DD.HH. PERRINI Y MECHOSO

DD.HH.- PERRINI Y MECHOSO
Las dilatorias en el caso Perrini
Publicado en Trabajo& Utopia Junio 2012

Qué pena, Que sea así todo siempre, siempre de la misma manera.
León Felipe (1884-1968), Antología rota

Nuevas estrategias orquestadas desde distintos niveles del poder del Estado, intentan estirar en el tiempo nuevos procesamientos de militares por violaciones a los derechos humanos cometidas en la pasada dictadura. No alcanzó que el derecho a la justicia, por más de tres lustros y medio le fuera negado a las víctimas, existen claras intenciones de estirar ese tiempo. Los anuncios temerarios que desde el sistema político se hicieron en un pasado muy reciente, de que ningún militar iría preso, estaba una vez más cuestionado por nuevos procesamientos que alcanzaban, esta veza también a un General hasta hace muy poco en actividad. Las contundentes pruebas acumuladas contra Pedro Barneix, que lo sindican como uno de los principales implicados en el asesinato en el cuartel de Colonia de Aldo Perrini, amenazan una vez más derribar muros de la impunidad, que ponen en situaciones incómodas a quienes pensaron que siempre tendrían la facultad de administrar ese derecho esencial de una .verdadera democracia. Es cierto que no es la primera vez, y seguramente tampoco será la última. Cuando se esperaba que luego de su comparecencia al juzgado de la Dra. Mariana Mota, el general Barneix y los coroneles José Puigvert, José Baudean y Washington Perdomo, fueran procesados por la muerte en la sala de interrogatorios de Perrini, una chicana para dilatar dicho procesamiento y una indebida intromisión de la Suprema Corte de Justicia, parecieron darle ganada una batalla a la impunidad. Al igual que lo hizo Cordero, cuando era indagado por apología al delito, Barneix se refugió en el Hospital Militar, en espera que otros operadores de la impunidad tuvieran los tiempos políticos necesarios para articular estrategias que acudieran a auxiliarlo. Quienes empecinadamente hemos luchado durante tantos años por que se hiciera justicia, sabíamos cuales eran las reglas de juego de una batalla que debe enfrentar al poder del Estado. Apelaciones, recursos varios, presiones indebidas, complicidades varias, omisiones, etc. Siempre existieron intentos de sustracción a la acción de la justicia. Algunos de iniciativa propia de los acusados, otras de un sistema político empeñado en mantener la impunidad. Sin embargo, es difícil entender cómo puede invocarse un recurso contra una resolución que aún no se había dictado. Menos aún que un órgano de la más alta jerarquía del Poder Judicial, intervenga a destiempo, indebidamente y de esa manera se materialice un accionar que en última instancia obstaculice la acción de la justicia. Habrá que seguir estando atentos, para que no se consume una nueva denegación de justicia, y si ello se materializara, seguramente acudir a los organismos internacionales a denunciar esa situación.

LA IDENTIFICACIÓN DE LOS RESTOS DE ALBERTO MECHOSO EN LA ARGENTINA.

Ésta es mi copla, la copla de mi carne, la copla de mi cuerpo. Mas si mis ojos están sucios los vuestros están ciegos.
León Felipe (1884-1968), Del Poeta maldito.

El 14 de octubre de 1976, un integrante de la Prefectura Naval Argentina, observó que unas personas desde un camión, arrojaban bultos a las aguas del canal de San Fernando, en la Provincia de Buenos Aires, y lo denuncia a sus superiores. Al otro día, la Prefectura realiza el rescate de los bultos arrojados la noche anterior. Resultó que se trataba de ocho tambores de 200 litros, cada uno conteniendo un cadáver mezclado con cemento y arena. En total fueron hallados seis cuerpos de sexo masculino y dos de sexo femenino. Todos con uno o dos disparos de arma de fuego en el cráneo. Como era frecuente en esa época, el Estado terrorista asesinaba un día y al otro la burocracia de ese mismo Estado, actuaba cumpliendo las rutinas propias de situaciones normales. Se formó un expediente en el que se registraron los hechos, se tomaron huellas dactilares, se realizaron algunos trámites rutinarios y se sepultaron los cuerpos como “N.N.” en el cementerio de San Fernando. Trece años después, en 1989, ya en democracia, se exhumaron esos restos por parte del Equipo de Antropología Forense Argen¬tino, con el objetivo de lograr su identificación. A partir de que se tenía la fecha cierta del momento en que se habían recuperado los cuerpos del canal de San Fernando, se trabajó sobre la hipótesis de que podrían ser víctimas pro¬cedentes de Automotoras Orletti. A partir de esa hipótesis acertada – todos los cuerpos que posteriormente fueron identificados, habrían pasado por Orletti -,se entrevistó a uno de los sobrevivientes argentinos de dicho centro clandestino. A partir del listado de gente que convivió con el sobreviviente (José Luís Bertazzo) y su cotejo datiloscópico con las huellas de los cuerpos hallados en el canal de San Fer¬nando se logra identificar a cinco de los ocho cuerpos hallados en octubre de 1976. Entre ellos, el de Marcelo Ariel Gelman.1 Sin embargo, pese a las decenas de uruguayos desaparecidos que pasaron por automotores Orletti, recién 23 años después se trabaja sobre esa posibilidad y se llega a la identificación de los restos de Alberto Mechoso. Días pasados, una noticia originada en Argentina daba cuenta que nuevos tachos habían sido hallados en el canal de San Fernando, en los cuales se encontraron restos humanos. Los cuerpos estaban cubiertos con cal y sellados con cemento. Los mismos estarían siendo analizados por el equipo de antropología forense de la provincia de Buenos Aires. El lugar donde se produjo el nuevo hallazgo, es de difícil acceso y, según se indica en la prensa, podría haber otros cinco tachos más que serian investigados en las próximas horas. Este nuevo hallazgo, que al parecer datan de la misma fecha de los que recientemente se logró sa¬ber eran los de Alberto Mechoso, deberá incorporar sin dilaciones el dato importante que entre ju¬lio y octubre de 1976, desapare¬cieron en Argentina más de tres decenas de compatriotas.  NOTAS 1 Además a Ricardo Alberto Gaya secuestrado el 30 de julio de 1976, por personal dependiente del Ejército Argentino. Del acta de defunción con fecha 20 de octubre de 1976, surge que el día 9 de octubre de 1976 falleció por destrucción de masa encefálica - herida de arma de fuego. A Gustavo Gaya y Ana María Pérez Sanchez, secuestrados el 14 de septiembre de 1976.

SANGUINETTI EL CONQUISTADOR.

SANGUINETTI EL CONQUISTADOR.




¿Se habrá acordado el ex presidente Julio M. Sanguinetti, en su libro, “La Reconquista” presentado en el día de ayer, de este episodio?



El que relata el hecho es José Luis Guntin, en su libro La vida te da sorpresa, publicado por Fin de Siglo en abril de 2010.

Guntin: fue redactor responsable del semanario Opinar, hombre de confianza del Dr. Enrique Tarigo, senador suplente y sub director del diario El Día. Candidato del partido colorado a diputado en 1994. Director del Canal 5 durante la administración de Sanguinetti.



