¿EL FRENTE TE ESCUCHA?

Días previos a la realización del Congreso Liber Seregni, en los muros de Montevideo y algunas ciudades de otros Departamentos, aparecieron pintadas representando una oreja. Posteriormente a esa representación de uno de nuestros órganos auditivos, se le agregó la consigna "El frente te escucha".
Sin duda se trató de una original idea, que inducía a pensar que era importante la opinión de los frentistas, a los efectos de que en la máxima instancia democrática de su fuerza política, sus opiniones fueran tenidas en cuenta. Es más, hasta se estaba autorizado a pensar - sin forzar la imaginación-, que quien escucharía a través de la fuerza política, sería el gobierno.
Más aun, por si quedaran dudas de ello, casi ninguna de las intervenciones en el desarrollo del Congreso -ya sea en su plenario o en las distintas Comisiones o Talleres -, omitieron resaltar la importancia y lo inusual y sano que una fuerza política en el gobierno, realice un balance de su gestión a mitad del periodo.
Pero como los Congresos son para tomar decisiones - lo que oye, percibe o vive cada integrante del Frente Amplio-, es un insumo imprescindible con la que la fuerza política se transforma, crece y retroalimenta su gestión. Lo que metafóricamente intentaba representar aquella “oreja”, era manos levantadas que tomaban definiciones sobre los asuntos puestos a su consideración, a partir de escuchar.
Previamente, los convocados a decidir, tuvieron la oportunidad de discrepar, negociar y acordar sobre todos los temas, como paso previo a la instancia de resolución que era el propio Pleno del Congreso.
Cierto es que no todo pudo resolverse, y fue necesario acordar un cuarto intermedio. Pero mientras se pudo, se discutió, se argumentó y se resolvieron cosas.
Algunas pueden haber colmado las aspiraciones de la mayoría de los militantes y otras no tanto. Pero unas y otras, fueron resueltas de la forma más democrática -el voto -, y de la forma más adecuada para una fuerza política de las características del Frente Amplio - construyendo los más amplios consensos posibles.
En política o al menos en las formas en que tradicionalmente se desarrolló la actividad política en el Uruguay durante muchísimos años, pensamos que hubiera sido necesario la existencia de una suerte de organismo de “defensa del consumidor” al que se pudiera acudir cuando la acción concreta de los gobiernos desconocía o nada tenía que ver con los programas que ofrecían a la hora de de pedir el voto.
Dicho de otra manera, durante demasiado tiempo, nos vendían un producto que en su etiqueta o envoltorio decía contener determinadas virtudes para la población, pero cuando lo abrimos y lo probamos, nada más alejado a lo que nos dijeron que comprábamos.
Frente a esa estafa, el ciudadano (consumidor de las propuestas programáticas), poco podía hacer. A lo sumo y si tenía buena memoria, recordar la “estafa” política de la que fue objeto y 5 años después cambiar de producto.
Demasiado tiempo fue necesario para que los desengaños políticos de los uruguayos, los alertaran sobre los mercachifles de la política. Muchas y reiteradas “estafas” fueron necesarias para que una mayoría de los uruguayos mirara con atención no sólo las promesas programáticas, sino quienes las ofrecían.
Uno de los aspectos invalorables en la credibilidad y la coherencia de una propuesta política, es esa sana articulación entre la legitimidad de una propuesta programática y la seriedad política de los actores que la ofrecen.
Que la izquierda esté hoy en el gobierno, es producto de la toma de conciencia de esos engaños en la formación social uruguaya. Eso no hay que olvidarlo.
Metafóricamente, podríamos decir “la marca es de una casa seria y responsable, pues elabora sus productos a la vista del público y sobre todo, rinde cuentas todos los días sobre la calidad de ellos”.
Todo esto para concluir, que cuanto menos nos resulta insólito que a pocas horas de finalizada esa etapa del Congreso Liber Seregni, desde boca de algunos integrantes del gobierno y por tanto de la fuerza política que discutió y casi por unanimidad resolvió algunas cosas, se hable en contra de ellas. Eso no es serio.
Aquellos que en inusuales escenarios, critican las resoluciones que democráticamente se tomaron, ¿no pertenecen a ninguna de las fuerzas presentes en el Congreso? ¿Acaso integran el 26 de marzo o la Corriente de izquierda, que en la mayoría de los casos no acompañaron la votación de la mayoría del Congreso?
Hugo Cores, al referirse a la mística frenteamplista, la refería a una tradición y a una cultura de la izquierda nacional uruguaya. Aquella desde la cual se reivindicaba, “el valor formativo y multiplicador de las preguntas justas, necesarias e incómodas. Dicho de otro modo, de la importancia de -una vez atravesada una experiencia rica- discutirla, examinarla a fondo para avanzar hasta la victoria”.
En este sentido, le guste o no a quienes hoy critican y hasta llaman a desobedecer las resoluciones del Congreso, eso es lo que han hecho los cientos de militantes en esas jornadas.
Tampoco hay que alarmarse y tirar al niño con las aguas, al considerar la situación que atraviesa la estructura de base del movimiento. Al respecto resulta ilustrativo nuevamente acudir a la visión de Cores al respecto, cuando sostenía que: “La estructura organizativa del frentismo y del movimiento social es lenta. Comprensiblemente lenta. Son palancas de acción política, social e ideológica que actúan por fuera y a menudo contra la voluntad del Estado, del Poder Económico y de la mayoría de los grandes medios”.
Tampoco deberían omitir los críticos a la estructura de base del frentismo, mirar a la interna de los grupos políticos de la coalición donde supuestamente se construyen las definiciones que impulsan en la interna del FA.
Una de las definiciones del Congreso que “molestó” a algún dirigente político, es aquella que considerando que la inaccesibilidad de la justicia a los responsables de los delitos contra la humanidad no era un problema transitorio o táctico, resolvió incidir para lograr que uno de los mecanismos para terminar definitivamente con la impunidad, se materialice apoyando la recolección de firmas para plebiscitar una reforma constitucional que anule la ley de caducidad.
Una fuerza política de las características de nuestro Frente Amplio ya pasó por situaciones en el pasado, en que se resolvieron posicionamientos políticos contrarios a lo que pensaban (y en algunos casos se habían adelantado compromisos) importantes figuras de la misma.
Pero lo cierto es que el planteo de anular la Ley de Caducidad si se accedía al gobierno, que despertó una dura polémica en el Congreso Héctor Rodríguez del Frente Amplio, no se resolvió votando que la izquierda mantendría la ley de caducidad. Se resolvió quitando la mención expresa de la eliminación de la norma, manteniendo que “se promoverá la adecuación de la legislación interna a los tratados internacionales ratificados por el país”. No se necesita ninguna sagacidad política para concluir que la ley de caducidad es incompatible con los tratados sobre Derechos Humanos y por tanto lo aprobado por el congreso igual obliga al Frente Amplio a la anulación del texto legal.
Raúl Olivera Alfaro
Integrante del Secretariado Ejecutivo del PVP- FA

