Raul Olivera Alfaro (Articulos y publicaciones)

viernes, 26 de julio de 2013

EL ASESINATO DE NIBIA SABALZAGARAY Y LAS BATALLAS SOBRE NUESTRO PASADO RECIENTE.

EL ASESINATO DE NIBIA SABALZAGARAY Y LAS BATALLAS SOBRE NUESTRO PASADO RECIENTE.

(T & Utopia mayo 2013)

El 29 de abril de 2013, una sentencia dictada por la jueza penal de 10 turno Dra. Dolores Sánchez De León, condeno al General Miguel Dalmao a 28 años de penitenciaria por el homicidio de la militante comunista Nibia Sabalzagaray[1].

Además de hacerse justicia respecto a uno de los responsables del asesinato, y lo que esto significa en momentos en que se desarrolla una intensa batalla jurídico en torno al carácter de los delitos perpetrados en el marco del terrorismo de estado, esta y otras sentencias que llevaron a prisión a varios militares y policías, tienen una dimensión que queremos rescatar. Sabido es que en torno a los hechos del llamado pasado reciente, esta aun en curso una batalla sobre la memoria y la verdad.

Desde el campo de las fuerzas armadas, se intentó instaurar una suerte de “verdad” de ese pasado. Esa “verdad” era abiertamente reivindicativa del comportamiento y la acción de las fuerzas de seguridad de la etapa dictatorial. Además de intentar construir una visión histórica de ese periodo, se intentaba –muchas veces con la complicidad de sectores políticos conservadores -, se buscaba instalar una suerte de legitimidad de la acción del terrorismo de estado. A esto en cierta medida, contribuyó la versión uruguaya de la teoría de los dos demonios.

Un ejemplo de ello puede encontrarse en la versión sobre la muerte de Nibia Sabalzagaray en el expediente de la justicia militar. Al respecto la Sentencia de la Jueza Sánchez, afirma sobre el expediente de la Justicia Militar: “Las actuaciones llevadas a cabo a consecuencia de la muerte de Sabalzagaray, y respecto de ellas no podemos soslayar la franca pobreza investigativa, que no reconoce otro motivo que el interés de las autoridades de la época de no dejar al descubierto la verdad de lo acontecido”.[2]

Desenmascarar esa suerte de versión bastarda de la dictadura, necesito desarrollar, tanto una batalla desde el ámbito académico, como desde el ámbito de la acción del sistema judicial. Es desde el primero de ellos, que se desarrollaron importantes investigaciones históricas; y desde el segundo se establecieron en importantes sentencias las plataformas lácticas en que se fundamentaron las pretensiones punitivas de las fiscalías y los procesamientos y conde3nas de los jueces de militares, policías y civiles. Unas y otras investigaciones –históricas y forenses -, contribuyeron a desarmar la visión de las fuerzas armadas y de algunos sectores civiles.

En esas batallas sobre la verdad y la memoria, las iniciativas que imposibilitaron que desde el sistema judicial se investigara sobre el pasado reciente – cumplimiento del artículo 4to de la ley de caducidad por parte de los fiscales militare; y la verdad “posible” pergeñada desde la Comisión para la Paz, no eran solamente intentos de consolidar la impunidad de la pretensión punitiva del Estado, sino también asegurar la impunidad sobre la verdad forense.

En las sentencias que han procesado o condenado a responsables de la dictadura, como lo es esta sentencia de la Jueza Sánchez a que hacemos referencia, se establece una importante dimensión de la verdad, la llamada “verdad forense”, aquella que con metodologías distintas a las de la historiografía establece responsabilidades a partir de la construcción de lo que se a denominado “plataforma factica”.. Esa verdad de los hechos no es una construcción realizada con la reserva de las fuentes. Ni siquiera es el producto de la labor intelectual y de las metodologías de la historiografía. No es la visión solitaria o antojadiza del juez penal que dicto el procesamiento inicial[3] a solicitud de la fiscalía, sino que fue construida en un proceso largo y complejo[4] donde unos y otros –victimas y victimarios-, controvirtieron sus visiones, y que en este y otros casos, también fue reexaminada y finalmente avalada por un tribunal de apelaciones de tres jueces[5].

¿Cuál es la verdad forense sobre la muerte de Nybia Sabalsagaray? ¿Cuales son los hechos probados, cual es el marco histórico en que se encuadran este homicidio?

Para responder a esas interrogantes, nada mejor y más adecuado que recurrir a la Sentencia del 29 de abril: “En primer lugar debe tenerse en cuenta el marco histórico en que se desarrollaron los hechos investigados, siempre dentro de la más absoluta clandestinidad, valiéndose de la superioridad de la fuerza y sin ningún apego al orden jurídico”.

“Los hechos denunciados se ubican en el período dictatorial cívico militar, comprendido entre los años 1973-1985, cuya principal característica fue la del encarcelamiento masivo y prolongado de personas, miles fueron procesadas por la Justicia Militar mientras que otras tantas pasaron por los centros de reclusión o de detención, con motivo de ser interrogados y luego liberados”.

“La tortura se aplicó a los detenidos de forma constante y rutinaria, que no sólo implicaban el daño físico sino el psicológico La represión y persecución traspasó fronteras, en especial luego del golpe de Estado en la Argentina (marzo de 1976) en el que muchos uruguayos fueron detenidos, desaparecidos y asesinados en Argentina, Chile, Paraguay e incluso en Bolivia y Colombia”. Y sigue mas adelante, “Los procedimientos coordinados de los mencionados países se enmarcaron dentro de operativos represivos llevados a cabo de forma planificada y como producto de minuciosas investigaciones de inteligencia. En el período de mención y dentro del marco de seguimiento y persecución, se modificaron las relaciones sociales, se ejerció un estricto control sobre los medios de comunicación y las diversas expresiones culturales de la sociedad. Se aplicaba la censura a los medios de comunicación. El contralor de radiocomunicaciones, la prohibición de la difusión de determinadas noticias, la prohibición de libros, autores, músicos, artistas “antidemocráticos”, etc., quedó establecido legalmente antes del Golpe de Estado, y la dictadura lo profundizó. En el caso de las expresiones artísticas, se realizaba un seguimiento de todas las actividades a través de la Comisión de Censura. A su vez, existían autores y artistas que se encontraban prohibidos por ser considerados subversivos, y por ende totalmente prohibida la difusión de sus obras, para lo cual se controlaban los locales que los comercializaban. La dictadura generó un proceso de restricción en las formas de solidaridad social, puesto que la represión sumada a la presencia del “miedo” conducían, que las familias se encerraran en sí mismas imponiéndose también, la cultura de la sospecha y la delación. Como expresáramos, existió una coordinación operacional de las cúpulas de los gobiernos de facto que regían en Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay, denominada “Plan Cóndor”, cuyo objetivo central era el seguimiento, vigilancia, detención, interrogatorios con apremios psico-físicos, traslados entre países y desaparición o muerte de personas consideradas por dichos regímenes como “subversivas del orden instaurado o contrarias al pensamiento político o ideológico opuesto o no compatible con las dictaduras militares de la región”.Dicho “Plan”, fundado el 28 de noviembre de 1975, presentó sin dudas una actividad previa, conforme lo ha destacado la historiadora Patrice Mc Sherry, basada en una investigación llevada a cabo con documentos desclasificados recientemente por la CIA, la operación se inició dos años antes de lo previsto, es decir en 1973.”

De acuerdo a esa plataforma fáctica, la Justicia consideró plena y legalmente probados que: “En las primeras horas del 29 de junio de 1974, desde su domicilio sito en Eduardo Acevedo 1717 (Hogar de Empleados de Campomar), personas no identificadas detuvieron a Nibia Salbalzagaray (profesora de literatura, de 24 años, oriunda de la ciudad de Nueva Helvecia) que militaba en el Partido Comunista del Uruguay, y condujeron al Batallón de Ingenieros Nº 5 (Transmisiones) en el Barrio Peñarol”.

Allí se la alojó en un calabazo y quedo a disposición del hoy General Dalmao perteneciente a la OCOA[6], quien “procedió a interrogar a Sabalzagaray , que mediante tortura y finalizó provocándole la muerte, como consecuencia de lo que se ha denominado “submarino seco”. “Posteriormente fue entregado el cuerpo a su familia con la orden expresa de no abrir el féretro, sin embargo aquellos, nunca aceptaron la versión de la autoeliminación y procuraron que un médico forense practicara una autopsia, lo que no lograron”.

Este expediente resume para las generaciones futuras, la visión de un Poder del Estado sobre nuestro pasado reciente y las particularidades de un hecho que le costo la vida a una joven mujer. Este aspecto que queríamos rescatar, nos plantea un problema sobre el que será necesario reflexionar y tomar las iniciativas que correspondan. El paso del tiempo y la inacción del sistema judicial, lleva a que en algunos casos la acción penal y por consiguiente el establecimiento de esa “verdad forense” se vea interrumpida por ausencia (fallecimiento) de eventuales imputados. Salvo acciones judiciales en torno al derecho a la verdad o la puesta en funcionamiento de verdaderas “Comisiones de Verdad”, pueden sobre esas situaciones particulares, resolver este importante aspecto.

