viernes, 3 de septiembre de 2004

ELENA QUINTEROS:LA LUCHA POR LOS DD.HH CONTINUA

ELENA QUINTEROS: LA LUCHA POR LOS DERECHOS HUMANOS CONTINUA
Publicado en Trabajo y Utopia Nº 42 setiembre 2004.

En esta última edición ampliada los autores incluyen nuevos acontecimientos y actualizan información que pone de manifiesto que la lucha por los derechos humanos necesita aún derrotar la impunidad instalada en Uruguay. Gracias a su gentileza y preocupación de que esa ampliación llegue a todos aquellos que tengan ediciones anteriores, en especial los trabajadores, es que “Trabajo & Utopía” publica el epílogo completo.
* * *
Los casi 10 meses trascurridos entre la publicación de la primera edición del libro “Secuestro en la embajada. El caso de la maestra Elena Quinteros” de Sara Méndez y Raúl Olivera y la presentación reciente de su tercera edición han sido muy intensos en acontecimientos vinculados a dicho caso. También fueron muy intensos en la difusión del libro entre los trabajadores y la sociedad en su conjunto. En el interior del país se realizaron 50 presentaciones muchas de ellas organizadas por los Plenarios del PIT-CNT.
* * *
Detrás de una cancha de fútbol, al borde de un abigarrado monte de sauces a los fondos del Batallón de Infantería Mecanizada N° 13, el 2 de setiembre de 2003 una pesada excavadora extraía grandes cantidades de tierra, bajo vigilancia militar, de lo que parecía ser una cañada. Se distinguían montículos de tierra y un pozo abierto de grandes dimensiones. Se trataba de trabajos que formaban parte del Plan Municipal de Saneamiento[1].
Las autoridades municipales aseguraban que los trabajos no afectaban los lugares donde podían existir enterramientos clandestinos. El ministro de Defensa decía no tener indicación del presidente Batlle para preservar la zona, ya que “no hay ningún indicio de que allí haya algo”.[2]
La noticia motivó que ese mismo día el juez penal Gustavo Mirabal, a cargo de la causa promovida por Juan Gelman, ordenara de oficio suspender esos trabajos por 30 días, en un radio de 500 metros en torno a la cancha.
Cuando Miraba! toma la resolución, ya conocía el pedido del fiscal Enrique Moller para que la investigación sobre los restos de la nuera del poeta argentino se detuviera, en virtud de la ley de caducidad.[3] Por eso, en los fundamentos de su resolución deja una constancia que aún hoy es desoída “…que, aun de resultar clausurada la presente investigación, perviven los derechos de los deudos de la víctima a conocer el lugar donde sus restos se encuentran, u obtener datos que permitan esclarecer cuál fue su destino final.[4]
Casi simultáneamente, en el juzgado donde estaba radicada la causa contra Juan Carlos Blanco, el PIT-CNT reclama que se tomen medidas para localizar el cuerpo de Elena y que se suspendan los trabajos de remoción del terreno en el Batallón N° 13 de Infantería y medidas cautelares en el N° 14 de Paracaidistas de Toledo.
Como lo que el PIT-CNT solicitaba ya había sido dispuesto por otro juzgado, el juez Cavalli se limita a solicitar los antecedentes.
En el marco de los debates previos al Congreso del Frente Amplio, dirigentes políticos de izquierda e integrantes de organizaciones humanitarias fueron consultados sobre qué hacer con la ley de caducidad. Los primeros coincidieron en responder que la ley debía mantenerse, en tanto los segundos opinaron que debía haber verdad y justicia.[5] Mientras, en la vecina orilla, la nulidad de las leyes de impunidad dispuesta por el Congreso tenía sus primeros efectos al reabrirse causas paralizadas desde 1986 y 1987 por la aplicación de esas leyes. En esas causas se dictarán posteriormente múltiples procesamientos de militares y policías. En Uruguay, el hecho de que 18 años después de denunciada la existencia de cementerios clandestinos en unidades militares, la justicia se interesara en ello, no igualaba los avances que se producían en Argentina, pero era un paso importante.
Durante este período los hechos que ocurren en una margen del Plata tendrán su inmediata influencia en la otra. Esto se manifestará en forma relevante en un enfrentamiento entre el gobierno argentino y el presidente Batlle.[6]
