martes, 2 de diciembre de 2008

DIOS LOS CRIA Y ELLOS SE JUNTAN.

Publicado en la web del PVP

El Integrante de la Armada uruguaya y activo articulador de las actividades de la coordinación represiva con la dictadura de la Argentina, el capitán Jorge Troccoli, quiso seguir el ejemplo de su camarada el Coronel Manuel Cordero. Para ello, cuando vio que las posibilidades de ser procesado junto al dictador Gregorio Álvarez y al también marino Juan Carlos Larcebeau, se hacían evidentes decidió poner distancia de la justicia uruguaya y radicarse en Italia.

Por esa razón cuando el Juez Penal Luis Charles lo citó, no se hizo presente. Su abogado, Gastón Chávez, argumento, que se encontraba embarcado.
La fuga de Tróccoli, no había sido intempestiva, sino un acto largamente pensado. Primero, tramitó la nacionalidad italiana. En 1995, Troccoli había viajada a la península en compañía de Julio César Lupinacci, por entonces embajador en aquel país.

Dos años antes, Lupinacci, desde ese destino diplomático había cumplido una tarea que nuevamente lo vinculaba a tareas de encubrimiento de las actuaciones del Plan Cóndor: había enviado desde Italia una supuesta foto de Eugenio Berríos, que probaba que el químico Chileno- asesinado en Uruguay-, estaba en realidad vivo en la ciudad italiana de Milán.
Cabe preguntarse, si por esos servicios, el Presidente Jorge Batlle, lo designó en el año 2000, como representante diplomático del Uruguay, ante el Vaticano.

Pese a que Lupinacci, era uno de los integrantes del equipo de confianza del Ex Canciller Juan Carlos Blanco, y que en ese marco participo en la elaboración del Memorando Secreto que sello la suerte de la Maestra Elena Quinteros en 1976, aun continua impune y gozando de su jubilación como ex diplomático.

sábado, 1 de noviembre de 2008

En Argentina:Comienzan los alegatos en el juicio a la ESMA.



Publicado por T y Utopia nov 2008.


Con la presencia del represor Héctor Febres empiezan a realizarse en la Argentina los alegatos de los querellantes en la causa donde se enjuicia al mencionado represor de la dictadura argentina, Héctor Febres, ex miembro de los grupos de tareas que operaron en la Escuela de Mecánica de la Armada, ESMA. El represor, que estuvo ausente durante las once audiencias donde casi 50 testigos dieron cuenta de su participación activa en las labores de inteligencia así como de su crueldad, ahora estuvo obligado a comparecer ante los alegatos de los querellantes y de la fiscalía, que se realizó. En esas jornadas, que son abiertas al público, se formulon las acusaciones en su contra por haber privado ilegalmente de su libertad y someter a torturas a ex detenidos desaparecidos. Febres también deberá estar presente el día 27 de noviembre cuando los defensores oficiales intentarán deslindar su responsabilidad penal.
Vastos testimonios de sobrevivientes, sindican además a Febres como el responsable de las prisioneras políticas embarazadas en la ESMA quienes al tener a sus bebés fueron hechas desaparecer así como sus niños dados ilegalmente en adopción.
En la última jornada de este juicio oral y público que lleva adelante el Tribunal Oral Federal Nº 5, un ex desaparecido, aseguró que de los 400 días que pasó en la ESMA, 300 o 350 de ellos vio a Héctor Febres. El ex detenido desaparecido declaró ayer que fue secuestrado el 6 de diciembre de 1978 cuando estaba en un bar en compañía de su ex mujer y también testigo en esta causa, y otros dos compañeros que hoy están desaparecidos. El sobreviviente afirmó que fue trasladado a un predio que luego identificó como la ESMA y que allí fue golpeado y picaneado en varias sesiones de torturas. Asimismo aseveró que entre los mismos represores, Febres tenía fama de sanguinario y así se lo dijeron los marinos : "Vos te salvaste porque no te agarró Febres".
Al comenzar su declaración, el ex desaparecido formuló diversos reclamos al tribunal, en primer lugar porque no se admitió la presencia de su hijo de 14 años en la audiencia, pero luego también por estar en condición de testigo en este juicio y no como víctima. Sostuvo que él no pidió ser torturado y que en cambio a " Febres nadie lo obligaba a nada, él elegía libremente ir todos los días a la ESMA para torturar". Tal como otros sobrevivientes, enfatizó que peor tortura que la picana era la vida diaria en la ESMA, "con los pies engrillados, manos esposadas y encapuchados, escuchando los gritos de los compañeros torturados, golpeados, sucios y humillados".
El ex detenido desaparecido también fue sometido a trabajo esclavo en la ESMA y denunció que en octubre de 1979 fue obligado a participar de una operación de prensa donde los genocidas quisieron fundamentar que no había tales desaparecidos y que los denunciantes estaban, en cambio "paseando por Europa". Se trató del operativo donde la prisionera Telma Jara de Cabezas fue conminada a decir que no estaba detenida sino exiliada, "para lo cual se montó una escenografía en una confitería porteña en cuyas mesas se ubicaron los represores para evitar que hiciéramos algo distinto a lo pactado". También denunció la apropiación de los bienes de los detenidos por parte de los genocidas y en concreto se refirió al marino Ricardo Cavallo que se robó el departamento de un compañero suyo desaparecido. El ex desaparecido fue liberado en enero de 1980, a pesar de que continuaron las visitas de control a su domicilio así como los llamados telefónicos.
El último testigo en declarar fue otro sobreviviente, quien había sido compañero de trabajo de Febres en una empresa de peritajes y seguros donde la víctima trabajó hasta que fue secuestrado "el 14 de junio del 77. Cuando salí del trabajo me encontré con mi esposa, como a eso de las 19, nos íbamos a casa en Villa Adelina, cuando en la calle Ucrania esquina Verdú, dos o tres personas se nos arrojaron encima, nos encapucharon, nos subieron a una camioneta de caja amarilla, y nos trasladaron a un lugar cercano", narró. Supo que Febres estaba en los grupos de tareas cuando era interrogado con intensa violencia física por una persona que le preguntaba "por mi trabajo y la gente que estaba ahí. Yo no entendía el significado de las preguntas, pero en ellas se notaba cierto grado de conocimiento de la empresa. En ese momento, me hizo sacar la capucha, y había un solo interrogador que era Febres, a quien reconocí como uno de los técnicos peritos que contrataba la empresa. Me hizo volver a ponerme la capucha, y dio la orden de que me subieran nuevamente a capucha. Ese fue mi contacto con el imputado", sostuvo. Y agregó que en ese momento se sintió condenado a muerte. "Era como si me dijera "yo sé que vos estás acá, vos sabés que yo estoy acá".
El ex detenido indicó que la ESMA estaba llena de ritualidades. "Los miércoles había traslados, esos días había un cambio en la actitud de los guardias, llegaban pidiendo por unos números, esa gente se levantaba y ya no la volvíamos a ver. Los martes era el día en que seleccionaban a la gente que iba a ser trasladada". El 22 de junio aproximadamente llenaron una ficha con sus datos personales y le asignaron el número 346, "o sea que había pasado de ser ciudadano, a ser secuestrado, a ser desaparecido, a ser un número".
Asimismo, aseveró que estando en la ESMA se perdía la noción del tiempo. "Yo inventé algo para darme cuenta del momento del día en el que estaba y tenía que ver con el sandwich de milanesa que nos daban todos los días a la misma hora. Inventé la unidad milanesa, eso me permitía ubicarme en el tiempo. Estuve las primeras semanas, acostado o sentado, ciego sin posibilidad de saber si era de día o de noche, sin saber si dormitaba o soñaba…", señaló.
Y concluyó diciendo que en la ESMA había un sistema "perfectamente institucionalizado. Había una guardia que cambiaba por día, alfa, beta charly, que rotaban, sobre ellos estaban los ayudantes que tenían responsabilidades especiales, por encima de ellos unos 6 ó 7 "Pedros", que eran los responsables de toda esa estructura que funcionaba allí dentro, de toda la logística".
Este juicio es el primero por delitos de "lesa humanidad" cometidos en la ESMA tras la declaración de nulidad insalvable de las leyes de obediencia debida y punto final y Héctor Febres, prefecto en retiro de la Prefectura Naval, está acusado por las torturas aplicadas a solo a varios detenidos, a pesar de que por la ESMA pasaron casi cinco mil presos políticos, la mayoría de los cuales fueron hechos desaparecer.
Una de las primeras palabras del Dr. Yanzón uno de los abogados de las victimas que abrieron la exposición del alegato, fueron: “…Reconocimiento a los testigos, a los sobrevivientes, por haber vencido el miedo, por haber narrado sus experiencias de vida…”.
Planteó, a su vez, la diferencia de escenario con lo que fue el Juicio a las Juntas, cuando los testigos sobrevivientes tuvieron que dar explicaciones sobre el por qué habían sido secuestrados. Tuvieron que transcurrir treinta años para que una barbaridad así no se repita; treinta años para darle paso a una justicia lenta, pero que anda; treinta años para entender parte de nuestra historia, donde las víctimas pudieran no sólo testimoniar sobre el horror vivido en los Centros Clandestinos de Detención, sino reivindicarse y reivindicar a todos los Militantes Populares, a los 30.000 Compañeros Detenidos Desaparecidos. “…Esto es consecuencia de muchos años de trabajo de muchos compañeros, del trabajo Internacional realizado en este sentido, de España, Francia, Italia, Alemania, Suecia…” resaltó Yanzón.
En este Juicio, no se les pidió explicaciones, aunque sí tuvieron ellos que explicarle al tribunal que la tortura no se reducía sólo a la aplicación de picana eléctrica, sino que la tortura, en sí misma, era estar, día y noche, en esos Centros de exterminio.
El Dr. Yanzón, prosiguió diciendo: “…Nos tenemos que conformar con este Juicio, pequeño, pero Juicio al fin (…) Tenemos la obligación de dar vuelta la historia, nosotros no queremos poca justicia…” En referencia no sólo al desmembramiento de la causa, que hace se juzgue a un solo represor por sólo cuatro casos, sino también a la actuación del Dr. Gordo, Presidente del Tribunal, quien durante el Juicio a Julio Simón, álias el Turco Julián; votó argumentando:”que el ejecutor directo tiene un grado de responsabilidad menor que el hombre que está atrás de esa orden”. Al respecto, el Dr. Rodolfo Yanzón, llamó a que esta vez su voto sea diferente, que se ajuste a los criterios correctos, entendiendo que ambos poseen el mismo grado de responsabilidad, por tratarse de una maquinaria así dispuesta para funcionar, “una máquina de matar”, donde todas sus piezas son fundamentales y necesarias para que así funcione.
Asimismo, realizó una precisa descripción de los roles en el Estado Capitalista, donde las figuras ideales nos señalan la supuesta división de poderes, donde los Jueces deben ajustarse a la Normativa y no a la realidad; esa condición imperante en tantos discursos donde se expone la neutralidad y objetividad como valores supremos. Discursos que llevan en sus raíces la bandera del no compromiso, disfrazado de objetivo: “Los jueces no tienen que estar desafectados de la conflictividad social (…) se tienen que hacer cargo del conflicto y del dolor social…tienen que ver cómo sopesar ese dolor…”.
La querella dejó en claro lo que fue el Estado de la dictadura, el Plan de Exterminio Sistemático, donde se cuestionaron los mecanismos de consenso social, y se fue contra ellos, intentando quebrarlos, “desaparecerlos”. No se trató de la respuesta a una oleada de violencia desatada por distintos grupos, blancos directos de las fuerzas represivas de la dictadura, mucho antes del surgimiento de las organizaciones populares. Este plan de exterminio ya estaba ideado y planificado. A propósito de esto, el Dr. Yanzón, citó un fragmento del testimonio de Basterra, un sobreviviente de ESMA, quien dijo: “…Lo que pasó fue Disciplinamiento Social, si no hubieran existido las guerrillas, también hubiese habido Plan de Exterminio…”. En los años 60, esta maquinaria de matar ya existía; en este sentido es que el Dr. Yanzón hizo mención de los Reglamentos Militares Secretos del año 1968 (derogados recién en el año 1995), una especie de ABC de la violencia, donde se detallaban y enseñaban los mejores métodos de tortura física y psicológica. Estos manuales de la muerte, estos reglamentos, son anteriores al surgimiento de las Organizaciones Armadas. En esos Reglamentos Militares Secretos ya se contemplaba la utilización de la tortura, el terror y la eliminación de personas.
El Dr. Rodolfo Yanzón, culminó su exposición con el envío de un mensaje claro, al que todos aspiramos: “El caso de Febres, y todos los represores, se ajusta a lo que fue un acuerdo de voluntades horizontales (…) Febres va a tener que responder por la totalidad de los crímenes, del primer día al último que estuvo en la ESMA (…) La responsabilidad de Febres no es menor que el de arriba, todos los que participaron son ejecutores directos…”
La Dra. Luz Palmas Zaldúa, representante de otra querella, fue la segunda en hacer uso de la palabra.
Su exposición refirió a la base fáctica, pruebas comprobadas sobre las funciones de la Escuela de Mecánica de la Armada, desenvolvimiento del Grupo de Tareas 3.3.2. y 3.3.3., funciones específicas del represor Héctor Febres, testimonios que dieron cuenta de la presencia de los cuatro sobrevivientes por los que está siendo juzgado Febres.
Conclusiones que llevaron a ratificar que Héctor Febres estuvo de manera permanente: secuestrando, torturando, viajando al exterior en busca de más prisioneros, encargándose de las embarazadas, decidiendo él el destino de los bebés nacidos en cautiverio, vigilando a los detenidos que salían en libertad, adjudicando trabajo esclavo, instrumentando las llamadas a los familiares y las visitas, llevando a prisioneros a puntos fronterizos, etc.
Fue ascendiendo dentro de la estructura de ESMA, de alumno ejemplar de Pernías, represor del que se decía era quien tenía más “horas máquina o más horas vuelo”, a Oficial de Guardia, Jefe del Sector IV, Encargado del Sector IV, “Intendente del Sótano”, como lo llamaban muchos detenidos.
“Febres debe responder en calidad de Coautor penalmente responsable, Coautoría Directa. Ha tenido en codominio funcional de todos los hechos, como los demás, operaban en conjunto, al formar parte de un Aparato de Poder Organizado”. Sostuvo la Dra. Luz Palmas Zaldúa; quien continuó diciendo: “Formaba parte de la estructura de poder de la ESMA, Ejecución del Plan Sistemático de Exterminio (…) En aquellos actos que no pueda responder como autor directo, sí deberá hacerlo como coautor. Se le pueden imputar hechos no realizados de mano propia, por acción u omisión; por no haber impedido la tortura, el secuestro, el trabajo esclavo, la muerte”.
La Dra. Palmas Zaldúa, cerró su exposición diciendo: “No podemos imaginar un escenario sin impunidad si no logramos llevar a juicio a Todos por Todos”.
Más tarde fue el turno de alegato de otra de las querellas a cargo de la Dra. Miriam Bregman y la Dra. Liliana Mazea.
Alrededor de las 17:00hs la sala comenzó a vaciarse, en medio de la emoción y el grito unísono de muchas voces, cuando sale de las entrañas el ¡ASESINO!, y del corazón el ¡PRESENTE!, por los 30.000 Compañeros Desaparecidos, ¡Presentes!, ¡Ahora! Y ¡Siempre!
No es conformismo práctico el celebrar un Juicio de estas características, es entender que las condiciones están dadas de este modo, y algo, es mucho más que nada. Sentar en el banquillo a un represor como Febres, por sólo cuatro casos, es un paso pequeño, y el camino se hace de a muchos pasos, pequeños algunos, y otros no. Seguir construyendo nos permitirá seguir andando, hasta sentar a todos los asesinos de la dictadura en ese banquillo del que nunca más deberán salir.
Aquí en Uruguay, donde seguramente cuando T y Utopía este en manos de los compañeros, se habrá materializado –con el procesamiento del Goyo Alvarez-, y hayamos recibido los restos repatriados de Argentina de Helios Serra, la lucha contra la impunidad y el olvido estará escribiendo un nuevo capitulo, cuyo galón más alto será cuando nos libremos para siempre de la ley de caducidad.
Raúl Olivera
Secretaria de DD.HH y Políticas Sociales PIT/CNT.