Raúl Olivera

Integrante de la Secretaria de DD.HH y Políticas Sociales del PIT/CNT.

[1] " Miguel A Dalmao , Jose Chialanza. HOMCIDIO MUY ESPECIALMENTE AGRAVADO”

Ficha IUE 97-397/2004.

[2] Expediente ficha P221/87 del juzgado Penal de 5º turno, proveniente del juzgado Militar de Instrucción de 4º turno : causa 107-B.

[3] El 8 de noviembre de 2010, el juez Rolando Vomero procesó al general Miguel Dalmao y al coronel retirado José Chialanza.

[4] Las conclusiones a las que se arriban en dicha causa, se asientan en al menos 26 testimonios, 11 pruebas por informes, y las declaraciones de los imputados y de al menos 3 personas más.

[5] Con fecha 24/08/11, el Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 3º turno mediante Sentencia Nº 346 , confirmó el procesamiento dictado anteriormente a esta condena a 28 años de prisión.

[6] Dalmao perteneció al organismo Coordinador de las Operaciones Antisubversivas (OCOA), que dependía del Ministerio de Defensa y conjuntamente con otras dependencias represivas ejecutoras del terrorismo de Estado.

UN SOLO DEMONIO:, LA BATALLA SOBRE LA VERDAD A 40 AÑOS DEL GOLPE DE ESTADO

UN SOLO DEMONIO:, LA BATALLA SOBRE LA VERDAD A 40 AÑOS DEL GOLPE DE ESTADO.

(Publicado en Revista "Compañero".Julio 2013)

Muchos consideran más apropiado resaltar en este aniversario, la huelga general, que al golpe de Estado. Y lo fundamentaran en la importancia que esta tuvo, como respuesta desarrollada por el movimiento popular uruguayo a la consolidación del autoritarismo cívico-militar. Y por si eso fuera poco, podrían decir, que golpes de estado del mismo cuño, hubieron muchos en América Latina en ese periodo histórico. Y qué lo novedoso, fue que en ningún país existió una resistencia popular mediante una huela general que se extendió por muchos días con ocupación de los lugares de trabajo por parte del movimiento obrero y los centros de estudio por parte del movimiento estudiantil.

Pero lo que sucede, es que cada día de esa huelga, esta registrada. Es indiscutible, está fuera de todo cuestionamiento que la entronización del autoritarismo cívico-militar enfrentó una resistencia popular y que esa resistencia se extendió luego que se levantara la huelga general en el país y fuera de él. Lo que a partir de la extensión del terrorismo de estado a todos los niveles de la sociedad uruguaya, fue y es objeto de una lucha por la verdad, es la esencia misma de ese terrorismo de estado.

La Lucha por desnudar esa esencia del terrorismo estatal de la dictadura, mientras esta existió, y aún luego de conquistadas las libertades democráticas, tuvo sus etapas, sus prioridades, su proceso y su dinámica. Desenmascarar ante el mundo lo que ocurría en todas las dictaduras encaramadas en los países de nuestra América, fue un aspecto esencial de la lucha política por el retorno de las democracias en el cono sur.

Producido el retorno de las democracias, cuando había que saldar el pasado con verdad y justicia, otras fueron las etapas, las prioridades, los procesos, sus dinámicas, y sobre todos sus dificultades.

No todas las corrientes de la izquierda latinoamericana, en sus comienzos entendieron a cabalidad el significado profundo de las batallas que se desarrollaron con los testimonios de la s victimas, las campañas a lo largo y ancho del planeta, y sobre todo la articulación de esas acciones con el vasto movimiento humanitario existente, sobre todo en Europa. Entender adecuadamente que no se trataban las denuncias de violaciones a los derechos humanos, de un mero instrumento de lucha política, significaba un cambio profundo en una cultura dominante en la izquierda. En muchos de esos sectores, ese cambio cultural, se produjo trabajosamente. En otros aún hoy tienen dificultades para asumirse.

Instaladas las democracias en complejos procesos de transición, la incomprensión de la importancia de la continuidad de la lucha por los derechos humanos como parte de la profundización democrática, empezó a marcar diferencias en la propia izquierda. En sectores de los partidos tradicionales de activa oposición a la dictadura, salvo por algunos desprendimientos de sus filas de algunos de sus dirigentes y muchos de sus hasta entonces votantes, supo reagrupar sus filas en el campo de una política en este tema de marcado cuño conservador.

Sin embargo, en el terreno de la izquierda el peso de la militancia de base y la acción efectiva de algunos grupos de la izquierda, logró –no sin dificultades-, que esas visiones, transitoriamente se vieran neutralizadas, aunque no superadas.

En ese escenario, la teoría de los dos demonios, funcional a perspectivas históricas sobre el pasado reciente tanto de derecha como de algunos sectores de la izquierda, dificulto y dificulta aun en nuestros días el desarrollo de una batalla efectiva sobre la verdad histórica.

En ese escenario político de los dos demonios, no solo la derecha se ha sentido cómoda. Esa teoría y la determinación política de la verdad instalada con la ley de caducidad y sus consecuencias, cerró un círculo en que la verdad de nuestro pasado reciente quedó librada a una correlación de fuerzas política en el campo de las ideas, donde, como dijimos, una teoría de los dos demonios fuue funcional a unos y a otros.

Pero la verdad envilecida por la teoría de los dos demonios, no pudo ocultar que en el Uruguay hubo un golpe de estado que instaló una dictadura. Y que a partir de ello, se desplegó un escenario de la lucha política, ética y cultural, entre democracia versus dictadura. Y que esa la lucha democrática, sigue hoy en torno a la verdad sobre nuestro pasado como plataforma factica sobre la que se asienta la realización de un inexorable proceso, tarde o temprano, de Justicia.

Desde el asesinato de Ramón Peré en pleno desarrollo de la Huelga General hasta el asesinato del Dr Vladimir Roslik en las postrimerías de la dictadura, y en el periodo previo a la misma, se desarrollo un proceso que es sano para las generaciones futuras, sacarlo de las determinaciones historiografía política o las dos verdades “folkloricas” de cada uno de los demonios. Aunque aún no lo haya asimilado una parte de la izquierda, en los expedientes judiciales se está instalando, trabajosamente, una dimensión importante de nuestra historia.

Un capitulo de ella – pero hay unas cuantas más -, esta escrita, por ejemplo, en la sentencia que condeno al General Dalmao por el asesinato de Nibia Sabalzagaray. Allí. Además de hacerse justicia se laudo una de las batallas sobre la memoria y la verdad. Allí se infligió una contundente derrota al sostenido esfuerzo desarrollado por las fuerzas armadas, intentando instaurar una suerte de “verdad” abiertamente reivindicativa del comportamiento y la acción de la dictadura.

Un ejemplo de ello puede encontrarse en la versión sobre la muerte de Nibia Sabalzagaray recogida en el expediente de la justicia militar. Sobre esa verdad de la justicia militar, dice hoy la justicia ordinaria: “Las actuaciones llevadas a cabo a consecuencia de la muerte de Sabalzagaray, y respecto de ellas no podemos soslayar la franca pobreza investigativa, que no reconoce otro motivo que el interés de las autoridades de la época de no dejar al descubierto la verdad de lo acontecido”.

Desenmascarar esa suerte de versión bastarda de la dictadura, necesito desarrollar, tanto una batalla desde el ámbito académico, como desde el ámbito de la acción del sistema judicial, donde se establecieron en importantes sentencias las plataformas fácticas en que se fundamentaron las pretensiones punitivas de las fiscalías y los procesamientos y condenas de los militares, policías y civiles. Unas y otras investigaciones –históricas y forenses -, contribuyeron a desarmar la visión de las fuerzas armadas y de algunos sectores civiles.

En esas batallas sobre la verdad y la memoria, las iniciativas que encargaron el cumplimiento del artículo 4to a los fiscales militare; y la verdad “posible” pergeñada desde la Comisión para la Paz, no eran solamente intentos de consolidar la impunidad de la pretensión punitiva del Estado, sino también asegurar la impunidad sobre una verdad sustancial, aquella que puede afectar la libertad de un individuo.

