartió la cárcel con Enrique Erro y con otros uruguayos que estaban también presos. Luego es expulsado de la Argentina y se radica en Francia. La expulsión lo salvó de haber tenido el destino que le esperó a Duarte, a Gerardo Gatti y a 30 militantes del PVP que hasta hoy están des aparecidos. En París tuvo que hacer una tarea titánica que era reconstruir la organización política que la acción coordinada del ejército había diezmado. Tuvo que esperar a todos los compañeros que salvaron su vida, llegaban al exilio no solo con la derrota política sino con el drama personal de lo que le había pasado a sus compañeros, y Hugo con todo eso tuvo que organizarse en el exilio y hacer lo mismo que en un momento se hizo por él, que era la campaña por tratar de que aparecieran los compañeros que estaban desaparecidos. El hecho de haber sido el último sobreviviente de la primera Dirección de PVP fue algo que le pesó toda la vida. Fue él y Mauricio Gatti. Mauricio muere de un ataque al corazón en Montevideo y Hugo tuvo que cargar sobre sus espaldas esa responsabilidad y seguir actuando en política, en lo que él creía, en el Frente, como Diputado, como periodista, y en todos lados haciendo eso que es el título del libro, hacer una memoria combatiente de lo que pasó para trasladárselo a sus compañeros de militancia política y a sus alumnos. No tuve el privilegio de ser su alumno, pero si me han contado algunos de ellos que sus clases eran muy importantes. No era de esos de abrir el libro simplemente, les llevaba películas, les pasaba videos, era una forma de que las nuevas generaciones supieran sobre el pasado reciente del Uruguay. Eso lo desarrolló durante toda su vida y sobre todo en el gran desafío que tuvo que fue la lucha contra la impunidad, contra la Ley de Caducidad. En ese sentido sus últimos esfuerzos estuvieron centrados en ese tema.
-En el momento de su muerte fue definido como un imprescindible de la izquierda uruguaya...
Raúl Olivera : sí, yo creo que lo es. Estamos viviendo una experiencia nueva y Hugo, a pesar de no tener cargos de gobierno, era una persona que en los momentos cruciales jugó papeles muy importantes. Hay que recordar que Hugo en un Congreso del FA, cuando estaba en definición la construcción del Encuentro Progresista, lo que permitió ese salto de la izquierda de llegar al gobierno, una oratoria de Hugo, de esas encendidas, cargadas de argumentos, muy convincente, logró dar vuelta un congreso que todo parecía indicar que se iba a oponer a ese movimiento que hacía la izquierda que era abrir sus puertas a la integración de nuevos sectores. Eso lo marca a él, como cuando tuvo diferencias con el Movimiento de Participación Popular La fuerza política de la que también fue fundador, no tuvo ningún empacho en entregar su Banca, abandonar el Parlamento y seguir dando la batalla en función de sus convicciones desde el punto de vista que tenía la coherencia política, pero no la coherencia esa que equivale a siempre pensar lo mismo, sino coherencia de actuar de la mejor manera en los momentos de cada coyuntura, tomando los nuevos elementos que hubiera, y en ese sentido siempre pensando en cómo se avanzaba en un proyecto de izquierda en el Uruguay.
-En esa coherencia, ¿cuál sería su posición frente al gobierno de Izquierda?
Raúl Olivera: tendría la misma posición que tenemos nosotros ahora. De alguna manera somos los continuadores en la fuerza política, somos una fuerza política en la cual vemos las cosas positivas, y cuando vemos las negativas las anotamos. Creo que lo peor que le puede pasar a una fuerza política es ser obsecuente y nosotros no lo somos, pero creemos en la unidad, esa es una gran diferencia con quienes también tienen diferencias con la fuerza política pero que no creen en la unidad. Hugo fue un protagonista de la unidad del movimiento sindical. Pertenecía a una corriente anarquista que estaba muy enfrentada con los comunistas que eran mayoritarios en el movimiento sindical, y él fue capaz de unirse con quienes tenía una diferencia profunda porque creía en que aún pensando distinto es necesario conformar la unidad. Y era muy respetuoso de las decisiones, tuvo muchas diferencias, incluso en torno a la Ley de Caducidad, y siguió dando la batalla. De alguna manera unos pensaron que esa batalla estaba perdida, hoy se cristalizó en lo que el FA no quiso hacer en un Congreso anterior. Eso es producto de una coherencia que radica en incorporar las cosas nuevas, siempre pensando en cómo se avanza en los objetivos que uno tiene planteado.
-La obra escrita de Cores es muy proficua. Como compiladores de este libro, ¿qué criterios tuvieron en cuenta a la hora de seleccionar el material? ¿Por qué están presentes estos textos y no otros?
Raúl Olivera: se cumplía un año de la muerte de Hugo, había y hay varios proyectos, hay una periodista y compañera, Ivonne Trías que está escribiendo una biografía de Hugo. Quien fue su compañera, Constanza Moreira, estaba con un proyecto de trabajar sobre las contratapas de La República, los editoriales, trabajar sobre todo eso. Es una obra muy extensa, llegaba el primer aniversario de su fallecimiento y pensamos que había que editar algo. Este libro en realidad ya estaba escrito. Una politóloga chilena, radicada en Cuba, vino al Uruguay y en aquel momento reunió a todos los líderes políticos más importantes del Uruguay: Hugo Cores, Fernández Huidobro, Esteban Valenti, Enrique Rubio, Héctor Rodríguez, de alguna manera todas las principales figuras del momento. Los reunía en mesa redonda y les empezaba a preguntar sobre distintos temas para desarrollar la experiencia del FA en el Uruguay. Eso se publicó en dos tomos por La República. Nosotros tomamos ese libro y le sacamos todo lo que tenía que ver con respuestas de otros protagonistas y les dejarnos las de él. Sin embargo uno lee el libro y piensa que en realidad es un libro que lo hizo Hugo solo. El prólogo lo hizo Constanza Moreira y hay una actualización final con dos o tres editoriales sobre temas importantes: La Ley de Caducidad, la realidad latinoamericana y la realidad del Frente.
-Cinco años en la vida de un país es muy poco. Un proceso de cambio real lleva mucho más tiempo. Que el balotaje no figure en la agenda política, ¿acaso no hace peligrar esa continuidad de los cambios?
Raúl Olivera: si, es una posibilidad. Lo vimos en el pasado cuando se aprobó la Reforma Constitucional donde tuvimos diferencias con la instalación de ese mecanismo. Cinco años es poco en la vida de un país, sobre todo cuando los cambios que precisamos en el Uruguay son en materia cultural, porque queremos que la gente se inmiscuya y participe de la gestión del gobierno, que defina las cosas que hay que hacer. La gente nuestra, desde hace 50 años, tiene una relación con el Estado no de cooperación sino solamente de demandas. Esos son cambios culturales que tenemos que ir profundizándolos. Otro aspecto que es importante es que hay una estructura político jurídica para que el país funcione de determinada manera. Hay un sistema perverso que radica en una estructura para que sea así.
Hay que visualizar las distintas realidades, sobre todo las del interior del país. Es decir, no se puede hacer la receta de Montevideo en cuanto a la participación ciudadana en el gobierno, trasladarla a Lavalleja o a Canelones, hay que reflexionarla con los actores locales para que de alguna manera incorporen lo que son las realidades de cada departamento.

En el "caso Tróccoli", no todos somos responsables.