GONZALO AGUIRRE Y GARDEL

El otrora parlamentario nacionalista y aún doctor en derecho Gonzalo Aguirre Ramírez, se ha dedicado desde las páginas de el diario El País, a pontificar sobre la nulidad de una ley que contó en el pasado y actualmente con su entusiasmado apoyo. Gonzalo Aguirre, por esas razones, defiende algo más que la impunidad de los Gavazzo, Silveira Gregorio Álvarez y Bordaberry. Defiende su obra seudo jurídica llamada Ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado.
Para él es una “disparatada idea” que por cualquier vía (legislativa o mediante un plebiscito), la sociedad uruguaya se libre de la existencia de la impunidad que aún campea en el Uruguay.
Y más le preocupa, que el parlamento fuera quien finalmente hiciera lo contrario que él hizo en 1986. Por esa razón, afirma que esa posibilidad – ya no sustentada por el temor a la amenaza militar, sino en atención a obligaciones jurídicas, éticas y políticas-, es desde el punto de vista jurídico “una imposibilidad”. Y que insistir en esa vía parlamentaria, es una forma de ocultar el fracaso de la recolección de firmas.
Para Aguirre, esa posibilidad no es tal, porque a ello se opone, la Constitución. Lo que si, no le parece tan disparatado, es derogar la ley de caducidad, ya que sus efectos pasados se mantendrían. Quienes así opinen, merecerán de parte de Aguirre el calificativo de “correligionario destacado”.
Sabido es que esas opiniones tratan de encontrar su fundamento jurídico en la equiparación de la caducidad con la amnistía que extingue los delitos.
De atender los razonamientos de tan destacado jurista, Uruguay debería ingresar al libro Guines, pues se encontrarían procesados y en prisión personas por un delito inexistente.
Pero para cerrar sus razonamientos, Aguirre termina afirmando: “Ninguna decisión del Cuerpo Electoral puede ser revisada por el Parlamento. Como decía un querido amigo: "Después que canta Gardel, ya no canta nadie más".
Recordemos que el cuerpo electoral, decidió, por ejemplo, que desde 1985 y por 5 años, German Araujo fuera Senador de la República. Sin embargo, con el voto- también de Gonzalo Aguirre-, el Parlamento reviso aquella decisión y Araujo dejó de ser Senador.
¡ Ya no se trata de que lo cante Gardel, sino de qué es lo que canta!

DIOS LOS CRIA Y ELLOS SE JUNTAN.

Publicado en la web del PVP

El Integrante de la Armada uruguaya y activo articulador de las actividades de la coordinación represiva con la dictadura de la Argentina, el capitán Jorge Troccoli, quiso seguir el ejemplo de su camarada el Coronel Manuel Cordero. Para ello, cuando vio que las posibilidades de ser procesado junto al dictador Gregorio Álvarez y al también marino Juan Carlos Larcebeau, se hacían evidentes decidió poner distancia de la justicia uruguaya y radicarse en Italia.

Por esa razón cuando el Juez Penal Luis Charles lo citó, no se hizo presente. Su abogado, Gastón Chávez, argumento, que se encontraba embarcado.
La fuga de Tróccoli, no había sido intempestiva, sino un acto largamente pensado. Primero, tramitó la nacionalidad italiana. En 1995, Troccoli había viajada a la península en compañía de Julio César Lupinacci, por entonces embajador en aquel país.