Pero esa batalla no se detiene en las sedes judiciales. Allí también se desarrolla. Un tribunal de Apelaciones, por ejemplo, consideró que el informe de la Comisión para la Paz, “proporciona la certeza de lo ocurrido, de la desaparición e inclusive la fecha aproximada del fallecimiento, el cual además de ser publicado en el Diario Oficial(…) fue recogido en el decreto del Poder Ejecutivo No. 148/03, donde éste asume que las conclusiones finales del mismo constituyen la versión oficial sobre la situación de los detenidos desaparecidos durante el régimen de facto”. Cuestionado esa visión, la SCJ, determino que “al día de hoy, por cuanto la “información oficial” dada por el Gobierno no puso fin a las dudas sobre los hechos y destino final del desaparecido”. Y en el mismo sentido el Fiscal de Corte opinó que: “la investigación administrativa realizada por el M.D.N. carece de la garantía de independencia e imparcialidad, debiéndose concluir que sigue estando pendiente”.[1]

En esas sentencias, se establece una importante dimensión de la verdad, la denominada “verdad forense”, aquella que establece responsabilidades a partir de la construcción de lo que se denomina “plataforma factica”. Esa verdad de los hechos no es una construcción sobre la que se pacta la reserva de las fuentes, como en el caso de las averiguaciones de la COPAZ, o las investigaciones de las propias fuerzas armadas. No es el producto de una simple labor intelectual – aunque muy importante-,de las investigaciones encargadas por la Presidencia de la República a la UDELAR.. No es la visión solitaria y antojadiza de un juez penal o un integrante del Ministerio Público y Fiscal, sino que es el resultado de un proceso largo y complejo que incluye testimonios, pruebas por informes, declaraciones de los imputados, pericias, etc. Proceso donde unos y otros –victimas y victimarios-, controvierten sus visiones, y que en este y otros casos, también puede ser objeto de un reexamen de tribunales de apelaciones.

Se trata en resumen, de una construcción de la verdad, donde solo hay eventualmente, un solo demonio. En esa VERDAD, se construye un marco histórico en el que se encuadran, por ejemplo, el homicidio de Sabalzagaray.

En esa y otras sentencias, se resume para las generaciones futuras, la visión de un Poder del Estado sobre nuestro pasado reciente y las particularidades de cada caso de violación de los derechos humanos. Este aspecto que queríamos rescatar, nos plantea un problema sobre el que será necesario reflexionar y tomar las iniciativas que correspondan. El paso del tiempo y la inacción del sistema judicial, lleva a que en algunos casos la acción penal y por consiguiente el establecimiento de esa “verdad forense” se vea interrumpida por ausencia (fallecimiento) de eventuales imputados. Salvo acciones judiciales en torno al derecho a la verdad o la puesta en funcionamiento de verdaderas “Comisiones de Verdad”, pueden sobre esas situaciones particulares, resolver este importante aspecto.

También las irrupciones de hechos, como las cartas de un connotado traidor, y las reacciones que generan, pueden llevar a descentrar los debates que hoy importan

Raúl Olivera

[1] Decisión interlocutoria de la SCJ, en autos caratulados: “VALIÑO DE BLEIER, ROSA Y OTROS C/ MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL. HECHO, OMISION - CASACION”, FICHA 2-17707/2008.

GUSTAVO INZAURRALDE, MAESTRO DE MAESTROS.

GUSTAVO INZAURRALDE, MAESTRO DE MAESTROS.

El 20 de julio, frente a lo que fue el domicilio en la Argentina de Gustavo Edison Inzaurralde Melgar, se colocara una placa recordatorio. Se trata de una de las tantas formas de rescatar la memoria de este luchador social, desaparecido en Paraguay.

Gustavo, el próximo 4 de Agosto cumpliría 71 años. Nació en la ciudad de Minas en el Departamento de Lavalleja. Hijo de Alberto Inzaurralde y Pura Melgar. Mientras cursaba sus estudios de Magisterio, fue un activo integrante de la Asociación de Estudiantes de Magisterio. Una vez que se recibió de maestro, se desempeñó a nivel del sistema educativo público y privado, desarrollando actividad gremial desde la Federación Uruguaya de Magisterio filial de la Convención Nacional de Trabajadores (CNT). Formó en sus últimos años en la Argentina, pareja con la ciudadana argentina María del Carmen Posse Merino, con quien tuvo una hija.

En 1970 también trabajó en tareas administrativas en la Fabrica Uruguaya de Neumáticos (Funsa). Su militancia política la realizó en la Federación Anarquista Uruguaya, la Resistencia Obrero Estudiantil, la OPR 33 y el Partido por la Victoria del Pueblo.

A partir de su actividad docente, contribuyó como uno de los principales protagonistas a la creación de una nueva conciencia en varias generaciones de maestros acerca de lo que debe ser la labor magisterial en el Uruguay.

De su influencia, cientos de maestros y maestras uruguayas graduados posteriormente a 1966, testimonian sobre el ejemplo y las ideas desarrolladas por Gustavo, que lo convirtieron en el animador de una transformación en la mentalidad de los estudiantes del Instituto Normal. Desde su actividad gremial en ese Instituto, lideró el enfrentamiento en la Asociación de Estudiantes Magisteriales de Montevideo, a los autos denominados “estudiantes demócratas” que con el apoyo de algunos docentes desarrollaban una clara prédica vinculada a la ideología fascista

La labor consecuente y firme de esas nuevas camadas de estudiantes formada al influjo de Gustavo Inzaurralde, permitió derrotar aquellas predicas.. Las generaciones que comprendieron que la realidad del Uruguay, les reclamaba un compromiso con los sectores del pueblo, oprimidos, explotados y amenazados por un oscuro futuro, darán por esos años continuidad a la labor iniciada por Gustavo.

A partir de ello, se instalo entre los estudiantes de magisterio y los nuevos maestros, una idea que orientaría posteriormente por algún tiempo su acción en las clases, en las relaciones con los otros maestros; y con los padres de los alumnos: Esa idea que también encarnaría la labor magisterial de Elena Quinteros, de Telba Juárez, de María Emilia Islas, de Yamandú González, de Miriam Ceballos, de Lilian Celiberti, de Sara Méndez, y tantos otros, consistía en no ser maestros al servicio del privilegio, ser maestros al servicio del pueblo.

Ese desafío de los estudiantes y maestros, rebelándose contra ese estatu quo existente que pretendía que fueran instrumentos del sometimiento ideológico y cultural del pueblo, fue un crisol en el que se forjo una generación de luchadores sociales. Para esa generación, la labor docente solo podía ser concebida, construida con la verdad, sin claudicar que denunciaba la situación de un país que estaba siendo llevado al abismo por les intereses nacionales vendidos a los monopolios y el imperialismo.

Ese compromiso asumido plenamente por Gustavo, le significó terminar varias veces en la cárcel y el apaleamiento en las calles montevideanas, por marchar al frente de las movilizaciones de la Asociación de Estudiantes Magisteriales, reclamando un presupuesto digno y adecuado para atender las necesidades de una autentica formación de los maestros.

En las movilizaciones del 68 uruguayo, Gustavo fue torturado en la seccional décima de la policía de Montevideo, donde debieron dejarlo en libertad al no poder probarle ningún delito. En 1970, es nuevamente es detenido y esta vez es procesado por presunta colaboración con la OPR33 y es encarcelado durante 4 meses en el Penal de Punta Carretas. De allí, cuando deben otorgarle la libertad judicial, es retenido por Medidas de Seguridad en una instalación militar de la Armada en Punta Yeguas durante dos meses. Realizando entonces, la “opción Constitucional”, para salir del país.

Expulsado de su país, es recibido por el Chile de Salvador Allende. Allí, se emplea en una fábrica que construía viviendas pre fabricadas y en un Programas del gobierno chileno de educación de adultos. Desde ese estrecho vinculo con la sociedad chilena, vivió la agitación política desatada a partir del triunfo de la Unidad Popular, y como no podía ser de otra manera se vinculó al sindicato y las organizaciones de base de la Unidad Popular.

Esa experiencia, lo llevó a replantearse muchos aspectos de su línea política y consecuentemente con ello, aspectos importantes de la propia línea política de la corriente política libertaria a la que por tantos años integraba. Esos replanteos giraban fundamentalmente en torno a la experiencia de la unidad de la izquierda en el Uruguay a partir de la creación del Frente Amplio.

Sacó como conclusión que había sido un error el haberse marginado de la experiencia unitaria de la izquierda que diera origen al Frente Amplio. Esa conclusión la defendió en el Congreso fundacional del PVP en 1975.

Poco antes del golpe de Estado contra la Unidad Popular, Gustavo se traslada a la Argentina donde se radica legalmente.

En su libro “Memorias de la resistencia”, Hugo Cores relata que en 1973 y después, en los años de luchas y reorganización que siguieron se dio un fenómeno de continuidad. Ese fenómeno consistía en que algunos compañeros producto de la represión, quedaban un tiempo “fuera de juego”, pero que sin embargo, después de un tiempo en las cárceles, salían y se reincorporaban otra vez a la vida política y sindical.

Esos compañeros, sostiene Cores, después de haber sido en la mayoría de los casos, salvajemente torturados, se reintegraban a sus compromisos anteriores.