* * *

Pero la aprobación del plebiscito, y la proximidad de las elecciones nacionales, obligó a realizar al referéndum primero, sin más dilatorias. Sería antes de los comicios internos colorados. Los demás partidos no tendrían elecciones internas.

Es en este momento, que las cosas comienzan a rodar mal para Tarigo.

Sanguinetti, en la imposibilidad constitucional de ser el paladín en contra del “voto verde”, le traspasa esta responsabilidad a quien había sido su compañero de formula. Él sería el vocero del ‘“voto amarillo” en el plebiscito.

En esa condición, grabó cantidad de anuncios hablando a favor de reafirmar la ley que amnistió parcialmente a los militares. De cómo España había perdonado a uno y otro bando para salir del franquismo, y varios otros ejemplos.

Para Sanguinetti era más importante el triunfo en el referéndum que la victoria de Tarigo en las elecciones internas, porque de no lograr lo primero, tendría un enorme problema institucional. Pero ese papel de tener que ser el gran enemigo del voto verde, a Tarigo lo fue desgastando. Los partidarios de anular la Ley de Caducidad lo comenzaron a odiar y esto tendría sus consecuencias en las urnas, en esas internas tan particulares en que podía votar cualquiera, sin importar de qué partido fuese ni los motivos por los cuales lo hacía.

Pero volvamos al plebiscito, en las jornadas previas a la votación. El “voto verde” hacía mucho más ruido y las encuestas indicaban que se

aproximaba peligrosamente a ser la mayoría. Cada día, descontaba diferencia.

Sanguinetti estaba muy preocupado y, cuanto mas inquieto, máas eran los avisos que le hacía hacer a Tarigo.

Las cámaras de Canal 10 siempre se encontraban prontas para filmar por orden de De Feo. Los publicistas asesores eran el gordo Ferrero y Roberto Ceruzzi (de Corporación Thompson), y muchas de las reuniones se llevaban a cabo en la residencia presidencial.

Yo, como hombre de confianza de Tarígo, participé en muchas de ellas.

Y así fueron pasando los días y cada vez se fue acercando más la jornada de la votación.

Lo que les voy a contar ahora, sucedió durante la última jornada en que se podía realizar publicidad, es decir, dos días antes del referéndum.

Esa mañana, temprano, serían las nueve, me llamaron urgente de Presidencia para que concurriera al edificio Libertad. Fui lo más rápido

que pude.

Subí al séptimo piso y en el despacho del presidente estaban, sentados alrededor de la mesa, Sanguinetti, Tarigo, Miguel Ángel Semino, secretario de la Presidencia, Jorge de Feo, el ingeniero Horacio Scheck de Canal 12 y Walter Nessi, prosecretario de la Presidencia.

Los saludé rápidamente, porque imaginé que el tema era grave y urgente para convocamos tan temprano en la mañana.

Apenas terminé de saludarlos, el Presidente me dijo que estaban deliberando acerca de un aviso, un tape, que el día anterior, a última hora, había llegado a los canales proveniente de la Comisión pro Referéndum.

“Queríamos que lo vieras y nos dieras tu opinión”, me dijo Sanguinetti. Le contesté: “bueno”, e inmediatamente salí detrás de Nessi a mirarlo.

Me llevó, yo lo seguía, a una sala repleta de televisores, monitores y aparatos de video. Me senté frente a uno que él me indicó e hizo rodar la

publicidad en cuestión.



Aparecía en la pantalla una señora que inmediatamente reconocí. Era Sara Méndez y en el tape hablaba de su tragedia y la de su hijo, Simón Riquelo, desaparecido años atrás.



Hablaba con mucha calma, mirando a la cámara, y contaba su dolor de madre de no saber dónde estaba su hijo. Y afirmaba que el triunfo del “voto verde” podía ayudar a que lo encontrase, porque las circunstancias de su desaparición se investigarían más a fondo. Y que por eso, ella le pedía a quienes la escuchaban que votaran “verde” el domingo próximo, para que ella pudiera reencontrase con su hijo. Todo dicho de un modo muy convincente.

Le pedí a Nessi que me lo dejara ver varias veces. Lo más impactante del aviso era que, después de hablar Sara Méndez, cuando ella se quedaba callada, la cámara continuaba fumándola unos cinco segundos en silencio.

Su cara, su angustia, sus deseos de recuperar a su hijo, su dolor, estaban todos en esos instantes en que ella no hablaba, pero que seguía en pantalla.

Después de la quinta vez en que lo pasó lo miré y le dije a Nessi: “Está muy bueno”. Entonces, él me dijo que tenía otro proyecto de comercial que quería mostrarme. “Dale”, le contesté.



Ahí me llevó a otro monitor y lo encendió. Comenzaron a aparecer las imágenes y el audio.

Se trataba de otro aviso, no muy acabado. Se refería a la muerte de Pascasio Báez, el peón rural que asesinaron los tupamaros, con total sangre fría, en una “tatucera” cercana a Pan de Azúcar, simplemente porque podía advertir a los uniformados lo que había visto por casualidad.

Pero el spot filmado era largo y confuso. No estaba bien estructurado, y aunque por supuesto eso se podía arreglar, no era un aviso para nada efectivo si se pasaba solamente durante una jornada. El otro, el de Sara Méndez, si.

Se lo dije enseguida al prosecretario. Él quedó un poco desanimado ante mis palabras, porque creía que con este comercial neutralizaría el efecto del otro. Le expresé que, para mí, no sería así. El aviso de Sara Méndez era muy efectivo en un único día de salida al aire, el otro no. No le quise señalar que el suyo estaba confuso y mal realizado, porque ése no era el punto, pero le aseguré que, en mi opinión, era muy superior el efecto de la pieza enviada por la Comisión pro Referéndum. El contraaviso no servia de nada.

Walter me miró con cara de desilusión y me dijo que volviéramos al despacho del Presidente para que yo les expresara mi opinión.

Volvimos. Seguían las mismas personalidades sentadas en torno de la misma mesa. Todas las miradas se centraron en mí, cuando me senté en un lugar libre.

Sanguinetti me preguntó qué me habían parecido ambos video-tapes. Contesté, más o menos, lo que le había dicho a Nessi. Que el de Sara Méndez me parecía muy efectivo, aunque se pasara durante un único día; y que el otro, el de Pascasio Báez, no servía de nada, resultaba muy confuso y que, aunque se mejorara, no tendría efecto alguno en una única jornada de proyección.

Los rostros de todos los presentes se tensaron. ¡Qué problema se les había aparecido el día previo al receso publicitario!

Hubo un minuto de silencio en la sala. Por fin, alguien me preguntó si me parecía que con ese aviso podía triunfar el “voto verde”. Les pregunté qué decían las encuestas sobre la diferencia existente ahora.

“Ganamos por poco”, me contestó alguien. “¿Cuánto es ese poco’?”, repliqué. “Unos puntos”, oí decir.

“Entonces, este aviso puede hacer que gane el voto “verde”, les expresé.