Articulo publicado en TRabajo y Utopia Nº 78 mayo 2008

A este Estado hay que cambiarlo, de arriba abajo y de abajo a arriba.
Hay que domarlo, hacerlo sociable, útil para la comunidad.
Sacarle las mañas, la mala leche y el veneno.
Terminar con esa infinita, detallada y minuciosa manera que tiene el poder administrador de ser factor de hostilidad y de estafa ante el pueblo y sus propios funcionarios.
(Hugo Cores)

Mientras el represor goza de una libertad inmerecida en Italia, los uruguayos parecen estar condenados a debatir los minutos, horas o días que se malgastaron desde que el Estado uruguayo supo de la detención del ex marino prófugo y los tres meses de plazo que tenía para solicitar su extradición y no lo hizo en tiempo. Esto ha sido objeto de minuciosos exámenes.
Parecería que cuanto más se diluyen las responsabilidades en los distintos tramos, que un trámite de ese tipo conlleva, más se diluyen las responsabilidades únicas e intransferibles del Estado uruguayo.
Es más, hasta se intenta estirar las responsabilidades a áreas que escapan a las responsabilidades directas del Estado, cuando éstas se trasladan a las personas que debieron traducir al italiano el voluminoso expediente.
En medio de esa operación donde el Estado y quienes están en su administración – el gobierno-, tratan de sacarse el lazo, aparece la ocurrente conclusión de un Senador de la República de que “todos somos responsables”. Y como todos somos responsables, ¿no hay nada que averiguar, ningún funcionario que sancionar, ninguna responsabilidad que establecer? ¿ Es solamente una “pelotudez telúrica” como la cataloga el Senador, de la que no están librados los familiares de las víctimas que durante muchísimos años han tenido que enfrentar la desidia y la complicidad del Estado y los abogados de estos, que en forma honoraria asumieron su representación?
Esta absolutamente claro y fuera de discusión de que el expediente librado por el Juez Charles para la justicia peninsular, llegó en tiempo a Roma por lo que existía plazo suficiente para presentar el pedido de extradición por quien cobra sueldo para ello.
Esta claro también, que los tramites que correspondían fueran realizados por el Poder Judicial, a través de la contratación de Traductoras públicas y los trámites previos para que ello fuera posible, fueron en un lapso de tiempo excesivo que no excusa la omisión final. Y que la falta de utilidad de la traducción de todo el expediente, resulta a la postre dinero malgastado de los ciudadanos, pues hasta ahora, todo parece indicar que no podrá ser utilizado.
A todo esto se suma, que el episodio ocurre en momentos en que esta a consideración una reforma del Estado, con el objetivo de transformarlo “para convertirlo en una estructura participativa, al servicio del ciudadano, en palanca del desarrollo productivo y en escudo de los débiles”. Los hechos del que nos ocupamos, nos muestran palmariamente que el Estado no estuvo en estos episodios al servicio de los ciudadanos y que en vez de ser un escudo de los débiles, lo fue de los genocidas como Tróccoli.
Es cierto que como se sostiene desde el documento que fundamenta las trasformaciones del Estado que impulsa el actual gobierno, “no debemos esperar que a través de una ley o decreto se cambie todo de un plumazo”. Pero principio tienen las cosas, si de lo que se trata es de responder a la exigencia de la gente que “quiere un Estado más moderno y eficiente, más humano e inclusivo, más cercano y más rápido”.
Si la ineficiencia, lo inhumano y lo lento, es una “pelotudes telúrica”, como sostiene el Senador, es hora de poner en práctica la estrategia que en el propio gobierno se pregona para “fortalecer una posición pro-activa del gobierno en materia de liderazgo de la reforma en el conjunto de la población”, librándonos de los sujetos que practican esas pelotudeses telúricas. No hacerlo es legitimar otra esfera de la impunidad, la de la arrogancia burocrática.
Pero si de lo que se trata es de fortalecer una posición pro-activa del gobierno en la transformación democrática del Estado, hay otros niveles del problema en este caso.
Recordemos que la omisión y la complicidad del Estado democrático uruguayo frente a su responsabilidad de establecer la verdad y castigar a los responsables de los crímenes del Estado dictatorial, obligó a que los familiares de las víctimas de esos crímenes y las organizaciones de derechos humanos acudieran ante tribunales de justicia de otros países para lograr en ellos ese legítimo e irrenunciable derecho a la verdad y la justicia. Más de una vez, esas posibilidades que se materializaban en decisiones de Tribunales de Argentina, de España, de Paraguay y de Italia, naufragaban ante la voluntad política de los gobiernos uruguayos de turno que no cooperaban o no hacían lugar a las solicitudes de aquellos tribunales extranjeros que querían información o la comparecencia de militares y policías. Hasta en algunos casos existió una posición pro-activa de aquellos gobiernos en materia de liderazgo en la consolidación de un reino de la impunidad, impulsando y coordinando leyes de indulto en la Argentina de Carlos Mennen.
Cada uno de esos esfuerzos realizados desde la sociedad civil tendientes a subsanar la omisión del Estado uruguayo, significo grandes esfuerzos humanos y materiales. Y cada una de las frustraciones ocasionadas por la acción u omisión de los gobiernos sostenedores de las políticas de impunidad, no sólo impedían la materialización o los avances en la verdad y la justicia; también atentaban contra aquellos esfuerzos humanos y materiales de la sociedad civil.
Durante muchísimos años el esclarecimiento de los hechos del pasado dictatorial a través de los testimonios, de la documentación, de la información en poder de las personas, estuvo atravesada por dos corrientes de acción; por un lado una desde el campo de las victimas que trataba de reconstruir los hechos e identificar responsabilidades, y por el otro desde el campo de los victimarios que con la complicidad o la omisión del Estado, ocultaba, obstaculizaba, desestimulaba y destruía toda posibilidad de esclarecimiento de los hechos.
En el marco de esa voluntad política de los gobiernos anteriores de consagrar y asegurar la impunidad, no es de extrañar que conocidos violadores a los derechos humanos continuaran ascendiendo en su carrera militar o policial, que connotados cómplices – como es el caso de los diplomáticos que redactaron el memorando secreto sobre el destino de Elena Quinteros-, continuaran su carrera diplomática sin siquiera sufrir una leve amonestación en sus fojas de servicio.
El cambio en la fuerza política que esta al frente de la acción del Estado, debe ser también un cambio en ese escenario. Y ese cambio implicaría por ejemplo que el Estado hurgara sin restricciones en sus archivos para aportar a la justicia los elementos que permitan identificar responsabilidades y castigar a sus autores. Implicaría por ejemplo, que todas y cada uno de los delitos de lesa humanidad cometidos por la dictadura- y que son de conocimiento del Estado-, fueran puestas en conocimiento de los tribunales uruguayos para que estos apliquen las penas que correspondan a cada uno de los responsables. Esto último, no es posible, pues el Gobierno no puede hacer con una mano, lo que impide con la otra en función de la aplicación de la ley de caducidad. Por esa razón anular dicha norma, es una contribución para que ese comportamiento pro-activo del gobierno, sea posible.
Los caminos de la Transformación democrática del Estado, también pasa por ese lado. Sin ninguna duda.

Raúl Olivera
20/5/08

El papel de los trabajadores en la construcción de una cultura democrática

Publicado en Trabajo y Utopia.