viernes, 31 de octubre de 2008

31/10/08 INFORME SOBRE DERECHOS HUMANOS EN EL GOBIERNO ATUAL.

INFORME PARA VENEZUELA SOBRE DERECHOS HUMANOS EN EL GOBIERNO ACTUAL. (31/10/08)

NOTA: En razón de que en Uruguay - pese a que ya han trascurrido 22 años del fin de la dictadura (1973-1984)-, el tema de las violaciones a los derechos humanos acaecidas durante la dictadura no ha sido solucionado con verdad y justicia, cuando se hace referencia a la problemática de los derechos humanos, se entiende que se está hablando de las conductas de la pasada dictadura.

1) La especial relación del Estado democrático uruguayo con las conductas del Estado terrorista del pasado, ha sido una constante en la agenda política de estos últimos 22 años. Con altibajos, no ha existido período de gobierno: Julio María Sanguinetti, del partido colorado (1985- 1989); Luis Alberto Lacalle, del partido blanco ( 1990- 1994); Julio María Sanguinetti, del partido colorado (1995-1999); Jorge Batlle del partido colorado (2000-2004) y Tabaré Vázquez del Frente Amplio ( 2005-2009); en que este tema vinculado al tema militar haya ordenado gran parte de la agenda política del país.
2) Pese al compromiso que habían asumido todos los partidos políticos a la salida de la dictadura de que actuaría el Poder Judicial en las violaciones a los derechos humanos cometidas por la dictadura, a poco de que empezaran a citarse a militares y policías a las sedes penales (1986) bajo amenaza de los militares el Parlamento vota la ley 15.848 para evitar la comparecencia y los eventuales encarcelamientos del personal de la dictadura. Dicha ley (llamada de Caducidad de la pretensión punitiva del Estado), no cuenta con los votos de la izquierda en su totalidad y de sectores minoritarios del Partido blanco y colorado.
3) A diferencia de otras leyes de impunidad existentes en otros países latinoamericanos ( Chile, una auto amnistía; en Argentina leyes de Punto Final y de Obediencia debida), la ley de Caducidad de la pretensión Punitiva del Estado margina totalmente al Sistema Judicial para entender en cualquier demanda relacionada con el personal militar o policial que haya ocurrido durante la dictadura. Esa ley, transforma al gobierno de turno en el poseedor de la determinación de definir que cosas pueden o no pasar a ser consideradas por el Poder Judicial. Esto explica, que solamente en Uruguay no se encontraran resquicios en la ley de impunidad que permitieran ( como ocurrió en Argentina y en Chile), avanzar en algunos procesos judiciales contra los criminales de lesa humanidad.
4) De esta manera, los cuatro gobierno que antecedieron al actual que fueron los promotores de la ley de impunidad, operaron de manera tal que ni se pudo saber lo ocurrido durante la dictadura, ni se pudo llevar a nadie ante los estrados judiciales. Reinó la impunidad más absoluta. Pese a las observaciones que recibió Uruguay (y aun recibe) de los organismos internacionales (CIDH y ONU), en lo fundamental todos los gobiernos anteriores fueron intransigentes sostenedores de la impunidad.
5) En 1989, la ciudadanía hizo posible la realización de un referéndum (mecanismo de democracia directa existente en la constitución uruguaya), para intentar anular la ley de caducidad. Sin embargo no logró los votos suficientes (más del 50%), para anular la ley. A partir de ese hecho, la ley de impunidad uruguaya, si bien seguía siendo jurídicamente cuestionable, logró en esa oportunidad una cierta legitimidad política.
6) Mención destacada merece la situación de la impunidad en Uruguay, en su relación con Venezuela a partir del secuestro de la maestra Elena Quinteros de la sede diplomática de Venezuela en Montevideo el 28 de junio de 1976. Ese hecho gravísimo de violación del territorio venezolano por parte de la dictadura uruguaya, motivo en su momento – como no podía ser de otra manera-, la ruptura de relaciones entre ambos países. Ruptura que se mantuvo trabajosamente, hasta el fin de la dictadura y a partir del compromiso del gobierno uruguayo del Dr. Sanguinetti, de investigar las responsabilidades y sancionar a los responsables. Ese compromiso aún no a sido cumplido. No se investigo en esferas de las fuerzas armadas y policiales, y habiéndose investigado a nivel del personal diplomático del Ministerio de Relaciones Exteriores y establecido claras responsabilidades, tampoco se sancionó ni siquiera administrativamente. En la administración pasada, en una demanda penal contra el ex canciller de la dictadura Juan Carlos Blanco, se logró el procesamiento del citado jerarca. Sin embargo, esfuerzos y presiones desde el gobierno de entonces, lograron que Blanco pese a estar procesado por co autoría de homicidio especialmente agravado, continué en libertad. Elena Quinteros, continúa desaparecida y los militares y policías responsables de su desaparición continúan protegidos por una ley de impunidad que abusivamente han extendido al territorio venezolano, donde ocurrió su secuestro.
7) El triunfo de la izquierda en las últimas elecciones, llevó al gobierno a las fuerzas que integraron los más de 200 desparecidos, los cientos de asesinado y los miles de torturados y presos por la dictadura. La llave de la impunidad que cerró durante 20 años el camino de la verdad y la justicia, cambió de manos. Pese a que aún está vigente en nuestro ordenamiento jurídico interno, la ley de caducidad, el nuevo gobierno empezó a hacer posible avances importantes en contra de la impunidad: se habilito la entrada a los cuarteles donde existían cementerios clandestinos de víctimas de la dictadura ( se rescataron el cuerpo de dos de ellos); se exigió a las fuerzas armadas informes sobre violaciones a los derechos humanos (ello permitió conocer la existencia de vuelos de la muerte y el traslado con ejecución de prisioneros de Argentina a Uruguay); se excluyó del amparo de la ley de caducidad denuncias que anteriormente se habían incluido en ella indebidamente ( ello permitió el procesamiento de varios militares y policías); se habilito a que la justicia fuera quien definiera la pertinencia o no de pedidos de extradición formuladas por otros países ( se permitió la extradición a Chile de tres militares acusados en el asesinato del agente de la DINA Eugenio Berrios); se inició en algunos organismos del Estado el acceso a los archivos del Estado sobre la represión ( caso del Ministerio de Relaciones Exteriores); se aprobaron a nivel legislativo importantes leyes que adecuaban al país a las exigencias del concierto mundial en materia de protección a los derechos humanos (tipificación de los delitos de lesa humanidad); se reparo a militares sancionados por la dictadura por oponerse a ella; se reintegro derechos jubilatorios a presos y exiliados.
8) Pese a tener las mayorías necesarias para que el Parlamento declare la nulidad de la ley de caducidad, el gobierno no ha tomado la determinación de hacerlo. Ello, tiene como consecuencias, que el Uruguay siga estando en la mira de los cuestionamientos de los organismo internacionales encargados de la vigilancia del resguardo de los derechos humanos, y que internamente continue un sistema de impunidad, que como dice el programa de la fuerza de gobierno, “afecta la vida democrática del país” y afectas un principio fundamental de la democracia: la igualdad ante la ley.
9) El movimiento obrero organizado en el PIT/CNT, las organizaciones sociales mas importantes del país, como FUCVAM y la FEUU conjuntamente con la inmensa mayoría de las organizaciones defensoras de los derechos humanos e importantes figuras políticas, han iniciado un proceso que conduzca a la anulación de la ley de impunidad, es aún un debe del gobierno y la fuerza política que lo ejerce, sumarse a este esfuerzo.

martes, 21 de octubre de 2008

SUBASTA DE ARTE CONTEMPORANEO URUGUAYO POR LA NULIDAD DE LA LEY DE CADUCIDAD.