Dentro de esa nómina se cuenta a Gustavo, a Elena Quinteros, a Telba Juárez, a Alberto Mechoso y Roger Julien y al propio León Duarte, todos ellos desaparecidos o asesinados.

Según Cores, el haber cumplido esos ciclos, los dotó de una experiencia y una formación singular que les dio la serenidad y la sangre fría que demostraron tener muchos de ellos, en 1976, ya con la represión sangrienta instalada en Orletti.

Una vez en Argentina, Gustavo se acoge a la ley de Amnistía dictada por el entonces Presidente Juan Domingo Perón para todos los refugiados políticos de los países vecinos, pasando a tener radicación y residencia permanente en aquel país.

El 2 de julio de 1974, Gustavo participa en una actividad de oposición a la dictadura uruguaya, organizada por el Comité de Uruguayos Residentes “19 de Abril”. Allí, en la calle Méjico al 3000, junto a otros 105 uruguayos, es detenido y procesado por contravención a_ las disposiciones legales sobre extranjeros vigentes en ese momento. Es recluido por espacio de 15 días en la cárcel de Devoto.

En opinión de Cores, Gustavo traía la experiencia reciente de la lucha política previa al golpe de Pinochet. Había aprendido de la rica experiencia chilena y era un expositor claro y paciente.

En 1975 participo de la fundación del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP), en la Argentina. Cuando se iniciaban los trabajos previos a la fundación del PVP, Gustavo elabora y entrega para discutir un trabajo titulado “El cuadro táctico”, con este acápite de Antonio Gramsci: “Crear una nueva cultura no significa sólo hacer individualmente descubrimientos “originales”; significa, también, y especialmente, difundir críticamente verdades ya descubiertas, “socializarlas”, por así decirlo, y convertirlas, por tanto, en base de acciones vitales, en elemento de coordinación y del orden intelectual y moral. El que una masa de hombres sea llevada a pensar coherentemente y de modo unitario el presente real es un hecho “filosófico” mucho más importante y “original” que el redescubrimiento, por parte de algún “genio” filosófico, de una nueva verdad que se mantenga dentro del patrimonio de pequeños grupos intelectuales”

Cuando en 1976 se desata en Buenos Aires la feroz persecución contra los militantes del Partido por la Victoria del Pueblo y otros sectores opositores a la dictadura uruguaya, Gustavo logra escapar a los primeros asesinatos y secuestros.

En Argentina, los militares uruguayos con la estrecha colaboración de la dictadura argentina, orquestaron una operación de aniquilamiento del PVP. Sabían que con ello, también golpearían fuertemente a la actividad de la cnt en Buenos Aires. La dictadura sabía que la represión ejercida en el Uruguay había obligado a que miles de uruguayos que integraban los cuadros más experimentados y aguerridos de la oposición se trasladaran al vecino país, algunos manteniéndose en la clandestinidad y otros actuando legalmente.

Sobre toda esa colectividad los aparatos de seguridad pusieron sus miras y para ello no fueron un límite las fronteras para que un importante destacamento de militares uruguayos se trasladaran a Argentina, donde a partir de febrero de 1976, con el nombramiento del general Otto Paladino como jefe de la Secretaría de Informaciones del Estado (side), se intensifica una coordinación represiva entre los distintos servicios de seguridad. El Cóndor se instala en los cielos del Plata y el Cono Sur..

Uno de los primeros ensayos de la coordinación represiva ya se había cumplido en el año 1974, en una operación que se desarrolló varias etapas. Primero la publicidad de supuestos planes para atentar contra Bordaberry, Perón y José López Rega, que justificaron el comienzo de una segunda etapa de allanamientos y detenciones de ciudadanos argentinos y uruguayos. El 24 de febrero es detenido el uruguayo Antonio Viana y es trasladado al Uruguay, al igual que Carlos Rodriguez Coronel, otro uruguayo detenido el 15 de abril de ese mismo año..

En ese marco también son son secuestrados en Argentina los uruguayos Daniel Banfi, Guillermo Jabif y Luis Latronica, cuyos cuerpos aparecen después acribillados a balazos. Y aparecen posteriormente en Uruguay los cadáveres de Floreal García, Héctor Brum, María de los Ángeles Corbo, Graciela Estefanel y Mirtha Hernández, secuestrados en Argentina y desaparece el niño Amaral García Hernández.

A partir de marzo de 1976, con la instalación del centro clandestino de detención conocido como “Automotoras Orletti”, los militares uruguayos cuentan con una base de operaciones desde la cual se desarrollará uno de los capítulos más negros de las operaciones del Plan Cóndor.

El 28 de marzo, efectivos de la prefectura marítima del puerto de Colonia detienen a tres integrantes del PVP - Ricardo Gil, Luis Ferreira y Élida Vázquez -, que ingresaban a Uruguay intentando introducir propaganda antidictatorial.

El 5 de abril de 1976 empiezan a desarrollarse acciones de las fuerzas represivas uruguayas sobre los

Esta operación coordinada en la que participaron los servicios de seguridad argentino y uruguayo dejó, entre otros, el saldo de la desaparición de niños que se encontraban en los hogares asaltados.

En este marco donde la persecución alcanza a la mayoría de los militantes de su organización política, Gustavo logra que su compañera, María del Carmen Posse embarazada, viaje a Suecia protegida por el gobierno de aquel país. Las gestiones realizadas desde Europa, logran que Suecia también le otorgue asilo a él también.

Gustavo, permanecía aún en la Argentina al frente de la diezmada dirección del PVP, y son infructuosas las gestiones de María del Carmen Posse para comunicarle que él también puede viajar a Suecia.

Gustavo y otros compañeros del PVP, empiezan a movilizarse para salir hacia Europa por sus propios medios. La situación en Argentina se le hace insostenible, la presencia en la Argentina de numerosos efectivos policiales y militares uruguayos augura la continuidad de la acción del Plan Cóndor.

Gustavo y su compañero Nelson Santana se dirigen a Paraguay con el objeto de proveerse allí de documentación que permita el traslado a Europa de ellos y otros militantes del PVP que aun permanecían en la región.

Allí la policía paraguaya los detiene. Son salvajemente torturados, con la participación del Mayor Carlos Calcagno. El 16 de mayo de 1977 en un avión de la Armada argentina con matricula del Comandante de la Armada Eduardo Massera, trasladan a Gustavo Inazurralde , Nelson Santana , y tres argentinos, con destino a la Argentina. En el Centro Clandestino de Detención y Tortura conocido como “el Club Atletico, es conducido Inzaurralde y presumiblemente fue posteriormente trasladado a Uruguay donde fue asesinado. El descubrimiento de los archivos del terror de la dictadura paraguaya, daría un vuelco importante al cerco de silencio tendido por muchos años sobre la suerte de estos dos uruguayos victimas del Plan Cóndor. El 16 de setiembre de 2010, a raíz de una denuncia presentada por familiares de Inzaurralde y Santana y por el PIT/CNT, es procesado el mayor ® Carlos Calcagno, como coautor de dos delitos de desaparición forzada en reiteración. Calcagno, fallecerá en el 2013, en prisión.

A 40 AÑOS DEL GOLPE DE ESTADO Y DEL INICIO DE LA HUELGA GENERAL.

(Publicado en Trabajo y Utopia junio 2013)

Es muy importante, el esfuerzo realizado desde diversos ámbitos de nuestra sociedad, que con el objetivo de contribuir al rescate de nuestra memoria, se desarrollaron en torno al 27 de junio, fecha en la que se cumplían 40 años del Golpe de Estado y del inicio de la huelga con ocupación de los lugares de trabajo, en respuesta a la instalación de la dictadura.

Con el golpe del 27 de junio de 1373, por más de una década, se instaló en el Uruguay un régimen que desarrolló una práctica sistemática del terrorismo de estado como forma de mantenerse en el poder. Como no podía ser de otra manera, dadas las características del movimiento obrero organizado en el país, ese desconocimiento abierto de la institucionalidad democrática fue respondido con una huelga general con ocupación de los lugares de trabajo. Con ello, se inició un largo proceso de resistencia que por igual cantidad de años se desarrolló contra esa manifestación extrema del autoritarismo estatal.

A pesar de que han pasado cuatro décadas, desde las organizaciones sociales y populares, se continúa hoy contribuyendo a darle firmeza y consolidación a las condiciones necesarias e imprescindibles para que nunca más tengamos que padecer una situación similar. Ese aspecto, está recogido en el reclamo del NUNCA MÁS.

Pero aún estableciendo las condiciones en que se asienta la seguridad de no repetición, el movimiento social incluye dentro de sus prioridades – o al menos debería hacerlo -, el trabajar desde la sociedad civil en la construcción de las reservas y los reflejos democráticos necesarios para que nuestra sociedad, si ello volviera a ocurrir, lo resista de la misma manera que lo hicimos hace 40 años, y si fuera posible, a la luz de la experiencia de las luchas del pasado, hacerlo mejor aún.