Dos años antes, Lupinacci, desde ese destino diplomático había cumplido una tarea que nuevamente lo vinculaba a tareas de encubrimiento de las actuaciones del Plan Cóndor: había enviado desde Italia una supuesta foto de Eugenio Berríos, que probaba que el químico Chileno- asesinado en Uruguay-, estaba en realidad vivo en la ciudad italiana de Milán.
Cabe preguntarse, si por esos servicios, el Presidente Jorge Batlle, lo designó en el año 2000, como representante diplomático del Uruguay, ante el Vaticano.

Pese a que Lupinacci, era uno de los integrantes del equipo de confianza del Ex Canciller Juan Carlos Blanco, y que en ese marco participo en la elaboración del Memorando Secreto que sello la suerte de la Maestra Elena Quinteros en 1976, aun continua impune y gozando de su jubilación como ex diplomático.

En Argentina:Comienzan los alegatos en el juicio a la ESMA.

Publicado por T y Utopia nov 2008.

Con la presencia del represor Héctor Febres empiezan a realizarse en la Argentina los alegatos de los querellantes en la causa donde se enjuicia al mencionado represor de la dictadura argentina, Héctor Febres, ex miembro de los grupos de tareas que operaron en la Escuela de Mecánica de la Armada, ESMA. El represor, que estuvo ausente durante las once audiencias donde casi 50 testigos dieron cuenta de su participación activa en las labores de inteligencia así como de su crueldad, ahora estuvo obligado a comparecer ante los alegatos de los querellantes y de la fiscalía, que se realizó. En esas jornadas, que son abiertas al público, se formulon las acusaciones en su contra por haber privado ilegalmente de su libertad y someter a torturas a ex detenidos desaparecidos. Febres también deberá estar presente el día 27 de noviembre cuando los defensores oficiales intentarán deslindar su responsabilidad penal.
Vastos testimonios de sobrevivientes, sindican además a Febres como el responsable de las prisioneras políticas embarazadas en la ESMA quienes al tener a sus bebés fueron hechas desaparecer así como sus niños dados ilegalmente en adopción.
En la última jornada de este juicio oral y público que lleva adelante el Tribunal Oral Federal Nº 5, un ex desaparecido, aseguró que de los 400 días que pasó en la ESMA, 300 o 350 de ellos vio a Héctor Febres. El ex detenido desaparecido declaró ayer que fue secuestrado el 6 de diciembre de 1978 cuando estaba en un bar en compañía de su ex mujer y también testigo en esta causa, y otros dos compañeros que hoy están desaparecidos. El sobreviviente afirmó que fue trasladado a un predio que luego identificó como la ESMA y que allí fue golpeado y picaneado en varias sesiones de torturas. Asimismo aseveró que entre los mismos represores, Febres tenía fama de sanguinario y así se lo dijeron los marinos : "Vos te salvaste porque no te agarró Febres".
Al comenzar su declaración, el ex desaparecido formuló diversos reclamos al tribunal, en primer lugar porque no se admitió la presencia de su hijo de 14 años en la audiencia, pero luego también por estar en condición de testigo en este juicio y no como víctima. Sostuvo que él no pidió ser torturado y que en cambio a " Febres nadie lo obligaba a nada, él elegía libremente ir todos los días a la ESMA para torturar". Tal como otros sobrevivientes, enfatizó que peor tortura que la picana era la vida diaria en la ESMA, "con los pies engrillados, manos esposadas y encapuchados, escuchando los gritos de los compañeros torturados, golpeados, sucios y humillados".
El ex detenido desaparecido también fue sometido a trabajo esclavo en la ESMA y denunció que en octubre de 1979 fue obligado a participar de una operación de prensa donde los genocidas quisieron fundamentar que no había tales desaparecidos y que los denunciantes estaban, en cambio "paseando por Europa". Se trató del operativo donde la prisionera Telma Jara de Cabezas fue conminada a decir que no estaba detenida sino exiliada, "para lo cual se montó una escenografía en una confitería porteña en cuyas mesas se ubicaron los represores para evitar que hiciéramos algo distinto a lo pactado". También denunció la apropiación de los bienes de los detenidos por parte de los genocidas y en concreto se refirió al marino Ricardo Cavallo que se robó el departamento de un compañero suyo desaparecido. El ex desaparecido fue liberado en enero de 1980, a pesar de que continuaron las visitas de control a su domicilio así como los llamados telefónicos.
El último testigo en declarar fue otro sobreviviente, quien había sido compañero de trabajo de Febres en una empresa de peritajes y seguros donde la víctima trabajó hasta que fue secuestrado "el 14 de junio del 77. Cuando salí del trabajo me encontré con mi esposa, como a eso de las 19, nos íbamos a casa en Villa Adelina, cuando en la calle Ucrania esquina Verdú, dos o tres personas se nos arrojaron encima, nos encapucharon, nos subieron a una camioneta de caja amarilla, y nos trasladaron a un lugar cercano", narró. Supo que Febres estaba en los grupos de tareas cuando era interrogado con intensa violencia física por una persona que le preguntaba "por mi trabajo y la gente que estaba ahí. Yo no entendía el significado de las preguntas, pero en ellas se notaba cierto grado de conocimiento de la empresa. En ese momento, me hizo sacar la capucha, y había un solo interrogador que era Febres, a quien reconocí como uno de los técnicos peritos que contrataba la empresa. Me hizo volver a ponerme la capucha, y dio la orden de que me subieran nuevamente a capucha. Ese fue mi contacto con el imputado", sostuvo. Y agregó que en ese momento se sintió condenado a muerte. "Era como si me dijera "yo sé que vos estás acá, vos sabés que yo estoy acá".
