martes, 10 de diciembre de 2013

EN EL DIA DE LOS DERECHOS HUMANOS.

“He luchado contra la dominación blanca y he luchado contra la dominación negra. He acariciado el ideal de una sociedad libre y democrática en la que todas las personas vivan con igualdad de oportunidades. Es un ideal por el que espero vivir y ver realizado. Pero, si es necesario, es un ideal por el que estoy dispuesto a morir”. Nelson Mandela. (Discurso en el juicio de Rivonia em 1964, en que lo condenaron a cadena perpetua) En este día en que se conmemora un nuevo aniversario de la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el movimiento sindical uruguayo a través de su Secretaria de Derechos Humanos cree que es oportuno compartir una reflexión sobre el real estado en que se encuentra el país la lucha contra el principal flagelo contra los derechos humanos: la impunidad. Creemos que derrotar definitiva y categóricamente las distintas variantes de la impunidad en nuestro país sigue siendo un tema pendiente que debería estar en la agenda de las prioridades del Estado y de aquellas fuerzas políticas que se embarcaran ya en la contienda electoral con miras a definir quien asumirá la responsabilidad de conducir los destinos del país. Somos consientes que una adecuada agenda de derechos humanos no debe limitarse a los hechos dramáticos de nuestro pasado reciente. Pero estamos convencidos que sin resolver adecuadamente nuestras deudas con ese pasado, no tendremos bases firmes y duraderas para construir un presente y un futuro donde impere una cultura de derechos humanos. Ese desafío pendiente de derrotar la impunidad y sentar las bases firmes de una vida ciudadana en clave de derechos humanos, debe ser pensado tanto a la luz de avances logrados por las normas del derecho internacional y los obstáculos existentes en su aplicación en nuestro país. Estos han sido claramente ubicados en las recomendaciones recientemente formuladas por el Relator Especial de las Naciones Unidas para la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición Sr. Pablo de Greiff, en base a la cisión de la sociedad civil y no de la mirada siempre autocomplacientes de los gobiernos, el sistema político y el propio Estado. Recientemente en el Uruguay con el dictado de una serie de sentencias de la mayoría de la Suprema Corte de Justicia declarando inconstitucionales artículos de la ley 18.831, se empezó a levantar contra los avances que obliga la sentencia de la CIDH, la confesada por su Presidente Ruibal Pino, muralla de contención para terminar con la impunidad de los crímenes del terrorismo de Estado. En las Sedes penales donde se radican las causas relacionadas al terrorismo de Estado, se produjo una serie de recursos de las defensas de los terroristas de Estado, que encuentran en las mencionadas sentencias de inconstitucionalidad de la Suprema Corte de Justicia, argumentos para intentar impedir el avance de las investigaciones penales en curso y con ello el cumplimiento cabal de la sentencia de la Corte Interamericana. A esa situación se suma la escasa o nula colaboración de los organismos estatales de brindar información existente en sus archivos, principalmente del Ministerio de Defensa. Pese a que en varias causas existían avances que auguraban la continuidad de nuevos procesamientos de autores o complices de delitos de lesa humanidad, las situaciones antedichas las siguen demorado. Mientras tanto continúan falleciendo los procesados sin que se dicten sentencias condenatorias, testigos y denunciantes sin que se atienda sus requerimientos de hacer justicia. En esta batalla que también se desarrolla, contra el tiempo, los resultados no son alentadores ni han merecido la debida y adecuada atención por parte del Estado. A ello, se suma la absolución de tres imputados, aunque solo en un caso significó la recuperación de la libertad, con argumentos jurídicos y visiones históricas insostenibles. En este panorama complicado y amenazador, el arbitrario traslado de la Dra. Mariana Mota, no obtuvo resultados favorables en su primer recurso ante la propia Suprema Corte. Sin embargo, continúa recibiendo el apoyo nacional e internacional y se tramitan nuevos recursos a nivel nacional. Esta situación arbitraria, esta vez no pasó impunemente como ocurrió en el pasado con situaciones similares donde de distintas formas jueces y fiscales fueron represaliados por desafiar las políticas de impunidad, y pusieron en el debate público la democratización de un Poder