domingo, 22 de diciembre de 1996

HACE 20 AÑOS QUEBRABAN LA CONCIENCIA ETICA DE LA SOCIEDAD

Este viernes se cumplen dos décadas de la ominosa aprobación de la Ley de Impunidad, o como prefirieron disfrazarla los partidos de la derecha uruguaya (Colorado y Nacional), Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado. En el marco de tormentosas sesiones parlamentarias, el 22 de noviembre de 1986, el poder político se doblegaba -una vez más- ante el poder militar. La vergüenza fue mucha y los argumentos para la aprobación fueron tristes. En medio de los debates, el Senado para completar su vergüenza expulsaba a uno de sus integrantes, José Germán Araujo del Frente Amplio quien se había transformado en el más duro acusador de esta genuflexión. La amenaza de otro golpe y de una nueva dictadura fue esgrimida por la misma derecha cuando la ley fue puesta a consideración de la ciudadanía, logrando su ratificación por un 57% de los votos. Parecía que los anhelos de verdad, memoria y justicia quedaban definitivamente sellados. Militares y civiles festejaban. Sin embargo se engañaron. Los estandartes de la dignidad siguieron siendo levantados por un sector de la sociedad que no se resignaba a la vergüenza. A su frente, y vaya nuestro homenaje, los familiares de las victimas de la dictadura, particularmente las corajudas mujeres. Enfrentaron la indiferencia de un poder político que aplicó la ley de impunidad incluso más allá de lo que la misma establecía. A esos familiares se les mintió, se les ninguneó, pero no se dieron por vencidos. Y por las brechas de esa conciencia quebrada comenzó paulatinamente a filtrarse la luz de la dignidad. Las madres, los familiares comenzaron a estar cada vez menos solos. Desde ellas y ellos crecieron solidaridades, reclamos y silenciosas marchas que fueron creciendo año tras año en el estruendoso reclamo de verdad y justicia. Pasaron las décadas y los políticos que traicionaron los mejores valores humanitarios se fueron dando cuenta que el olvido y la desmemoria estaban siendo derrotados. Cada vez eran más los que se negaban a "dar vuelta la página" como le exigían. Despectivamente les decían que tenían los ojos en la nuca, que había que cerrar el pasado. Pero esos hombres y mujeres siguieron su camino, sabiendo que su apuesta tenía mucho más que ver con el futuro que con el pasado. Desesperado el poder político tuvo que ceder un poco y se formó en el pasado gobierno una Comisión Para la Paz, que parió poca verdad y no cerró nada. Con el triunfo del Frente Amplio, al cual pertenecían la casi totalidad de las víctimas, los causes comenzaron a abrirse. Ya presidente, Tabaré Vázquez que había prometido respetar la Ley de Impunidad lo hizo, pero en su justo alcance. Así se comenzó a dar cumplimiento al artículo 4º. que mandataba buscar a los desaparecidos. Así comenzaron las excavaciones que permitieron hallar los restos de dos asesinados por la dictadura. Esos esqueletos que aparecieron en la televisión impactaron a todos los uruguayos. Incluso a aquellos que se negaban a admitir el horror que se había desatado en el país. El nuevo gobierno también dejó fuera de la ley a los civiles y mandos militares. Si bien el texto los excluía, los sucesivos presidentes de la derecha (Julio Ma. Sanguinetti, Jorge Batlle y Luis A. Lacalle), estiraron el manto de impunidad como un chicle para cubrirlos también a ellos. Así, desde la asunción del Frente Amplio comenzaron a desfilar tenebrosos personajes por los juzgados. Hoy están presos algunos militares y policías, el canciller de la dictadura y nada menos que uno de los dictadores, Juan Ma. Bordaberry. Seguramente en el 2007 le tocará el turno a otro, Gregorio "Goyo" Álvarez. No es todo, pero si es un avance sustancial que tuvo que esperar demasiados años. El proceso reciente, dejó en evidencia la actitud pasiva y conformista que el Poder Judicial tuvo bajo los gobiernos de derecha. También queda claro que los militares y civiles de la dictadura siguen ocultando la verdad. Por ello importantes sectores sociales quieren ir a más. Apuestan a la anulación de la ley que, de lograrse, abriría definitivamente el cause de la justicia. El gobierno de Vázquez que promovió los avances no respalda la anulación, sin embargo sectores del gobierno apoyan la misma. Ahora la etapa es la de crear conciencia de esta necesidad y esto conducirá, tarde o temprano, al destierro definitivo de la impunidad. Que así sea