POR: Raúl Olivera Alfaro
(Asesor de la Comisión de DD.HH del PIT/CNT)
Hace casi 26 años en el parlamento de un Uruguay que recién salía de la dictadura, un Senador –José Germán Araujo -, realizaba bajo el titulo de “Múltiples violaciones a los derechos humanos durante el gobierno de facto”, una extensa intervención que insumió gran parte de las sesiones del 2 y 3 de julio de 1985.
Dicha intervención que giraría en torno al caso del secuestro de la maestra Elena Quinteros, tiene una introducción que es bueno recordar a la luz de los deberes incumplidos de este Uruguay de 26 años después. Expresaba Araujo en sus primeras palabras, que como resultado de su exposición no pretendía otra cosa que el envío de sus palabras y de los documentos que iba a aportar, a la Justicia.
Seguramente la contundencia de los hechos que denunciaría a continuación y el recordarle a las fuerzas políticas el documento suscripto por ellas, por las organizaciones sociales, empresariales y sindicales, el día 26 de octubre de 1984 sobre esta materia en la Concertación Nacional Programática, abrían expectativas de que la naciente democracia encararía y resolvería como corresponde en un Estado de Derecho, las violaciones a los derechos humanos de la dictadura.
El documento de la Concertación Nacional Programática a que hacía mención el Senador y que leyó al cuerpo expresaba como posición unánime del sistema político y las organizaciones de la sociedad: “El gobierno de hecho, ha actuado desde el 27 de junio de 1973, sin la presencia del órgano de contralor parlamentario y ha reducido por la vía normativa o de los hechos, las facultades del Poder Judicial. Esas carencias, alcanzan especial gravedad en -lo que se refiere a la violación de los derechos humanos, según lo denunciado reiteradamente”. “Constituye un grave riesgo para la real vigencia de los derechos humanos en el futuro, mantener a la sociedad uruguaya en la ignorancia respecto de las denuncias referidas y dejar impune los hechos que constituyen ilícitos penales”.
“Voy a detenerme – continuó diciendo Araujo-, en esta parte del documento. Creo que es necesario prestar mucha atención a la frase que terminamos de leer. Las fuerzas políticas, las fuerzas sociales, empresariales y sindicales, establecen con claridad que constituye un grave riesgo para la real vigencia de los derechos humanos en el futuro, mantener a la sociedad uruguaya en la ignorancia respecto de la verdad de las denuncias referidas sobre violaciones de los derechos humanos, o sea que, el día 26 de octubre, todos establecimos el compromiso de revelar ante la opinión pública de nuestro país, toda la verdad sobre dichas violaciones en el entendido de que, su ocultación, su ignorancia, constituirán un grave riesgo para la real vigencia de los derechos humanos en el futuro, En esta misma cláusula que terminamos de leer —y esto es tan importante como lo ya analizado— se establece que no deben quedar impunes los hechos que constituyen ilícitos penales; ó dicho en otras palabras: que los responsables de todas las violaciones tendrán que ser enfrentados a la justicia”.
“El documento, señor Presidente, continua diciendo Araujo, termina expresando: “Se considera necesario que todos los órganos del Estado, según sus competencias respectivas, procuran el esclarecimiento de los hechos respectivos”. Lo que es decir, si mal no interpreto esta cláusula, que en nuestro caso, como senadores de la República, estamos obligados —por el compromiso contraído en la Concertación Nacional Programática— a procurar contribuir al esclarecimiento de todas y cada -una de las violaciones a los derechos humanos. Eso es lo que procuraremos con ésta nuestra intervención. Por último, el documento establece: “Sin perjuicio de las atribuciones del Poder Ejecutivo para esclarecer los hechos ocurridos en el ámbito de su competencia, será necesario dotar al Poder Judicial” —y esto es muy importante— “de - los instrumentos jurídicos y reales, -que permitan el efectivo cumplimiento de la investigación”.
“Sin duda alguna, se trata de otro punto muy importante, continua Araujo. Por este documento, señor Presidente, todos los órganos del Estado, en él marco de sus respectivas competencias, están obligados a esclarecer todo lo negro de este pasado reciente. Para ello, es preciso que los tres Poderes del Estado cuenten con los instrumentos necesarios —diría yo, imprescindibles— para -el efectivo cumplimiento de esa misión. El Poder Ejecutivo cuenta con ellos y sólo sería necesaria su voluntad política, para que tal extremo sea alcanzado en los hechos. Dicho en -otras palabras: el Poder Ejecutivo cuenta con los medios y los instrumentos necesarios para llevar adelante todas las investigaciones a las que por el compromiso contraído en la Concertación está obligado”.
26 años después, palabras más, palabras menos, la Corte Interamericana nos retrotrae y nos exige en el mismo sentido de lo que reclamaba la izquierda en la voz de Araujo.
Han trascurrido muchos años desde el punto de vista humano. Los uruguayos que nacían en 1985 con ese debe del Estado uruguayo, hoy ya con 25 años ya cumplidos lo siguen teniendo. Las obligaciones del Poder Ejecutivo, el Judicial y el Legislativo, siguen incumplidas.
En el ínterin, se violó aquel acuerdo político de la Concertación Programática, se violó la Constitución y los acuerdos internacionales suscritos por el país, aprobando la ley de caducidad. Y por si eso fuera poco, se extralimito sus alcances para que en el país se instalara la impunidad más absoluta. Y quién se atrevió a recordarle a los partidos tradicionales su inconsecuencia, fue expulsado del Senado. En ese acto vergonzoso, vengativo y de odio, no se tuvo en cuenta que se pasaba por arriba de un pronunciamiento popular inequívoco que era el que había llevado a Araujo al parlamento.
En el ínterin, se lucho de mil maneras. Se denunció a nivel nacional e internacional, se presentaron causas y recursos, se realizaron petitorios, se pusieron recursos infrahumanos para lograr instancias de consulta popular, se realizaron muchas marchas del silencio. En resumen, se batalló incansablemente, con todas las armas y los medios que nuestro ordenamiento legal permite.
Esos jóvenes que hoy tienen 25 años y muchos de los que en aquel entonces eran niños, hoy se han sumado mayoritariamente a ese reclamo añoso y épico de verdad y justicia. Lo que siempre fue inconstitucional y violatorio de los convenios internacionales, finalmente es entendido así, por los tres poderes del Estado y por la Corte Interamericana. Lo que muchos consideraban un tema laudado, siguió afectando la agenda política del Uruguay. La página que mayoritariamente se pretendió dar vuelta, sin leerla, fue escrita en importantes sentencias judiciales en el país y en la Argentina. Pocos aun, pero no por eso sin importancia, fueron rescatados los restos de compañeros que estaban enterrados en cuarteles. Los muchos hijos de nuestros compañeros, dejaron de ser botín de guerra y se suman paulatina e inexorablemente a la lucha de sus padres desaparecidos. Ya no son contados los jueces y fiscales, que ante las causas en sus juzgados, no les tiembla la mano a la hora de aplicar la ley con todo su rigor a quienes se creyeron impunes de por vida.
Este sintético recorrido por estos 26 años de nuestra historia, tiene un punto de partida que se ubica en el momento en que como ciudadanos viviendo en democracia, debimos contar con la posibilidad de recuperar derechos avasallados por el terrorismo de Estado. Continúa con la acción del Estado en democracia, eludiendo esas justas aspiraciones mediante las políticas de impunidad que desarrollaron los gobiernos blancos y colorados. Incluye, los esfuerzos que desde la sociedad, se hicieron para quebrar esa impunidad y los avances que pese a la importancia de las fuerzas que se debió enfrentar y desafiar, se alcanzaron.
Porque es necesario traer todo esto a cuenta hoy? Por una razón elemental, la de comprender la índole y la magnitud de la lucha en la que nos hemos comprometido y de la que no abandonaremos. Y porque al igual que nos deben doler los fracasos, también nos deben fortalecer los avances.
Hoy, teniendo en cuenta el punto de partida, el camino recorrido y la situación en que nos encontramos, debemos afrontar un desafío nuevo, que a diferencia de los anteriores, puede ser – en caso de resolverlo adecuadamente -, el inicio de una nueva etapa, un nuevo escenario- no sin desafíos-, pero de otra magnitud y de otra índole.
Este desafío debe ubicarse en como logramos que en el Uruguay termine el largo ciclo de impunidad, con un pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia que se niega a considerar delitos de lesa humanidad los crímenes de la dictadura; con un sistema judicial que no se pone a tono con los distintos pronunciamientos de otras Supremas Cortes de América Latina que aplican el derecho internacional estableciendo que los crímenes cometidos por el Estado en el marco de las violaciones sistemáticas a los DDHH deben ser considerados de lesa humanidad; con un sistema político que escurre el bulto a sus obligaciones políticas, éticas y jurídicas. Eso se alcanza poniendo fin al instrumento que instalo en el Uruguay una cultura de impunidad.
Desafío que pasa y debe tener en cuenta como un elemento fundamental y decisorio, una sentencia de la Corte Interamericana de DDHH que obliga a que todas las violaciones a los DDHH deben ser investigadas y que sus responsables deben de ser castigados. El resultado de este desafió, ya no puede ser incierto, la respuesta que dé el sistema judicial, el parlamento y el Ejecutivo a esa orden de la Corte Interamericana determinará indubitablemente si el Estado uruguayo cumple o incumple la Convención Interamericana de DDHH, y con ello si se suma a los esfuerzos por terminar con la impunidad o sigue inmerso en la lógica que intaló el autoritarismo militar. Si por la causa que sea - falta de voluntad política, mantenimiento de la prescripción, o por cualquier otra causa -, Uruguay no cumple con sus obligaciones, el Estado estaría desacatando la sentencia de la Corte Interamericana.
El hecho de que la Suprema Corte no haya hasta hoy calificado los crímenes de la dictadura como de lesa humanidad, no nos libra de reclamar que por medio del Parlamento o del Sistema Judicial, esos crímenes no prescriban., teniendo en cuenta que la Corte Interamericana estableció que la Ley de Caducidad no tiene validez. Si la Corte Interamericana dijo que la ley de caducidad sancionada por el Poder Legislativo carece de valor jurídico, ese mismo Poder Legislativo sobre ese acto debería actuar legislando en ese sentido.
Por desde el Poder Ejecutivo también se debería hacer algo en ese sentido, revocando los decretos de Sanguinetti, Lacalle y Batlle que ampararon casos en la Ley de Caducidad e impidieron la actuación de la justicia.
Ese fallo de la Corte Interamericana, le exige a todos los órganos del Estado uruguayo el cumplimiento de lo establecido en ese dictamen. De ahí, que deberían los distintos órganos administrativos del Estado, que adviertan que decisiones suyas fueron tomadas al amparo de una ley que carece de validez jurídica, revocarlos.
No es necesario demostrar que la sociedad civil ha sido la principal protagonista en la lucha por Verdad y Justicia, ante las omisiones y complicidades del Estado. El reclamo del cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana, también debe tener ese protagonismo.
jueves, 16 de junio de 2011
martes, 17 de mayo de 2011
INCONSECUENCIAS NO DOBLEGAN LUCHA CONTRA LA IMPUNIDAD.
(Articulo publicado en “Trabajo & Utopía” de Mayo 2011)
Yo la vi que se venía en falsa escuadra,
se ladeaba, se ladeaba por el borde del fangal!..
Fangal, tango de Discépolo y Expósito.
ARRIBA DE CUERNOS, PALOS.