del Estado, como lo es el Judicial. Si bien es cierto que las sentencias de inconstitucionalidad contra artículos de la ley 18.831 son retrógrados y violadores de la normativa internacional, también es cierto que a nivel de muchos de los fiscales, de algunos jueces de primera instancia y en algunos de los Tribunales de Apelaciones, se tomaron decisiones donde hay un claro desafió a las posiciones sustentadas por la mayoría de la Suprema Corte de Justicia. Esto se da, tanto sobre la prescripción de los delitos, la aplicación de las normas del derecho internacional y el cumplimiento de la sentencia de la Corte IDH. En resumen, en esas determinaciones se opera una clara línea de argumentaciones y posicionamientos jurídicos desafiantes a las opiniones de la mayoría de la Suprema Corte uruguaya. Sin embargo es de destacar que el principal desacato al que el Estado en su conjunto debe prestar especial atención, es la de la mayoría de la Corte contra las obligaciones que tiene el Estado uruguayo. Desacato que mereció comentarios muy duros del Relator Especial de las Naciones Unidas Sr. Pablo de Greiff en oportunidad de realizar sus observaciones preliminares al final de su visita oficial al Uruguay. También vemos con preocupación y alarma que dos sedes penales, la de la Dra Canessa y la del Dr. Timbal, se decidiera el archivo de sendas causas por haber prescrito los delitos afiliándose a las posiciones sustentadas por la mayoría de la Suprema Corte. Esta situación y las reseñadas más arriba nos muestran que existe un debate jurídico en el que se puede percibir avances y retrocesos en la incorporación de la normativa internacional y en la voluntad de cumplir con las obligaciones internacionales del Uruguay. El Estado uruguayo en su conjunto debe tener una posición única y clara en consonancia con los compromisos que soberanamente suscribió como nación. Si esto no se resuelve, no seremos un país serio. Desde esta perspectiva y en este escenario, el movimiento sindical continuara estrechando fuerzas con otras organizaciones sociales para lograr justicia, vedad y alcanzar las condiciones necesarias para las garantías de no repetición de situaciones por las que atravesó el país. A la vez que convocamos a todas las actividades que en torno a este día se realizan, convocamos a la marcha que desde el Obelisco a la Universidad de la República, se realizara el miércoles 11 a partir de las 19.00 horas impulsada por el Colectivo de Vecinos de Santa Catalina y diversas organizaciones sociales por brutal asesinato de Sergio Lemos. 10 de diciembre de 2013

lunes, 2 de diciembre de 2013

HOMENAJE A ELENA EN CONGRESO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA.

Hay cosas que los seres humanos realizamos como operaciones de la memoria, que son buenas en sí mismas. Esta que hacemos hoy, homenajeando a la Maestra Elena Quinteros, es una de ellas. Pero si además se encuadra en una actividad que apuesta a construir una Universidad con capacidad transformadora y crítica, que promueva ideales y compromiso con el cambio social, esta mejor aún. Por eso intentamos hoy, introducir este rescate de la memoria de una luchadora social, desaparecida en el marco de las políticas de terrorismo de Estado con una serie de interrogantes. ¿Sobre qué hechos queremos poner nuestra atención hoy, cuando los temas de la educación sacuden las propuestas de las políticas públicas de los gobiernos de turno, sin dar en el clavo? ¿Qué ejemplos de la vida y el compromiso de esta educadora queremos rescatar hoy, en esta sociedad que padece aún los efectos combinados de los largos años de dictadura y de las políticas neoliberales de los años 90? ¿Qué respuesta en la lógicas de “hacer la tuya”, le podemos dar a la vida y la desaparición de Elena Quinteros? ¿Cuál era para Elena “la suya”? …………………………………… Para responder a esas interrogantes recordemos que, mientras Elena cursaba sus estudios de Magisterio, fue una activa integrante de la Asociación de Estudiantes de Magisterio y una vez que se recibió de maestra y pasó a desempeñarse a nivel del sistema educativo público, desarrolló actividad gremial en la Federación Uruguaya de Magisterio una de las filiales de la Convención Nacional de Trabajadores (CNT). Elena creía en la acción colectiva de los trabajadores y los estudiantes y la practicaba. La lucha de los trabajadores en ocupaciones de fábricas o marchas reivindicativas de trabajadores rurales, así como la denuncia a la acciones imperialistas