Publicado en BRECHA 29-10-10
En política suele ser recurrente el uso del recurso discursivo consistente en preguntar que es lo mas ajustado a la realidad, si ver el vaso medio lleno o medio vacío. A partir de esa contraposición, se busca neutralizar y relativizar una visión critica que pueda hacerse sobre la eficacia de la acción del gobierno. Cualquier discusión que se ubique en esa lógica, es políticamente improductiva, son miradas tuertas sobre la realidad.
Lo importante y sustancial para una fuerza política de izquierda comprometida con cambios profundos en una sociedad que en aspectos sustanciales fue edificada sobre paradigmas que se propone modificar, es seguramente la mirada sin autocomplacencia de lo que queda por hacer.: El vaso medio vacío nos marca el desafió del qué hacer futuro o de las cosas a corregir.
El vaso medio lleno, es también importante, entre otras cosas y fundamentalmente, porque es la condición indispensable que nos permite abordar con mayores certezas los desafíos del futuro. La visualización de lo que se hizo, permite lograr apoyos y capacidades indispensables a la hora de poner en práctica la acción de gobierno para llenar en el futuro los vacíos existentes.
No se puede desconocer, que el largo recorrido de acumulación que debió realizar la izquierda para llegar al gobierno, construyo junto a la fortaleza de su organización, un cúmulo de expectativas firmemente arraigadas en su militancia. Es desde esa construcción histórica de la fuerza de izquierda, que debe medirse la realidad total del vaso.
Tampoco se puede desconocer, que esas expectativas han sabido ser por lo general – aunque con excepciones -, administradas por la militancia de acuerdo a los tiempos y las condiciones objetivas existentes. Esa administración de las aspiraciones o reivindicaciones históricas cuando justamente la izquierda se ubicaba en el gobierno, como lugar privilegiado para su materialización, suele ser orgánica e individualmente vivida con grandes tensiones y hasta dramatismo.
Esas tensiones dramáticas vividas y sufridas - ya sea en el marco de una orgánica sana y saludable de una organización políticas o en la soledad mas absoluta -, corren el riesgo de transformarse en una suerte de “divorcio” o cuestionamiento al grado de representatividad que la organización política mantiene con relación a las expectativas de sus integrantes.
Ese “divorcio” político o ruptura de la continuidad en la medida que la política es fundamentalmente el producto de una forma especifica de la relación de las personas agrupadas en grupos de intereses, tiene su proceso, sus señales y hasta su “duelo”. Algo de eso, seguramente fueron las señales que se emitieron en las ultimas instancias electorales, en la crisis de militancia, en la apatía y la falta de participación.
De ahí, que una cualidad imprescindible de una organización política de izquierda, sea su continuidad, habida cuenta de que el proceso de cambios que esa fuerza política se comprometió históricamente a llevar a cabo, son parte de un proceso de largo aliento tanto en su desarrollo como en su concreción final.
Sin embargo esa continuidad, no es un atributo que pueda resolverse bien de cualquier manera y forma. En el mundo hay muchos ejemplos de “reciclajes”, de “agiornamientos” y hasta de “travestismo” político, con los que se a intentado resolver una ruptura en la continuidad de una organización política.
Esas rupturas de la continuidad, muchas veces es el resultado de tensiones endógenas, y otras veces por razones marcadamente exógenas. Y en la mayoría de los casos, es el resultado combinado de ambos aspectos. Dicho de otra manera, la trayectoria de una organización política, es en parte, la historia de cómo resuelve sus crisis de continuidad, en el curso del devenir histórico de las condiciones objetivas y subjetivas.
Pocas veces, esa resolución de una crisis de continuidad, es sin desgajamientos y desprendimientos políticos. Según la profundidad de esos desprendimientos, nos encontraremos ante la conformación de nuevas organizaciones políticas o simples “daños colaterales”.
En la historia de la izquierda uruguaya con un fuerte componente ideologico y una acentuada cultura de la unidad, se pueden constatar procesos de rupturas, de todos los tipos. Pero creemos sin temor a equivocarnos, que de todas ellas, si bien se ha salido mal heridos, por regla general no se han afectado seriamente la continuidad de un pensamiento y una cultura de cambio y lucha contra la injusticia.
A pesar de que claramente la continuidad de una organización política, esta conformada por un núcleo duro constituido entre otros elementos por una historia común y un conjunto de ideas fuerza o acerbo ideológico, es también indispensable un grado de credibilidad de la conducta de sus dirigentes y de los mecanismos de funcionamiento de la organización política.
Dicho de otra manera y volviendo al tema del vaso medio lleno o medio vacío, lo que hoy esta en cuestión a partir del apartamiento doble – en lo que hacen o dicen que se debería hacer y las sinrazones con las que se intenta fundamentarlo -, de algunos dirigentes y parlamentarios de las decisiones de la fuerza política con relación a la forma (tardía) que el gobierno de izquierda resuelve el tema de la impunidad, es la credibilidad del vaso.
Además de empezar a terminar con una cultura de impunidad que permitió que la ley de caducidad sobreviviera durante 34 años, el Frente Amplio tiene la oportunidad de revalorizar una cultura de izquierda en constante desafió y combate a toda forma de injusticia. Ojala no la desperdicie.
Tomado de BRECHA, 29/10/10.
viernes, 29 de octubre de 2010
lunes, 11 de octubre de 2010
POR UN AUTENTICO Y EFICAZ FIN DE LA IMPUNIDAD
POR UN AUTENTICO Y EFICAZ FIN DE LA IMPUNIDAD.
Publicado en Trabajo y Utopia Nro 103 de octubre 2010
En el ejemplar de Trabajo y Utopía de agosto anotábamos en la sección correspondiente a la temática de los derechos humanos, que todo parecía indicar que se acercaba el fin de la impunidad impuesto por la ley de la caducidad de la pretensión punitiva del Estado. No nos atrevimos a ser categóricos en una afirmación de ese tipo, escribimos que todo “parecía indicar”, que terminaban de anudarse determinadas condiciones que obligarían al Poder Ejecutivo y al Legislativo- “con mayor o menor entusiasmo” - a materializar una iniciativa a nivel parlamentario en ese sentido.
En esa oportunidad, repetimos, que la impunidad en el Uruguay, “no sólo tenía que ver con un debate exclusivamente jurídico, sino con situaciones políticas que la promovieron y la defendieron incansablemente en todos estos años. Por lo tanto el esfuerzo realizado para librarnos de ella, necesitaba de batallas en esos dos terrenos específicos”. Y finalmente alertábamos que se debería “prestar especial atención a los puntos y las comas del texto” del proyecto de ley que se ponga a consideración del parlamento para su aprobación.
las normas internacionales de protección de derechos humanos y de derecho internacional humanitario forman parte de nuestro orden constitucional y en consecuencia de ello, dejaban sin efecto por resultar inaplicables, la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado; establecía que toda intervención judicial que haya sido interrumpida por aplicación de la ley de caducidad podría ser reactivada y no se podría invocar en ningún caso la prescripción de los delitos.
A partir de entrar oficialmente ese proyecto de ley al ámbito de la Comisión de Constitución y Códigos de la Cámara de diputados, se desataron polémicas previsibles y otras inesperadas.
Era de esperar que los partidos que históricamente fueron sostenedores de la política de impunidad en el Uruguay, fueran coherentes y manifestaran su férrea oposición al proyecto del partido oficialista.
No era de esperar, que dentro del partido de gobierno, surgieran voces de oposición a la resolución de su propia fuerza política y menos aun que los fundamentos sean los mismos sostenidos por el ex presidente Sanguinetti.
También resulta preocupante, que en Comisión y a la luz de presuntos cuestionamientos jurídicos, se modifique el proyecto original, no para mejorarlo, sino para rebajar los fines que tenía el proyecto original.
Los sucesos ocurridos en Ecuador, donde tenia proyectado funcionar la Corte Interamericana, postergaron la casi segura resolución condenatoria al Estado uruguayo para el mes de noviembre. La falta de firmeza del Estado uruguayo a la hora de resolver su inconsecuencia con la jurisprudencia internacional, no solo dará lugar a que la sentencia obligatoria de la Corte Interamericana, sea la que le corrija la plana al país, sino que podrá producir efectos no deseables a la interna de una fuerza política que dice estar comprometida en una profundización de los cambios, y que para ello le resulta indispensable la confianza de la gente.
Publicado en Trabajo y Utopia Nro 103 de octubre 2010
En el ejemplar de Trabajo y Utopía de agosto anotábamos en la sección correspondiente a la temática de los derechos humanos, que todo parecía indicar que se acercaba el fin de la impunidad impuesto por la ley de la caducidad de la pretensión punitiva del Estado. No nos atrevimos a ser categóricos en una afirmación de ese tipo, escribimos que todo “parecía indicar”, que terminaban de anudarse determinadas condiciones que obligarían al Poder Ejecutivo y al Legislativo- “con mayor o menor entusiasmo” - a materializar una iniciativa a nivel parlamentario en ese sentido.