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Los trabajadores han contado a partir de su condición de tales, con algunas ventajas y también dificultades para construir y mantener “su” cultura . Las formas en que se desarrolló la producción capitalista durante muchísimos años, permitió la existencia de “lugares comunes”, en el que trascurría más de la tercera parte de la vida de los hombres y las mujeres que vivían del esfuerzo de su trabajo: la fabrica, el taller, la oficina, la parcela de tierra, etc.
Instalar allí en ese mundo cargado y agobiado con las lógicas del mundo capitalista, una cultura de solidaridad, hermandad y fraternidad no fue una tarea fácil. Pero era una escuela, a la que con otros fines, los “alumnos” concurrían durante gran parte de su vida y donde la labor tesonera de militantes obreros avanzados realizaba su labor de difusores y propagandistas. Fue necesaria e imprescindible una persistente y prolongada acción de los portadores de la cultura “obrera”, para contrarrestar el individualismo, la competencia y la insolidaridad que imperaba dentro y fuera de los lugares de trabajo.
La constitución de los sindicatos para defender los problemas del llamado mundo de trabajo - en primera instancia muy ligados al ámbito de una fabrica -, fue la primera materialización de una batalla ganada por la “cultura obrera”. La construcción de las Federaciones de sindicatos y de la unidad de ellas en una Central o Convención, han sido pasos de gigante en el desarrollo de la cultura de los trabajadores.
Que esos avances han tenido sus efectos en otros niveles de la actividad social y política de los hombres y mujeres de nuestro país, es algo que esta fuera de discusión. Es impensable en nuestro país la construcción de la unidad política de la izquierda, sin ver y comprender en su justa dimensión, la unidad sindical que le precedió.
El superar el economicismo, el corporativismo y entender la importancia de levantar un Programa global para la sociedad desde las herramientas del movimiento sindical, es un paso gigante que dieron los trabajadores en nuestro país. Y es por esa razón que la fortaleza de una fuerza sindical, debe ser medida en función de la relación dialéctica entre la perentoria satisfacción de las reivindicaciones más inmediatas y los niveles de conciencia alcanzados por el instrumento sindical y los trabajadores en tanto ciudadanos, actores políticos en los procesos de cambio.
Sin embargo, la proyección política de los trabajadores y sus instrumentos de lucha - los sindicatos -, en cuanto actor político, hacen necesaria la existencia de un componente continuamente amenazado de tentaciones: la independencia de clase.
Ni el seguidismo a las políticas oficiales, ni desentenderse de los desafíos globales de la sociedad, son elementos que contribuyan al mayor desafío de nuestra sociedad: la profundización de la democracia.
Es en el escenario de más democracia, donde los trabajadores tienen mayores posibilidades de conquistar un mundo mejor, más justo, más solidario y con justicia social. Por esa razón el trabajar denodadamente para ser portadores de una cultura democrática y con ella actuar a nivel de la sociedad, es una práctica arraigada en la mayoría de las organizaciones sociales uruguayas.
Enmarcado en esa concepción, es explicable la lucha contra el autoritarismo militar, los cientos de vidas entregadas, la resistencia a la dictadura y la actual lucha contra la impunidad que hoy esta articulada con la campaña por la nulidad de la ley de caducidad.
Y no es de extrañar, que ese aspecto este presente a la hora en que hombres y mujeres en los ámbitos políticos, deban pronunciarse sobre esos temas.

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Una resiente decisión de la fuerza política en el gobierno relacionada con la lucha contra la impunidad mediante la nulidad de la ley de caducidad, pretendió ser presentada por alguna prensa, como una conducta de desafió a las fuerzas políticas electoralmente mayoritarias. Ningún medio, ningún politólogo aventuro siquiera, si esa conducta respondía o no a las convicciones democráticas arraigadas en nuestra sociedad, a una cultura democrática que necesita algo más que un simple calculo de la política partidaria de ocasión, para torcer su instinto democrático radical.
El llamamiento formulado por la Comisión por la declaración de nulidad de la ley de caducidad, expresa que “La ley de caducidad fue aprobada bajo amenaza militar contra los más elementales principios éticos y jurídicos de la República”, pues es contra esa amenaza y por esos principios éticos, que la fuerza de gobierno decidió sumarse al esfuerzo originariamente iniciado por el movimiento sindical para anular la ley de caducidad. Es a eso y no a otra cosa que esta enfilado el desafió de aquella decisión.
Los politólogos que tratan de explicar las conductas políticas en nuestro país, deberían abocarse a analizar este fenómeno, donde las fuerzas que electoralmente hace tres años representaron los mayores caudales de votos, no sean representadas en la decisión del Plenario de la fuerza de gobierno.
Adelantamos, que cualquier evaluación que no incorpore el dato de que en el movimiento sindical existe una posición unánime coincidente con la resolución del Frente Amplio, es una opinión que no busca esclarecer, sino confundir. No hay en el Uruguay individuos que actúen a nivel de las organizaciones sociales – en este caso en el movimiento sindical -, y otros que actúen en los ámbitos políticos. Tampoco en el movimiento cooperativo, o de los jubilados o de los estudiantes.
Entonces - salvo que se pretenda concluir que en ninguna de esas organizaciones existen ámbitos democráticos donde se deciden los posicionamientos -, el haberse sumado esas organizaciones a la tarea de anular la ley de caducidad incluye buena parte del electorado de las fuerzas que se han mostrado poco o nada proclives a dicha anulación.
El ignorar ese dato, ayuda a una visión que tampoco busca aclarar sino confundir y que centra su análisis y conclusión en un cuestionamiento a la representatividad de las bases que fueron quienes pusieron en mayor caudal de votos para hacer efectiva la decisión del Plenario del Frente Amplio. Según esta visión hay un 50% de los integrantes del Plenario – la representación de las Bases, de la parte del Movimiento -, que no tiene una representatividad genuina.
Admitamos por un momento, que eso fuera cierto. No conocemos que ninguna de las organizaciones políticas no proclives a la nulidad de la ley de caducidad, haya convocado a sus votantes para que se pronuncie sobre ese tema. Es mas, la convocatoria de la Comisión por la Nulidad de la ley, les daría esa oportunidad, pues sus votantes anónimos y no consultados actualmente, tendrían la posibilidad democrática de pronunciarse sobre la conveniencia o no de mantener esa ley en nuestro ordenamiento legal interno y seguir desafiando los pronunciamientos de los organismos internacionales.
Frente a este razonamiento, no es de asombrarse que aparezca otro argumento nada innovador ya que se ha instalado como una verdad indiscutible: ya la fuerza política se pronuncio en el Congreso Héctor Rodríguez y la ciudadanía se pronuncio votando un programa que decía que se mantendría vigente la ley de caducidad y que su compromiso llegaba solamente al cumplimiento del articulo 4to de dicha ley. Y por ende modificar esa posición original seria traicionar la voluntad democráticamente expresada por los uruguayos en las ultimas elecciones.
Más allá de que desafiamos a cualquier persona que nos presente un documento de la fuerza política aprobado en el citado Congreso Héctor Rodríguez, que exprese que se mantendría la ley de caducidad. No existe.


3
Nadie duda que este gobierno al interpretar la ley de Caducidad en términos tales que habilitan el juzgamiento de oficiales militares y policiales y sus cómplices civiles relacionado a algunos casos, ha dado pasos de siete leguas en la tarea de avanzar en el camino de la verdad y la justicia. Al abrir camino para que fueran investigadas y resueltas por el Poder Judicial algunas de las violaciones a los Derechos Humanos, el gobierno ha dado pasos sustantivos en el proceso democratizador. Es un logro republicano de enorme significación.
Sin embargo es necesario avanzar más. En eso esta el movimiento sindical, las organizaciones defensoras de los derechos humanos, y ahora formalmente lo está la fuerza política que obtuvo la mayoría de las voluntades ciudadanas en el último acto electoral.
El ya citado Congreso Héctor Rodríguez, lo único que pudo resolver logrando los votos necesarios para ello de acuerdo a sus Estatutos, es que el gobierno progresista adecuaría la legislación interna (ley de caducidad) a los compromisos adquiridos por el Uruguay ante la comunidad internacional (legislación internacional). Como bien lo evalúa el Dr. Javier Miranda – integrante de la organización de los familiares de desaparecido-, "la lectura actual" del gobierno de Tabaré Vázquez a los alcances de la Ley de Caducidad "es más acorde a los tratados internacionales firmados por Uruguay".
La profundización de la democracia, necesita de un pronunciamiento con relación a la ley de caducidad, que sea algo más que un acercamiento a lo que manda la legislación internacional. Necesita estar acorde a ellos, sin ninguna relativización.
Ni tampoco a una lectura de un gobierno de turno. De no ser así, la vigencia plena de los derechos humanos quedaría librada a la amenaza que días pasados dejara caer el diputado García Pintos: “abran los ojos los responsables de esta cacería de orientales, porque no deben olvidar que la tierra es redonda y rota sobre su eje, pasando muy seguido por el mismo lado”. Los trabajadores y la inmensa mayoría del pueblo uruguayo saben lo que paso cuando el país pasó por el “lado” que aspira García Pintos: crímenes, desapariciones, torturas, pérdida de elementales derechos ciudadanos y gobiernos que en democracia trabajaron para mantener impunes esos delitos.