formaba parte de la cotidianeidad del movimiento estudiantil de esos años. Su militancia política la realizó acompañando el proceso de una corriente libertaria en la Federación Anarquista Uruguaya, en la Resistencia Obrero Estudiantil, en la OPR 33 y finalmente en el Partido por la Victoria del Pueblo. A partir de su actividad como estudiante y como docente, estuvo al frente de las movilizaciones, reclamando un presupuesto digno y adecuado para atender las necesidades de una autentica formación de los maestros. Contribuyó junto a otros de su generación a la creación de una nueva conciencia en varias generaciones de maestros acerca de lo que debe ser la labor magisterial en el Uruguay. A partir de esa influencia cientos de maestros y maestras uruguayas graduados posteriormente a 1966, testimonian sobre el ejemplo y las ideas desarrolladas por aquellos educadores que se convirtieron en animadores de una transformación en la mentalidad de los estudiantes del Instituto Normal. Esa labor consecuente y firme de esas nuevas camadas de estudiantes formada al influjo de esa generación, permitió a un número muy importante de maestros y maestras comprender que la realidad del Uruguay, les reclamaba un compromiso con los sectores oprimidos, explotados del pueblo, amenazados por un incierto y oscuro futuro. A partir de esa comprensión, se instaló entre los estudiantes de magisterio y los nuevos maestros, una idea que orientaría por algún tiempo su acción tanto en las aulas, en las relaciones con los otros maestros; y en la relación con los padres de los alumnos. Esa idea que también encarnaría la labor magisterial de maestros y maestras consistía en no ser maestros al servicio del privilegio, y ser maestros al servicio de los intereses auténticos del pueblo. Ese desafío de los estudiantes y maestros uruguayos, rebelándose contra un estatu quo existente que pretendía que fueran instrumentos del sometimiento ideológico y cultural del pueblo, fue un crisol en el que se forjo una generación de luchadores sociales. Para esa generación, la labor docente solo podía ser concebida, construida con la verdad, sin claudicar denunciando la situación de un país que estaba siendo llevado al abismo por les intereses nacionales vendidos a los monopolios y al imperialismo. Ese compromiso asumido plenamente por el magisterio uruguayo, le significó a Elena su secuestro y desaparición; a Gustavo Inzaurralde su secuestro y desaparición en Paraguay, a María Emilia Islas su secuestro y desaparición en Argentina, a Telba Juarez su asesinato en las calles de Buenos Aires, y podríamos seguir dando nombre de decena de quienes habían optado por el campo de la docencia, que tuvieron que afrontar, la tortura, la cárcel y el exilio. …………………………………………………. Elena había nacido en un hogar de familia trabajadora. Su madre María del Carmen Lidia Almeida (Tota Quinteros) y su padre Roberto Luis Quinteros. La primera practicante de la región cristiana y el segundo de ideas socialistas, influyeron de forma importante en su formación temprana. Al igual que muchos otros jóvenes cristianos Elena se va acercando cada vez más al movimiento revolucionario, hasta que un día cambió la misa de los domingos por las reuniones gremiales y políticas. La casa de la familia Quinteros se fue así convirtiendo en un refugio para cobijar reuniones gremiales e incesantes debates políticos de jóvenes que junto a la discusión gremial y política intentaban generar una nueva cultura. Elena ingresó a estudiar Magisterio en el año 61 y años después se integra a las Misiones Sociopedagógicas, acompañando la iniciativa de los maestros del Instituto Cooperativo de Educación Rural. Sus compañeros y compañeras la recuerdan “como una hormiga, una hormiga discreta, una hormiga conspirativa, una hormiga que cualquier tarea se le podía confiar que se sabía que la iba a llevar adelante A los 22 años de edad sufre su primera detención y a los 24 años es procesada y recluida en la cárcel de Cabildo donde participa de una huelga de hambre reclamando mejores tratos. Tras su liberación, regresa a sus tareas en la escuela de Pando donde es recibida con alegría por los niños y vecinos de la zona. Tras el golpe de Estado del 27 de junio de 1973, Elena se sumerge en la organización de la resistencia que se manifiesta en la huelga general y posteriormente en la reorganización clandestina de actividades militante. El largo proceso de conformación del PVP la obliga a desplazarse asiduamente entre