En esa oportunidad, repetimos, que la impunidad en el Uruguay, “no sólo tenía que ver con un debate exclusivamente jurídico, sino con situaciones políticas que la promovieron y la defendieron incansablemente en todos estos años. Por lo tanto el esfuerzo realizado para librarnos de ella, necesitaba de batallas en esos dos terrenos específicos”. Y finalmente alertábamos que se debería “prestar especial atención a los puntos y las comas del texto” del proyecto de ley que se ponga a consideración del parlamento para su aprobación.
las normas internacionales de protección de derechos humanos y de derecho internacional humanitario forman parte de nuestro orden constitucional y en consecuencia de ello, dejaban sin efecto por resultar inaplicables, la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado; establecía que toda intervención judicial que haya sido interrumpida por aplicación de la ley de caducidad podría ser reactivada y no se podría invocar en ningún caso la prescripción de los delitos.
A partir de entrar oficialmente ese proyecto de ley al ámbito de la Comisión de Constitución y Códigos de la Cámara de diputados, se desataron polémicas previsibles y otras inesperadas.
Era de esperar que los partidos que históricamente fueron sostenedores de la política de impunidad en el Uruguay, fueran coherentes y manifestaran su férrea oposición al proyecto del partido oficialista.
No era de esperar, que dentro del partido de gobierno, surgieran voces de oposición a la resolución de su propia fuerza política y menos aun que los fundamentos sean los mismos sostenidos por el ex presidente Sanguinetti.
También resulta preocupante, que en Comisión y a la luz de presuntos cuestionamientos jurídicos, se modifique el proyecto original, no para mejorarlo, sino para rebajar los fines que tenía el proyecto original.
Los sucesos ocurridos en Ecuador, donde tenia proyectado funcionar la Corte Interamericana, postergaron la casi segura resolución condenatoria al Estado uruguayo para el mes de noviembre. La falta de firmeza del Estado uruguayo a la hora de resolver su inconsecuencia con la jurisprudencia internacional, no solo dará lugar a que la sentencia obligatoria de la Corte Interamericana, sea la que le corrija la plana al país, sino que podrá producir efectos no deseables a la interna de una fuerza política que dice estar comprometida en una profundización de los cambios, y que para ello le resulta indispensable la confianza de la gente.
sábado, 2 de octubre de 2010
Carta al Director del diario La República
Sr. Director del diario La Republica
Dr. Federico Fasano Martens
El sábado 18 de septiembre en el diario que usted dirige, se publicó un artículo, que fue anunciado en primera plana, referido a una parte del testimonio, dado por la señora Ana Quadros, ante el Tribunal Federal Nº 1 de Argentina en la causa Automotoras Orletti. No se dice en el mismo artículo, de dónde se recogió esa información, lo que puede dar a suponer que son declaraciones formuladas por Quadros para esa publicación. Esto puede catalogarse como un error periodístico subsanable.
Pero lo que motiva esta nota, es la forma en que La República, presentó ese aspecto del testimonio, en tapa de diario, mediante un titular que considero que se aparta de aspectos éticos elementales, para referirse a un tema tan delicado como es el de una violación.
Somos conscientes que revelar hechos tan traumáticos, cuesta mucho a quienes lo han sufrido. No sólo porque una violación es un acto de sometimiento aberrante, y eso se vive como una humillación muy difícil de asumir, sino, también, porque puede ser motivo de un tratamiento periodístico donde se revictimisa a quien ha sufrido el daño. No escapará a usted que un testimonio de denuncia judicial constituye una pieza de reconstrucción de determinados hechos vividos, por lo tanto, quien lo realiza, cuando se trata de una víctima directa de los mismos, ese hecho vuelve a vivirse, seguramente con similar intensidad que cuando se produjo. De ahí que un tratamiento inadecuado, como al que nos referimos, más que ayudar a una labor de defensa de los derechos de la víctima termina agravando el daño sufrido.
Quienes conocemos a Ana, sabemos el esfuerzo y la entereza de la que tuvo que valerse para denunciar este hecho ante un Tribunal, en un juicio oral y público, diciendo, en el mismo “que puede hacerlo recién 20 años después”. Sólo la convicción que hechos tan graves como estos deben castigarse motivan la exposición, en un esfuerzo para escapar de la situación de victima que el silencio le impone.
El titular en tapa, incluyendo la foto de Ana Quadros, datos familiares, de su condición de hija de un ex embajador, no guardan el elemental reparo que hasta en las crónicas rojas se tiene, con las víctimas de tales delitos. En este caso se invierten los términos. Aquí se expone a la víctima y se desplaza al victimario.
Estas conducta cometidas al amparo del Terrorismo de Estado, en este caso, por el Mayor Manuel Cordero, no son excepcionales. Tanto hombres como mujeres, han sido objetos de diversas formas de abusos sexuales por parte de las fuerzas represivas, militares y policiales. Nos preguntamos entonces: Cómo se contribuye a crear las condiciones para que esos hechos aún in abordados, puedan ser incorporados de manera tal que ayuden a sanear el cuerpo social, sin temor a un trato inadecuado a quienes sufrieron tales daños.
Dr. Federico Fasano Martens
El sábado 18 de septiembre en el diario que usted dirige, se publicó un artículo, que fue anunciado en primera plana, referido a una parte del testimonio, dado por la señora Ana Quadros, ante el Tribunal Federal Nº 1 de Argentina en la causa Automotoras Orletti. No se dice en el mismo artículo, de dónde se recogió esa información, lo que puede dar a suponer que son declaraciones formuladas por Quadros para esa publicación. Esto puede catalogarse como un error periodístico subsanable.
Pero lo que motiva esta nota, es la forma en que La República, presentó ese aspecto del testimonio, en tapa de diario, mediante un titular que considero que se aparta de aspectos éticos elementales, para referirse a un tema tan delicado como es el de una violación.
Somos conscientes que revelar hechos tan traumáticos, cuesta mucho a quienes lo han sufrido. No sólo porque una violación es un acto de sometimiento aberrante, y eso se vive como una humillación muy difícil de asumir, sino, también, porque puede ser motivo de un tratamiento periodístico donde se revictimisa a quien ha sufrido el daño. No escapará a usted que un testimonio de denuncia judicial constituye una pieza de reconstrucción de determinados hechos vividos, por lo tanto, quien lo realiza, cuando se trata de una víctima directa de los mismos, ese hecho vuelve a vivirse, seguramente con similar intensidad que cuando se produjo. De ahí que un tratamiento inadecuado, como al que nos referimos, más que ayudar a una labor de defensa de los derechos de la víctima termina agravando el daño sufrido.
Quienes conocemos a Ana, sabemos el esfuerzo y la entereza de la que tuvo que valerse para denunciar este hecho ante un Tribunal, en un juicio oral y público, diciendo, en el mismo “que puede hacerlo recién 20 años después”. Sólo la convicción que hechos tan graves como estos deben castigarse motivan la exposición, en un esfuerzo para escapar de la situación de victima que el silencio le impone.
El titular en tapa, incluyendo la foto de Ana Quadros, datos familiares, de su condición de hija de un ex embajador, no guardan el elemental reparo que hasta en las crónicas rojas se tiene, con las víctimas de tales delitos. En este caso se invierten los términos. Aquí se expone a la víctima y se desplaza al victimario.
Estas conducta cometidas al amparo del Terrorismo de Estado, en este caso, por el Mayor Manuel Cordero, no son excepcionales. Tanto hombres como mujeres, han sido objetos de diversas formas de abusos sexuales por parte de las fuerzas represivas, militares y policiales. Nos preguntamos entonces: Cómo se contribuye a crear las condiciones para que esos hechos aún in abordados, puedan ser incorporados de manera tal que ayuden a sanear el cuerpo social, sin temor a un trato inadecuado a quienes sufrieron tales daños.
miércoles, 8 de septiembre de 2010
AHORA SI, TODOS IGUALES ANTE LA LEY.
publicado en Trabajo y Utopía Nro 102 de setiembre de 2010
Como lo anunciáramos en nuestra nota anterior de Trabajo y Utopía, ya estarían dadas las condiciones para que el gobierno a través de su bancada de diputados presente para su aprobación un Proyecto de Ley, declarando como interpretación auténtica de la Constitución, que determinados derechos ( a la vida, a la integridad personal, a no ser desaparecido, torturado, así como al acceso a la justicia para que esta investigue, persiga y juzgue castigando a los responsable) establecidos en las normas de Derecho Internacional, están incorporadas a la Constitución de la República y deberán ser aplicadas por los tribunales del Uruguay.
De esta manera, la iniciativa reconoce el rango constitucional de las normas internacionales de protección derechos humanos y de derecho internacional humanitario y como resultado de ello, deja sin efecto por resultar inaplicables, la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado.
Dicho proyecto, declara a su vez, que la ley de caducidad viola artículos de nuestra constitución, siendo en consecuencia inaplicable.
