LOS ESCENARIOS DE LA IMPUNIDAD

Publicado en Trabajo y Utopìa Nº 88 mayo 2009

Publicado en pag web del P.V.P.

I.- EL ESCENARIO DEL MOVIMIENTO POPULAR.
En el numero anterior de Trabajo y Utopía, haciendo referencia a varios aspectos relativos al dictado de condena para algunos militares y policías por violación a los derechos humanos durante la dictadura, resaltamos la importancia capital que tenía para la materialización de ese resultado que constituía un avance en la lucha contra la impunidad, la construcción del escenario político que lo había hecho posible.
Seguramente, la realización de un análisis del largo proceso que debió y deben recorrer las iniciativas tendientes a derrotar la lógica de impunidad instalada por la existencia de la ley de caducidad, reafirmaría la importancia de los escenarios políticos y sociales para la concreción de los avances de esa lucha popular.
Más concretamente, el resultado de la campaña de recolección de firmas, sería un elemento de reciente concreción que nos permitiría reafirmar ese concepto de la “construcción del escenario”, como elemento cardinal para la materialización de un objetivo a alcanzar. Es esa lógica, que los futuros desafíos deberán tener en cuenta a la hora de definir estrategias.
No estamos inventando la pólvora. Diariamente la lucha que deben desarrollar las organizaciones sociales en la defensa de sus intereses, se instala en escenarios donde la táctica analiza sus propias fuerzas, las que debe derrotar y el “momento” en que se desarrolla el desafió concreto. Hasta la profundidad y el alcance de las reivindicaciones, están casi siempre determinadas por esas condiciones originales en que se desarrolla una lucha. Y sobre todo, por un escenario futuro que se ira construyendo en el proceso de la lucha misma.
Al igual que el objetivo finalista de los trabajadores-una sociedad sin explotados ni explotadores-, debe recorrer escenarios distintos donde el logro de los objetivos finales debe atravesar luchas parciales por disminuir esa explotación o lograr un mejor pago por ella; la lucha contra la impunidad atravesó y atraviesa escenarios que se debieron construir trabajosamente.
Esa construcción de los escenarios, como lo expresa sus propias palabras, no es algo dado. No es una construcción producto de un devenir inexorable. Hay que trabajar en el anudamiento y la articulación de sus distintos componentes.
Derrotar la impunidad mediante la anulación de la norma legal que la ha sostenido y hecho posible, es también –además de una profundización de la democracia-, un cambio sustancial que producirá efectos múltiples a nivel de la sociedad y que necesitara de nuevos escenarios y actores.
Un error frecuente en la conducción de luchas como esta, es no percibir que los escenarios cambian y si no se asimilan esos cambios se corre el riesgo de perder el tren de la historia. Instalarse en un escenario como por ejemplo, aquel que se instaló luego de la derrota del voto Verde, y desde allí superar la lógica que esa derrota instaló, no fue fácil. Se había luchado a brazo partido contra una ley que impedía la verdad y la justicia, y por otra parte había instalado una gran frustración popular.
Se debió en un principio, recluir esa lucha, en el exclusivo derecho a la verdad. Y en el, reclamar el cumplimiento de un artículo de una ley que se rechazaba: el artículo 4º. Instalar ese escenario y desde él, avanzar hasta materializar los logros hasta hoy alcanzados, nos lleva a concluir, que el mérito de esa estrategia contra la impunidad, es haber desarrollado una táctica que supo identificar adecuadamente los distintos elementos de cada escenario y no congelarse en ellos.

II.- EL ESCENARIO DEL PARTIDO NACIONAL.
Recordemos al entonces senador del Partido Nacional Juan Raúl Ferreira, cuando preguntaba en los debates previos a votar la ley de caducidad en 1986: “¿Cuál es la propuesta seria que plantea el Frente Amplio para lograr que los oficiales vayan a declarar? Si (el Frente Amplio) la da a conocer, retiraremos nuestro proyecto (la ley de Caducidad) y acompañaremos la iniciativa del Frente Amplio. ¿Cuál es la propuesta seria que hace viable que el lunes, en este país, los oficiales se presenten a declarar? (…) Hace dos años que vivimos en democracia y en ese período no se ha presentado un solo oficial ante la Justicia, como para que ahora se diga que la impunidad se vota hoy, pretendiendo que ella no sea un dato necesario para interpretar la realidad del país, dato que todos conocemos y que todos hemos aceptado”[1].
El Senador nacionalista se refiere a un escenario, que él denomina “la realidad del país”. En ese escenario, según el Senador, los que se oponían a la sanción de una ley de impunidad, no tenían ninguna propuesta que permitiera que no se produjera el desacato militar. Porque si la tuvieran, sostenía, su partido la acompañaría. Tal como se desarrollaron los hechos históricos, es difícil tener una sola opinión sobre si el escenario, era el pronosticado por Ferreira (que los militares no se presentarían a la citación de los jueces) o el que defendía el Frente Amplio[2].
Admitamos, que Ferreira tenía razón. Admitamos, que le llevó a las fuerzas democráticas, casi 20 años construir un escenario distinto en el que no hay el supuesto desacato militar y no solo los militares van a los juzgados, sino que terminan en la cárcel. Al decir del entonces senador, ese es un “dato que todos conocemos y que todos hemos aceptado”. Entonces, tenemos un escenario en el que la posición actual del Partido Nacional de mantener la ley de caducidad, no tiene otra justificación que proteger a los asesinos. En ese escenario, no hay otro adjetivo para esa conducta que la complicidad. Por esa razón, muchos, sino la mayoría de los blancos de a pie, desobedecerán las directivas que pregonan sus principales figuras.
[1] Diario de Sesiones de la cámara de Senadores Nº 167 - TOMO 304 - 20 y 21 DE DICIEMBRE DE 1986.