En los últimos números de Trabajo & Utopía, habíamos relativizado las expectativas en torno al resultado que finalmente tendría en el Legislativo, el intento de cumplir con la impostergable obligación programática, ética y legal de eliminar la ley de caducidad y los efectos generados por su aplicación durante el casi último cuarto de siglo de su vigencia.
En el número anterior al referirnos a la sanción en el senado del proyecto de ley interpretativa, aventurábamos que “parecía” “…empezar a cerrarse una etapa de la vida del país, e iniciarse otra cargada de nuevos desafíos y complejidades”. No imaginamos que esos desafíos estarían aún en esta etapa, ni que tendrían la profundidad con que finalmente se instalaron en el partido de gobierno y en el propio gobierno.
Un mes antes habíamos anotado que “parecería que la fuerza política de gobierno lograría alinear sus fuerzas en torno a un proyecto de ley que busca restaurar el derecho a la justicia…”. Nuestras expectativas, como movimiento sindical, no fueron satisfechas, por lo que no sería aventurado ubicar también un desafió importante, en la relación de un sector importante de la ciudadanía con el gobierno y su fuerza política. Esa situación que algunos califican de desanimo, confusión, desconfianza y/o descreimiento, no es algo que no deba preocuparle al movimiento sindical.
Nunca relativizabamos sin embargo, un aspecto que no ha logrado instalarse suficientemente jerarquizado en los largos y reiterativos debates en el parlamento y los medios de difusión. Nos referimos al mandato imperativo que estableció la Sentencia de la Corte Interamericana, que debía implicar “que en nuestro país se empiece a organizar todo el aparato gubernamental y todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, para desmontar todos los vestigios de sostén de la impunidad”.
Lo que finalmente aconteció en la cámara de diputados (mantener en nuestro ordenamiento jurídico una ley inconstitucional) y recientes pronunciamientos de los otros dos poderes del Estado (negativa de la Suprema Corte de Justicia de aplicar la tipificación de delitos de lesa humanidad y por parte del Ejecutivo el ceñirse al impulso procesal de los familiares de las victimas para dejar sin efecto los actos administrativos de los gobiernos anteriores), no solo indican qué lejos esta el aparato gubernamental de empezar a organizar sus estructuras para desmontar la cultura de impunidad que padece el país, sino que por el contrario desarrolla conductas que no solo incumplen con el mandato imperativo de la Corte Interamericano, sino que materializa nuevos actos violatorios por los que fue condenado. Por lo que seguramente, será un paso a dar en este nuevo escenario, acudir a la Corte Interamericana para dirimir una vez más, el desconocimiento del Uruguay de sus compromisos internacionales.
LIBRANOS DE TODA TENTACIÓN.
Si bien es cierto, que siempre hemos dicho desde estas páginas, que es una fuerte tentación del Estado el ser un mero administrador de los derechos humanos en razón de conveniencias políticas menores, los acontecimientos de todo este proceso último con relación a la ley interpretativa, ha sido una dolorosa confirmación de ello. Por lo que debería ser una conclusión de estos momentos dolorosamente vividos por los sectores más comprometidos por la defensa de los derechos humanos, de la imperiosa necesidad de fortalecer las organizaciones de derechos humanos y mantenerlas alejadas de las tentaciones que desde el Estado y el sistema político, se le ofrecen –no para ser cogestoras de políticas públicas de promoción de una cultura de los derechos humanos-, sino cómplices de sus vacilaciones o sus prioridades electorales. La cultura del movimiento sindical, de independencia del Estado y los partidos, lo pone en inmejorables condiciones para afrontar esos desafíos que serán sin duda de los nuevos tiempos.
Sabíamos que la aprobación de la ley que finalmente resulto frustrada, no era- ni podía intentar ser-, una pieza única y exclusiva para terminar con la impunidad y ponernos al día con nuestras obligaciones internacionales. Pero debió ser y no lo fue, un gesto inequívoco que desde el sistema político se debía dar para marcar un rumbo cierto sobre que relación debe existir entre nuestro pasado reciente y los desafíos del presente y el futuro como país. No es saludable para la construcción de una democracia fuerte y que se profundiza día a día, establecer dicotomías entre las acuciantes necesidades que sin duda hay que satisfacer con relación a sus habitantes y al propio país y la defensa de derechos más elementales de los seres humanos (aquellos cuyo no amparo, no admite excepciones ni excusas).
LO QUE SE OMITIÓ EN LOS DEBATES
No estuvo suficientemente jerarquizado, que la sentencia de la Corte Interamericana contra el Estado uruguayo, entre otras cosas determino que se debe eliminar la ley de caducidad, ya que impide la investigación y sanción de graves violaciones de derechos humanos. Esa incompatibilidad con el Pacto de San José de Costa Rica, debería ser interpretada por un Estado que pretenda cumplir de buena fe sus compromisos internacionales, de una forma que estableciera con absoluta claridad, que las consecuencias de su aplicación, son nulos, y carecen de efectos jurídicos.
Parece que cuesta ser entendido por gran parte de nuestro sistema político, que a partir de esa Sentencia, todos los órganos del Estado uruguayo tienen que acatar y aplicar esa inapelable y obligatoria sentencia. Desconocerla, equivale a una conducta similar con relación a una sentencia de nuestro máximo órgano jurisdiccional, la Suprema Corte de Justicia.
No se ha entendido que los supuestos y ciertos recursos de inconstitucionalidad que los militares o civiles interpondrán para intentar salvar sus responsabilidades cuando se disponga- de la manera que sea-, alguna norma o acto que apunte a afectar la impunidad establecida por la ley de caducidad, deberán ser resueltos por la Suprema Corte de una manera muy particular. No deberá ser un simple cotejo de la Constitución con la norma que apruebe el parlamento. La Suprema Corte uruguaya no deberá hacerse la desentendida, sino que debe incorporar a ese análisis el hecho fundamental de esta situación, que es ni más ni menos que la obligación de atender lo resuelto por la Corte Interamericana.
Dicho de otra manera, la Suprema Corte uruguaya, no debe solo acotar su actuación a establecer si la vía o el instrumento que otro poder del Estado establece para dar cumplimiento a la Sentencia de la Corte Interamericana, es Constitucional o no. A ella también le cabe responsabilidad, puesto que la Sentencia condenatoria, es contra el Estado uruguayo en su conjunto, y el sistema judicial, es uno de sus tres poderes.
Si bien puede considerarse, que podría ser innecesario que el parlamento determine, la nulidad de la ley de caducidad, porque eso ya lo resolvió la Sentencia la Corte Interamericana, nos parece que no estaría de más que así lo hubiera hecho el legislativo de la forma que lo intento hacer con la ley interpretativa que no logro su aprobación final en la cámara de diputados. De haberlo hecho, se habría emitiendo una clara señal hacia los ciudadanos y las instituciones del Estado. Y también era necesario, con relación a que no deberían existir, tal como lo ordena la Corte Interamericana, los efectos originados por la aplicación ilegítima de esa ley desde el 22 de diciembre de 1986 hasta la Sentencia de la Corte Interamericana, que impidan la investigación de los hechos y la identificación y el castigo de los responsables de graves violaciones de los derechos humanos consagrados en la Convención Americana.
Esa situación que ha causado tantas ideas y venidas, no es algo que debiera haber sorprendido al Estado uruguayo. La Corte Interamericana ya había sentado jurisprudencia en otros casos similares que vinculaban a otros estados y sobre los cuales hemos dado cuenta en esta publicación.
En esos casos la Corte Interamericana estableció que "La promulgación de una ley manifiestamente contraria a las obligaciones asumidas por un Estado parte en la Convención constituye una violación de ésta y genera responsabilidad internacional del Estado”. En consecuencia, la Corte considera que, dada la naturaleza de la violación constituida por las leyes de amnistía dictadas “lo resuelto en la sentencia de fondo en el caso Barrios Altos tiene efectos generales."
De lo expresado, debería haber sido entendido por el gobierno uruguayo, que las posibilidades que tiene la Suprema Corte de Justicia del Uruguay, de determinar que en un caso concreto la ley es inconstitucional y por lo tanto carece de efectos jurídicos para ese caso concreto, en el caso de las determinaciones de la Corte Interamericana, son de carácter general y no caso a caso. Por lo cual deben entender el Poder Ejecutivo, el legislativo y el sistema judicial uruguayo, que la Sentencia de la Corte Interamericana tiene efectos generales. En conclusión, a partir de la notificación al Estado uruguayo de la citada sentencia, los artículos 1, 2, 3 y 4 de la ley 15.848, carecen de efectos jurídicos y es nula.
Dicho de otra manera, la Corte, ya dispuso con la mencionada Sentencia, la anulación de la ley de caducidad, al establecer que era "manifiestamente incompatible" con el Pacto de San José de Costa Rica.
Y por su lado, también la Suprema Corte de Justicia de Uruguay llegó a la misma conclusión, aunque como ya dijimos, no puede hacerlo con efectos generales, sino caso a caso.
Como la ley interpretativa parte de las premisas de que la ley de caducidad es de manifiesta incompatibilidad con la Constitución y los Convenios Internacionales y de su carencia de efectos jurídicos, creemos que debió ser votada el 19 en Diputados. Por si esa razón, no fuera suficiente, estaba la conveniencia de hacerlo por una segunda razón, la de asegurar que los efectos de la existencia de esa norma, no sigan representando un obstáculo, ni tengan igual o similar impacto respecto de otros casos de graves violaciones de derechos humanos consagrados en la Convención Americana.
En ese sentido, el Poder Ejecutivo, como lo hizo su Canciller, debió defender esa intención de la fuerza política de gobierno y tener ya en curso varias iniciativas que lo habiliten actuar en otros aspectos que también ordena la Sentencia de la Corte Interamericana.
Obturada, por el momento la vía legislativa, en el escenario ubicado en torno a la acción del Poder Judicial, el problema, el tema crucial ya no estará en la especulación de si la ley interpretativa es o no constitucional, sino en que medidas tomara para cumplir su cuota parte de responsabilidad en el en cumplimiento de la Sentencia de la Corte Interamericana no ya sólo en el caso Gelman, sino en carácter general.
¿Cabria preguntarle a la Suprema Corte, que opinión le merece que el legislativo, por la vía de los hechos, haya resuelto que una ley inconstitucional siga vigente en el tiempo?
SOBRE LOS PRONUNCIAMIENTOS POPULARES.
La Corte interamericana y la propia Suprema Corte de Justicia han sostenido que: "El hecho de que la Ley de Caducidad haya sido aprobada en un régimen democrático y aún ratificada o respaldada por la ciudadanía en dos ocasiones no le concede, automáticamente ni por sí sola, legitimidad ante el Derecho Internacional.
"Entonces, ninguna mayoría alcanzada en el Parlamento o la ratificación por el Cuerpo Electoral —ni aún si lograra la unanimidad— podría impedir que la Suprema Corte de Justicia declarara inconstitucional una ley que consagre la pena de muerte en nuestro país"
Por lo expuesto, no era una mayoría parlamentaria la que intentaba en la tarde del 19 de mayo desconocer los pronunciamientos de la ciudadanía, no éramos los trabajadores que rodeábamos el Palacio, sino lo determinado por los máximos tribunales de justicia que constituyen, el andamiaje institucional que nos hemos dado (la Suprema Corte y la Corte Interamericana).