La lentitud y la “pereza” política de la mayoría de la dirigencia de la izquierda no le permiten evaluar adecuadamente la magnitud y el .alcance de la política de Batlle en derechos humanos. En el mismo momento en que esa política se pone de manifiesto en los casos de Gelman y de Elena, por iniciativa de un diputado de izquierda,[7] el Parlamento hace un reconocimiento a la labor de ese gobierno en la Comisión para la Paz.
El 8 de setiembre un matutino informa que un testigo que participó en las inhumaciones en el Batallón 13 confirmó la posible ubicación de los restos.[8]
La sede a cargo del juez Cavalli se encontraba abocada a resolver la situación procesal de Blanco, a quien se le había otorgado la libertad provisional. Se enfrentaban las posiciones discordes de la fiscalía, el juez y la defensa de Blanco. En ese marco, el 9 de setiembre el expediente pasa a consideración del Tribunal de Apelaciones. De acuerdo a lo que este resolviera, el ex canciller tenia ante si tres posibles situaciones: 1) continuar procesado en un delito de homicidio especialmente agravado y esperar su proceso en libertad provisional, como sostenía Cavalli; 2) volver a prisión, como pedía la fiscal Guianze; 3) que el juicio en su contra fuera clausurado, como pretendía su defensor, y que quedara definitivamente en libertad.
A fines de octubre, aquejado por una grave enfermedad, Cavalli es suplantado por el doctor Alejandro Recarey.
El nuevo magistrado debe resolver, entre otras cosas, acerca de la solicitud presentada por el pit-cnt, ya que la medida cautelar tomada por Mirabal de suspender los trabajos había cesado en los primeros días de ese mes.
El 6 de noviembre Recarey, en acuerdo con la fiscal, accede a la solicitud, disponiendo, a fin de “proteger un ámbito físico en el cual podría hallarse evidencia relevante (...), la prohibición de innovar, consistente en la orden de suspensión y/o orden de no iniciar o continuar cualquier tipo de obra que altere el terreno de las dependencias del Batallón de Infantería N° 13”. Esta vez la prohibición “se extenderá temporalmente hasta que recaiga nueva resolución”.
El nuevo juez tomaba recién contacto con el caso. El expediente en el que constaban todos los antecedentes se encontraba en ese momento en el Tribunal de Apelaciones, por lo que en la misma resolución dispone:
“Cítese al denunciante Raúl Olivera para audiencia, el próximo lunes 10”.
La comparecencia de este y otros denunciantes permitió poner en conocimiento del magistrado todos los antecedentes y que el juez dispusiera los primeros pasos para “la necesaria profundización indagatoria pendiente”.
Recarey inicia una intensa y sostenida actividad de la que, por primera vez, los denunciantes son debidamente informados. Se toman declaraciones a periodistas, ex prisioneros políticos, parlamentarios, técnicos, testigos e integrantes de la Comisión para la Paz. Se solicita información a otras dependencias del Estado y a la justicia italiana.[9] Se reclama al Poder Ejecutivo que informe de las investigaciones que realizó en torno a la denuncia sobre la Operación Zanahoria y “el elenco de razones que hayan sustentado la inclusión” en la ley de caducidad.[10]
Comienzan entonces las citaciones a militares.
No comparecen ante el juez: Ramón Díaz, Ernesto Soca, Benito Velásquez, Juan Casco, Zenia García, Roberto Scarabino, Mario Genta, Selva de Mello, Liliana González y Juan Carlos Larcebeau. Otros se presentan y declaran: Wilfredo Lamanna, Samuel Lamanna y Jesús Lamanna.
Es la primera vez que se le piden explicaciones al Ejecutivo respecto del uso arbitrario y discriminado de la potestad que le otorga la ley de caducidad. Para colmo, se cita a declarar a militares. Es demasiado para el “estado del alma” de Batlle.
El 28 de noviembre el presidente uruguayo envía al presidente de la Corte un mensaje solicitando que “se suspendan todas las diligencias presumariales” y se le remita la causa para determinar si esos hechos estaban o no amparados por la ley de caducidad.[11]
El intento de Batlle no logra su objetivo. El 2 de diciembre Recarey resuelve que no es de aplicación, en el caso, la ley de caducidad y que “continuarán en su curso normal las indagatorias probatorias destinadas a acotar en el tiempo y en el espacio la cautela de no innovar, oportunamente adoptada”. Ese mismo día dispone citar a Jorge Silveira y Manuel Cordero para los días 8 y 9 de diciembre.