A pesar que el traslado a las nuevas generaciones de trabajadores de las experiencias vividas en aquellos años es importante, lo es más aún que a partir de ellas desarrollemos herramientas para pensar los desafíos del hoy.

Por esa razón insistiremos en un tema del hoy, del que ya nos hemos referido en notas anteriores. Por esa razón usaremos este espacio de Trabajo & Utopía para referirnos a uno de los dos hechos ocurridos hace 40 años: el proceso que a partir del golpe de Estado del 27 de junio de 1973, culmino por instalar la dictadura cívico-militar en el Uruguay que cometió gravísimas violaciones a los derechos humanos.

Hablar de la dictadura, no va en desmedro de la importancia que la huelga general, tuvo, como respuesta temprana, desarrollada por el movimiento popular uruguayo a la ruptura institucional en nuestro país. Por el contrario, le da mayor significación histórica.

Ya hemos dicho en otras oportunidades que el golpe de estado en Uruguay y la dictadura que se instaló, no tenían características distintas a las otras dictaduras y otros golpes de estado existentes en esos años en América Latina. Efectivamente, la dictadura uruguaya, también estaba orientada en la doctrina de la seguridad nacional.

También hemos afirmado, que lo novedoso, lo que sin duda distingue por su originalidad, al proceso de instalación del autoritarismo militar en el Uruguay, es la respuesta popular con el desarrollo de una huelga general con ocupación de los lugares de trabajo por parte del movimiento obrero y los centros de estudio por parte del movimiento estudiantil. Ese escollo a la instalación del autoritarismo cívico-militar aquel 27 de junio de 1973, marcó el comienzo de una resistencia popular que luego continuó, en el país y fuera de él mientras se mantuvo la dictadura. La importancia de esa resistencia, explica el altísimo costo de muchas vidas, torturas, años de cárcel, persecución, falta de libertades y exilio, que tuvo.

Pero vayamos el tema sobre el que queremos insistir una vez más. En la necesidad de saldar lo que fue y es aun objeto de debate: la verdad sobre la esencia misma de ese terrorismo de estado que padecimos.

La Lucha por desnudar esa esencia del terrorismo estatal de la dictadura, mientras esta existió, y aún luego de conquistadas las libertades democráticas, es uno de los desafíos importantes que tenemos como sociedad. Desafío que tiene mínimamente también 40 años de desarrollo, en los cuales se pueden identificar sus distintas etapas, su proceso histórico, sus etapas, sus acentos. Hablar de los avances y de los retrocesos, de los impulsos y sus frenos, es parte de nuestro proceso histórico más reciente.

En sus comienzos, esa lucha puso el acento en el desenmascaramiento de lo que acontecía en el Uruguay y en las dictaduras que reprimían coordinada y salvajemente en torno a la Operación Cóndor. Ese desenmascaramiento, que fue sin duda un aspecto esencial de la lucha por el retorno de las libertades democráticas en el cono sur, no dejo ninguna tribuna sin estar presente. Y su propio desarrollo genero formas de organización en todos los países donde el exilio político uruguayo, existiera.

Ese tenaz esfuerzo desarrollado por la resistencia a la dictadura dentro y fuera del país, dentro y fuera de las cárceles, no se tento con las propuestas de algunos políticos que hoy se presentan como opositores a la dictadura, de “desensillar hasta que aclarara”. Ese proceso de resistencia influyo en muchos movimientos – sobre todo europeos – comprometidos con la defensa de los derechos humanos y fue influido también por ellos. Eso genero en esos movimientos de resistencia un novedoso – para la izquierda uruguaya – proceso de evolución que no usaba las denuncias de las gravísimas violaciones a los derechos humanos que realizaba, como un oportunista instrumento al servicio de intereses políticos menores. Para el exilio uruguayo organizado, las denuncias de las violaciones a los derechos humanos pasó a ser un aspecto esencial de la resistencia al autoritarismo estatal, enmarcado en un proceso de cambio cultural profundo que se desarrollaba en el mundo en torno a esta temática. Fue un desafío a una cultura existente my fuerte, donde el discurso de los derechos humanos era fundamentalmente administrad según intereses políticos de oportunidad por los Estados y los gobiernos. Ese cambio profundo que implica pensar los desafíos políticos, económicos y culturales en clave de derechos humanos, aún hoy tiene dificultades para asumirse como corresponde. Esa dificultad la encontramos en la actual cúspide de nuestro Poder Judicial o en discursos muchas veces confusos o francamente reaccionarios de nuestro sistema político.

No está de más repetir una vez más que en ese proceso de resistencia, desaparecen cientos de compañeros, miles son objeto de torturas, vejaciones, cárcel y exilio.

Producido el retorno de las democracias, cuando todos, organizaciones sociales y políticas habíamos acordado en la Concertación Nacional Programática que se debía saldar el pasado dictatorial con verdad y justicia, otros fueron las opciones políticas que se impusieron. Las unanimidades logradas en la CONAPRO, estrellaron en pedazos frente a intereses políticos, que ignoraron el significado profundo de las batallas que se habían desarrollado a lo largo y ancho del planeta desnudando las aberrantes conductas del gobierno dictatorial, y atendieron solícitamente las presiones militares.

La consolidación de ese proceso que tiene su punto alto en el desconocimiento de los acuerdos de la CONAPRO, instalo una cultura de impunidad, que planteo para la vigencia plena de los derechos humanos nuevas dificultades, cuyas consecuencias aún hoy se manifiestan.

Esa instalación de las democracias post-dictadura en complejos procesos de transición, que no quisieron entender la importancia de la continuidad de la lucha por los derechos humanos como parte esencial de la profundización democrática, marcó una continuidad en la agenda política, social y jurídica teñida por las no resueltas heridas del pasado.

En ese escenario, mentada por el discurso de la derecha y por algunos sectores de la izquierda, la teoría de los dos demonios, dificulto y dificulta el desarrollo de una batalla eficaz sobre la verdad sobre nuestro pasado reciente. Esa dificultad, aunque menguada, aun subsiste en nuestros días.

Atravesada por esas coordenadas históricas, la determinación de la Verdad termino instalada por largos años en un escenario de determinación exclusivamente político. A partir de la aprobación de la ley de caducidad, la verdad quedó librada a una pura correlación de fuerzas políticas. Ello, explica porqué con la vigencia de las mismas reglas jurídicas – ley de caducidad, Constitución, obligaciones internacionales -, los resultados hayan sido tan diferentes, en algunos aspectos, según quien detentara el gobierno.

Pese a convivir con una verdad envilecida - tanto por la teoría de los dos demonios, como por la existencia de la ley de caducidad -, no se pudo obviar el reconocimiento der que en el Uruguay había existido un golpe de estado que instaló una dictadura. Lo que seguía en cuestión era, qué había hecho esa dictadura y porqué hizo lo que hizo. En ese escenario complejo, no sin dificultades se se desplegó con una relativa legitimidad social, un escenario de la lucha política, ética y cultural, entre democracia versus dictadura, donde las reivindicaciones de las conductas de la dictadura termino confinada casi exclusivamente en los círculos y centros militares y policiales que aun hoy parecen mantener una influencia en las nuevas generaciones de los integrantes de aparatos armados del Estado.

Las investigaciones periodística, la persistencia de las denuncias, los trabajos de investigación académicas y sobre todo la aparición en predios militares de cuerpos de desaparecidos que según la versión militar, habían sido reducidos y arrojados al mar, inauguro una nueva etapa.

En esa etapa de la lucha democrática radical, transitamos hoy en torno a la verdad sobre nuestro pasado reciente como plataforma fáctica sobre la que se asienta la realización de un inexorable proceso, tarde o temprano, de Verdad y Justicia.

Desde el asesinato de Ramón Peré en pleno desarrollo de la Huelga General hasta el asesinato del Dr Vladimir Roslik en las postrimerías de la dictadura, se desarrollo un proceso en el Uruguay que es sano para las generaciones futuras, sacarlo de las determinaciones políticas o las dos verdades “folkloricas” de cada uno de los demonios.

En los expedientes judiciales en los que las victimas denunciaron las atrocidades de la dictadura, se está instalando trabajosamente a partir de la actuación de un creciente número de jueces y fiscales, una dimensión importante de nuestra historia. Entre ellas es de destacar y hacer referencia a algunos de ellos, no porque sean los únicos, sino porque sufrieron las consecuencias por ello: Alberto Reyes, Estela Jubette, Alejandro Recarey, Ricardo Perciavalle, Mirtha Guianze y Mariana Mota.

En esos expedientes, pese a las retrogradas posiciones del máximo órgano judicial que continua de espaldas a los avances que la humanidad instaló con la creación de instrumentos de protección de los derechos humanos, se han ganado algunas batallas a la cultura de impunidad. Para que se sumen nuevos avances, es que diversas organizaciones de la sociedad civil juntaron esfuerzos en torno al Observatorio Luz Ibarburu de seguimiento a las causas penales por violaciones a los derechos humanos.

