jueves, 26 de julio de 2007

EL PAPEL DEL GOBIERNO BLANCO, ES PARTE DE LA VERDAD HISTORICA


La reciente publicación por parte del Poder Ejecutivo de lo que se ha denominado “LA INVESTIGACIÓN HISTÓRICA SOBRE DETENIDOS DESAPARECIDOS, EN CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 4º DE LA LEY Nº 15.848”, merece sin lugar a dudas, luego de leer sus voluminosos tomos, muchos comentarios. Este es uno de ellos, aunque no se refiera estrictamente a su contenido.
Realizarlo implicara que nos pongamos fuera de la ley y nos arriesguemos a sufrir multas y prisión. Decimos esto, porque el autor y el editor nos amenazan y nos prohíben en sus primeras páginas a realizar “toda reproducción, trascripción total o parcial” del contenido de la investigación so pena de “incurrir en el delito previsto en el artículo 46 de la ley 9.739 “.
Resulta insólito que una investigación, que dice ser en cumplimiento de la ley 15.848, tenga estas restricciones que en nada contribuyen al logro de los objetivos a los que dice estar destinada. Siempre pensamos que un trabajo, que sin busca, entre otras cosas, ser el fiel de la balanza frente a la versión de la dictadura contenida en los dos tomos de “URUGUAY: LA SUBVERSION. LAS FUERZAS ARMADAS AL PUEBLO ORIENTAL”, tendría un uso menos restringido.
Por otra parte, lo que manda el artículo 4º de la ley de caducidad, es una investigación administrativa y por tanto, su resultado es un documento público que no tiene más restricciones que su adulteración. Es cierto que este trabajo, no se rigió por la norma que regula las investigaciones administrativas, más allá que se lo ponga en cumplimiento del mismo. Esto se explica, seguramente, por la pleitesía que se le sigue rindiendo a la ley de caducidad en cada uno de los actos que con relación a nuestro pasado reciente.
Pero nuestra intención no era referirnos en extenso al contenido del trabajo de los distinguidos historiadores, que en lo conceptual es ampliamente rescatable. Y que por esa razón nos preocupa las restricciones a que nos referíamos al comienzo. Restricciones, que por supuesto no respetaremos.
De ahí que nuestro delito será hoy menor, ya que solo trascribiremos algunos partes del mensaje del Presidente de la República que encabeza el trabajo.
Dice el Presidente Vázquez que la investigación “…reafirma el valor y la dignidad de quienes sobreponiéndose al terror y al dolor de aquellas circunstancias, buscaron a sus seres queridos desaparecidos, reivindicando la vigencia de los derechos humanos y lucharon junto a muchos otros por la recuperación de la democracia”. Y Continua “Denota el compromiso ético y la responsabilidad ciudadana de un amplio arco de personas e instituciones que una vez reestablecida la democracia no se resignaron a esa suerte de agnosticismo cívico del “no se puede” o “no vale la pena”, sino que continuaron o emprendieron acciones concretas a favor de la verdad y la justicia”.
Luego al referirse a ese arco de personas e instituciones que emprendieron acciones concretas a favor de la verdad y la justicia, incluye a quienes efectivamente hicieron y hacen eso, y también a los partidos políticos y las fuerzas armadas. Sobre estas últimas, los hechos establecen claramente el papel nefasto que han cumplido hasta hoy, donde existen más de 200 desaparecidos y aun no han admitido ni clarificado la existencia de traslados clandestinos seguidos de ejecución de decenas de ciudadanos uruguayos.
Sobre los segundos, los partidos políticos, no puede realizarse una invocación tan genérica. Amén de aquellos que juntaron sus votos para la aprobación de la ley de caducidad, esta muy claro el papel que cumplieron los gobiernos colorados, del primero al último.
Pero el partido nacional, además de desmarcarse del proceso de la transición por su ausencia en el pacto del Club Naval, sigue sosteniendo que durante su administración no existieron denuncias, y que de haberlas habido, hubieran cumplido con lo que establece el artículo 4º de la ley de caducidad. Nada más falso.
Hagamos un poco de historia. A la salida de la dictadura el entonces diputado de la IDI Nelson Lorenzo Rovira denuncia ante la justicia penal a funcionarios policiales por la desaparición de Elena Quinteros . En el curso del año 1987, el gobierno de Sanguinetti en cumplimiento del artículo 4º de la ley de caducidad, establece que “hechas las averiguaciones” en “sus registros no existen antecedentes con respecto a los hechos denunciados” .
Tres años después, el 25 de junio de 1990 ante Juan Andrés Ramírez Ministro del Interior del gobierno del Dr. Lacalle, Nelson Lorenzo Rovira reclama “el efectivo cumplimiento de lo ordenado por el Poder Ejecutivo…en función (…) de que el Poder Ejecutivo, atento a lo establecido en el artículo 4º de la ley 15.848, dispuso (…) que los servicios a cargo del Ministerio del Interior investigaran lo denunciado…”.
Luego de denunciar que habiendo dispuesto el Presidente Sanguinetti el 3 de noviembre de 1987 que el Ministerio del Interior lo notificara de las conclusiones a que se habían arribado en cumplimiento del artículo 4º, recién 31 meses después eso se cumplió, Lorenzo Rovira reclama que “Se sirva disponer el efectivo cumplimiento de lo ordenado por el Poder Ejecutivo el 4 de agosto de 1987, conforme artículo 4º de la ley 15.848…” .
Un día después ante el Propio Presidente Lacalle y su Ministro de Relaciones Exteriores , Lorenzo Rovira además de reclamar lo mismo que ante el Ministerio del Interior, solicita a la luz del resultado de la Investigación realizada por la Dra. María del Lujan Flores de Sapriza , la ampliación de la investigación en la orbita del Ministerio de Defensa.
El 17 de julio de 1990 aconsejado por sus asesores jurídicos dispone que “…ya cumplió con la disposición de la instrucción de las investigaciones correspondientes” por lo que “…no correspondería proceder a efectuar una ampliación de las investigaciones practicadas ni tampoco disponer nuevas” .
De esta manera, el gobierno blanco se sumó a la política de impunidad que llevó su antecesor Sanguinetti y continuaron los posteriores del partido colorado.
Esta igualación entre las conductas de los distintos partidos que tuvieron responsabilidad a nivel de asumir las responsabilidades del Estado, es igualmente nefasta como la igualación de victimas y victimarios.

Raul Olivera Alfaro.
Integrante de la Secretaria de DD.HH y Políticas Sociales del PIT/CNT.