El ex detenido indicó que la ESMA estaba llena de ritualidades. "Los miércoles había traslados, esos días había un cambio en la actitud de los guardias, llegaban pidiendo por unos números, esa gente se levantaba y ya no la volvíamos a ver. Los martes era el día en que seleccionaban a la gente que iba a ser trasladada". El 22 de junio aproximadamente llenaron una ficha con sus datos personales y le asignaron el número 346, "o sea que había pasado de ser ciudadano, a ser secuestrado, a ser desaparecido, a ser un número".
Asimismo, aseveró que estando en la ESMA se perdía la noción del tiempo. "Yo inventé algo para darme cuenta del momento del día en el que estaba y tenía que ver con el sandwich de milanesa que nos daban todos los días a la misma hora. Inventé la unidad milanesa, eso me permitía ubicarme en el tiempo. Estuve las primeras semanas, acostado o sentado, ciego sin posibilidad de saber si era de día o de noche, sin saber si dormitaba o soñaba…", señaló.
Y concluyó diciendo que en la ESMA había un sistema "perfectamente institucionalizado. Había una guardia que cambiaba por día, alfa, beta charly, que rotaban, sobre ellos estaban los ayudantes que tenían responsabilidades especiales, por encima de ellos unos 6 ó 7 "Pedros", que eran los responsables de toda esa estructura que funcionaba allí dentro, de toda la logística".
Este juicio es el primero por delitos de "lesa humanidad" cometidos en la ESMA tras la declaración de nulidad insalvable de las leyes de obediencia debida y punto final y Héctor Febres, prefecto en retiro de la Prefectura Naval, está acusado por las torturas aplicadas a solo a varios detenidos, a pesar de que por la ESMA pasaron casi cinco mil presos políticos, la mayoría de los cuales fueron hechos desaparecer.
Una de las primeras palabras del Dr. Yanzón uno de los abogados de las victimas que abrieron la exposición del alegato, fueron: “…Reconocimiento a los testigos, a los sobrevivientes, por haber vencido el miedo, por haber narrado sus experiencias de vida…”.
Planteó, a su vez, la diferencia de escenario con lo que fue el Juicio a las Juntas, cuando los testigos sobrevivientes tuvieron que dar explicaciones sobre el por qué habían sido secuestrados. Tuvieron que transcurrir treinta años para que una barbaridad así no se repita; treinta años para darle paso a una justicia lenta, pero que anda; treinta años para entender parte de nuestra historia, donde las víctimas pudieran no sólo testimoniar sobre el horror vivido en los Centros Clandestinos de Detención, sino reivindicarse y reivindicar a todos los Militantes Populares, a los 30.000 Compañeros Detenidos Desaparecidos. “…Esto es consecuencia de muchos años de trabajo de muchos compañeros, del trabajo Internacional realizado en este sentido, de España, Francia, Italia, Alemania, Suecia…” resaltó Yanzón.
En este Juicio, no se les pidió explicaciones, aunque sí tuvieron ellos que explicarle al tribunal que la tortura no se reducía sólo a la aplicación de picana eléctrica, sino que la tortura, en sí misma, era estar, día y noche, en esos Centros de exterminio.
El Dr. Yanzón, prosiguió diciendo: “…Nos tenemos que conformar con este Juicio, pequeño, pero Juicio al fin (…) Tenemos la obligación de dar vuelta la historia, nosotros no queremos poca justicia…” En referencia no sólo al desmembramiento de la causa, que hace se juzgue a un solo represor por sólo cuatro casos, sino también a la actuación del Dr. Gordo, Presidente del Tribunal, quien durante el Juicio a Julio Simón, álias el Turco Julián; votó argumentando:”que el ejecutor directo tiene un grado de responsabilidad menor que el hombre que está atrás de esa orden”. Al respecto, el Dr. Rodolfo Yanzón, llamó a que esta vez su voto sea diferente, que se ajuste a los criterios correctos, entendiendo que ambos poseen el mismo grado de responsabilidad, por tratarse de una maquinaria así dispuesta para funcionar, “una máquina de matar”, donde todas sus piezas son fundamentales y necesarias para que así funcione.
Asimismo, realizó una precisa descripción de los roles en el Estado Capitalista, donde las figuras ideales nos señalan la supuesta división de poderes, donde los Jueces deben ajustarse a la Normativa y no a la realidad; esa condición imperante en tantos discursos donde se expone la neutralidad y objetividad como valores supremos. Discursos que llevan en sus raíces la bandera del no compromiso, disfrazado de objetivo: “Los jueces no tienen que estar desafectados de la conflictividad social (…) se tienen que hacer cargo del conflicto y del dolor social…tienen que ver cómo sopesar ese dolor…”.