Ese avance de la lucha democrática, no solo lo debemos medir en la cantidad de violadores a los derechos humanos que purgan condenas o están siendo objeto de procesos judiciales por los cuales están privados de la libertad, aunque gocen de privilegios que otros presos no tienen. También debemos medirlo, en el hecho –no menor -que ya no discuten los militares en los tribunales de justicia, si son o no culpables, si existieron o no los hechos que se les imputan. Ahora lo que discuten, es si es o no posible castigarlos por ello como lo determinan las normas del derecho internacional.

En muchas sentencias, además de hacerse justicia desde el punto de vista punitivo, se lauda también una parte importante de las batallas sobre la memoria y la verdad. Allí se aplica muchas veces, una contundente derrota al sostenido esfuerzo desarrollado por los defensores de la impunidad - civiles y militares -, intentando instaurar una suerte de “verdad” que va en el peor de los casos en el sentido de reivindicar el comportamiento y la acción de la dictadura, a un silencio cómplice, en el mejor de los casos.

Repetimos una vez más, que desenmascarar estas suertes de versiones bastardas de la dictadura, necesito y necesita aún hoy desarrollar, tanto una batalla desde el ámbito académico, como en el ámbito de la acción del sistema judicial. En este ámbito de la acción de los tribunales de justicia, se establecieron recientemente en sentencias de distintos magistrados, las plataformas fácticas, los hechos en que se fundamentaron las pretensiones punitivas de las fiscalías y los posteriores procesamientos y condenas de algunos militares, policías y civiles. Unas y otras investigaciones –las históricas y las forenses -, contribuyeron a desarmar las visiones subsidiarias de una cultura de impunidad de las fuerzas armadas y de algunos sectores civiles.

En esas batallas sobre la verdad y la memoria, las iniciativas que encargaron el cumplimiento del artículo 4to a los fiscales militares, y la verdad “posible” pergeñada desde la Comisión para la Paz, no fueron solamente intentos - con sus particularidades -, de transitar por los caminos limitados de la impunidad de la pretensión punitiva del Estado, sino también sustraer a nuestro pasado reciente de la posibilidad de un proceso de la verdad sustancial. Aquel, que establecido en un proceso penal con todas las garantías que correspondan, puede o no, afectar un derecho esencial, como es el de la libertad.

En esas sentencias a las que muy pocas se llega y en las que las victimas muchas veces deben vencer dificultades generadas por quienes deberían prestar apoyo, se establece una importantísima dimensión de la verdad, la denominada “verdad forense”, aquella que reconstruye les hechos y establece responsabilidades, a partir de la construcción de lo que se denomina la “plataforma factica”. Esa verdad de los hechos no es una construcción sobre la que se puede pactar la reserva definitiva de las fuentes de información, como en el caso de las averiguaciones de la COPAZ, o las últimas investigaciones encargadas a las propias fuerzas armadas por la anterior administración. Esa dimensión de la verdad, no es el producto de una labor intelectual – aunque muy importante-, como lo son sin duda las investigaciones realizadas para la Presidencia de la República por un grupo de historiadores de nuestra Universidad. Tampoco es la visión solitaria y caprichosa de un juez penal o de un integrante del Ministerio Público. Es el resultado de un proceso largo y complejo que incluye testimonios, pruebas por informes, declaraciones de los imputados, pericias, etc. Proceso donde víctimas y victimarios, controvierten sus versiones, y que en estos casos, casi siempre son también objeto de un reexamen por parte de los tribunales de apelaciones.

Se trata en resumen, de una construcción de la verdad, donde hay un solo demonio. A partir de esa VERDAD, se construye un marco histórico en el que se encuadran, por ejemplo, los casos en los que se han dictado el procesamiento o la condena definitiva de personeros de la pasada dictadura.

Para que en esas sentencias, se resumiera para las generaciones futuras, la visión oficial de un Poder del Estado sobre nuestro pasado reciente y las particularidades de cada caso de violación de los derechos humanos, fue y es necesario un gran esfuerzo desde la sociedad civil.

Este es aspecto que queríamos rescatar, sobre el que queríamos volver, cuando se cumplen 40 años de la instalación del terrorismo de estado en el Uruguay.

Raúl Olivera Alfaro

Integrante de la Secretaria de DD.HH y políticas Sociales del PIT/CNT

Integrante del Observatorio Luz Ibarburu.

DE VISIONES TOTALIZADORAS Y REDUCIONISTAS

DE VISIONES TOTALIZADORAS Y REDUCIONISTAS.

(Junio de 2013)

Me siento, un observador privilegiado, de los desafíos que atravesó el movimiento sindical en casi 41 años de su historia, tanto por haber integrado organismos de dirección, de la CNT como del PIT/CNT, en coyunturas sociales variadas, como por haberlo hecho por gremios muy distintos.

En todos esos años, debí representar a los trabajadores ferroviarios: Federación Ferroviaria antes y Unión Ferroviaria. después de la dictadura; a los trabajadores de las plantas industrializadoras pesqueras organizados en la hoy extinta Coordinadora Uruguaya de Trabajadores de la Industria Pesquera y finalmente a los trabajadores judiciales agrupados en la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay, estos dos últimos posteriormente a la dictadura.

Todo ello, en razón de la dictadura primero, y la política neoliberal después, que hirió de muerte a la Administración de Ferrocarriles del Estado. Nunca me considere un trabajador que viviera la actividad sindical, como una suerte de profesión. Desde que abandone la vida laboral activa a principios de 1999, de acuerdo a principios que inculcaban quienes contribuyeron a nuestra formación, nunca se me paso por la cabeza tener la posibilidad de intentar mantener en algún ámbito de la vida sindical, una representación por algún gremio, sin ser un trabajador activo.

En algunos periodos de todo ese periplo laboral, debo reconocerlo, no tenía la suficiente madurez política, que me permitiera captar todas las complejidades que atravesaron y atraviesan la vida sindical, cuando esta tiene – por suerte-, las características de nuestra construcción de la unidad. Tampoco para recibir adecuadamente, las enseñanzas que el convivir sindicalmente con quienes compartí concepciones sindicales o discrepancias.

No intervengo públicamente en las polémicas en torno a las tácticas y estrategias que cualquier sindicato o federación, toma de acuerdo a su saber y entender, ni en el desarrollo cotidiano de la vida del PIT/CNT. Estoy profundamente convencido, que las vías propias del movimiento, son las únicas adecuadas para el desarrollo de las imprescindibles confrontaciones de ideas propias de una Convención o Central única en la que confluyen históricamente, distintas corrientes de pensamiento. Es desde este ángulo, que hoy me permito usar este espacio de Trabajo & Utopia.

Menos aún, considero lícito intervenir terciando en aquellas determinaciones que la propia PIT/CNT toma en diversas oportunidades. Ello, no implica, que no tenga opiniones al respecto, de acuerdo o desacuerdo. Sin embargo, nome omito, si alguien me las pide, siempre entre trabajadores. Tampoco eso significa, que no tenga mi afinidades con alguna de las corrientes que integran actualmente e integraron en el pasado, el movimiento sindical uruguayo.

Cuando abandone la actividad laboral, definí seguir aportando a la labor del PIT/CNT, en un área de trabajo del Movimiento Sindical como lo es el que desarrolla, una política activa en materia de lucha contra la impunidad y en defensa de los derechos humanos. En eso he centrado mi actividad, salvo en un periodo en que debiendo asumir tareas a nivel de un gobierno municipal, no lo considere oportuno y adecuado.

Considero, que la eficacia de un trabajo del PIT/CNT en un área tan íntimamente vinculado a un desafío democrático tan profundo y ligado a las condiciones imprescindibles de la vida ciudadana en general, implica necesariamente - a mi entender -, la necesidad de contar con un apoyo lo más monolítico posible de todo el movimiento sindical. Digámoslo de otra manera más categórica, si se quiere: Una eficaz lucha por la vigencia de los derechos humanos en todas sus dimensiones, no debería ser patrimonio único de alguna de las corrientes sindicales y menos aún, estar o ser percibido como una política sindical al servicio de legítimos perfilismos, de alguna de ellas.

Esto por supuesto, tengo la intima percepción que rema contra la corriente, a partir de una lógica que en los hechos se ha instalado, de repartos de áreas de acción o influencia, de una suerte de autismo sindical de las comisiones o secretarias de la Central.

Nada de esta concepción, tiene un remoto parentesco con la consabida teoría del “corte del cordón umbilical”. Tengo claro que ese “corte” muchas veces puede servir de escusa no solo para distanciarse de las determinaciones de las estructuras sindicales o políticas, y/o también para distanciarse paulatinamente de los programas. Cualquier estructura o programa, que posibilita, en última instancia, que los dirigentes políticos o sindicales asuman representaciones, no pueden alegremente desecharse.