El caso Gelman que se remitió a la Corte Interamericana, de acuerdo a la competencia que le otorgó una ley aprobada soberanamente por nuestro país, incluía múltiples violaciones de derechos humanos cometidos por actos del Estado. Entre ellos los actos de democracia directa que impidieron remover en dos oportunidades la ley de Caducidad. Y la Corte, resolvió lo que resolvió, tanto con relación a las violaciones emergentes de los actos cometidos por la dictadura, como los cometidos por los gobiernos democráticos, entre estos últimos la aprobación de la ley de caducidad y su vigencia hasta nuestros días.
Corresponderá, que desde la sociedad civil, únicas perjudicadas por estas inconsecuencias del Estado uruguayo, desarrollar junto a sus distintas formas de organización, un conjunto de medidas que apunten a normalizar la profunda irregularidad jurídica y política que se instalo con más fuerza a partir del 19 de mayo. La multitudinaria marcha que a pocas horas, dio una respuesta a lo resuelto por el Parlamento, son una respuesta positiva que nos dice que las inconsecuencias, las vacilaciones y los explicables desconciertos, no son suficientes para doblegar la rebeldía frente a la injusticia de un pueblo que ha querido cargar las mochilas de las generaciones pasadas y que se apresta a entregarlas a las que ya vienen pidiendo que abramos cancha.
Raúl Olivera Alfaro
Asesor de la Secretaria de DD.HH del PIT_CNT
lunes, 18 de abril de 2011
LO QUE NOS DEJO EL DEBATE EN EL SENADO Y SUS ALREDEDORES
Publicado en Trabajo y Utopía de abril 2011.
El lenguaje es un poderoso instrumento de clasificación, y, al suministrarnos los nombres generales, nos ofrece, ya hechas, las clasificaciones elaboradas poco a poco por la inteligencia de todos nuestros antecesores. Además, el lenguaje es, también, un poderoso instrumento de análisis, porque la necesidad de expresar nuestras ideas las aclara y define en nuestro espíritu. Estos servicios, que no son los únicos que presta, pueden bastar para hacer comprender la utilidad inapreciable del lenguaje.
(Vaz Ferreira).
La sanción en la cámara de senadores del proyecto de ley que busca, corregir la grave anomalía existente en nuestro ordenamiento jurídico y un aspecto de la sentencia de la Corte Interamericana, es un paso muy importante. Su importancia, no debe ser calibrada solamente en función de lo que para una mirada muy superficial, parece estar destinada a amparar: las victimas directas del terrorismo de Estado
De esa manera, parece empezar a cerrarse una etapa de la vida del país, e iniciarse otra cargada de nuevos desafíos y complejidades. Esos desafíos deberán resolverse de una manera tal, que permita a su vez, instalar definitivamente una nueva cultura con relación a los derechos humanos.
No será esa una tarea fácil, habida cuenta de las argumentaciones y los recursos de la retórica empleados, por parte de algunos integrantes del cuerpo legislativo. Tanto en el debate parlamentario, como en el escenario mediático que se fabrico a partir de la renuncia de uno de sus integrantes y de la desobediencia política, de otro.
Los debates de ideas, y en menor proporción, las confrontaciones entre fuerzas políticas y aun los recursos de la retórica efectista, suelen ser elementos que por lo general ayudan a decantar los procesos de maduración que deben vivir las sociedades para establecer determinados valores o ideas fuerzas sobre los que avanzar en su consolidación democrática.
Sin un debate de ideas desarrollado en profundidad, los valores esenciales sobre los que debe asentarse una sociedad democrática, no alcanzan a configurarse como parte de su acervo cultural. Y sin las confrontaciones de proyectos políticos y los recursos de la retórica efectista, desarrollados con honestidad intelectual, es imposible lograr instalar con la firmeza suficiente, esos valores permanentes que deben superar el ciclo vital siempre breve de los seres humanos.
Sin ubicar en el centro del debate, que desde el punto de vista ético y político, el valor de la Justicia para los crímenes del terrorismo de Estado es un elemento innegociable del modelo cultural que se debe aspirar, no es posible que florezca un verdadero debate de ideas que contribuya a superar ciertos anacronismos existentes aun en propuestas consideradas progresistas. Si no tenemos la intelectual honestidad, de poner en el centro de nuestras preocupaciones y nuestros análisis, que lo que debió estar desde siempre orientando cada uno de nuestras acciones para transformar la sociedad, es qué país queremos, que modelo de convivencia social y sobre que valores debía asentarse, será dificultoso avanzar en un debate serio y constructivo con una perspectiva que escape a las visiones miopes o egocéntricas.
Con estas precisiones, es importante analizar algunos de los argumentos que mal acompañaron este proceso de aprobación en el senado del proyecto de ley interpretativa.
Dentro de esos argumentos, encontraremos claros ejemplos de lo que Vaz Ferreira, en la tradición de las falacias, ubicaba como el razonamiento paralógico , una dimensión del discurso falaz, que incurre en el error de falsa oposición.
Los recursos de la retórica, lograron con la complicidad de los grandes medios de comunicación, eliminar del análisis, la pregunta crucial, de si es posible consolidar y profundizar la democracia con impunidad.
Según la lógica históricamente sostenida por los partidos de la oposición, salvo muy contadas excepciones, la impunidad de los crímenes cometidos por la dictadura, fue el precio que debió asumir – y debe seguir asumiendo-, toda la sociedad para lograr la paz y la reconciliación. Ese precio que asumió la mayoría parlamentaria el 22 de diciembre de 1986, por la vía de los hechos o los acuerdos secretos, se debió asumir luego de fracasar en los intentos de democracia directa llevados a cabo en 1989 y 2010, por toda la ciudadanía.
Más habilidoso en el uso de los recursos de la retórica, se manifestó la oposición a que el Uruguay termine con la impunidad, por parte de integrantes del partido de gobierno: el proyecto de ley no logra el objetivo de terminar con la impunidad.
Dos posicionamientos que se presentan como antagónicos, en realidad confluyen en una misma lógica, más allá que unos no voten el proyecto interpretativo y el otro lo hagan por disciplina partidaria.
Sobre la lógica de la conducción de los partidos que históricamente han tenido un inequívoco compromiso con la impunidad desde la aprobación en 1986 de la ley de caducidad, mucho se ha discutido. Solo interesa destacar, que quienes obstinadamente bregan por la eliminación de la ley de caducidad, lo han hecho desde su oposición a que la verdad y la justicia sea una suerte de moneda de cambio. Dicho de otra manera no aceptaron esa renuncia implícita en la falsa oposición y desde esa posición respetando la existencia de la ley de caducidad, no se resignaron. Cuando las leyes se respetan, solo quiere decir que no se desacatan contra ella. Nadie intentó, hacer justicia por mano propia, o intentó saber el donde, el como, el cuando, el porque y el quien, mediante recursos prohibidos por las leyes existentes. Porque reconocieron la existencia de la ley 15.848, pero no se resignaron, recorrieron sedes judiciales penales, civiles, contenciosos y hasta de familia, a nivel nacional e internacional. Elevaron petitorios, hicieron manifestaciones, solicitadas en la prensa, etc. De este periplo, no tienen – por supuesto -, ninguna cicatriz de ninguna bala que exhibir, tan solo dolor en el alma de desaires, negativas y complicidades de la mayoría de los gobiernos y silencios e indiferencias de otros.
Seguramente todos los que siguieron ejerciendo el digno derecho de rebelarse contra la injusticia, leyeron con esperanza el programa de la izquierda que decía que la impunidad constituía una amenaza para la vida democrática y sumaron su voto para que eso no fuera así. Y porque no, también sufrieron el consiguiente desasosiego, cuando en un congreso de esa fuerza política, previó a las anteriores elecciones, se argumento (otra vez el recurso paralógico) en contra, a explicitar la forma en que se cumpliría con las obligaciones internacionales que indicaban que se debía quitar de nuestro orden interno la ley de caducidad por ser incompatible con nuestra Constitución y los compromisos asumidos ante la comunidad internacional.
Resumiendo, no firmaron ni acordaron nada que significará que el “acatamiento” a esa norma de nuestro ordenamiento jurídico, implicaba e implica renunciar a modificar esa situación creada. Ya sea buscando los resquicios que permitieran hacer lo que los redactores y sostenedores de esa norma no querían que se hiciera, o creando las condiciones políticas para librarse de esa norma. Si alguien así lo hizo, corre por su cuenta. Nadie puede apropiarse ni del dolor ajeno ni del derecho de los demás, para administrarlo a su antojo.
En nuestro país, por ejemplo, tras casi veinte años de acción organizada, recién en 1932 las mujeres obtuvieron el derecho a voto. En esos 20 años de lucha para materializar el voto femenino, las mujeres “acataron” esa limitación. No forzaron ninguna mesa de votación para que le permitieran votar, pero no se resignaron y lucharon como pudieron para conquistar ese derecho. A no confundir, entonces. Respetar una norma, no impide el ejercicio del derecho de hacer en el marco de la ley, todo lo que es posible para cambiarla. Eso es lo que se ha estado haciendo.
Otro argumento falaz. Resulta incongruente sostener, como argumento para no votarlo, que el instrumento de la ley interpretativa no soluciona el tema de la impunidad. Solo puede sostenerse eso, partiendo de la base que quienes sostienen eso, están contra la impunidad. O dicho de otra manera, comparten la preocupación y la necesidad que impere la acción de la justicia ante los crímenes de lesa humanidad, y en cada una de sus acciones y dichos son consecuentes con ello. ¿Cuál es la norma adecuada? ¿Se propuso otro texto? ¿En los casi 7 años que lleva la izquierda en el gobierno, se presentó alguna propuesta mas efectiva y eficaz? No, es la respuesta.
Ante esa realidad indiscutible, se pasó rápidamente al argumento del respeto a la decisión del soberano. Se dice que la ley interpretativa, debía ser objeto de un referéndum ¿Es que la decisión del soberano que se plantea como elemento fundamental, hace que la ley interpretativa actual, sea más eficaz, la libra del carácter “mamarachesco” que se le atribuye?
Una consulta popular, ni la santifica ni la hace más “prolija”, aprobándola. Tampoco la hace idónea para mantener la impunidad, rechazándola, por una razón que no se ha querido asumir: que no puede haber norma jurídica ni disposición constitucional que pueda quitar a los seres humanos derechos inherentes a la condición humana. Esto es lo que no han entendido o no aceptan, quienes sostienen esos argumentos para intentar justificar su conducta.
No lo han entendido, no admiten, que hay derechos inherentes al ser humano que son inderogables, que están fuera de lo decidible por ellos. De ahí, que solo desde el punto de vista de una dialéctica engañosa, pueda sostenerse que la aprobación de la citada norma afecta el instrumento de la democracia directa. El recurso de la democracia directa, como lo sostiene nuestra Suprema Corte de Justicia y la Corte Interamericana, lo que no puede hacer es decidir que una persona, no es un ser humano y que como tal no tiene determinados derechos inherentes a esa condición. Por esa razón, nada ni nadie puede decidir que un ser humano puede, por ejemplo, ser objeto de esclavitud. Otras cosas de la vida del país, por supuesto que siguen estando en la orbita de lo decidible ya sea por medios parlamentarios o de democracia directa.