Publicado en Trabajo y Utopia octubre 2008

Abran cancha.
Los artistas uruguayos están llegando aquí. Han traído sus obras para sumarias a la lucha
contra la ley de impunidad.
Los artistas nuestros vienen a devolvernos la certeza de que la belleza y la justicia son hermanas siamesas.
La justicia y la belleza han nacido bien pegaditas, espalda contra espalda, y mucho que las serruchen
vuelven a juntarse, una vez y otra
y otra vez más y siempre.
Eduardo Galeano

El 4 de noviembre en la Sala de exposiciones de APU (San José 1330) el martillero Álvaro Echaider, realizó la subasta de 37 obras de arte, con el objetivo de contribuir a solventar los gastos que implica enfrentar para cumplir con el objetivo de anular la ley de caducidad.
La Propuesta de un grupo de trabajo creado para buscar fondos mediante la subasta de obras de arte, tuvo una extraordinaria acogida que superó ampliamente lo esperado. Si las urgencias de la campaña de recolección de firmas, no impusieran un límite de tiempo, muchos otros artistas plásticos integrarían la nomina de quienes entregaron obras para ese fin.
Los artistas que donaron sus obras son: Javier Abdala, Manuel Aguiar, Walter Aiello, Gustavo Alamón, Javier Alonso, Carlos Barea, Luis Camnitzer, Pablo Conde, Leonardo Díaz Torres, Lacy Duarte, Carlos Llanos, Elbio Ferrario, Edda Ferreira, Leonilda González, Pascual Grippoli, Anhelo Hernández, Fermín Hontou, Claudio lnvernizzi, Héctor Laborde, Fernando López Lage, Julio Mancebo, Marcelo Mendizábal, Martín Mendizábal, Carlos Musso, Tatiana Oroño, Alfredo Pareja, Marcial Patrone, Silvestre Peciar, Jimena y Micaela Perera, Octavio Podestá, Alberto Schunk, Carlos Seveso, Ana Tiscornia, Daniel Tomasini, Cecilia Vignolo, Ernesto Vila. A todos ellos y a los que colaboraron para que ello fuera posible, nuestro agradecimiento.

lunes, 20 de octubre de 2008

COSECHANDO FIRMAS PARA TERMINAR CON LA IMPUNIDAD.


Publicado en TRABAJO Y UTOPIA OCTUBRE 2008

Cuando Trabajo y Utopía este en manos de los trabajadores afiliados a los sindicatos que integran el PIT/CNT, ya se encontrará recorriendo el país el ómnibus que cosechara las firmas que aún faltan para hacer posible el plebiscito que declare la nulidad de la ley de caducidad.

Es a partir de ese momento, que se entrará en una etapa que tendrá como meta dinamizar la campaña, fundamentalmente en el interior del país. Y que se complementa y articula con los esfuerzos que se realizan desde el inicio de la campaña, mediante las Mesas Recolectoras de firmas, la labor individual de los compañeros, etc.

Esa meta al corto plazo, desde el punto de vista numérico, consiste en llegar al número de firmas del 12%, del padrón electoral de cada departamento. Y, al mediano plazo, establecer formas organizativas y de difusión que contribuyan a fortalecer la segunda etapa: aquella que implica lograr el apoyo ciudadano en las urnas.

El instalar en la agenda pública del interior del país la campaña de recolección de firmas, no es una tarea que milagrosamente se materializara, con la llegada del ómnibus, ni que recién empieza con ello..

Si bien es cierto que su arribo a cada localidad será apoyado materialmente mediante el aporte de materiales de propaganda (folletos, pegotines, balconeras, películas, menciones radiales y publicidad), es fundamental el apoyo que se brinde desde lo local. En ese papel, serán fundamentales los trabajadores organizados, los cooperativisas, los jubilados y la población en general.

La llegada del ómnibus, no será para hacer exclusivamente el trabajo de cosechar las firmas. Se supone- y ello esta implícito en la denominación de ese Plan de trabajo-, que se cosecha algo que previamente hizo necesario que se acondicionara el terreno y luego se sembrara.

La cosecha, es un trabajo colectivo, en el que la población suma brazos para recoger los frutos. En ese sentido, el ómnibus y quienes en el lleguen a cada lugar, será también un componente anímico que contribuya a completar las labores de difusión, a fortalecer los vínculos que permitan sostener una comunicación periódica.

Recolectar las papeletas ya firmadas que están dispersas y hacer jornadas de recolección.

Esta idea materializada en el plan “Cosechando firmas”, intentará cubrir todo el interior del país, recorriendo los 19 departamentos con el ómnibus. La idea de generar en cada rincón del país el debate entorno a la ley de caducidad y su oportuna anulación; por diferentes medios; necesita la coordinación con los sindicatos y federaciones de carácter nacional y mediante ellos, el impulso y el traslado a otras formas de organización social y política existente en cada lugar.

La Partida del ómnibus
La partida del ómnibus se realizó el sábado 18 de octubre desde la Plaza Matriz al medio día, con rumbo a su primer destino la ciudad de Las Piedras. Previamente, dos días antes en la sede de AEBU, se realizó una conferencia de prensa en la que se realizó el lanzamiento del Plan “Cosechando firmas”.

La largada del ómnibus multicolor, fue acompañada de mucha gente. Personalidades y referentes públicos de lugares e ideas distintas (académicos, periodistas, artistas de todas las disciplinas, parlamentarios, deportistas, juristas), expresaron así su apoyo a la campaña y dió un firme respaldo a la iniciativa.

Un pequeño grupo de esas personalidades viajo en el ómnibus hasta la ciudad de Las Piedras donde se realizo la primera parada, para que el intendente de Canelones, Marcos Carámbula los recibió en el Comité de base Félix Vidarte con un grupo de personalidades pedrenses y firmó la papeleta de adhesión al plebiscito.

El aspecto del ómnibus, mostraba que había existido una prolija y sacrificada labor en la que se conjuntaron los esfuerzos de sindicatos de trabajadores, estudiantes, artistas, etc.

Muchas cosas debieron ponerse en juego, para que finalmente el ómnibus estuviera en la calle, ahora, de aquí en más, será necesario hacer los esfuerzos para que el mismo sea un efectivo instrumento de organización y desarrollo de la lucha contra la impunidad.

La llegada a Las Piedras, mostró la existencia de una coordinación previa, que deberá repetirse en todas las salidas posteriores. La experiencia de la actividad pública realizada en Las Piedras, el desarrollo de la propia oratoria y el resto de las actividades que rodearon este lanzamiento, son una experiencia invalorable para mejorar y perfeccionar las que vendrán.

El equipamiento del ómnibus, permitirá la proyección de videos referidos al tema derechos humanos y la realización de debates posteriores. Desde los compañeros que actúan a nivel de los lugares que recorrerá el ómnibus, deberá evaluarse los medios que se desarrollaran para hacer mas efectiva la presencia del ómnibus. Invitar a personalidades locales y a víctimas de violaciones de los derechos humanos, a dar la bienvenida al ómnibus, así como hacerles un homenaje; planificar la confección y pintura un mural; que se plante un árbol; la participación de grupos de musicales locales, etc, son algunas de las cosas a pensar e instrumentar.

Todo eso, en función de la recolección de firmas, que debe ser continúa desde la llegada a la localidad en todos los sitios donde se concentre gente.

Campaña publicitaria
Días previos a esta iniciativa, la Comisión de Propaganda de la Campaña, puso en circulación una serie de videos, realizada por Ángel Urruzola, en la que varios hijos de desaparecidos daban su testimonio y adhesión a la campaña. La difusión masiva en el interior de los mismos, así como otras iniciativas específicas de apoyo al Plan “Cosechando Firmas”, contribuyen y colaboran a reinstalar el tema a nivel nacional, coordinando mensajes, estética y medios.

Decíamos anteriormente, que la materialización del ómnibus en la calle, significó muchos esfuerzos. Armar una propuesta, trasformarla en un Plan, lograr la financiación, coordinar la actividad en el marco de una campaña a nivel nacional que ya estaba en marcha, conseguir un ómnibus, ponerlo a punto, equiparlo, hizo necesario mover y despertar solidaridades. Es sano y gratificante reconocer, que sobraron ideas, entusiasmo.

Ahora hay que establecer el itinerario, ajustar detalles para no desperdiciar tanto esfuerzo. Asegurar el hospedaje, en el caso de que el ómnibus no pueda retornar en el día, de los compañeros que en él viajen. Asegurar la existencia de un grupo, que asegure el funcionamiento de las actividades que se generan desde el mismo, son cosas que será importante asegurar

El ómnibus de por sí, dejará un recorrido marcado a nivel nacional que los compañeros que llevaron a cabo esta iniciativa, denominaron “la ruta de la dignidad”. También, despertara las reservas de la rebeldía y el compromiso, que aquellos que quieren un Uruguay con verdad y justicia.

viernes, 26 de septiembre de 2008

La Escuela de Primer grado "Maestra Elena Quinteros".



Por Raul Olivera Alfaro
(Artículo publicado en el Organo de difusión interna
del PIT/CNT “Trabajo y Utopía, Semanario Brecha y Semanario Arequita de Minas Nº 558 29 de agosto de 2008)