Uruguay y Argentina. El 5 de mayo de 1975, en el marco de un nuevo embate represivo contra su organización política, Elena es requerida por la dictadura y se traslada a Buenos Aires. Al mes siguiente es destituida de su cargo de maestra. En los primeros meses del 76 regresa en forma clandestina a Montevideo. Bajo otra identidad, vive en un apartamento en la calle Massini, hasta su secuestro el 26 de junio de 1976, cuando aún no había cumplido 31 años, Dos días después de su detención, con la excusa de entregar a un compañero, se hace llevar a las inmediaciones de la embajada de Venezuela. Allí logra escapar de sus captores, e ingresa a los jardines de la sede diplomática solicitando refugio. Los militares irrumpen a la fuerza en la embajada y la secuestran, por segunda vez. Elena es conducida al Batallón de Infantería Nº 13, donde fue torturada y posteriormente es ejecutada. Hasta hoy, Elena continúa desaparecida y las fuerzas armadas responsables de su secuestro guardan silencio sobre el destino de sus restos. La justicia solamente ha procesado y condenado al entonces Canciller de la dictadura Juan Carlos Blanco. Los otros responsables civiles y militares de su secuestro, torturas y muerte continúan impunes. Ese acto reparador de la verdad y la justicia, está aún pendiente. Está también pendiente una respuesta al gobierno de Venezuela que tras los hechos de 1976 rompió relaciones diplomáticas con Uruguay y las reanudó el 1º de marzo de 1985 tras el compromiso de que Uruguay estableciera la verdad de los hechos y llamara a responsabilidades a sus autores. ………………………………… Hoy hasta esta carpa que lleva su nombre y la preside su imagen, Elena ha vuelto una vez más, con su túnica de trabajadora social, con su bufanda y su pelo desordenado, con sus ojos negros de mirada intensa, con su aire de muchacha de barrio humilde, para decirnos que “la suya”, es la de “todos nosotros” porque cree, como ayer, en un mundo nuevo. Presente, Elena.

NOTA EN REVISTA DEL SIMA.

DERECHOS HUMANOS: Insumos para un balance. Por Raúl Olivera (Integrante de la Secretaria de DD.HH y Políticas Sociales del PIT/CNT) Si bien aún no hemos hecho un balance global del estado de situación en que actualmente nos encontramos, lo cierto es que tenemos en nuestra en una agenda colectiva – tanto de las distintas organizaciones que integran el Observatorio Luz Ibarburu, e individualmente como Secretaria de Derechos Humanos del PIT/CNT -, desafíos pendientes que deberemos pensarlos colectivamente teniendo en cuenta los avances y los obstáculos existentes para avanzar sobre otros objetivos que aún están en el debe. Para estos apuntes de un balance parcial, hay un aspecto que no debemos olvidar porque marca una inflexión en el escenario de la lucha contra la impunidad: que en que en los primeros meses de este año, la lucha por Verdad y Justicia sufrió dos duros reveses. Uno con el traslado de la jueza Penal de 7mo turno Dra Mariana Mota y otro con la inauguración de una serie de sentencias de inconstitucionalidad contra la ley 18.831 de la mayoría de la Suprema Corte. Con estas Sentencias y su contenido claramente desconocedor de las normas internacionales de defensa de los derechos humanos se empezó a levantar la confesada muralla que posteriormente fundamentaría públicamente Presidente, el Dr. Ruibal Pino. Muralla de contención para los avances que se estaban operando en el Uruguay en el sentido de poner fin a varias décadas de derechos ignorados y con ello enmarcarnos en los avances dados por la humanidad reflejada en las normas de derecho de protección y promoción de los derechos humanos. Otro aspecto, vinculado al anterior. En las Sedes penales donde están radicadas más de 220 causas relacionadas al terrorismo de Estado, se desarrollaron una serie de acciones concertadas por las defensas de los terroristas de Estado, vinculadas con las mencionadas sentencias de inconstitucionalidad contra la ley 18.831. Ellas consistían en la presentación de recursos de inconstitucionalidad contra la Ley 18.831 y contra las investigaciones penales aduciendo la prescripción de los delitos. A eso se sumaba, que la obligada colaboración de los organismos estatales de brindar información existente en sus archivos – principalmente del Ministerio de Defensa -, seguía siendo escasa o nula. Pese a que en varias causas existían avances que auguraban la continuidad de nuevos procesamientos, las situaciones antedichas las han demorado hasta ahora. Mientras este