Personalmente, estamos convencidos que el mantener una estrecha relación de dependencia con las estructuras y las definiciones programáticas, es la que nos puede permitir desde donde estemos, tratar de contribuir a mantener el imprescindible escenario de unidad, en el que tienen verdadero sentido la existencia de las corrientes, tendencias o líneas sindicales. Y también para que sean eficaces para definir los mejores caminos en la construcción de una sociedad sin explotados ni explotadores.

No tenemos la intención de referirnos a situaciones particulares de gremios o federaciones, pues de ser así, no sería coherente con lo anteriormente expresado. Intentamos, solamente realizar una reflexión general. En la que veremos con que suerte y claridad, np npos haga caer en lo que en última instancia, criticamos.

Toda esta introducción, para poder incursionar en un aspecto que últimamente, desde filas del movimiento sindical y desde el gobierno se maneja en un tono que por llamarla de alguna manera, he optado por bautizarla de “visiones totalizadoras”. Ambos, voceros sindicales o de gobierno, para darle un ropaje de cosa fuera de discusión, evocan la figura de José D´Elia.

A partir de cierta simplificación, que quita las peculiaridades y complejidades de toda lucha gremial, se intenta darle valor universal a determinadas cosas, que a veces pueden ser correctas y otras veces, no. En ese sentido se ha afirmado, que toda detención de la actividad laboral por medidas gremiales, indefectiblemente debe generar el descuento correspondiente. Esa visón totalizadora contenida en esa afirmación que solo es válida para algunas situaciones, invalida y tiende a afectar la legitimidad de que en determinados conflictos gremiales, dentro de las reivindicaciones finales se planteen el no descuento de los jornales no trabajados.

Históricamente, muchos conflictos incluyeron luego de desatadas las paralizaciones de tareas, el pago de los días perdidos por considerar con absoluta justicia que ello era responsabilidad de la patronal. Un ejemplo: una patronal no paga los salarios y ante ello los trabajadores dejaban de cumplir sus tareas. O realizan paralizaciones parciales en reclamo de su pago. O las condiciones de trabajo ponen en riesgo la integridad física del trabajador.

De prosperar ese aforismo que toda paralización debe indefectiblemente generar el descuento correspondiente, nos pueden desarmar ante patronales que por ejemplo “gestionan o administran” la conflictividad por razones comerciales. Ejemplos hay muchos, por lo que concluyo, que no siempre es ilegitimo que una paralización gremial, sea reclamada con el pago de los jornales perdidos. Si en un juicio civil, la responsabilidad en un accidente, implica el reclamo legitimo del damnificado del llamado “lucro cesante”, es decir lo que podría haberse ganado y no se pudo en razón de la responsabilidad del causante del accidente, ¿porqué no se puede en el caso de una paralización en la que la patronal es responsable, reclamar lo que se estuvo impedido de generar?

Conclusión: No siempre es ilegitimo, incorrecto, reclamar que no se produzcan los descuentos del tiempo no trabajado por paralizaciones gremiales

En otro orden, en estos últimos días se afirmo cual mandamiento sagrado que los “acuerdos están para ser cumplidos”. Y nuevamente, la evocación del Pepe DÉlia es invocada para santificar esa afirmación. Un acuerdo entre los trabajadores y la patronal (estatal o privada), es por lo general siempre, el resultado de una correlación de fuerzas existentes en determinado momento de una lucha gremial. De ahí que algunos acuerdos, pueden ser según la forma en que finalmente se resuelve un conflicto, carente de legitimidad desde el punto de vista gremial. Muchas veces, el desarrollo de un conflicto obliga a ponerle fin tratando de salir de él, en las mejores condiciones posibles. Muchas veces esas condiciones en que se sale de él, es una derrota desde el punto de vista de lo que se quiso lograr y lo que finalmente se logró. De ahí, que un gremio en esas circunstancias, no solo puede, sino que posteriormente debe - si entiende que esa correlación de fuerzas cambio a su favor -, replantearse nuevamente la lucha para alcanzar lo que en el pasado no se pudo lograr.

De lo expuesto, debemos entender que los acuerdos, no siempre se deben cumplir. Congelar a favor de las patronales – sean estas estatales o privadas -, una situación dada, cuando el acuerdo es injusto, no solo puede ser injusto en el momento de laudarse el acuerdo, sino que extiende dicha injusticia para el futuro.

Entonces, los acuerdos están para cumplirse, a veces sí y otras no. Lo que no se puede es decir un día que lo que se alcanzó es un triunfo, y al otro ubicarse, como si no lo fuera.

Concluyendo, las generalizaciones o visiones totalizadoras, que solo pueden ser validas en algunas situaciones y en otras no, no son buenas. Menos bueno es aún, meter en situaciones del hoy – con sus particularidades históricas -, la sabiduría de DÉlia, que seguramente si algo sabía, era que no hay biblias metodológicas para resolver los temas sindicales.

En otro orden, existe también la pareja dialéctica de las visiones totalizadoras, aquellas reduccionistas.

Reducir una lucha gremial al simple correlato de dos fuerzas enfrentadas, nunca es una buena práctica sindical. Hay otra batalla, que trascurre al mismo momento y en otro escenario, que es la batalla por la opinión pública. En ese otro campo de batalla, no alcanza con la legitimidad interna que una lucha tiene en el campo de los integrantes de un sindicato. Por esa razón, esa legitimación debe ser adecuadamente trasladada al campo de la opinión pública. No hacer adecuadamente esa operación, implica el aislamiento de una lucha.

Dicho de otra manera, si el esfuerzo de un gremio, siempre debe estar centrado en fortalecer sus propias fuerzas, y para ello debe tratar de fortalecer la permanencia en sus trincheras de la mayor cantidad de trabajadores, es poco comprensible que desarrolle conductas que tengan como consecuencia que trabajadores abandonen la lucha y como caso extremo, se pasen a las filas de las patronales.

Lo mismo sucede con la opinión pública.

El no manejar adecuadamente estos parámetros, puede conducir e errores muy graves a otro nivel de una conflictividad desatada y que se extiende en el tiempo. Lo más difícil no es desatar una lucha gremial, sino saber cómo salir de ella. Y en ese aspecto, las instituciones políticas y estatales, juegan un papel importantísimo. Allí, cuando gremios en conflicto realizan el llamado “cabildeo”, entre los sectores políticos, gubernamentales, etc., lo que se está haciendo es tratar de incidir en un aspecto de la correlación de fuerzas más general.

Pongamos un ejemplo. Si uno vive en un pueblo alejado de cualquier otro y en ese pueblo hay un solo almacén del que depende tu alimentación, lo peor que puede hacer un habitante de ese pueblo – al menos si quiere seguir viviendo en el -, es pelearse con el único comerciante que puede proveerlo de su alimentación diaria. Esto por supuesto, no significa que se tenga que ser esclavo de quienes detentan los resortes de poder.

El 13 de julio en un acto de homenaje a León Duarte en una cooperativa de viviendas organizado por los vecinos y extensión universitaria en el marco de los 40 años de la huelga general contra el golpe de estado, nos tocó hablar del “Loco Duarte”, a quien considero una de las personas que más influyó en mi formación sindical. Resalte allí algo que puede ser un corolario a estas reflexiones. Duarte era un brillante orientador de la actividad sindical, al que muchos acudíamos en busca de su sabiduría. Nunca nos daba una receta de lo que había que hacer, pero si nos hacia un largo listado de cosas que si debíamos tener en cuenta. De eso se trata esto.

Raúl Olivera Alfaro

A LOS 40 años de la Huelga General.

Palabras pronunciadas por Raul Olivera Alfaro en la sección solemne de la Junta Deptal de Canelones el 27 de junio en la ciudad de Las Piedras.

En primer lugar quiero resaltar la importancia que para nosotros tiene, que la Junta Departamental Canaria, haya tenido esta iniciativa de que hoy, cuando se cumplen 40 años del Golpe de Estado y de la huelga general, se realice este sano ejercicio de la memoria.

Uno de esos hechos, significo la instalación por casi 11 años de una práctica sistemática de terrorismo de estado. El otro, fue el inicio de una tenaz y sacrificada resistencia, que por 11 años se desarrolló contra aquella manifestación extrema del autoritarismo estatal.

Han pasado 40 años, y aun estamos en la larga y trabajosa tarea de consolidar las condiciones para que nunca más nuestra sociedad tenga que padecer una situación similar como la vivida en aquella oportunidad. Y también estamos ahora, construyendo a nivel de nuestro pueblo las reservas y los reflejos democráticos necesarios para que si ello volviera a ocurrir, resistirlo de la misma manera y si es posible, aun mejor, que en aquellos años.