[2] “Mantener a la sociedad uruguaya en la ignorancia respecto de la verdad de las denuncias referidas, constituye un grave riesgo para la real vigencia de los derechos humanos en el país. Se considera necesario también que todos los organismos, según su competencia, procuren el esclarecimiento de estos hechos, sin perjuicio de las atribuciones del Poder Ejecutivo para establecer lo ocurrido en el ámbito de su competencia. Será necesario dotar al Poder Judicial de los instrumentos Jurídicos y reales que permitan el efectivo cumplimiento de la investigación”. Intervención del Senador Senatore del Frente Amplio, Diario de Sesiones de la cámara de Senadores Nº 167 - TOMO 304 - 20 y 21 DE DICIEMBRE DE 1986.
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LA PRIMER CONDENA A LA DICTADURA:CONTAME TU CONDENA, DECIME TU FRACASO...

Publicado en Trabajo y Utopia N° 87 abril 2009 .

Publicado en pag web del PVP.

No es una acto excepcional que el Sistema Judicial uruguayo dicte una sentencia que lauda - al menos en esa primera instancia del proceso -, la situación de individuos acusados de cometer actos delictivos.
Sin embargo, al tratarse de la primera condena por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, constituye un hecho altamente significativo. Lo es, más que por ser el primero, por el esfuerzo que fue necesario desarrollar, para construir un escenario jurídico y político donde el mismo fuera posible.
En ese acto, quienes son objeto de una condena, pasan de ser acusados de conductas criminales, a probados autores de ellas y por tanto merecedores del castigo correspondiente.
Ese acto de la rutina procesal, contiene tres aspectos importantes: la determinación del tipo delito cometido (tipificación[1]); la magnitud de la pena (condena) y los fundamentos que los avalan. Es verdad, que el proceso que culmina en el acto de dictar condena, no es en el Uruguay lo ágil que debiera ser.
No es este el caso. El Juez Luís Charles y la Fiscal Mirta Guianze, han dado sobradas muestras de que el sistema judicial, tiene excepciones en este aspecto, reprobado con razón en estos días por Manfred Nowak, el relator de ONU sobre el sistema carcelario uruguayo. Dicho de otra manera, en el Uruguay la regla es, las excesivas y muchas veces inexplicables, demoras.
La causa en la que se dicto sentencia el pasado viernes contra un puñado de militares y policías por gravísimas violaciones a los derechos humanos, poco tiene que ver con el cansino tranco que desarrolla, por ejemplo, la causa que actualmente conduce el juez Fernández Lecchini contra Juan Carlos Blanco por la desaparición de Elena Quinteros. Causa, iniciada hace 19 años, y que además cuenta con el handicap de que la investigación sobre la responsabilidad de los civiles - que por obra y gracia de la ley de caducidad es por el momento sobre los que se ha podido actuar -, ya había sido prolijamente realizada por la Dra. Lujan Flores de Zapriza en el ámbito del Ministerio de Relaciones Exteriores a fines de los años 80.
Blanco, el único procesado en esa causa, hace ya 78 meses, aún no tiene la sentencia correspondiente. Tampoco tiene que ver, la actuación de los magistrados que condenaron a estos delincuentes, con la inexplicable extravío denunciado en estos días por el Dr. Pablo Chargoñia del expediente del caso Julien-Grissonas[2].
Pero volvamos a la esperada sentencia contra una parte de la gavilla de Gavazzo.
Se supone, que todos los ciudadanos son iguales ante la ley. Esa igualdad no esta sólo pensada en que sobre todos ellos actúa el mismo rigor de la ley, cuando una ley viciada de nulidad- como la ley de caducidad-, no lo impide. También debería ser, que la condena de cierto tiempo de reclusión penitenciaria, apunte al mismo objetivo: la posterior reinserción a la sociedad del condenado. Dicho de otra manera, además del efecto ejemplarizante para el resto de la sociedad, resumido en que “el que la hace la paga”, los condenados, deberían iniciar un proceso de rehabilitación.
Tiempo - 20 a 25 años-, tendría el sistema carcelario, para abordar ese proceso. Condiciones de reclusión, les ha otorgado graciosamente el gobierno, para que las condiciones de la misma no sea un incentivo para que continúen en “conflicto” con la sociedad[3].
Cierto es que, poco se les ve inclinados a una rehabilitación para la vida democrática, pues de eso se trata, su inadaptación. Esto lo ha demostrado cualquiera de los condenados.
De ahí que, para nuestra sociedad y para nuestro sistema penitenciario, sea muy poco o nada lo que se pueda esperar como acción reparadora de conductas y valores, por parte de los condenados.
Sin embargo, esta condena[4] y las que aspiramos que vengan en el futuro, tienen un valor fundamental y nada desdeñable que trasciende a los condenados. Ese valor es de fortalecimiento, de algo que a partir de esta condena, adquirió un valor mayor: el NUNCA MAS.
Porque para que nunca más exista un terrorismo de Estado que cometa los delitos que cometió la dictadura uruguaya, debe quedar claro que - ni las auto amnistías, ni las amnistías logradas por la presión y el miedo, ni los olvidos, ni los cambios de verdad por impunidad, ni las caducidades por cobardía política-, aseguran la impunidad.
Tampoco es desdeñable, en la valoración del NUNCA MÁS, la enseñanza que nos deja este proceso que transita el Uruguay. Que para que haya nunca más, es necesario la consecuencia, la seriedad y la intransigencia en la defensa de los derechos.
De ahí el titulo de esta nota, que parafrasea la letra de un tango. La condena no la dice el Juez Charles, la dicta la sociedad uruguaya, y ese es el fracaso mayor de los personeros de la dictadura (estén ya presos ya, o aun en libertad). Pero la letra del tango, sigue pero, no nos ha herido ninguna pena. Y si hay alguna alegría, es la del deber cumplido, con nuestros compañeros, con la recuperación de un valor esencial para la sociedad que queremos construir para las generaciones que vendrán: la de la verdad y la justicia.
El 30 y 31 de octubre de 1976, Gavazzo seguramente ensayó la lectura que minutos después realizaría por la cadena de radio y televisión del comunicado dando cuenta de la parodia urdida para ocultar los crímenes de Gerardo Gatti, León Duarte, Adalberto Soba, Alberto Mechoso, Ary Cabrera, Cecilia Trias, Segundo Chejenian, Graciela Da Silveira, Rafael Lezama, Miguel Moreno, Carlos Rodríguez Mercader, Washington Queiro, Josefina Keim, Washington Cram, Ruben Prieto, Julio Cesar Rodríguez Rodríguez, Jorge Zaffaroni, María Emilia Islas, Juan Miguel Morales, Roger Julien, Victoria Grisonas, Raúl Tejera, Juan Pablo Recagno, María del Rosario Carretero, Bernardo Arnone y Juan Pablo Errandonea, por los que se los condenó.Esa acción criminal, seria acompañada por una predica mentirosa que sostenía que: “el soldado uruguayo no es un mercenario (…). Su actuación además, siempre estuvo enmarcada por la más estricta legalidad (…). Al Uruguay, a su pueblo, a todos los países del mundo amantes de la paz, la cultura y el progreso, las FFAA sienten el imperativo moral de decirles que su deseo más ferviente es el que la cordura retorne al seno de todos los orientales y que la violencia ceda al orden, dentro de la libertad y la justicia (…)”[5].
Casi 33 años después, una sentencia condenatoria, establece que a los condenados "los unía el desprecio por la vida de aquellos que consideraban sus enemigos y entonces como manos ejecutoras del terrorismo de Estado vulneraron (...) derechos inherentes a la persona humana, utilizando para ello métodos degradantes".
Y que "Actuaron en un teatro de operaciones que no conocía fronteras ni nacionalidades de las víctimas, con plenos poderes, pues no sólo no se sujetaban a reglas de derecho positivo, sino tampoco morales o éticas, por lo que ahora son responsabilizados".
Ahí, otra dimensión de su fracaso.

