LOS JUICIOS CONTRA GARZON.

LOS JUICIOS CONTRA GARZON.
(Publicado en Trabajo & Utopia de febrero 2012)




La lucha del hombre contra el poder es la lucha de la memoria contra el olvido.

MILAN KUNDERA.



Por estos días, en España, un magistrado esta siendo objeto de varios procesos penales en su contra. En uno de ellos, por el hecho de haberse declarado competente para investigar los crímenes de la dictadura franquista, desafiando la validez de una ley de amnistía que en 1977 se aprobó para evitar que prosperara cualquier intento de obtener justicia.

Ese magistrado, el Dr. Baltasar Garzón, es aquel al que el movimiento sindical uruguayo acudió hace 13 años para denunciar la coordinación represiva del plan cóndor y encontrar la justicia que en el Uruguay - pese a estar regido por normas del derecho internacional que establecían esa obligación-, la ley de caducidad impedía. Es el mismo juez que poco tiempo después, el 16 de octubre de 1998 emitiera la orden internacional de búsqueda y captura de Pinochet a través de INTERPOL, en momentos en que el ex dictador chileno se encontraba en Londres confiando que otra ley de amnistía lo protegía.

Cierto es que ese acto del movimiento sindical uruguayo - fundamentado en artículos de la Constitución y la ley orgánica del poder judicial español; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Naciones unidas y otras normas del derecho internacional -, fue objeto de incomprensión y ataques varios. Los esperados de la derecha uruguaya, y algunos desde la propia izquierda.

Lo cierto es, que a partir de la detención de Pinochet, se dio un gran paso adelante por parte de la humanidad en la aplicación de determinados conceptos jurídicos existentes en el derecho internacional que ayudaran de ahí en más, a hacer efectiva la lucha de contra las distintas formas de impunidad instaladas en latinoamerica.

En nuestro país, debieron pasar 13 largos años para que se hiciera realidad lo sostenido en el punto VII de la denuncia presentada ante Baltasar Garzón . Mucha agua debió pasar bajo los puentes para que 12 de los 20 militares y policías denunciados en aquel momento, estén hoy entre rejas.

Pero volvamos a lo que nos interesa hoy reflexionar, a propósito del ataque que sufre hoy el Juez Garzón por parte de la derecha española interesada en impedir y escarmentar las eventuales investigaciones sustentadas en la jurisdicción penal universal que afecten a gobiernos que lleven a cabo políticas genocidas .Por un lado, este ataque a Garzón ha reabierto el debate sobre la necesidad de recuperar la memoria histórica sobre la guerra civil, la dictadura y la represión política del franquismo.

Si como dice Kundera, la lucha del hombre contra el poder es la lucha de la memoria contra el olvido, esa batalla se desarrolla en varios escenarios. A veces con el acento en lo político, otras en lo ideológico, otras veces en el terreno judicial, y casi siempre en una clara articulación entre todos esos niveles.



Ese poder desarrollado desde los distintos dispositivos estatales, que enfrentan las sociedades cuando desafiándolo, exigen justicia ante las conductas de los Estados, muchas veces logra sus propósitos de neutralizar cualquier desborde. Lograr reacomodar nuevamente las fuerzas de la sociedad civil, cicatrizar heridas y vencer desánimos ha sido pan de todos los días en estos últimos años. Esa batalla en nuestro país, encuentra claros ejemplos en cualquiera de esos escenarios. Muchas veces esas batallas, produjeron cortes transversales en el sistema político.



La derrota que se sufrió en 1989 en el referéndum tuvo efectos en el tejido social uruguayo y en las organizaciones políticas y sociales comprometidas en la lucha contra la impunidad. El mantenimiento de la ley de caducidad a partir de ese traspié, incorporó a la realidad nacional una lógica que costo mucho superar. Por esa lógica, toda la argumentación de los defensores de la ley de impunidad fue aceptada con casi el mismo valor que la propia ley. Junto al respeto de una ley que siempre fue inconstitucional y violatoria de las normas de derecho internacional, se implantó casi un acatamiento sumiso a todos sus desbordes. Cualquier desafío a esa lógica, fue condenada ferozmente.



Quienes intentaron desmarcarse de esa lógica, fueron objeto de ataques, que si bien no llegaron a los extremos que hoy se le plantean al juez Garzón, es innegable que existieron, en el terreno político, ideológico y en el terreno judicial. Esa lógica, extendida hasta hace muy poco tiempo, ordenó los comportamientos y limitó las iniciativas de acción. En ocasión de defenderse ante los mismos cuestionamientos internacionales a la ley de caducidad que hoy obligaron al Estado a anularla, el discurso desde el poder (Sanguinetti) manifestaba: “No existe instrumento alguno de derecho internacional que consagre la potestad de cuestionar y menos deslegitimar la libre y soberana expresión de un pueblo a través del sufragio”.



Las estrategias de defensa de los derechos humanos durante un largo periodo, confino la lucha en el relamo de la verdad en el marco de una ley que se sabía inconstitucional. Y en el marco de la verdad, en el rescate de los restos de los desaparecidos. El juicio a los responsables quedó fuera de la agenda, en espera de crear las condiciones que hicieran posible avanzar en la justicia. Una verdad que a través del cumplimiento del artículo 4º tenía como límite la voluntad política del poder de gobiernos comprometidos con la impunidad. En esa lucha se reclamaba una voluntad política que debía poner en tela de juicio las conclusiones a que habían arribado los fiscales militares en las primeras investigaciones ordenadas por Sanguinetti al Coronel Sambucetti.

Quienes no supieron ni quisieron ver la importancia del horizonte que se abría con la actuación de jueces como Garzón, tampoco entendieron algunos avances que tempranamente se daban en el pensamiento jurídico nacional a través de la acción concreta de jueces como Reyes, Jubette, Recarey o fiscales como Guianze entre otros.

Entre ellos, también el razonamiento desarrollado en Uruguay por la jueza Beatriz Venturini en un trabajo académico que recogía la experiencia del caso de desaparición de Velázquez Rodríguez, denunciado ante la cidh, y en el cual la reparación incluía, además de la indemnización económica, la obligación del Estado de individualizar a los responsables y aplicar el justo castigo. La reivindicación de la víctima, como parte de la reparación, también quedó, en Uruguay, presa de la voluntad política del gobierno.

Todo indicó durante muchos años, que la impunidad era y sería total.

En algunos casos, se recurrió a la justicia de otros países, ya sea porque las victimas habían sido desaparecidas en el extranjero o por la nacionalidad de las víctimas o por la jurisdicción universal sobre determinados delitos, como en el caso de las denuncias presentadas ante el juez Garzón. Cuando en alguna de esas causas se involucra a Uruguay, el Estado sistemáticamente obstaculizó cualquier iniciativa de cooperación.



UN EJEMPLO.



Quince años atrás, en marzo del 97 una denuncia penal intenta abrirse paso en las pantanosas ciénagas de la impunidad. Se denuncia ante el juez penal de 20º Turno, Alberto Reyes, que el general Ballestrino le había dicho a Rafael Michelini que a los desaparecidos los habían enterrado clandestinamente en el Batallón de Infantería 13 y 14 de Toledo. Que en 1985 o 1986 algunos fueron removidos en la llamada Operación Zanahoria. La denuncia reclamaba una investigación fundada en la Convención Interamericana sobre Desapariciones Forzadas y el informe del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de la ONU.

La justicia era llamada a entender en una denuncia relacionada con desapariciones luego de aprobada la ley de caducidad, desafiando los límites que nos había impuesto. La fiscal Merello, es de la opinión de que se requiriera la intervención del Ejecutivo para que este dispusiera las investigaciones, en razón del artículo 4º. Agregaba que si un detenido murió torturado y fue enterrado clandestinamente en un predio militar, el responsable no puede ser castigado. En cuanto a la llamada Operación Zanahoria, insólitamente sostiene que al no estar claro si la misma había ocurrido en el período comprendido en la caducidad (del 27 de junio de 1973 al 1º de marzo de 1985) o posteriormente, eso debería determinarlo el poder Ejecutivo. Ante “un clima de dudas”, era “aconsejable”, según la fiscal, aplicar la ley de caducidad y dejar todo en manos de una decisión política.