año murieron varios de los procesados, testigos y denunciantes. En esta batalla que estamos desarrollando, también contra el tiempo, los resultados no han sido alentadores. A ello hay que sumar la absolución de tres imputados, aunque solo en un caso significó la recuperación de la libertad. Diremos a partir de esos dos aspectos, que existe un panorama complicado. Si bien la batalla que sigue dando la Dra. Mota, no obtuvo resultados en su primer recurso ante la propia Suprema Corte, el apoyo nacional e internacional que continua recibiendo no puede catalogarse como una batalla perdida. Está en trámite en recurso ante el Contencioso Administrativo y en el futuro de no lograr un resultado ante la CIDH. Esta vez esta arbitraria situación no pasó en vano como ocurrió en el pasado con situaciones similares y eso es algo positivo. Por otro lado, si bien es cierto que los sucesivos resultados de los recursos de inconstitucionalidad contra la ley 18.831, continuaron siendo tan retrógrados y violadores de la normativa internacional, como el primero, también es cierto que a nivel de muchos de los fiscales, de algunos jueces de primera instancia y en algunos de los Tribunales de Apelaciones, se tomaron decisiones donde hay un claro desafió a las posiciones sustentadas por la mayoría de la Corte. Tanto sobre la prescripción de los delitos, la aplicación de las normas del derecho internacional y el cumplimiento de la sentencia de la Corte IDH. A modo de ejemplo, en el caso de la denuncia del periodista Rodolfo Porley, la defensa de los militares solicitaron el archivo de la denuncia argumentando lo mismo que sostiene la Corte, que los delitos habían prescripto a lo que la jueza Larrieu – la que sustituyo a Mota-, se negó. Los militares apelaron y el Tribunal Apelaciones por unanimidad le dio la razón a la Dra Larrieu. De igual manera opino ese mismo Tribunal de Apelaciones en la denuncia de la muerte del dirigente ferroviario Gilberto Coghlan. Hay más casos, donde jueces y fiscales debieron pronunciarse negativamente sobre la prescripción de los delitos y la intención de los militares de que esas denuncias fueran archivadas. En resumen, en esas determinaciones se opera una clara línea de argumentaciones y posicionamientos jurídicos desafiantes a las opiniones de la mayoría de la Corte. ¿Hay una rebelión de los jueces? Hay mas de una rebelión. En primer lugar hay una rebelión, un abierto desacato de la mayoría de la Suprema Corte contra las obligaciones que tiene el Estado uruguayo. Esa rebelión o desacato, mereció comentarios muy duros del Relator Especial de las Naciones Unidas para la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición Sr. Pablo de Greiff en oportunidad de realizar sus observaciones preliminares al final de su visita oficial al Uruguay. En segundo lugar, no todos los jueces actúan con un criterio que parte del presupuesto que hay que darl cumplimiento de la normativa internacional. El Juez a cargo del caso en el que se denuncia de la muerte de Edgar SOSA y el juez que actua en el caso de la muerte de Enrique Piegas, ambos magistrados decidieron el archivo de las causas por haber prescrito los delitos afiliándose a la posición de la mayoría de la Corte. En resumen, hay un debate jurídico en el que se puede percibir avances y retrocesos en la incorporación de la normativa internacional y una voluntad de cumplir con las obligaciones internacionales del Uruguay. Aquellos que no se afilian a las posiciones de la Suprema Corte, por supuesto que desafían jurídicamente las posiciones de la mayoría de la Corte. De lo expresado, podría sacarse la conclusión de que habría que esperar que cambie la integración actual de la Suprema Corte y que el sistema político se anime a democratice el acceso a ese máximo órgano de un Poder del Estado. Esa no es una buena conclusión. Creo que deberemos seguir dando la batalla para que el Estado resuelva ya esta situación donde un Poder del Estado que no lo puso allí la ciudadanía resuelva en contra de lo que resolvieron otros os poderes elegidos por la ciudadanía y de lo que mandan los acuerdos suscritos por el país. Si no se resuelve eso, no somos un país serio. Y por otro lado, seguir dando la batalla en cada una de las causas, fortaleciendo el Observatorio, desplegando el debate político y jurídico, denunciando a nivel internacional. Las batallas en estos temas, nunca han sido fáciles, pero la razón está de nuestro lado.

REPORTAJE EN REVISTA "No te olvides".