La ley interpretativa con seguridad será finalmente aprobada. De esa manera quedaran abiertos todos los recursos y medios que posibilita la existencia de un ejercicio pleno de sus atribuciones del sistema judicial uruguayo y aquellos conformados por la comunidad internacional, sin distinciones. Seguramente el desenlace de ese proceso, ayude a clarificar confusiones que no siempre se formulan honestamente y finalmente se entienda que la soberanía de los Estados, dejo de ser un concepto absoluto, desde que el avance del derecho humanitario estableció normas y principios que no pueden ser manejados arbitrariamente por parte de los Estados y quienes desde él, se consideran dueños de los derechos ajenos. Puede resultar incomodo para quien pensó, que a determinadas personas responsables de graves violaciones a los derechos humanos, se les podía conceder algún instrumento o acuerdo que les asegure la impunidad. De esa incomodidad, sólo se sale actuando con la modestia y la humildad que permitan asumir que en los procesos históricos, son los pueblos los que determinan los rumbos y no quienes se erigen en administradores de sus derechos.
Raúl Olivera Alfaro.
Asesor de la Secretaria de DD-HH y Políticas Sociales del PIT-CNT.
El lenguaje es un poderoso instrumento de clasificación, y, al suministrarnos los nombres generales, nos ofrece, ya hechas, las clasificaciones elaboradas poco a poco por la inteligencia de todos nuestros antecesores. Además, el lenguaje es, también, un poderoso instrumento de análisis, porque la necesidad de expresar nuestras ideas las aclara y define en nuestro espíritu. Estos servicios, que no son los únicos que presta, pueden bastar para hacer comprender la utilidad inapreciable del lenguaje.
(Vaz Ferreira).
La sanción en la cámara de senadores del proyecto de ley que busca, corregir la grave anomalía existente en nuestro ordenamiento jurídico y un aspecto de la sentencia de la Corte Interamericana, es un paso muy importante. Su importancia, no debe ser calibrada solamente en función de lo que para una mirada muy superficial, parece estar destinada a amparar: las victimas directas del terrorismo de Estado
De esa manera, parece empezar a cerrarse una etapa de la vida del país, e iniciarse otra cargada de nuevos desafíos y complejidades. Esos desafíos deberán resolverse de una manera tal, que permita a su vez, instalar definitivamente una nueva cultura con relación a los derechos humanos.
No será esa una tarea fácil, habida cuenta de las argumentaciones y los recursos de la retórica empleados, por parte de algunos integrantes del cuerpo legislativo. Tanto en el debate parlamentario, como en el escenario mediático que se fabrico a partir de la renuncia de uno de sus integrantes y de la desobediencia política, de otro.
Los debates de ideas, y en menor proporción, las confrontaciones entre fuerzas políticas y aun los recursos de la retórica efectista, suelen ser elementos que por lo general ayudan a decantar los procesos de maduración que deben vivir las sociedades para establecer determinados valores o ideas fuerzas sobre los que avanzar en su consolidación democrática.
Sin un debate de ideas desarrollado en profundidad, los valores esenciales sobre los que debe asentarse una sociedad democrática, no alcanzan a configurarse como parte de su acervo cultural. Y sin las confrontaciones de proyectos políticos y los recursos de la retórica efectista, desarrollados con honestidad intelectual, es imposible lograr instalar con la firmeza suficiente, esos valores permanentes que deben superar el ciclo vital siempre breve de los seres humanos.
Sin ubicar en el centro del debate, que desde el punto de vista ético y político, el valor de la Justicia para los crímenes del terrorismo de Estado es un elemento innegociable del modelo cultural que se debe aspirar, no es posible que florezca un verdadero debate de ideas que contribuya a superar ciertos anacronismos existentes aun en propuestas consideradas progresistas. Si no tenemos la intelectual honestidad, de poner en el centro de nuestras preocupaciones y nuestros análisis, que lo que debió estar desde siempre orientando cada uno de nuestras acciones para transformar la sociedad, es qué país queremos, que modelo de convivencia social y sobre que valores debía asentarse, será dificultoso avanzar en un debate serio y constructivo con una perspectiva que escape a las visiones miopes o egocéntricas.
Con estas precisiones, es importante analizar algunos de los argumentos que mal acompañaron este proceso de aprobación en el senado del proyecto de ley interpretativa.
Dentro de esos argumentos, encontraremos claros ejemplos de lo que Vaz Ferreira, en la tradición de las falacias, ubicaba como el razonamiento paralógico , una dimensión del discurso falaz, que incurre en el error de falsa oposición.
Los recursos de la retórica, lograron con la complicidad de los grandes medios de comunicación, eliminar del análisis, la pregunta crucial, de si es posible consolidar y profundizar la democracia con impunidad.
Según la lógica históricamente sostenida por los partidos de la oposición, salvo muy contadas excepciones, la impunidad de los crímenes cometidos por la dictadura, fue el precio que debió asumir – y debe seguir asumiendo-, toda la sociedad para lograr la paz y la reconciliación. Ese precio que asumió la mayoría parlamentaria el 22 de diciembre de 1986, por la vía de los hechos o los acuerdos secretos, se debió asumir luego de fracasar en los intentos de democracia directa llevados a cabo en 1989 y 2010, por toda la ciudadanía.
Más habilidoso en el uso de los recursos de la retórica, se manifestó la oposición a que el Uruguay termine con la impunidad, por parte de integrantes del partido de gobierno: el proyecto de ley no logra el objetivo de terminar con la impunidad.
Dos posicionamientos que se presentan como antagónicos, en realidad confluyen en una misma lógica, más allá que unos no voten el proyecto interpretativo y el otro lo hagan por disciplina partidaria.
Sobre la lógica de la conducción de los partidos que históricamente han tenido un inequívoco compromiso con la impunidad desde la aprobación en 1986 de la ley de caducidad, mucho se ha discutido. Solo interesa destacar, que quienes obstinadamente bregan por la eliminación de la ley de caducidad, lo han hecho desde su oposición a que la verdad y la justicia sea una suerte de moneda de cambio. Dicho de otra manera no aceptaron esa renuncia implícita en la falsa oposición y desde esa posición respetando la existencia de la ley de caducidad, no se resignaron. Cuando las leyes se respetan, solo quiere decir que no se desacatan contra ella. Nadie intentó, hacer justicia por mano propia, o intentó saber el donde, el como, el cuando, el porque y el quien, mediante recursos prohibidos por las leyes existentes. Porque reconocieron la existencia de la ley 15.848, pero no se resignaron, recorrieron sedes judiciales penales, civiles, contenciosos y hasta de familia, a nivel nacional e internacional. Elevaron petitorios, hicieron manifestaciones, solicitadas en la prensa, etc. De este periplo, no tienen – por supuesto -, ninguna cicatriz de ninguna bala que exhibir, tan solo dolor en el alma de desaires, negativas y complicidades de la mayoría de los gobiernos y silencios e indiferencias de otros.
Seguramente todos los que siguieron ejerciendo el digno derecho de rebelarse contra la injusticia, leyeron con esperanza el programa de la izquierda que decía que la impunidad constituía una amenaza para la vida democrática y sumaron su voto para que eso no fuera así. Y porque no, también sufrieron el consiguiente desasosiego, cuando en un congreso de esa fuerza política, previó a las anteriores elecciones, se argumento (otra vez el recurso paralógico) en contra, a explicitar la forma en que se cumpliría con las obligaciones internacionales que indicaban que se debía quitar de nuestro orden interno la ley de caducidad por ser incompatible con nuestra Constitución y los compromisos asumidos ante la comunidad internacional.
Resumiendo, no firmaron ni acordaron nada que significará que el “acatamiento” a esa norma de nuestro ordenamiento jurídico, implicaba e implica renunciar a modificar esa situación creada. Ya sea buscando los resquicios que permitieran hacer lo que los redactores y sostenedores de esa norma no querían que se hiciera, o creando las condiciones políticas para librarse de esa norma. Si alguien así lo hizo, corre por su cuenta. Nadie puede apropiarse ni del dolor ajeno ni del derecho de los demás, para administrarlo a su antojo.
En nuestro país, por ejemplo, tras casi veinte años de acción organizada, recién en 1932 las mujeres obtuvieron el derecho a voto. En esos 20 años de lucha para materializar el voto femenino, las mujeres “acataron” esa limitación. No forzaron ninguna mesa de votación para que le permitieran votar, pero no se resignaron y lucharon como pudieron para conquistar ese derecho. A no confundir, entonces. Respetar una norma, no impide el ejercicio del derecho de hacer en el marco de la ley, todo lo que es posible para cambiarla. Eso es lo que se ha estado haciendo.
Otro argumento falaz. Resulta incongruente sostener, como argumento para no votarlo, que el instrumento de la ley interpretativa no soluciona el tema de la impunidad. Solo puede sostenerse eso, partiendo de la base que quienes sostienen eso, están contra la impunidad. O dicho de otra manera, comparten la preocupación y la necesidad que impere la acción de la justicia ante los crímenes de lesa humanidad, y en cada una de sus acciones y dichos son consecuentes con ello. ¿Cuál es la norma adecuada? ¿Se propuso otro texto? ¿En los casi 7 años que lleva la izquierda en el gobierno, se presentó alguna propuesta mas efectiva y eficaz? No, es la respuesta.
Ante esa realidad indiscutible, se pasó rápidamente al argumento del respeto a la decisión del soberano. Se dice que la ley interpretativa, debía ser objeto de un referéndum ¿Es que la decisión del soberano que se plantea como elemento fundamental, hace que la ley interpretativa actual, sea más eficaz, la libra del carácter “mamarachesco” que se le atribuye?
Una consulta popular, ni la santifica ni la hace más “prolija”, aprobándola. Tampoco la hace idónea para mantener la impunidad, rechazándola, por una razón que no se ha querido asumir: que no puede haber norma jurídica ni disposición constitucional que pueda quitar a los seres humanos derechos inherentes a la condición humana. Esto es lo que no han entendido o no aceptan, quienes sostienen esos argumentos para intentar justificar su conducta.
No lo han entendido, no admiten, que hay derechos inherentes al ser humano que son inderogables, que están fuera de lo decidible por ellos. De ahí, que solo desde el punto de vista de una dialéctica engañosa, pueda sostenerse que la aprobación de la citada norma afecta el instrumento de la democracia directa. El recurso de la democracia directa, como lo sostiene nuestra Suprema Corte de Justicia y la Corte Interamericana, lo que no puede hacer es decidir que una persona, no es un ser humano y que como tal no tiene determinados derechos inherentes a esa condición. Por esa razón, nada ni nadie puede decidir que un ser humano puede, por ejemplo, ser objeto de esclavitud. Otras cosas de la vida del país, por supuesto que siguen estando en la orbita de lo decidible ya sea por medios parlamentarios o de democracia directa.
La ley interpretativa con seguridad será finalmente aprobada. De esa manera quedaran abiertos todos los recursos y medios que posibilita la existencia de un ejercicio pleno de sus atribuciones del sistema judicial uruguayo y aquellos conformados por la comunidad internacional, sin distinciones. Seguramente el desenlace de ese proceso, ayude a clarificar confusiones que no siempre se formulan honestamente y finalmente se entienda que la soberanía de los Estados, dejo de ser un concepto absoluto, desde que el avance del derecho humanitario estableció normas y principios que no pueden ser manejados arbitrariamente por parte de los Estados y quienes desde él, se consideran dueños de los derechos ajenos. Puede resultar incomodo para quien pensó, que a determinadas personas responsables de graves violaciones a los derechos humanos, se les podía conceder algún instrumento o acuerdo que les asegure la impunidad. De esa incomodidad, sólo se sale actuando con la modestia y la humildad que permitan asumir que en los procesos históricos, son los pueblos los que determinan los rumbos y no quienes se erigen en administradores de sus derechos.