La querella dejó en claro lo que fue el Estado de la dictadura, el Plan de Exterminio Sistemático, donde se cuestionaron los mecanismos de consenso social, y se fue contra ellos, intentando quebrarlos, “desaparecerlos”. No se trató de la respuesta a una oleada de violencia desatada por distintos grupos, blancos directos de las fuerzas represivas de la dictadura, mucho antes del surgimiento de las organizaciones populares. Este plan de exterminio ya estaba ideado y planificado. A propósito de esto, el Dr. Yanzón, citó un fragmento del testimonio de Basterra, un sobreviviente de ESMA, quien dijo: “…Lo que pasó fue Disciplinamiento Social, si no hubieran existido las guerrillas, también hubiese habido Plan de Exterminio…”. En los años 60, esta maquinaria de matar ya existía; en este sentido es que el Dr. Yanzón hizo mención de los Reglamentos Militares Secretos del año 1968 (derogados recién en el año 1995), una especie de ABC de la violencia, donde se detallaban y enseñaban los mejores métodos de tortura física y psicológica. Estos manuales de la muerte, estos reglamentos, son anteriores al surgimiento de las Organizaciones Armadas. En esos Reglamentos Militares Secretos ya se contemplaba la utilización de la tortura, el terror y la eliminación de personas.
El Dr. Rodolfo Yanzón, culminó su exposición con el envío de un mensaje claro, al que todos aspiramos: “El caso de Febres, y todos los represores, se ajusta a lo que fue un acuerdo de voluntades horizontales (…) Febres va a tener que responder por la totalidad de los crímenes, del primer día al último que estuvo en la ESMA (…) La responsabilidad de Febres no es menor que el de arriba, todos los que participaron son ejecutores directos…”
La Dra. Luz Palmas Zaldúa, representante de otra querella, fue la segunda en hacer uso de la palabra.
Su exposición refirió a la base fáctica, pruebas comprobadas sobre las funciones de la Escuela de Mecánica de la Armada, desenvolvimiento del Grupo de Tareas 3.3.2. y 3.3.3., funciones específicas del represor Héctor Febres, testimonios que dieron cuenta de la presencia de los cuatro sobrevivientes por los que está siendo juzgado Febres.
Conclusiones que llevaron a ratificar que Héctor Febres estuvo de manera permanente: secuestrando, torturando, viajando al exterior en busca de más prisioneros, encargándose de las embarazadas, decidiendo él el destino de los bebés nacidos en cautiverio, vigilando a los detenidos que salían en libertad, adjudicando trabajo esclavo, instrumentando las llamadas a los familiares y las visitas, llevando a prisioneros a puntos fronterizos, etc.
Fue ascendiendo dentro de la estructura de ESMA, de alumno ejemplar de Pernías, represor del que se decía era quien tenía más “horas máquina o más horas vuelo”, a Oficial de Guardia, Jefe del Sector IV, Encargado del Sector IV, “Intendente del Sótano”, como lo llamaban muchos detenidos.
“Febres debe responder en calidad de Coautor penalmente responsable, Coautoría Directa. Ha tenido en codominio funcional de todos los hechos, como los demás, operaban en conjunto, al formar parte de un Aparato de Poder Organizado”. Sostuvo la Dra. Luz Palmas Zaldúa; quien continuó diciendo: “Formaba parte de la estructura de poder de la ESMA, Ejecución del Plan Sistemático de Exterminio (…) En aquellos actos que no pueda responder como autor directo, sí deberá hacerlo como coautor. Se le pueden imputar hechos no realizados de mano propia, por acción u omisión; por no haber impedido la tortura, el secuestro, el trabajo esclavo, la muerte”.
La Dra. Palmas Zaldúa, cerró su exposición diciendo: “No podemos imaginar un escenario sin impunidad si no logramos llevar a juicio a Todos por Todos”.
Más tarde fue el turno de alegato de otra de las querellas a cargo de la Dra. Miriam Bregman y la Dra. Liliana Mazea.
Alrededor de las 17:00hs la sala comenzó a vaciarse, en medio de la emoción y el grito unísono de muchas voces, cuando sale de las entrañas el ¡ASESINO!, y del corazón el ¡PRESENTE!, por los 30.000 Compañeros Desaparecidos, ¡Presentes!, ¡Ahora! Y ¡Siempre!
No es conformismo práctico el celebrar un Juicio de estas características, es entender que las condiciones están dadas de este modo, y algo, es mucho más que nada. Sentar en el banquillo a un represor como Febres, por sólo cuatro casos, es un paso pequeño, y el camino se hace de a muchos pasos, pequeños algunos, y otros no. Seguir construyendo nos permitirá seguir andando, hasta sentar a todos los asesinos de la dictadura en ese banquillo del que nunca más deberán salir.
Aquí en Uruguay, donde seguramente cuando T y Utopía este en manos de los compañeros, se habrá materializado –con el procesamiento del Goyo Alvarez-, y hayamos recibido los restos repatriados de Argentina de Helios Serra, la lucha contra la impunidad y el olvido estará escribiendo un nuevo capitulo, cuyo galón más alto será cuando nos libremos para siempre de la ley de caducidad.
Raúl Olivera
Secretaria de DD.HH y Políticas Sociales PIT/CNT.