El silencio y los rostros preocupados aumentaron. Lo rompió De Feo, quien le habló directamente al Presidente.



Le dijo que si era así, bastaba una palabra suya para que esa publicidad no apareciese en ninguno de los canales. Lo miró a Scheck, quien asintió. “Hablamos ahora con Hugo Romay y ninguno de los avisos aparece. Podemos argumentar que llegaron tarde a los canales y que ya teníamos las tandas completas”, expresó De Feo entusiasmado.

Sanguinetti lo miró y nos miró a todos con cara preocupada. El silencio se hizo más denso en su despacho. Nadie hablaba. Era el turno de que el Presidente decidiera qué hacer.

Demoró en hablar y, cuando lo hizo, le manifestó a De Feo que sí, que se hiciera así, que no saliese el aviso de Sara Méndez. Lo dijo en tono muy bajo, apenas se oyó, pero sí de forma concluyente.

De Feo inmediatamente se dirigió al teléfono a llamar a Romay y todos nos fuimos levantando de la mesa para retiramos.

Yo estaba impactado por lo que había presenciado. Un presidente constitucional había prohibido una publicidad de la oposición. Sin motivo válido alguno. Sólo para no poner en riesgo el resultado de la votación y salvarse de un grave problema institucional.

Me impresionó mucho, pero me quedé callado.

¿Qué podría haber hecho?, me preguntaba después, cuando me alejaba del edificio Libertad. ¿Decir que era una barbaridad antidemocrática? No me animé. Preferí el cómodo silencio.

Quienes no se quedaron en silencio fueron los perjudicados, los censurados. De lo que voy a contar no fui testigo, pero lo sé por las periodistas de Búsqueda. El día de la prohibición del aviso, concurrieron a este semanario la propia Sara Méndez y el señor Hugo Cores a denunciar lo sucedido. Búsqueda lo consignó y Arbilla denunció ante la SIP esta censura de prensa. Creo que en esos tiempos todos creían que había sido acción exclusiva de los canales privados de televisión. No sabían de la participación directa del presidente Sanguinetti que acabo de relatar.

Tres jornadas después, el “voto amarillo” aventajó al “verde” por un margen no muy grande.



Sanguinetti respiró tranquilo y también todos los que lo rodeábamos. Ahora era el turno de las elecciones internas. En ese momento, tal vez por el triunfalismo reciente, nos parecían a todos fáciles de ganar.



Pero nos íbamos a llevar un chasco".

DERECHOS HUMANOS: ENFRENTAR LA IMPUNIDAD FACTICA O INSTITUCIONALIZADA

DERECHOS HUMANOS:


ENFRENTAR LA IMPUNIDAD FACTICA O INSTITUCIONALIZADA.
(Publicado en Trabajo & Utopia marzo 2012)

Desentrañar los desafíos actuales en el campo de la lucha contra la impunidad, hace necesario realizar un detenido y atento recorrido por algunos de los elementos que constituyen la actual coyuntura.

1.- Un ineludible de estos elemento, es la Sentencia, que condenó y ordenó al Estado uruguayo – entre otros aspectos -, que las investigaciones y el juzgamiento judicial de las graves violaciones perpetradas por el terrorismo de Estado, fueran llevadas adelante de manera eficaz y en un plazo razonable. Y, para que esto fuera así, el Estado debía garantizar que la Ley de Caducidad, no impidiera ni obstaculizara la investigación de los hechos y la sanción de los responsables.

2.- Crear las condiciones para que esa orden específica de la Corte IDH, pudiera empezar a cumplirse, dio origen a actos a dos de los tres poderes del Estado: unos a nivel del Ejecutivo y otros a nivel del Legislativo. Por el primero, se dispuso la revocación de todos los actos administrativos y Mensajes del Ejecutivo, que en aplicación de la Ley 15.848 impidieron la acción de la justicia; y por el segundo se sancionó una ley , mediante la cual se reestableció el ejercicio de la pretensión punitiva del Estado.

3-. De esa manera, podría interpretarse, de que de ahí en más, el sistema judicial era el encargado exclusivo de completar la tarea (desarchivar causas, investigar los hechos y sancionar a los responsables), que si bien la sentencia se lo ordena al Estado en su conjunto, el sistema de división de poderes las fragmenta.. En esa situación, la finalización de la tarea de llevar adelante de manera eficaz y en un plazo razonable las investigaciones y el juzgamiento de los responsables, parece quedar exclusivamente en manos del sistema judicial.

4.-Sin embargo, las declaraciones de prensa de Ariel Castro (nieto del maestro Julio castro), cuestionando fuerte y documentadamente el papel omiso del Estado para asegurar la eficacia de las investigaciones, ponen en cuestión el cumplimiento de la sentencia de la Corte IDH. Aspecto este, ya alertado por el Dr. Pablo Chargoñia en el Informe de SERPAJ de 2011, cuando advertía: “(…) un riesgo cierto: que la caída de la impunidad legal sea sucedida por otra impunidad, fáctica o institucionaliza, producto de la ineficacia investigativa del sistema judicial o de la falta de colaboración del Poder Ejecutivo en la instrucción de cada asunto. Hablo del peligro de tener expedientes “abiertos” pero investigaciones ineficaces, superficiales o sustancialmente estériles. En este punto, el fallo de la CIDH ordena que se implemente un programa permanente de derechos humanos dirigido a los agentes del Ministerio Público y a los jueces y que se garantice el acceso técnico y sistematizado a la información “de las graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante la dictadura que reposa en archivos estatales”.

”Es habitual que los juzgados carezcan del auxilio informativo de los ministerios. Los oficios demoran en ser respondidos o remiten información superficial. Por otro lado, el número de hechos que deben ser investigados exige una tarea de seguimiento de expedientes que no puede recaer en la actividad de los particulares sino que debe ser asumida por oficinas especializadas del Poder Judicial o del Ministerio Público y Fiscal o por alguna dependencia del Poder Ejecutivo o la aún no integrada Institución Nacional de Derechos Humanos. El Poder Judicial debe guiar y controlar la investigación sobre el paradero de los detenidos desaparecidos, pero es necesario que el Poder Ejecutivo disponga de una investigación imparcial y eficaz que complemente el trabajo de búsqueda arqueológica y que la oriente racionalmente a partir de la búsqueda activa de la verdad. No se trata de esperar que se aporten datos serios y veraces sino ir a la búsqueda de ellos, mediante indagatorias profesionales y exhaustivas asumidas como deber del estado” .

5.- Esos temores en el caso de las reflexiones de Chargoñia, y las experiencias vividas por la familia del maestro Julio Castro y otras, parecen estar devaluadas a la luz de la enumeración de distintos instrumentos creados o recreados en estos últimos tiempos a la luz de la situación incomoda en que quedo el país a causa de la condena de la Corte IDH: a) a nivel del MERCOSUR se decidió impulsar una comisión conjunta de los estados parte para el esclarecimiento de las acciones del Plan Cóndor ; b) el Poder Ejecutivo resolvió el 31 de agosto de 2011, instalar una Comisión Interministerial sobre Derechos Humanos; c) y también resolvió reforzar las competencias de la Comisión de Seguimiento (ex Comisión para la Paz) integrando en ella un representante de las organizaciones de la sociedad civil con reconocida trayectoria en la defensa y promoción de los derechos humanos, designado por el presidente a propuesta de los representados; y finalmente se apresta el parlamento a designar el Consejo Directivo del Instituto Nacional de DD-HH y Defensoria del Pueblo.