Raúl Olivera Alfaro.
Asesor de la Secretaria de DD-HH y Políticas Sociales del PIT-CNT.
lunes, 11 de abril de 2011
TEXTO ESCRITO PARA ACTO DEL 11 DE ABRIL DEL PIT-CNT
Buenas noches a todas y todos.
Nuestro agradecimiento por estar hoy en nuestra casa, que es la de ustedes. Nos reconforta vuestra presencia de hoy, de ayer y de siempre, por que sin ella, como dice la canción no habría milagro.
Nos hemos convocado hoy, para reencontrarnos, para reafirmar compromisos, y porque no, para estrecharnos en ese abrazo apretado con el que expresamos en todos estos años, eso tan simple y a la vez tan imprescindible de hacernos sentir que no estamos solos, eso que se llama solidaridad.
Como movimiento sindical hemos entendido que nos encontramos en un momento muy especial de la lucha contra la impunidad.
Un momento, en el que se condensan los esfuerzos de mucha gente que colectivamente o individualmente puso sus mejores esfuerzos por una causa justa y trascendente.
Cuando se dan momentos como estos, es importante estar juntos para poder hacer el resumen de lo vivido, del camino recorrido y sobre todo de cómo continuar en los desafíos futuros que sin dudas nos esperan.
Pero para eso hay tiempo, porque hay aún algunos hechos que deben terminar su proceso. Mañana el Senado votará seguramente la ley interpretativa que empezará a poner fin a la existencia de la ley de caducidad y una cultura de impunidad que afectó los valores fundamentales de nuestra sociedad.
Y seguramente luego de haber reclamado en multitudinarias marchas del silencio durante muchos años, tendremos un 20 de mayo sin ley de caducidad.
Por esa razón, hoy hemos preferido no hacer discursos de balance y perspectivas. Sólo recordaremos.
Dicen que recordar es volver a traer al corazón. Por eso hemos recordado este mural con la frase del reclamo que le realizara Fito Paez al entonces presidente Sanguinetti en septiembre de 1999, para que abandonando su afirmación de que en Uruguay no habían desaparecido niños, nos ayudara a encontrar a la nieta de Juan Gelman.
SI VUELVE LA LUZ…NOS VA A ALUMBRAR A TODOS.
Esta frase, que en el mural se repetía bajo el vientre de María Claudia, que cobijaba a Macarena, sirvió para sintetizar en 1999 una consigna que orientó la lucha del movimiento popular contra la impunidad.
Estamos convencidos que derrotar las distintas formas en que actuó la impunidad en nuestro país, fue y es una batalla constante que ocupara el escenario social, político y jurídico. En esos escenarios complejos y de lucha muchas veces desigual, encontró en determinados casos de violaciones a los derechos humanos, posibilidades de ir avanzando e ir abriendo grietas en los cimientos de una impunidad que se pretendía eterna e inamovible.
El combate contra la impunidad ha sido y es una suerte de carrera de postas, donde distintos casos de detenidos-desaparecidos o asesinados por la dictadura, parecen haberse puesto de acuerdo para ir recorriendo y eliminando obstáculos en un camino en el que se han puesto constantemente fuerzas muy poderosas.
Los casos de Elena Quinteros, Nibia Sabalzagaray, Adalberto Soba, los fusilados de Soca, las ejecuciones de la Seccional 20, los asesinatos de Michelini, Gutiérrez Ruiz, Withelaw y Barredo, la búsqueda y recuperación de los niños apropiados y el propio caso de María Claudia, entre otros, son ejemplos de esa forma en que se fue y se seguirá entretejiendo y fortaleciendo el cerco a la cultura de impunidad.
Se trató de esfuerzos sostenidos durante muchísimos años, por las víctimas, sus familiares, periodistas, abogados, investigadores, organizaciones sociales, desde la cultura, operadores del sistema judicial, desde la solidaridad internacional y actores políticos.
A comienzos del 2000, la luz que el Estado y el gobierno de Sanguinetti tenía la obligación de encender, debimos encenderla desde la sociedad civil. Fue así que recuperamos a Macarena una joven nacida en las cárceles clandestinas de la dictadura uruguaya en 1976, del vientre de una joven argentina trasladada en forma ilegal y posteriormente asesinada cobardemente.
Ubicarnos acertadamente en el nuevo escenario que se instaló en el Uruguay, con la recuperación de Macarena, es lo que nos permite estar donde hoy estamos.
Esa luz que nos alumbró a todos, fue un fuego que debió ser mantenido. Que necesitó fogoneros que lo alimentaran.
Durante once años, esa luz fue alumbrando el trecho de un largo camino. En el que encontramos a Macarena y a Simón;se entró a los cuarteles; rescatamos los restos de Ubagesner Chavez Sosa y Fernando Miranda; logramos los procesamientos de algunos violadores a los derechos humanos; se determinó la inconstitucionalidad de la ley de caducidad por la Suprema Corte de Justicia; se dio el reencuentro de Mariana con su historia; se materializó el reconocimiento por la Corte Interamericana de que tenemos razón en lo que hemos reclamado durante tantos años al Estado uruguayo; contribuimos a la sentencia en la Argentina en la causa ”Automotores Orletti”, entre otros logros.
También, sufrimos reveses y fracasos.
Alguien dijo con justeza que la razón no puede prosperar sin esperanza, ni la esperanza sin razón.
La razón y la esperanza fue aportada por todos y cada uno de aquellos que comprendimos que el problema de los Derechos Humanos rebasó y rebasa las fronteras y las competencias de los ámbitos ético, político o jurídico, para ubicarse en el lugar de los requisitos indispensables de cualquier sociedad que se pretenda democrática.
Por esa razón, creemos que hoy era de justicia hacer un homenaje a todos aquellos que desde los distintos lugares, oficiaron de fogoneros de esa lumbre que empieza a transformarse en llama.
No es una tarea fácil simbolizar eso. Nos inclinamos por hacerlo mediante el recuerdo a algunas personas – no son todas por supuesto- que pueden simbolizar eso que queremos hoy reconocer. Asumimos el riesgo de seguramente ser injustos con algunas omisiones, pero estamos convencidos de ser justos, con los que nombramos.
Nos hemos inclinando por aquellos compañeros, que su ciclo vital, siempre injusto e irreparable, no pudo esperar el ciclo siempre demorón y tímido, de los tiempos políticos.
Sin la labor indoblegable de esas madres de la vida, como:
Blanca Artigas, Elena Bonavita, Elisa Dellepiane de Michelini, Disnarda Flores de Tassino, Maria Elena Antuña de Gatti, Quica Errandonea, Maria Esther Gatti, Irma Hernandez, Luz Ibarbouru, Angelica Julien, Violeta Malugani, Tota Quinteros.
Sin los testimonios y las denuncias como las del infatigable Enrique Rodríguez Larreta.
Sin la denuncia valerosa desde los micrófonos de una radio de periodistas como Germán Araujo.
Sin el discurso encendido e intransigente de políticos como Hugo Cores
Sin el pensamiento y la acción clara y justa desde los estrados judiciales de Jacinta Balbela de Delgue
Sin la poesía hecha arma de lucha de poetas como Mario Benedetti.
Sin el canto comprometido que denuncia de cantores populares como José Carbajal.
Sin labor comprometida desde la iglesia de religiosos como Perico Pérez Aguirre
Sin el compromiso de abogados que batallaron en los estrados judiciales como Graciela Borrat
Sin el pensamiento claro de militares democráticos como el del general Victor Licandro
Sin organizaciones que respondan al legado y compromiso con los desposeídos como el movimiento sindical simbolizado en la figura de José Pepe D´Elia
Sin el aporte de todos nosotros en la lucha cotidiana en los distintos ámbitos sociales
Sin el ejemplo de vida y compromiso de los desaparecidos y asesinados por la dictadura…
No hubiera sido posible la esperanza y la razón.
GRACIAS A TODOS ELLOS
Nuestro agradecimiento por estar hoy en nuestra casa, que es la de ustedes. Nos reconforta vuestra presencia de hoy, de ayer y de siempre, por que sin ella, como dice la canción no habría milagro.
Nos hemos convocado hoy, para reencontrarnos, para reafirmar compromisos, y porque no, para estrecharnos en ese abrazo apretado con el que expresamos en todos estos años, eso tan simple y a la vez tan imprescindible de hacernos sentir que no estamos solos, eso que se llama solidaridad.
Como movimiento sindical hemos entendido que nos encontramos en un momento muy especial de la lucha contra la impunidad.
Un momento, en el que se condensan los esfuerzos de mucha gente que colectivamente o individualmente puso sus mejores esfuerzos por una causa justa y trascendente.
Cuando se dan momentos como estos, es importante estar juntos para poder hacer el resumen de lo vivido, del camino recorrido y sobre todo de cómo continuar en los desafíos futuros que sin dudas nos esperan.
Pero para eso hay tiempo, porque hay aún algunos hechos que deben terminar su proceso. Mañana el Senado votará seguramente la ley interpretativa que empezará a poner fin a la existencia de la ley de caducidad y una cultura de impunidad que afectó los valores fundamentales de nuestra sociedad.
Y seguramente luego de haber reclamado en multitudinarias marchas del silencio durante muchos años, tendremos un 20 de mayo sin ley de caducidad.
Por esa razón, hoy hemos preferido no hacer discursos de balance y perspectivas. Sólo recordaremos.
Dicen que recordar es volver a traer al corazón. Por eso hemos recordado este mural con la frase del reclamo que le realizara Fito Paez al entonces presidente Sanguinetti en septiembre de 1999, para que abandonando su afirmación de que en Uruguay no habían desaparecido niños, nos ayudara a encontrar a la nieta de Juan Gelman.
SI VUELVE LA LUZ…NOS VA A ALUMBRAR A TODOS.
Esta frase, que en el mural se repetía bajo el vientre de María Claudia, que cobijaba a Macarena, sirvió para sintetizar en 1999 una consigna que orientó la lucha del movimiento popular contra la impunidad.
Estamos convencidos que derrotar las distintas formas en que actuó la impunidad en nuestro país, fue y es una batalla constante que ocupara el escenario social, político y jurídico. En esos escenarios complejos y de lucha muchas veces desigual, encontró en determinados casos de violaciones a los derechos humanos, posibilidades de ir avanzando e ir abriendo grietas en los cimientos de una impunidad que se pretendía eterna e inamovible.
El combate contra la impunidad ha sido y es una suerte de carrera de postas, donde distintos casos de detenidos-desaparecidos o asesinados por la dictadura, parecen haberse puesto de acuerdo para ir recorriendo y eliminando obstáculos en un camino en el que se han puesto constantemente fuerzas muy poderosas.
Los casos de Elena Quinteros, Nibia Sabalzagaray, Adalberto Soba, los fusilados de Soca, las ejecuciones de la Seccional 20, los asesinatos de Michelini, Gutiérrez Ruiz, Withelaw y Barredo, la búsqueda y recuperación de los niños apropiados y el propio caso de María Claudia, entre otros, son ejemplos de esa forma en que se fue y se seguirá entretejiendo y fortaleciendo el cerco a la cultura de impunidad.
Se trató de esfuerzos sostenidos durante muchísimos años, por las víctimas, sus familiares, periodistas, abogados, investigadores, organizaciones sociales, desde la cultura, operadores del sistema judicial, desde la solidaridad internacional y actores políticos.