El próximo 9 de setiembre, día en el que Elena Quinteros debía cumplir 63 años, una escuela de Montevideo llevará su nombre.
En el barrio Flor de Maroñas, - calle Marcos Salcedo 5644 entre Peteroa y Justino Jiménez de Arechaga -, un barrio de gente humilde y trabajadora en el que se encuentran enclavados varios grupos habitacionales y entre ellos muchas Cooperativas de Viviendas, se encuentra la Escuela de Primer Grado que pasara a denominarse “MAESTRA ELENA QUINTEROS”.
En un barrio, que antaño supo albergar grandes industrias como las textiles ILDU, SADIL, SUITEX, aceiteras como la TORINO, lavaderos de lana, y que supo también de la presencia de una generación de jóvenes, que como Elena, bajo la influencia del Sindicato de FUNSA enfrentaban el autoritarismo creciente de aquellos años. La Escuela Nº 181, tendrá el privilegio de ser la segunda escuela en el Uruguay que lleva el nombre de un maestro desaparecido. El 11 de noviembre de 1987, otra ley había designado a la Escuela Nº 269 de Montevideo, con el nombre de "Maestro Julio Castro.
Con esa decisión que partió del propio barrio, que las autoridades de Primaria hicieron suya, y que finalmente el Senado de la República transformó en Ley el 13 de mayo del 2008, se hace honor a quien fuera un ejemplo de resistencia a la dictadura.
En la exposición de motivos de la ley que fuera aprobada por unanimidad por la Cámara alta, se recogen aspectos sustanciales de la vida de Elena Quinteros: “Fue educada en las Dominicas; ingresó a Magisterio, al Instituto Normal, en el año 1962, y egresó en 1966. Eran tiempos en que la formación de Reyna Reyes era fortísima y que libros como la "Vida de un maestro" –de Jesualdo- eran referentes para esa generación.
En esa época, mediados de los sesenta, se vivía en el país una escalada represiva que llevó a profundizar las luchas estudiantiles y obreras.
Allí estaba Elena, entre el pensar y el hacer, que abarcaba lo político, lo gremial, y su formación como maestra, jugándose con cabeza muy clara, con firmeza, desde el amor a la vida.
Si algo definía a Elena era su coherencia, su amor y su compromiso con la libertad de todos, y no con la libertad individual y en exclusiva.
A mediados de 1966, Elena se incorporó a la FAU y fue activa militante de la ROE, la Resistencia Obrero-Estudiantil. Diez años después, ya en 1975, fue una de las primeras que trabajosamente actuó en la fundación del PVP, Partido Por la Victoria del Pueblo, junto con Sarita Méndez, Lilián Celiberti, Yamandú González, Telva Juárez y muchos otros jóvenes estudiantes de la época.
Participó en las misiones sociopedagógicas, en particular en la de 1967 en Capilla de Farruco, en Durazno, con espíritu abierto, sabiendo que no solo iba a aportar sino que era una instancia para nutrirse y aprender mucho del contacto con la gente. Una práctica que implicaba todo un posicionamiento ante la vida.
Alguien alguna vez ha dicho que Elena era misionera, en el sentido de la autoexigencia de sacrificio, de una práctica austera, que para nada quiere decir amargada -porque si había una persona alegre, era Elena-, y de la perseverancia en una especie de trabajo de hormiga; ese trabajo de hormiga que es imprescindible para casi todo en la vida.
Si de alguna tarea se la responsabilizaba a Elena, desde resumir en la biblioteca el "Manual" de Murchison, de cuatrocientas y pico de páginas, hasta sacar un volante clandestino, no había duda de que lo hacía; que nadie tuviera duda, porque lo hacía, tuviera todos los obstáculos que tuviera, y fuera la tarea que fuera.
A pesar de que eran tiempos en los que a veces no había tantas horas para dedicar al estudio, Elena nunca descuidó su formación profesional. Así fue que pasó también por la Facultad de Humanidades.
El 16 de noviembre de 1967 fue detenida por primera vez y liberada al otro día.
En octubre de 1969 fue detenida, procesada y enviada a la cárcel, donde permaneció hasta octubre de 1970.
En junio de 1975 fue destituida, porque un mes antes de cumplirse los dos años del golpe de Estado fue requerida por las Fuerzas Conjuntas.
El 26 de junio de 1976, Elena Quinteros es detenida y llevada al "300 Carlos", que dependía de la División de Ejército I. Allí, en "el infierno", operaban, entre otros, Cordero, Gavazzo, el "Pajarito" Silveira, Ferro, Yannone y Carlos Rosell.
En la mañana del 28 de junio, Elena se hace conducir a las cercanías de la Embajada de Venezuela con el argumento de "entregar" un contacto. Allí intenta fugarse corriendo y saltando hacia adentro de la Embajada, desde donde es secuestrada por la fuerza por policías y militares uruguayos, forcejeando con los funcionarios venezolanos y frente a la complicidad de los policías a cargo de la custodia de la Embajada.
Con una pierna quebrada durante la lucha para introducirla en un auto frente a la Embajada de Venezuela, es llevada al Batallón de Infantería Nº 13, es identificada con el Nº 2537 y sometida a torturas salvajes, según los testimonios de otros presos políticos allí detenidos.
La Embajada de Venezuela y el propio Gobierno venezolano protestan inmediatamente -no podía ser de otra manera-, exigiendo la entrega de esta mujer que había sido claramente secuestrada en su territorio.
El 3 de julio se reúne el COSENA y decide no entregar a Elena, por lo que finalmente, el 5 de julio, Venezuela suspende las relaciones diplomáticas con Uruguay cuando queda claro que los dictadores no están dispuestos a devolver viva a Elena.
Esta mujer, maestra, Elena Cándida Quinteros Almeida, la detenida 2537 en el Batallón Nº 13, nuestra detenida desaparecida, no era una ingenua. Peleó por una sociedad justa, humana, donde cada uno de nosotros nos pudiéramos mirar cara a cara todos los días desde las diferentes miradas, desde la diversidad que tenemos, construyendo salidas para la pública felicidad.
Peleó como militante política, como militante sindical, y PELEÓ COMO MAESTRA; porque sabía muy bien que desde la escuela había mucho que hacer por el hombre, por el niño, por el futuro.
Hoy, en muchas escuelas, muchas Elenas anónimas dan la misma lucha que ella, por la igualdad, por las oportunidades, por la esperanza, por el otro.
Parece justo, y a tiempo, que una escuela lleve su nombre” .

domingo, 7 de septiembre de 2008

EL NOMBRE DE UNA ESCUELA

Por Raúl Olivera.
(Artículo Publicado en el Diario La República 7/9/08)

"Se me antoja mirarte cantando una canción de la mano de un coro de niños escolares. Se me antoja pensarte vestida de maestra saltando por lo patiosde todas las escuelas”.

El 9 de septiembre, a iniciativa de los vecinos de Flor de Maroñas, el Estado uruguayo cumplirá con el merecido acto de reparación a una de las víctimas del terrorismo de Estado. Ese día se materializará lo impulsado por las autoridades de enseñanza primaria y hecho ley por el parlamento nacional. Por eso, la Escuela montevideana Nº 181, llevara el nombre de “Maestra Elena Quinteros”[1].
La fecha elegida, no es una simple coincidencia, en esa misma fecha, pero 63 años, antes nacía Elena Cándida Quinteros Almeida.
La mayoría de las veces, el ritual de las ceremonias oficiales, transforma el ponerle nombre- como en este caso-, a una escuela, en una ceremonia donde muchos de sus actores y participes no alcanzan a calibrar el profundo significado que el hecho puede llegar a encerrar.
Sin embargo, en este caso, en razón del origen de la iniciativa y sobre todo por el entusiasmo y la valentía con que los docentes de ese centro de enseñanza lo han asumido, el ritual desafiará los años y el silencio que quiso silenciar el grito de aquella mujer que junto a la palabra “Auxilio” y “Asilo”, no olvido su condición de MAESTRA.
Entre marzo y diciembre de 1967, Elena es Maestra Suplente Escuela Nº 178 de Los Aromos en el Departamento de Canelones. Posteriormente desde abril de 1968 a marzo de 1969, actúa como Maestra Interina Escuela 12 grado R1, de Los Poquitos, también en el Departamento de Canelones. Terminada su actuación allí, pasa a ser Maestra efectiva en la Escuela 195 1er Grado, del barrio del Hipódromo, de la ciudad de Pando.

Tota Quinteros, su madre, también soñó ser maestra “(…) lo negativo fue no haber podido terminar como maestra a pesar de que trabajé desde 1937 hasta, creo, 1964 como Correctora o Asistente de Maestro”, para “de alguna manera suplantar aquello que yo no había podido hacer que era recibirme de maestra que es, sin dudas, mi vocación”. Tota, no tenía dudas “ (…) que Elena vivió todo ese tiempo los trabajos que yo hacía. Pero además soy de familia de maestros de un lado y de otro. Tengo tías por un lado y por el otro que eran maestras. Además de la China o hermana Elvira, por el lado de mamá también tengo tías maestras, así que la cosa andaba por ahí (…)”[2].
Testimonios de quienes fueron sus alumnos, de quienes con ella compartieron la tarea de enseñar, la recordaban recientemente, cuando la esperaban al final del recorrido del ómnibus que la llevaba hasta Pando y recorría el largo camino hasta la Escuela 195. La merienda compartida, la lucha por mejorar las condiciones de aquel barrio pobre de las afueras de Pando.
“Anduvo en los carteles de cuanta marcha hubo; anduvo en mil discursos yotros tantos volantes; entro a muchas reuniones y congresos y actos; abriócarpetas y expedientes; fue el sueño de su madre y muchos compañeros;también fue pesadilla de cancilleres y senadores y embajadores ycharreteras.Sus ojos en la foto no miraban el mundo pero el mundo se veía a través desus ojos, la gente se miraba a través de sus ojos y ocurrió lo increíble:Elena empezó a hablar a través de su boca cerrada. Hablaba por la voz desus compañeros, hablaba a través de las páginas de carpetas que habíanestado cerradas en cajones secretos, hablaba, al fin, a través de suspropios enemigos y de las manos que se levantaron para defenderlos.Y hoy habla a través de estas palabras, desde su pequeña estatura demaestra, de mujer, de compañera. Y no se calla. Nunca se callo, ni callarajamás...."[3].
Hoy, en este Uruguay que busca denodadamente construir un suelo digno y con justicia, Elena vuelve a la escuela, para que los orientales sean además de ilustrados, valientes, como ella.
[1] La Escuela está ubicada en la Calle Marcos Salcedo 5644y Justino Jiménez de Arechaga y el acto sera a las 11 horas.
[2] Del libro de Ignacio Martínez, Tiene la palabra Tota Quinteros.
[3] Del libro Avisa a todos los compañeros pronto.