El juez Reyes no compartió esa opinión y dispone investigar. Era resolución que desafiaba al poder al no dejar en manos de un Ejecutivo que ya había demostrado su voluntad de no investigar, una decisión de la que dependía que se avanzara en el conocimiento de la verdad.

Valentía del juez era un hecho muy importante, también lo fueron los fundamentos en que fundaba ese desafió: la ratificación de la Convención Interamericana sobre Desaparición, establecía que la desaparición como un delito extraditable, imprescriptible. De existir dudas interpretativas, según Reyes, no debían resolverse a favor de la ley de caducidad, “de constitucionalidad dudosa”. “(...) lo que importa sustancialmente es solucionar el desfasaje que existe entre la ley y el mundo que rige ahora. Y lo fundamental es que cuando se juzga (...) se haga con verdadero sentido de justicia”. Solo la actuación de la justicia permitirá aclarar en qué fecha ocurrieron los hechos, pues a la justicia le está vedado acudir a una ley “restrictiva del derecho del denunciante para eludir la indagatoria”.

La resolución del juez Reyes motivó, como era de esperar, fuertes cuestionamientos de algunos defensores de la impunidad. Lo inesperado fue que a esos cuestionamientos se sumara un penalista claramente identificado con la izquierda. El juez Reyes, para sus detractores, desconocía la ley de caducidad, pero no por ignorancia, sino porque su visión de la ley de caducidad era enormemente crítica.

El juez no acepta la opinión de la fiscal y mantiene su decisión. El expediente va a un tribunal de apelaciones, y este revoca finalmente la resolución de Reyes, disponiendo el envío de la denuncia al Ejecutivo de acuerdo a la ley de caducidad y el poder Ejecutivo como era de esperar la consideran comprendida en la ley de caducidad y termina allí el intento de sortear el muro de la impunidad. El destino del Juez Reyes, como era de esperar, no fue nada comodo en el Poder Judicial.



No este el único caso de intentos valientes y fundamentados de terminar con las formas de impunidad existentes. Recordemos la batalla de la Jueza Jubete en el recurso de amparo por Elena Quinteros, los esfuerzos contra reloj del Juez Alejandro Recarey, y mas recientemente las campañas contra Guianze, Ana Maria Telecha y Mariana Mota.

Lo cierto es que la lucha del hombre contra el poder, es la lucha de la memoria contra el olvido. Por eso este modesto intento de recordar algunos episodios de nuestro pasado reciente. Para rescatar a los que estuvieron a la altura de las circunstancias y los que prefirieron los halagos del poder.



Raúl Olivera Alfaro

Asesor de la Secrtaria de DD.HH y Politicas Sociales del PIT/CNT

EL ASESINATO DEL MAESTRO JULIO CASTRO: EL PESO DE LA REALIDAD

EL ASESINATO DEL MAESTRO JULIO CASTRO: EL PESO DE LA REALIDAD.. Publicado l 10-12-2011 en Semanario AREQUITA de Minas “Para demostrar también, trémula pero inextinguible esperanza, que la justicia llega, aunque las más de las veces, su camino se haga a través de las tumbas y las ruinas”. CARLOS QUIJANO. Seguramente cuando Carlos Quijano escribió esta frase, no creyó que ella iba a ser de justa aplicación en hechos que se vincularían, muchos años después, con su amigo y compañero Julio Castro. Muchas cosas denunciadas hasta el cansancio por las víctimas y las organizaciones de derechos humanos ante la justicia y la opinión pública, necesitaron de la materialización del horror que surge de una tumba, para demostrar que nada de lo que se ha denunciado era una mentira o una exageración. A partir de ahí, solo quedan las ruinas de una versión de nuestro pasado reciente, tozuda y cómplice, sostenida hasta hoy por las fuerzas armadas, y una parte de nuestro sistema político. El hallazgo de los restos del Maestro y Periodista Julio Castro en un predio de las Fuerzas Armadas y la forma en que fue ejecutado, instalo un nuevo escenario en la larga lucha contra la impunidad en el Uruguay. La contundencia que el hallazgo produjo a todos los niveles de la sociedad, la generalizada condena y el dolor, no deben opacar algunos hechos importantes con relación a las formas en que en nuestro país se han ubicado los distintos actores gubernamentales, políticos y sociales en torno a nuestro pasado reciente. Una vez más, la materialización del horror se hace imprescindible para arrinconar las visiones que desde la teoría de los dos demonios, intentaron instalar en el Uruguay una verdad histórica complaciente y funcional a la impunidad. Una vez más, es desde esa saludable y valiente mezcla de educador, divulgador y luchador social, que Julio Castro nos interroga como sociedad, sobre qué debemos aún hacer para esclarecer todos los detalles de las desapariciones, asesinatos, violaciones y torturas e identificar a los responsables. Como ha dicho el maestro Miguel Soler, hay que restituir a la comunidad nacional desde las entrañas de la tierra y de los archivos d la dictadura, agregamos nosotros, lo que en ella mantienen oculto los criminales. Saber más, acerca del proceso que originó su secuestro, a la torturas de que fue objeto y a su ejecución atado de pies y manos, es el desafió que tienen los poderes del Estado. Desmontar las mentiras y las falsedades, es una obligación ética que nos involucra a todos. La estrategia de encubrimiento que hasta ahora se desarrollo en el país respecto a los crímenes de la dictadura y sus responsables, a partir de conocerse que Julio Castro, detenido en 1977 en un operativo del Servicio de Información de Defensa (SID), sufrió "apremios físicos" y murió por un disparo en la cabeza, sufrió un duro revés entró en un callejón de dificil salida ;. En ese escenario, más allá de matices o de intenciones, se deben explicar las aparentes unanimidades de diversos actores políticos, sociales e institucionales en torno al tema. Difícilmente podría plantearse, otra alternativa. Entre ellas se encuentran las vertidas el 5 de diciembre por el jefe de la fuerza de tierra, general Pedro Aguerre. En dicha oportunidad, el jerarca militar manifestó que estaba abocado a manifestar un punto de inflexión, por el peso de la realidad. Podemos otorgarle a un individuo – en este caso al Jefe del Ejército-, el beneficio de la duda sobre el efecto que le pudo producir la confirmación de lo que desde hace muchos años se viene denunciando sobre la actuación de la dictadura. Pero no es admisible para una institución como el Ejército que hasta hoy a operado con una inflexible política de respaldo y reivindicación de su actuación. Dijo el Jefe del Ejército, que el cuerpo que él comanda no es una horda, malón o algo similar. Queremos creer que para el Gral. Aguerre, ese Ejercito que cometió los delitos por los cuales algunos de sus autores materiales están presos, fue una horda, malón o algo similar. Por eso resulta llamativa la adhesión que los centros sociales que agrupan a quienes integraron esa horda o malón, expresaron a las manifestaciones de Aguerre. El Ejército Nacional hasta hoy aceptó, toleró, y encubrió a homicidas o delincuentes en sus filas, por esa razón es de recibo aceptar que existe un punto de inflexión, si eso deja de ser así. Los hechos serán, una vez más lo que probaran la veracidad y consecuencia de los dichos que hubiera sido saludable que hubieran existido hace muchos años atrás. La comunidad educativa nacional y latinoamericana, los periodistas, sin duda tendrán un papel muy importante a la hora de saldar cuentas, tanto con respecto a lo que Julio Castro representó en esas tres actividades de su vida: maestro, periodista, luchador social y político contra la dictadura. Muchos uruguayos deben sentirse al igual que lo dice el también maestro Miguel Soler “deudor de sus múltiples enseñanzas”.

HUGO CORES, EL LEGADO DE SU ACCIÓN.