El miércoles 3 comparecen ante el juez el ingeniero agrónomo Daniel Panario, profesor titular de geomorfología, la asistente 1icenciada Ofelia Gutiérrez, ambos de la Facultad de Ciencias, y el antropólogo forense doctor Horacio E. Solla, del Instituto Técnico Forense del Poder Judicial.[12]
El juez les solicita que presenten un informe preliminar con el fin de determinar si en el Batallón de Infantería Blindada N° 13 existían enterramientos, primarios o secundarios. De ser detectados, les solicita que determinen si los mismos eran congruentes con las declaraciones formuladas al respecto. Les pide también determinar la racionalidad de los movimientos de suelo a partir de 1975, hacer un inventario de las construcciones y analizar la modificación propuesta por el Ejército al trazado del saneamiento de la Intendencia Municipal de Montevideo. En función de los resultados, recomendar los pasos a dar para obtener una ubicación precisa de enterramientos o indicios que ameriten el comienzo de una etapa de excavación.
Desde el gobierno se incrementa la furibunda campaña para poner fin a las actuaciones de Recarey. Se anuncian los desacatos de Silveira y Cordero. El juez ordena la detención y conducción de tres militares que, citados, no se habían presentado.[13]
La Corte explica públicamente que ningún recurso del Ejecutivo debe ser presentado ante el organismo; lo que corresponde es presentarlos ante el juzgado de Recarey. El 4 de diciembre Batlle presenta un nuevo recurso ante el magistrado para que se suspendan las citaciones y se cumpla con la ley de caducidad.
Al día siguiente el magistrado resuelve no suspender las actuaciones, “no corresponde hacerlo (...) podría ser visto por la opinión pública como una especie de amoldamiento a una estrategia de gestión política por completo ajena al deber de aplicar las leyes en orden de hacer justicia”, afirma.
A través de la prensa se informa, e! 7 de diciembre, que el coronel (R) Silveira se había refugiado en una unidad militar y desobedecería la orden del juez. Se trataría de una decisión del comandante en jefe del Ejército, teniente general Carlos Daners, dirigida a brindar “protección institucional” a los militares citados por la justicia.
El ministro Fau, por su parte, no tenía “ni la menor idea”.
Se presentan a declarar el capitán de navío (R) Jorge Tróccoli, quien desmiente tener algo que ver con el caso, y el contralmirante Alex Lebel.
Se suceden las reuniones y consultas para encontrar la forma de poner freno a las citaciones de militares.[14] Se presiona al fiscal de Corte para lograre! desplazamiento de la fiscal Guianze.
El desacato militar da lugar a que el ministro Fau sea seriamente cuestionado por e! senador Francisco Gallina!, quien afirma que Fau “parece el secretario general del sindicato de los sectores radicalizados de las Fuerzas Armadas”.[15]
La firme decisión de Recarey de seguir adelante tensa las relaciones entre e! Poder Ejecutivo y el Judicial, en tanto se hacen públicos los pronunciamientos de distintos actores políticos, sociales y académicos.
El abogado del pit-cnt es amenazado telefónicamente.
El lunes 8, día en que Silveira debía presentarse a declarar, la situación se desactiva con el regreso anticipado del juez Cavalli de su licencia médica, que se extendía hasta el 16 de diciembre.
La mejoría súbita de un juez que hasta horas antes estaba internado en una clínica afectado por una grave enfermedad venía a poner punto final a la actuación de Recarey.
Cavalli volvió y detuvo las actuaciones. La noticia generó alivio en el gobierno. Para borrar el desacato que, sin lugar a dudas, existió en esos días, el Ejecutivo solicita la nulidad de todo lo actuado por Recarey, según las potestades que le otorga la ley de caducidad.
A las 9 de la mañana el juez Recarey abandona la sede penal de la calle Misiones, destacando que antes “no había nada en el expediente y ahora se logro reunir datos a nivel científico técnico. Se avanzó. Hay un equipo de antropólogos y geólogos que está trabajando en el tema”.
La actitud valiente y decidida de Recarey para terminar con las trabas burocráticas, con la falta de coraje y la contumaz política de impunidad, parecía haber sido sólo una corta primavera de esperanza.