Parece claro, que si el mencionado proyecto quedara en esos términos, nos encontraríamos ante una simple derogación de la ley de caducidad, y no una anulación como ha pretendido reiteradamente consagrar la movilización popular. Pero, lo dispuesto en su artículo final, aleja esa posibilidad al establecer que toda intervención judicial que haya sido interrumpida, suspendida y/o archivada por aplicación de la ley de caducidad podrá ser reactivada y no se podrá invocar la validez de la ley de caducidad ni de actos que se hubieran dictado en su aplicación, con el fin de obstaculizar, de cualquier manera, indagatorias o acciones penales. Tampoco deja margen el proyecto, a que pudiera invocarse la prescripción de los delitos cometidos, dado el tiempo trascurrido, al establecer en ese mismo artículo final que sin perjuicio de los delitos imprescriptibles, cuando se tratara de delitos de naturaleza prescriptibles, no se computará en ningún caso para el término de prescripción, el comprendido entre el 22/12/86 y la fecha en que finalmente se promulgue la presente ley.
Una ley que termina saldando una situación que afecto la agenda política durante tantos años, es acompañada de una profunda fundamentación jurídica, al mismo tiempo que expresa un clara e inequívoco sentido de ratificar el compromiso del Uruguay con la plena vigencia de los derechos humanos.
Desde las distintas manifestaciones de repudio a la impunidad en nuestro país, hemos hecho centro en la igualdad de todos frente a la ley. Igualdad ante la ley que por otra parte esta establecida en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, como la garantía de los derechos de la persona humana y base fundacional de toda la sociedad humana y condición imprescindibles de la existencia de un Estado de Derecho.
En esa lógica el mencionado proyecto avanza en el sentido de reconocer el predominio de esas normas por sobre toda otra de carácter interno de los Estados, inclusive, respecto de las normas constitucionales. En resumen se consagra a nivel de nuestro ordenamiento interno, el hecho de que esas normas del derecho internacional constituyen un estándar mínimo indispensable, un bloque inexpugnable, frente al cual ceden las normas internas, aún las de rango constitucional.
En tal sentido, se sostiene que las garantías genéricas esenciales del Estado de Derecho tales como el derecho a la justicia, y la separación de poderes entre otros, constituyen principios universales básicos, que no pueden ser derogados ni aún por mayorías circunstanciales, ya sean de carácter popular o parlamentarias.
Por otra parte, con justeza se establece que la Convención Americana de Derechos Humanos fue aprobada y ratificada por Uruguay en 1985, por lo que la ley de caducidad aprobada posteriormente en 1986 no puede derogar derechos constitucionalmente garantidos.
Sostiene la exposición de motivos que la ley de caducidad ha sido una de las más controvertidas y repudiadas en la historia de nuestro país y que su aplicación e interpretación hasta marzo del 2005, permitió “garantizar la impunidad más absoluta para los autores de los delitos y crímenes más oprobiosos que recuerde la historia nacional utilizando todo el aparato estatal para la consecución de tales crímenes como la ejecución extrajudicial, la desaparición forzada de personas dentro y fuera de fronteras, el secuestro de niños y niñas y la tortura sistemática — incluida la violencia sexual — entre otras prácticas aberrantes cumplidas en forma sistemática, en el marco del terrorismo de estado que asoló la República entre 1973 y 1985”.
Reconoce el proyecto, que a nivel de la movilización popular la ley de caducidad, “ha sido un factor de constante movilización en su repudio, pues los supuestos factores que le dieron origen y justificaban su vigencia, hoy son anacrónicos, y en cambio perduran los efectos mas nocivos de la impunidad que impide a las víctimas y sus familiares acceder al amparo del Estado para la salvaguarda de sus derechos y el ejercicio de los mismos a través de los cometidos constitucionalmente asignados al Poder Judicial de ser salvaguarda última de los derechos inherentes a la persona humana”.
Si bien es cierto que esta iniciativa ha sido activada, también por el hecho de que ha sido presentada una acción contra el Estado uruguayo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el ingreso en el parlamento del citado proyecto de ley, no es un hecho parlamentario más. Es, también, el resultado de una larga lucha de nuestro pueblo contra la impunidad. Por eso razón no deberá ser movimiento popular un espectador pasivo de ese acontecimiento. Al igual que cuando se instalo la impunidad, deberemos ser parte activa de ese momento, siguiendo la su tratamiento desde las barras, o en actividades
que nos permitan, reencontrarnos con los que fueron momentos significativos que recorrimos para llegar a que seamos todos, frente a la ley.
Como lo anunciáramos en nuestra nota anterior de Trabajo y Utopía, ya estarían dadas las condiciones para que el gobierno a través de su bancada de diputados presente para su aprobación un Proyecto de Ley, declarando como interpretación auténtica de la Constitución, que determinados derechos ( a la vida, a la integridad personal, a no ser desaparecido, torturado, así como al acceso a la justicia para que esta investigue, persiga y juzgue castigando a los responsable) establecidos en las normas de Derecho Internacional, están incorporadas a la Constitución de la República y deberán ser aplicadas por los tribunales del Uruguay.
De esta manera, la iniciativa reconoce el rango constitucional de las normas internacionales de protección derechos humanos y de derecho internacional humanitario y como resultado de ello, deja sin efecto por resultar inaplicables, la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado.
Dicho proyecto, declara a su vez, que la ley de caducidad viola artículos de nuestra constitución, siendo en consecuencia inaplicable.
Parece claro, que si el mencionado proyecto quedara en esos términos, nos encontraríamos ante una simple derogación de la ley de caducidad, y no una anulación como ha pretendido reiteradamente consagrar la movilización popular. Pero, lo dispuesto en su artículo final, aleja esa posibilidad al establecer que toda intervención judicial que haya sido interrumpida, suspendida y/o archivada por aplicación de la ley de caducidad podrá ser reactivada y no se podrá invocar la validez de la ley de caducidad ni de actos que se hubieran dictado en su aplicación, con el fin de obstaculizar, de cualquier manera, indagatorias o acciones penales. Tampoco deja margen el proyecto, a que pudiera invocarse la prescripción de los delitos cometidos, dado el tiempo trascurrido, al establecer en ese mismo artículo final que sin perjuicio de los delitos imprescriptibles, cuando se tratara de delitos de naturaleza prescriptibles, no se computará en ningún caso para el término de prescripción, el comprendido entre el 22/12/86 y la fecha en que finalmente se promulgue la presente ley.
Una ley que termina saldando una situación que afecto la agenda política durante tantos años, es acompañada de una profunda fundamentación jurídica, al mismo tiempo que expresa un clara e inequívoco sentido de ratificar el compromiso del Uruguay con la plena vigencia de los derechos humanos.
Desde las distintas manifestaciones de repudio a la impunidad en nuestro país, hemos hecho centro en la igualdad de todos frente a la ley. Igualdad ante la ley que por otra parte esta establecida en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, como la garantía de los derechos de la persona humana y base fundacional de toda la sociedad humana y condición imprescindibles de la existencia de un Estado de Derecho.
En esa lógica el mencionado proyecto avanza en el sentido de reconocer el predominio de esas normas por sobre toda otra de carácter interno de los Estados, inclusive, respecto de las normas constitucionales. En resumen se consagra a nivel de nuestro ordenamiento interno, el hecho de que esas normas del derecho internacional constituyen un estándar mínimo indispensable, un bloque inexpugnable, frente al cual ceden las normas internas, aún las de rango constitucional.
En tal sentido, se sostiene que las garantías genéricas esenciales del Estado de Derecho tales como el derecho a la justicia, y la separación de poderes entre otros, constituyen principios universales básicos, que no pueden ser derogados ni aún por mayorías circunstanciales, ya sean de carácter popular o parlamentarias.
Por otra parte, con justeza se establece que la Convención Americana de Derechos Humanos fue aprobada y ratificada por Uruguay en 1985, por lo que la ley de caducidad aprobada posteriormente en 1986 no puede derogar derechos constitucionalmente garantidos.
Sostiene la exposición de motivos que la ley de caducidad ha sido una de las más controvertidas y repudiadas en la historia de nuestro país y que su aplicación e interpretación hasta marzo del 2005, permitió “garantizar la impunidad más absoluta para los autores de los delitos y crímenes más oprobiosos que recuerde la historia nacional utilizando todo el aparato estatal para la consecución de tales crímenes como la ejecución extrajudicial, la desaparición forzada de personas dentro y fuera de fronteras, el secuestro de niños y niñas y la tortura sistemática — incluida la violencia sexual — entre otras prácticas aberrantes cumplidas en forma sistemática, en el marco del terrorismo de estado que asoló la República entre 1973 y 1985”.
Reconoce el proyecto, que a nivel de la movilización popular la ley de caducidad, “ha sido un factor de constante movilización en su repudio, pues los supuestos factores que le dieron origen y justificaban su vigencia, hoy son anacrónicos, y en cambio perduran los efectos mas nocivos de la impunidad que impide a las víctimas y sus familiares acceder al amparo del Estado para la salvaguarda de sus derechos y el ejercicio de los mismos a través de los cometidos constitucionalmente asignados al Poder Judicial de ser salvaguarda última de los derechos inherentes a la persona humana”.