HUGO CORES, EL LEGADO DE SU ACCIÓN. Publicado en sparata de cuadernos de Copmpañero. dic 2011. UNO. Por estos días se cumplieron 5 años del fallecimiento de Hugo Cores. En estos 5 años han ocurrido – entre otros -, dos hechos importantes para la vida política del país. A que esos dos hechos ocurrieran, Hugo sumó sus esfuerzos de militante político, en tanto que ambos son el resultado de un largo proceso colectivo de acumulación. Nos referimos al hecho de que el Frente Amplio por segunda vez desarrolla su gestión al frente del gobierno nacional; y a que recientemente el Frente Amplio tomo la decisión – largamente postergada -, de empezar a poner fin definitivamente mediante la aprobación de una iniciativa parlamentaria, a una cultura de impunidad impuesta por la existencia de la ley de caducidad. La importancia de ambos hechos – la continuidad de un gobierno de izquierda y la eliminación de los efectos de la ley de caducidad -, fueron objeto de múltiples artículos de Cores. Rescatar su pensamiento en torno a estos dos aspectos, de quien fuera durante la mayor parte de la vida política del Partido por la Victoria del Pueblo, su principal figura, hace necesario usar sus propias herramientas teóricas. No se trata de imaginar lo que Hugo pensaría hoy sobre estos temas, sino de pensarlos nosotros, a partir de las herramientas que su legado nos dejo. No como moldes en los que meter la realidad, sino estructuras de pensamiento para captar la individualidad de cada desafío. Desde esa perspectiva, rescatar el accionar de una herramienta política como lo es un partido, implica una reflexión que para ser sería, no puede dejar de plantearse una serie de cuestiones. En primer lugar, hay que plantearse un problema de definiciones: ¿Cuales fueron los objetivos que se plante la izquierda cuando se plantea la conquista del gobierno? ¿Cuáles son los objetivos que se plantea con relación a la lucha contra la impunidad, cuando lleva a cabo – desde donde pudo hacerlo mucho antes -, una iniciativa que lo ubica donde hasta hace muy poco no quería estar? En segundo lugar, hay que planearse un aspecto que tiene que ver, con el desarrollo, la trayectoria, el perfil histórico que ambos temas habían adquirido para los distintos niveles presentes en la fuerza política (personal de gobierno, militantes, adherentes o simples votantes ocasionales). En tercer lugar, hay una cuestión estrictamente política, que podría sintetizarse en esta interrogante ¿Qué interés político tiene para una fuerza política como el PVP, una reflexión sobre estos aspectos? ¿Hay enseñanzas que nos pueden servir para resolver con menos traumas, las políticas de acuerdos, las alianzas o los simples acuerdos electorales? DOS. El problema de las definiciones, adquiere fundamental trascendencia habida cuenta, que la conquista del gobierno y lucha contra la impunidad fueron presentadas en los debates ntre distintas concepciones, como aspectos excluyentes, sobre este aspecto, los debates del Congreso Alfredo Zitarrosa, son una muestra. Y sobre todo, porque el cumplimiento de la sentencia de la Corte IDH, obliga a la izquierda, a asumir un rol no querido por sectores mayoritarios del Frente Amplio. No es un hecho a no tener en cuenta en este aspecto, las manifestaciones de importantes figuras del primer gobierno de la izquierda qu aseguraban “que ningun militar iba a ir preso”. El segundo aspecto que se refiere al perfil histórico que adquirió esa supuesta contradicción entre ganar el gobierno y afectar intereses poderosos alineados en las distintas variantes de las políticas de impunidad que transitó el Uruguay, se demostró como parte de una política que no supo incorporar la totalidad de los elementos del escenario político, para adecuar sus comportamientos políticos en torno a él. Y finalmente, la posibilidad de desarrollar una política de acumulación que sin duda fue eficaz, es nada se vio menguada o disminuida por los acuerdos electorales que el PVP habían establecido. Es más, hasta podría afirmarse sin temeridad, que sin esos acuerdos que en estos temas generaban y generan dudas y dificultades, la eficacia del resultado final tendría otros acentos y dimensiones. TRES. Un partido que se precie como tal, tiene la obligación de hacer que sus militantes no vivan la política en términos tales que ella implique una aversión a las alianzas, a la construcción de programas a corto, mediano o largo plazo, en el que puedan confluir otros. En unas reflexiones autocríticas sobre nuestra actividad en los años 70, Hugo marcaba la dificultad para un partido como lo es el PVP, el no estar “lo suficientemente activos para tender lazos de unidad con gente que estaba en posiciones muy parecidas a las nuestras”, y el no tomar “la iniciativa para gestar procesos de unidad”, cuando “había condiciones para gestar niveles de unidad”. Sin duda, que el largo proceso de acumulación que implico el ir avanzando en un terreno cargado de dificultades y visiones políticas, muchas veces muy enfrentadas. Hizo imprescindible tener en cuenta esas visiones en torno a los procesos de acumulación vinculados estrechamente con la gestación de procesos dinámicos de unidad de acción. Hugo perteneció a una organización política con una historia que sin duda, nos marcara para siempre. Sin embargo, no fue ni es el PVP, el partido de los desaparecidos. Al respecto, Hugo tenía claro cual era nuestro atributo, nuestro acervo. El pasado, la historia de su organización política, no se originaba en una victoria, “sino algo muy parecido a una victoria; que era una derrota. Una derrota en términos extremos, cuando aspiraste a todo, hiciste un análisis del conjunto de la situación nacional y regional, organizaste un partido y le diste una línea de acción, y te derrotaron, te mataron a los principales dirigentes, a buena parte de los cuadros”. Para Hugo, esa historia trágica y dolorosa dejo un saldo. Citando a Hobsbawm Hugo decía “que muy a menudo las visiones de los derrotados se aproximan más al análisis verdadero del curso de los hechos que el análisis de los vencedores. Porque los vencedores tienden a minimizar sus errores; en cambio los derrotados sienten la necesidad de sacarle el mayor partido en materia de enseñanzas a sus errores”. Esta comunidad política, como solía denominar al PVP, que tenía un mismo programa y una misma línea de acción táctica, debía ser también “una comunidad afectiva nacida del sentimiento de injusticia que significó el asesinato casi masivo de los compañeros”. Que así sea.

UN BALANCE PROVISORIO.