Sin embargo, algunas de las medidas tomadas por este juez habían seguido su curso y reaparecerían para interrumpir la siesta de la justicia con relación al caso de Elena.
Cómo se desactivó la actuación de Recarey es un enigma en torno al cual se tejieron múltiples versiones. Una de ellas habla de un eventual contacto entre Batlle y ministros de la Corte durante una ceremonia social. Si bien fue desmentida por integrantes de la Corte, uno de ellos afirmó que “en alguna reunión social, o en algún encuentro entre magistrados o integrantes del Poder Ejecutivo (...) se puede haber conversado, y es lógico que el Poder Ejecutivo haya trasmitido por alguna vía su preocupación”.[16]
Cava!li, por su parte, declara que en su reintegro “no hubo ningún misterio (...) el médico me dijo que hiciera vida normal”.[17] Asegura a los denunciantes que seguiría adelante con las investigaciones “a su manera” y tomándose “su tiempo”.
Dos aspectos en los que se había avanzado, afortunadamente se mantuvieron: el predio del Batallón 13 continúa sujeto a la medida cautelar que impide la remoción del terreno. Por otra parte, el equipo de antropólogos de la Universidad de la República continuó trabajando en el informe que se le solicitara para establecer indicios sobre posibles excavaciones y exhumaciones. Estos dos elementos perturbarían posteriormente el lento y cansino ritmo de las actuaciones de Cavalli.
Quedaría en el camino la información exhaustiva pedida a Batlle sobre los elementos que indujeron, en su momento, a Sanguinetti a incluir la Operación Zanahoria en los beneficios de la caducidad.
Una semana después de su intempestivo regreso, Cavalli retoma su licencia médica, sin fecha de reintegro prevista. Un inusual sorteo entre los posibles suplentes determina la designación de la jueza Barcelona en el cargo.
La atención del turno correspondiente y el comienzo de la feria judicial paralizan e! caso hasta febrero de 2004.
Terminada la feria judicial, los técnicos de la Universidad de la República entregan un extenso y detallado informe con el resultado de sus investigaciones. Se revela allí que son varios los puntos del terreno en los que es necesario trabajar para determinar si existen restos de los desaparecidos.[18]
En los primeros días de marzo de 2004 el juez Cavalli retomó su actividad al frente de la sede judicial. Días después, el Tribunal de Apelaciones de 3er Turno resuelve la nulidad de lo actuado por Recarey durante el tiempo en que suplió a Cavalli, con excepción de la medida cautelar de no innovar en el Batallón 13 de Infantería. La nulidad se funda en que Recarey debió esperar que el Tribunal resolviera la situación de Blanco. Al considerar nulo lo actuado, el Tribunal no se expidió sobre el reclamo presentado por el Ejecutivo de que se dejaran sin efecto las citaciones a militares por imperio de la ley de caducidad.
El 30 de abril el mismo Tribunal de Apelaciones, con votos discordes de dos ministros, resuelve el enjuiciamiento de Juan Carlos Blanco por coautoría de un delito de homicidio muy especialmente agravado, a título de dolo eventual, manteniendo la libertad provisional de que gozaba.
Vuelto el expediente al juzgado y contando con el informe del equipo de especialistas, nada sucede.
El 16 de junio el pit-cnt se presenta nuevamente reclamando “la incorporación de la información de las actuaciones anuladas”, que se realicen las citaciones pendientes, y se reclame a los miembros de la Comisión para la Paz que identifiquen las fuentes testimoniales que los llevaron a informar de la muerte de Elena. Por otra parte, se pide que se disponga que el equipo multidisciplinario geoarqueológico acceda al Batallón N° 13 a hacer una inspección ocular del lugar, y se disponga una medida cautelar en el Batallón N° 14 de Toledo, donde según la Comisión para la Paz existiría un cementerio clandestino conocido como Arlington. Finalmente se pide el procesamiento de Álvaro Álvarez, Julio César Lupinacci y Guido Michelín Salomón, los otros tres civiles cómplices de Blanco.
Sobre las decisiones que deberán tomarse en un expediente que luego del desplazamiento de Recarey poco y nada ha avanzado, ¿seguirá pesando la política de impunidad emergente del poder militar?