También quiero agradecer que el PIT/CNT me haya designado para representarlo en esta actividad, en la que también es un reencuentro con antiguos compañeros. Y fundamentalmente para quien se educó en aquella experiencia innovadora y maravillosa que fue la Escuela Experimental de Las Piedras, para quien curso sus estudios secundarios en el liceo de esta ciudad, que formó su hogar y tuvo sus hijos aquí, y en la que también descansan los restos de mi padre, tiene una importancia que debo destacar. También como trabajador ferroviario durante muchos años recorrí trabajando cada una de las muchísimas estaciones que en aquellos años tenía AFE en el departamento.

Sería lógico que representando al movimiento sindical, nuestras palabras estuvieran dirigidas casi exclusivamente a resaltar aquello que lo distinguió en aquel 27de junio de 1973: la huelga general.

Pero hemos hecho otra opción, que por supuesto no va en desmedro de la importancia que aquella huelga general tuvo, como respuesta temprana del movimiento popular a la ruptura institucional. El acento de nuestra intervención puesto en el golpe de Estado y el terrorismo de Estado que a partir de allí se impuesto por parte del régimen dictatorial, no se fundamenta, por ejemplo en que la dictadura en el Uruguay, haya tenido características que la distingan de las otras que en aquellos años se instalaron en América Latina. Hoy sabemos que la dictadura uruguaya, también se orientó en la doctrina de la seguridad nacional y desarrolló sistemáticas y gravísimas violaciones a los derechos humanos.

Es cierto, que lo novedoso, lo que sin duda hay que resaltar de aquellos golpes de Estado, es que en ninguno, existió una resistencia popular que se inicio con una huelga general con ocupación de los lugares de trabajo por parte de los trabajadores y los centros de estudio por los estudiantes.

Por qué entonces hoy priorizar hablar de la dictadura?

En primer término, porque pocos discuten y cuestionan, que la entronización del autoritarismo cívico-militar aquel 27 de junio de 1973, enfrentó una resistencia popular y que esa resistencia en toda su extensión en el país y fuera de él, tuvo un costo de muchas vidas, torturas, años de cárcel y exilio.

Y en segundo término fundamentalmente, porque lo que fue y es objeto aún de un debate es la verdad, es la esencia misma del terrorismo de estado.

La lucha por desnudar esa esencia del terrorismo estatal de la dictadura, mientras esta existió, y aún luego de conquistadas las libertades democráticas, tuvo y tiene aun hoy a 40 años, sus etapas, su proceso, su dinámica de lucha.

Su primera etapa, tuvo su epicentro en el desenmascaramiento ante la comunidad internacional, de lo que ocurría en el Uruguay y en todas las dictaduras que reprimían coordinadamente el torno a la Operación Cóndor.. Ese desenmascaramiento, fue un aspecto esencial de la lucha política para el retorno de las democracias.

Esa resistencia, no se planteaba “desensillar hasta que aclarara”, no usaba las denuncias de las gravísimas violaciones a los derechos humanos, solamente como un simple instrumento de lucha política.

Se trataba además de una lucha política de resistencia, de un cambio cultural profundo que ocurría en el mundo que desafiaba una cultura existente, donde la defensa de los derechos humanos era administrada según intereses políticos de los Estados y los gobiernos. Ese cambio cultural profundo que podríamos denominar cultura en clave de derechos humanos, aún hoy tiene dificultades para asumirse. Un claro ejemplo, podemos ubicarlo en la cúspide de nuestro sistema judicial o en discursos confusos o francamente reaccionarios en nuestro sistema político.

En ese proceso de resistencia, desaparecen Omar Paitta, Pablo Errandonea, Fernando Díaz de Cardenas, hugo Méndez y Carlos Rodriguez Mercader, vecinos de este Departamentop en que queremos simbolizar a Todos Ellos.

En la etapa posterior, producido el retorno de las democracias, cuando todos, organizaciones sociales y políticas habían acordado en la CONAPRO que se debía saldar el pasado dictatorial con verdad y justicia, otros fueron las opciones políticas que prevalecieron. Las unanimidades logradas en la CONAPRO, se estrellaron contra las determinaciones de intereses políticos, más propensas a atender las presiones militares, que el significado profundo de las batallas que se habían desarrollado con los testimonios de las victimas y las campañas de denuncias a lo largo y ancho del planeta desnudando las aberrantes conductas del gobierno dictatorial.

En esa etapa se instalo una cultura de impunidad, que planteo para la vigencia plena de los derechos humanos nuevas dificultades, cuyas consecuencias existen aún hoy.

Esa instalación de las democracias en complejos procesos de transición, que no pudieron y no quisieron entender la importancia de la continuidad de la lucha por los derechos humanos como parte de la profundización democrática, marcó una agenda política, social y jurídica teñida por las no resueltas heridas del pasado.

En ese escenario, la llamada teoría de los dos demonios, funcional a perspectivas históricas sobre el pasado reciente tanto a sectores de derecha como de algunos sectores de la izquierda, dificulto y dificulta aun en nuestros días el desarrollo de una batalla efectiva sobre la verdad histórica sobre nuestro pasado reciente.

En ese escenario político la determinación de la verdad, a partir de la aprobación de la ley de caducidad quedó librada a una correlación de fuerzas política.

Pero la verdad envilecida tanto por la teoría de los dos demonios, como por la existencia de la ley de caducidad, no pudo ocultar que en el Uruguay hubo un golpe de estado que instaló una dictadura. Y que a partir de ello, se desplegó un escenario de la lucha política, ética y cultural, entre democracia versus dictadura. Y que esa lucha democrática, sigue hoy en torno a la verdad sobre nuestro pasado como plataforma factica sobre la que se asienta la realización de un inexorable proceso, tarde o temprano, de Justicia.

En los expedientes judiciales en la que las víctimas denunciaron las atrocidades de la dictadura , se está instalando, trabajosamente a partir de la actuación de algunos valientes jueces y fiscales,, una dimensión importante de nuestra historia.

Permítanme aquí hacer un paréntesis para hacer referencia a dos vecinas de Canelones, las doctoras Mirtha Guianze y Mariana Mota.

Allí pese a las retrogradas posiciones del máximo órgano judicial que continua de espaldas a los avances que la humanidad a dado en la creación de instrumentos de protección de los derechos humanos, se ha ganado una batalla. Ese triunfo de la lucha democrática de nuestro pueblo, no solo debe ser medida en el número de violadores a los derechos humanos que purgan condenas o están siendo objeto de procesos judiciales por los cuales están privados de la libertad. Debe ser medida esa victoria ganada a la cultura de impunidad, en que ya no discuten en los tribunales de justicia, si son o no culpables. Su lucha por mantener la impunidad, solo pueden darla sobre si es o no posible castigarlos como lo determina las normas del derecho internacional.

Un ejemplo de ello puede encontrarse en la versión sobre la muerte de Nibia Sabalzagaray recogida en el expediente de la justicia militar. Sobre esa verdad de la justicia militar, dice hoy la Sentencia dictada por la Justicia uruguaya: “Las actuaciones llevadas a cabo a consecuencia de la muerte de Sabalzagaray, y respecto de ellas no podemos soslayar la franca pobreza investigativa, que no reconoce otro motivo que el interés de las autoridades de la época de no dejar al descubierto la verdad de lo acontecido”.

Desenmascarar esa suerte de versión bastarda de la dictadura, necesito desarrollar, tanto una batalla desde el ámbito académico, como desde el ámbito de la acción del sistema judicial, donde se establecieron en importantes sentencias las plataformas fácticas en que se fundamentaron las pretensiones punitivas de las fiscalías y los procesamientos y condenas de los militares, policías y civiles. Unas y otras investigaciones –históricas y forenses -, contribuyeron a desarmar la visión de las fuerzas armadas y de algunos sectores civiles.

Pero esa batalla no se detiene en las sedes judiciales. Allí también se desarrolla.

Se trata en resumen, de una construcción de la verdad, donde solo hay un solo demonio. En esa VERDAD, se construye un marco histórico en el que se encuadran, por ejemplo, el mencionado homicidio de Nibia Sabalzagaray, y cada una de la s violaciones a los derechos humanos que hizoi posible aquella dictadura que se instalo hace 40 años..

Unas reflexiones finales. Estudios sobre países que han atravesado situaciones traumáticas como la que padeció nuestro país, demuestran que lego de pasadas algunas generaciones, son nuestros hijos y nuestros nietos los que sienten la necesidad imperiosa de saber sobre el pasado. Quizás eso sea así y eso explica aparentes desinterés de algunos jóvenes de hoy por estos temas. Esa distancia entre los hechos y esa necesidad de saber, es el desafio que hoy tenemos todos para hacerlo lo más corto posible. No queremos para nuestros hijos y nuestros nietos esa posibilidad de repetición de dictaduras como la que padecemos, que haya justicia y verdad, es uno de los reaseguros para que ello no pase. Ese es el Nunca Más.

Muchas gracias.