31/10/08 INFORME SOBRE DERECHOS HUMANOS EN EL GOBIERNO ATUAL.

INFORME PARA VENEZUELA SOBRE DERECHOS HUMANOS EN EL GOBIERNO ACTUAL. (31/10/08)

NOTA: En razón de que en Uruguay - pese a que ya han trascurrido 22 años del fin de la dictadura (1973-1984)-, el tema de las violaciones a los derechos humanos acaecidas durante la dictadura no ha sido solucionado con verdad y justicia, cuando se hace referencia a la problemática de los derechos humanos, se entiende que se está hablando de las conductas de la pasada dictadura.

1) La especial relación del Estado democrático uruguayo con las conductas del Estado terrorista del pasado, ha sido una constante en la agenda política de estos últimos 22 años. Con altibajos, no ha existido período de gobierno: Julio María Sanguinetti, del partido colorado (1985- 1989); Luis Alberto Lacalle, del partido blanco ( 1990- 1994); Julio María Sanguinetti, del partido colorado (1995-1999); Jorge Batlle del partido colorado (2000-2004) y Tabaré Vázquez del Frente Amplio ( 2005-2009); en que este tema vinculado al tema militar haya ordenado gran parte de la agenda política del país.
2) Pese al compromiso que habían asumido todos los partidos políticos a la salida de la dictadura de que actuaría el Poder Judicial en las violaciones a los derechos humanos cometidas por la dictadura, a poco de que empezaran a citarse a militares y policías a las sedes penales (1986) bajo amenaza de los militares el Parlamento vota la ley 15.848 para evitar la comparecencia y los eventuales encarcelamientos del personal de la dictadura. Dicha ley (llamada de Caducidad de la pretensión punitiva del Estado), no cuenta con los votos de la izquierda en su totalidad y de sectores minoritarios del Partido blanco y colorado.
3) A diferencia de otras leyes de impunidad existentes en otros países latinoamericanos ( Chile, una auto amnistía; en Argentina leyes de Punto Final y de Obediencia debida), la ley de Caducidad de la pretensión Punitiva del Estado margina totalmente al Sistema Judicial para entender en cualquier demanda relacionada con el personal militar o policial que haya ocurrido durante la dictadura. Esa ley, transforma al gobierno de turno en el poseedor de la determinación de definir que cosas pueden o no pasar a ser consideradas por el Poder Judicial. Esto explica, que solamente en Uruguay no se encontraran resquicios en la ley de impunidad que permitieran ( como ocurrió en Argentina y en Chile), avanzar en algunos procesos judiciales contra los criminales de lesa humanidad.
4) De esta manera, los cuatro gobierno que antecedieron al actual que fueron los promotores de la ley de impunidad, operaron de manera tal que ni se pudo saber lo ocurrido durante la dictadura, ni se pudo llevar a nadie ante los estrados judiciales. Reinó la impunidad más absoluta. Pese a las observaciones que recibió Uruguay (y aun recibe) de los organismos internacionales (CIDH y ONU), en lo fundamental todos los gobiernos anteriores fueron intransigentes sostenedores de la impunidad.
5) En 1989, la ciudadanía hizo posible la realización de un referéndum (mecanismo de democracia directa existente en la constitución uruguaya), para intentar anular la ley de caducidad. Sin embargo no logró los votos suficientes (más del 50%), para anular la ley. A partir de ese hecho, la ley de impunidad uruguaya, si bien seguía siendo jurídicamente cuestionable, logró en esa oportunidad una cierta legitimidad política.
6) Mención destacada merece la situación de la impunidad en Uruguay, en su relación con Venezuela a partir del secuestro de la maestra Elena Quinteros de la sede diplomática de Venezuela en Montevideo el 28 de junio de 1976. Ese hecho gravísimo de violación del territorio venezolano por parte de la dictadura uruguaya, motivo en su momento – como no podía ser de otra manera-, la ruptura de relaciones entre ambos países. Ruptura que se mantuvo trabajosamente, hasta el fin de la dictadura y a partir del compromiso del gobierno uruguayo del Dr. Sanguinetti, de investigar las responsabilidades y sancionar a los responsables. Ese compromiso aún no a sido cumplido. No se investigo en esferas de las fuerzas armadas y policiales, y habiéndose investigado a nivel del personal diplomático del Ministerio de Relaciones Exteriores y establecido claras responsabilidades, tampoco se sancionó ni siquiera administrativamente. En la administración pasada, en una demanda penal contra el ex canciller de la dictadura Juan Carlos Blanco, se logró el procesamiento del citado jerarca. Sin embargo, esfuerzos y presiones desde el gobierno de entonces, lograron que Blanco pese a estar procesado por co autoría de homicidio especialmente agravado, continué en libertad. Elena Quinteros, continúa desaparecida y los militares y policías responsables de su desaparición continúan protegidos por una ley de impunidad que abusivamente han extendido al territorio venezolano, donde ocurrió su secuestro.
7) El triunfo de la izquierda en las últimas elecciones, llevó al gobierno a las fuerzas que integraron los más de 200 desparecidos, los cientos de asesinado y los miles de torturados y presos por la dictadura. La llave de la impunidad que cerró durante 20 años el camino de la verdad y la justicia, cambió de manos. Pese a que aún está vigente en nuestro ordenamiento jurídico interno, la ley de caducidad, el nuevo gobierno empezó a hacer posible avances importantes en contra de la impunidad: se habilito la entrada a los cuarteles donde existían cementerios clandestinos de víctimas de la dictadura ( se rescataron el cuerpo de dos de ellos); se exigió a las fuerzas armadas informes sobre violaciones a los derechos humanos (ello permitió conocer la existencia de vuelos de la muerte y el traslado con ejecución de prisioneros de Argentina a Uruguay); se excluyó del amparo de la ley de caducidad denuncias que anteriormente se habían incluido en ella indebidamente ( ello permitió el procesamiento de varios militares y policías); se habilito a que la justicia fuera quien definiera la pertinencia o no de pedidos de extradición formuladas por otros países ( se permitió la extradición a Chile de tres militares acusados en el asesinato del agente de la DINA Eugenio Berrios); se inició en algunos organismos del Estado el acceso a los archivos del Estado sobre la represión ( caso del Ministerio de Relaciones Exteriores); se aprobaron a nivel legislativo importantes leyes que adecuaban al país a las exigencias del concierto mundial en materia de protección a los derechos humanos (tipificación de los delitos de lesa humanidad); se reparo a militares sancionados por la dictadura por oponerse a ella; se reintegro derechos jubilatorios a presos y exiliados.
8) Pese a tener las mayorías necesarias para que el Parlamento declare la nulidad de la ley de caducidad, el gobierno no ha tomado la determinación de hacerlo. Ello, tiene como consecuencias, que el Uruguay siga estando en la mira de los cuestionamientos de los organismo internacionales encargados de la vigilancia del resguardo de los derechos humanos, y que internamente continue un sistema de impunidad, que como dice el programa de la fuerza de gobierno, “afecta la vida democrática del país” y afectas un principio fundamental de la democracia: la igualdad ante la ley.
9) El movimiento obrero organizado en el PIT/CNT, las organizaciones sociales mas importantes del país, como FUCVAM y la FEUU conjuntamente con la inmensa mayoría de las organizaciones defensoras de los derechos humanos e importantes figuras políticas, han iniciado un proceso que conduzca a la anulación de la ley de impunidad, es aún un debe del gobierno y la fuerza política que lo ejerce, sumarse a este esfuerzo.