6.- Sin embargo, la realidad es o amenaza a ser otra. a) Con relación a las acciones del MERCOSUR, existe actualmente desde 2004 un Observatorio de Políticas Públicas de Derechos Humanos en ese ámbito regional - también conformada por representantes de la sociedad civil de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay -, que poco se ha notado en las políticas públicas de derechos humanos de algunos de los países del bloque . b) Con relación a la instalación de la Comisión Interministerial sobre Derechos Humanos, algunos de los ministerios que la integran – caso Defensa e Interior – es escasa la colaboración que aportan a la hora de atender reclamos del sistema judicial. c) En cuanto a la Comisión de Seguimiento, el PIT/CNT, que sin duda es una de las organizaciones de la sociedad civil con reconocida trayectoria en la defensa y la promoción de los derechos humanos, no fue consultada a la hora de designar en ella al representante de las organizaciones de la sociedad civil.

Esa misma Comisión, dice en su memoria anual 2011 : “que profundizó los trabajos tendientes al esclarecimiento sobre la verdad de lo sucedido a los detenidos desaparecidos en el período 1973-1985 que habilite el accionar de la justicia…”, ha mantenido en reserva información muy sensible para la actuación eficaz de la justicia. d) Si bien el proceso de designación de las autoridades del Instituto Nacional de DD.HH, aun no ha concluido, la amenaza que dicho proceso atienda más a un reparto de cuotas políticas que a una autentica representación de las organizaciones mas representativas de la sociedad civil, esta planteada.





7.- Sobre esa realidad, se han desarchivado causas, se han presentado nuevas y se encuentran en elaboración otras nuevas denuncias., Por la antigüedad de algunas de ellas y/o los distintos abogados u organizaciones patrocinadoras de las mismas, y por el total desinterés y desidia del Estado de mantener una información completa sobre ellas, no existe un seguimiento que permita identificar las dificultades concretas en cada caso y accionar ante los instrumentos antes mencionados, con el objetivo de asegurar la eficacia y los plazos razonables.



8.- Por lo expuesto, es importante plantearse desde la sociedad civil instalar un Observatorio sobre el estado del cumplimiento de la sentencia de la Corte IDH con relación a las causas judiciales radicadas ante el Poder Judicial uruguayo. Dicho Observatorio debería tener como objetivo, realizar un seguimiento de las políticas públicas en materia de derechos humanos, con la finalidad de mejorar o perfeccionar su eficacia con relación a garantizar el pleno acceso de las victimas y/o sus familiares en todas las etapas de la investigación y juzgamiento de los responsables de las violaciones a los derechos humanos a que se refiere la sentencia de la CIDH. Para ello, se debería realizar una recopilación de toda la información pertinente existente a los efectos de cooperar tanto con los tomadores de decisiones, operadores del sistema judicial, victimas, familiares de victimas y la ciudadanía en general. También, se debería elaborar una serie de indicadores que contextualicen el proceso de desarchivo y estado de las causas judiciales que contribuyen al monitoreo de los resultados del cumplimiento de la sentencia de la CIDH. Los indicadores deberían permitir analizar la evolución de las causas e identificar los diferentes obstáculos o dificultades con el objetivo de procurar su solución.



Raúl Olivera Alfaro

Secretaria de Derechos Humanos y Políticas Sociales del PIT/CNT

LOS JUICIOS CONTRA GARZON.

LOS JUICIOS CONTRA GARZON.
(Publicado en Trabajo & Utopia de febrero 2012)




La lucha del hombre contra el poder es la lucha de la memoria contra el olvido.

MILAN KUNDERA.



Por estos días, en España, un magistrado esta siendo objeto de varios procesos penales en su contra. En uno de ellos, por el hecho de haberse declarado competente para investigar los crímenes de la dictadura franquista, desafiando la validez de una ley de amnistía que en 1977 se aprobó para evitar que prosperara cualquier intento de obtener justicia.

Ese magistrado, el Dr. Baltasar Garzón, es aquel al que el movimiento sindical uruguayo acudió hace 13 años para denunciar la coordinación represiva del plan cóndor y encontrar la justicia que en el Uruguay - pese a estar regido por normas del derecho internacional que establecían esa obligación-, la ley de caducidad impedía. Es el mismo juez que poco tiempo después, el 16 de octubre de 1998 emitiera la orden internacional de búsqueda y captura de Pinochet a través de INTERPOL, en momentos en que el ex dictador chileno se encontraba en Londres confiando que otra ley de amnistía lo protegía.

Cierto es que ese acto del movimiento sindical uruguayo - fundamentado en artículos de la Constitución y la ley orgánica del poder judicial español; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Naciones unidas y otras normas del derecho internacional -, fue objeto de incomprensión y ataques varios. Los esperados de la derecha uruguaya, y algunos desde la propia izquierda.

Lo cierto es, que a partir de la detención de Pinochet, se dio un gran paso adelante por parte de la humanidad en la aplicación de determinados conceptos jurídicos existentes en el derecho internacional que ayudaran de ahí en más, a hacer efectiva la lucha de contra las distintas formas de impunidad instaladas en latinoamerica.

En nuestro país, debieron pasar 13 largos años para que se hiciera realidad lo sostenido en el punto VII de la denuncia presentada ante Baltasar Garzón . Mucha agua debió pasar bajo los puentes para que 12 de los 20 militares y policías denunciados en aquel momento, estén hoy entre rejas.

Pero volvamos a lo que nos interesa hoy reflexionar, a propósito del ataque que sufre hoy el Juez Garzón por parte de la derecha española interesada en impedir y escarmentar las eventuales investigaciones sustentadas en la jurisdicción penal universal que afecten a gobiernos que lleven a cabo políticas genocidas .Por un lado, este ataque a Garzón ha reabierto el debate sobre la necesidad de recuperar la memoria histórica sobre la guerra civil, la dictadura y la represión política del franquismo.

Si como dice Kundera, la lucha del hombre contra el poder es la lucha de la memoria contra el olvido, esa batalla se desarrolla en varios escenarios. A veces con el acento en lo político, otras en lo ideológico, otras veces en el terreno judicial, y casi siempre en una clara articulación entre todos esos niveles.



Ese poder desarrollado desde los distintos dispositivos estatales, que enfrentan las sociedades cuando desafiándolo, exigen justicia ante las conductas de los Estados, muchas veces logra sus propósitos de neutralizar cualquier desborde. Lograr reacomodar nuevamente las fuerzas de la sociedad civil, cicatrizar heridas y vencer desánimos ha sido pan de todos los días en estos últimos años. Esa batalla en nuestro país, encuentra claros ejemplos en cualquiera de esos escenarios. Muchas veces esas batallas, produjeron cortes transversales en el sistema político.