Raúl Olivera Alfaro.
19/4/08

HELIOS SERRA SILVEIRA

Publicado en T y Utopia abril 2008.

Los antropólogos que integran el Equipo de Antropología Forense de Argentina, en estos últimos días culmino con la identificación en una tumba NN de la provincia de Buenos Aires del cuerpo del ciudadano uruguayo Helios Serra Silveira, secuestrado y desaparecido en Buenos Aires el 27 de junio de 1978.
Los restos que finalmente se concluyeron que pertenecían a Helios Serra, habían sido encontrados en la playa de Pinamar el 16 de diciembre de 1978 y habían sido inhumados como NN en un cementerio de la Argentina ese año.
De esta manera se concluye, para este caso, un capítulo de los más trágicos que vivieron cientos de ciudadanos uruguayos refugiados en el vecino país. Otros aspectos continúan reclamando la acción efectiva de los Estados, para satisfacer las obligaciones que ellos tienen con relación a los crímenes de las dictadura: toda la verdad y el enjuiciamiento a los responsables.
Cuando se produce su secuestro y desaparición, Helios Serra, cursaba estudios de francés en la Alianza Francesa y trabajaba en tareas de contaduría en el Hogar Obrero, sólo tenía 23 años. Los cumplía el mismo día en que su cuerpo fue arrojado por las aguas en una playa de Pinamar.
En Uruguay Helios militó en el Frente Estudiantil Revolucionario (FER). En esa agrupación estudiantil, fue un activo participé de las luchas contra la Intervención de la enseñanza y la Ley de Enseñanza, así como las grandes jornadas reivindicativas estudiantiles que precedieron a la dictadura. Una vez que la dictadura se instalo el 27 de junio de 1973, participó activamente en la huelga general. En setiembre de 1974 es detenido portando volantes de oposición a la dictadura, pero es liberado y opta por trasladarse a Buenos Aires en donde se vincula a grupos argentinos.
En una semblanza de Helios y su generación, se expresa: “Corrían aciagos días en Buenos Aires. Lo eran de papelitos picados en las calles y de pegotines distribuidos por la misma policía: “LOS ARGENTINOS SOMOS DERECHOS Y HUMANOS”. Se acababa de ganar el mundial de fútbol y los pulgares en alto de Videla señalaban el mejor momento, en cuanto a imagen, de la dictadura argentina. Eran momentos de contraofensiva para el discurso oficial: las revistas “PARA TI” y otras de su laya, organizaban campañas de envío de cartas al exterior “explicando” el error que se cometía al imputar a la Argentina semejantes cosas”.
A la casa de los padres de Helios Serra, llegaron luego del secuestro, quienes se identificaron como integrantes de los servicios de seguridad admitiendo que ellos lo habían detenido.
Helios había sido secuestrado en la calle Santa Fé y Riobamba, de Buenos Aires por un Grupo de Tareas dirigida por Julio Héctor Simón, el “Turco Julián”, un conocido represor argentino, que actuaba bajo la jurisdicción del Primer Cuerpo del Ejército Argentino.
Varios testimonios recogidos dan cuenta de que estuvo prisionero en el Centro Clandestino de Detención conocido como "El Banco", desde donde posteriormente habría sido trasladado a "El Olimpo", en donde permaneció hasta los primeros días de diciembre de 1978, cuando fue arrojado al Río de la Plata en un vuelo de la muerte.
Este caso, esta comprendido en las investigaciones que lleva a cabo en la Argentina el Juez federal Daniel Rafecas, y en las cuales fue procesado y encarcelado el grupo de represores que encabezaba Julio Héctor Simón.

LOS HECHOS.
El 2 de febrero de 1984, desde Estocolmo Roberto Ramírez, respondiendo a una solicitud de información que le fuera formulada por Ariel, el Hermano de Helios Serra, da cuenta de los siguientes hechos.
Que el día 27 de junio de 1978 había sido secuestrado en la vía publica y trasladado al campo clandestino de detención de “El Olimpo”. Que en dicho operativo había sido también secuestrado Helios Serra. Que ese día, ambos y una persona de un grupo de Córdoba llamada “Juan” debían encontrarse a las 20 horas en la calle Santa Fé entre Río Bamba y Avenida Callao. ”Harían unos 5 o 6 días de mi desaparición, relata Roberto Ramírez, “cuando fui llevado al lugar donde se torturaba con energía eléctrica (“quirófano”). Entonces, su hermano Helios ya se encontraba allí, amarrado a una plancha metálica, con el cuerpo desnudo. Fui desnudado también y colocado en una camilla al lado de la plancha donde estaba su hermano. Conectados en un mismo circuito a un dispositivo automático, recibimos los dos descargas eléctricas por varias horas”.
Mas adelante, sigue relatando Ramírez, “en el mes de agosto de ese mismo año las fuerzas militares trasladan “El Banco” a otro campo denominado “El Olimpo”. Allí vi a su hermano en varias oportunidades, hasta el mes de diciembre de 1978 (…) en que su hermano fue trasladado junto con otros desaparecidos. Desde entonces nunca más supe de ellos”.
Al referirse a la situación de Helios durante esa convivencia en los centros de tortura de la dictadura argentina, Ramírez recuerda: “(…) me pareció anímicamente fuerte, dentro de lo que uno podía estar en esas circunstancias. Su estado físico mostraba los efectos de la tortura y las condiciones imperantes (...) en sus relaciones con el resto de los desaparecidos mostró siempre una gran entereza y corrección. Yo guardo un buen recuerdo de Helios, en horas de pruebas como fueron aquellas”. Sobre este mismo aspecto, el testimonio de Oscar Alfredo González, dice: “(…) su moral era muy alta y que mantuvo un comportamiento muy noble y una dignidad que muchos hubiéramos querido haber sabido tener. Muchos de los que hoy estamos vivos, incluso con mucha experiencia política no tuvimos ni a la altura de los zapatos de una persona como Rolo (…)”. Otro testimonio, el Cid de la Paz, confirma el juicio de Gonzalez: “ (…)con su conducta demostró tener una altura moral y congruencia con la misma que muchos hubiéramos deseado poseer”.
Sobre el “traslado” de Helios, que era la forma de denominar los “vuelos de la muerte” ese mismo testimonio establece: “(…)los llevaron con los ojos fuertemente vendados y que antes de salir le pusieron una inyección (…) se trataba de PEN-NAVAL”.
Otro testimonio, en este caso de Horacio Cid de la Paz, relata el traslado expresando: (…) recuerdo perfectamente que los compañeros fueron sacados al patio formando una fila con los ojos firmemente vendados (…) frente al camión, luego se les iba aplicando la citada inyección e introduciéndolos ya en el camión. Esto se habría realizado con gran calma por parte de los compañeros. Desconozco que fue lo que se les dijo para lograr esa tranquilidad”. Continua Cid de la Paz: “Sé, porque lo vi, que en casos anteriores, sobre todo en los “traslados” realizados desde “El Banco”, en donde por su falta de espacio los compañeros que iban a ser llevados en el mismo eran formados dentro de la zona de celdas, que se les decía que iban a ser llevados en avión de cabotaje, por lo tanto en situación incómoda, a un sitio de detención lejano en el interior del país, y que, por esa razón, para evitar inconvenientes, se les iba a suministrar un fuerte calmante,. Si fue realmente su traslado final, si fueron o no tirados al mar o llevados a la ESMA es algo que con certeza sólo saben los ejecutores de tan grande crímen”.
Sobre los responsables de esos dos campos de detención, Oscar Gonzalez identifica al Mayor Minicuchi, el General Suárez Mason, los Coroneles Roberto Rowaldes y Ferro. El resto del personal que operaba desde estos campos pertenecía a distintas fuerzas de la represión argentina, entre ellos a la Policía Federal, a la Gendarmería y al Servicio Penitenciario.
En el trabajo que citamos más arriba, también se dice: “Es en este momento de ofrecer testimonio, que surge la doble dificultad de sustraerse del dolor por el compañero que nace, muere y vuelve a renacer todos los días, en la imagen detenida en el tiempo; y por otro lado, condensar en pocas palabras la pasión de vida de un luchador social al cual importa restituirle su identidad para comprender porqué fue “blanco operativo” de los sicarios”.
En ese mismo periodo, Helios Serra compartió en ese mismo lugar el destino de otros tres uruguayos: Raúl Olivera Cancela, Edison Cantero Freire y Fernando Díaz de Cárdenas también desaparecidos.