A comienzos del 2000, la luz que el Estado y el gobierno de Sanguinetti tenía la obligación de encender, debimos encenderla desde la sociedad civil. Fue así que recuperamos a Macarena una joven nacida en las cárceles clandestinas de la dictadura uruguaya en 1976, del vientre de una joven argentina trasladada en forma ilegal y posteriormente asesinada cobardemente.
Ubicarnos acertadamente en el nuevo escenario que se instaló en el Uruguay, con la recuperación de Macarena, es lo que nos permite estar donde hoy estamos.
Esa luz que nos alumbró a todos, fue un fuego que debió ser mantenido. Que necesitó fogoneros que lo alimentaran.
Durante once años, esa luz fue alumbrando el trecho de un largo camino. En el que encontramos a Macarena y a Simón;se entró a los cuarteles; rescatamos los restos de Ubagesner Chavez Sosa y Fernando Miranda; logramos los procesamientos de algunos violadores a los derechos humanos; se determinó la inconstitucionalidad de la ley de caducidad por la Suprema Corte de Justicia; se dio el reencuentro de Mariana con su historia; se materializó el reconocimiento por la Corte Interamericana de que tenemos razón en lo que hemos reclamado durante tantos años al Estado uruguayo; contribuimos a la sentencia en la Argentina en la causa ”Automotores Orletti”, entre otros logros.
También, sufrimos reveses y fracasos.
Alguien dijo con justeza que la razón no puede prosperar sin esperanza, ni la esperanza sin razón.
La razón y la esperanza fue aportada por todos y cada uno de aquellos que comprendimos que el problema de los Derechos Humanos rebasó y rebasa las fronteras y las competencias de los ámbitos ético, político o jurídico, para ubicarse en el lugar de los requisitos indispensables de cualquier sociedad que se pretenda democrática.
Por esa razón, creemos que hoy era de justicia hacer un homenaje a todos aquellos que desde los distintos lugares, oficiaron de fogoneros de esa lumbre que empieza a transformarse en llama.
No es una tarea fácil simbolizar eso. Nos inclinamos por hacerlo mediante el recuerdo a algunas personas – no son todas por supuesto- que pueden simbolizar eso que queremos hoy reconocer. Asumimos el riesgo de seguramente ser injustos con algunas omisiones, pero estamos convencidos de ser justos, con los que nombramos.
Nos hemos inclinando por aquellos compañeros, que su ciclo vital, siempre injusto e irreparable, no pudo esperar el ciclo siempre demorón y tímido, de los tiempos políticos.
Sin la labor indoblegable de esas madres de la vida, como:
Blanca Artigas, Elena Bonavita, Elisa Dellepiane de Michelini, Disnarda Flores de Tassino, Maria Elena Antuña de Gatti, Quica Errandonea, Maria Esther Gatti, Irma Hernandez, Luz Ibarbouru, Angelica Julien, Violeta Malugani, Tota Quinteros.
Sin los testimonios y las denuncias como las del infatigable Enrique Rodríguez Larreta.
Sin la denuncia valerosa desde los micrófonos de una radio de periodistas como Germán Araujo.
Sin el discurso encendido e intransigente de políticos como Hugo Cores
Sin el pensamiento y la acción clara y justa desde los estrados judiciales de Jacinta Balbela de Delgue
Sin la poesía hecha arma de lucha de poetas como Mario Benedetti.
Sin el canto comprometido que denuncia de cantores populares como José Carbajal.
Sin labor comprometida desde la iglesia de religiosos como Perico Pérez Aguirre
Sin el compromiso de abogados que batallaron en los estrados judiciales como Graciela Borrat
Sin el pensamiento claro de militares democráticos como el del general Victor Licandro
Sin organizaciones que respondan al legado y compromiso con los desposeídos como el movimiento sindical simbolizado en la figura de José Pepe D´Elia
Sin el aporte de todos nosotros en la lucha cotidiana en los distintos ámbitos sociales
Sin el ejemplo de vida y compromiso de los desaparecidos y asesinados por la dictadura…
No hubiera sido posible la esperanza y la razón.
GRACIAS A TODOS ELLOS
miércoles, 30 de marzo de 2011
VICTOR LICANDRO: EL DESAFIO DE VENCER UNA AUSENCIA.
Pertenecemos a una generación en la que llega un momento, en que nuestra vida, amenaza a convertirse en una larga lista: la de los compañeros muertos, asesinados o desaparecidos.
Esas ausencias, por razones de los tiempos biológicos o la sinrazón del terrorismo de Estado, llegan a ser tantas que poco a poco nos invade la sensación de empezar a quedarnos solos en el mundo.
Entonces llega el momento en que es necesario reorientarnos, pero no siempre lo conseguimos a tiempo.
Apelamos a la memoria del pasado y a la imaginación del futuro, pero no es fácil.
Licandro era un “duro”. Un ser humano que no se doblegaba de sus convicciones más profundas y justicieras.
Alguien dijo, que nada alimenta más el olvido que las experiencias del horror que viven las sociedades. Porque todos callamos y muchos se esfuerzan en tratar de convencernos de que lo que hemos visto, lo que hemos hecho, lo que hemos aprendido de nosotros mismos y de los demás, es una ilusión.
Licandro, era un memorioso que batallaba contra el olvido. En esa tarea, para muchos, fue un ser incomodo y molesto.
A partir de su formación militar, entendió que las guerras no tienen memoria y que el imperialismo tiene un interés especial de que ellas en su esencia no sean comprendidas por los pueblos. Que desde los centros de poder se apuesta y se actúa para que no existan voces para contar lo que pasó en ellas. Entonces esperan el momento en que no se las reconozca y regresan, con otra cara y otro nombre a destruir lo que había sobrevivido.
Licandro era una de esas voces comprometidas y memoriosas.
Lo vamos a extrañar, pero mientras lo recordemos, seguirá vivo.
Raúl OLIVERA ALFARO
Esas ausencias, por razones de los tiempos biológicos o la sinrazón del terrorismo de Estado, llegan a ser tantas que poco a poco nos invade la sensación de empezar a quedarnos solos en el mundo.
Entonces llega el momento en que es necesario reorientarnos, pero no siempre lo conseguimos a tiempo.
Apelamos a la memoria del pasado y a la imaginación del futuro, pero no es fácil.
Licandro era un “duro”. Un ser humano que no se doblegaba de sus convicciones más profundas y justicieras.
Alguien dijo, que nada alimenta más el olvido que las experiencias del horror que viven las sociedades. Porque todos callamos y muchos se esfuerzan en tratar de convencernos de que lo que hemos visto, lo que hemos hecho, lo que hemos aprendido de nosotros mismos y de los demás, es una ilusión.
Licandro, era un memorioso que batallaba contra el olvido. En esa tarea, para muchos, fue un ser incomodo y molesto.
A partir de su formación militar, entendió que las guerras no tienen memoria y que el imperialismo tiene un interés especial de que ellas en su esencia no sean comprendidas por los pueblos. Que desde los centros de poder se apuesta y se actúa para que no existan voces para contar lo que pasó en ellas. Entonces esperan el momento en que no se las reconozca y regresan, con otra cara y otro nombre a destruir lo que había sobrevivido.
Licandro era una de esas voces comprometidas y memoriosas.
Lo vamos a extrañar, pero mientras lo recordemos, seguirá vivo.
Raúl OLIVERA ALFARO
viernes, 25 de marzo de 2011
CARTA ABIERTA A LOS COMPAÑEROS DE RUTA
Estimados compañeros: Todos y cada uno de nosotros en este casi cuarto de siglo en el que venimos batallando desde distintos ámbitos por verdad y justicia, hemos coincidido o discrepado en torno a las urgencias o los acentos que se debía imprimir a esa lucha tan vasta.
Muchas veces los reveses recibidos o los avances logrados, no nos han dejado tiempo para reflexionar juntos y de cada uno de los hechos vividos, sacar las conclusiones- que cuando son colectivas- son más “sabias” y sobre todo se incorporan con menos dificultades al patrimonio de los pueblos.
La reciente Sentencia de la Corte Interamericana condenando al Estado uruguayo, es a mi entender, en este tema de derrotar a la cultura de impunidad existente en nuestro país, el hecho político más trascendente de este último cuarto de siglo.
Sin embargo, al igual que los derechos consagrados en la Constitución y la legislación humanitaria y de derechos humanos, son letra muerta si los pueblos no luchan por hacerlos letra viva que establezca los limites a las diversas formas del autoritarismo estatal.
Aclarado esto, para atenuar las lecturas pesimistas o las muy optimistas, quiero referirme a este tema desde una óptica que no puede estar ausente.
La sentencia de la Corte Interamericana en un contencioso que se dirimía desde hace al menos 5 años ante la Corte Interamericana, en la que se condena al Estado uruguayo de varias violaciones de los derechos humanos en la persona de María Claudia García de Gelman y su familia biológica, me ha producido y supongo que también a muchas personas, sentimientos contradictorios. Por un lado alegría, orgullo y satisfacción, y por otro lado, tristeza, vergüenza e insatisfacción.
¿Que es lo que llena de tristeza, vergüenza e insatisfacción?
No puede sino darnos tristeza y vergüenza, que en esta tierra donde repetimos tantas veces la frase de Artigas de que los más infelices sean los más privilegiados, durante más de un cuarto de siglo hayamos permitido que se violaran impunemente los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial; al derecho a la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal, a la libertad personal, al derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la protección de la honra y de la dignidad, al nombre, la nacionalidad; al derecho a la protección de la familia, etc.
Nadie puede ser más infeliz que aquellos a los que le sustrajeron y le negaron derechos tan elementales como los que enumeramos anteriormente.
Pero decíamos al comienzo, que además de tristeza y vergüenza, sentíamos insatisfacción.
¿Por qué esa cuota de insatisfacción?
Porque como sociedad, como sistema político, no hemos tenido capacidad y coraje, para que esos infelices tuvieran el privilegio de ser atendidos en sus reiterados reclamos de Verdad y Justicia.
Admitamos, compañeros, que como sociedad, no hemos hecho honor a que los más infelices sean los más privilegiados.
Por supuesto, que nos hubiera gustado que esa condena por las omisiones y responsabilidades del Estado uruguayo no hubiera existido, o al menos que hubiéramos terminado con ellas mucho antes. Pero estamos a tiempo de asumir con la mayor diligencia posible, las obligaciones que correspondan.
Decía, que también sentía alegría, orgullo y satisfacción.
Alegría porque se enciende en el horizonte de muchas familias, una luz de esperanza. De familias que además de sufrir las consecuencias terribles de las practicas genocidas del terrorismo de Estado, sintieron con razón, que los poderes del Estado se confabulaban para profundizar esas heridas.
Orgullo, porque a pesar de lo que significa enfrentar a los poderes del Estado negándoles su derecho a la justicia y a la verdad, no entregamos ni arriamos esas banderas justicieras y fuimos capaces de construir las condiciones para que en algún lugar se nos reconociera esos derechos y se ordenara que nos sean restituidos.
Y también satisfacción, porque teníamos razón cuando sosteníamos que la impunidad sostenida por la nefasta Ley de caducidad, era violatoria de nuestra constitución y de los compromisos internacional que Uruguay acepto y se comprometió a respetar.
Satisfacción, porque a través de los que nos recuerda y nos exige como Estado la Sentencia de la Corte Interamericana, nos hablan y nos interpelan las Totas Quinteros, las Luz Ibarbouru, las Quicas Errandoneas, las Blancas Artigas y todas y todos los que con su ejemplo fueron madres de la vida.