Raúl Olivera
Integrante del Partido por la Victoria del Pueblo.
[1] Este asunto, según se anuncia dará para un análisis y resolución posterior a partir de apelaciones de la fiscalía y la defensa en instancias judiciales superiores.

[2] A esta situación también debería agregarse el retraso en el pasaje al Ministerio Público del expediente sobre el Escuadrón de la Muerte, en el que la jueza Graciela Eustachio demora el envió del expediente al Ministerio Público.

[3] Según el relator de la ONU - aun sin haber realizado una visita al lugar donde están recluidos militares y policías por violaciones a los DD.HH -, “ellos están recluidos en un lugar privilegiado".

[4] Se condenó a 25 años de cárcel a José Nino Gavazzo, Ricardo Arab, Jorge Silveira, Ernesto Ramas y Gilberto Vázquez y a 20 años de penitenciaría a Luis Maurente, Ricardo Medina y José Sande.

[5] la subversión. las fuerzas armadas al pueblo oriental, editado en enero de 1977, por la Junta de Comandantes en Jefe.

20 AÑOS DESPUES: LAS DEUDAS CON EL PASADO RECIENTE Y LAS NUEVAS GENERACIONES.

Publicado en Trabajo y Utopia Nro 86 marzo 2009.

Publicado en pag web del PVP.