La derrota que se sufrió en 1989 en el referéndum tuvo efectos en el tejido social uruguayo y en las organizaciones políticas y sociales comprometidas en la lucha contra la impunidad. El mantenimiento de la ley de caducidad a partir de ese traspié, incorporó a la realidad nacional una lógica que costo mucho superar. Por esa lógica, toda la argumentación de los defensores de la ley de impunidad fue aceptada con casi el mismo valor que la propia ley. Junto al respeto de una ley que siempre fue inconstitucional y violatoria de las normas de derecho internacional, se implantó casi un acatamiento sumiso a todos sus desbordes. Cualquier desafío a esa lógica, fue condenada ferozmente.



Quienes intentaron desmarcarse de esa lógica, fueron objeto de ataques, que si bien no llegaron a los extremos que hoy se le plantean al juez Garzón, es innegable que existieron, en el terreno político, ideológico y en el terreno judicial. Esa lógica, extendida hasta hace muy poco tiempo, ordenó los comportamientos y limitó las iniciativas de acción. En ocasión de defenderse ante los mismos cuestionamientos internacionales a la ley de caducidad que hoy obligaron al Estado a anularla, el discurso desde el poder (Sanguinetti) manifestaba: “No existe instrumento alguno de derecho internacional que consagre la potestad de cuestionar y menos deslegitimar la libre y soberana expresión de un pueblo a través del sufragio”.



Las estrategias de defensa de los derechos humanos durante un largo periodo, confino la lucha en el relamo de la verdad en el marco de una ley que se sabía inconstitucional. Y en el marco de la verdad, en el rescate de los restos de los desaparecidos. El juicio a los responsables quedó fuera de la agenda, en espera de crear las condiciones que hicieran posible avanzar en la justicia. Una verdad que a través del cumplimiento del artículo 4º tenía como límite la voluntad política del poder de gobiernos comprometidos con la impunidad. En esa lucha se reclamaba una voluntad política que debía poner en tela de juicio las conclusiones a que habían arribado los fiscales militares en las primeras investigaciones ordenadas por Sanguinetti al Coronel Sambucetti.

Quienes no supieron ni quisieron ver la importancia del horizonte que se abría con la actuación de jueces como Garzón, tampoco entendieron algunos avances que tempranamente se daban en el pensamiento jurídico nacional a través de la acción concreta de jueces como Reyes, Jubette, Recarey o fiscales como Guianze entre otros.

Entre ellos, también el razonamiento desarrollado en Uruguay por la jueza Beatriz Venturini en un trabajo académico que recogía la experiencia del caso de desaparición de Velázquez Rodríguez, denunciado ante la cidh, y en el cual la reparación incluía, además de la indemnización económica, la obligación del Estado de individualizar a los responsables y aplicar el justo castigo. La reivindicación de la víctima, como parte de la reparación, también quedó, en Uruguay, presa de la voluntad política del gobierno.

Todo indicó durante muchos años, que la impunidad era y sería total.

En algunos casos, se recurrió a la justicia de otros países, ya sea porque las victimas habían sido desaparecidas en el extranjero o por la nacionalidad de las víctimas o por la jurisdicción universal sobre determinados delitos, como en el caso de las denuncias presentadas ante el juez Garzón. Cuando en alguna de esas causas se involucra a Uruguay, el Estado sistemáticamente obstaculizó cualquier iniciativa de cooperación.



UN EJEMPLO.



Quince años atrás, en marzo del 97 una denuncia penal intenta abrirse paso en las pantanosas ciénagas de la impunidad. Se denuncia ante el juez penal de 20º Turno, Alberto Reyes, que el general Ballestrino le había dicho a Rafael Michelini que a los desaparecidos los habían enterrado clandestinamente en el Batallón de Infantería 13 y 14 de Toledo. Que en 1985 o 1986 algunos fueron removidos en la llamada Operación Zanahoria. La denuncia reclamaba una investigación fundada en la Convención Interamericana sobre Desapariciones Forzadas y el informe del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de la ONU.

La justicia era llamada a entender en una denuncia relacionada con desapariciones luego de aprobada la ley de caducidad, desafiando los límites que nos había impuesto. La fiscal Merello, es de la opinión de que se requiriera la intervención del Ejecutivo para que este dispusiera las investigaciones, en razón del artículo 4º. Agregaba que si un detenido murió torturado y fue enterrado clandestinamente en un predio militar, el responsable no puede ser castigado. En cuanto a la llamada Operación Zanahoria, insólitamente sostiene que al no estar claro si la misma había ocurrido en el período comprendido en la caducidad (del 27 de junio de 1973 al 1º de marzo de 1985) o posteriormente, eso debería determinarlo el poder Ejecutivo. Ante “un clima de dudas”, era “aconsejable”, según la fiscal, aplicar la ley de caducidad y dejar todo en manos de una decisión política.

El juez Reyes no compartió esa opinión y dispone investigar. Era resolución que desafiaba al poder al no dejar en manos de un Ejecutivo que ya había demostrado su voluntad de no investigar, una decisión de la que dependía que se avanzara en el conocimiento de la verdad.

Valentía del juez era un hecho muy importante, también lo fueron los fundamentos en que fundaba ese desafió: la ratificación de la Convención Interamericana sobre Desaparición, establecía que la desaparición como un delito extraditable, imprescriptible. De existir dudas interpretativas, según Reyes, no debían resolverse a favor de la ley de caducidad, “de constitucionalidad dudosa”. “(...) lo que importa sustancialmente es solucionar el desfasaje que existe entre la ley y el mundo que rige ahora. Y lo fundamental es que cuando se juzga (...) se haga con verdadero sentido de justicia”. Solo la actuación de la justicia permitirá aclarar en qué fecha ocurrieron los hechos, pues a la justicia le está vedado acudir a una ley “restrictiva del derecho del denunciante para eludir la indagatoria”.

La resolución del juez Reyes motivó, como era de esperar, fuertes cuestionamientos de algunos defensores de la impunidad. Lo inesperado fue que a esos cuestionamientos se sumara un penalista claramente identificado con la izquierda. El juez Reyes, para sus detractores, desconocía la ley de caducidad, pero no por ignorancia, sino porque su visión de la ley de caducidad era enormemente crítica.

El juez no acepta la opinión de la fiscal y mantiene su decisión. El expediente va a un tribunal de apelaciones, y este revoca finalmente la resolución de Reyes, disponiendo el envío de la denuncia al Ejecutivo de acuerdo a la ley de caducidad y el poder Ejecutivo como era de esperar la consideran comprendida en la ley de caducidad y termina allí el intento de sortear el muro de la impunidad. El destino del Juez Reyes, como era de esperar, no fue nada comodo en el Poder Judicial.



No este el único caso de intentos valientes y fundamentados de terminar con las formas de impunidad existentes. Recordemos la batalla de la Jueza Jubete en el recurso de amparo por Elena Quinteros, los esfuerzos contra reloj del Juez Alejandro Recarey, y mas recientemente las campañas contra Guianze, Ana Maria Telecha y Mariana Mota.