EL CUMPLEAÑOS DE ELENA QUINTEROS

“Vive como si fueras a morir mañana
y lucha como si fueras a vivir siempre”.
Ernesto “Ché” Guevara
El 9 de setiembre del 2008, Elena hubiera cumplido 63 años. Al igual que cualquier ser humano, durante su vida, ese día, sumó un año a su vida. Eso hizo Elena, durante 30 años. Los primeros junto a su madre y su padre en el barrio obrero de Jacinto Vera. Otros, después, con sus compañeras del colegio de las “Dominicas”. Luego, junto a algunos de sus compañeros de magisterio. Ya en los años convulsionados de los 60, junto a sus compañeros de la Resistencia Obrero-Estudiantil y la FAU. Luego, junto a los compañeros del Partido por la Victoria del Pueblo.
Algunos de esos aniversarios, trascurrieron en momentos muy especiales para Elena. Sus 25 años los cumplió en la cárcel de Cabildo. Y de creerle a las “verdades posibles” de la Comisión para la Paz, sus 31 años la encontró aún con vida en el Batallón 13 de Infantería.
Allí posiblemente, se le puso fin al transcurso de su tiempo y fue su último cumpleaños. En ese lugar Elena sufrió y resistió, porque aún allí era posible seguir resistiendo y seguir peleando.
Si esa parte de la “verdad posible” referida a la ejecución de Elena en los primeros días de noviembre de 1976, fuera cierta, probablemente “la Parda” se reencontró con la veintena de sus compañeros del pvp trasladados en el segundo vuelo y juntos fueron ejecutados cobardemente por la dictadura.
Para Elena, los años no pasan, se pasea aun con su sonrisa fresca o su seriedad respetuosa en los carteles que Tota ya no puede portar por las calles de este Montevideo, pero que, como solía decir el “Loco” Duarte, hoy levantan “manos amigas y brazos compañeros”.
Desde aquel 26 de junio y más precisamente desde su intento de conquistar la libertad del 28 de junio en la embajada de Venezuela, Elena sigue resistiendo.
Pero esta vez, Elena festejara su cumpleaños de la forma que seguramente nunca soñó: en un barrio de gente humilde y trabajadora, una Escuela de Primer Grado pasara a denominarse “Maestra Elena Quinteros”. En un barrio, que antaño supo albergar grandes industrias y que supo también de la presencia de una generación de jóvenes, que como Elena, bajo la influencia del Sindicato de FUNSA enfrentaban el autoritarismo creciente de aquellos años. La Escuela Nº 181, tendrá el privilegio de ser la segunda escuela en el Uruguay que lleva el nombre de un maestro desaparecido[1].
Con esa decisión que partió del propio barrio, que las autoridades de Primaria hicieron suya, y que finalmente el Senado de la República transformó en Ley el 13 de mayo del 2008, se hace honor a quien fuera un ejemplo de resistencia a la dictadura.
En la exposición de motivos de la ley que fuera aprobada por unanimidad por la Cámara alta, se expresa:” Esta mujer, maestra, Elena Cándida Quinteros Almeida, la detenida 2537 en el Batallón Nº 13, nuestra detenida desaparecida, no era una ingenua. Peleó por una sociedad justa, humana, donde cada uno de nosotros nos pudiéramos mirar cara a cara todos los días desde las diferentes miradas, desde la diversidad que tenemos, construyendo salidas para la pública felicidad.
Peleó como militante política, como militante sindical, y PELEÓ COMO MAESTRA; porque sabía muy bien que desde la escuela había mucho que hacer por el hombre, por el niño, por el futuro.
Hoy, en muchas escuelas, muchas Elenas anónimas dan la misma lucha que ella, por la igualdad, por las oportunidades, por la esperanza, por el otro. Parece justo, y a tiempo, que una escuela lleve su nombre”[2].
Por su parte el Discurso pronunciado en esa oportunidad por la Directora de la Escuela, Maria Cristina dos Santos de los Santos, entre otros conceptos, expresaba: “… la gente, muchas madres, abuelas, tías, querían darle un nombre a esta Escuela, que porfiada seguía educando a sus niños y niñas… Una madre alzó la voz: Nombre de Maestra tiene que llevar, de Maestra sí, por la dignidad que esta profesión encierra, por el compromiso que con la sociedad tiene… Nombre de Maestra tiene que ser “Maestra. Elena Quinteros” se decidió… Y en el verano del 2006, con el calor de los días y el calor de la gente, se golpean puertas para juntar firmas, puertas se abren, ventanas se entrecierran, firmas y más firmas se juntan, y en su solicitud exponen: “La valentía y entrega de esta mujer al defender una sociedad más justa y equitativa, honraría a nuestra Escuela” Dos años llevaron los trámites, hasta que un Proyecto parlamentario le otorgó el nombre tan ansiado.Muchas de estas mismas madres y otros padres que se sumaron vistieron de fiesta al local, pintando, buscando sillas, repartiendo tarjetas, juntándose para preparar los recuerdos que hoy llevarán. Las Maestras y los Auxiliares, en su inagotable fuente de trabajo y creatividad, prepararon esta fiesta, que es de los niños y niñas, pero también de todos lo que dejaron su huella para pintar un trozo de historia en esta comunidad.Y estamos aquí reunidos para nominar nuestra querida Escuela y brindar homenaje a esta Maestra, que en otros tiempos, como en el presente lo hacen otras maestras, luchó por construir una sociedad mejor.Hoy, 9 de setiembre, su espíritu alegre, vivaz y gentil nos acompaña. Esta pudo ser la Escuela que albergó su trabajo, el patio donde compartió la merienda con sus alumnos y, por eso, a partir de hoy será para siempre su Escuela.Porque no te fuiste Elena, te sembraste, y terca germinaste en cientos, en miles de mujeres y de niñas que hoy te recuerdan y te homenajean. Y no solo le ponen nombre a su Escuelita, sino que se sienten identificados con tus ideales, están construyendo un mundo nuevo, el mundo que tú soñaste, y desde este pequeño lugar te lo regalan, para que sigas naciendo, para que sigas viviendo… “Por detrás de mi voz, escúchalos, escucha- Elena, que ahora viven en tu mirada”.

De esta forma y con el acompañamiento de cientos de personas, el Estado uruguayo cumplió, aunque tardíamente con el merecido acto de reparación a una de las víctimas del terrorismo de Estado.



[1] El 11 de noviembre de 1987, otra ley había designado a la Escuela Nº 269 de Montevideo, con el nombre de "Maestro Julio Castro.

[2] COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA, CARPETA Nº 1892 DE 2007. REPARTIDO Nº 1005, JULIO DE 2007. MAESTRA ELENA QUINTEROS, Designación a la Escuela Nº 181 de la ciudad de Montevideo.

lunes, 1 de septiembre de 2008

Biografia de Elena Quinteros.



Publicado en Trabajo & Utopía setiembre 2008

Nació en Montevideo el 9 de setiembre de 1945. Su madre fue María del Carmen Lidia Almeida Buela (“Tota”) y su padre Roberto Luis Quinteros Pujadas.
Cursó primaria en el colegio de las hermanas Dominicas. Profesó y practicó la religión católica hasta el comienzo de su actividad gremial. Comienza los estudios de magisterio en 1962. A edad de 21 años obtiene el título de maestra. Luego, curso estudios de pedagogía de la educación en la Facultad de Humanidades.
Siendo muy joven se integra a la Federación Anarquista Uruguaya (FAU). Desde esa opción libertaria, realiza una activa militancia en la Resistencia Obrero Estudiantil (ROE). será una de las fundadoras, en 1975, del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP).
Como estudiante y luego como maestra tuvo una actividad sindical importante, en la agrupación 3 de la Asociación de Estudiantes Magisteriales de Montevideo (AEMM) y en el gremio de la Federación Uruguaya de Magisterio (FUM), integrante de la Convención Nacional de Trabajadores (CNT).
En abril de 1967, con 22 años, participa en la reanudación de las Misiones Sociopedagógicas en Capilla de Farruco en el departamento de Durazno.
Ya como maestra, comenzó a trabajar en una escuela 195 de la ciudad de Pando, en Canelones.
El 16 de noviembre de 1967 fue detenida, y es liberada a las pocas horas. El 22 de octubre de 1969, con 24 años, es nuevamente detenida, procesada y recluida en la cárcel de Cabildo. Luego que de dicho establecimiento carcelario se fugaran el 8 de marzo de 1970, 13 de las mujeres recluidas en dicho establecimiento, fue trasladada a Cárcel Central. A mediados del año 70 participa con las demás presas de Cárcel Central en una huelga de hambre y logran con ella el traslado nuevamente a la cárcel de Cabildo.
El 16 de octubre de 1970 fue liberada y vuelve a desempeñar sus tareas como maestra en la misma escuela en la que anteriormente había trabajado, donde es recibida con júbilo por niños y vecinos de la zona.
Recobrada la libertad, nuevamente va a vivir con su madre Tota Quinteros, en una casa de la calle Carreras Nacionales. En enero de 1971, se mudan a la calle Escalada 4101 en el Prado, cerca de Magisterio. Allí vivirá con su madre hasta 1973, cuando se casa y pasa a vivir con sus suegros.
El 26 de noviembre de 1972 es nuevamente detenida en averiguaciones. En esos años, desde el sindicato de FUNSA participa de las reuniones de familiares de presos políticos que preparaban los paquetes de comestibles que después se llevaban a las cárceles.
El golpe de Estado del 27 de junio de 1973 sumerge a Elena en la organización de la resistencia que se manifiesta en la huelga general. Posteriormente trabaja en la reorganización clandestina del activo militante que permanece aún en el país. Luego participará en un largo proceso de conformación del PVP, lo que la obliga a desplazarse asiduamente entre Uruguay y Argentina.
El 5 de mayo de 1975, en el marco de un nuevo embate represivo contra su organización política, Elena es requerida por la dictadura y se traslada a Buenos Aires.
El 24 de junio de 1975 es destituida por la dictadura de su cargo como maestra.En los primeros meses del 76 regresa en forma clandestina a Montevideo. Bajo otra identidad, vive en un apartamento en la calle Massini 3044, hasta su detención.
Elena fue secuestrada por la dictadura uruguaya el 26 de junio de 1976, cuando aún no había cumplido 31 años. El 28 de junio con la excusa de conducir a sus captores a la detención de un compañero suyo, se hace llevar a las inmediaciones de la embajada de Venezuela, donde solicita asilo y es sacada a la fuerza por sus captores. Es conducida al Batallón de Infantería Nº 13, donde es torturada y posteriormente ejecutada. Venezuela a raíz de su secuestro de los jardines de la embajada, rompe relaciones diplomáticas con Uruguay hasta el 1º de marzo de 1985. Elena continúa hasta hoy desaparecida. Su madre Tota Quinteros, el 8 de octubre de 1976 abandona la Argentina bajo la protección de Naciones Unidas y se refugia en Suecia. A partir de allí, hasta su muerte en enero del 2001 desarrollara una intensa búsqueda de su hija.

Elena, La maestra en la evocacion de sus compañeros.



Publicado en Trabajo & Utopía Setiembre 08

Sara Méndez, conoció a Elena a partir de la militancia en Magisterio, de las reuniones de la Agrupación 3 que se realizaban en aquellos tiempos en el hogar de Elena y Tota, a la que Sara se integró como estudiante. A aquella militancia gremial, le siguió la política en la FAU. Corría el año 1965, y Elena había cumplido sus 20 años.

“Para evocar y trasmitir hoy la imagen de esa joven mujer, nos dice Sara, tenemos que introducirnos en la década del 60, en nuestro País en nuestra América. Para poder explicar por qué Elena no se fue del Uruguay, como tantos otros uruguayos y uruguayas, que resistieron y combatieron la dictadura, tenemos que hablar de las crecientes injusticias existentes en nuestros países y de unas generaciones que se plantearon terminar con ellas.

Esas generaciones formaron sindicatos, gremios estudiantiles e instrumentos políticos. El triunfo de la revolución cubana como una respuesta efectiva a esas injusticias fue el gran telón de fondo.

Cómo nos gustaba oír y repetir la frase de Buenaventura Durruti, el combatiente de la revolución española cuando afirmaba “construiremos un nuevo mundo porque llevamos un mundo nuevo en nuestro corazón”.

La voluntad para construir una sociedad nueva pasaba inevitablemente por una exigencia personal muy importante, ya que implicaba una transformación de uno mismo. La imagen del hombre nuevo que el Che pregonaba era sin duda una exigencia a alcanzar

Cientos y miles de jóvenes provenientes en su mayoría de corrientes cristianas van a incorporarse a las filas del movimiento revolucionario, aquí y en el resto de América, convencidos de que para terminar con la injusticia social había que cambiar el mundo radicalmente. Y esa convicción de cambio se ir probando en las huelgas, en cada enfrentamiento con las fuerzas represivas, en la prisión que se comenzar a vivir, en la tortura por la que se pasa, o se queda.

No es por casualidad que Elena es parte de una lista de maestros y jóvenes maestros y estudiantes de Magisterio, que hoy están desaparecidos o asesinados, como Telba Juárez.