Próximamente nuestro parlamento deberá dar un paso importantísimo para el prestigio del país y sus instituciones cuando tenga que expedirse sobre una ley que habilite a empezar a dar cumplimiento a lo que ha dispuesto por la Corte Interamericana.
El 22 de diciembre de 1986, en los alrededores del Palacio legislativo, los sables de los coraceros me quebraron un brazo. Cuando en ese mismo lugar, se termine con la existencia de la ley de caducidad, pienso estar ahí, para quebrarle la columna a la impunidad, sin sables ni garrotes: con la dignidad que se merecen los compañeros que fueron asesinados o desaparecidos. Espero que nos encontremos allí, con el convencimiento de que crearemos un mundo nuevo, porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones,
Fraternlmente
Raúl Olivera Alfaro
Muchas veces los reveses recibidos o los avances logrados, no nos han dejado tiempo para reflexionar juntos y de cada uno de los hechos vividos, sacar las conclusiones- que cuando son colectivas- son más “sabias” y sobre todo se incorporan con menos dificultades al patrimonio de los pueblos.
La reciente Sentencia de la Corte Interamericana condenando al Estado uruguayo, es a mi entender, en este tema de derrotar a la cultura de impunidad existente en nuestro país, el hecho político más trascendente de este último cuarto de siglo.
Sin embargo, al igual que los derechos consagrados en la Constitución y la legislación humanitaria y de derechos humanos, son letra muerta si los pueblos no luchan por hacerlos letra viva que establezca los limites a las diversas formas del autoritarismo estatal.
Aclarado esto, para atenuar las lecturas pesimistas o las muy optimistas, quiero referirme a este tema desde una óptica que no puede estar ausente.
La sentencia de la Corte Interamericana en un contencioso que se dirimía desde hace al menos 5 años ante la Corte Interamericana, en la que se condena al Estado uruguayo de varias violaciones de los derechos humanos en la persona de María Claudia García de Gelman y su familia biológica, me ha producido y supongo que también a muchas personas, sentimientos contradictorios. Por un lado alegría, orgullo y satisfacción, y por otro lado, tristeza, vergüenza e insatisfacción.
¿Que es lo que llena de tristeza, vergüenza e insatisfacción?
No puede sino darnos tristeza y vergüenza, que en esta tierra donde repetimos tantas veces la frase de Artigas de que los más infelices sean los más privilegiados, durante más de un cuarto de siglo hayamos permitido que se violaran impunemente los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial; al derecho a la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal, a la libertad personal, al derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la protección de la honra y de la dignidad, al nombre, la nacionalidad; al derecho a la protección de la familia, etc.
Nadie puede ser más infeliz que aquellos a los que le sustrajeron y le negaron derechos tan elementales como los que enumeramos anteriormente.
Pero decíamos al comienzo, que además de tristeza y vergüenza, sentíamos insatisfacción.
¿Por qué esa cuota de insatisfacción?
Porque como sociedad, como sistema político, no hemos tenido capacidad y coraje, para que esos infelices tuvieran el privilegio de ser atendidos en sus reiterados reclamos de Verdad y Justicia.
Admitamos, compañeros, que como sociedad, no hemos hecho honor a que los más infelices sean los más privilegiados.
Por supuesto, que nos hubiera gustado que esa condena por las omisiones y responsabilidades del Estado uruguayo no hubiera existido, o al menos que hubiéramos terminado con ellas mucho antes. Pero estamos a tiempo de asumir con la mayor diligencia posible, las obligaciones que correspondan.
Decía, que también sentía alegría, orgullo y satisfacción.
Alegría porque se enciende en el horizonte de muchas familias, una luz de esperanza. De familias que además de sufrir las consecuencias terribles de las practicas genocidas del terrorismo de Estado, sintieron con razón, que los poderes del Estado se confabulaban para profundizar esas heridas.
Orgullo, porque a pesar de lo que significa enfrentar a los poderes del Estado negándoles su derecho a la justicia y a la verdad, no entregamos ni arriamos esas banderas justicieras y fuimos capaces de construir las condiciones para que en algún lugar se nos reconociera esos derechos y se ordenara que nos sean restituidos.
Y también satisfacción, porque teníamos razón cuando sosteníamos que la impunidad sostenida por la nefasta Ley de caducidad, era violatoria de nuestra constitución y de los compromisos internacional que Uruguay acepto y se comprometió a respetar.
Satisfacción, porque a través de los que nos recuerda y nos exige como Estado la Sentencia de la Corte Interamericana, nos hablan y nos interpelan las Totas Quinteros, las Luz Ibarbouru, las Quicas Errandoneas, las Blancas Artigas y todas y todos los que con su ejemplo fueron madres de la vida.
Próximamente nuestro parlamento deberá dar un paso importantísimo para el prestigio del país y sus instituciones cuando tenga que expedirse sobre una ley que habilite a empezar a dar cumplimiento a lo que ha dispuesto por la Corte Interamericana.
El 22 de diciembre de 1986, en los alrededores del Palacio legislativo, los sables de los coraceros me quebraron un brazo. Cuando en ese mismo lugar, se termine con la existencia de la ley de caducidad, pienso estar ahí, para quebrarle la columna a la impunidad, sin sables ni garrotes: con la dignidad que se merecen los compañeros que fueron asesinados o desaparecidos. Espero que nos encontremos allí, con el convencimiento de que crearemos un mundo nuevo, porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones,
Fraternlmente
Raúl Olivera Alfaro
miércoles, 2 de marzo de 2011
LA IMPUNIDAD: lo que vendrá.
Por: Raúl Olivera Alfaro
Asesor de la Secretaria de Derechos Humanos del PIT-CNT (publicado en Trabajo y Utopía de Marzo 2011)
1.- Cuando este número de Trabajo & Utopía se encuentre en manos de los compañeros, posiblemente ya se habrá conocido la Sentencia condenatoria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, contra el Estado uruguayo. En nuestros dos últimos artículos tratamos de dar a conocer, mediante dos casos paradigmáticos considerados por esa Corte, los parámetros jurídicos a partir de los cuales fue resolviendo situaciones de demandas similares a la presentada por la familia de Maria Claudia García de Gelman.
Es poco previsible, aunque parecería que la fuerza política de gobierno lograría alinear sus fuerzas en torno a un proyecto de ley que busca restaurar el derecho a la justicia afectado por la existencia de la ley de caducidad.
Es de esperar, cuando se conozca el contenido de la Sentencia de la Corte, lecturas de la misma con acentos distintos, desde los actores políticos, sociales y gubernamentales. A nivel del gobierno, sin duda que se intentara leer y resaltar de la mencionada sentencia, aquellos aspectos que - con justeza –, reconocerá los avances que se han operado en materia de derechos humanos en las dos ultimas administraciones. A nivel de los actores políticos y sociales empeñados en terminar con la impunidad, se podrá el acento en aquellos aspectos que hacen a la obligación que tendrá el Uruguay de erradicar de nuestro ordenamiento jurídico interno la impunidad instalada desde el 22 de diciembre de 1986. Por otro lado, los sectores comprometidos históricamente con la impunidad – y otros incorporados a esa lógica últimamente -, se atrincheraran en el vetusto argumento del ex presidente Sanguinetti , de que ninguna norma internacional puede desconocer la voluntad expresada por la ciudadanía en un referéndum y un plebiscito.
Otros argumentos y lecturas, muchas veces desarrollados en los pasillos o en chismorreo descalificador, trataran de establecer que esta demanda solo tiene motivaciones pecuniarias.
2.- Desde estas páginas hemos intentado aportar elementos que nos permitan reflexionar juntos sobre estos temas. A partir de esa tarea de reflexionar, hemos estado en mejores condiciones, tanto para protestar, como para hacer conocer nuestras propuestas frente a los distintos problemas que han afectado a nuestra sociedad. Siempre hemos reclamando lo que creíamos justo, rechazando lo que creíamos que no lo era. Tanto en una u otra oportunidad, el movimiento sindical ofreció las soluciones que pensaba más adecuadas, Lo hizo en proclamas, en documentos. Muchas veces acompaño esos pronunciamientos con manifestaciones que han sido a veces numéricamente chicas, otras grandes y algunas veces multitudinarias. En ellas, siempre hemos intentado sintetizar la bronca, la indignación, la esperanza y hasta la desazón, en propuestas de acción colectivas que abran caminos de tránsito a una sociedad más justa y más solidaria. Todo eso, en el entendido que no hay caminos más anchos y de mejor transito, que aquellos que se recorren con unidad, con lucha y en pos de objetivos justos. Y con el convencimiento profundo, de que no es posible una sociedad justa y solidaria si no la construimos en una democracia firme y sin limitaciones
3.- Por eso hoy está en el centro de nuestras preocupaciones, lo que está en juego a partir de las decisiones que tome el sistema político, es que destino tendrá la vida democrática a partir de que se defina claramente terminar o no con la política de impunidad imperante desde hace mas de un cuarto de siglo en nuestro país. Y eso, hoy esta íntimamente ligado a cómo cumple Uruguay con lo que obligan sus compromisos internacionales que nos lo recordara la Sentencia de la Corte Interamericana.
Desde estas páginas, hemos sostenido que la impunidad en el Uruguay no es solamente la renuncia a la pretensión punitiva del Estado consagrada en la ley de caducidad. El castigo, es solo la consecuencia obligada que impone la sociedad a través del sistema judicial ante la violación de un derecho establecido en las normas de derecho nacional o internacional. De ahí que concluyamos y pensemos a la impunidad como la ausencia, el desconocimiento por parte del Estado de derechos inderogables e irrenunciables que conquistamos los seres humanos. Si no se restablece la obligación del Estado de castigar a quien asesina, a quien tortura, a quien hace desaparecer, a quien viola, tendremos en nuestro país, como lo hemos tenido en estos últimos 25 años, un Estado que no reconoce como lo manda la Constitución y las normas de derecho internacional, el derecho a no ser torturado, el derecho a la vida, el derecho a no ser desaparecido, a no ser violado.
La ausencia de esos derechos es una situación de absoluta injusticia, que tiene un nombre: se llama impunidad.
Y mientras exista una ley como la ley de caducidad, mientras exista alguno de los efectos creados por la existencia de dicha norma, en nuestro país, habrá violación múltiple y contumaz de esos derechos humanos, y en consecuencia habrá una cultura de impunidad, que estará afectando profundamente las normas más elementales de la convivencia en sociedad.
4.- Quienes no han entendido esto o no han querido entenderlo, nos dicen: ¿Pero, es que acaso este gobierno y el anterior ampararon alguna denuncia en la ley de caducidad? ¿Acaso la política del gobierno de Vázquez y el de Mújica, no ha sido de declarar excluidos de la ley de caducidad toda denuncia que le llegara del Poder Judicial?
Debemos admitir, que todo eso es cierto, salvo en el caso de Nibia Zabalzagaray, que hizo necesario recurrir a un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte para que fuera posible establecer la responsabilidad del Gral Dalmao, juzgarlo y encarcelarlo como correspondía.
El derecho irrenunciable a la justicia, no puede seguir sujeto al arbitrio de la voluntad del gobierno de turno, de la misma manera que lo estuvo en los gobiernos de Sanguinetti, de Lacalle y de Batlle. Y eso es inaceptable para quienes como el movimiento sindical, tiene una visión de largo aliento respecto a los derechos humanos, que no esta atada a problemas coyunturales o las políticas de los gobiernos de turno, sean del color y el signo que sean.