SUBASTA DE ARTE CONTEMPORANEO URUGUAYO POR LA NULIDAD DE LA LEY DE CADUCIDAD.

Publicado en Trabajo y Utopia octubre 2008

Abran cancha.
Los artistas uruguayos están llegando aquí. Han traído sus obras para sumarias a la lucha
contra la ley de impunidad.
Los artistas nuestros vienen a devolvernos la certeza de que la belleza y la justicia son hermanas siamesas.
La justicia y la belleza han nacido bien pegaditas, espalda contra espalda, y mucho que las serruchen
vuelven a juntarse, una vez y otra
y otra vez más y siempre.
Eduardo Galeano

El 4 de noviembre en la Sala de exposiciones de APU (San José 1330) el martillero Álvaro Echaider, realizó la subasta de 37 obras de arte, con el objetivo de contribuir a solventar los gastos que implica enfrentar para cumplir con el objetivo de anular la ley de caducidad.
La Propuesta de un grupo de trabajo creado para buscar fondos mediante la subasta de obras de arte, tuvo una extraordinaria acogida que superó ampliamente lo esperado. Si las urgencias de la campaña de recolección de firmas, no impusieran un límite de tiempo, muchos otros artistas plásticos integrarían la nomina de quienes entregaron obras para ese fin.
Los artistas que donaron sus obras son: Javier Abdala, Manuel Aguiar, Walter Aiello, Gustavo Alamón, Javier Alonso, Carlos Barea, Luis Camnitzer, Pablo Conde, Leonardo Díaz Torres, Lacy Duarte, Carlos Llanos, Elbio Ferrario, Edda Ferreira, Leonilda González, Pascual Grippoli, Anhelo Hernández, Fermín Hontou, Claudio lnvernizzi, Héctor Laborde, Fernando López Lage, Julio Mancebo, Marcelo Mendizábal, Martín Mendizábal, Carlos Musso, Tatiana Oroño, Alfredo Pareja, Marcial Patrone, Silvestre Peciar, Jimena y Micaela Perera, Octavio Podestá, Alberto Schunk, Carlos Seveso, Ana Tiscornia, Daniel Tomasini, Cecilia Vignolo, Ernesto Vila. A todos ellos y a los que colaboraron para que ello fuera posible, nuestro agradecimiento.

COSECHANDO FIRMAS PARA TERMINAR CON LA IMPUNIDAD.

Publicado en TRABAJO Y UTOPIA OCTUBRE 2008

Cuando Trabajo y Utopía este en manos de los trabajadores afiliados a los sindicatos que integran el PIT/CNT, ya se encontrará recorriendo el país el ómnibus que cosechara las firmas que aún faltan para hacer posible el plebiscito que declare la nulidad de la ley de caducidad.

Es a partir de ese momento, que se entrará en una etapa que tendrá como meta dinamizar la campaña, fundamentalmente en el interior del país. Y que se complementa y articula con los esfuerzos que se realizan desde el inicio de la campaña, mediante las Mesas Recolectoras de firmas, la labor individual de los compañeros, etc.

Esa meta al corto plazo, desde el punto de vista numérico, consiste en llegar al número de firmas del 12%, del padrón electoral de cada departamento. Y, al mediano plazo, establecer formas organizativas y de difusión que contribuyan a fortalecer la segunda etapa: aquella que implica lograr el apoyo ciudadano en las urnas.

El instalar en la agenda pública del interior del país la campaña de recolección de firmas, no es una tarea que milagrosamente se materializara, con la llegada del ómnibus, ni que recién empieza con ello..

Si bien es cierto que su arribo a cada localidad será apoyado materialmente mediante el aporte de materiales de propaganda (folletos, pegotines, balconeras, películas, menciones radiales y publicidad), es fundamental el apoyo que se brinde desde lo local. En ese papel, serán fundamentales los trabajadores organizados, los cooperativisas, los jubilados y la población en general.