Ser maestra será su elección, y tomar el camino del Magisterio señalado por el maestro Soler con su experiencia de La Mina en el departamento de Cerro Largo donde se promueve a la escuela en contactó con la comunidad como un centro de cultura y cambio

Como estudiante participa en las misiones socio-pedagógicas, experiencia promovida por la escuela, por los maestros rurales

El contactó con la gente y la realidad de los llamados pueblos de rata ser un duro golpe para Elena como para tantos otros jóvenes estudiantes. Pocos están próximos a la penuria del pueblo como el maestro a través de la realidad que el niño lleva a la escuela. Y la necesidad de un compromiso mayor por ese cambio profundo que el País va exigiendo ser sentido por Elena

Es la década del 60 y las discusiones en las agrupaciones gremiales tendrán cada vez más contenido político. A otro nivel, donde estaría Elena, se hablar de la lucha armada, de la violencia como medio para las transformaciones profundas

Recuerdo en especial a los cristianos resistiendo las posiciones que las fundamentaban como inevitable. El tiempo andaba rápido y en especial para los jóvenes en esa época. El Instituto Normal se convirtió en un centro que reflejaba lo que estaba sucediendo a nivel de la sociedad. La práctica de la solidaridad con los gremios obreros mueve a los estudiantes, lleva a la militancia a vivir jornadas de ocupación de fábricas, enfrentamientos callejeros con las fuerzas de represión

También se inscribió en la Facultad de Humanidades y comenzó a estudiar Pedagogía de la Educación. Se levantaba muy temprano por la mañana para ir a la escuela y se acostaba tarde por la noche. La Federación Uruguaya de Magisterio la contar también entre sus filas, pero cada vez más la militancia política ser centro en su vida.

Cuentan que la lucha que Elena entabló con sus secuestradores aquel 28 de junio del 76 en los jardines de la Embajada de Venezuela, Elena perdió uno de aquellos zapatos acordonados. De ahí en más, como en el cuento infantil nos probamos el zapato de Elena. No para ser ella, sino para ser como ella, y continuar saltando muros hacia la libertad y el socialismo”

viernes, 29 de agosto de 2008

UNA RELACION COMPLICADA.



Articulo publicado en el sitio web del PVP



Tiempo atrás, bajo el titulo “LA TENSIÓN ENTRE GOBIERNO, PARTIDO Y SINDICATOS”, el politólogo Oscar Bottinelli, realizó en Radio “EL ESPECTADOR” algunas consideraciones, sobre un tema sobre el que nos parece que es necesario ahondar.
El análisis califica de “complicado” el relacionamiento entre un partido político y el sindicalismo, cuando el primero es de izquierda y tiene el gobierno. Y, que esa complicación, también la pueden padecer, cuando el partido que esta en el gobierno, aún sin ser de izquierda, es de “alta estructuración y alto funcionamiento permanente”.
Para el caso que nos interesa analizar – la relación FA-Sindicatos, a la luz de acontecimientos de público conocimiento como lo es el prologado conflicto de ADEOM con la IMM, nos encontraríamos ante un partido en el gobierno que suma las dos características anteriormente enumeradas: que es de izquierda, estructurado y de alto funcionamiento permanente.
No es de extrañar, que existan tensiones, si ese partido fue llevado al gobierno por un caudal tan importante de votos de la ciudadanía, y entre esos ciudadanos, una gran parte (sino la mayoría) son asalariados organizados en sindicatos . Y si además se trata de una fuerza política que funciona, consultando y definiendo democráticamente sus políticas en el gobierno , es lo normal. Y lo más democrático, cuando los Partidos y los sindicatos tienen muy claro su papel y su rol en la sociedad.
Los partidos que tiene sus principales y minoritarios - desde el punto de vista numérico -, sostenes en los banqueros, empresarios y sectores económicos hegemónicos, y que por otra parte logran los mayores apoyos electorales que los llevan al gobierno, mediante la demagogia programática, pueden en la lógica del análisis en cuestión, también tener un relacionamiento “complicado” con quienes mayoritariamente los llevaron a ejercer el gobierno. Decimos que pueden, sin mantienen un alto funcionamiento permanente, ergo si son auténticamente democráticos.
¿Se imaginan al Partido Colorado convocando en los años 60 a los ciudadanos a votarlo, anunciando que congelaría los salarios? ¿O que habiendo logrado el apoyo ciudadano sin proponer esa eventualidad, se decida hacerlo y para ello convoque a sus votantes para definirlo? Es inimaginable.
En nuestro país históricamente, cuando los gobiernos hacen lo contrario a lo que prometen, o aplican políticas que atentan contra los intereses de sectores de la ciudadanía, lo que se han generado no son escenarios “complicados”, sino escenarios represivos (medidas prontas de seguridad, escuadrones de la muerte, represión, asesinatos y en algunos casos, dictadura). Eso no hay que olvidarlo.
Cuando el politólogo nos propone “mezclar los tres elementos” (partido, gobierno y sindicatos), en la retorta de su análisis politológico, lo que es claro, y muchas veces se omite, es que – a diferencia de otros escenarios-, no habrá escenarios represivos.
Creemos, que no nos encontramos, como pretende el análisis ante “desajustes” de los tres elementos, a partir de que el partido Frente Amplio es la fuerza cuyo personal político ejerce el gobierno. Por lo tanto, no se trata de piezas que en el nuevo escenario de la izquierda en el gobierno “empiezan a ajustarse y desajustarse” con relación a como actuaban cuando la fuerza hoy en el gobierno, era oposición.
Es obvio como lo sostiene el análisis que la fuerza política en el Parlamento cuando es del mismo signo que la del gobierno, es parte del gobierno, pero muchas veces a la hora de “juzgar” a las conductas del sindicalismo, se omite, que desde el oficialismo parlamentario también aparecen disensos “conflictivos” con la política del Ejecutivo. La diferencia entre uno y otro, por obvio que parezca, es un dato importante de destacar: se sustancian en ámbitos distintos, donde los actores se mueven y se posicionan mediante articulaciones complejas con la realidad.
También es obvio, que cuando una fuerza política en el Parlamento, no es gobierno, es oposición. Y que en ese caso, puede (generalmente lo es) coincidente con la acción reivindicativa de los sindicatos.
El cambio de escenario, con la llegada del Frente Amplio al gobierno, produce un desajuste en una de las piezas: en la de la fuerza política y no de las dos piezas. Por otra parte, ese desajuste no es nuevo, ya que en el pasado muchas veces la fuerza política debió corregir sus definiciones para acompañar movimientos que se producían a nivel de la sociedad (plebiscitos, etc.). De ahí que resulta aventurado calificar que se actuó “cómodamente” como oposición. También en las definiciones de su rol de oposición, la izquierda debió en más de una oportunidad, acompasar sus definiciones a partir de la presión desde las organizaciones sociales.
El Frente Amplio no podía ignorar, es más, comparte una raíz común, en el que la independencia de los sindicatos ante el Estado y los gobiernos, es un principio cardinal y saludable democráticamente hablando. Por lo cual, ante la experiencia de su primer gobierno departamental de Montevideo, debía al menos intentar crear las condiciones que le permitieran desactivar un elemento que podía complicarle el escenario en esa primera experiencia: los conflictos derivados de reclamos del sindicato de los trabajadores municipales nucleados en ADEOM. Por esa razón la administración del hoy Presidente de la República Tabaré Vázquez, otorgó importantes mejoras económicas. También es cierto, que allí existía una sensibilidad distinta con relación a los trabajadores. Y no una mera operación de “neutralización” de la acción sindical reivindicativa.
El crear las condiciones para que los reclamos de los sindicatos, no afecten la gestión, necesita de algo más que la apretura de las canillas de las arcas comunales.
El análisis que por otra parte busca legitimarse en charlas privadas del fallecido referente histórico del Frente Amplio Liber Seregni, ubica el “error inicial” en que aquel aumento salarial y mejora de las condiciones de trabajo, no tuvo “una contrapartida del gremio municipal”.
¿De qué contrapartida se habla?
Los trabajadores y por ende los sindicatos a partir de los cuales realizan sus reivindicaciones siempre tienen la obligación de mejorar las condiciones de vida de sus afiliados. De ahí, que sea legítimo, que siempre quieran ganar más y ese interés intenten plasmarlo en los convenios colectivos. Es en esa lógica, que por lo general se resisten las cláusulas de paz o los acuerdos sociales que intentan frenar o impedir el desarrollo de ese interés legítimo de querer mejorar siempre sus salarios, etc. Es más, en una sociedad capitalista, donde las empresas buscan maximizar sus ganancias, es lógico y natural que los trabajadores busquen maximizar sus ingresos. Mejorar los ingresos de los que viven de su salario no puede ser visto como una “concesión” y menos como “una generosidad”, que no fue entendida. Quien no entendió, en todo caso, es quien piense eso.
A renglón seguido el analista se interna en la experiencia internacional, para tratar de encontrar un modelo. Por suerte no nos endilga a los uruguayos el modelo soviético, ni el del peronismo, en el que “los sindicatos actúan muy subordinados al gobierno y al partido de gobierno” y por ende “el partido manda al gobierno y a los sindicatos” siendo “correa de transmisión de los intereses del gobierno”. Tampoco nos ubica en un modelo similar al del Partido Laborista Ingles, en el que los sindicatos forman el partido y en consecuencia el partido es el instrumento del sindicato.
Hemos sostenido en otras oportunidades que la unidad de la izquierda es impensable, sin el proceso de unidad sindical que la precedió, por esa razón no es de extrañarse y menos asombrarse de la existencia de “una relación muy fuerte” entre los partidos de izquierda y los sindicatos. No es que en la izquierda se considere éticamente incorrecto enfrentarse o discrepar con los sindicatos. Lo que es políticamente incorrecto, es que la relación entre la izquierda devenida en fuerza de gobierno y los sindicatos, sea de subordinación. No es un pecado político que la lógica del Estado administrador de los derechos de los ciudadanos, se enfrente a los sindicatos cuando estos defienden los derechos de sus trabajadores.
Un último aspecto referido al análisis de Bottinelli. Según el politólogo, durante el desarrollo de la huelga contra el golpe de Estado de 1973, Seregni habría impuesto que en esa huelga política, la acción sindical política debía estar “subordinada al instrumento político”. Entonces, ¿quienes ven en el comportamiento- por ejemplo del sindicato de ADEOM-, un comportamiento afín a una estrategia política (y por ende resultado de una acción de un partido contrario al FA y su gobierno), sólo vislumbran como remedio, una acción también estrictamente de política partidaria en la interna del sindicato?
¿Y esa acción, de que lógica estará impregnada: de la emergente de la estructura de gobierno o de la estructura político partidaria?
La respuesta a esa interrogante no es un tema menor, y nos remite a otro problema que también nos introduce el análisis de marras, y que se refiere al problema “entre la estructura de gobierno, la estructura parlamentaria y la estructura central”, en la que una es el resultado “de los votos de las elecciones nacionales, y otro de la lógica electoral interna, de los votos de las direcciones internas del Frente”.
El problema se vuelve aun más interesante, si se constata que hay una no correspondencia entre la influencia (no subordinación) de grupos políticos con mucho peso electoral, que no se manifiesta en el movimiento sindical.
Estamos de acuerdo, como lo consigan el análisis, de puede haber “distintas visiones” desde las cuales “la gente cuando está en distintos ámbitos ve las cosas desde distintas perspectivas” y “que también hay juegos de intereses distintos”.
Hugo Cores, al referirse al papel del Frente Amplio, cuando estaba en la oposición destacaba como aspectos sustanciales de la fuerza política: el “contacto con la sociedad, no preso de la estructura institucional, buscando alianzas con la sociedad, un verdadero partido opositor que irradiara permanentemente líneas de esperanza”. Lo interesante, nos parece, sería preguntarnos como nos “suena” esa misma frase, cambiando la palabra “partido opositor” por “partido de gobierno”.
El sindicalismo y la política, no es pasible –en estos tiempos-, pensarla con una suerte de conducta refleja y condicionada. Tampoco es posible pararse ante el entramado de intereses presentes en la sociedad, con una suerte de solución química que naturalmente “precipita” los intereses legítimos, de los ilegítimos.
La cultura de una sociedad- en cuanto patrón de conductas socialmente aceptadas- es un terreno en disputa, en la que el neoliberalismo y los años de autoritarismo y dictadura han dejado su huella. Ni los sindicatos, ni las organizaciones políticas, están por fuera de esas condicionantes. Pero las responsabilidades, no son las mismas.
De ahí, que la “intervención” del mundo político, en el mundo de los intereses, muchas veces corporativos, es una labor permanente y de largo aliento. De esa forma, se pueden acomodar algunos zapallos del carro: del carro de los sindicatos, del gobierno y de los partidos. Y sobre todo, contribuirá a separar la paja del trigo.
Un último aspecto. Siempre fue una preocupación permanente de la acción sindical, tener en cuenta que toda lucha del “trabajo contra el capital”, implica otro actor, que de no tenerse en cuenta conduce a errores y consecuencias profundas al movimiento sindical en su conjunto. Nos referimos a lo que se da en denominar, la batalla por la opinión pública.
El sindicalismo uruguayo, aún en sus mejores épocas y fortalezas, tuvo claro que los resultados electorales donde muchísimos (sino la mayoría) de los trabajadores votaban a los partidos tradicionales, era un dato ineludible de cualquier estrategia de lucha sindical. Por esa razón, ganar la batalla de la opinión pública, era una tan importante como vencer a la patronal.
Quizás el error principal, de algunas estrategias desarrolladas desde tiendas sindicales, parta de que se piensa equivocadamente, que él hecho de que electoralmente la izquierda haya tenido una victoria holgada, termino por eliminar de las preocupaciones de las estrategias de lucha gremial, la mentada batalla por la opinión pública.
Y, ya no un “error”, sino una concepción política asumida, es aquella que trata ya no de “influir” en los procesos, si no de pensar-equivocadamente-, que se los puede cambiar desde la lucha puramente reivindicativa.
Raúl Olivera