Cuando esta finalizando el plazo de entrega de las firmas ciudadanas, que posibilitarán que, finalmente, el Uruguay se despegue de la una lógica de impunidad que determinó desde hace más de dos lustros, el desarrollo pleno de la vida democrática de nuestro país, se están cumpliendo también, 20 años de aquel 16 de abril de 1989, en que se vió frustrado el primer intento de anular la ley de caducidad.
Muchos de los que en 1989 no habían nacido aún, en estos días debieron firmar y juntar otras adhesiones para que esa herencia nefasta del terrorismo de Estado, no siga obstaculizando los rumbos fundamentales por los que debe transitar una sociedad auténticamente democrática.Muchos de los que en 1989 no habían nacido aún, en estos días debieron firmar y juntar otras adhesiones para que esa herencia nefasta del terrorismo de Estado, no siga obstaculizando los rumbos fundamentales por los que debe transitar una sociedad auténticamente democrática.
Muchos que nacieron en los albores de la dictadura, crecieron en ella, y no pudieron opinar aquel 16 de abril de 1989, también estuvieron inscriptos en este gran desafió que buscó y finalmente logrará derrotar el actual acotamiento por una lógica de impunidad, de la relación que el Estado uruguayo mantuvo con nuestro pasado reciente.
Dicho de otra manera, esa relación con la impunidad que el Estado uruguayo ha mantenido – con matices de distinta profundidad y calidad-, desde el fin de la dictadura hasta nuestros días, en aspectos sustanciales, fue puesta en cuestión por - entre otros-, integrantes de una generación a la que se quiso dejar de lado. Es más, se pretendió fundamentar por algunos actores políticos su original resignación a vivir en impunidad, que no teníamos derecho de traspasarle ese problema a las nuevas generaciones. Y esa generación no sólo aceptó ese reto, sino que puso sus esfuerzos para que así sea.
¿Quiénes son los jóvenes, en este tema? Aquellos que nacidos en el curso del año 1971, no pudieron opinar, en aquel 16 de abril de 1989, pero que aún impedidos de expresarse, trabajaron para que aquel desafío ciudadano y democrático, pudiera materializarse.
Una parte importante de ellos, identificados con los compromisos históricos de la fuerza que hoy ocupa el gobierno, contribuyeron con su voto y otras formas de militancia, a que en el Uruguay se instalara el actual escenario político de estos últimos años. No es una afirmación caprichosa ni traída de los pelos, decir que esa generación tiene dificultades que son consecuencia de que “su” gobierno, ha optado por convivir en un escenario de impunidad a partir de la supervivencia de la ley de caducidad.
Para una generación que debe y necesita creer en las infinitas posibilidades que le puede ofrecer una sociedad, no le es suficiente, una mirada autocomplaciente que sólo enumere los avances que en este terreno se han operado – excavaciones en unidades militares, informes de las fuerzas armadas, apertura de algunos archivos de la represión, habilitación de extradiciones y una interpretación de la ley de caducidad que permitió el procesamiento de algunos violadores de los derechos humanos.
Se sostiene que supuestas faltas de participación –o insuficiente involucramiento-, de los jóvenes en las tareas históricas que el movimiento popular se ha planteado con relación a los cambios en nuestra sociedad, tiene causas complejas y variadas. Y muchas veces las visiones críticas de los jóvenes, hacia la política u otras formas tradicionales de organización del movimiento popular, han llevado a la conclusión simplista y parcial de que esa generación perdió (si laguna vez lo tuvo), o no ha logrado inmiscuirse en las tareas colectivas que significa participar en un sindicato o una organización social o política.
Sería interesante, analizar en cifras, cuantos nuevas voluntades ciudadanas integrantes de las nuevas generaciones se sumaron para hacer posible la consulta popular sobre la ley de caducidad y cuantos finalmente se inclinaran por declararla nula. Creemos sin temor a equivocarnos, que tienen un peso sustancial y definitorio, las “nuevas opiniones”, que no solo quieren definir sobre una deuda del pasado, sino que han entendido acertadamente, que esa sombra del pasado se extiende sobre su futuro de no resolverla- y disiparla-, adecuadamente.
Hace pocos días, para llevar agua al molino de la resignación y del estatus quo del reino de la impunidad, se traía a colación opiniones de personajes políticos, sobre lo que de alguna manera esta como telón de fondo de la impunidad: la transición de la dictadura a la democracia.
Una de esas opiniones trascritas en un medio de prensa, decía: En definitiva, la transición viene a ser algo así como una transacción. También es una lección que podemos sacar de nuestra transición, la necesidad de solucionar las cuestiones pendientes del pasado con criterio político y conciliador. Se recupera la democracia, se recupera el Estado de Derecho y no hay excepción que valga de ahí para adelante, pero de ahí para atrás hay que marcarse no sólo criterios jurídicos, sino criterios políticos, que atiendan más a la conveniencia política que a la justicia”.
Un analista político, expresaba: “Aceptación casi unánime del cierre de la transición, con la excepción de un pequeño grupo de personas que no se resignaron a ello y siguieron luchando por la apertura del tema” (de los derechos humanos).
Esa porción del electorado nuevo que se incorpora para resolver, no sólo que partido gobernara el país y que candidato encabezara cada oferta electoral, se ha preguntado con valentía y sin prejuicios ni conveniencias políticas si con relación a las formas de relacionarnos y resolver las deudas con nuestro pasado reciente ¿es todo lo que se podía y debía hacer?, y se han respondido que no es todo lo que se podía y menos aun lo que se decía hacer.
No podemos afirmar si esa respuesta en la mayoría de los casos fue construida a partir de analizar las definiciones del Programa de la fuerza política que hoy esta al frente del gobierno; o si lo hizo a partir de las obligaciones y los acotamientos legales que emergen del derecho interno y la legislación internacional; y tampoco a partir de una fina evaluación de la estrecha relación entre las formas de encarar este tema y la necesidad de avanzar en la profundización democrática.
Lo que si es claro que se inclino por la justicia y no por la conveniencia política. Que se considero integrante – o se sumo a medida que estuvo en condiciones de integrarse a la vida política-al pequeño grupo que no acepto los términos del cierre de la transición y no se resigno. Que quiere otro cierre de la transición, donde se abran los amplios caminos de la verdad y la justicia.
El proceso de renovación generacional al que todos los partidos no dejan de referirse, no es sólo un problema de edad. Jóvenes que piensen con la lógica de aquellos que pueden pensar que los derechos son una moneda de cambió, o los que se resignan, es el mismo perro con distinto collar, o con menos años.
El proceso de renovación necesario a todos los niveles, no debe limitarse a un tema de edad, ni la igualdad de la participación exclusivamente a la incorporación de la mujer. Ese proceso necesita avanzar en mas jóvenes y mujeres participando en formas políticas que no subordinen la justicia a las conveniencias políticas, y sí concluyan que si la ley de caducidad es un mamarracho jurídico, sus interpretaciones, más allá que permitan avanzar en perforar el muro de la impunidad, no están libres de ser también una suerte de desprolijidad antijurídica y política que la seriedad del Estado no debería permitir.
Es comprensible, aunque no compartible, que los jóvenes sientan cierto rechazo de participar en política si quienes hacen política desde los gobiernos intenten permanentemente ser los “administradores” de los derechos humanos.

La necesaria reparación a las consecuencias del Terrorismo de Estado

Publicado en Trabajo y Utopia Nro 85 Febrero 2009.

Publicado en pag web del PVP.

La Reparación de las consecuencias del Terrorismo de Estado es obligación de los Estados. Obligación que las políticas de los gobiernos de turno, deben materializar en nombre de la sociedad. La forma en que la misma se define, debe ser una operación transparente, democrática y ajustada a los parámetros y criterios establecidos por las normas y los acuerdos de la comunidad internacional.
La omisión de los tres primeros gobiernos que siguieron a la dictadura, y la “solución”a medias tintas que se inició en el gobierno de Batlle con la aprobación de la ley de restitución de los derechos jubilatorios a los trabajadores de la industria privada – posteriormente ampliada en la ley 18.033-, llevan a que a casi un cuarto siglo de recuperada la democracia, el tema continué sin resolverse adecuadamente.
La forma en que la sociedad toma conocimiento de su encare y las informaciones que se vuelcan a la opinión publica en el inicio de este año, indican que la transparencia y la claridad, falta.