Lo cierto es que la lucha del hombre contra el poder, es la lucha de la memoria contra el olvido. Por eso este modesto intento de recordar algunos episodios de nuestro pasado reciente. Para rescatar a los que estuvieron a la altura de las circunstancias y los que prefirieron los halagos del poder.



Raúl Olivera Alfaro

Asesor de la Secrtaria de DD.HH y Politicas Sociales del PIT/CNT

EL ASESINATO DEL MAESTRO JULIO CASTRO: EL PESO DE LA REALIDAD

EL ASESINATO DEL MAESTRO JULIO CASTRO: EL PESO DE LA REALIDAD.. Publicado l 10-12-2011 en Semanario AREQUITA de Minas “Para demostrar también, trémula pero inextinguible esperanza, que la justicia llega, aunque las más de las veces, su camino se haga a través de las tumbas y las ruinas”. CARLOS QUIJANO. Seguramente cuando Carlos Quijano escribió esta frase, no creyó que ella iba a ser de justa aplicación en hechos que se vincularían, muchos años después, con su amigo y compañero Julio Castro. Muchas cosas denunciadas hasta el cansancio por las víctimas y las organizaciones de derechos humanos ante la justicia y la opinión pública, necesitaron de la materialización del horror que surge de una tumba, para demostrar que nada de lo que se ha denunciado era una mentira o una exageración. A partir de ahí, solo quedan las ruinas de una versión de nuestro pasado reciente, tozuda y cómplice, sostenida hasta hoy por las fuerzas armadas, y una parte de nuestro sistema político. El hallazgo de los restos del Maestro y Periodista Julio Castro en un predio de las Fuerzas Armadas y la forma en que fue ejecutado, instalo un nuevo escenario en la larga lucha contra la impunidad en el Uruguay. La contundencia que el hallazgo produjo a todos los niveles de la sociedad, la generalizada condena y el dolor, no deben opacar algunos hechos importantes con relación a las formas en que en nuestro país se han ubicado los distintos actores gubernamentales, políticos y sociales en torno a nuestro pasado reciente. Una vez más, la materialización del horror se hace imprescindible para arrinconar las visiones que desde la teoría de los dos demonios, intentaron instalar en el Uruguay una verdad histórica complaciente y funcional a la impunidad. Una vez más, es desde esa saludable y valiente mezcla de educador, divulgador y luchador social, que Julio Castro nos interroga como sociedad, sobre qué debemos aún hacer para esclarecer todos los detalles de las desapariciones, asesinatos, violaciones y torturas e identificar a los responsables. Como ha dicho el maestro Miguel Soler, hay que restituir a la comunidad nacional desde las entrañas de la tierra y de los archivos d la dictadura, agregamos nosotros, lo que en ella mantienen oculto los criminales. Saber más, acerca del proceso que originó su secuestro, a la torturas de que fue objeto y a su ejecución atado de pies y manos, es el desafió que tienen los poderes del Estado. Desmontar las mentiras y las falsedades, es una obligación ética que nos involucra a todos. La estrategia de encubrimiento que hasta ahora se desarrollo en el país respecto a los crímenes de la dictadura y sus responsables, a partir de conocerse que Julio Castro, detenido en 1977 en un operativo del Servicio de Información de Defensa (SID), sufrió "apremios físicos" y murió por un disparo en la cabeza, sufrió un duro revés entró en un callejón de dificil salida ;. En ese escenario, más allá de matices o de intenciones, se deben explicar las aparentes unanimidades de diversos actores políticos, sociales e institucionales en torno al tema. Difícilmente podría plantearse, otra alternativa. Entre ellas se encuentran las vertidas el 5 de diciembre por el jefe de la fuerza de tierra, general Pedro Aguerre. En dicha oportunidad, el jerarca militar manifestó que estaba abocado a manifestar un punto de inflexión, por el peso de la realidad. Podemos otorgarle a un individuo – en este caso al Jefe del Ejército-, el beneficio de la duda sobre el efecto que le pudo producir la confirmación de lo que desde hace muchos años se viene denunciando sobre la actuación de la dictadura. Pero no es admisible para una institución como el Ejército que hasta hoy a operado con una inflexible política de respaldo y reivindicación de su actuación. Dijo el Jefe del Ejército, que el cuerpo que él comanda no es una horda, malón o algo similar. Queremos creer que para el Gral. Aguerre, ese Ejercito que cometió los delitos por los cuales algunos de sus autores materiales están presos, fue una horda, malón o algo similar. Por eso resulta llamativa la adhesión que los centros sociales que agrupan a quienes integraron esa horda o malón, expresaron a las manifestaciones de Aguerre. El Ejército Nacional hasta hoy aceptó, toleró, y encubrió a homicidas o delincuentes en sus filas, por esa razón es de recibo aceptar que existe un punto de inflexión, si eso deja de ser así. Los hechos serán, una vez más lo que probaran la veracidad y consecuencia de los dichos que hubiera sido saludable que hubieran existido hace muchos años atrás. La comunidad educativa nacional y latinoamericana, los periodistas, sin duda tendrán un papel muy importante a la hora de saldar cuentas, tanto con respecto a lo que Julio Castro representó en esas tres actividades de su vida: maestro, periodista, luchador social y político contra la dictadura. Muchos uruguayos deben sentirse al igual que lo dice el también maestro Miguel Soler “deudor de sus múltiples enseñanzas”.

HUGO CORES, EL LEGADO DE SU ACCIÓN.