La llegada del ómnibus, no será para hacer exclusivamente el trabajo de cosechar las firmas. Se supone- y ello esta implícito en la denominación de ese Plan de trabajo-, que se cosecha algo que previamente hizo necesario que se acondicionara el terreno y luego se sembrara.

La cosecha, es un trabajo colectivo, en el que la población suma brazos para recoger los frutos. En ese sentido, el ómnibus y quienes en el lleguen a cada lugar, será también un componente anímico que contribuya a completar las labores de difusión, a fortalecer los vínculos que permitan sostener una comunicación periódica.

Recolectar las papeletas ya firmadas que están dispersas y hacer jornadas de recolección.

Esta idea materializada en el plan “Cosechando firmas”, intentará cubrir todo el interior del país, recorriendo los 19 departamentos con el ómnibus. La idea de generar en cada rincón del país el debate entorno a la ley de caducidad y su oportuna anulación; por diferentes medios; necesita la coordinación con los sindicatos y federaciones de carácter nacional y mediante ellos, el impulso y el traslado a otras formas de organización social y política existente en cada lugar.

La Partida del ómnibus
La partida del ómnibus se realizó el sábado 18 de octubre desde la Plaza Matriz al medio día, con rumbo a su primer destino la ciudad de Las Piedras. Previamente, dos días antes en la sede de AEBU, se realizó una conferencia de prensa en la que se realizó el lanzamiento del Plan “Cosechando firmas”.

La largada del ómnibus multicolor, fue acompañada de mucha gente. Personalidades y referentes públicos de lugares e ideas distintas (académicos, periodistas, artistas de todas las disciplinas, parlamentarios, deportistas, juristas), expresaron así su apoyo a la campaña y dió un firme respaldo a la iniciativa.

Un pequeño grupo de esas personalidades viajo en el ómnibus hasta la ciudad de Las Piedras donde se realizo la primera parada, para que el intendente de Canelones, Marcos Carámbula los recibió en el Comité de base Félix Vidarte con un grupo de personalidades pedrenses y firmó la papeleta de adhesión al plebiscito.

El aspecto del ómnibus, mostraba que había existido una prolija y sacrificada labor en la que se conjuntaron los esfuerzos de sindicatos de trabajadores, estudiantes, artistas, etc.

Muchas cosas debieron ponerse en juego, para que finalmente el ómnibus estuviera en la calle, ahora, de aquí en más, será necesario hacer los esfuerzos para que el mismo sea un efectivo instrumento de organización y desarrollo de la lucha contra la impunidad.

La llegada a Las Piedras, mostró la existencia de una coordinación previa, que deberá repetirse en todas las salidas posteriores. La experiencia de la actividad pública realizada en Las Piedras, el desarrollo de la propia oratoria y el resto de las actividades que rodearon este lanzamiento, son una experiencia invalorable para mejorar y perfeccionar las que vendrán.

El equipamiento del ómnibus, permitirá la proyección de videos referidos al tema derechos humanos y la realización de debates posteriores. Desde los compañeros que actúan a nivel de los lugares que recorrerá el ómnibus, deberá evaluarse los medios que se desarrollaran para hacer mas efectiva la presencia del ómnibus. Invitar a personalidades locales y a víctimas de violaciones de los derechos humanos, a dar la bienvenida al ómnibus, así como hacerles un homenaje; planificar la confección y pintura un mural; que se plante un árbol; la participación de grupos de musicales locales, etc, son algunas de las cosas a pensar e instrumentar.

Todo eso, en función de la recolección de firmas, que debe ser continúa desde la llegada a la localidad en todos los sitios donde se concentre gente.

Campaña publicitaria
Días previos a esta iniciativa, la Comisión de Propaganda de la Campaña, puso en circulación una serie de videos, realizada por Ángel Urruzola, en la que varios hijos de desaparecidos daban su testimonio y adhesión a la campaña. La difusión masiva en el interior de los mismos, así como otras iniciativas específicas de apoyo al Plan “Cosechando Firmas”, contribuyen y colaboran a reinstalar el tema a nivel nacional, coordinando mensajes, estética y medios.

Decíamos anteriormente, que la materialización del ómnibus en la calle, significó muchos esfuerzos. Armar una propuesta, trasformarla en un Plan, lograr la financiación, coordinar la actividad en el marco de una campaña a nivel nacional que ya estaba en marcha, conseguir un ómnibus, ponerlo a punto, equiparlo, hizo necesario mover y despertar solidaridades. Es sano y gratificante reconocer, que sobraron ideas, entusiasmo.

Ahora hay que establecer el itinerario, ajustar detalles para no desperdiciar tanto esfuerzo. Asegurar el hospedaje, en el caso de que el ómnibus no pueda retornar en el día, de los compañeros que en él viajen. Asegurar la existencia de un grupo, que asegure el funcionamiento de las actividades que se generan desde el mismo, son cosas que será importante asegurar

El ómnibus de por sí, dejará un recorrido marcado a nivel nacional que los compañeros que llevaron a cabo esta iniciativa, denominaron “la ruta de la dignidad”. También, despertara las reservas de la rebeldía y el compromiso, que aquellos que quieren un Uruguay con verdad y justicia.