sábado, 26 de julio de 2008

Poner fin a una logica perversa.Para que los derechos, transiten por anchas avenidas, y no por vericuetos, resquicios o atajos.



Publicado en Trabajo y Utopía julio 2008

En artículos anteriores, relacionados a la necesidad de anular la ley de caducidad, nos hemos referido a como en nuestra sociedad se administra el saber y los conocimientos. Administración del conocimiento, que dificulta la incorporación a las preocupaciones del ciudadano común, de aspectos esenciales para la vida en sociedades auténticamente democráticas.
La nulidad de la ley de caducidad, nos enfrenta a una doble y compleja tarea Desarrollar un abanico de argumentos que decidan positivamente la decisión ciudadana de firmar en esta etapa; y que esa definición se extienda al voto en las próximas elecciones nacionales. Y, armar al ciudadano de herramientas que le permitan, más allá de este desafío, importante pero puntual, continuar desarrollando una autentica ciudadanía responsable.
Las normas jurídicas que regulan las conductas de las personas que viven en sociedad, tienen como fin establecer con claridad, qué cosas se pueden hacer libremente, y que otras, están vedadas de cometerse. De tal manera, que cuando esas conductas que no pueden hacerse, igualmente se hacen, la sociedad habilita la intervención de determinados instrumentos, para castigar a quienes trasgredieron las normas, y reparar los derechos o bienes afectados.
En nuestra sociedad, al Estado le esta absolutamente prohibido de aplicar la pena de muerte, torturar, desaparecer, etc. Sin embargo, el Estado dictatorial, asesino, torturo, desapareció, etc.
Instalada la democracia, el Estado debió habilitar los instrumentos de su ordenamiento normativo, para castigar a quienes habían aplicado esas conductas delictivas vedadas de ser puestas en práctica y reparar los derechos afectados.
Esa conducta, lógica y ajustada al derecho nacional e internacional, de acompañar el restablecimiento del orden democrático, con la aplicación de las normas que regulan y aseguran el normal desenvolvimiento de la sociedad, no fue posible. Lo impidió la instalación de una norma – la ley de caducidad-, que durante 20 años no hizo posible la acción constitucionalmente establecida para el Poder Judicial sobre las conductas delictivas del régimen dictatorial. Y con ello que muchos de los efectos de esas conductas, siguieran afectando a la sociedad toda y a las victimas, en particular
Para cuatro administraciones – dos de Sanguinetti, una de Lacalle y otra de Batlle-, la acción punitiva del Estado, estuvo vedada,. Y la verdad, no fue una obligación jurídica, para Sanguinetti ni para Lacalle. Solo un matiz, apareció en la administración de Batlle: la posibilidad de una verdad posible, amputada y falsa en muchos casos, que debería aceptarse como la verdad oficial y final.
Con la llegada de la actual administración del Frente Amplio, se abrieron causes que hicieron posible la acción de la justicia y con ello el procesamiento de algunos de los responsables de los crímenes de la dictadura.
Y también la verdad, tomó una nueva dimensión. Se buscó y en dos casos se encontró restos de desaparecidos. Se reclamó informes a las fuerzas armadas y en algún caso, se confirmó (segundo vuelo), denuncias que la Comisión para la Paz, ni siquiera admitió como posibilidad. Historiadores recopilaron un informe sobre las desapariciones. Algunos archivos, se abrieron.
¿Qué hizo posible ese radical – aunque aún insuficiente-, cambio con relación a nuestro pasado reciente? ¿Qué nuevas leyes se aprobaron para permitir eso? ¿Qué leyes se eliminaron?
Nada de eso ocurrió. Solo existió una interpretación distinta de la ley de caducidad, por parte del gobierno.
Un aspecto tan delicado, que se refiere a las conductas del Estado y a la índole de los derechos humanos que pueden ser afectados, no debería admitir oscuridades o aspectos que queden librados a interpretaciones contradictorias y/o arbitrarias.
Las normas que ordenan y rigen la convivencia de las personas en sociedad y las obligaciones del Estado - y por tanto que se refieren a los derechos y obligaciones -, deben mantener una coherencia, y nunca pueden quedar librados a la decisión arbitraria y antojadiza de las personas, así se trate de un magistrado o un presidente de la república.
En el Uruguay, y es esta una de las lógicas perversas que debemos apuntar a desmantelar, hay una norma jurídica que desnaturaliza ese aspecto esencial que debe tener una norma de derecho: la de mantener coherencia con los compromisos internacionales, y la de no quedar sujeta a la decisión arbitraria de quien detenta el poder. Y esa, es la lógica perversa instalada a partir de la existencia de la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado.
Con una misma norma, cuatro administraciones aplicaron políticas distintas y al existir esa dualidad, los derechos de los uruguayos carecieron y carecen aun de certeza jurídica.
Las normas que apuntan a tutelar el derecho de las personas y sobre todo a proteger al ciudadano de los abusos de poder del Estado, no deben tener distintos colores del cristal con que mirarlas.
Supongamos que el próximo gobierno, cambia radicalmente de signo, y en función de ello, realiza una interpretación distinta de la ley de caducidad y en función de ello, desmantela todos y cada uno de los avances que reseñamos anteriormente.
¿Y todo esto, porqué?
En primer termino porque esa norma permite - inconstitucionalmente-, que el poder político (Ejecutivo) se apropie de una potestad que la Constitución de la República, le otorga en exclusividad al Poder Judicial.
La construcción y la atracón sin limitaciones de un sistema judicial- en quién reposa la potestad de interpretar y aplicar las leyes -, es el fundamento de un Estado democrático y de derecho.
Puede que alguien se pregunte ¿Acaso la interpretación y la aplicación de las leyes, no recae en personas (los magistrados), que pueden ser tan o más arbitrarios en sus decisiones?
También puede preguntarse, ¿con qué autoridad, quienes nunca pisamos un aula de la Facultad de Derecho, pueden opinar sobre estas cosas?
Una respuesta adecuada a la primera interrogante, diría que, si bien es cierto que en primera instancia una decisión (sentencia, auto de procesamiento, etc), descansa en un magistrado, que es un ser humano, también es cierto que esa decisión debe ser fundada en normas preexistentes y es objeto de consideración y eventual cuestionamiento buscando su modificación, de al menos tres actores directos y otros tantos indirectos.
Entre los primeros, están los representantes legales de las partes (acusado y denunciante), y en la mayoría de los casos (y siempre en materia penal), también de un representante del Ministerio Público (fiscal).
Entre los segundos, están entre otros, la prensa y a través de ella, la opinión pública.
De ahí entonces, que esa decisión puesta a consideración de todos esos actores, es posible que pase por otras instancias ya no individuales, sino colectivas de reconsideración (Tribunales de Apelaciones, Suprema Corte de Justicia y hasta instancias de carácter internacional).
Sobre la segunda interrogante, decimos que la lucha de los trabajadores – aun aquellas por los aspectos más elementales, como la ley de 8 horas-, enseñaron a los sindicatos que esos avances deben quedar plasmados en leyes que hagan más efectiva su cumplimiento. Por otra parte, la lucha que continuamente se da a la hora de redactar los convenios de trabajo, han enseñado, - por ejemplo, a quienes nunca ejercieron la abogacía ni fueron a la facultad de derecho-, que los derechos y las obligaciones deben quedan claramente explicitados, a los efectos de que no puedan ser objetos de más de una lectura o explicación que ponga en cuestión su cumplimiento. Una segunda respuesta, y quizás la más obvia, es que también en las normas de derechos debe haber, lo que se llama “sentido común”.
No puede admitirse por parte de un Estado, que por ejemplo, en un mismo hecho delictivo, pueda ser procesado un coautor (caso Blanco en la desaparición de Elena Quinteros) y no lo puedan ser, los autores materiales del hecho. O que en otro caso, se habilite la investigación y el eventual castigo de uno de los participantes en el hecho por ser civil, y no de los otros por ser militares.
O que un mismo delito (el de privación de libertad), cometido por las mismas personas (agentes del Estado), tenga un tratamiento diferente según en qué territorio se cometió.
Si un gobierno, considera que determinadas conductas deben ser objeto de la acción punitiva correspondiente (como lo a dicho la actual administración), no puede estar ese gobierno a la búsqueda de resquicios en las normas de su derecho interno, para que eso sea posible.
Un dicho popular sostiene, que “hecha la ley, hecha la trampa”. Es decir que siempre hay una forma de burlar lo que establecen las leyes. Esa, una conducta propia de los delincuentes o de aquellos que quieren escapar a lo que establecen las normas que se da una sociedad. Nunca puede ser la de un gobierno, que tiene normas internas y compromisos internacionales en lo que fundar su acción justiciera proporcionando al Estado de las normas que se lo permitan o anulando aquellas que se lo impiden..
Es entendible que un Estado dictatorial, pensara y ejecutara conductas que le permitieran en el futuro escapar a la acción de las leyes. No es razonablemente democrático, que el Estado democrático, tenga que buscar “resquicios” en las normas internas que consiente que se mantengan, para tratar de ampara derechos irrenunciables del ser humano.
Los derechos, en las autenticas democracias, deben transitar por anchas avenidas, y no por vericuetos, resquicios o atajos.
Es intolerable, continuar viviendo con esta lógica retorcida.