Si bien es cierto que esta iniciativa ha sido activada, también por el hecho de que ha sido presentada una acción contra el Estado uruguayo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el ingreso en el parlamento del citado proyecto de ley, no es un hecho parlamentario más. Es, también, el resultado de una larga lucha de nuestro pueblo contra la impunidad. Por eso razón no deberá ser movimiento popular un espectador pasivo de ese acontecimiento. Al igual que cuando se instalo la impunidad, deberemos ser parte activa de ese momento, siguiendo la su tratamiento desde las barras, o en actividades
que nos permitan, reencontrarnos con los que fueron momentos significativos que recorrimos para llegar a que seamos todos, frente a la ley.
domingo, 8 de agosto de 2010
¿AL FIN EL FIN DE LA IMPUNIDAD?
Publicado en Trabajo y Utopía Nro 101 de agosto de 2010
UNO.
Todo parece indicar que finalmente, luego de recorrer un largo e intrincado camino, se acerca el fin de la caducidad de la pretensión punitiva del Estado establecido en una norma legal. De ser así, se anulara una norma, que pauto casi de forma permanente la agenda política, social y jurídica del Uruguay desde el fin de la dictadura hasta nuestros días. Y al reestablecerse el derecho a la justicia, se empezará a desandar, en parte, un camino que solo nos condujo a frustraciones y afectación de derechos elementales.
Al momento de escribir esta nota, todo parece indicar, que terminaron de anudarse determinadas condiciones que obligaran al Poder Ejecutivo y al Legislativo- con mayor o menor entusiasmo - a materializar una larga aspiración del movimiento popular.
Durante estos últimos casi 24 años (1986 - 2010), se debió recorrer diversos caminos y ensayar distintas estrategias. En ellos, se debieron vivir momentos de inflexión, en los que pareció que las batallas contra la impunidad entraban en callejones sin salida. Momentos en los que se ensayó desde el poder del Estado, ofrecer atajos que desnaturalizaban objetivos sobre los que no cabe más que un comportamiento radical.
Algún día, habrá que hacer un recuento de los esfuerzos y los caminos que condujeron a este resultado que hoy se avizora. Ese recuento será una saludable rendición de cuentas, en el que se reafirmara, sin duda alguna, que a la lucha democrática, no hay nunca que abandonarla.
Este resultado, que nos aventuramos a pronosticar como un dato de la realidad política de los momentos que vivimos, no tiene en el campo del movimiento popular protagonistas que valgan más que otros, ni esfuerzos que deban despreciarse a la hora de hacer ese balance. Tampoco deberemos olvidar, que dentro del sistema judicial, algunos jueces y fiscales, realizaron aportes sustanciales para llevar a buen puerto este desafío democrático. Que también existieron abogados comprometidos radicalmente con la defensa de los derechos humanos, que no calcularon a la hora de ponerse al frente de denuncias, si se trataba de una causa ganable en los estrados judiciales que aumentara su prestigio personal y profesional, y sí, que era una causa esencialmente justa.
Que esta tardía reconciliación del país con sus mejores tradiciones democráticas y republicanas, haya tardado tanto, marca lo dura que debió ser la batalla. No será poca cosa, a nivel de nuestra conciencia y de nuestra moral democrática, el poder ofrecerles al recuerdo de nuestros compañeros asesinados y desaparecidos, que honramos su ejemplo de lucha en el pasado con este presente de nuestros tiempos. Tampoco será poca cosa, el poder ofrecerle a las generaciones futuras, un autentico instrumento para el Nunca Más que deberá fortalecerse y reafirmarse como parte de una tarea continuada y perseverante de los pueblos frente a los desbordes del Estado.
Pero, en este largo camino de lucha por derrotar la impunidad, entrañables compañeros de lucha y sufrimiento, no pudieron ver el fruto de sus desvelos. Pensamos en la Tota Quinteros, en Luz Ibarburu, en Quica Errandonea, en Blanca Artigas; por poner solo algunos nombres.
Muchas veces repetimos, que teníamos que convencernos que cualquier ley y con más razón la ley de caducidad, no sólo tenia que ver con un debate exclusivamente jurídico, sino con situaciones políticas que la promovieron y la defendieron incansablemente en todos estos años. Por lo tanto el esfuerzo realizado para librarnos de ella, necesitaba de batallas en esos dos terrenos específicos. Demostrado pareció quedar esa afirmación, cuando un cambio de gobierno, como el operado en el 2005, tocó una serie de resortes que provocaron algunos cambios que permitieron avances sustanciales pero no suficientes. También, supimos que por razones políticas, no estaría claro, hasta dónde se estaría dispuesto desde el gobierno a seguir avanzando en la defensa de los derechos violados durante la dictadura. Sospechamos con razón, que consolidar esos avances e ir a más, dependían de la anulación de la ley de caducidad.
Habrá que prestar especial atención a los puntos y las comas del texto que termine con una etapa ignominiosa para nuestro país, a la luz de ejemplos recientes ocurridos a nivel parlamentario, sobre los que nos referiremos más adelante.
DOS.
Durante la dictadura con la complicidad y participación de un número no menor de civiles, las Fuerzas Armadas, se apoderaron del Estado. En ese marco, el Estado fue transformado en parte de un aparato al servicio de conductas delictivas de variada índole. Desde allí, se pusieron todos sus recursos materiales y humanos para encarcelar, torturar. Violar, asesinar y desaparecer a cientos de ciudadanos.
Ese uso indiscriminado de los aparatos armados del Estado, se extendió al uso de los dineros públicos y privados. Las probadas operaciones de extorsión, los saqueos de las casas y los bienes de sus víctimas, era moneda corriente.
La impunidad con que se desarrollaban esas prácticas, tenía en los años de dictadura, el sostén del miedo, la prepotencia y la arbitrariedad más absoluta. Desde ella se incrementaron los patrimonios de integrantes de los aparatos armados y sus cómplices civiles. Las desavenencias en el reparto del botín, se solucionaban también con los mismos métodos que se aplicaban a los opositores políticos. Una investigación de los pormenores del caso de desaparición de Américo Soca – casualmente amparado en la ley de caducidad-, arrogaría luz sobre la corrupción en la dictadura.
Ya en democracia, la impunidad sobre las prácticas corruptas de l dictadura, no se asentó en el miedo. Cabalgó a lomo de la caducidad sobre los delitos relacionados con los derechos humanos. Minimizar al menos la corrupción existente en los aparatos armados, debiera haber sido una apuesta de la transición de los años 80. Pero como para eso era imprescindible una limitación de los poderes discrecionales de las autoridades militares, esta continuo sobreviviendo bajo el manto de la cultura de impunidad orquestada en 1986. En ese marco, estructuras creadas en dictadura a partir de la cuales se planificaron y ejecutaron los más atroces asesinatos políticos, sirvieron para orquestar otras conductas no menos delictivas, cuyas motivaciones centrales fueron el enriquecimiento ilícito personal. Ya en democracia, se reciclaron y continuaron teniendo un poder que hasta permitió obviar el propio texto de la ley de caducidad que establecía que no caducaba la acción penal sobre aquellas delitos “que se hubieran cometido con el propósito de lograr, para el autor o para un tercero, un proyecto económico".
Sobre Gregorio Álvarez, por ejemplo, jamás fueron indagadas sus cuentas bancarias ni sus propiedades. Mientras estuvo libre, vivió suntuosamente y le pagamos una jubilación por su usurpación de la Presidencia de la República. A diferencia del dictador Pinochet, el Goyo no ha sido investigado a pesar de los fuertes indicios existentes en ese sentido .
Como vemos, la cultura de impunidad se extendió, hasta esos niveles.
Los recientes escándalos de corrupción en la armada y de convivencia y complicidad de personal policial, nos recuerdan la complicidad de ese mismo estamento con los hechos vinculados al asesinato del agente chileno Eugenio Berrios.
La acción de la Justicia que procesó hasta ahora a unos integrantes de la armada y a un jerarca de Inteligencia policial, en el marco de la investigación del manejo irregular de fondos militares, parece realizar la depuración que el sistema político no tuvo el coraje de hacer en su momento. Nunca es tarde.
TRES
Con la ayuda de una ley aprobada en el año 2008 por el Parlamento, se clausuro uno de los pocos expedientes en lo que se logro castigar las vaciamientos de bancos que luego asumía el Estado con nuestros dineros. Con ello se crearon las condiciones jurídicas para que los hermanos Peirano, quedaran "limpios de antecedentes delictivos".
Sobre este hecho insólito e indignante, al principio se argumento ignorancia por parte de los legisladores a la hora de votarla. Una vocera de los damnificados por los delitos que ahora se “borraron” declaraba: "No sé si decir corrupción, pero sí mucha ignorancia, porque los legisladores no sabían lo que votaban”.