[1] La República, 2-IX.03.
[2] Boletín informativo por Internet de Comcosur, 2-IX-03.
[3] Batlle finalmente considerará que esos hechos están amparados por los beneficios de la ley de caducidad. Actualmente se considera ante la Corte un recurso de inconstitucionalidad.

[4] Mirabal incluye una trascripción del Convenio Relativo a la Protección Debida a las Personas Civiles en Tiempo de Guerra, ratificado por Uruguay, que establece: “Las autoridades detenedoras velarán por que los fallecidos en cautiverio sean enterrados honrosamente, si es posible según los ritos de la religión a que pertenecían, y por que sus tumbas sean respetadas, convenientemente conservadas y marcadas de modo que siempre se las pueda localizar (…). Las autoridades detenedoras conservarán cuidadosamente las cenizas, que serán remitidas, lo antes posible, a los parientes más próximos, si éstos lo solicitan (...) se darán todos los detalles necesarios para la identificación de los fallecidos y la ubicación exacta de las tumbas”.
[5] Los dirigentes políticos consultados fueron Reinaldo Gargano, José Korzeniak, Liber Seregni, José Bayardi, Raúl Sendic, Carlos Baraibar, Eleuterio Fernández Huidobro y León Lev. Por organizaciones humanitarias respondieron Nicolás Guigou (Amnistía Internacional), Ariela Peralta (Serpaj), Jorge Pan (Ielsur) y Luis Puig (pit-cnt). Datos tomados de Brecha, 5-IX-03.
[6] La crisis entre ambos gobiernos tendrá dos ejes, el caso Gelman y la designación del Capitán de navío Craidallie como representante de Uruguay en Argentina.
[7] Edgar Bellomo.
[8] La República, 8-IX-03.
[9] Allí se encontraban las únicas declaraciones de José Félix Díaz, ex esposo de Elena, recabadas por el juez Garzón.