Derechos Humanos:UN BALANCE PROVISORIO. Publicado en Trabajo y Utopia de diciembre de 2011. La sentencia de la Corte IDH en el caso Gelman Vs Uruguay, determinó en febrero de este año, que se debían eliminar los obstáculos interpuestos por la ley de caducidad, que impedían la investigación y sanción de graves violaciones de derechos humanos. A partir de ello, el Estado debió entender y actuar en consecuencia para que los resultados o efectos de la aplicación de la ley de caducidad fueran nulos, y carecieran de efectos jurídicos. A la luz de los comportamientos políticos e institucionales ocurridos hasta la reciente aprobación de la ley 18.831 del 27 de octubre de 2011, eso pareció que costara ser valorado en su justo término por gran parte del sistema político. Dicho de otro modo, no todos los órganos del Estado uruguayo tuvieron una actitud activa y diligente para acatar y aplicar esa inapelable y obligatoria sentencia. A pesar de que puede ser de recibo el argumento de que la contundencia y claridad de la sentencia de la Corte IDH, hacia innecesario que el parlamento determinara que la ley de caducidad era nula o carecía de efectos jurídicos, porque eso ya lo determinada la Corte Interamericana, en realidad la omisión de actuar del Poder Legislativo, respondía a otras razones. Falta de voluntad política para recorrer un camino que replanteara el debate en los términos que hicieron abortar la iniciativa de la ley interpretativa. Sin entender que todos los debates y dilemas sobre nuestro pasado reciente, estuvieron pautados entre las disyuntivas entre impunidad o justicia. La discusión del proyecto de ley interpretativa, que sin duda de haber sido aprobada, nos hubiera dejado en mejores condiciones jurídicas y políticas para cumplir con las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, instalo a partir de su fracaso, un escenario que pese a algunos contados esfuerzos desde dentro de la fuerza de gobierno, contaba con no pocas dificultades para ser revertido. Hubo quienes congelaron ese escenario y definieron no hacer nada; quienes no creyeron en la posibilidad de revertirlo y se paralizaron en el desanimo, y muy pocos que no se resignaron. La sociedad civil, organizada tras una iniciativa del PIT/CNT, opero sobre ese escenario negativo y desfavorable, intentando y por momentos lográndolo, instalar otros ejes del debate. Es decir ubicar la disyuntiva sobre la voluntad política para cumplir la sentencia de la Corte IDH y lo que debían hacer TODOS para ello Desde esa predica, le recordó al sistema político y a las instituciones del Estado, que lo que sí había ordenado hacer la Corte a todo el Estado era que se debía asegurar que los efectos originados por la aplicación ilegítima de la ley de caducidad, no podía seguir representando un obstáculo para la investigación de los hechos y el castigo de los responsables (Prescripción, cosa juzgada, irretroactividad de la ley penal, etc.). Esta situación instalada formalmente en Uruguay, a partir de febrero, no debió sorprender al Estado y al sistema político. La Corte Interamericana ya había sentado jurisprudencia en otros casos similares ( Perú, Chile y Brasil). Y en uno de ellos, (el caso Barrios Altos), el gobierno de Fujimori en un intento de no aplicar lo ordenado por la Corte IDH, solicito ante la Corte Interamericana una interpretación de la misma y esta le respondió que "La promulgación de una ley manifiestamente contraria a las obligaciones asumidas por un Estado parte en la Convención constituye una violación de ésta y genera responsabilidad internacional del Estado”. En consecuencia, la Corte consideraba que, dada la naturaleza de la violación constituida por las leyes de amnistía dictadas por el Perú, “lo resuelto en la sentencia de fondo en el caso Barrios Altos tiene efectos generales." De lo expresado, debería haber sido entendido, como que contrariamente a las posibilidades que tiene la máxima autoridad de Justicia del Uruguay (SCJ), de determinar que en un caso concreto que la ley es inconstitucional y por lo tanto carece de efectos jurídicos, la Corte Interamericana si puede determinar su carencia de efectos jurídicos en términos generales. Por lo cual debío entenderse que la Sentencia de la Corte IDH, tenía efectos generales. En conclusión, a partir de la notificación al Estado uruguayo de la citada sentencia, los artículos 1, 2, 3 y 4 de la ley de caducidad, carecían de efectos jurídicos y era nula . Y por su lado, también la SC de J de Uruguay había llegado a la misma conclusión, aunque no pudo hacerlo con efectos generales, sino en cada caso en particular ( lo hizo ya en más de una veintena de casos). Ubicadas en torno a la acción del Poder Judicial, la posibilidad de que existan diversas interpretaciones de las obligaciones internacionales del Uruguay, era importante la existencia de una norma que contribuyera con eficacia a homogenizar esos comportamientos a la hora de cumplir con los deberes que en forma perentoria debía encarar y resolver el país. Eran cada vez más evidentes las dificultades y demoras existentes a todos los niveles, en disponer las medidas necesarias para dar cumplimiento a la Sentencia. El Ejecutivo no definía la forma de dejar sin efecto las resoluciones administrativas que en el pasado comprendieron denuncias en la ley de caducidad. No se habían realizado las comunicaciones formales a todos los poderes del Estado y por lo tanto ni los parlamentarios, ni los jueces, ni los fiscales tenían conocimiento de la misma y actuaban en consecuencia a lo que ella obligaba. La fuerza de gobierno, luego de la experiencia del fracaso de la ley interpretativa omitía realizar cualquier iniciativa a nivel parlamentario, si no se contaba con el aval previo del Presidente de la República. Las declaraciones desde el Poder Ejecutivo no alentaban un encare serio y eficaz con relación al cumplimiento de la Sentencia. Y por último se producían pronunciamientos de tribunales que ponían en cuestionamiento qué posición se asumiría a partir del vencimiento de los plazos de prescripción de los homicidas especialmente agravados. En ese escenario se transformó en un aspecto de fundamental importancia, el agrupamiento de organizaciones sociales expresando un posicionamiento unificado de la sociedad civil . La elaboración de un borrador de proyecto de ley , sustentado en ese agrupamiento, se constituyo en un Programa de acción que fue acumulando fuerzas y produciendo efectos a todos los niveles. El dar la batalla para lograr el objetivo de esta etapa - cumplimiento cabal de la sentencia de la CIDH, como parte de la lucha contra la impunidad-, implicaba modificar una correlación de fuerzas dentro de la propia fuerza de gobierno, A los esfuerzos que sin duda desarrollaban sectores hasta ese momento minoritarios dentro de la fuerza de gobierno, se sumo la acción de la sociedad civil que fue dotándose de dos elementos importantes y decisivos: un programa que se expresaba en el proyecto de ley, y un núcleo de fuerzas sociales atrás de él, que se acrecentaron a partir de posicionamientos de actores políticos, institucionales, de medios de prensa, de operadores del sistema judicial, de opinión pública. Pero el resultado final, con los apresuramientos de último momento se jugó en la cancha política (FA) y en lo institucional (gobierno). Si bien es cierto que la eficacia de una lucha como esta, necesariamente implicaba tener en cuenta todos los escenarios y tratar de incidir en ellos, también es cierto que esa interacción tiene sus límites. Algunos de las propios de las características de los actores (fuerzas sociales unas y fuerzas políticos otros); y otros de las barreras y limitaciones que se imponen por acción u omisión . Si bien es cierto - que la forma en que se entabló el reracionamiento entre la sociedad civil y las distintas fuerzas políticas, evito que los debates y las discusiones previas al debate parlamentario, se escaparan de los objetivos de las mismas: es decir el cumplimiento de la sentencia y lo que se debería hacer para cumplirla-, también es cierto que la forma y el contenido que finalmente oriento la aprobación de la ley 18. 831, constituyo en ese sentido un claro retroceso. Evaluar como el Programa inicial por el que se salió a luchar se materializó, hace necesario incorporar los condicionamientos estrictamente políticos y los condicionamientos estrictamente jurídicos. Dicho de otra forma, como las definiciones del sistema político, se transforman en herramientas efectivas y eficaces para erradicar la impunidad. Ese es el resultado que esperábamos y que no admitiría dudas si se hubiera aprobado una ley que pusiera en acento en el cumplimiento de la sentencia de la Corte IDH. Estamos convencidos que un conjunto de acciones contribuyeron a que el rumbo que finalmente tomó el cumplimiento de la Sentencia de la CIDH, no fuera una simple declaración del parlamento. Si bien es cierto que no hay formulas mágicas, los resultados y la eficacia del camino finalmente elegido, harán necesarios nuevos esfuerzos a todos los niveles. Lo interesante de batallas como esta, es no solo contar con las fuerzas de uno, sino saber recoger y potenciar aquellas que existen en el escenario político, social y académico. Los debates que se debieron dar, obligo a algunos niveles del sistema político y gubernamental, a incorporar el discurso de los derechos humanos y las normas del derecho internacional y so es muy importante. Eso no es poca cosa, en comparación de la situación en que se vivías anteriormente. Por esa razón, a esta altura de los acontecimientos en la que aun no sabemos la eficacia de esta iniciativa legislativa transformada en ley, debemos estar convencidos que no sería el mismo si no hubiéramos estado y actuado. Habida cuenta de las incomprensiones y timoratos conductas de nuestro sistema político, no es poca cosa haber contribuido sustancialmente a estar en la situación en que estamos.

DATOS BIOGRAFICOS DE RAUL OLIVERA ALFARO

RAUL OLIVERA ALFARO.
Nació en Montevideo-Uruguay el 10 de febrero de 1944. Es el segundo de los cuatro hijos - (Julio César (22/11/1940), Miguel Ángel (21/7/1947) y Elbio Waldemar (9/2/1950) -; de Celiar Olivera (1/3/1916 - 1976) y Ángela Alfaro (20/5/1918).

Durante su larga actividad sindical fue dirigente de los sindicatos de los trabajadores de la industria pesquera (CUTIP) , de los ferroviarios (UF) y del Poder Judicial (AFJU).

Durante su actuación en estos gremios, integró la dirección de la central sindical (CNT y PIT/CNT). Una vez que abandonó la actividad laboral , continuó vinculado a la Central Sindical actuando en la Secretaria de Derechos Humanos, desde donde impulso varias causas judiciales contra los integrantes de la dictadura cívico-militar; entre otras la relacionada con el secuestro en la embajada de Venezuela de la maestra Elena Quinteros.
Militó en la Federación Anarquista Uruguaya (FAU) y en la Resistencia Obrero Estudiantil (ROE). Actualmente integra el Comité Central y el Secretariado Ejecutivo del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP), integrante del Frente Amplio.

Durante la dictadura estuvo preso desde 31/07/73 al 31/01/80. Previo a su reclusión el 23/12/73 en el Establecimiento Militar de Reclusión Nº I( Penal de Libertad), estuvo confinado en la Unidad Militar de Trasmisiones I (Ingenieros 5, el Regimiento de Caballería Mecanizada Nº 4 y Regimiento de Caballería Nº 9.
Junto a su organización política ejerció responsabilidades en la Izquierda Democrática Independiente (IDI) y el Movimiento de Participación Popular (MPP).

