viernes, 5 de octubre de 2007

PARA QUE LA IMPUNIDAD NO SEA MAS PATRIMONIO DE LOS URUGUAYOS



Publicado en Semanario "AREQUITA" de Minas Nº 518 del 5/10/07

En nuestro país es ya una costumbre celebrar anualmente en el mes de octubre el Día del Patrimonio. Si bien, como muchas cosas, esta costumbre se adoptó imitando a otros países, los valores nacionales que se intenta difundir son propiamente nuestros, más allá de ciertas similitudes que guarden con otros patrimonios culturales de otros países. A modo de ejemplo, cuando dentro de ese patrimonio se incluye al Tango, ese bien cultural es compartido por nuestros hermanos argentinos.
En ese día, por ejemplo, todos los edificios gubernamentales, museos, instituciones educativas, iglesias, edificios y hasta casas particulares, que tengan interés histórico o arquitectónico están abiertos al público. Esto es así, porque en sus comienzos el énfasis estaba puesto en el patrimonio arquitectónico del país. Con el transcurrir del tiempo se comenzó a ampliar lo que se consideraba como el patrimonio de los uruguayos y por lo tanto se amplió a todo aquello que se valora como integrante de una suerte de herencia que nos dejan nuestros antepasados. De esa manera, hace dos años se dedico el día del patrimonio a Don Carlos Solé, el relator de fútbol que nos dejó de herencia en el paisaje sonoro uruguayo el relato del gol que enmudeció el Estadio de Maracaná en 1950.
Cada año el Día del Patrimonio tiene un tema central de celebración y difusión patrimonial, y junto a él se instalan también otros temas de celebración patrimonial. El año pasado se organizo una suerte de homenaje a las tortas fritas, y a las murgas como uno de los ritmos tradicionales de nuestro Carnaval.
De una manera u otra desde que en 1995 se empezó a celebrar esa fecha, su popularidad se ha acrecentado de manera tal que miles de uruguayos –y aún extranjeros-, visitan, escuchan, miran y recuerdan esas herencias arquitectónicas, musicales y culturales. Herencias que por ser dignas de perdurar en el tiempo, la sociedad no sólo se preocupa por mantenerlas, sino que también se preocupa por darlas a conocer a las generaciones futuras.
Este año, por ejemplo Rosa Luna, Martha Guiarte y Lágrima Ríos serán homenajeadas, destacando los aportes de la raza negra a la cultura del Uruguay y en la conformación nacional, la independencia, la cultura y la identidad del Uruguay.
Desde que existe la escritura, los seres humanos se han preocupado por registrar historias, vivencias o productos de su imaginación. Sin embargo, no toda la producción literaria del hombre y la mujer, ha merecido que perdurara. Lo mismo sucede con otras expresiones del arte, del conocimiento o de la técnica.
Es decir que la humanidad, el hombre elige, determina aquellas cosas que ha hecho, para que perduren, para que sean la herencia que dejan a las generaciones futuras. A nadie se le ocurriría, salvo que se trate de la herencia maldita, integrar a nuestro patrimonio el artículo de la Constitución de 1830 que no prohibía la pena de muerte o aquel que excluía a la mujer del derecho a la ciudadanía y la suspendía al tratarse de sirviente a sueldo o peón jornalero.
Algo parecido sucede con la impunidad consagrada por la Ley de caducidad. El patrimonio, la herencia que le dejamos a las generaciones futuras, si no libramos a nuestro ordenamiento legal interno de esta norma nefasta e inconstitucional, será una cultura de impunidad.
¿Que opción ha hecho el Estado uruguayo en sus diversos poderes con relación a nuestro pasado reciente?
No incorporó al patrimonio histórico la versión de la dictadura registrada en el libro “La subversión. Las Fuerzas Armadas al Pueblo Oriental” publicado por la Junta de Comandantes en Jefe en 1977, en la que sostenía que las denuncias internacionales sobre la coordinación represiva que se realizaban contra la dictadura era “una información no siempre veraz y, en ocasiones, decididamente falsa. Y que por ello en dicho libro pretendían “mostrar desnuda toda la verdad, para la real apreciación de los hechos”, a través de “la sacrificada labor cumplida por las Fuerzas Armados, Ejército. Fuerza Aérea y Armada, juntamente con los servicios de Policía, en una lucha sin tregua para erradicar la subversión del suelo de la República”. Según las Fuerzas Armadas“Construido con material irrecusable, este libro constituye una exploración sistemática y paciente del morboso clima de violencia desatado por minúsculos grupos de irascibles, fracasados y resentidos, sin base popular ni apoyo de opinión, en el desesperado intento, fomentado desde afuera, de cuestionar el orden y la legalidad en un auténtico Estado democrático, que pacientemente elaboró su propio progreso y cultura y esforzadamente procuró perfeccionarlos”.
Sí incorporó la visión del Poder Judicial que al referirse a ese pasado reciente ha establecido que integrantes de las Fuerzas Armadas procesados por el Juez Luis Charles: “en el referido marco de conexión entre las fuerzas represivas de ambos países, viajaban constantemente a la República Argentina, intercambiaban información, interrogaban con apremios psico-físicos, efectuaban detenciones y traslados clandestinos (…) Los interrogatorios se realizaban con los detenidos vendados, -aunque ocasionalmente se identificaban o les quitaban las capuchas- sometiéndolos a diversos apremios psico-físicos, tales como colgamientos, picana eléctrica, submarino, golpes, entre otros, que denigraban en su condición de personas”.
También incorporó de la Comisión Para la Paz la “convicción plena acerca de las graves violaciones a los derechos humanos perpetradas durante el régimen de facto. Desde la tortura, la detención ilegítima en centros clandestinos, hasta llegar a los casos más graves de desaparición forzada, se constata la actuación de agentes estatales que, en el ejercicio de su función obraron al margen de la ley y empleando métodos represivos ilegales. La Comisión se permite subrayar, por último, que nadie está habilitado o autorizado, en ninguna circunstancia, a violar o desconocer los derechos humanos fundados en la propia existencia y dignidad de la persona”.
Ahora bien, si existe esa distancia entre como se pensaba la dictadura y como la concibe el Estado y la ciudadanía, ¿por qué la impunidad se mantiene como el patrimonio heredado de la presión militar, el miedo y la mentira?
Porque hasta hoy la sociedad no había tomado la iniciativa de que lo que corresponde es declararla nula con un efecto General para que quede claro que ha sido removida del ordenamiento jurídico y no deje ningún rastro. Para que esa norma deje de ir contra normas de Derecho Internacional inderogables, que prohíben que se dicten normas internas en los países que impidan el juzgamiento de hechos que pudieran ser calificados como crímenes de lesa humanidad. Para que el Uruguay deje de estar en falta frente a la Convención Interamericana de Derechos Humanos que estableció que la ley de caducidad es dictada contra normas que obligan al juzgamiento de crímenes de lesa humanidad. Además la ley de caducidad es manifiestamente inconstitucional, porque reconoce como fuente de la caducidad a la presión militar. Y la presión militar no puede ser fuente de derecho y menos aún incorporar a nuestro patrimonio esta herencia de la debemos avergonzarnos frente a nosotros y a las generaciones nuevas que la han heredado como “peludo de regalo”.
Por eso la impunidad no debe ser más patrimonio de los uruguayos. Para ello la sociedad uruguaya tiene pleno derecho a exigirles a sus representantes que ejerzan el control de legitimidad sobre la Ley y la declaren nula con alcance General y si ello no es posible la voluntad ejercida directamente por la ciudadanía, lo hará.