UNA REFLEXIÓN FINAL.
Rafael Videla, el Mayor Minicuchi, el General Suarez Mason, el Coronel Roberto Rowaldes y el propio “Turco Julián”, que orquestaron este plan siniestro que costó más de 30 mil desaparecidos, aun están vivos o murieron de la misma forma que termina su ciclo vital todo ser humano. Si así no hubiera sido, cabe en algún razonamiento noble y justo, incorporarlos junto a Helios Serra como victimas de la misma categoría.
Es cierto que para la madre de Videla, de Gavazzo, de Cordero, o de Helios Serra, la muerte de sus hijos puede ser de un dolor comparable. Pero el Estado, no puede ni debe razonar así.
Por esa y otras razones, rechazamos firme y enfáticamente la versión maniquea de la historia implícita en el proyecto del Poder Ejecutivo de reparación indiscriminada de victimas del terrorismo de Estado y ejecutores de ese mismo terrorismo.

Raúl Olivera Alfaro
Secretaria DD.HH y Políticas Sociales IT/CNT.

MACARENA

Publicado en Trabajo y Utopía Nº 76, Semanario Brecha, Semanario Arequita y Revista INTERNOS marzo 2008.

En estas ultimas semanas, la imagen y las palabras de Macarena Gelman, se han constituido en un preciado botín periodístico. Las cámaras fotográficas o de televisión, han intentado captar en las imágenes que se congelan en el papel, o que pasan fugazmente por las pantallas del televisor, lo que no es fácil registrar y encontrar.
Por otro lado, o junto con ese intento, los micrófonos esperan recoger en sus palabras alguna clave escondida que le dé cierta originalidad a la verbalización de una de las dimensiones del drama que padece la sociedad uruguaya.
En el pasado más reciente, una parte importante de nuestra sociedad, no quiso saber de su existencia. Negó cien veces el drama, y finalmente el Estado pergeñó mecanismos para que no existiera. Y cuando pese a todo irrumpió, ese mismo mecanismo que antaño le negó la existencia, decretó que debía admitirse amputado. Fue entonces “la verdad posible” y la “caducidad”.
Una periodista, quiso saber si se había afectado la rutina de vida de Macarena ante esa irrupción en los medios de prensa. Macarena, -entre risas- , respondió que su rutina estaba destruida. Mientras ella intenta, como Penélope, (reconstruir) tejer, una rutina en la que seguir viviendo, quienes consumen sus imágenes o sus palabras en los medios de prensa, realizan el intento, vano, de imaginar lo inimaginable.
La imagen de Macarena en los medios estuvo, prácticamente, ausente durante casi 8 años, no así su historia que se sumo a otras tantas historias del mismo signo perverso: el del terrorismo de Estado. En esos años intentó, al igual que en otros casos similares, pero nunca iguales, acoplar dos mundos, dos historias en un solo cuerpo.
Seguramente en esos casi 8 años, sus rutinas de vida debieron ser reconstruidas una y cien veces. Pero esas reconstrucciones, casi, que ocurrieron en el anonimato. No tuvo que rendir cuentas de ella, y salvo con contadas personas, no debió verbalizarlas.
Una amiga, cuando le pedí que me aclarara una respuesta, me respondió que “el que aclara oscurece”. Debí aceptar que había algo de verdad en esa máxima, que no constituía una forma de eludir una respuesta. Un gran defecto tienen las palabras, cuando les atribuimos ser el único medio de entendernos y explicarnos. Casi siempre terminamos percibiendo que nos quedamos en el medio de la explicación y muy lejos de que nos entiendan.
Cuando hace un tiempo aparecieron en predios militares los restos de dos desparecidos, desde su silencio, esos huesos nos hablaron con mayor elocuencia que cualquier discurso.
La no aparición de los restos de Maria Claudia - la madre biológica de Macarena-, también nos habla y nos interpela.
A Macarena le hemos sumado graciosamente a lo que ella aceptó llamar la destrucción de su rutina, el tener que explicarla. Pienso que en ese caso, lo más acertado hubiera sido haber dejado a sus ojos y a sus gestos, dar las explicaciones, con su peso de silencio. Porque su historia, ésta que se construye con trozos inconexos, es una historia cargada aun de silencios.
Según Saramago: “de lo feo y de lo hermoso, de la verdad y la mentira, de lo que se confiesa y de lo que se esconde, construimos toda nuestra azarosa existencia”. Hay demasiadas cosas feas, demasiadas mentiras, demasiadas cosas ocultas en nuestra sociedad que merecen ser sustituidas por lo hermoso que es la Justicia, por Verdades sin limitaciones.
Si los seres humanos, somos esa complicada máquina en la que los mecanismos de nuestro presente se enredan con los del pasado, seguramente resulte difícil imaginar en su verdadera magnitud, que hay momentos en que a cada una de las victimas inocentes de ese mecanismo inimaginablemente, perverso, del terrorismo de Estado, siente que la vida se les cae encima y eso seguramente les produce perplejidad, confusión y súbitamente los pone amputados de futuro.
Es cierto que cuando queremos aclarar algo, siempre nos enfrentamos a una operación relacionada con el pasado. El inefable ex Presidente Julio Maria Sanguinetti y sus seguidores, nos recuerdan un día si y otro también, que no es bueno mirar el pasado. Pero a veces, la memoria -ese vehículo implacable con el pasado -, por caminos que no podemos explicar nos trae al presente imágenes, palabras.
Algunos aconsejan hacer como las serpientes, que dejan la piel cuando al crecer ya no caben en ella. Si la piel de esta democracia es la impunidad, es ya hora de dejarla pues la vida es breve, y en ella cabe mucho más de lo que hoy tenemos o que nos quisieron hacer creer que éramos capaces de vivir.
Sucede también, que algunas veces la palabra Justicia, es como una luz que nos hace viajar en el tiempo, viajar para atrás, hacia otra hora, otro paisaje, otro lugar que, generosamente, alguna vez nos pareció colmado de promesas. Nuestra sociedad bien puede estar sintiendo una suerte de remordimiento de no haber sido, o quizás haber sido menos de lo que a nosotros mismos nos debíamos, cuando en 1989 no tuvo el coraje de contradecir el discurso del miedo sobre el que encaramo la política de impunidad en nuestro país.
También las sociedades construyen sus rutinas de vida y no siempre el destruir esas rutinas cuando son injustas, nos lastima. La rutina de la impunidad, de la mentira y de la no verdad, no la merecemos. Que así sea.
Raúl Olivera
6/3/08

Las relaciones entre el sitema judicial y el sistema político.