A nivel sindical, en la Secretaria de Derechos Humanos del PIT/CNT se desempeña en el área de investigación y lucha contra la impunidad. Integró el Consejo Consultivo Social de la Universidad de la República y el equipo de representación social de aplicación de la ley 18.033.
Integro en representación del PVP, la Comisión de Programa del Frente Amplio para el gobierno 2005/2009, del Área Derechos Humanos.
En la primer administración del Intendente Marcos Carambula de Canelones, se desempeñó en el equipo de gobierno de la Intendencia Municipal de Canelones en el Área de Descentralización y Participación y ejerció la representación del PVP ante la Mesa Departamental del Frente Amplio de Canelones. En las elecciones nacionales realizadas en octubre del 2009, integró las listas del Espacio 609 por Canelones como candidato a la diputación.
Integró el equipo consultor de los informes sobre derechos huanos publicado anualmente por el SERPAJ de Uruguay.
En 1984, participa en Roma (Italia) del Encuentro internacional de trabajadores de la pesca, visitando Alemania, Holanda y España.
En 1989 participa del encuentro mundial de trabajadores ferroviarios realizado en Moscú (URSS) en representación de la Federación Ferroviaria.
En 1990 participa en representación del PVP, en el encuentro fundacional del Foro de San Pablo, realizado de San Pablo- Brasil.
Participo en un encuentro realizado en Santiago de Chile (Chile) sobre derechos humanos del Foro de San Pablo.
El 25 de marzo de 1996, participa en Quito-Ecuador del encuentro latinoamericano de trabajadores del Poder Judicial, en representaron de la AFJU.
En junio de 2005 participó junta a Sara Méndez en el Encuentro Internacional contra el Terrorismo y por la verdad y la justicia realizado en La Habana (Cuba).
El 10 de mayo de 2006 participa como expositor en el Seminario Periodismo Solidario (III edición) organizado por la Universidad Autónoma de Madrid y el diario El País de Madrid, donde expone sobre “El papel de los trabajadores en la vigencia de los derechos humanos en un mundo globalizado”.
El 13 de mayo de 2006 participa junto a Sara Méndez en el III Simposio Internacional Itinerarios políticos de la izquierda revolucionaria en Argentina y Uruguay, organizado por la Facultad de Filosofía y de Historia de la Universidad de Santiago de Compostela, exponiendo sobre “LA RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA Y LA LUCHA CONTRA LA IMPUNIDAD.
En enero del 2009, participa junto a Sara Méndez de la presentación de la edición venezolana del libro Secuestro en la embajada, en Caracas, Venezuela.
Es autor del libro “DESAPARECIDOS: LA COORDINACIÓN REPRESIVA” y varios trabajos sobre el tema de los Derechos Humanos. Es columnista del periódico del PIT/CNT “Trabajo y Utopía”, del Semanario “Arequita”, de “La República” y “Brecha”.
Junto a Sara Méndez, es autor del libro “SECUESTRO EN LA EMBAJADA. EL CASO DE LA MAESTRA ELENA QUINTEROS” (11/11/03) y de la compilación “HUGO CORES: LA MEMORIA COMBATIENTE”.
El 24 de setiembre se presenta en el Teatro El Galpon un libro “Las palabras que llegaron, que contenía entre otros trabajos, uno de su autoría” Los tres monos”.
Esta casado con Sara Méndez, una uruguaya secuestrada en Buenos Aires en 1976 por la dictadura y quien tuvo desaparecido a su hijo por 26 años. Es padre de dos hijos: Daniel Alfredo (17/5/1969) y Claudia Cecilia (21/5/1972) y tiene dos nietos (Camila y Nicolás).

TRABAJOS INCLUIDOS EN EL BLOG POR ORDEN CRONOLOGICO

19-04-2011:DATOS BIOGRAFICOS DE RAUL OLIVERA ALFARO.
10-08-2011: INTERVENCION EN MESA REDONDA: Derechos Humanos ¿Y ahora que?
21-07-2011: DAÑOS COLATERALES.
10-07-2011: DERECHOS HUMANOS: PONERNOS A TIRO.
01-07-2011. EL MADERO (Cuento corto)
17-06-2011:DERECHOS HUMANOS: UNA LARGA LUCHA, UNA CAUSA JUSTA.
18-05-2011: INCONSECUENCIAS NO DOBLEGAN LUCHA CONTRA LA IMPUNIDAD.
18-04-2011: LO QUE NOS DEJO EL DEBATE EN EL SENADO Y SUS ALREDEDORES
11-04-2011: TEXTO ESCRITO PARA ACTO DEL 11 DE ABRIL DEL PIT-CNT
30-03-2011: VICTOR LICANDRO: EL DESAFIO DE VENCER UNA AUSENCIA.
25-03-2011: CARTA ABIERTA A LOS COMPAÑEROS DE RUTA
02-03-2011: LA IMPUNIDAD: lo que vendrá.
25-02-2011: Derechos Humanos - Desaparecidos -intercanalt Entrevista
22-02-2011: LOS INTRINCADOS CAMINOS PARA TERMINAR CON LA IMPUNIDAD.
09-01-2011: trabajo en homenaje a Marta Harnecker.
09-01-2011: LA ANULACIÓN DE LA LEY DE IMPUNIDAD.
08-01-2011: SOBRE EL FUTURO DE LA IMPUNIDAD, TAMBIEN MIREMOS HACIA BRASIL.

08-12-2010: EL ADIOS A MARÍA ESTER.
05-12-2010: María Ester Gatti
01-12-2010: presentacion del libro Piedras pequeñas.
16-11-2010: LA LUCHA CONTRA LA IMPUNIDAD A ORILLAS DEL RUBICÓN.
08-11-2010: EL DESTINO DE LA IMPUNIDAD: CONTINUIDAD Y CAMBIO.
29-10-2010: LA GOTA QUE COLMA EL VASO?
11-10-2010: POR UN AUTENTICO Y EFICAZ FIN DE LA IMPUNIDAD.
02-10-2010: Carta al Director del diario La República
08-09-2010: AHORA SI, TODOS IGUALES ANTE LA LEY.
08-08-2010: ¿AL FIN EL FIN DE LA IMPUNIDAD?
17-07-2010: SANGUINETTI:EL CENSURADOR.Los complices civiles de la dictadura
09-06-2010: URUGUAY: LOS ESCENARIOS EN LA LUCHA CONTRA LA IMPUNIDAD.