Posteriormente se supo que al momento de ser considerada la citada ley, cierta alarma de un legislador nacionalista dejó planteada la eventualidad de la liberación de culpa de los Peirano que hoy se hizo realidad, Dicho legislador expresó que de aprobarse dicha ley “los que están presos salen y los que deberían estarlo no lo estarán”.
Como el hecho de que alguien este preso y deje de estarlo, no es un hecho baladí, la preocupación del legislador nacionalista dio origen a consultas a un prestigioso jurista del gobierno de izquierda, que debió alejar esa posibilidad de “amnistiar” a los Peirano.
Pero lo cierto es que lo pronosticado por el legislador nacionalista, se hizo realidad, ante el asombro y la indignación generalizada.
Una legisladora del Frente Amplio que votó esa ley, dice hoy que “había sido engañada a la hora de votar. Hubo falta de responsabilidad por parte de los legisladores", indica que ese jurista de izquierda dio luz verde para que se votara. Por si faltaran elementos para pensar eso, la exlegisladora declara: “Yo me siento engañada porque no creo que esto sea fortuito... está claro que la ley que dejó libre a los Peirano, tiene nombre y apellido".
Raúl Olivera
11/08/2010
UNO.
Todo parece indicar que finalmente, luego de recorrer un largo e intrincado camino, se acerca el fin de la caducidad de la pretensión punitiva del Estado establecido en una norma legal. De ser así, se anulara una norma, que pauto casi de forma permanente la agenda política, social y jurídica del Uruguay desde el fin de la dictadura hasta nuestros días. Y al reestablecerse el derecho a la justicia, se empezará a desandar, en parte, un camino que solo nos condujo a frustraciones y afectación de derechos elementales.
Al momento de escribir esta nota, todo parece indicar, que terminaron de anudarse determinadas condiciones que obligaran al Poder Ejecutivo y al Legislativo- con mayor o menor entusiasmo - a materializar una larga aspiración del movimiento popular.
Durante estos últimos casi 24 años (1986 - 2010), se debió recorrer diversos caminos y ensayar distintas estrategias. En ellos, se debieron vivir momentos de inflexión, en los que pareció que las batallas contra la impunidad entraban en callejones sin salida. Momentos en los que se ensayó desde el poder del Estado, ofrecer atajos que desnaturalizaban objetivos sobre los que no cabe más que un comportamiento radical.
Algún día, habrá que hacer un recuento de los esfuerzos y los caminos que condujeron a este resultado que hoy se avizora. Ese recuento será una saludable rendición de cuentas, en el que se reafirmara, sin duda alguna, que a la lucha democrática, no hay nunca que abandonarla.
Este resultado, que nos aventuramos a pronosticar como un dato de la realidad política de los momentos que vivimos, no tiene en el campo del movimiento popular protagonistas que valgan más que otros, ni esfuerzos que deban despreciarse a la hora de hacer ese balance. Tampoco deberemos olvidar, que dentro del sistema judicial, algunos jueces y fiscales, realizaron aportes sustanciales para llevar a buen puerto este desafío democrático. Que también existieron abogados comprometidos radicalmente con la defensa de los derechos humanos, que no calcularon a la hora de ponerse al frente de denuncias, si se trataba de una causa ganable en los estrados judiciales que aumentara su prestigio personal y profesional, y sí, que era una causa esencialmente justa.
Que esta tardía reconciliación del país con sus mejores tradiciones democráticas y republicanas, haya tardado tanto, marca lo dura que debió ser la batalla. No será poca cosa, a nivel de nuestra conciencia y de nuestra moral democrática, el poder ofrecerles al recuerdo de nuestros compañeros asesinados y desaparecidos, que honramos su ejemplo de lucha en el pasado con este presente de nuestros tiempos. Tampoco será poca cosa, el poder ofrecerle a las generaciones futuras, un autentico instrumento para el Nunca Más que deberá fortalecerse y reafirmarse como parte de una tarea continuada y perseverante de los pueblos frente a los desbordes del Estado.
Pero, en este largo camino de lucha por derrotar la impunidad, entrañables compañeros de lucha y sufrimiento, no pudieron ver el fruto de sus desvelos. Pensamos en la Tota Quinteros, en Luz Ibarburu, en Quica Errandonea, en Blanca Artigas; por poner solo algunos nombres.
Muchas veces repetimos, que teníamos que convencernos que cualquier ley y con más razón la ley de caducidad, no sólo tenia que ver con un debate exclusivamente jurídico, sino con situaciones políticas que la promovieron y la defendieron incansablemente en todos estos años. Por lo tanto el esfuerzo realizado para librarnos de ella, necesitaba de batallas en esos dos terrenos específicos. Demostrado pareció quedar esa afirmación, cuando un cambio de gobierno, como el operado en el 2005, tocó una serie de resortes que provocaron algunos cambios que permitieron avances sustanciales pero no suficientes. También, supimos que por razones políticas, no estaría claro, hasta dónde se estaría dispuesto desde el gobierno a seguir avanzando en la defensa de los derechos violados durante la dictadura. Sospechamos con razón, que consolidar esos avances e ir a más, dependían de la anulación de la ley de caducidad.
Habrá que prestar especial atención a los puntos y las comas del texto que termine con una etapa ignominiosa para nuestro país, a la luz de ejemplos recientes ocurridos a nivel parlamentario, sobre los que nos referiremos más adelante.
DOS.
Durante la dictadura con la complicidad y participación de un número no menor de civiles, las Fuerzas Armadas, se apoderaron del Estado. En ese marco, el Estado fue transformado en parte de un aparato al servicio de conductas delictivas de variada índole. Desde allí, se pusieron todos sus recursos materiales y humanos para encarcelar, torturar. Violar, asesinar y desaparecer a cientos de ciudadanos.
Ese uso indiscriminado de los aparatos armados del Estado, se extendió al uso de los dineros públicos y privados. Las probadas operaciones de extorsión, los saqueos de las casas y los bienes de sus víctimas, era moneda corriente.
La impunidad con que se desarrollaban esas prácticas, tenía en los años de dictadura, el sostén del miedo, la prepotencia y la arbitrariedad más absoluta. Desde ella se incrementaron los patrimonios de integrantes de los aparatos armados y sus cómplices civiles. Las desavenencias en el reparto del botín, se solucionaban también con los mismos métodos que se aplicaban a los opositores políticos. Una investigación de los pormenores del caso de desaparición de Américo Soca – casualmente amparado en la ley de caducidad-, arrogaría luz sobre la corrupción en la dictadura.
Ya en democracia, la impunidad sobre las prácticas corruptas de l dictadura, no se asentó en el miedo. Cabalgó a lomo de la caducidad sobre los delitos relacionados con los derechos humanos. Minimizar al menos la corrupción existente en los aparatos armados, debiera haber sido una apuesta de la transición de los años 80. Pero como para eso era imprescindible una limitación de los poderes discrecionales de las autoridades militares, esta continuo sobreviviendo bajo el manto de la cultura de impunidad orquestada en 1986. En ese marco, estructuras creadas en dictadura a partir de la cuales se planificaron y ejecutaron los más atroces asesinatos políticos, sirvieron para orquestar otras conductas no menos delictivas, cuyas motivaciones centrales fueron el enriquecimiento ilícito personal. Ya en democracia, se reciclaron y continuaron teniendo un poder que hasta permitió obviar el propio texto de la ley de caducidad que establecía que no caducaba la acción penal sobre aquellas delitos “que se hubieran cometido con el propósito de lograr, para el autor o para un tercero, un proyecto económico".
Sobre Gregorio Álvarez, por ejemplo, jamás fueron indagadas sus cuentas bancarias ni sus propiedades. Mientras estuvo libre, vivió suntuosamente y le pagamos una jubilación por su usurpación de la Presidencia de la República. A diferencia del dictador Pinochet, el Goyo no ha sido investigado a pesar de los fuertes indicios existentes en ese sentido .
Como vemos, la cultura de impunidad se extendió, hasta esos niveles.
Los recientes escándalos de corrupción en la armada y de convivencia y complicidad de personal policial, nos recuerdan la complicidad de ese mismo estamento con los hechos vinculados al asesinato del agente chileno Eugenio Berrios.
La acción de la Justicia que procesó hasta ahora a unos integrantes de la armada y a un jerarca de Inteligencia policial, en el marco de la investigación del manejo irregular de fondos militares, parece realizar la depuración que el sistema político no tuvo el coraje de hacer en su momento. Nunca es tarde.
TRES
Con la ayuda de una ley aprobada en el año 2008 por el Parlamento, se clausuro uno de los pocos expedientes en lo que se logro castigar las vaciamientos de bancos que luego asumía el Estado con nuestros dineros. Con ello se crearon las condiciones jurídicas para que los hermanos Peirano, quedaran "limpios de antecedentes delictivos".