Publicado en Trabajo y Utopía

Quienes desde la ciencia política analizan las relaciones entre el sistema político y el sistema judicial, han detectado ciertas dificultades desde el Poder Judicial, para adecuarse a los cambios que se estaban operando e nivel del sistema político con el advenimiento de la izquierda al gobierno. También se señala que esas dificultades se incrementan por ciertas dificultades para comunicar sus políticas y por dar señales contradictorias en materia de derechos humanos, por parte del Poder Ejecutivo.
Con relación a la forma en que el Estado en su conjunto encara las violaciones de los derechos humanos durante el pasado dictatorial, la presencia hasta ahora determinante de la ley de caducidad en ese escenario ha creado un espacio “bastardo” donde las mentadas independencias de esos dos poderes en cuestión, se entrecruzan peligrosamente. Y para colmo, en ese escenario de impunidad, el ciudadano esta amenazado – muchas veces-, de una cierta indefensión.
Oscar Sarlo en “ENCRUCIJADA POLÍTICA 2009. GOBIERNO, ACTORES POLÍTICOS EN EL URUGUAY 2007-2008” del Instituto de Ciencia política, establece que los argumentos en que se fundan las decisiones judiciales juegan “un papel político muy relevante, ya sea porque permite legitimar moralmente decisiones muy relevantes, ya porque permite despolitizar tensiones muy peligrosas para el sistema político. De ahí- continua Sarlo-, que la calidad argumental de los fallos judiciales esté directamente asociada con la calidad constitucional de un país”.
Recientemente la Fiscal Mirta Guianze emitió un dictamen a partir del cual concluye que Juan Carlos Blanco debe ser condenado a 20 años de penitenciaría por el delito de desaparición forzada de la maestra Elena Quinteros. El ex canciller, ha gozado y padecido de varios privilegios: fue el primer civil procesado por crímenes cometidos por la dictadura; fue seguramente el primer coautor de homicidio especialmente agravado, procesado que pudo esperar el resultado final de su causa, en libertad; y será seguramente, el primer integrante de la dictadura condenado por sus crímenes.
Las casi 70 carillas en el que se fundamenta el pedido de condena, es sin duda de esa calidad argumental de la que hablaba Oscar Sarlo. Es por esa razón, que nos detendremos en algunos aspectos del mismo, ya que como sostiene Sarlo, “cualquier decisión judicial, tiene un margen de opción política (en sentido amplio), ello no quita que deba manejarse técnicamente (…) el trabajo técnico “consiste en motivar adecuadamente sus fallos, elaborando argumentos de alta calidad que resulten convincentes, sea cual fuere el resultado”.

SOBRE LA MUERTE DE ELENA.
Recordemos que la Comisión para la Paz sobre el asesinato de Elena había afirmado que ocurrió en una unidad militar no precisada, por un disparo de arma de fuego, y que fue enterrada en el Batallón de Infantería No.14, y luego fueron cremados sus restos y arrojados al Río de la Plata. Ahora, el dictamen fiscal sostiene que nada de eso “pudo ser confirmada, antes bien, resultó en parte desmentida. Por consecuencia, entiendo en esta instancia que la prueba aportada por la COMIPAZ no reúne las condiciones necesarias para fundar en ella este dictamen acusatorio”.

SOBRE LAS ACTUACIONES DEL JUEZ ALEJANDRO RECAREY.
Recordemos también, que este magistrado tomo medidas cautelares y recibió declaraciones a testigos, que posteriormente fueron anuladas por un Tribunal de Apelaciones a instancias del Gobierno de Batlle. La fiscalía solicito que se las validara y se las volviera a incorporar al expediente, lo que fue aceptado y pueden tenerse en cuenta.

SOBRE LA BUSQUEDA DE LOS RESTOS DE LOS DESAPARECIDOS.
La fiscalía sostiene que: “Los testimonios que tendieron a identificar sitios de probables enterramientos tienen un valor relativo en cuanto no se ha mantenido un control sistemático de las excavaciones por parte del Poder Judicial, es el Poder Ejecutivo el receptor de información y el supervisor del GIAF”(Grupo de Investigación de Arqueólogos Forenses).
Desde que los familiares como organizaciones comprometidas con la defensa de los derechos humanos comenzaron a realizar denuncias públicas “Las respuestas del gobierno de Uruguay siempre fueron negativas, no admitieron las operaciones en Argentina, ni en otros países, ni las detenciones – desapariciones y aún brindaron reiteradamente informes en los que se falseaban los hechos”.