ANTECEDENTES MÀS RECIENTES DEL TEMA.
En los primeros meses del año 2007 , el Presidente de la República envió al Parlamento un proyecto de ley que establecía un mecanismo de reparación para las víctimas de la violencia en tiempos de dictadura y pre-dictadura. El mismo tenía además, el objetivo explicitado de que con ello se cerraría una etapa de nuestra historia reciente. Allí se establecìa una forma llamativa del “nunca más”: "nunca más habría lucha entre hermanos". Además, el proyecto insólitamente estaba basado en una iniciativa del diputado Daniel García Pintos, reparaba tanto a las víctimas de la "sedición" como a las que sufrieron el terrorismo de Estado.
El hecho que desde el gobierno de izquierda, mediante esa iniciativa se instalara sobre los hechos del pasado, la teoría de los dos demonios, manejada tradicionalmente por la derecha uruguaya, introdujo a los justos reclamos de reparar algunas de las consecuencias del terrorismo de Estado, en un terreno cargado de contradicciones. Desde él, se irán alineando las distintas visiones sobre el pasado reciente y por ende, de los posicionamientos que en otros aspectos de la lucha contra la impunidad , continúan- pese a las definiciones de sus máximos órganos de decisión-, existiendo en filas de algunos integrantes del partido de gobierno.
Ya no se trataría solo de debatir como cumplir con una obligación establecida en la legislación del derecho humanitario; sino de establecer, si el terrorismo de Estado había sido una lógica y buscada consecuencia del violentísimo de sectores de la izquierda o todo lo contrario.
El archivo posterior de ese proyecto del Ejecutivo que contradecía la visión histórica de la fuerza política en el gobierno, no evitará que ese aspecto continuara incidiendo en la consideración del tema de la reparación de las consecuencias del terrorismo de Estado.
En tanto la reparación es un paso más en la lucha contra la cultura de la impunidad que existe aun en el Uruguay, no es extraño que los vaivenes y las indefiniciones en encarar el tema de la impunidad con la responsabilidad y la fuerza que corresponde a un gobierno de izquierda, se manifiesten en este tema.

¿COMO DIJO?

El año 2009 se abre, en referencia a la obligación del Estado uruguayo de encarar una verdadera y autentica reparación a las victimas del terrorismo de Estado, con el anuncio en un medio de prensa, de que “Por primera vez, el Estado reconocerá que cometió crímenes de lesa humanidad” en el texto de un proyecto de ley que se enviaría en marzo al Parlamento. El mismo anuncio periodístico expresaba, que dicha ley plantearía además, resarcir a quienes padecieron cárcel, exilio, persecución ideológica y a los familiares de los detenidos desaparecidos .
El anuncio de que el Estado se hará "único responsable de haber cometido crímenes de lesa humanidad" y de haber propiciado el "terrorismo de Estado" entre el 9 de febrero de 1973 y el 28 de febrero de 1985 y que pedirá "perdón" por las violaciones cometidas a los Derechos Humanos e institucionalizará el 11 de abril como el "día nacional de la memoria", levanto polvareda en sectores vinculados al colectivo militar y cierto nivel de cautelosa aceptación en el campo de los defensores de los derechos humanos.
La ley, contendría, de acuerdo a la publicación de un matutino, además reparación asistencial y económica dirigida a ciudadanos que, hasta ese momento, no habían sido amparados por leyes anteriores .
Se anunciaba que el proyecto de ley, redactado por un grupo de parlamentarios e integrantes del Poder Ejecutivo del Frente Amplio , al igual que las anteriores en esa materia, requerirá de los posibles beneficiarios para ser acogidos, registros oficiales de haber estado detenido, de haberse visto obligado y por razones políticas o gremiales a ausentarse del país o de convivir clandestinamente a causa de la persecución ideológica.
Con esta iniciativa, se anunciaba que se pretendería atender una de las demandas de organismos de la ONU desde hace 23 años.
Como expresamos anteriormente, desde el campo de las víctimas se expresó satisfacción y matices ante el anuncio: la abogada Hebe Martínez Burlé declaro que " Ya era hora, después de 23 años, de que se reconociera que hubo delitos de lesa humanidad cometidos por el Estado, que no es lo mismo que los cometidos por una guerrilla o seres humanos que atentan contra las leyes", y se manifestó de acuerdo con el proyecto de ley . El Dr.Oscar López Goldaracena, autor de un proyecto de ley que con el mismo propósito había presentado la organización que nuclea a los ex presos políticos (CRYSOL) en julio de 2007, anotaba que todo parecía indicar que el proyecto de ley "no contendría todos los elementos del proyecto general" presentado. "Lo que hay que dejar en claro, puntualizaba, es que, si deja fuera a un universo de víctimas o si no se da una reparación integral acorde a los estándares internacionales, no se puede hablar de un proyecto de reparación integral".
Otra línea de matices, dejan traslucir desde la oposición blanca, las declaraciones de la diputada Beatriz Argimón . Para la diputada nacionalista, el anuncio de que la norma cubrirá los sucesos registrados entre el 9 de febrero de 1973 y el 28 de febrero de 1985, lo que en principio dejaría fuera de la posibilidad de reparación a las víctimas de otros episodios de violencia política, anteriores a aquella fecha: “siempre consideré que se necesita una ley que ponga todo en orden, que abarque todas las situaciones (…) son diferentes grupos de la sociedad los que tienen necesidad de reparación". Por es razón, confesaba Argimón, en algún momento se manejó la posibilidad de sancionar dos proyectos de ley diferentes: "En esto de las reparaciones hay que ser muy cuidadosos, y la propia ley tiene que contemplar excepciones (…) es "muy posible" que "tras el debate parlamentario, se consideren situaciones fuera de la previsión de la ley".