Sobre este hecho insólito e indignante, al principio se argumento ignorancia por parte de los legisladores a la hora de votarla. Una vocera de los damnificados por los delitos que ahora se “borraron” declaraba: "No sé si decir corrupción, pero sí mucha ignorancia, porque los legisladores no sabían lo que votaban”.
Posteriormente se supo que al momento de ser considerada la citada ley, cierta alarma de un legislador nacionalista dejó planteada la eventualidad de la liberación de culpa de los Peirano que hoy se hizo realidad, Dicho legislador expresó que de aprobarse dicha ley “los que están presos salen y los que deberían estarlo no lo estarán”.
Como el hecho de que alguien este preso y deje de estarlo, no es un hecho baladí, la preocupación del legislador nacionalista dio origen a consultas a un prestigioso jurista del gobierno de izquierda, que debió alejar esa posibilidad de “amnistiar” a los Peirano.
Pero lo cierto es que lo pronosticado por el legislador nacionalista, se hizo realidad, ante el asombro y la indignación generalizada.
Una legisladora del Frente Amplio que votó esa ley, dice hoy que “había sido engañada a la hora de votar. Hubo falta de responsabilidad por parte de los legisladores", indica que ese jurista de izquierda dio luz verde para que se votara. Por si faltaran elementos para pensar eso, la exlegisladora declara: “Yo me siento engañada porque no creo que esto sea fortuito... está claro que la ley que dejó libre a los Peirano, tiene nombre y apellido".
Raúl Olivera
11/08/2010
sábado, 17 de julio de 2010
SANGUINETTI:EL CENSURADOR.Los complices civiles de la dictadura
SANGUINETTI: EL CENSURADOR.
Los cómplices civiles de la dictadura.
Publicado en Trabajo y Utopia Nro 100 de Julio 2010
Por Raúl Olivera
El arma más importante para luchar contra la impunidad, es la construcción sólida y convincente de lo que se ha dado en llamar la memoria histórica.
En esa construcción, cada uno de los testimonios de aquellos que sobrevivían al horror, fueron las primeras actas de acusación a la dictadura. Posteriormente, y luego de enfrentar el ninguneo de los grandes medios de difusión y la complicidad de los aparatos del Estado, lo allí consignado fue transformándose en verdades irrefutables.
Pero esa construcción de la memoria histórica sobre nuestro pasado reciente, ha sido una tarea muy dura en la que fue necesario disputar palmo a palmo, cada avance logrado y donde las verdades de las víctimas fueron y son mil veces negadas y otras tantas tergiversadas. Pero siempre, los hechos terminaron poniendo en su justo lugar las verdades y las falsedades.
Una atenta lectura de los cientos de folios que se acumulan en diversas sentencias en los tribunales uruguayos y argentinos, comprueba que no se exageró, que no se invento nada.
Decíamos, que esa lucha por la verdad, no es una tarea fácil. Muchas veces, debió desarrollarse contra el peso del Estado en gobiernos elegidos democráticamente, que se hacían cómplices de los atropellos del Estado dictatorial. Aun en las dos ultimas administraciones, en las que no seria justo atribuirle complicidad, no han sido pocas las dificultades que se encontraron para que el Estado asuma como una responsabilidad primordial de su acción, el contribuir a establecer la verdad y desde ella hacer justicia.
Cuando la construcción de la memoria histórica tiene entre sus prioridades, el lograr la acción punitiva del Estado, muchas veces los acentos son puestos, en el esclarecimiento exhaustivo de la acción de la dictadura, descuidando las complicidades más actuales. Complicidades que muchas veces no calibramos en sus justos terminos lo que ellas constituyen: verdaderos actos delictivos.
La cultura de impunidad existente en los países que vivieron largos y sangrientos periodos de terrorismo de Estado, instaló una lógica perversa. En esa lógica ha sido necesaria, la revelación o la aceptación de los artífices de la mentira y el ocultamiento de algunos hechos, para que, lo que venían sosteniendo las víctimas, fuera aceptado como real. Los “vuelos de la muerte” llevados a cabo por la dictadura argentina habían sido reiteradamente denunciados, sin embargo fue necesario que fuera admitido por el marino Schilingo, uno de los participantes, para que recién fueran aceptados como hechos indiscutibles. Lo mismo pasó con los traslados y las ejecuciones masivas de prisioneros uruguayos por parte de la dictadura de nuestro país.
Sobran los ejemplos en los cuales los artífices de la mentira y el ocultamiento, se transforman en una suerte de garantes de verdad. Esa anomalía, es parte de la cultura de impunidad que aún vivimos.
Dentro de esa lógica, ocurrió en democracia un hecho, al que nos queremos referir. Al igual que los ejemplos mencionados, ese hecho fue en su momento denunciado, pero, sin embargo no parecía tener el “certificado de verdad” indiscutible que solo parece estar habilitados para dar los victimarios y sus cómplices por acción u omisión.
El hecho ocurrió en 1989 durante el gobierno del Dr. Sanguinetti, cuando se realizó el primer intento para anular la ley de impunidad mediante el referéndum del voto verde.
El episodio lo encontramos prolijamente recogido en una edición de la editorial “Fin de Siglo”de abril del 2010. Con el titulo de “LA VIDA TE DA SORPRESAS”, José Luis Guntin. da cuenta de una especie de autobiografía.
¿Quién es Guntín? Ocupo la bancada del Senado por el partido colorado, fue fundador y redactor responsable del semanario “OPINAR”, fue hombre de confianza de Enrique Tarigo y en 1994 ocupo la dirección de Canal 5.
Los hechos de los que se da cuenta en las páginas 206 a 210, ocurrieron en los días previos al referéndum de abril de 1989.
Según relata Guntin, Sanguinetti, imposibilitado constitucionalmente por ser el Presidente de la República de ser “el paladín en contra del “voto verde”, le traspasa esta responsabilidad” Enrique Tarigo, quien “sería el vocero del voto amarillo” en el plebiscito”. Y que “para Sanguinetti era más importante el triunfo en el referéndum que la victoria de Tarigo en las elecciones internas, porque de no lograr lo primero, tendría un enorme problema institucional”.
Pero volvamos al plebiscito - continúa escribiendo Guntin-, en las jornadas previas a la votación. El “voto verde” hacía mucho más ruido y las encuestas indicaban que se aproximaba peligrosamente a ser la mayoría. Cada día, descontaba diferencia.
Sanguinetti estaba muy preocupado y, cuanto más inquieto, más eran los avisos que le hacía hacer a Tarigo.
Las cámaras de Canal 10 siempre se encontraban prontas para filmar por orden de De Feo. Los publicistas asesores eran el gordo Ferrero y Roberto Ceruzzi (de Corporación Thompson), y muchas de las reuniones se llevaban a cabo en la residencia presidencial.
Yo, como hombre de confianza de Tarigo, participé en muchas de ellas.
Y así fueron pasando los días y cada vez se fue acercando más la jornada de la votación.
Lo que les voy a contar ahora, sucedió durante la última jornada en que se podía realizar publicidad, es decir, dos días antes del referéndum.
Esa mañana, temprano, serían las nueve, me llamaron urgente de Presidencia para que concurriera al edificio Libertad. Fui lo más rápido que pude.
Subí al séptimo piso y en el despacho del presidente estaban, sentados alrededor de la mesa, Sanguinetti, Tango, Miguel Ángel Semino , secretario de la Presidencia, Jorge de Feo , el ingeniero Horacio Scheck de Canal 12 y Walter Nessi , prosecretario de la Presidencia.
Los saludé rápidamente, porque imaginé que el tema era grave y urgente para convocarnos tan temprano en la mañana.
Apenas terminé de saludarlos, el Presidente me dijo que estaban deliberando acerca de un aviso, un tape, que el día anterior, a última hora, había llegado a los canales proveniente de la Comisión pro Referéndum.
“Queríamos que lo vieras y nos dieras tu opinión”, me dijo Sanguinetti. Le contesté: “bueno”, y salí detrás de Nessi a mirarlo.
Aparecía en la pantalla una señora que inmediatamente reconocí. Era Sara Méndez y en el tape hablaba de su tragedia y la de su hijo, Simón Riquelo, desaparecido años atrás.
Hablaba con mucha calma, mirando a la cámara, y contaba su dolor de madre de no saber dónde estaba su hijo. Y afirmaba que el triunfo del “voto verde” podía ayudar a que lo encontrase, porque las circunstancias de su desaparición se investigarían más a fondo. Y que por eso, ella le pedía a quienes la escuchaban que votaran “verde” el domingo próximo, para que ella pudiera reencontrase con su hijo. Todo dicho de un modo muy convincente.
Le pedí a Nessi que me lo dejara ver varias veces. Lo más impactante del aviso era que, después de hablar Sara Méndez, cuando ella se quedaba callada, la cámara continuaba filmándola unos cinco segundos en silencio.
Su cara, su angustia, sus deseos de recuperar a su hijo, su dolor, estaban todos en esos instantes en que ella no hablaba, pero que seguía en pantalla.