HUGO CORES, EL LEGADO DE SU ACCIÓN. Publicado en sparata de cuadernos de Copmpañero. dic 2011. UNO. Por estos días se cumplieron 5 años del fallecimiento de Hugo Cores. En estos 5 años han ocurrido – entre otros -, dos hechos importantes para la vida política del país. A que esos dos hechos ocurrieran, Hugo sumó sus esfuerzos de militante político, en tanto que ambos son el resultado de un largo proceso colectivo de acumulación. Nos referimos al hecho de que el Frente Amplio por segunda vez desarrolla su gestión al frente del gobierno nacional; y a que recientemente el Frente Amplio tomo la decisión – largamente postergada -, de empezar a poner fin definitivamente mediante la aprobación de una iniciativa parlamentaria, a una cultura de impunidad impuesta por la existencia de la ley de caducidad. La importancia de ambos hechos – la continuidad de un gobierno de izquierda y la eliminación de los efectos de la ley de caducidad -, fueron objeto de múltiples artículos de Cores. Rescatar su pensamiento en torno a estos dos aspectos, de quien fuera durante la mayor parte de la vida política del Partido por la Victoria del Pueblo, su principal figura, hace necesario usar sus propias herramientas teóricas. No se trata de imaginar lo que Hugo pensaría hoy sobre estos temas, sino de pensarlos nosotros, a partir de las herramientas que su legado nos dejo. No como moldes en los que meter la realidad, sino estructuras de pensamiento para captar la individualidad de cada desafío. Desde esa perspectiva, rescatar el accionar de una herramienta política como lo es un partido, implica una reflexión que para ser sería, no puede dejar de plantearse una serie de cuestiones. En primer lugar, hay que plantearse un problema de definiciones: ¿Cuales fueron los objetivos que se plante la izquierda cuando se plantea la conquista del gobierno? ¿Cuáles son los objetivos que se plantea con relación a la lucha contra la impunidad, cuando lleva a cabo – desde donde pudo hacerlo mucho antes -, una iniciativa que lo ubica donde hasta hace muy poco no quería estar? En segundo lugar, hay que planearse un aspecto que tiene que ver, con el desarrollo, la trayectoria, el perfil histórico que ambos temas habían adquirido para los distintos niveles presentes en la fuerza política (personal de gobierno, militantes, adherentes o simples votantes ocasionales). En tercer lugar, hay una cuestión estrictamente política, que podría sintetizarse en esta interrogante ¿Qué interés político tiene para una fuerza política como el PVP, una reflexión sobre estos aspectos? ¿Hay enseñanzas que nos pueden servir para resolver con menos traumas, las políticas de acuerdos, las alianzas o los simples acuerdos electorales? DOS. El problema de las definiciones, adquiere fundamental trascendencia habida cuenta, que la conquista del gobierno y lucha contra la impunidad fueron presentadas en los debates ntre distintas concepciones, como aspectos excluyentes, sobre este aspecto, los debates del Congreso Alfredo Zitarrosa, son una muestra. Y sobre todo, porque el cumplimiento de la sentencia de la Corte IDH, obliga a la izquierda, a asumir un rol no querido por sectores mayoritarios del Frente Amplio. No es un hecho a no tener en cuenta en este aspecto, las manifestaciones de importantes figuras del primer gobierno de la izquierda qu aseguraban “que ningun militar iba a ir preso”. El segundo aspecto que se refiere al perfil histórico que adquirió esa supuesta contradicción entre ganar el gobierno y afectar intereses poderosos alineados en las distintas variantes de las políticas de impunidad que transitó el Uruguay, se demostró como parte de una política que no supo incorporar la totalidad de los elementos del escenario político, para adecuar sus comportamientos políticos en torno a él. Y finalmente, la posibilidad de desarrollar una política de acumulación que sin duda fue eficaz, es nada se vio menguada o disminuida por los acuerdos electorales que el PVP habían establecido. Es más, hasta podría afirmarse sin temeridad, que sin esos acuerdos que en estos temas generaban y generan dudas y dificultades, la eficacia del resultado final tendría otros acentos y dimensiones. TRES. Un partido que se precie como tal, tiene la obligación de hacer que sus militantes no vivan la política en términos tales que ella implique una aversión a las alianzas, a la construcción de programas a corto, mediano o largo plazo, en el que puedan confluir otros. En unas reflexiones autocríticas sobre nuestra actividad en los años 70, Hugo marcaba la dificultad para un partido como lo es el PVP, el no estar “lo suficientemente activos para tender lazos de unidad con gente que estaba en posiciones muy parecidas a las nuestras”, y el no tomar “la iniciativa para gestar procesos de unidad”, cuando “había condiciones para gestar niveles de unidad”. Sin duda, que el largo proceso de acumulación que implico el ir avanzando en un terreno cargado de dificultades y visiones políticas, muchas veces muy enfrentadas. Hizo imprescindible tener en cuenta esas visiones en torno a los procesos de acumulación vinculados estrechamente con la gestación de procesos dinámicos de unidad de acción. Hugo perteneció a una organización política con una historia que sin duda, nos marcara para siempre. Sin embargo, no fue ni es el PVP, el partido de los desaparecidos. Al respecto, Hugo tenía claro cual era nuestro atributo, nuestro acervo. El pasado, la historia de su organización política, no se originaba en una victoria, “sino algo muy parecido a una victoria; que era una derrota. Una derrota en términos extremos, cuando aspiraste a todo, hiciste un análisis del conjunto de la situación nacional y regional, organizaste un partido y le diste una línea de acción, y te derrotaron, te mataron a los principales dirigentes, a buena parte de los cuadros”. Para Hugo, esa historia trágica y dolorosa dejo un saldo. Citando a Hobsbawm Hugo decía “que muy a menudo las visiones de los derrotados se aproximan más al análisis verdadero del curso de los hechos que el análisis de los vencedores. Porque los vencedores tienden a minimizar sus errores; en cambio los derrotados sienten la necesidad de sacarle el mayor partido en materia de enseñanzas a sus errores”. Esta comunidad política, como solía denominar al PVP, que tenía un mismo programa y una misma línea de acción táctica, debía ser también “una comunidad afectiva nacida del sentimiento de injusticia que significó el asesinato casi masivo de los compañeros”. Que así sea.

UN BALANCE PROVISORIO.