09-12-2009: A 3 AÑOS DE LA MUERTE DE HUGO CORES
31-10-2009: La ley de Descentralización Local:CUANDO A ORILLAS DEL PERICO FLACO ENGORDA LA DEMOCRACIA.
27-10-2009: Las Palabras que no llegaron
24-09-2009: LOS TRES MONOS:EL QUE NO QUIERE VER, EL QUE NO QUIERE OIR Y EL QUE QUIERE HABLAR.
03-09-2009: RECORDAR, REFLEXIONAR Y ACTUAR EN CONSECUENCIA
20-08-2009: LA SANGRE NO ES AGUA.
29-07-2009: LA IMPORTANCIA DE LAS CONSIGNAS.
03-06-2009: OPERACION MEMORIA.
24-05-2009: LOS ESCENARIOS DE LA IMPUNIDAD.
07-04-2009: LA PRIMER CONDENA A LA DICTADURA:CONTAME TU CONDENA, DECIME TU FRACASO...
28-03-2009: 20 AÑOS DESPUES: LAS DEUDAS CON EL PASADO RECIENTE Y LAS NUEVAS GENERACIONES.
01-02-209: La necesaria reparación a las consecuencias del Terrorismo de Estado
16-01-2009: CARTA ABIERTA A HENRY ENGLER Y JOSE MUJICA
12-01-2009: ¿EL FRENTE TE ESCUCHA?
03-01-2009: GONZALO AGUIRRE Y GARDEL
02-12-2008: DIOS LOS CRIA Y ELLOS SE JUNTAN.
01-11-2008: En Argentina:Comienzan los alegatos en el juicio a la ESMA.
31-10-2008: INFORME SOBRE DERECHOS HUMANOS EN EL GOBIERNO ACTUAL.
21-10-2008: SUBASTA DE ARTE CONTEMPORANEO URUGUAYO POR LA NULIDAD DE LA LEY DE CADUCIDAD.
20-10-2008: COSECHANDO FIRMAS PARA TERMINAR CON LA IMPUNIDAD.
26-09-2008: La Escuela de Primer grado "Maestra Elena Quinteros".
07-09-2008: EL NOMBRE DE UNA ESCUELA
07-09-2008: EL CUMPLEAÑOS DE ELENA QUINTEROS
01-09-2008: Biografia de Elena Quinteros.
01-09-2008: Elena, La maestra en la evocacion de sus compañeros.
29-08-2008: UNA RELACION COMPLICADA.
26-07-2008: Poner fin a una logica perversa.Para que los derechos, transiten por anchas avenidas, y no por vericuetos, resquicios o atajos.
26-07-2008: HACE 33 AÑOS
26-06-2008: A 35 AÑOS DEL GOLPE DE ESTADO EN EL URUGUAY
20-06-2008: ACLARANDO LOS TANTOS, UNA FORMA DE CONSTRUIR CIUDADANIA
10-05-2008: Presentacion del libro HUGO CORES LA MEMORIA COMBATIENTE EN LA CIUDAD DE MINAS.
02-05-2008: En el "caso Tróccoli", no todos somos responsables.
26-04-2008: El papel de los trabajadores en la construcción de una cultura democrática
01-04-2008: HELIOS SERRA SILVEIRA
06-03-2008: MACARENA
01-03-2008: Las relaciones entre el sitema judicial y el sistema político.
26-02-2008: EL PROCESAMIENTO DE GREGORIO ALVAREZ: OTRAS DIMENSIONES DE LA RESOLUCION JUDICIAL.
05-02-2008: HISTORIA Y PERSPECTIVA DEL MOVIMIENTO OBRERO
10-02-2008: reflexiones cumpleañeras

03-12-2007: PALABRAS EN HOMENAJE A H CORES A UN AÑO DE SU MUERTE
01-12-2007: A UN AÑO DE LA MUERTE DE HUGO CORES
02-11-2007: ¿silencios austeros o silencios criminales?
01-11-2007: Las leyes de juego de los desafios democráticos
05-10-2007: PARA QUE LA IMPUNIDAD NO SEA MAS PATRIMONIO DE LOS URUGUAYOS
26-08-2007: UN NUEVO ESCENARIO DE LUCHA POR LOS DERECHOS HUMANOS.
24-07-2007: EL PAPEL DEL GOBIERNO BLANCO, ES PARTE DE LA VERDAD HISTORICA
26-06-2007: El verdadero nunca más.
24-05-2007: ¡QUE VIVAN LOS COMPAÑEROS!
11-05-2007: EN HOMENAJE A HUGO CORES
03-03-2007: LA RELACION ENTRE NUESTRO PASADO RECIENTE Y EL GOBIERNO PROGRESISTA.
01-03-2007: A 30 años del secuestro y la desaparición de Gustavo Inzaurralde y Nelson Santana
01-02-2007: Un desafío para el 2007:La nulidad de la ley de caducidad.

29-12-2006: EN HOMENAJE A HUGO CORES
22-12-2006: A 20 AÑOS DE LA INSTALACION DE LA IMPUNIDAD EN EL URUGUAY
08-12-2006: UN TIEMPO DE MEMORIA
26-11-2006: LAS PISTAS DEL SEGUNDO VUELO.
26-10-2006: LA DESCENTRALIZACION EN EL GOBIERNO CANARIO
26-10-2006: RESPONSABILIDADES DE OTROS DOS MILITARES Y UN POLICÍA URUGUAYOS EN LOS HECHOS OCURRIDOS EN AUTOIMOTORES ORLETTI
13-10-2006: La anulación de la ley de caducidad
26-08-2006: ALGO MÁS SOBRE IMPUNIDAD
11-08-2006: EL CAPITULO URUGUAYO DEL CÓNDOR
02-07-2006: PARA DESTRUIR LOS HUEVOS DE LA SERPIENTE.
02-06-2006: EL DEBER ETICO DE ANULAR LA LEY DE CADUCIDAD
13-05-2006: LA RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA Y LA LUCHA CONTRA LA IMPUNIDAD.
09-05-2006: EL PAPEL DE LOS TRABAJADORES EN LA VIGENCIA DE LOS DERECHOS HUMANOS EN UN MUNDO GLOBALIZADO.
03-05-2006: PARA QUEDAR BIEN, CON DIOS Y CON EL DIABLO.
13-04-2006: SOBRE DESAPARICIONES Y EXTRADICIONES
29-03-2006: EL ASESINATO DE NIBIA SABALSAGARAY: Las flores que no llegaron.
02-03-2006: FERNANDO MIRANDA
02-02-2006: EL SECUESTRO Y LA DESAPARICION DE UBAGESNER CHAVEZ SOSA
13-01-2006: MORIR EN URUGUAY

22-10-2005: LOS DERECHOS HUMANOS Y LOS PRONUNCIAMIENTOS PRE ELECTORALES
13-10-2005: ¿EL FIN DE LA IMPUNIDAD?
04-08-2005: LOS VUELOS Y LOS DECOLAGES DE LAS "VERDADES POSIBLES
22-07-2005: LAS MENTIRAS DE LA DICTADURA A LOS ORGANISMOS INTERNACIONALES
15-07-2005: La impunidad uruguaya no es perfecta ni inexpugnable
03-07-2005: ES TIEMPO DE VERDAD Y JUSTICIA.
03-07-2005: EL DERECHO A NO SER OBJETO DE LOS ABUSOS DEL CUARTO PODER.
03-06-2005: A 32 AÑOS DEL GOLPE DE ESTADO EN EL URUGUAY
19-05-2005: Verdad y Justicia en la nueva coyuntura política.
03-05-2005: MEMORIA E IMPUNIDAD.
26-04-2005: El Terrorismo de Estado en Uruguay:Las asignaturas pendientes.
03-04-2005: PONENCIA EN EL INSTITUTO B BRECH
21-03-2005: ARGENTINA: LA ANULACION DE LAS LEYES DE IMPUNIDAD.
21-03-2005: LA IMPUNIDAD EN URUGUAY Y SUS CONSECUENCIAS SOCIALES
18-03-2005: La debida salvaguarda de los derechos inalienables del hombre.
06-01-2005: LOS DERECHOS HUMANOS EN EL NUEVO GOBIERNO

16-12-2004: A 18 Años de aprobada la ley de Caducidad
29-10-2004: A 20 años del primero gobierno constitucional. Las materias pendientes.
03-09-2004: ELENA QUINTEROS: LA LUCHA POR LOS DD.HH CONTINUA
03-09-2004: MORIR COMO LOS ESQUIMALES. (cuento corto)
19-08-2004: DOCUMENTO PRESENTADO ANTE LA COMISIÔN DE PROGRAMA DEL FRENTE AMPLIO PARA LAS MEDIDAS DE GOBIERNO
01-08-2004: LA RECUPERACION DE LA MEMORIA HISTORICA
02-06-2004: OTRO ASPECTO DE LA IMPUNIDAD: Cementerios clandestinos en predios militares
01-06-2004: EN EPOCA DE ELECCIONES: Una mirada particular sobre los derechos humanos.
14-05-2004: Caso Elena Quinteros: un nuevo paso hacia la justicia
24-04-2004: Terrorismo de Estado: Justicia y reconciliación.
08-02-2004: EL MINISTRO OPERTTI Y LOS INVENTARIOS.
01-02-2004: EL CASO DE LA MAESTRA ELENA QUINTEROS: Nuevos desafios a la impunidad.