[10] Resolución de Recarey de fecha 19-IX-03.
[11] Mensaje 84/003 del Ministerio de Defensa.

[12] A los técnicos universitarios citados se sumaría la asistente del Departamento de Arqueología de la Facultad de Humanidades, licenciada Elizabeth Onega.

[13] Los soldados Ernesto Soca, Juan Casco y Zenia García, ex integrantes del sid.
[14] El ministro de Educación y Cultura, Leonardo Guzmán, y Carlos Ramela presentan a Batlle distintas opciones.

[15] Después de mucha pirotecnia mediática, inesperadamente Gallinal desactivó la moción de censura que había promovido contra Fau.
[16] Declaraciones del doctor Leslie Van Rompaey, La República, 10-XII-03.

[17] Ultimas Noticias, 10-XII-03.

[18] El análisis de una serie de 14 fotos aéreas, cartografía y otros materiales documentales que datan de entre 1945 y 2000, permitió determinar las áreas prioritarias de interés para una investigación arqueológica.

MORIR COMO LOS ESQUIMALES. (cuento corto)

Por Raúl Olivera.

Les cuento que hoy es un día cargado de mucha humedad, lo siento en mis huesos. Por momento sale el sol. Los ciruelos se han cargado de azares, el pasto crece y crece. Los brotes de los árboles empujan en las ramas para parir sus hojas. No hay aún muchas flores, pero una mañana de estas, parecen que se confabularan para hacer una multicolor concentración en el campo.
En medio de esta plétora de una incipiente y amenazadora primavera, el 13 de setiembre debí concurrir al CASMU. Fuertes y pertinaces dolores en ambos hombros desde hace tiempo, me obligaron a enfrentar la siempre resistida concurrencia a un consultorio médico.
Ricardo, además de médico es también un amigo. Eso y los dolores me decidieron. Sacarme un par de placas de los dos hombros, con ellas concurrir a ver un traumatólogo y una conversación sobre otros temas, que no quise extender por comparecerme con los pacientes que aún esperaban, fue el resultado de esa entrevista.
La eventualidad de que a partir del año que viene, el peso de la crisis del país no recaiga sobre nuestro hombros, puso en duda la continuidad del nuevo itinerario médico aconsejado por Ricardo. La duda política de que aún con cambios progresistas, nuestros hombros debían seguir sosteniendo históricas e injustas cargas que no se aliviarían apelando al dicho popular de que “sarna con gusto, no pica”y que uno de los movimientos afectados por los dolores, sea el de los abrazos, me llevó a internarme por los azarosos caminos médicos aconsejados.
La vida siempre nos da oportunidades y señales para arrepentirnos de algunas decisiones tomadas. Esta vez, esas señales provenían del aparato telefónico. Ese es el medio que según la propaganda, han puesto para que nos evitemos la molestia de ir hasta la mutualista a sacar fecha para una consulta.
Esas señales se manifestaban de diversas formas. Ya sea una señal de ocupado que parecía instalada como algo permanente. Ya sea una señal de que la llamada había logrado entrar, pero que sonaba en un mundo donde los seres humanos no existían o eran pocos para atender. Y si existían, no tenían suficientes manos para poder levantar el tubo, so pena de tener que abandonar otros urgencias. También esas señales, dejaron de ser simples sonidos electrónicos, para manifestarse en una voz humana, hasta agradable de mujer.
- Ud. se ha comunicado con el CASMU, si conoce en número de interno, digítelo ahora......
Esa voz agradable de mujer que pretendía darnos los pasos necesarios para satisfacer nuestras demandas, merecería que le escribiéramos un Bolero o un Tango. Una pieza musical en la que le reprocháramos, su insensibilidad...y la espera en la que finalmente nos dejó.
- Espere que a la brevedad será atendido.
Un rápido calculo, me llevó a saber, que el lapso de tiempo que llevaba en el teléfono, me hubiera permitido estar llegando a la mutualista y que los cómputos telefónicos a esa hora, superaban con creces los gastos de mi desplazamiento hasta allá.
Cuando entendí que lo mejor sería convivir con el dolor de hombros o acudir a algún huesero barrial, una nueva voz de mujer, apareció en la línea.