A pocas horas de aquella noticia, otro medio de prensa instalaba el tema desde otra lógica, ya que se desmentían las informaciones de LA REPÚBLICA y se establecían nuevos elementos que por supuesto agitaron aún más las aguas del enero montevideano. Según LA DIARIA, el anteproyecto de reparación integral redactado por una comisión de legisladores frenteamplistas no incluye un pedido de perdón del Estado, no habrá Día de la Memoria el 11 de abril, y la reparación no será sólo para quienes sufrieron el terrorismo de Estado: el grupo maneja la idea de incorporar “no sólo a las víctimas que tengan que ver con el terrorismo de Estado” directamente, sino también “a las víctimas de todo lo vinculado al terrorismo de Estado”, dando cabida, con una “visión abarcativa”, a aquellos que murieron a causa de acciones de la guerrilla de izquierda. Se tiene en cuenta tanto a “los familiares de asesinados y desaparecidos por el terrorismo de Estado” como a los de “todos aquellos que murieron o sufrieron pérdidas como consecuencia de conflictos armados” .
Desde la oposición, no se ocultaron las molestias por el retorno a la agenda política de la reparación a las víctimas de la dictadura.
En conferencia de prensa el diputado colorado Daniel García Pintos criticó la posibilidad de que la reparación abarque a las víctimas del terrorismo de Estado y reclamó al presidente Vázquez que una futura indemnización contemple también a familiares de policías y militares muertos “en defensa de las instituciones”. A su vez la
Asociación Patriótica "14 de Abril de 1972", integrada por militares retirados con actuación durante la dictadura -y que integra también García Pintos, reclama al gobierno que repare económicamente a ambas partes involucradas en los enfrentamientos de los años 60 y 70. Según esta organización el Presidente Vázquez debe mantener su palabra, cuando en el año 2007 resolvió impulsar un proyecto presentado por ellos reparando económicamente a familiares de cerca de 70 militares, policías y civiles muertos por los subversivos, y otras 70 personas fallecidas en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad del Estado, con una suma de US$ 150.000.
Luisa Cuesta, de la organización Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, señaló que su grupo no fue convocado a discutir ese tema, que “nunca reclamó dinero” (…)“Queremos reparación integral, pero no dinero (…) que todo el mundo sepa que nuestros desaparecidos no eran delincuentes, sino hombres y mujeres que vivían la vida y peleaban por una idea (…) nosotros no necesitamos perdón. Necesitamos verdad”.
En medio de la confusión de informaciones contradictorias y posicionamientos en torno a ellas, otra integrante de la Comisión de parlamentarios del gobierno, la Senadora Lucía Topolansky , declara que la futura ley de reparación integral incluirá sólo a las víctimas del terrorismo de Estado y que el Estado fijará su mera culpa en el proyecto por los crímenes cometidos antes y durante la última dictadura. El reconocimiento y el perdón por parte del Estado de haber utilizado el aparato para reprimir "es lo único firme que tendrá la ley".
Acerca de las reparaciones, la senadora reflexionaba, que el universo de víctimas es tan amplio y complejo que "seguramente no vamos a poder saldar todas las deudas que el Estado tiene con la ciudadanía. Tendríamos que sumar los 3 millones y pico de uruguayos, restarles los represores y ahí sí llegaríamos a la cifra de personas a resarcir, porque todos, de una manera u otra, han sufrido el terrorismo de Estado". En cuanto al periodo que comprenderá la futura ley, la Senadora agrega otra información novedosa: abarcará también a las víctimas que hubo entre el 16 de junio de 1968 y hasta el 26 de junio de 1973.
En cuanto al día del nunca más, Topolansky declara que la fecha 11 de abril, es la fecha que más aceptación ha recogido , pero que sería el Poder Ejecutivo quien tenga la determinara.
El subsecretario de Defensa, Jorge Menéndez, declara que su cartera no está al tanto de ningún proyecto de ley de estas características .
Sin duda, más allá de las demoras y dilaciones en encarar el tema en profundidad, resulta totalmente ajeno a las prácticas de respeto a los derechos democráticos de los ciudadanos, que un tema de tanta sensibilidad social, sea debatido con tantas opacidades y desencuentros por parte del gobierno. Mientras tanto sigue planteada una deuda sin resolver y saldar que se suma a las otras dimensiones de la impunidad.
¿UN CORSO A CONTRAMANO?
Al cierre de Trabajo y Utopía, la organización que nuclea a presos políticos, emitía una declaración al tiempo que manifestaba que “Crysol desconoce el proyecto de ley de reparación integral que estudia el gobierno” y que “El único proyecto de ley reparación integral (…) que cumple con la normativa de DDHH que Uruguay ha ratificado en los foros internacionales, es el que presentó Crysol junto con el Dr. Oscar López Goldaracena el 9 de Julio del año 2007”.
En la declaración expresan que a“24 años de institucionalidad democrática es tiempo para que el Estado uruguayo: 1. Asuma su responsabilidad en los crímenes de lesa humanidad, inamnistiables e imprescriptibles, y que se investiguen todas las denuncias. Que se lleven adelante los juicios a los responsables intelectuales y materiales de las
violaciones a los DDHH, según estipula la legislación nacional e internacional, garantizando así el NUNCA MAS. 2. Instrumente una Ley de Reparación Integral para todos los universos de víctimas de la dictadura cívico militar y sus prolegómenos poniendo en práctica la Resolución 60/147 de las Naciones Unidas (ONU) que trata integralmente los aspectos necesarios para que una ley sea efectivamente de Reparación Integral implementando adecuadamente los principios básicos de restitución, rehabilitación, indemnización, satisfacción y garantías de no repetición”.

