domingo, 26 de agosto de 2007

UN NUEVO ESCENARIO DE LUCHA POR LOS DERECHOS HUMANOS.

Publicado en Trabajo y Utopía Nº 71 agosto 2007

La instalación en el país al frente de gobiernos municipales en varios Departamentos del interior del país, de una fuerza política ligada históricamente a las luchas del movimiento sindical, es un dato nuevo de la realidad política del país. Ha ello se suma, la experiencia que ya se vivía en Montevideo, desde hace muchos años.
Escenario político que también cuenta con otro elemento muy importante: que esa nueva fuerza política además detenta el gobierno nacional con mayorías parlamentarios suficientes para transformar en leyes muchas de sus históricas banderas.
Se trata de un escenario, que presenta sus complejidades, ya sea a partir del relacionamiento de esas administraciones con sus trabajadores en particular y con las reivindicaciones del movimiento sindical en general.
El "BORRADOR ANTEPROYECTO DE LEY DE DESENTRALIZACION LOCAL”, puesto a consideración recientemente por el Poder Ejecutivo, plantea un gran desafió para las organizaciones políticas y sociales, en las que el movimiento sindical no puede estar ajeno. Es más, seria saludable para que ese proceso de transferencia de poder implícito en una descentralización de signo progresista, contar con el involucramiento de una fuerza social con la fortaleza y la independencia frente a los partidos políticos y el Estado, como la que ha mantenido el movimiento sindical.
Un proyecto de ley que establece que son principios cardinales del sistema de descentralización local la participación de los ciudadanos en la administración y el acercamiento de los ciudadanos a la gestión del Estado, pone en el escenario anteriormente descrito una herramienta de participación de carácter sustantivo en la que los trabajadores deberíamos jugar un papel relevante. Sobre todo si esa participación del ciudadano tiene las atribuciones de “cumplir y hacer cumplir la Constitución, las leyes” y “velar por el respeto de los derechos y garantías fundamentales de los habitantes”.
Un artículo publicado recientemente por Roberto Bissio bajo el titulo “EL DERECHO HUMANO A NO SER POBRE”, expresa que “Si en algo ha avanzado el mundo desde el fin de la Guerra Fría en 1989 ha sido, sin duda, en el respeto a los Derechos Humanos (así con mayúscula) y en el fortalecimiento de los mecanismos para hacerlos efectivos. Mientras tanto en el mundo real cada tres segundos muere un niño por causas vinculadas a la pobreza”. El artículo expresa que a pesar de que esas muertes que se podrían evitar eran un acto criminal, ese crimen no ha tenido jamás criminales identificables a los que se pueda llevar al banquillo de los acusados. Ante esa situación y la necesidad de defender el derecho a la vida de los pobres, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en un documento titulado “POBREZA EXTREMA Y DERECHOS HUMANOS: LOS DERECHOS DE LOS POBRES”, incluyó algunos principios rectores concretos para que los derechos humanos también lleguen a los pobres, incluyendo en algunas circunstancias el reclamo de castigo a los culpables. Dicho documento define a la pobreza no como falta de dinero sino como “una condición humana que se caracteriza por la privación continua o crónica de los recursos, la capacidad, las opciones, la seguridad y el poder necesarios para disfrutar de un nivel de vida adecuado y de otros derechos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales”.
De ahí que ese proyecto de descentralización, en tanto transferencia de poder a los ciudadanos, puede ser un a eficaz herramienta para materializar los derechos tantas veces estafados a los ciudadanos y terminar con esa otra esfera de la impunidad. Para ello es fundamental la participación y la organización de la gente.
Es en ese aspecto, el de la participación, donde los trabajadores que tienen una cultura de la organización pueden jugar un importante papel. Ya sea como trabajadores municipales, o como una de las más importantes –y a veces única-, forma de organización de sectores populares existente en el interior del país.
Sabido es, las dificultades que atraviesan al tejido social para el desarrollo de formas organizativas permanentes, cuando ellas deben desarrollarse en espacios sociales donde no existen o son muy incipientes las formas de participación ciudadana.