La Justicia, ya sea para castigar o para absolver una culpa, no debe bajo ningún concepto quedar a la libre y arbitraria decisión de ningún gobierno. La separación de poderes es la forma que las sociedades han encontrado para librar a las sociedades de esa forma de autoritarismo.
Eso es pensar en grande. Eso es lo que el esfuerzo de los pueblos y el pensamiento jurídico progresista y de avanzada a consagrado en distintos instrumentos legales internacionales.
5.- La anomalía existente en nuestro ordenamiento jurídico interno, debe ser encarada por los distintos Poderes del Estado, los tres poderes del Estado – cada cual desde la esfera que le corresponde -, puede y debe normalizar en serio y definitivamente esta situación definiendo adecuadamente que hacer con una norma violatoria de la Constitución y las obligaciones contraídas internacionalmente como lo es la ley de caducidad.
Mucho nos hubiera gustado y reconfortado como integrantes de la patria de Artígas, que la solución a esta problemática fuera el producto de que el sistema político entendiera la importancia de las políticas publicas de defensa de los derechos humanos, y no de un pronunciamiento condenatorio por parte de la Corte Interamericana, en el caso de Maria Claudia García de Gelman. No nos alegra, que nuestro país sea objeto de una condena de ese tipo.
Sin embargo no podemos obviar resaltar que nos resulta positivo, que esa sentencia de la Corte Interamericana, termine consagrando lo que desde hace 25 años venimos sosteniendo contra viento y marea.
Desde el movimiento popular, deberemos también realizar una lectura particular de esa Sentencia, al igual que de todas aquellas que en el sistema judicial uruguayo han ido haciendo justicia en algunos casos. En ellas, también escucharemos, nos hablaran los años de lucha de las Totas Quinteros, de las Luz Recagno, de las Blancas Artigas, de las Quica Errandonea, de las Maria Esther Gatti y de todos y todas las luchadoras que supieron rescatar del silencio a las utopías de sus hijos para sembrar semillas de esperanza en las tierras siempre fértiles de la lucha por las causas justas.
El mandato imperativo que establecerá la sentencia de la Corte Interamericana, implicará que en nuestro país se empiece a organizar todo el aparato gubernamental y todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, para desmontar todos los vestigios de sostén de la impunidad.
Al igual que lo hemos hecho en todos estos ultimas décadas, no nos ahorraremos ningún esfuerzo, no despreciaremos ningún terreno de lucha, para lograr que nadie se haga el distraído frente a esas obligaciones.
Porque los tiempos que vendrán serán de verdad y justicia, los que creyeron haber construido un mundo de impunidad que sobreviviría a las dictaduras que ejercieron en el pasado, empiezan a tomar sus recaudos, amenazan, presionan y pretender mantener el pacto de silencio. No van a tener suerte, habrá verdad y justicia.
15-03-11
Asesor de la Secretaria de Derechos Humanos del PIT-CNT (publicado en Trabajo y Utopía de Marzo 2011)
1.- Cuando este número de Trabajo & Utopía se encuentre en manos de los compañeros, posiblemente ya se habrá conocido la Sentencia condenatoria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, contra el Estado uruguayo. En nuestros dos últimos artículos tratamos de dar a conocer, mediante dos casos paradigmáticos considerados por esa Corte, los parámetros jurídicos a partir de los cuales fue resolviendo situaciones de demandas similares a la presentada por la familia de Maria Claudia García de Gelman.
Es poco previsible, aunque parecería que la fuerza política de gobierno lograría alinear sus fuerzas en torno a un proyecto de ley que busca restaurar el derecho a la justicia afectado por la existencia de la ley de caducidad.
Es de esperar, cuando se conozca el contenido de la Sentencia de la Corte, lecturas de la misma con acentos distintos, desde los actores políticos, sociales y gubernamentales. A nivel del gobierno, sin duda que se intentara leer y resaltar de la mencionada sentencia, aquellos aspectos que - con justeza –, reconocerá los avances que se han operado en materia de derechos humanos en las dos ultimas administraciones. A nivel de los actores políticos y sociales empeñados en terminar con la impunidad, se podrá el acento en aquellos aspectos que hacen a la obligación que tendrá el Uruguay de erradicar de nuestro ordenamiento jurídico interno la impunidad instalada desde el 22 de diciembre de 1986. Por otro lado, los sectores comprometidos históricamente con la impunidad – y otros incorporados a esa lógica últimamente -, se atrincheraran en el vetusto argumento del ex presidente Sanguinetti , de que ninguna norma internacional puede desconocer la voluntad expresada por la ciudadanía en un referéndum y un plebiscito.
Otros argumentos y lecturas, muchas veces desarrollados en los pasillos o en chismorreo descalificador, trataran de establecer que esta demanda solo tiene motivaciones pecuniarias.
2.- Desde estas páginas hemos intentado aportar elementos que nos permitan reflexionar juntos sobre estos temas. A partir de esa tarea de reflexionar, hemos estado en mejores condiciones, tanto para protestar, como para hacer conocer nuestras propuestas frente a los distintos problemas que han afectado a nuestra sociedad. Siempre hemos reclamando lo que creíamos justo, rechazando lo que creíamos que no lo era. Tanto en una u otra oportunidad, el movimiento sindical ofreció las soluciones que pensaba más adecuadas, Lo hizo en proclamas, en documentos. Muchas veces acompaño esos pronunciamientos con manifestaciones que han sido a veces numéricamente chicas, otras grandes y algunas veces multitudinarias. En ellas, siempre hemos intentado sintetizar la bronca, la indignación, la esperanza y hasta la desazón, en propuestas de acción colectivas que abran caminos de tránsito a una sociedad más justa y más solidaria. Todo eso, en el entendido que no hay caminos más anchos y de mejor transito, que aquellos que se recorren con unidad, con lucha y en pos de objetivos justos. Y con el convencimiento profundo, de que no es posible una sociedad justa y solidaria si no la construimos en una democracia firme y sin limitaciones
3.- Por eso hoy está en el centro de nuestras preocupaciones, lo que está en juego a partir de las decisiones que tome el sistema político, es que destino tendrá la vida democrática a partir de que se defina claramente terminar o no con la política de impunidad imperante desde hace mas de un cuarto de siglo en nuestro país. Y eso, hoy esta íntimamente ligado a cómo cumple Uruguay con lo que obligan sus compromisos internacionales que nos lo recordara la Sentencia de la Corte Interamericana.
Desde estas páginas, hemos sostenido que la impunidad en el Uruguay no es solamente la renuncia a la pretensión punitiva del Estado consagrada en la ley de caducidad. El castigo, es solo la consecuencia obligada que impone la sociedad a través del sistema judicial ante la violación de un derecho establecido en las normas de derecho nacional o internacional. De ahí que concluyamos y pensemos a la impunidad como la ausencia, el desconocimiento por parte del Estado de derechos inderogables e irrenunciables que conquistamos los seres humanos. Si no se restablece la obligación del Estado de castigar a quien asesina, a quien tortura, a quien hace desaparecer, a quien viola, tendremos en nuestro país, como lo hemos tenido en estos últimos 25 años, un Estado que no reconoce como lo manda la Constitución y las normas de derecho internacional, el derecho a no ser torturado, el derecho a la vida, el derecho a no ser desaparecido, a no ser violado.
La ausencia de esos derechos es una situación de absoluta injusticia, que tiene un nombre: se llama impunidad.
Y mientras exista una ley como la ley de caducidad, mientras exista alguno de los efectos creados por la existencia de dicha norma, en nuestro país, habrá violación múltiple y contumaz de esos derechos humanos, y en consecuencia habrá una cultura de impunidad, que estará afectando profundamente las normas más elementales de la convivencia en sociedad.
4.- Quienes no han entendido esto o no han querido entenderlo, nos dicen: ¿Pero, es que acaso este gobierno y el anterior ampararon alguna denuncia en la ley de caducidad? ¿Acaso la política del gobierno de Vázquez y el de Mújica, no ha sido de declarar excluidos de la ley de caducidad toda denuncia que le llegara del Poder Judicial?
Debemos admitir, que todo eso es cierto, salvo en el caso de Nibia Zabalzagaray, que hizo necesario recurrir a un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte para que fuera posible establecer la responsabilidad del Gral Dalmao, juzgarlo y encarcelarlo como correspondía.
El derecho irrenunciable a la justicia, no puede seguir sujeto al arbitrio de la voluntad del gobierno de turno, de la misma manera que lo estuvo en los gobiernos de Sanguinetti, de Lacalle y de Batlle. Y eso es inaceptable para quienes como el movimiento sindical, tiene una visión de largo aliento respecto a los derechos humanos, que no esta atada a problemas coyunturales o las políticas de los gobiernos de turno, sean del color y el signo que sean.
La Justicia, ya sea para castigar o para absolver una culpa, no debe bajo ningún concepto quedar a la libre y arbitraria decisión de ningún gobierno. La separación de poderes es la forma que las sociedades han encontrado para librar a las sociedades de esa forma de autoritarismo.
Eso es pensar en grande. Eso es lo que el esfuerzo de los pueblos y el pensamiento jurídico progresista y de avanzada a consagrado en distintos instrumentos legales internacionales.
5.- La anomalía existente en nuestro ordenamiento jurídico interno, debe ser encarada por los distintos Poderes del Estado, los tres poderes del Estado – cada cual desde la esfera que le corresponde -, puede y debe normalizar en serio y definitivamente esta situación definiendo adecuadamente que hacer con una norma violatoria de la Constitución y las obligaciones contraídas internacionalmente como lo es la ley de caducidad.
Mucho nos hubiera gustado y reconfortado como integrantes de la patria de Artígas, que la solución a esta problemática fuera el producto de que el sistema político entendiera la importancia de las políticas publicas de defensa de los derechos humanos, y no de un pronunciamiento condenatorio por parte de la Corte Interamericana, en el caso de Maria Claudia García de Gelman. No nos alegra, que nuestro país sea objeto de una condena de ese tipo.
Sin embargo no podemos obviar resaltar que nos resulta positivo, que esa sentencia de la Corte Interamericana, termine consagrando lo que desde hace 25 años venimos sosteniendo contra viento y marea.
Desde el movimiento popular, deberemos también realizar una lectura particular de esa Sentencia, al igual que de todas aquellas que en el sistema judicial uruguayo han ido haciendo justicia en algunos casos. En ellas, también escucharemos, nos hablaran los años de lucha de las Totas Quinteros, de las Luz Recagno, de las Blancas Artigas, de las Quica Errandonea, de las Maria Esther Gatti y de todos y todas las luchadoras que supieron rescatar del silencio a las utopías de sus hijos para sembrar semillas de esperanza en las tierras siempre fértiles de la lucha por las causas justas.
El mandato imperativo que establecerá la sentencia de la Corte Interamericana, implicará que en nuestro país se empiece a organizar todo el aparato gubernamental y todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, para desmontar todos los vestigios de sostén de la impunidad.
Al igual que lo hemos hecho en todos estos ultimas décadas, no nos ahorraremos ningún esfuerzo, no despreciaremos ningún terreno de lucha, para lograr que nadie se haga el distraído frente a esas obligaciones.
Porque los tiempos que vendrán serán de verdad y justicia, los que creyeron haber construido un mundo de impunidad que sobreviviría a las dictaduras que ejercieron en el pasado, empiezan a tomar sus recaudos, amenazan, presionan y pretender mantener el pacto de silencio. No van a tener suerte, habrá verdad y justicia.
15-03-11
Suscribirse a:
Entradas (Atom)