Después de la quinta vez en que lo pasó lo miré y le dije a Nessi:
“Está muy bueno”. Entonces, él me dijo que tenía otro proyecto de comercial que quería mostrarme. “Dale”, le contesté.
Ahí me llevó a otro monitor y lo encendió. Comenzaron a aparecer las imágenes y el audio.
Se trataba de otro aviso, no muy acabado. Se refería a la muerte de Pascasio Báez, el peón rural que asesinaron los tupamaros, con total sangre fría, en una “tatucera” cercana a Pan de Azúcar, simplemente porque podía advertir a los uniformados lo que había visto por casualidad.
Pero el spot filmado era largo y confuso. No estaba bien estructurado, y aunque por supuesto eso se podía arreglar, no era un aviso para nada efectivo si se pasaba solamente durante una jornada. El otro, el de Sara Méndez, sí.
Se lo dije enseguida al prosecretario. Él quedó un poco desanimado ante mis palabras, porque creía que con este comercial neutralizaría el efecto del otro. Le expresé que, para mí, no sería así. El aviso de Sara Méndez era muy efectivo en un único día de salida al aire, el otro no. No le quise señalar que el suyo estaba confuso y mal realizado, porque ése no era el punto, pero le aseguré que, en mi opinión, era muy superior el efecto de la pieza enviada por la Comisión pro Referéndum. El contra aviso no servía de nada.
Walter me miró con cara de desilusión y me dijo que volviéramos al despacho del Presidente para que yo les expresara mi opinión.
Volvimos. Seguían las mismas personalidades sentadas en torno de la misma mesa. Todas las miradas se centraron en mí, cuando me senté en un lugar libre.
Sanguinetti me preguntó qué me habían parecido ambos video-tapes. Contesté, más o menos, lo que le había dicho a Nessi. Que el de Sara Méndez me parecía muy efectivo, aunque se pasara durante un único día; y que el otro, el de Pascasio Báez, no servía de nada, resultaba muy confuso y que, aunque se mejorara, no tendría efecto alguno en una única jornada de proyección.
Los rostros de todos los presentes se tensaron. Qué problema se les había aparecido el día previo al receso publicitario!
Hubo un minuto de silencio en la sala. Por fin, alguien me preguntó si me parecía que con ese aviso podía triunfar el “voto verde”. Les pregunté qué decían las encuestas sobre la diferencia existente ahora.
“Ganamos por poco”, me contestó alguien. “ Cuánto es ese poco?” repliqué. “Unos puntos”, oí decir.
“Entonces, este aviso puede hacer que gane el ‘voto verde”, les expresé.
El silencio y los rostros preocupados aumentaron. Lo rompio De Feo, quien le habló directamente al Presidente.
Le dijo que si era así, bastaba una palabra suya para que esa publicidad no apareciese en ninguno de los canales. Lo miró a Scheck, quien asintió. “Hablamos ahora con Hugo Romay y ninguno de los avisos aparece. Podemos argumentar que llegaron tarde a los canales y que ya teníamos las tandas completas” expresó De Feo entusiasmado.
Sanguinetti lo miró y nos miró a todos con cara preocupada. El silencio se hizo más denso en su despacho. Nadie hablaba. Era el turno de que el Presidente decidiera qué hacer.
Demoró en hablar y, cuando lo hizo, le manifestó a De Feo que sí, que se hiciera así, que no saliese el aviso de Sara Méndez. lo dijo en tono muy bajo, apenas se oyó, pero sí de forma concluyente.
De Feo inmediatamente se dirigió al teléfono a llamar a Romay y todos nos fuimos levantando de la mesa para retirarnos.
Yo estaba impactado por lo que había presenciado. Un presidente constitucional había prohibido una publicidad de la oposición. Sin motivo válido alguno. Sólo para no poner en riesgo el resultado de la votación y salvarse de un grave problema institucional.
Me impresionó mucho, pero me quedé callado.
¿Qué podría haber hecho?, me preguntaba después, cuando me alejaba del edificio Libertad. ¿Decir que era una barbaridad antidemocrática? No me animé. Preferí el cómodo silencio.
Quienes no se quedaron en silencio fueron los perjudicados, los censurados. De lo que voy a contar no fui testigo, pero lo sé por los periodistas de Búsqueda. El día de la prohibición del aviso, concurrieron a este semanario la propia Sara Méndez y el señor Hugo Cores a denunciar lo sucedido. Búsqueda lo consignó y Arbilla denunció ante la SIP esta censura de prensa. Creo que en esos tiempos todos creían que había sido acción exclusiva de los canales privados de televisión. No sabían de la participación directa del presidente Sanguinetti que acabo de relatar.
Tres jornadas después, el “voto amarillo” aventajó al “verde” por un margen no muy grande.
Sanguinetti respiró tranquilo y también todos los que lo rodeábamos”.
Hasta aquí una trascripción textual de lo escrito por Guntin en las mencionadas páginas. Sanguinetti, sigue escribiendo columnas en el Diario El País” de Madrid, dictando cátedra sobre sus valores democráticos, los De Feo, los Romay, los Scheck siguen liderando un monopolio de los grandes medios de difusión. Y el Uruguay sigue conviviendo con la ley de caducidad. ¡Eso es un claro ejemplo de una cultura de impunidad!
miércoles, 9 de junio de 2010
URUGUAY: LOS ESCENARIOS EN LA LUCHA CONTRA LA IMPUNIDAD.
PONENCIA realizada por Raúl Olivera en las “Jornadas sobre Políticas Públicas de Derechos Humanos:
Memoria, Justicia, Reparación, acerca de las “Cuentas
Pendientes” de la Transición Post-Autoritaria” 9 de junio de 2010. (Publicado en Trabajo y Utopía junio 2010)
Hechos sucedidos en el último período como son: los procesamientos y la condena de algunos militares y policías; la declaración de inconstitucional de la ley de caducidad por la Corte, y en el mismo sentido, pronunciamientos recientes del Parlamento y del Ejecutivo, nos plantea un escenario que nos parece importante analizar.
Siempre hemos sostenido que la impunidad en el Uruguay no es el simple efecto de la ley 15.848, sino fundamentalmente, el resultado de conductas políticas articuladas desde el poder del Estado. De ahí que un análisis del proceso, aun en curso, para desactivar radicalmente los mecanismos de impunidad, deba hacer hincapié en la importancia capital que tuvo y tendrá la construcción del escenario político que lo hace posible.
La importancia de los escenarios políticos para la concreción de los avances de las luchas ciudadanas, encuentra ejemplos sobresalientes, en las campañas del voto verde y rosado. El hecho de que en esas dos acciones no hayan logrado el máximo de los objetivos concretos que se planteaban, no debería oscurecer en los futuros pasos a dar, la importancia de la “construcción del escenario”, como elemento cardinal para la materialización de los actuales objetivos de eliminar de nuestro ordenamiento jurídico la ley de caducidad.
Siempre la lucha que debe desarrollar la sociedad civil en contra de las diversas formas del autoritarismo estatal, se instala en escenarios donde la táctica tiene que analizar con objetividad sus propias fuerzas, las que debe enfrentar y el “momento político” en que se desarrolla cada etapa del desafió concreto. La profundidad y el alcance de las reivindicaciones, están casi siempre determinadas por esas condiciones originales en que se desarrolla cada etapa de lucha. Y sobre todo, es necesario una mirada estratégica que tenga en cuenta el escenario futuro que se ira construyendo en el proceso de la lucha misma.
Esa construcción de los escenarios, no es algo dado. No es una construcción producto de un devenir inexorable. Hay que trabajar en el anudamiento y la articulación de sus distintos componentes. Derrotar uno de los mecanismos de la impunidad mediante la anulación de la ley de caducidad, es también –además de una profundización de la democracia-, un cambio sustancial que producirá efectos múltiples a nivel de la sociedad.
Un error frecuente en la conducción de luchas como esta, es no percibir que los escenarios cambian y si no se asimilan esos cambios se corre el riesgo de perder el tren de la historia. Por ejemplo, congelarse en el escenario de frustración popular, que se instaló con la derrota del voto Verde impide definir con claridad el como recomenzar la lucha, incorporando adecuadamente el dato de ese fracaso y el nuevo escenario existente.
Recordemos que por aquel entonces, se debió en un principio, recluir la lucha, en el limitado derecho a la verdad instalado en el cumplimiento del artículo 4° de una ley que se rechazaba. Instalado aquel escenario y desde él, avanzar hasta materializar los logros hasta hoy alcanzados, nos lleva a concluir, que el mérito de esa estrategia contra la impunidad, es haber desarrollado una táctica que supo identificar adecuadamente los distintos elementos de cada escenario y no congelarse en ellos.
Hay muchos elementos comunes, en el escenario pos voto verde y en este en el que nos encontramos hoy. Y también hay deferencias sustanciales, que debemos tener en cuenta.
Veámoslos: el 19 de octubre pasado, la Corte, dictaminó que la ley de caducidad era inconstitucional. Seis días después, puesta a consideración del cuerpo electoral esa misma ley, el resultado electoral determinó que debíamos seguir conviviendo con una norma que viola la Constitución. Difícil de entender.