La participación es una actitud militante, al menos cuando esta es una herramienta para los cambios profundos en la sociedad.
Deberemos entonces, reflexionar sobre la crisis de militancia y adoptar las medidas posibles para contribuir a resolverla. Hay algunos aspectos o causas que responden a un fenómeno general en el mundo y otros que tienen que ver con circunstancias nacionales.
Mucha gente esta aun sufriendo las consecuencias por la forma en que se resolvió la transición de la dictadura a la democracia y los resultados que ella dejo. El mantenimiento por parte de la primera administración de Sanguinetti de la misma política económica de la dictadura y los reveses de las luchas de muchos gremios, mataron la esperanza de que con la recuperación de la democracia se solucionarían las condiciones de vida de la población.
Por otra parte las políticas de ajuste que hasta no hace mucho tiempo se aplicaron en el país, produjo sin ninguna duda efectos sociales profundos que se sumaron a los efectos de los años de dictadura. El desmantelamiento de gran parte de la industria llevo a que muchísimos trabajadores se transformaran en “cuentapropistas”, vendedores ambulantes o emigraran al exterior. El desempleo debilitó a muchos gremios.
Por otro lado también se produjo un debilitamiento de la pequeña burguesía, donde una parte de ella abandono su vínculo con la clase obrera.
Todos esos elementos incentivaron el individualismo y las dificultades para la conformación de formas de trabajo colectivo y el debilitamiento de la participación como motor de un movimiento transformador.
Revertir esa situación transformar la apatía, el escepticismo, la salida individual en entusiasmo militante es el desafió actual, que también es puesto a partir de los procesos de Descentralización. Si no somos capaces de construir esa materia prima de la participación, no serán posibles las transformaciones de fondo de nuestra sociedad.
Muchos de los militantes tienen doble empleo y militar se hace a costa de un gran sacrificio personal. Por eso es fundamental generar una conciencia que los procesos de cambio suponen un momento de anudamiento y de ruptura en los que es necesario ejercer la fuerza del pueblo organizado. Ese es un gigantesco esfuerzo que se desarrolla en las formas de defender los derechos, en el desarrollo de una cultura de la participación que permita afianzar los lazos de integración social, de politización de la sociedad.
Contribuir a salir de un proyecto de sociedad excluyente y fragmentada a una sociedad incluyente, es el desafió de la etapa. Terminar con un modelo que reposa en el silencio de la sociedad civil, y construir un modelo con justicia social, solo es posible con actores sociales fuertes. Desafió que implica entretejer diferentes redes de relaciones y lógicas de acción colectiva en un contexto donde la lógica del mercado ha producido una profunda desorganización de la sociedad. Desafió de elaborar e implementar acciones para el conjunto de la comunidad, desde estas nuevas esferas de la acción de los gobiernos locales con la más amplia participación ciudadana en la que se desarrollen la capacidad de las políticas institucionales, para organizar a la sociedad e integrarlas.
Los sindicatos han sido y son portadores de un proyecto político-cultural y en ese marco históricamente han interactuado con otros sectores de la sociedad influyendo en ellos y contribuir al reforzamiento del tejido social como espacio democrático y participativo.
Con relación a los problemas y los desafíos que están implícitos en la reivindicación programática sobre la Descentralización y la Participación, impulsado por el gobierno, el movimiento sindical debe contribuir a enriquecer la reflexión teórica sobre este aspecto.
La política que deberá desarrollar el movimiento sindical en clave de defensor de los derechos de la gente debe ser para impulsar un proceso de participación no para gestionar los factores existentes sino para cambiarlos. Nuestra militancia no debe consistir en adaptarnos a las determinaciones de una realidad que en torno a la Participación nos es la más favorable. Debemos trabajar para cambiar ese escenario.

Raúl Olivera
Integrante de la Secretaria de Derechos Humanos y Políticas Sociales