01-09-2003: CHILE: EL 11 DE SETIEMBRE DE 1973.
27-07-2003: Reportaje en CX 36 sobre el golpe de Estado
01-07-2003: CORDERO Y LA JUSTICIA.
26-06-2003: EL PASADO QUE NO PASA
30-04-2003: Entrevista realizada por el investigador chileno Eduardo Valenzuela
24-04-2003: Sobre el informe final de la Comisión para la Paz.
24-03-2003: POBREZA EXTREMA COMO VIOLACION DEL DERECHO
24-02-2003: DESDE EL DERECHO INTERNACIONAL LA AMENAZA DE GUERRA

24-12-2002: Juan Carlos Blanco entre rejas...Simón con nosotros
29-10-2002: Derechos humanos y trabajo social.
26-07-2002: URUGUAY 1989: Cuando no pudimos anular la ley de caducidad.
24-05-2002: NO TODO HA SALIDO A LUZ
07-01-2002: A UN AÑO DE LA MUERTE DE TOTA QUINTEROS.

21-12-2001: ¿ES MENTIRA, LA VERDAD?
30-05-2001: Los desaparecidos y la Justicia Penal
29-05-2001: E mail del 29/05/01, dirigido a Radio El Espectador Sr Emiliano Cotelo. Asunto: DESAPARECIDOS: Una aclaracion.
24-05-2001: SEMINARIO: HOMENAJE LUIS PEREZ AGUIRRE Y TOTA QUINTEROS .

04-05-2000: ARRIBA LOS QUE LUCHAN!
19-04-2000: ROSENCOF:EL DURO OFICIO DE DRAMATIZAR
12-03-2000: UNA IMPORTANTE INICIATIVA DEL MOVIMIENTO SINDICAL
12-02-2000: OTRAS CONSIDERACIONES SOBRE LAS ACCIONES JUDICIALES POR LA VERDAD.
22-01-2000: LAS ACCIONES JUDICIALES POR LA VERDAD (I)

08-08-1999: DESAPARECIDOS: ¿LA FORMULA DEL FA?
13-03-1999: LA JUSTICIA: Los secuestros y desapariciones de personas.
01-03-1999: DE FABULAS Y DESQUICIOS.
19-01-1999: A MODO DE UN BALANCE PARCIAL DEL 98.

01-12-1998: QUE LOS DERECHOS SEAN HUMANOS Y PARA TODOS
17-11-1998: GLOBALIZACIÓN Y DERECHOS HUMANOS.
16-11-1998: LOS DERECHOS HUMANOS: Y LOS TIEMPOS DE LAS CAMPAÑAS ELECTORALES.
07-11-1998: ABRIENDO EL PARAGUAS, CUANDO YA ESTAS MOJADO.
07-11-1998: ALGUNAS IDEAS SOBRE EL 68 URUGUAYO.
23-06-1998: Ponencia en Santiago de Chile 27 junio de 1998
16-03-1998: DESAPARECIDOS: LA COORDINACION REPRESIVA (Segunda parte)
16-03-1998: DESAPARECIDOS: LA COORDINACION REPRESIVA (Primera parte)
01-02-1998: LA JUSTICIA ES UN DERECHO HUMANO.

22-12-1996: HACE 20 AÑOS QUEBRABAN LA CONCIENCIA ETICA DE LA SOCIEDAD
03-07-1996: EL MAR (Cuento)
03-05-1996: PERO, ¡TE VA A DOLER TANTO! (Cuento corto)
29-03-1996: LA MONOGRAFÍA POSTRERA (Cuento corto)

EL NUEVO ESCENARIO DE LA LUCHA CONTRA LA IMPUNIDAD: Las asignaturas pendientes.

EL NUEVO ESCENARIO DE LA LUCHA CONTRA LA IMPUNIDAD: Las asignaturas pendientes.
Por: Raúl Olivera Alfaro
(Asesor Sec DD.HH PIT/CNT. publicado en Trabajo & Utopía Nº 113 Nov 2011)
UNO.
Cuando finalizaba el mes de octubre y a solo pocos días que el parlamento aprobara la ley 18.831 - mediante la cual se eliminan los obstáculos que desde hace mas de un cuarto de siglo impidieron la acción plena de la justicia en el Uruguay -, 22 ciudadanos (10 mujeres y 12 hombres) presentaban ante el Juzgado Letrado Departamental de Treinta y Tres de 1er Turno una denuncia sobre hechos constitutivos de delitos de lesa humanidad.
La denuncia, para lo cual debieron viajar la mayoría de ellos a la ciudad de Treinta y tres, contó con el apoyo legal y material del Frente Amplio, que con esta acción y otra vinculada a otros hechos y personas, la fuerza política que detenta el gobierno nacional pasa a tener una actitud preactiva en la materialización de la lucha por verdad y justicia.
Desde los años 90, en oportunidad de la denuncia que presentaron los senadores del Frente Amplio contra el ex canciller Juan Carlos Blanco por la responsabilidad en el caso de la desaparición de Elena Quinteros, no había existido por parte de la izquierda, una conducta colectiva y organica que implicara llevar a los estrados judiciales los reclamos de verdad y justicia. Si habían existido actitudes individuales de parlamentarios que realizaron acciones de ese tipo, como la denuncia referida a la operación Zanahoria presentada por el Senador Michelini.
Esta denuncia penal, esta referida a hechos acontecidos en 1975, en la ciudad de Treinta y Tres, donde entre los días 12 y 15 de abril, las fuerzas de seguridad de la dictadura realizaron una serie de allanamientos con el objeto de detener a integrantes de la entonces clandestina Unión de la Juventud Comunista. De esa forma la dictadura apuntaba a desarticular el foco de oposición a la dictadura existente en dicho departamento.
El comienzo de la llamada Operación Morgan orquestada para hacer desaparecer del país definitivamente al Partido Comunista y al Partido por la Victoria del Pueblo, no se limito exclusivamente a ellos. Además de golpear a los miembros de la UJC y el Partido Comunista, incluyó a integrantes del Movimiento Juvenil Patriótico.
Los detenidos en esa oportunidad, eran en su inmensa mayoría, menores de edad. Los detenidos tenían entre trece y veinte años de edad. Treinta y seis años atrás, Bordaberry padre, hacia realidad el sueño actual de Bordaberry hijo, imputando y aplicando a jóvenes de aquella edad, la misma dureza (y arbitrariedad) que aplicaban a los adultos.
De ahí, que los jóvenes fueron conducidos al Batallón No. 10 de Infantería del Ejército) de dicho Departamento, donde desde el primer instante fueron objeto de torturas (plantones, golpes, submarino, picana, colgadas, caballete, etc.) al igual que las que eran objeto cualquier adulto. No se hicieron excepciones.
En una ciudad como Treinta y tres, todo el mundo se conocía. Los jóvenes detenidos, hasta unas horas antes habían compartido con los hijos de quienes los torturaban, los bancos del liceo y lugares de reunión donde confluían los jóvenes.
Luego de un duro y crudo periplo por cuarteles y los Penales de Libertad y Punta de Rieles, los mayores de 18 años fueron condenados por la justicia militar a penas entre 2 y 6 años de cárcel, mientras que el periodo de reclusión para la mayoría de los menores de 18 años fue de un mes en el Batallón de Infantería Nr.10 de Treinta y Tres, (sin que esa situación fuera puesta en conocimiento de un juez de menores), y su posterior trasladado en un camión del ejército, encapuchados, con las manos atadas con alambre y con desconocimiento absoluto de sus padres, a las dependencias en Montevideo del Consejo del Niño, por espacio de 7 meses.
Para justificar la detención ante la opinión pública de la ciudad conmocionada por esa situación, la dictadura contó como era habitual con la complicidad de el diario El País, quien en un artículo titulado “Marxismo: Única Meta la Destrucción Moral”: Descubren campamento: Prostituían a más de 60 jóvenes”, inventan una historia en la que los detenidos eran presentados como un grupo de jóvenes que se dedicaban a hacer campeonatos sexuales, y tenían todo tipo de enfermedades venéreas.
La denuncia radicada en estos días, además de dar cuenta de otros padecimientos que se extendieron en sus vidas, aun luego de haber sido puestos en libertad, brinda a la justicia una nomina de algunos responsables identificados. Y fundándose en las Normas sobre Imprescriptibilidad establecidos en la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Lesa Humanidad, en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y en particular en los Principios de Cooperación Internacional aprobados por la Asamblea General de las Naciones Unidas que en uno de sus Principios establece que: “ Los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad donde quiera y cualquiera que sea la fecha en que se hayan cometido serán objeto de una investigación y las personas contra las que existan prueba de culpabilidad en la comisión de tales crímenes, serán buscados, detenidos, enjuiciados y en caso de ser declarados culpables, castigados.”, los denunciantes esperan que finalmente se haga justicia.