Derechos Humanos:UN BALANCE PROVISORIO. Publicado en Trabajo y Utopia de diciembre de 2011. La sentencia de la Corte IDH en el caso Gelman Vs Uruguay, determinó en febrero de este año, que se debían eliminar los obstáculos interpuestos por la ley de caducidad, que impedían la investigación y sanción de graves violaciones de derechos humanos. A partir de ello, el Estado debió entender y actuar en consecuencia para que los resultados o efectos de la aplicación de la ley de caducidad fueran nulos, y carecieran de efectos jurídicos. A la luz de los comportamientos políticos e institucionales ocurridos hasta la reciente aprobación de la ley 18.831 del 27 de octubre de 2011, eso pareció que costara ser valorado en su justo término por gran parte del sistema político. Dicho de otro modo, no todos los órganos del Estado uruguayo tuvieron una actitud activa y diligente para acatar y aplicar esa inapelable y obligatoria sentencia. A pesar de que puede ser de recibo el argumento de que la contundencia y claridad de la sentencia de la Corte IDH, hacia innecesario que el parlamento determinara que la ley de caducidad era nula o carecía de efectos jurídicos, porque eso ya lo determinada la Corte Interamericana, en realidad la omisión de actuar del Poder Legislativo, respondía a otras razones. Falta de voluntad política para recorrer un camino que replanteara el debate en los términos que hicieron abortar la iniciativa de la ley interpretativa. Sin entender que todos los debates y dilemas sobre nuestro pasado reciente, estuvieron pautados entre las disyuntivas entre impunidad o justicia. La discusión del proyecto de ley interpretativa, que sin duda de haber sido aprobada, nos hubiera dejado en mejores condiciones jurídicas y políticas para cumplir con las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, instalo a partir de su fracaso, un escenario que pese a algunos contados esfuerzos desde dentro de la fuerza de gobierno, contaba con no pocas dificultades para ser revertido. Hubo quienes congelaron ese escenario y definieron no hacer nada; quienes no creyeron en la posibilidad de revertirlo y se paralizaron en el desanimo, y muy pocos que no se resignaron. La sociedad civil, organizada tras una iniciativa del PIT/CNT, opero sobre ese escenario negativo y desfavorable, intentando y por momentos lográndolo, instalar otros ejes del debate. Es decir ubicar la disyuntiva sobre la voluntad política para cumplir la sentencia de la Corte IDH y lo que debían hacer TODOS para ello Desde esa predica, le recordó al sistema político y a las instituciones del Estado, que lo que sí había ordenado hacer la Corte a todo el Estado era que se debía asegurar que los efectos originados por la aplicación ilegítima de la ley de caducidad, no podía seguir representando un obstáculo para la investigación de los hechos y el castigo de los responsables (Prescripción, cosa juzgada, irretroactividad de la ley penal, etc.). Esta situación instalada formalmente en Uruguay, a partir de febrero, no debió sorprender al Estado y al sistema político. La Corte Interamericana ya había sentado jurisprudencia en otros casos similares ( Perú, Chile y Brasil). Y en uno de ellos, (el caso Barrios Altos), el gobierno de Fujimori en un intento de no aplicar lo ordenado por la Corte IDH, solicito ante la Corte Interamericana una interpretación de la misma y esta le respondió que "La promulgación de una ley manifiestamente contraria a las obligaciones asumidas por un Estado parte en la Convención constituye una violación de ésta y genera responsabilidad internacional del Estado”. En consecuencia, la Corte consideraba que, dada la naturaleza de la violación constituida por las leyes de amnistía dictadas por el Perú, “lo resuelto en la sentencia de fondo en el caso Barrios Altos tiene efectos generales." De lo expresado, debería haber sido entendido, como que contrariamente a las posibilidades que tiene la máxima autoridad de Justicia del Uruguay (SCJ), de determinar que en un caso concreto que la ley es inconstitucional y por lo tanto carece de efectos jurídicos, la Corte Interamericana si puede determinar su carencia de efectos jurídicos en términos generales. Por lo cual debío entenderse que la Sentencia de la Corte IDH, tenía efectos generales. En conclusión, a partir de la notificación al Estado uruguayo de la citada sentencia, los artículos 1, 2, 3 y 4 de la ley de caducidad, carecían de efectos jurídicos y era nula . Y por su lado, también la SC de J de Uruguay había llegado a la misma conclusión, aunque no pudo hacerlo con efectos generales, sino en cada caso en particular ( lo hizo ya en más de una veintena de casos). Ubicadas en torno a la acción del Poder Judicial, la posibilidad de que existan diversas interpretaciones de las obligaciones internacionales del Uruguay, era importante la existencia de una norma que contribuyera con eficacia a homogenizar esos comportamientos a la hora de cumplir con los deberes que en forma perentoria debía encarar y resolver el país. Eran cada vez más evidentes las dificultades y demoras existentes a todos los niveles, en disponer las medidas necesarias para dar cumplimiento a la Sentencia. El Ejecutivo no definía la forma de dejar sin efecto las resoluciones administrativas que en el pasado comprendieron denuncias en la ley de caducidad. No se habían realizado las comunicaciones formales a todos los poderes del Estado y por lo tanto ni los parlamentarios, ni los jueces, ni los fiscales tenían conocimiento de la misma y actuaban en consecuencia a lo que ella obligaba. La fuerza de gobierno, luego de la experiencia del fracaso de la ley interpretativa omitía realizar cualquier iniciativa a nivel parlamentario, si no se contaba con el aval previo del Presidente de la República. Las declaraciones desde el Poder Ejecutivo no alentaban un encare serio y eficaz con relación al cumplimiento de la Sentencia. Y por último se producían pronunciamientos de tribunales que ponían en cuestionamiento qué posición se asumiría a partir del vencimiento de los plazos de prescripción de los homicidas especialmente agravados. En ese escenario se transformó en un aspecto de fundamental importancia, el agrupamiento de organizaciones sociales expresando un posicionamiento unificado de la sociedad civil . La elaboración de un borrador de proyecto de ley , sustentado en ese agrupamiento, se constituyo en un Programa de acción que fue acumulando fuerzas y produciendo efectos a todos los niveles. El dar la batalla para lograr el objetivo de esta etapa - cumplimiento cabal de la sentencia de la CIDH, como parte de la lucha contra la impunidad-, implicaba modificar una correlación de fuerzas dentro de la propia fuerza de gobierno, A los esfuerzos que sin duda desarrollaban sectores hasta ese momento minoritarios dentro de la fuerza de gobierno, se sumo la acción de la sociedad civil que fue dotándose de dos elementos importantes y decisivos: un programa que se expresaba en el proyecto de ley, y un núcleo de fuerzas sociales atrás de él, que se acrecentaron a partir de posicionamientos de actores políticos, institucionales, de medios de prensa, de operadores del sistema judicial, de opinión pública. Pero el resultado final, con los apresuramientos de último momento se jugó en la cancha política (FA) y en lo institucional (gobierno). Si bien es cierto que la eficacia de una lucha como esta, necesariamente implicaba tener en cuenta todos los escenarios y tratar de incidir en ellos, también es cierto que esa interacción tiene sus límites. Algunos de las propios de las características de los actores (fuerzas sociales unas y fuerzas políticos otros); y otros de las barreras y limitaciones que se imponen por acción u omisión . Si bien es cierto - que la forma en que se entabló el reracionamiento entre la sociedad civil y las distintas fuerzas políticas, evito que los debates y las discusiones previas al debate parlamentario, se escaparan de los objetivos de las mismas: es decir el cumplimiento de la sentencia y lo que se debería hacer para cumplirla-, también es cierto que la forma y el contenido que finalmente oriento la aprobación de la ley 18. 831, constituyo en ese sentido un claro retroceso. Evaluar como el Programa inicial por el que se salió a luchar se materializó, hace necesario incorporar los condicionamientos estrictamente políticos y los condicionamientos estrictamente jurídicos. Dicho de otra forma, como las definiciones del sistema político, se transforman en herramientas efectivas y eficaces para erradicar la impunidad. Ese es el resultado que esperábamos y que no admitiría dudas si se hubiera aprobado una ley que pusiera en acento en el cumplimiento de la sentencia de la Corte IDH. Estamos convencidos que un conjunto de acciones contribuyeron a que el rumbo que finalmente tomó el cumplimiento de la Sentencia de la CIDH, no fuera una simple declaración del parlamento. Si bien es cierto que no hay formulas mágicas, los resultados y la eficacia del camino finalmente elegido, harán necesarios nuevos esfuerzos a todos los niveles. Lo interesante de batallas como esta, es no solo contar con las fuerzas de uno, sino saber recoger y potenciar aquellas que existen en el escenario político, social y académico. Los debates que se debieron dar, obligo a algunos niveles del sistema político y gubernamental, a incorporar el discurso de los derechos humanos y las normas del derecho internacional y so es muy importante. Eso no es poca cosa, en comparación de la situación en que se vivías anteriormente. Por esa razón, a esta altura de los acontecimientos en la que aun no sabemos la eficacia de esta iniciativa legislativa transformada en ley, debemos estar convencidos que no sería el mismo si no hubiéramos estado y actuado. Habida cuenta de las incomprensiones y timoratos conductas de nuestro sistema político, no es poca cosa haber contribuido sustancialmente a estar en la situación en que estamos.