CON EL OBSERVATORIO LUZ IBARBURU. Con el objetivo de que el número último de este año incluyera un estado de situación de la lucha contra la impunidad a nivel de la justicia, conversamos con Raúl Olivera, integrante del Observatorio Luz Ibarburu. ¿En qué situación nos encontramos hoy? Si bien aún no hemos hecho un balance global del estado de situación en que nos encontramos hoy, lo cierto es que tenemos en nuestra agenda colectiva como Observatorio e individualmente cada organización que lo integramos desafíos pendientes que deberemos pensarlos a la luz de avances logrados y los obstáculos existentes En los primeros meses de este año, sufrimos dos duros reveses: el traslado de la jueza Mariana Mota y la inauguración de una serie de sentencias de la mayoría de la Suprema Corte que empezó a levantar la confesada por su Presidente Ruibal Pino, muralla de contención para los avances que se estaban operando en el Uruguay en el sentido de poner fin a largas décadas de derechos a la verdad y la justicia ignorados. En las Sedes penales donde se radican según nuestros registros más de 220 causas relacionadas al terrorismo de Estado, articulada con las mencionadas sentencias de la mayoría de la Corte, se produjo una serie de acciones claramente concertadas por las defensas de los terroristas de Estado. Recursos de inconstitucionalidad contra la Ley 18.831 y contra las investigaciones penales en curso aduciendo la prescripción de los delitos. Al mismo tiempo, la obligada colaboración de los organismos estatales de brindar información existente en sus archivos – principalmente del Ministerio de Defensa -, seguía siendo escasa o nula. Pese a que en varias causas existían avances que auguraban la continuidad de nuevos procesamientos, las situaciones antedichas las han demorado hasta ahora. Mientras este año murieron varios de los procesados, testigos y denunciantes. En esta batalla que estamos desarrollando, también contra el tiempo, los resultados no han sido alentadores. A ello hay que sumar la absolución de tres imputados, aunque solo en un caso significó la recuperación de la libertad. ¿Todo un panorama desalentador? Diremos que un panorama complicado. Veamos: si bien la batalla que sigue dando la Dra. Mota, no obtuvo resultados en su primer recurso ante la propia Suprema Corte, el apoyo nacional e internacional que continua recibiendo no puede catalogarse como una batalla perdida. Están en tramite nuevos recursos nacionales y en el futuro también a nivel internacional. Esta vez esta arbitraria situación no pasó en vano como ocurrió en el pasado con situaciones similares y eso es algo positivo. Si bien es cierto que los sucesivos resultados de los recursos de inconstitucionalidad contra la ley 18.831, continuaron siendo tan retrógrados y violadores de la normativa internacional, como el primero, también es cierto que a nivel de muchos de los fiscales, de algunos jueces de primera instancia y en algunos de los Tribunales de Apelaciones, se tomaron decisiones donde hay un claro desafió a las posiciones sustentadas por la mayoría de la Corte. Tanto sobre la prescripción de los delitos, la aplicación de las normas del derecho internacional y el cumplimiento de la sentencia de la Corte IDH. Por ejemplo en el caso de la denuncia del periodista Rodolfo Porley, la defensa de los militares solicitaron el archivo de la denuncia argumentando lo mismo que sostiene la Corte, que los delitos habían prescripto a lo que la jueza Larrieu – la que sustituyo a Mota-, se negó. Los militares apelaron y el Tribunal Apelaciones por unanimidad le dio la razón a la Dra Larrieu. De igual manera opino ese mismo Tribunal de Apelaciones en la denuncia de la muerte del dirigente ferroviario Gilberto Coghlan. Hay más casos, donde jueces y fiscales debieron pronunciarse negativamente sobre la prescripción de los delitos y la intención de los militares de que esas denuncias fueran archivadas. En resumen, en esas determinaciones se opera una clara línea de argumentaciones y posicionamientos jurídicos desafiantes a las opiniones de la mayoría de la Corte. ¿Una rebelión de los jueces? Quiero ser más cauto a la hora de afirmar eso. ¿Porqué mi cautela? En primer lugar la principal rebelión es la de la mayoría de la Corte contra las obligaciones que tiene el Estado uruguayo. Esa rebelión o desacato, mereció comentarios muy duros del Relator Especial de las Naciones Unidas para la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición Sr. Pablo de Greiff en oportunidad de realizar sus observaciones preliminares al final de su visita