Raúl Olivera
Integrante de la Secretaría de DD.HH y Políticas Sociales del PIT/CNT

CARTA ABIERTA A HENRY ENGLER Y JOSE MUJICA

El compañero Engler, es doblemente conocido. Por un lado y en primer término, por haber integrado la dirección del MLN y por ello haber padecido la suerte de los hombres y mujeres que inauguraron otra categoría inédita del terrorismo uruguayo: haber sido rehenes del Estado. Y en segundo termino, y más recientemente es su carácter de hombre de ciencias en una tecnología que augura permitir importantes avances en combatir algunas de las enfermedades más terribles.
El compañero Mújica, es también conocido por el mismo primer aspecto que lo es Engler, y más recientemente por la eventualidad de ser electo como candidato a Presidente por el Frente Amplio. En una temática que nos es muy cara – la relación con nuestro pasado reciente y la impunidad – siempre hemos estado muy distantes con las opiniones de Mujica, sin embargo hemos decidido contribuir con nuestro voto, para que pueda disputar para un nuevo gobierno de la izquierda para los uruguayos.
Recientemente Mújica, hizo pública la peregrina idea de que con relación a uno de los temas que integran el universo de la impunidad – la desaparición forzada de personas-, veía conveniente articular una suerte de tranza: información a cambio de impunidad. Es cierto, que no es nuevo ese universo de la reflexión en Mújica y muchos connotados ex integrantes del MLN. También lo es, que esa era su opinión personal, lo que no deja de ser igualmente preocupante, a la luz de recientes ejemplos dados desde la primera magistratura del país, cuando convicciones personales se anteponen a las decisiones colectivas (caso ley de reproducción sexual). Y hace pocas horas, en el marco del esfuerzo que realiza el pueblo uruguayo por recolectar las firmas para poder poner fin a la impunidad, desde Stocolmo, Engler abogo largamente por el toma y daca, propuesto por su ex compañero de “verdugeo” en los cuarteles de la dictadura.
No es fácil, elegir la “lógica” del discurso con los que polemizar con estos dos compañeros.¿La lógica de un pensamiento “científico”?, o “la lógica de ese leguaje simple, llano y algo alejado de lo considerado “políticamente correcto”?, con el que Mújica responde a las insistencias periodísticas.
El tema de la impunidad, es un tema muy importante para la vida democrática y para la salvaguarda de los derechos más elementales de los ciudadanos frente a las arbitrariedades de Estado. De ahí que, nos es sano ni aconsejable, instalarse frente a ella a partir de “ocurrencias”. Es muy importante, ser muy rigurosos. Ver sus soluciones desde el rigor del científico que construye los mecanismos más efectivos para neutralizarla.
Tratándose de una carta a dos entrañables compañeros, acostumbrados a pensar las preocupaciones más frecuentes de su trajinar con “lógicas” tan dispares, permítanme intentar una síntesis de ambas.
La impunidad, es una suerte de cáncer, instalado en el cuerpo de la sociedad uruguaya. La técnica de investigación que Engler desarrollara el Uruguay, a diferencia de la Tomografía computada que detecta las deformaciones estructurales producidas por un tumor instalado en el cuerpo de una persona, permite detectar el comportamiento de esos tumores.
Pensar que la impunidad que hay que resolver, es exclusivamente la de la verdad relativa a saber, conocer el destino de los restos de los desaparecidos, es aplicar la técnica de la Tomografía Computada. Es limitarse, a detectar un efecto parcial de la impunidad.
Apliquemos, a la impunidad los avances que la humanidad a construido para enfrentarla efectivamente y lograr los mayores niveles de seguridad posibles, del NUNCA MAS. Para ello, apliquemos una suerte de marcador de trazabilidad, para entender la gravedad de los delitos de Lesa Humanidad y las formas más eficaces de neutralizarlos.
Una primera aclaración. La Convención sobre la Desaparición Forzada de Personas incorporada a nuestro derecho por la ley 16.724, establece en su artículo III, que los Estados “podrán establecer circunstancias atenuantes para los que hubieren participado” en la desaparición forzada” cuando contribuyan a la aparición con vida de la victima o suministren informaciones que permitan esclarecer la desaparición…”.De ahí, que no puede aplicarse la conmutación de la pena, que propugna Mújica, ya sea porque los delitos de este carácter no son amnistiables, y menos aun porque la información tardía, no permitirá su aparición con vida.

Raul Olivera

¿EL FRENTE TE ESCUCHA?