DOS.
Mientras eso ocurría en Treinta y Tres, ante una sede penal capitalina una larga lista de mujeres presentaban otra denuncia. Según ella promovían denuncia contra una larga lista de militares, policías, y médicos y todos los oficiales y suboficiales que entre el período 1972 y 1985 se encontraban en los siguientes establecimientos: Penal de Punta de Rieles, 300 Carlos, Regimiento de Caballería No. 9, Cuartel Km. 14 Cno. Maldonado, Establecimiento La Tablada, Casa de Punta Gorda, Cárcel de Pueblo (Parque Rodó), Regimiento de Caballería No. 4, Hospital Militar, Artillería No. 1 (Cuartel La Paloma), Batallón de Ingenieros No. 1, Batallón de Infantería No. 5 de Mercedes, Batallón 5o. de Artillería, Cuartel de Infantería No. 7 de Salto, Cuartel No. 13, Cuartel No. 6 de Caballería:
Los hechos que dan cuenta en la demanda, se refieren al proceso cívico militar (1972-1985), en cuyo contexto, se puso en marcha un plan que persiguió la neutralización y/o eliminación de un conjunto de personas que integraban principalmente partidos de izquierdas, sindicatos y a todos aquellos que se opusieran a dichos regímenes ilegítimos. Que las mencionadas actividades ilícitas no habían sido investigadas por parte del Estado uruguayo, cayendo este en una omisión dirigida a consolidar la impunidad. Y que por tal razón, había sido necesario que la Corte IDH en el caso “Gelman, dispusiera eliminar toda traba que implicara la obstrucción del proceso investigativo y el castigo a los responsables.
Las personas (militares, policías, profesionales asimilados) denunciadas tuvieron activa participación durante la detención y prisión de las denunciantes en los distintos establecimientos carcelarios, siendo todos ellos responsables directos e indirectos por acción u omisión de la comisión de delitos calificados como de lesa humanidad cometidos en forma sistemática y planificada consistentes en delitos sexuales (violencia sexual, violación, desnudez, tocamientos, entre otros) y torturas (tales como plantones, picana, submarino, entre otros),, afectando su integridad física y mental y su derecho a la dignidad. Alegan que la conducta desarrollada por los denunciados formó parte de un plan sistemático orquestado por quienes detentaban el poder en forma ilegítima cuya finalidad era la destrucción física, moral y psicológica de las detenidas con particular énfasis en su condición de mujeres, menoscabando su integridad física y mental y su dignidad con prácticas tales como la desnudez, la introducción de objetos en la vagina y ano, tocamientos, así como insultos degradantes y amenazas por la sola condición de ser mujeres llegando en muchos casos a la consumación de la violación. Sostienen que eran doblemente victimizadas, tanto por su ideología como por su condición de mujer, utilizándose su cuerpo como un botín de guerra. Todas estas prácticas realizadas no sólo buscaban destruirlas sino que también procuraban morbosamente el placer de los torturadores en sus distintas manifestaciones, ya sea tocándolas, impidiéndoles el aseo por tiempo prolongado y cuando lo permitían observándoles permanentemente y apuntándoles con un arma, realizándoles plantones totalmente desnudas, no dejándolas dormir, soltándoles perros, , no brindándoles agua ni alimentos, impidiéndoles realizar sus necesidades básicas e incluso colocándole ratas en los genitales habiendo sido previamente untadas con grasa. La violación sistemática de sus derechos humanos con particular énfasis en su condición de mujeres se traduce indudablemente en violencia de género ejercida por agentes del Estado sin ellas pudieran recurrir a ningún tipo de autoridad en su defensa.
Fundamentan que todo ello era parte de un plan minuciosamente elaborado, general y sistemático que da cuenta de un patrón de conducta donde la violencia sexual y la tortura tenían como cometido la degradación psicofísica de las detenidas.
TRES
El fundamento jurídico en que se sustentan las mencionadas acciones y la propia discusión de la ley aprobada por el parlamento el 27 de octubre, son parte del debate actual de si los delitos de la dictadura son o no de lesa humanidad, y si los mismos han o no prescripto.
Lo primero que surge de ambas denuncias, es que esa categoría de delitos que se denuncian, son delitos en masa que se cometieron contra la población civil, por agentes del Estado y amparados por dicho poder, y se dirigen contra grupos de personas civiles identificadas por ideas políticas, religiosas, raciales, gremiales, regionales, entre otros, y cuya comisión ofende gravemente a la humanidad en su conjunto.
Esta particularidad - de ser cometidos por personas que detentan el poder y los cometen con abuso del mismo- , explica que su castigo sólo es posible una vez que quienes lo cometieron hayan abandonado el poder, extremo que puede suceder décadas después de que los delitos se han cometido. En el caso uruguayo basta recordar que luego de recuperada la democracia en 1985 los militares y policías que habían participado de los crímenes más aberrantes, lograron arrancar al parlamento la ley de caducidad, ley que garantizó en las décadas siguientes la paralización de cualquier tipo de investigación sobre los delitos por ellos cometidos, reabriéndose la posibilidad recién en los últimos años, y en tiempo cercano a la prescripción de los mismos.
El desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos respecto a los crímenes de lesa humanidad, establece que las víctimas tienen la posibilidad cierta de buscar justicia y reparación. No condenar dichos crímenes del terrorismo de estado en Uruguay significaría continuar enviando un mensaje a la sociedad de que dichas conductas son toleradas por el Estado, lo que promueve su perpetuación y la aceptación social del fenómeno, y genera el sentimiento de desconfianza de los ciudadanos en el sistema de administración de justicia.
Esa respuesta a las víctimas no solo debe ser dada por el sistema judicial, debe también ser emitida desde el sistema político mediante políticas públicas que garanticen la no repetición de estos hechos de lo contrario el riesgo será de que ello se repitan. Los hechos que se denunciaron en estas dos causas y otros que se ventilan n otras causas archivadas durante décadas, no fueron actos aislados, sino parte de un plan sistemático que diseñaron y ejecutaron agentes del Estado, razón por la que revisten la calidad de delitos de lesa humanidad y por tal motivo devienen en imprescriptibles y un deber para todo funcionario público su persecución y castigo.
CUATRO.
Cuando los denunciantes llegaron el 31 de octubre a la sede judicial de Treinta y Tres, fueron esperadas por un nutrido grupo de gente que les expresaban su apoyo, mediante pancartas y abrazos.
Desde la vereda del frente, otras personas identificadas por los lugareños como integrantes de los servicios de seguridad del ejercito y/o policía, se dedicaban a la labor de fotografiar a los presentes. No s trataba de una actividad encubierta, era una clara actitud intimidatoria.
Esta situación dio origen a que la delegación dl PIT/CNT que acompaño dicha actividad, resolviera cursar una nota a los Ministerios de Interior y Defensa, n la que se expresaba que cuando en representación del PIT/CNT (Secretaria de Derechos Humanos), concurrieron conjuntamente con autoridades del Frente Amplio y de un profesional integrante del equipo de abogados de esa fuerza política, a la ciudad de Treinta y Tres a los efectos de acompañar a un grupo de ciudadanos que tenían la intención de radicar ante sede penal de dicha ciudad, una denuncia de supuestas violaciones a los derechos humanos a las que fueron objeto durante la dictadura cívico-militar. Es decir que se trataba del ejercicio de un derecho ciudadano y en el marco de las normas del derecho que nos rigen, y que contaba con el apoyo y patrocinio de una fuerza política que detenta el gobierno nacional y una organización social reconocida y que actúa en representación de los trabajadores organizados en diversas instancias convocadas por las autoridades nacionales. Por esa razón resulta preocupante y carente de sentido que dicha presentación, que contó además con la presencia de un representante nacional de dicho departamento, fuera objeto en dicha ciudad de seguimiento y toma de registros gráficos, por integrantes de las fuerzas armadas y policiales. En razon de lo expuesto, la nota reclama que se les informen por orden de que autoridad se llevaron a cabo esas acciones; y se les exprese las razones que las motivaron; se les entregue la información y los registros gráficos existentes; y se tomen las medidas que correspondan para que esos hechos no se repitan.