oficial al Uruguay: “nada parece amenazar más las posibilidades de progreso en el área de la justicia que decisiones recientes de la Suprema Corte de Justicia. Estas decisiones han despertado alarma tanto en el Uruguay como en la comunidad internacional”. Más adelante dice el Relator de ONU que la mayoría de la Corte uruguaya: “adopta posiciones que claramente no coinciden con tendencias jurisprudenciales actuales manifiestas por decisiones de cortes en diferentes partes del mundo, las cuales, enfrentando cuestiones similares a las que consideró la Corte Uruguaya, han llegado a conclusiones diferentes. Esto incluye temas tan básicos como la forma de integrar obligaciones internacionales, el uso de tipos criminales comunes en el derecho internacional como los crímenes de lesa humanidad, y en últimas, la forma de dar cumplimiento a sentencias de tribunales regionales con cuya jurisdicción Uruguay se ha comprometido. Lo que está en juego no es poco. En últimas, estas son obligaciones del Estado de Uruguay y la Corte, es por supuesto parte de ese Estado”. En segundo lugar, no todos los jueces actúan con ese criterio afin al cumplimiento de la normativa internacional. Tal es el caso de la Dra Canessa en la denuncia de la muerte de Edgar SOSA y el juez Timbal en el caso de la muerte de Enrique Piegas, donde ambos magistrados decidieron el archivo de las causas por haber prescrito los delitos afiliándose a la posición de la mayoría de la Corte. En resumen, hay un debate jurídico en el que se puede percibir avances en la incorporación de la normativa internacional y una voluntad de cumplir con las obligaciones internacionales del Uruguay, que por supuesto colisiona con las de la mayoría de la Corte. ¿Habrá que esperar que cambie la integración actual de la Suprema Corte? Y que el país democratice el acceso a ese máximo órgano de un Poder del Estado. Por otro lado hay una situación a ese nivel que será interesante saber cómo se resuelve. ¿A qué te referís? El apartamiento del Presidente de la Corte en la consideración de los recursos pendientes de resolución a raíz de sus declaraciones sobre la “muralla”, trajo como consecuencia que sean incorporados a la Suprema Corte para resolver esos recursos diversos integrantes de los Tribunales de Apelaciones. Eso por supuesto no afectara los resultados de sus decisiones en las que continuara primando la mayoría ya expresada en las anteriores decisiones, pero marcará hasta donde calaron las señales dadas por la mayoría de la Corte, en quienes en el futuro podrían eventualmente pasar a integrar la futura suprema Corte cuando se produzcan las vacantes dentro de un par de años. ¿Deberemos esperar entonces? No deberemos eguir dando la batalla. El Estado debe resolver ya esta situación donde un Poder del Estado que no lo puso allí la ciudadanía resuelva en contra de lo que resolvieron otros os poderes elegidos por la ciudadanía y de lo que mandan los acuerdos suscritos por el país. Si no se resuelve eso, no somos un país serio.

QUE NO NOS SEA AJENO.

QUE NO NOS SEA AJENO. Por Raúl Olivera (Integrante de la Secretaría de DD.HH del PIT/CNT) Es indiscutible que la Sentencia que declaró inconstitucional la ley de caducidad que por más de un cuarto de siglo nos sumió en la impunidad más absoluta, constituyó un elemento llamado a empezar a modificar de ahí en más, el escenario político y jurídico en que se batallaría por instalar definitivamente una cultura de impunidad. Menos discutible, es la misma situación referida a la Sentencia de la Corte IDH que condenó al Estado uruguayo en el llamado caso Gelman. Esos hechos - en tanto resultado de las luchas populares de los pueblos de nuestra América -, no fue suficientemente destacado en ese aspecto, como se merecía. Dicho de otra manera, hay un hecho, común a las dos situaciones mencionadas, a la que nos parece importante reflexionar hoy. Nos referimos a que en una y otra situación, se expresó el resultado de un esfuerzo colectivo que supera fronteras, que incluye los esfuerzos y las luchas de otros pueblos. Cuando por ejemplo, en un dictamen judicial como los referidos, se cita la jurisprudencia del caso Barrios Altos o la Cantuta del Perú se hace algo más que tomar en cuenta una conclusión o fundamento jurídico. Se está tomando un resultado que solo pudo ser posible por la incansable labor de las victimas testimoniando, de abogados que transforman ese testimonio en el andamiaje que sostiene el discurso de decisiones jurídicas, en los movimientos que desde la sociedad civil transforman el debate jurídico en elementos