Días previos a la realización del Congreso Liber Seregni, en los muros de Montevideo y algunas ciudades de otros Departamentos, aparecieron pintadas representando una oreja. Posteriormente a esa representación de uno de nuestros órganos auditivos, se le agregó la consigna "El frente te escucha".
Sin duda se trató de una original idea, que inducía a pensar que era importante la opinión de los frentistas, a los efectos de que en la máxima instancia democrática de su fuerza política, sus opiniones fueran tenidas en cuenta. Es más, hasta se estaba autorizado a pensar - sin forzar la imaginación-, que quien escucharía a través de la fuerza política, sería el gobierno.
Más aun, por si quedaran dudas de ello, casi ninguna de las intervenciones en el desarrollo del Congreso -ya sea en su plenario o en las distintas Comisiones o Talleres -, omitieron resaltar la importancia y lo inusual y sano que una fuerza política en el gobierno, realice un balance de su gestión a mitad del periodo.
Pero como los Congresos son para tomar decisiones - lo que oye, percibe o vive cada integrante del Frente Amplio-, es un insumo imprescindible con la que la fuerza política se transforma, crece y retroalimenta su gestión. Lo que metafóricamente intentaba representar aquella “oreja”, era manos levantadas que tomaban definiciones sobre los asuntos puestos a su consideración, a partir de escuchar.
Previamente, los convocados a decidir, tuvieron la oportunidad de discrepar, negociar y acordar sobre todos los temas, como paso previo a la instancia de resolución que era el propio Pleno del Congreso.
Cierto es que no todo pudo resolverse, y fue necesario acordar un cuarto intermedio. Pero mientras se pudo, se discutió, se argumentó y se resolvieron cosas.
Algunas pueden haber colmado las aspiraciones de la mayoría de los militantes y otras no tanto. Pero unas y otras, fueron resueltas de la forma más democrática -el voto -, y de la forma más adecuada para una fuerza política de las características del Frente Amplio - construyendo los más amplios consensos posibles.
En política o al menos en las formas en que tradicionalmente se desarrolló la actividad política en el Uruguay durante muchísimos años, pensamos que hubiera sido necesario la existencia de una suerte de organismo de “defensa del consumidor” al que se pudiera acudir cuando la acción concreta de los gobiernos desconocía o nada tenía que ver con los programas que ofrecían a la hora de de pedir el voto.
Dicho de otra manera, durante demasiado tiempo, nos vendían un producto que en su etiqueta o envoltorio decía contener determinadas virtudes para la población, pero cuando lo abrimos y lo probamos, nada más alejado a lo que nos dijeron que comprábamos.
Frente a esa estafa, el ciudadano (consumidor de las propuestas programáticas), poco podía hacer. A lo sumo y si tenía buena memoria, recordar la “estafa” política de la que fue objeto y 5 años después cambiar de producto.
Demasiado tiempo fue necesario para que los desengaños políticos de los uruguayos, los alertaran sobre los mercachifles de la política. Muchas y reiteradas “estafas” fueron necesarias para que una mayoría de los uruguayos mirara con atención no sólo las promesas programáticas, sino quienes las ofrecían.
Uno de los aspectos invalorables en la credibilidad y la coherencia de una propuesta política, es esa sana articulación entre la legitimidad de una propuesta programática y la seriedad política de los actores que la ofrecen.
Que la izquierda esté hoy en el gobierno, es producto de la toma de conciencia de esos engaños en la formación social uruguaya. Eso no hay que olvidarlo.
Metafóricamente, podríamos decir “la marca es de una casa seria y responsable, pues elabora sus productos a la vista del público y sobre todo, rinde cuentas todos los días sobre la calidad de ellos”.
Todo esto para concluir, que cuanto menos nos resulta insólito que a pocas horas de finalizada esa etapa del Congreso Liber Seregni, desde boca de algunos integrantes del gobierno y por tanto de la fuerza política que discutió y casi por unanimidad resolvió algunas cosas, se hable en contra de ellas. Eso no es serio.
Aquellos que en inusuales escenarios, critican las resoluciones que democráticamente se tomaron, ¿no pertenecen a ninguna de las fuerzas presentes en el Congreso? ¿Acaso integran el 26 de marzo o la Corriente de izquierda, que en la mayoría de los casos no acompañaron la votación de la mayoría del Congreso?
Hugo Cores, al referirse a la mística frenteamplista, la refería a una tradición y a una cultura de la izquierda nacional uruguaya. Aquella desde la cual se reivindicaba, “el valor formativo y multiplicador de las preguntas justas, necesarias e incómodas. Dicho de otro modo, de la importancia de -una vez atravesada una experiencia rica- discutirla, examinarla a fondo para avanzar hasta la victoria”.
En este sentido, le guste o no a quienes hoy critican y hasta llaman a desobedecer las resoluciones del Congreso, eso es lo que han hecho los cientos de militantes en esas jornadas.
Tampoco hay que alarmarse y tirar al niño con las aguas, al considerar la situación que atraviesa la estructura de base del movimiento. Al respecto resulta ilustrativo nuevamente acudir a la visión de Cores al respecto, cuando sostenía que: “La estructura organizativa del frentismo y del movimiento social es lenta. Comprensiblemente lenta. Son palancas de acción política, social e ideológica que actúan por fuera y a menudo contra la voluntad del Estado, del Poder Económico y de la mayoría de los grandes medios”.
Tampoco deberían omitir los críticos a la estructura de base del frentismo, mirar a la interna de los grupos políticos de la coalición donde supuestamente se construyen las definiciones que impulsan en la interna del FA.
Una de las definiciones del Congreso que “molestó” a algún dirigente político, es aquella que considerando que la inaccesibilidad de la justicia a los responsables de los delitos contra la humanidad no era un problema transitorio o táctico, resolvió incidir para lograr que uno de los mecanismos para terminar definitivamente con la impunidad, se materialice apoyando la recolección de firmas para plebiscitar una reforma constitucional que anule la ley de caducidad.
Una fuerza política de las características de nuestro Frente Amplio ya pasó por situaciones en el pasado, en que se resolvieron posicionamientos políticos contrarios a lo que pensaban (y en algunos casos se habían adelantado compromisos) importantes figuras de la misma.
Pero lo cierto es que el planteo de anular la Ley de Caducidad si se accedía al gobierno, que despertó una dura polémica en el Congreso Héctor Rodríguez del Frente Amplio, no se resolvió votando que la izquierda mantendría la ley de caducidad. Se resolvió quitando la mención expresa de la eliminación de la norma, manteniendo que “se promoverá la adecuación de la legislación interna a los tratados internacionales ratificados por el país”. No se necesita ninguna sagacidad política para concluir que la ley de caducidad es incompatible con los tratados sobre Derechos Humanos y por tanto lo aprobado por el congreso igual obliga al Frente Amplio a la anulación del texto legal.
Raúl Olivera Alfaro
Integrante del Secretariado Ejecutivo del PVP- FA

GONZALO AGUIRRE Y GARDEL

El otrora parlamentario nacionalista y aún doctor en derecho Gonzalo Aguirre Ramírez, se ha dedicado desde las páginas de el diario El País, a pontificar sobre la nulidad de una ley que contó en el pasado y actualmente con su entusiasmado apoyo. Gonzalo Aguirre, por esas razones, defiende algo más que la impunidad de los Gavazzo, Silveira Gregorio Álvarez y Bordaberry. Defiende su obra seudo jurídica llamada Ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado.
Para él es una “disparatada idea” que por cualquier vía (legislativa o mediante un plebiscito), la sociedad uruguaya se libre de la existencia de la impunidad que aún campea en el Uruguay.
Y más le preocupa, que el parlamento fuera quien finalmente hiciera lo contrario que él hizo en 1986. Por esa razón, afirma que esa posibilidad – ya no sustentada por el temor a la amenaza militar, sino en atención a obligaciones jurídicas, éticas y políticas-, es desde el punto de vista jurídico “una imposibilidad”. Y que insistir en esa vía parlamentaria, es una forma de ocultar el fracaso de la recolección de firmas.
Para Aguirre, esa posibilidad no es tal, porque a ello se opone, la Constitución. Lo que si, no le parece tan disparatado, es derogar la ley de caducidad, ya que sus efectos pasados se mantendrían. Quienes así opinen, merecerán de parte de Aguirre el calificativo de “correligionario destacado”.
Sabido es que esas opiniones tratan de encontrar su fundamento jurídico en la equiparación de la caducidad con la amnistía que extingue los delitos.
De atender los razonamientos de tan destacado jurista, Uruguay debería ingresar al libro Guines, pues se encontrarían procesados y en prisión personas por un delito inexistente.
Pero para cerrar sus razonamientos, Aguirre termina afirmando: “Ninguna decisión del Cuerpo Electoral puede ser revisada por el Parlamento. Como decía un querido amigo: "Después que canta Gardel, ya no canta nadie más".
Recordemos que el cuerpo electoral, decidió, por ejemplo, que desde 1985 y por 5 años, German Araujo fuera Senador de la República. Sin embargo, con el voto- también de Gonzalo Aguirre-, el Parlamento reviso aquella decisión y Araujo dejó de ser Senador.
¡ Ya no se trata de que lo cante Gardel, sino de qué es lo que canta!