viernes, 15 de marzo de 2013

URUGUAY: REINSTALACION DE LA IMPUNIDAD.
Publicado en Tiempo Argentino Marzo 2013




Decisiones, de la SCJ, ponen de manifiesto las intrincadas tramas de intereses que juegan a perpetuar la impunidad. Con una de ellas, la Dra. Mariana Mota, se sumó a una extensa lista de magistrados y fiscales, a los que mediante variados mecanismos sufrieron las represalias por haber intentando hacer justicia desafiando las presiones desde las esferas del poder. Por otras, posteriores sentencias de inconstitucionalidad invalidaron una ley aprobada para cumplir con una Sentencia de la Corte IDH. Son parte de un mismo movimiento, que desanda un lento y demorado camino que el gobierno de izquierda estaba recorriendo con muchas reticencias y vacilaciones. Mas obligado por una condena de la Corte IDH, que por un cabal convencimiento del papel determinante que tiene para una autentica política de un gobierno progresista, la defensa y promoción de los dd.hh. Que el Uruguay atendiera sus compromisos internacionales, era además de un golpe a la impunidad, una reafirmación de una señal de identidad, muy necesario para un gobierno atravesado por grandes debilidades ideológicas en se campo.

No pasó desapercibido para la sociedad civil, que no era solamente el alejamiento de una magistrada, sino una señal para el sistema judicial, de cuales serían las consecuencias para quienes desafiaran la lógica de impunidad. Era una vez más una práctica propia de un Estado feudal, de apartar un juez, cuando las decisiones de este, no es funcional a la opinión mayoritaria de la SCJ. La jueza Mota, investigaba más de 50 causas de delitos de lesa humanidad, con solicitudes de procesamientos de altos jerarcas militares que hasta hace muy poco conducían las fuerzas armadas.

La real posibilidad de avanzar realmente en un proceso de verdad y justicia, esta radicada en la aplicación de las normas de derecho internacional, que son las que dan fundamento a la sentencia de la Corte IDH en el caso Gelman. Y eso es justamente lo que obtura la SCJ en sus argumentaciones en las Sentencias de inconstitucionalidad.

Lo que esta en juego, no es si luego de estas sentencias los fiscales o jueces toman la determinación de seguir investigando y aplicando el derecho internacional; sino hasta donde la opinión de la mayoría de la SCJ, los deja avanzar atendiendo los recursos de las defensas de los militares.

Los artículos declarados inconstitucionales, son los que dicen que los delitos cometidos son de lesa humanidad y que no prescriben. La SCJ, esta indicando que no es para nuestro país una obligación jurídica aplicar el derecho internacional, establecido en la Convención americana u otros instrumentos internacionales. Ese desconocimiento de los principios de derecho internacional, es quizás lo más grave para el avance de las causas en el Uruguay y para el posicionamiento del Uruguay.

Ese desconocimiento de elementos básicos, sobre los que se han dictado sentencias muy importantes para la consolidación de normas de protección de los derechos humanos por parte de la Corte IDH, pone en entredicho la posición del Estado uruguayo luego que desde el Poder Ejecutivo y Legislativo se asumiera el compromiso de acatar la obligación de investigar y sancionar los delitos cometidos en la dictadura. Lo que pueda ocurrir a futuro con las causas, si bien puede ser difícil saberlo, es importante tener n cuenta, en que probable marco jurídico se encuentran a partir de sas decisiones. Un país donde el Poder Judicial no puede o no quiere desarrollar su función garantista al verse impedido para desarrollar su función, de cumplimiento de los derechos, de investigar aquellos delitos que vulneran los mismos, hace imprescindible una acción desde la sociedad civil que active a nivel internacional y nacional, definiciones que pongan freno al desconocimiento por parte de la mayoría de la SCJ de las normas del derecho internacional.

Resumiendo, si no se logra torcer una concepción imperante en la mayoría de la SCJ, de que no hay que cumplir con lo establecido en la Sentencia de la Corte IDH, la impunidad habrá ganado esta batalla.

La izquierda de una vez por todas, debe tener una inequívoca vocación de compromiso con una cultura de los derechos humanos, democratizando el sistema judicial y asegurando que las políticas del Estado en esta materia sean únicas, claras y coherentes.



Raúl Olivera Alfaro

De la Secretaria de Derechos Humanos del PIT/CNT

Coordinador por el PIT/CNT del Observatorio Luz Ibarburu de seguimiento de las denuncias penales de violaciones a los Derechos Humanos .