SOBRE EL PAPEL DE LA COMISIÓN PARA LA PAZ.
El escrito de Guianze luego de dar cuenta que en mayo del 2003 Carlos Ramela declaró ante el juzgado al mismo tiempo que agregaba el Anexo correspondiente a Elena Quinteros, expresa que: “La deposición de RAMELA tuvo por cierto el secuestro, el confinamiento y la tortura en las condiciones que surgían ya de autos. Dispuso, para aseverarlo, del “testimonio de múltiples fuentes policiales y militares”. También admitió que entre sus informantes había “fuentes militares que reconocieron expresamente haber participado en ese operativo”. (…) Los testigos que la COMIPAZ entrevistó, y cuya identidad no pudo conocerse no era “de personas ajenas a la historia de los episodios de la época, muchas veces protagonistas en términos generales de los sucesos que estamos hablando, no por un problema de rango sino por intervención efectiva”. No obstante, el punto específico del traslado del cuerpo a Toledo no es preciso aunque de acuerdo a la información que tenían “los restos fueron centralizados en el Batallón 14 de Toledo” que creía recordar era un campo bastante extenso y “en la jerga militar se le denomina Arlington”.
Al referirse al otro integrante de la COPAZ, Gonzalo Fernández, el dictamen expresa que Fernández “avaló las versiones recibidas de militares y que RAMELA había dado: “se nos informó que todas las personas muertas en dependencias militares cualquiera fueren éstas fueron sepultadas en el predio del 14 lindero o lindante con la ruta que lo atraviesa y que los militares identificaban como mordacidad como “Arlington” en alusión al conocido cementerio militar norteamericano”.”Nosotros sabemos que (…) todos fueron a “Arlington” al predio de ese batallón, hasta donde yo creo quienes permanecían sepultados en el 14 fueron removidos sus restos en el marco de la llamada operación zanahoria en el año 1984”. No obstante, lo que FERNÁNDEZ señaló en noviembre de 2003 “como indicios objetivos y bastante significativos a mi modesto entender de que ella se realizó” (aludiendo obviamente a la llamada “operación zanahoria”), no encuentran ahora sustento en la información obtenida. Dijo así “1) El hallazgo de la fosa abierta donde había estado sepultado Gelós Bonilla por parte de particulares en Maldonado”. El GIAF exploró esos datos sobre el presunto enterramiento de Gelós Bonilla y puede descartarse esa información. Como punto 2) afirmó FERNÁNDEZ: “La desaparición de la tumba de Gomensoro Hosman en el Cementerio de Paso de los Toros y la ubicación de una nueva sepultura de un niño exactamente en el mismo lugar”. Esos datos tampoco resultaron certeros. La tumba de Gomensoro Josman no había sido nunca excavada entonces. Su cráneo fue hallado en poder de un médico que había practicado la autopsia en la época de la aparición del cuerpo en la Represa de Rincón del Bonete. Los puntos 3) y 4) refieren a versiones de conversaciones mantenidas entre militares, que no están identificados y tampoco se dio razón de cómo llegaron a conocimiento del declarante. Por testimonios directos obtenidos en otros expedientes (que no pueden traerse aquí) y declaraciones en prensa, los militares sindican como ejecutor de la operación zanahoria a ALFREDO LAMY SATRIANI, fallecido.
En esa época, (14 de mayo de 2003), entendí que esa información dada por la COMIPAZ, era enteramente fiable y se presentaba entonces como la “verdad posible”, conclusión justificable a esa altura del procedimiento”.
Más adelante, continua afirmando que: “Pues bien, no sólo no pudo avanzarse en la investigación del hecho histórico que nos ocupa sino que, conociendo ahora que las “fuentes” militares no proporcionaron información fidedigna sobre el destino final de los detenidos – desaparecidos, para la Fiscalía esa “verdad posible” se ha convertido en la incontestable incertidumbre que caracteriza precisamente a la desaparición forzada.
Como ejemplo de la falta de veracidad de los datos recabados se registra, por ejemplo que la COMIPAZ consideró confirmado que los restos de FERNANDO MIRANDA habrían sido primero sepultados en el Batallón 14 de Toledo y después exhumados a fines de 1984, incinerados y tirados al Río de la Plata. Los restos de UBAGESNER CHAVEZ SOSA, estando a ese informe, habrían sido primero enterrados en un lugar no especificado y después exhumados a fines del año 1984, incinerados y tirados al Río de la Plata. Recuérdese que el informe final de la COMIPAZ incluyó fotos del lugar de la costa desde donde se habrían arrojado al agua.
Las CONCLUSIONES del GIAF sobre los trabajos arqueológicos realizados en el Batallón No. 14 (lugar que se señaló como enterramiento de ELENA QUINTEROS) son terminantes (Tomo V de Investigación, pág. 103) “Con la información suministrada no se realizaron hallazgos de restos humanos”.
“La Comisión para la Paz, cuyo informe fue emitido el 10 de abril de 2003 recopiló, bajo un especial régimen de reserva, informaciones de militares que sólo parcialmente resultaron ser ciertas. Significó un importantísimo avance en cuanto al propio reconocimiento de centros clandestinos de detención, de detenidos desaparecidos, de la coordinación represiva con otros países del Cono Sur, de enterramientos también clandestinos. No pudo saberse, sin embargo, quienes eran esos informantes, fue imposible ahondar judicialmente sobre los puntos más importantes a esclarecer y el paradero de los posibles restos no tuvo respuesta válida. Es así que, como ya fuera señalado, cotejando lo que surge del informe antedicho con la ubicación de los dos esqueletos hallados, (Miranda y Chaves), se advierte que los datos de la Fuerzas Armadas no eran verdaderos”.

SOBRE LA COLABORACION DE LAS FUERZAS ARMADAS.
“A lo largo de todas las investigaciones, se advierte sin esfuerzo que el propósito de los autores de los ilícitos, es ocultar o destruir las pruebas sobre la desaparición para mantener el crimen en la impunidad. Ese pacto de silencio se prolonga al presente”.
“Lo mismo puede decirse de la tan mentada “operación zanahoria”, sobre la que no se obtuvieron evidencias científicas. Es así que cobra verosimilitud la hipótesis del General Oscar Pereira de que se trató en realidad de una operación de contrainteligencia, destinada en fin a provocar el desaliento y el abandono de la búsqueda. También hay que resaltar los “olvidos” cuando no la negativa cerrada a informar sobre la identidad de los informantes, sin motivo jurídicamente valedero. De igual manera las declaraciones públicas (y en expediente) de Gilberto VAZQUEZ sobre la inhumación de unos treinta cuerpos y su quema con combustible en “tanques de doscientos litros”. Todos muertos en Unidades Militares porque allí se interrogaba con métodos duros. Las flagrantes contradicciones sobre los lugares de enterramiento y exhumación, los métodos, las personas que lo realizaron”.

SOBRE LA RESPONSABILIDAD DE BLANCO.
“He consignado en forma reiterada que Juan Carlos BLANCO integraba la estructura de poder que la dictadura cívico – militar instauró, era miembro nato del COSENA y tenía injerencia sus decisiones.
La actuación de BLANCO, considerada en función de su elevada condición como funcionario estatal, permite tener por cierto que aseguró el marco institucional de actuación de las fuerzas represivas en las dos orillas del Río de la Plata. El Ministerio bajo su dirección dispuso la estrategia destinada, no sólo a mediatizar las denuncias de desaparición forzada de compatriotas, sino también a difundir por el mundo versiones falsas que encubrieran los hechos acaecidos”.

EL PROCESAMIENTO DE GREGORIO ALVAREZ: OTRAS DIMENSIONES DE LA RESOLUCION JUDICIAL.