Raúl Olivera
Integrante de la Secretaria de Derechos Humanos y Políticas Soiales del PIT/CNT

HACE 33 AÑOS

Publicado en La República 26/07/08

El 26 de julio, de 1975 se constituía el Partido por la Victoria del Pueblo. Lejos del país, de sus familias, con decenas de sus militantes en las cárceles de la dictadura -pero pensando cómo derrotar a la dictadura que imperaba en Uruguay-, treinta y tres años atrás, un grupo de entrañables compañeros culminaban un rico proceso de discusiones que constituirían las bases teóricas y políticas del PVP. Se trataba de un emprendimiento partidario que hundía sus raíces en la historia del Uruguay, a partir de las trayectorias de quienes se auto convocaban para luchar por la victoria del pueblo.
Recordar esa fecha, desde la organización política que lleva ese mismo nombre y ese mismo objetivo, implica siempre recordar a los compañeros.
A los compañeros que no están. No están, porque la patota criminal de la dictadura, creyó que eliminando su presencia física tan cargada de significados, instalaba para aquellos momentos y los del futuro, el miedo y la derrota.
Sin embargo, están presentes con ese ejemplo de vida y de muerte, tan necesario tener en cuenta en estas épocas, a veces, poco propicias para abordar en su justo término el pesado pasado de nuestra historia.
Evocar a los compañeros que cayeron en un compromiso que no tuvo más límites que su entrega total, es una obligación que siempre ayuda a pensar y resolver los desafíos actuales. Y porque no tuvo límites, debemos sentirlos presentes hoy, mañana y siempre.
Esa, también es una dimensión de la Victoria del Pueblo.
Presentes en la renovación del compromiso que es necesario hacer todos los días. En cada una de las acciones de las organizaciones que luchan por ese mundo nuevo que para ellos fue un sueño pendiente y que es el desafío que nos dejaron como herencia. En cada pelea resistiendo el neoliberalismo enquistado en muchos aspectos de nuestra sociedad; en cada grupo humano que intenta denodadamente superar los terribles obstáculos que le pone la ideología neoliberal presente aún en nuestro tejido social a todo lo que sea colectivo, solidario, a todo lo que signifique el hombre o la mujer organizada.
El modesto acto de juntarnos, ya sea para reflexionar o recordar juntos, o simplemente para sentirnos juntos en esa comunión que siempre es imprescindible establecer con nuestra historia, es algo que debemos valor con la importancia que se merece.
Aún en tiempos de silencios cómplices, de renunciamientos disfrazados, el hablar, el poder mirarnos a la cara, el no renunciar, el mantener la mira en alto y el soñar con la utopía, siempre fue para nosotros, el más íntimo y sentido homenaje que podemos brindarle a todos los compañeros- que nos precedieron y nos dejaron una bandera roja y negra bajo la cual ondear nuestras esperanzas.
En estos últimos años, desde diversos ángulos, el tema de los derechos humanos esta en la agenda de los uruguayos. La tortícolis a la que nos habían querido condenar los gobiernos postdictatoriales, para no mirar el pasado, no ha sido todo lo efectiva que pensaron.
Esa, también es una dimensión de la Victoria del Pueblo.
Desde esta organización política hemos querido seguir mirando el pasado, porque queremos ver el presente y poder pensar el futuro de nuestros hijos y nietos.
Y esa es una dimensión de la victoria del pueblo.
Hemos sabido seguir levantando esas banderas con dignidad. Aún en periodos- a veces más largos que los deseados y recomendados para la salud democrática de un país-donde el tema de los desaparecidos pareció quedar confinado a la casi única preocupación de limitados sectores de la sociedad. Pero siempre, cual profunda e incontenible corriente subterránea, hemos sido uno de los modestos cauces por donde a irrumpido e inundado a la sociedad toda.
Esa, también es una dimensión de la Victoria del Pueblo.
Cuando el terrorismo de Estado de las dictaduras del cono sur empezaron a instrumentar este perverso mecanismo de hacer desaparecer a los opositores, a planificar vuelos sobre el Río de la Plata para arrojar vivos al mar a los compañeros secuestrados, entre otros efectos se buscó poner en marcha un mecanismo similar a la detonación de un disparo asesino, que no tiene fin. Que sigue resonando y en el que el proyectil sigue hundiéndose en la carne indefensa de la sociedad. Hoy quienes mediante su complicidad siguen haciendo que la detonación siga resonando en nuestros oídos, y que su trayectoria de muerte siga hiriendo las carnes de la sociedad uruguaya; son también parte del mecanismo de la desaparición.
Juramentarse para poner fin a ese estado de situación, solo es posible, para quienes creen en la victoria del pueblo.
Como Partido no admitimos que nos impusieran una tortícolis política que nos impida valor en su justo término, la forma en que se nos impuso la renunciación del Estado a hacer justicia con los militares y civiles del proceso incursos en gravísimas violaciones a los Derechos Humanos. Y por lo tanto en los debates y las denuncias que en el ámbito nacional e internacional nos preguntamos hasta donde un pueblo por el mecanismo que sea puede renunciar a normas imperativas del Derecho internacional como la Convención interamericana sobre desaparición forzada de personas que no admiten acuerdo en contra. O dicho de otra manera, el Estado no puede ampararse en su derecho interno ni en acuerdos en contra de un derecho que sean producto de decisiones populares como es el de un Referéndum, para violar el Derecho Internacional.
Reconocer esa anomalía de nuestra democracia y encontrar los mecanismos que permitan superar esa situación, es un gran desafió. Y por eso en este 33 aniversario, nos encuentra embarcados en el desafió de lograr las firmas necesarias para que junto a la conquista del gobierno en las próximas elecciones nacionales, terminemos con todos los vestigios de la impunidad.
¡Arriba los que luchan y que vivan los compañer@s.
Raúl Olivera
Integrante del Sec Ejec del PVP-Frente Amplio.

jueves, 26 de junio de 2008

27.06.73 - 27.06.08. A 35 AÑOS DEL GOLPE DE ESTADO EN EL URUGUAY


Publicado en Trabajo y Utopía mayo 2008

El próximo 27 de junio, se cumplirán 25 años del golpe de Estado con el que terminó de instalarse en el Uruguay, un régimen que cometería inimaginables crímenes de lesa humanidad. Luego de padecer ese régimen durante casi 11 años, la lucha del pueblo uruguayo logro desplazar de la conducción del gobierno a la dictadura cívico-militar y dio comienzo a una vacilante y contradictoria reconstrucción de la vida democrática. En ese marco el Parlamento aprueba una parcial amnistía a los perseguidos políticos y sindicales, que excluyó a los autores y coautores de homicidios.
Poco después desde el gobierno y luego de una intensa compaña apuntando a lograr la impunidad a policías y militares acusados de violar los derechos humanos, es sancionada la Ley de Caducidad, con la cual se impidió el juicio penal a los responsables de la comisión de delitos de lesa humanidad.
Con ese acto del Parlamento, no solo se borro con el codo lo escrito en los acuerdos de la CONAPRO, sino que se puso al país en un camino del cual aún no hemos podido apartarnos plenamente: el de una Nación desconocedora de sus compromisos internacionales.
Con ese paso dado el 22 de diciembre de 1986, el Uruguay empezó a violar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; la Convención Americana sobre Derechos Humanos; la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o degradantes, la Carta de la Organización de los Estados americanos OEA y la Carta de la Naciones Unidas . Y lo grave es, que 22 años después, aún lo sigue haciendo.
Ese desligarse irresponsablemente de sus obligaciones internacionales al aprobar una ley de caducidad, no pasó desapercibido ni para las víctimas, ni para los organismos encargados de velar por el respeto de los derechos humanos a nivel de la comunidad internacional.
No pudo pasar desapercibido en el pasado, ni puede pasar desapercibido en el futuro, porque se esta ante normas jurídicas vinculantes, que el Estado uruguayo esta obligado a cumplir.
¿A que está obligado el Estado uruguayo con relación a las violaciones a los DD.HH cometidos por la dictadura?
A respetar y garantizar los derechos reconocidos en dichas normas a todas las personas sujetas a la jurisdicción del Estado uruguayo; a armonizar la legislación interna con lo establecido en los Tratados a los que se adhirió; a establecer los medios para que toda persona tenga la posibilidad de acceder a la Justicia.
La situación resumidamente en el Uruguay es la siguiente: muchas personas en la jurisdicción del Estado uruguayo fueron objeto de avasallamiento de derechos a los que el Estado está obligado a respetar y garantizar y para colmo ese avasallamiento fue cometido por el propio Estado. Y cuando esas personas pretendieron acceder a la Justicia para que fueran restablecidos sus derechos y castigados los responsables, el Estado mediante una norma de derecho interno (la ley de caducidad), lo impide.
Es frente a ese impedimento, es que se pone de manifiesto una tercera y flagrante violación de sus obligaciones como Estado: la de armonizar el derecho interno para que no existan trabas para el cumplimiento de las obligaciones emergentes del derecho internacional. Ergo, eliminar de nuestro derecho interno la ley de caducidad.
En ese sentido es que en el año 1991 y 1992, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expreso en los Informes 35/91 y 29/1992, que: “La Comisión esta obligada por inveterados principios de derecho internacional y, en particular por disposiciones de la Convención, a llegar a una determinación acerca de si ciertos efectos constituyen una violación de las obligaciones contraídas por el Gobierno bajo la Convención”…”por el articulo 2 de la misma se prevé el compromiso de los Estados partes de adoptar las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos los derechos y libertades consagrados en el Pacto”…”un estado no puede evadir por medio de su legislación interna sus obligaciones internacionales…”...“ uno de los pocos asuntos en que la Comisión no desea inhibirse de opinar en esta materia, es el de la necesidad de esclarecer las violaciones a los derechos humanos perpetrados con anterioridad al establecimiento del régimen democrático. Toda sociedad tiene el irrenunciable derecho de conocer la verdad de lo ocurrido, así como las razones y circunstancias en las que aberrantes delitos llegaron a cometerse...“
Y continúa diciendo que la ley de caducidad “…afectó a numerosas partes o intereses jurídicos. Concretamente, las víctimas, familiares o damnificados por las violaciones de derechos humanos han visto frustrado su derecho a un recurso, a una investigación judicial imparcial exhaustiva que esclarezca los hechos, determine sus responsables e imponga las sanciones penales correspondientes.” …“Al promulgar y aplicar la Ley, el gobierno Uruguayo no cumplió con la obligación de garantizar el respeto a los derechos y violó la Convención”…“Al sancionar la Ley, el Uruguay dejó de garantizar los derechos estipulados en el articulo 25.1 y violó la Convenció”.
Con relación a la obligación de investigar la CIDH le expresa al gobierno uruguayo que esa obligación “debe tener sentido y ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio y no como una simple gestión de intereses particulares que dependa de la iniciativa procesal de la victima o de sus familiares de la aportación privada de elementos probatorios, sin que la autoridad pública busque efectivamente la verdad...”, por lo que recomienda “Otorgar a las victimas peticionarias o a sus derechos habientes una justa compensación... y la adopción de las medidas necesarias para esclarecer los hechos e individualizar a los responsables de las violaciones de derechos humanos ocurridas durante el período de facto”.
El Estado uruguayo, actualmente en manos de una fuerza política - que fue la víctima privilegiada del terrorismo de Estado, que luchó por el contrario la ley de caducidad, que tiene un compromiso programático de respeto irrestricto a las normas del derecho internacional-, deberá decidir, si los Convenios y Tratados Internacionales de Derechos Humanos, a los cuales adhirió en forma soberana, y fueron debidamente ratificados, son obligatorios y forman parte de nuestra jurisdicción doméstica, o seguirán siendo letra muerta.
Los esfuerzos por la nulidad de la ley de caducidad en la cual desde el movimiento sindical y otras fuerzas de la sociedad civil, se pone grandes esperanzas mediante un plebiscito; o los esfuerzos que a otros niveles se hacen para reparar los dalos causados por la dictadura, van en ese sentido. Cuando se cumpla un cuarto de siglo, del golpe de Estado, es un buen momento para afianzar esos compromisos con la verdad y la justicia.
Raul Olivera
Integrante de la Secretaria de DD.HH del PIT/CNT.