El tramite que yo creí sería simple, al menos después que alguien atendiera el llamado, no lo fue. Yo tenía que obtener fecha y hora para dos cosas distintas. Una para sacarme las placas y otra para ser atendido por un traumatólogo. Esa voz amable, me podía solucionar uno de mis dos requerimientos, el del traumatólogo, pero no el de las placas. Para eso debía llamar a otro número. En realidad, no me podía solucionar nada y así me lo hizo saber, con amabilidad. Para ir a la consulta del traumatólogo, debía contar con las placas. Debía empezar por tener una fecha para sacarme las placas y luego pedir una fecha posterior a aquella, para consultar al traumatólogo.
Impulsado vaya a saber por que inercia, llame al otro teléfono. Logre, no sin complicaciones, una consulta para sacarme las placas y con esa fecha ya establecida, logre finalmente tener una consulta con un traumatólogo. El 13 de setiembre, las placas y el 29 la consulta con el especialista.
No creí que el día 13, era una fecha que se debía descartar por razones supersticiosas. Tenía hora a las 16.00. Fui puntual. Minutos antes de la hora ingrese al Policlínico de la avenida 8 de octubre.
Antes de subir al 2do Piso, debía pagar la orden correspondiente.
Había para pagar ordenes y consultas, una larga cola de más de 100 personas que se ordenaban – es sólo un decir- en una larga y retorcida fila que seguramente de estirarse, saldría del local y ocuparía un tramo importante de la avenida 8 de octubre.
Veinticinco minutos después, de haber pagado 104 pesos, me dirigí a el segundo piso, donde debí sumarme a otra cola ante un mostrador. Más chica pero mucho más lenta, pues no se traba de que el afiliado pagara, sino para recibir por lo que había pagado. En mi caso, registrarme para ser llamado por el departamento de radiología.
Luego de otros veinticinco minutos, quedé registrado y en condiciones de ser llamado.
La nueva espera, tenía una ventaja. La posibilidad de hacerla sentado. Luego de una espera de cuarenta minutos, logré ingresar a la sala de Rayos X y que me sacaran las placas.
Cuando creí que había terminado, recibí una nueva sorpresa, No terminaba la espera.
Les confieso que una larga espera en una mutualista del Uruguay, es una clara muestra de la edad predominante en los habitantes de nuestro suelo oriental. Trate de no pensar que yo estaba en el umbral ( o ya adentro) y como parte de esa gente que entra en esa etapa de su empecinada negativa a morir.
Lamenté no haber llevado nada para leer y poder así matar el tiempo. ¡Que paradoja, matar el tiempo en una institución de salud!
No imaginaba que aún me esperaban otros noventa minutos que demorarían en entregarme las placas. No podía irme y pasar otro día a retirarlas. Existía la posibilidad de que no salieran bien y tener que repetirlas.
Algunas personas conocidas, que trabajan allí se acercaron a saludarme y por momentos me ayudaron a matar el tiempo. Algunos que no conocía se me acercaron a realizarme algún comentario sobre el libro que habíamos escrito con Sara.
Los halagos recibidos, seguramente ahuyentaron cualquier pensamiento agresivo e indiscriminado contra el CASMU y sus empleados.
Una funcionaria que atendía el mostrador donde debían entregarme las placas, fue objeto de mis reiterados reclamos, porque otras personas que habían llegado mucho después que yo, recibían sus placas y se marchaban...mientras yo seguía esperando. Ante cada uno de ellos, me respondía amable y monótonamente.
_ ¿Su nombre?- mientras revisaba el montón de sobre con placas-, Todavía no esta.
. Esa misma mujer, ya al filo de las 19.00 horas, anuncia una nueva tanda de entregas de placas.
El procedimiento de entrega de las placas es bien interesante. Consiste, en la llegada de detrás de una mampara de una funcionaria portando los sobres con las placas, y el atropellamiento esperanzado y rezongón de la gente que espera ante el mostrador. Por nombre de los pacientes (lo de pacientes, va en su doble significado), las va entregando. Cuando lee mi nombre, me mira al parecer, por primera vez y dice.
- Muy bueno su libro.