Publicado en Trabajo y Utopia Nº 75

El procesamiento y encarcelamiento de fines del año pasado del ex dictador, por su responsabilidad en el traslado clandestino de ciudadanos uruguayos opositores a la dictadura secuestrados en Argentina, su ejecución y ocultamiento hasta hoy de sus cuerpos, constituyó un digno cierre de un año y de una etapa en la lucha contra la impunidad.
Algunas de las dimensiones más sobresalientes de ese acontecimiento, tendieron a opacar otras no menos importantes y fundamentales, que analizaremos a continuación.
* * *
La Constitución establece la existencia de tres Poderes independientes. Sin embargo, el Juez a cargo de la denuncia contra Gregorio Álvarez, debió según lo establece la ley de caducidad, pedir autorización a Poder Ejecutivo para poder disponer la investigación. Cierto es, que a partir del innovador criterio asumido por el gobierno actual, se autorizó la investigación al considerar que el caso no estaba comprendido en la ley de caducidad.
No es aventurado pensar, que de haberse realizado esa consulta durante los anteriores gobiernos, la respuesta habría sido diametralmente distinta y se habría inhabilitado la actuación del Juez .
Dos graves conclusiones que afectan la vida democrática: Una, que la ley de caducidad sigue vulnerando la independencia del Poder Judicial; y dos, que expone al derecho humano de las personas a reclamar ante la Justicia, al arbitrio de la voluntad del gobernante de turno.
Suponíamos que cuando nos convocaban a expresarnos electoralmente para elegir a un gobierno, no estaba en juego que el derecho a la justicia también dependía de la cambiante voluntad ciudadana. No es sano para la vida democrática y por ende para un verdadero estado de derecho, que a la hora de expresar su voluntad electoral, el ciudadano lo haga en función de la forma en que cada propuesta electoral prometa que interpretará la Ley.
Por esa razón en el Uruguay, nos pronunciamos electoralmente para elegir un Presidente y Parlamentarios y no integrantes del Poder Judicial.
La ley de caducidad, produce esta “anormalidad” democrática, que no debería pasar desapercibida por el Poder Legislativo que tiene entre sus cometidos la protección de todos los derechos individuales y de interpretar la Constitución.
Lograda la autorización del Ejecutivo y luego de obtener de acuerdo a lo establecido por los procedimientos del debido Proceso, el visto bueno de la Fiscal, el Juez recibe los testimonios de los denunciantes, testigos y denunciados.
Es ahí entonces, que, a partir de que la Justicia puede actuar, hechos durante muchos años sostenidos únicamente desde el campo de las víctimas, es admitido como real por el Estado y es hecho público.
¿Cuáles hechos? Que durante la dictadura, la coordinación de los gobiernos dictatoriales del Cono Sur - Plan Cóndor- llevó a cabo el seguimiento, vigilancia, detención, torturo, traslado ilegalmente, desapareció y ejecutó a personas opositoras o contrarias al pensamiento político o ideológico de las dictaduras. Que en 1977 y 78, los servicios de la dictadura uruguaya, con la supervisión de sus mandos, practicaron en Argentina secuestros de uruguayos, los trasladaron a Centros de Detención Clandestinos, y se los torturo. Que similar situación se dio con ciudadanos argentinos secuestrados en Uruguay y posteriormente trasladados ilegalmente a la Argentina.
“En suma – concluye el Juez -, el nivel de relacionamiento entre los países y la documentación glosada en autos, lleva a concluir en la participación de los máximos estamentos del Poder de cada uno de los Estados, al extremo que la mencionada coordinación regional formaba parte de la política estatal uruguaya, al igual que de los restantes países referidos”.
Hay una conclusión que no puede omitirse sobre estas afirmaciones a las que arriba el Estado a través de uno de sus Poderes, sobre lo que fue una “política Estatal”. El Estado dictatorial se transformó en una organización criminal y posteriormente hasta hace muy poco, el Estado democrático operó como cómplice del Estado dictatorial, amparando a los responsables de tales conductas y ocultando los hechos.
Según el Juez, la Comisión para la Paz confirmó la desaparición de una de las victimas denunciadas, y que luego es recluido en dos Centros clandestinos “para ser interrogado por militares uruguayos y que habría sido trasladado ilegalmente a Uruguay en el mes de mayo de 1978”. Igual situación se consigna con relación a un traslado a Uruguay de otras cuatro victimas . Sin embargo, el Informe que hizo público la Comisión para la Paz no registra esa afirmación de traslados ilegales a Uruguay que trascribe textualmente el auto de procesamiento.
Es cierto que la Comisión para la Paz, estableció tres niveles de información: una que fue pública (Informe Final); otra reservada a los familiares de las victimas (Nexo 2); y una tercera que ni siquiera era aportada ante las Sedes judiciales.
Sobre la información contenida en el Anexo II, el libro “A TODOS ELLOS” de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, da cuenta de los mismos y allí tampoco se maneja esa posibilidad.
¿Se trata de una información que efectivamente obraba en poder de la Comisión para la Paz y por ende del Estado y que se ocultó?
El Juez Charles se pronuncia sobre un aspecto que el movimiento sindical cuestionó, desde que la política del Estado pretendió establecer- a partir de la Comisión para la Paz-, quienes tienen derecho a la verdad.
Establece que el derecho-deber a saber, “no pertenece a personas individuales, ni siquiera a familias directamente afectadas, sino a la Sociedad en su conjunto”. Y afirma que “No se trata exclusivamente de un derecho a conocer, a buscar la verdad, como actividad humana, sino el deber de todos de recordar lo acontecido, como obligación ética”.
Apelando a la jurisprudencia de la Corte Interamericana, trascribe lo que sostiene dicha Corte: “En segundo lugar, la Comisión considera infringido el que llama derecho a la verdad y a la información debido al desinterés del Estado para esclarecer los hechos(…) el derecho a la verdad se encuentra subsumido en el derecho (…) a obtener de los órganos competentes del Estado el esclarecimiento de los hechos violatorios y las responsabilidades correspondientes, a través de la investigación y el juzgamiento…”. “El derecho a la verdad, en última instancia, se impone también en señal de respeto a los muertos y a los vivos. El ocultamiento de los restos mortales de una persona desaparecida, en una flagrante falta de respeto a los mismos, amenaza romper el lazo espiritual que vincula los muertos a los vivos, y atenta contra la solidaridad que debe guiar los rumbos del género humano en su dimensión temporal”. “Dado que el Estado tiene el deber de hacer cesar las violaciones de los derechos humanos, la prevalencia del derecho a la verdad es esencial para el combate a la impunidad, y se encuentra ineluctablemente ligada a la propia realización de la justicia, y a la garantía de no repetición de aquellas violaciones”. “De lo dicho se desprende que el derecho a la verdad presenta al menos hasta hoy- un carácter colectivo y general, una especie de derecho difuso cuya efectividad debe beneficiar a la sociedad toda.- Sin embargo, este carácter difuso no impediría en determinadas circunstancias, como la de la desaparición forzada- que la pretensión a obtener la verdad sea reclamada por una persona o una familia”. “…el llamado derecho a la verdad acoge una exigencia legítima de la sociedad a saber lo sucedido, genérica o específicamente, en cierto periodo de la historia colectiva, regularmente una etapa dominada por el autoritarismo, en la que no funcionaron adecuada o suficientemente los canales de conocimiento, información y reacción característicos de la democracia”.
La simple lectura de estos aspectos en la sentencia, pone de manifiesto las complicidades del Estado democrático post-dictadura con los actos del Estado dictatorial, y sus responsabilidades penales.
Por si ese aspecto no quedara claro, el Juez trascribe parte de la Convención Interamericana, que entre los elementos que configuran el delito de desaparición forzada, se incluye a “la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobra el paradero de la persona…”.
Otro aspecto, es el referido a los delitos que con la Ley de Caducidad, corren riesgo de quedar impunes.
La Sentencia expresa que “La ocurrencia de delitos- cada uno violando gran cantidad de derechos humanos- cometidos durante el gobierno de facto, en el marco del terrorismo de Estado y en forma sistemática, masiva, planificada, como la desaparición forzada, los homicidios, las torturas, las prohibiciones de derechos políticos, sociales y gremiales, la libertad de expresión, la violación a la libertad ambulatoria, etc., comprenden las prácticas que el derecho internacional considera “crímenes de lesa humanidad” ,crímenes imprescriptibles y cuyo juzgamiento es irrenunciable por todos los Estados”. Sobre los “Crímenes de lesa humanidad” expresa: ”… sus características esenciales (imprescriptibilidad, improcedencia de la amnistía, indulto, gracia, asilo político y refugio) se materializó en un principio de derecho internacional general (…) por el cual el castigo a los autores de crímenes contra la humanidad devino un imperativo universal”.
En lo que es también una respuesta a los argumentos con que los gobiernos uruguayos hacen oídos sordos a sus obligaciones de carácter internacional contrarias a la ley de caducidad, el Juez razona: “En tal sentido deberá tenerse presente que las referidas normas no están afectadas por ninguna limitación de índole geográfica o humana. Se trata de una norma de Derecho Internacional General, por lo cual es aplicable a todos los Estados…”. “Por el hecho de ser tales, aquellas obligan a todos los Estados de la comunidad internacional, y a los nacionales de dichos países, en razón de que ninguna disposición interna puede contradecirla válidamente, (…) su mera existencia importa imperatividad y universalidad”.
Sin ninguna duda, más allá del valor simbólico que tiene la prisión del ex dictador, el dictamen judicial supone un avance sustancial en la lucha contra la impunidad. Lucha, que no debe ser reducida a la materialización del castigo a algunos de los responsables. La impunidad, como ausencia o desconocimiento de Derechos, sufrió un duro revés tanto en la materialización de la prisión de estos personajes, como en el avance de nuestra jurisprudencia. El Juez Charles y la Fiscal Guianze, materializan en este caso, lo que el gobierno debió hacer a partir de lo que prometió a la ciudadanía: adecuar el derecho interno a las obligaciones del derecho internacional.
El esfuerzo en curso, por parte de la sociedad mediante la iniciativa de la Coordinadora por la Nulidad de la Ley de Caducidad, pretende materializar ese avance para que sea de carácter universal.

Raúl Olivera
Integrante de la Secretaria de Derechos Humanos y Políticas Sociales del PIT/CNT.