éticos de una lucha social que contribuye a crear los cimientos de sociedades más democráticas. Si esto que decimos es verdad, cosa de la que estamos convencidos, es una obligación permanente de los pueblos, hacer realidad aquello de que “nada del mundo nos es ajeno”. No fue ajeno para otros lo que pasó en nuestro país cuando trasladan injustamente a la Dra Mariana Mota, o cuando la Corte dicta sentencias injuriosas para los avances que la humanidad ha plasmado en las normas del derecho internacional. En ese marco de una globalización solidaria, es que debemos ver que el Congreso peruano designó recientemente a la congresista fujimorista Martha Chávez como coordinadora del Grupo de Trabajo de Evaluación de la Política de Derechos Humanos de aquel país. Resulta irritativo que el sistema político peruano proceda a un nombramiento que sin dudas, representa una afrenta a la memoria de las víctimas del terrorismo de Estado llevado a cabo por el hoy procesado y sentenciado Alberto Fujimori, y a la larga y tenaz lucha por verdad y justicia emprendidas por el pueblo peruano. Es inaceptable para quienes queremos mantener la memoria de nuestro pueblos para hacer posible el NUNCA MÁS, la designación de una persona que sin duda tiene una trayectoria vergonzosa, defendien la impunidad y avalando normas que constituyen sin lugar a dudas, instrumentos para la impunidad. Que en el Perú y en nuestro país, las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no se hayan aún cumplido íntegramente como lo mandata las normas de derechos internacional, no hace más que sumar un justificativo adicional para sumar nuestra protesta y solidarizarnos con las organizaciones de derechos humanos del Perú. Por lo expuesto, creo que sería pertinente cursar nota al Congreso de la República del Perú, para que deje sin efecto la sitada designación. 4 de noviembre de 2013.

HEMORRAGIA DE FLORES

HEMORRAGIA DE FLORES. Hace poco más de un mes, cuando regresábamos de Perú me encontré con que finalmente Constanza se lanzaba al ruedo. Por supuesto que esa esperada determinación y la de mi grupo político de impulsarla, fueron de mi total y absoluto agrado. Sé que el término “agrado” no es políticamente muy usado. El aceptar las reglas de juego democráticas, muchas veces nos obligan a aceptar cosas que no nos agradan, que nos resultan política y personalmente desagradables. Y que ese desagrado nos priva o posibilita muchas veces ser convincentes a la hora de trabajar por ellas. Pese a ese agrado, que me producía la irrupción desafiante de la compañera Constanza, confieso que poco había hecho directamente para esa batalla que se desarrollo hasta el fin de semana pasado en que el Frente Amplio debía definir las eventuales candidaturas de esa fuerza política. Alguna reunión, y si, mucho mano a mano. Eso, digámoslo con sinceridad, es poco para el viaje en que nos habíamos embarcado. Puedo decir en mi descargo que pese a empezar a dejar el lugar de las responsabilidades políticas y sociales en manos de gente más joven, dedico casi todas las horas a militar socialmente en ese desafío inconcluso de nuestra sociedad y de América, de erradicar definitiva y radicalmente la impunidad. Y, por otra parte, estoy plenamente convencido que eso que realizo a nivel social, es una vertiente que confluye a los desafíos a los que Constanza decidió defender coherentemente desde el escenario de la política partidaria. Esas tareas de las que doy cuenta renglones más arriba, me habían llevado a viajar a Guatemala y regresé en momentos en que empezaba el Congreso Hugo Cores. No pude seguir el desarrollo del Congreso y debí atenerme a la información de los medios de prensa. Mientras trataba de descifrar lo que verdaderamente había ocurrido en el Congreso escuchando las más variadas informaciones, trataba de ponerme al día con algunas tareas caseras: lograr que una enredadera que por estos días amenazaba a ponerse en flor, también me sirviera para darme sombra. Para ello debía crear las condiciones para que su exuberante crecimiento se extendiera sobre mi patio. La enredadera no esperó a que mis tiempos me permitieran culminar mis tareas de transformarla en algo más que racimos de flores rosadas y también fuera un agradable refugio a los rayos del sol. Hoy era una verdadera e incontrolable hemorragia de flores en mi patio. Esa hemorragia de flores y el discurso improvisado en el festejo de su candidatura, donde Constanza hablo de su candidatura plebeya, tienen algo en común. Las dos son incontenibles,
frescas y no esperan nuestros cansinos tiempos. Raúl Olivera