Comprendí que escribir un libro, poner en letras el nombre de uno, tiene un significado distinto al nombre solamente expresado con la voz. Varias veces en la tarde me había preguntado mi nombre y solo al haberlo visto escrito tomo un significado para ella. Ya no era el paciente que reclama, era una persona que había escrito algo que a ella le había resultado agradable.
Le di las gracias y me guarde un comentario. Comparativamente, las 15 palabras que tenía el informe médico que acompañaba las placas y el tiempo que demoraron en entregarlo, si se dedicaran a escribir libros, muy mal les iría.
¿ Que decía el informe?: Que ambos hombros presentan “incipiente osteofitosis a nivel de la cavidad glenoidea derecha”.
¿Qué quería decir eso? Vaya uno a saber. Estoy tranquilo, porque el 29 de setiembre, un médico (traumatólogo especialista en hombros), seguramente, espero, me lo dirá.
Pero no todo eran pálidas, los autores del diminuto dictamen, culminan sus 15 palabras con: “No vemos calcificaciones periarticulares”.
Que no lo vean, no quiere decir que no existan. No escribieron, NO HAY calcificaciones...
Con mis plaquitas bajo el brazo y con mas dolores en el cuerpo, de los que entré, me retire de la mutualista “DE TODOS”. Debe ser de todos, porque había un mundo allí adentro y muy pocos uruguayos bien pagos para atendernos.
Debo reconocer para atenuar las responsabilidades que las autoridades del CASMU, sin duda tiene por esa situación, que se implementan políticas tendientes a atenuar esta situación de “embotellamiento” sanitario. Algunas de esas políticas, no son visibles.
Entre las visibles, hay que destacar que mientras los socios esperan, como fue mi caso, puede visitar una exposición de pintura, fotografía y esculturas que se encuentra a unos 50 metros. Es cierto que uno no puede prestar mucha atención a las obras de arte, porque corre el riesgo de no escuchar cuando lo llamen desde el mostrador y perder su turno. Y ahí, el que no está, se embroma.
Yo recorrí la muestra cultural leyendo los títulos que lucían las distintas obras. Buscaba alguna que representara con mayor autenticidad el estado de animo de un socio del CASMU: Ninguna se titulaba “La Espera”.
Por algunos minutos creí encontrar esa obra buscada, cuando a la distancia ví lo que creí que era una escultura tamaño natural. Escultura que representaba a una señora de muy avanzada edad, despatarrada y dormida sobre una silla, de cuyas manos pendía un abultado manojo de recetas multicolores.
No era una escultura. Menos aún, una estatua viviente. Cuando me le acercaba, despertó. Miro su reloj y arrancó rauda hacia uno de los mostradores.
La otra política, menos visible, pero seguramente más efectiva consiste en haber ubicado el problema: una gran cantidad de afiliados y pocos y mal pagos funcionarios para atenderlos.
La solución, por supuesto no es la “tradicional”; aumentar los funcionarios o mejorar la gestión.. Es Innovadora. Desestimular que los afiliados vayan a la mutualista. Ni se le ocurra pensar, que lo que se propugna es una política de prevención de salud. Para que los afiliados no vayan, no se trata de que no se enfermen.
La política, muy efectiva, consiste en que ni aún enfermo Ud. tome la decisión heroica de ir a la mutualista. Confieso que en mi caso, esa política ha tenido impacto. Estoy seriamente pensando en convivir armoniosamente con mi incipiente osteofitosis a nivel de la cavidad glenoidea derecha y quedarme con la incógnita de si tengo o solo no ven calcificaciones periarticulares.
Cuando hacía la primera cola, pude presenciar y oír interesantes conversaciones de que quienes como yo, se encontraban cumpliendo el tramite para entrar al infierno de Dante, perdón me equivoque de calle, debí decir 8 de octubre.
-Antes no habían colas, comentaba un señor con un ojo tapado, la gente esperaba sentada y un tablero electrónico les indicara en que “gatera” debía ubicarse para la largada.
Pude saber por otro señor con un corcet horopédico, que el retiro de las sillas, y por tanto la eliminación del tablero electrónico, había sido objeto de una campaña de juntada de firmas.
Sillas sí o sillas, no había sido la consigna de ese impulso plebiscitario de los uruguayos afiliados del CASMU.
Por lo que pude entender, al parecer la voluntad ciudadana no alcanzó para derogar la decisión de eliminar las sillas. No hubo el coraje suficiente para enfrentar a pie firme, esa innovación y por eso ahora había que esperar de pie, que el tablero impersonal y electrónico fuera suplantado por un funcionario que nos despierte de nuestro “sueño del burro” gritándonos:
-¡Caja 8 el siguiente!
Otras interesantes conversaciones pude registrar al esperar las placas en el segundo piso, en los asientos próximos a los teléfonos. Casi el 90% de las conversaciones, empezaban de la misma manera,
-Todavía estoy en el CASMU...
Esa reiterada frase trasmitida a sus interlocutores, me dio para sacar algunas conclusiones.
La expectativa con la que llegaron o salieron de sus casas, se derrumba ante la realidad. Decir “todavía estoy en el CASMU, predispone a quien está dirigido el mensaje, a una incertidumbre temporal: no se sabe cuando se regresará.
Creo que a las excusas por demoras, de los maridos y las esposas infieles, debería incorporarse la de haber ido al CASMU. No solo hay un espacio de tiempo de disculpa, sino que también hay una disculpa por lo “destrozado” que se llegue a casa.
Cuando salí a la calle, el frió me llevó a pensar que le pediré a mis hijos que dentro de unos años, hagan conmigo lo de los esquimales. Me abandonen en los hielos lejanos del polo norte a esperar la muerte. Esta otra doble espera, no es humana.
Setiembre de 2004.