Tampoco se entiende que habiéndose pronunciado anteriormente en el mismo sentido que la Corte, los otros dos poderes del Estado (Legislativo y Ejecutivo), ninguno de los dos haya hecho algo para remediar esa situación de absoluta anomalía para un país que pretende mantener entre sus atributos, una profunda y arraigada cultura de salvaguarda del estado de derecho.
Si la Constitución es nuestra ley fundamental, un pronunciamiento como el que se operó el pasado 25 de octubre, que mantiene una norma que es catalogada unánimemente por todos los poderes del Estado como violatoria de la Constitución, nos dejo frente al mundo y a nuestra propia conciencia democrática, en una posición ridícula e incomoda. Nos transforma en un país de mentira.
Y si a eso le sumamos, la obligada relación de respeto que deberíamos mantener como país, con las normas del derecho internacional, el ridículo es de película.
Sin embargo, este escenario, que nos pone en el libro de los record de Guinnes, debió ser previsible para el sistema político uruguayo. La falta de voluntad política de un parlamento que contaba con los presupuestos políticos para tomar la iniciativa, obligó a la sociedad civil a recorrer el camino del plebiscito poniendo a consideración de la ciudadanía -, derechos persistentes y ya consagrados en nuestra Constitución y el derecho internacional.
Con la papeleta rosada, en realidad buscamos instalar algo que en realidad era innecesario y hasta inconveniente poner en juego: el derecho a la Justicia, preexistente en nuestra Constitución.
Que la opción puesta a consideración de la ciudadanía, no haya sido acompañada por el voto manifiesto de la mayoría, ni cambia la Constitución ni los Convenios internacionales suscritos por el país.
Menos aun, la relación de la ley de caducidad con ambas cosas: una relación de abierto apartamiento de las normas constitucionales y las obligaciones emergentes del derecho internacional.
Dicho de otra manera, este desajuste instalado desde hace 23 años en nuestro país y puesto de manifiesto una vez más por el dictamen de la Corte y los informes 35/91 y 29/92 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, no puede continuar existiendo en un país que quiere ser en serio y de primera. Y para ello, solo caben una posible conducta: el de adecuar nuestro derecho interno a las obligaciones internacionales. Sin cumplir esa obligación sustantiva difícilmente la izquierda pueda desempeñar el rol que pretende en el concierto internacional.
También es cierto que un pronunciamiento insólito como el materializado el 25 de octubre, también puede transitarse por otro camino, no menos insólito y totalmente inverso: el que el Uruguay renuncie a sus compromisos internacionales, y modifique su Constitución para que la ley de caducidad no colisione con ella. Es decir que se apreste, a suprimir la separación de poderes, entre otros aspectos que hacen a la esencia de la vida democrática y republicana.
Pero las cosas insólitas no terminan ahí. La sentencia de inconstitucionalidad de la Corte, nos pone frente a otra dimensión de ellas. Recordemos que ese pronunciamiento se produjo a raíz de que un caso fue comprendido, en la ley de caducidad por el Poder Ejecutivo. Y que para que esa respuesta existiera, debió existir una pregunta de un Juez penal. Dicho de otra manera, pregunta y respuesta estuvieron inscriptas en una lógica existente en el país desde los años en que la Corte de finales de los años 80, entendió que la ley de caducidad estaba investida del atributo de Constitucionalidad. Dicho de otra manera, hasta el 19 de octubre del año pasado, se podía presumir que las preguntas que realizaban los jueces y las respuestas que daba el Ejecutivo, eran actos que podían catalogarse de legítimos y legales.
Esas mismas acciones, a partir de la sentencia del 19 de octubre, el sentido común nos indica, que ya perdieron el carácter de acto legítimo y legal.
¿Ante nuevos casos futuros que se le presenten a los jueces penales por violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura, éstos continuaran pidiendo autorización al Ejecutivo para indagar, y eventualmente castigar a los responsables, por mandato de una ley catalogada de inconstitucional? ¿Y si esto fuera así, el Poder Ejecutivo asumiría una potestad que desde el 19 de octubre, es considerada inconstitucional?
Hay un último aspecto que nos parece importante resaltar, ahora que los votos manifiestos por la nulidad no superaron, a los que por distintas razones, no se pronunciaron por declarar la nulidad de la ley. Ese aspecto tiene que ver con el grado de validez que dichos pronunciamientos tienen cuando se están considerando derechos fundamentales.
Dice la Corte y en el mismo sentido seguramente lo dirá próximamente la Corte Interamericana: que no se puede desconocer que la ley de caducidad fue ratificada por el Cuerpo Electoral, pero que ese pronunciamiento “no proyecta consecuencia relevante alguna con relación al análisis de constitucionalidad”. Por otra parte, -continua diciendo la Corte- , el rechazo por parte de la ciudadanía no extiende su eficacia al punto de otorgar una cobertura de constitucionalidad a una norma legal que transgrede normas o principios consagrados o reconocidos por la Constitución.
Más delante la Corte dice que es una “falacia metajurídica la confusión que existe entre el paradigma del Estado de Derecho y el de la democracia política, según la cual una norma es legítima solamente si es querida por la mayoría”. Y continua “De forma distinta las cuestiones pertenecientes a la que he llamado esfera de lo decidible’, los derechos fundamentales están sustraídos a la esfera de la decisión política y pertenecen a la que he llamado esfera de lo no“decidible’ (qué si y qué no). Esta es por tanto su característica específica: tales derechos son establecidos en las constituciones como límites y vínculos a la mayoría justamente porque están siempre - de los derechos de libertad a los derechos sociales -contra las contingentes mayorías. Es más: ésta es la forma lógica que asegura su garantía. Siempre que se quiere tutelar un derecho como fundamental se lo sustrae a la política, es decir, a los poderes de la mayoría, .como derecho inviolable, indisponible, e inalienable. Ninguna mayoría, ni siquiera por unanimidad, puede decidir su abolición o reducción”. “Entonces, - culmina afirmando la Corte -, ninguna mayoría alcanzada en el Parlamento o la ratificación por el Cuerpo Electoral - ni aún si lograra la unanimidad -podría impedir que la Suprema Corte de Justicia declarara inconstitucional una ley que consagre la pena de muerte en nuestro país, la cual está prohibida.. De la misma manera, tampoco la mayoría legislativa ratificada por el Cuerpo Electoral puede desplazar hacia el Poder Ejecutivo el ejercicio de la función jurisdiccional que le compete exclusivamente al Poder Judicial”..Con relación a la afectación de las normas internacionales por parte de la ley de caducidad, la Corte sostiene que: “En el Uruguay, los principios generales de derecho ‘inherentes a la personalidad humana,’(…): quedan, pues, al margen del arbitrio legislativo y judicial y se benefician con el control de inaplicabilidad de las leyes inconstitucionales, en caso de desconocimiento legislativo ordinario”.
Las expectativas de terminar con una cultura de impunidad que se empezó a construir en los prolegómenos que precedieron al autoritarismo militar, no es una tarea sencilla. Como toda cultura esta incrustada en los resquicios más profundos de la sociedad. Una cultura de impunidad, que es algo más que la falta de castigo a los delincuentes militares y civiles de la dictadura, es la desvalorización del ser humano como sujeto de derechos. Los avances que la humanidad ha ido construyendo trabajosamente, muchas veces empieza con plasmar esos derechos en instrumentos legales, y otras veces, los instrumentos legales no hacen más que instituir derechos conquistados por los pueblos.Esas construcciones por lo general, no se realizan en terrenos fértiles, en espacios libres de presiones indebidas. Como en el caso que nos ocupa, terminar con una cultura de impunidad implica desmontar mecanismos legales, como las leyes de impunidad, y construir o restaurar y legitimizar aquellos instrumentos que los garanticen y consagren.Medir en su justo termino a las dificultades que hay que vencer en estas batallas de los pueblos, nos ayuda- no para consuelo -, sino para ubicarnos en la etapa en que estamos como sociedad para tener una verdadera cultura de los derechos humanos. Y no se trata, de una mirada desde afuera. Quienes pretendemos ser parte de las fuerzas del cambio, aquella que caminaba hacia una sociedad del pan y las rosas, debemos ser concientes de que una gran responsabilidad esta en nuestras filas y que el adversario juega.Nos falto muy poco, para que una mayoría muy calificada declarara la nulidad de la ley de caducidad. Estuvimos arañando una voluntad manifiesta de casi el 50 por ciento, y no es poca cosa. No es poca cosa frente al ninguneo de los grandes medios de difusión, al discurso confuso y muchas veces contradictorio de los lideres de la izquierda, y resoluciones que se acatan pero no se cumplían. El escenario trabajosamente construido tras largos años de lucha en torno a la necesidad de vencer la impunidad, no contó con primeros actores convencidos del papel que ello puede jugar en la construcción de un país mas justo y sobre todo, más solidario. En eso estamos.
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