viernes, 26 de julio de 2013

BANALIDAD Y LA TREGUA DE DIOS.

BANALIDAD Y LA TREGUA DE DIOS.
(Mayo de 2013)
            El pasado 1º de mayo, la central de trabajadores desde su tribuna como todos los años en que las libertades públicas existentes lo han permitido y algunas veces desafiando las limitaciones del autoritarismo estatal, realizó en su oratoria diversos reclamos. Todos ellos con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de la sociedad en general y de los trabajadores en particular.
El reclamo esta vez, fue mañanero a los efectos de armonizar las tradicionales actividades sociales y familiares  propias de un día feriado, con las alicaídas obligaciones militantes.
En esa armonización, seguramente sin proponérselo, se ayudo a que la actividad que desde hace algunos años  se realiza  en el llamado “quincho de Varela”, tuviera una extensa sobremesa de la vario pinta concurrencia, en la que hasta no falto una “Princesa”. .
Quienes no estuvieron en uno u otro evento y tomaron conocimiento de ellos por los medios de comunicación, tendrán dificultades para evaluar cual de los dos era el más importante para los destinos y la suerte del país. Y pese a que, según las crónicas periodísticas, en uno y otro evento se repitieron en algún caso los asistentes, no resulta fácil establecer una relación entre una y otra.
En la Edad media, una suerte de monopolio existente, obligaba a los campesinos, pagar un impuesto llamado “banalidades” para cocer su pan en el horno de los señores feudales. Muchos se preguntaran si esos reclamos al gobierno y las patronales reclamados desde una tribuna que inequívocamente Richard Read, denomino lo que era (de lucha) y lo que no era (de amigos), se cocerían en el horno del quincho de Varela. Y si no era así, en que radicaba la importancia que le otorgo la prensa.
Mientras que pocos minutos después de las trece horas, retumbaba en la plaza de mayo un ¡arriba los que luchan!, como corolario de un combativo y provocador discurso de cierre del acto del 1º de mayo, a pocos kilómetros de allí, se instalaba una suerte de “tregua de Dios”, como la que en el siglo XI, la Iglesia impuso a los señores feudales en guerra, con la prohibición de realizar hostilidades desde el miércoles por la tarde hasta el lunes y en ciertas festividades y épocas del año.
El acto mañanero que se extendió una hora después de finalizar la mañana, permitió a algunos aplaudir de pie el llamado a la lucha de Read, y después  sumarse a esa suerte de “tregua de Dios”, donde el perfume de la princesa, oculto el olor a azufre que tanto afectaba el olfato del extinto líder venezolano Hugo Chávez de la presencia de la embajadora del imperio.
Gracias a Dios, son pocos los que hoy acatarían esa prohibición de la Iglesia.


Algunas reflexiones políticas, que pueden ayudar a las estrategias jurídicas.

Algunas reflexiones políticas, que pueden ayudar a las estrategias jurídicas.
Esta claro que como veníamos sosteniendo, Uruguay esta al final de la tabla del ranking de los estados latinoamericanos con relación a sus políticas públicas en derechos humanos.. El los años 80, perdimos 3 a 2, hoy 4 a 1 y nos echaron a Suárez.
Al igual que en los años 80, había dos bibliotecas, las de la mayoría de la SCJ y las de Balbela y García Otero. Ahora hay dos y solo la de Pérez Manrique es aceptable, pero a diferencia de los años 80, - aún con las reservas del caso -, el Fiscal de Corte, disiente con la opinión mayoritaria.
Ustedes dirán, que eso no cambia la decisión y es cierto, pero ayuda según los caminos que se emprendan para enfrentar este malón.
Resumiendo, tenemos una decisión mayoritaria, no compartida por un Ministro y el Fiscal de Corte. Tenemos que evitar tirar contra toda la Corte, al menos en este tema tenemos que levantar las opiniones de Pérez Manrique y Jorge Díaz.
No nos encontramos ante un mero debate jurídico. Hay un debate político, una batalla por la opinión pública que se acumula al desplazamiento de Mariana y al palo en la rueda al ICIR (impuesto a la tierra de los más ricos).
Y las batallas por la opinión pública se ganan con dos cosas: 1) ideas claras que resuman adecuada  y claramente lo que esta en juego; y 2) sumar fuerzas tras esas ideas.
Sobre el primer aspecto, creo que en el caso de Mariana Mota, la idea fue bien planteada y así lo entendió la gente: la sacan arbitrariamente porque era la jueza mas activa y comprometida con los derechos humanos. Sobre la Sentencia de la mayoría de la Corte, la idea fuerza es que l Estado uruguayo en su conjunto, por acción de uno de sus poderes, el menos democrático por su forma de designación, se opone a la voluntad del Poder Ejecutivo y del Parlamento que definieron cumplir con la Sentencia de la CorteIDH.
Sobre el ICIR, es favorecer a los más ricos a los grandes propietarios de la tierra, eso s lo que la gente debe entender.
Uruguay caerá en responsabilidad internacional y con eso caerán los sueños de un papel del Uruguay en el concierto internacional. Sobre esto volveré un poco más adelante.
Sobre la segunda condición, es importante – con las reservas del caso-, que el frente se sumó, como la ha hecho convocando a la movilización del lunes. Es importante que desde las organizaciones no contribuyamos a tirar el niño con las aguas, evitando la proliferación de visiones anti frente, etc.
Vuelvo a lo anterior. La responsabilidad internacional es del Estado uruguayo en su conjunto, de ahí que desde el Parlamento y el Poder Ejecutivo se deben tomar iniciativas, so pena de ser también responsables del incumplimiento de la Sentencia, por omisión..
De ahí que una línea de acción importante esta radicada en la denuncia internacional y sobre todo ante la CorteIDH. Si como aconteció en Perú, la CorteIDH observa el incumplimiento a partir de la sentencia de la SCJ, ¿Qué actitud poma el Estado uruguayo?
Hay que tener en cuenta, con relación a los militares presos en Domingo Arena o haciendo turismo médico en el Hospital militar, en la lógica de la mayoría de la SCJ, pueden ser liberados en una visita de cárcel.
Raul


LA PREVISIÓN EN POLITICA.

LA PREVISIÓN EN POLITICA.
(trabajo inconcluso)

Los que pueden entender ya lo saben, los otros, no comprenderán nunca y, además, no importan”.
Juan Carlos Onetti

                                                                                                                                                      Si hay un terreno que nunca puede ser neutro, es el de la política. Es un terreno donde hay que tomar partido, y donde aun sin estar integrado a una organización política, se es en algún momento, orgánico de alguna propuesta, ya sea esta puntual o de carácter más permanente. El grado de organicidad, en ese marco, es variado. Pero, cuando se toma partido por alguna causa, se es de alguna manera, orgánico de ella.
                                                                                                                                                      Aún en el caso de la más tenue organicidad, la previsión es un atributo a la hora de cualquier comportamiento político, ya sea individual o colectivo.
                                                                                                                                                      En el caso de las organizaciones políticas, la previsión más que indispensable, es –o deberá ser -, indispensable.
                                                                                                                                                      En el tema de la impunidad en el Uruguay, es interesante anotar que la propuesta construida en base a una ley y a determinados comportamientos políticos, ha incorporado a su organicidad en distintas coyunturas, tanto a la derecha como a sectores de izquierda.
                                                                                                                                                      Dicho de otra manera, ya que la impunidad empezó en determinado momento a hacer agua, los intereses de abordar un tema que se pensó cerrado después de 1989 hicieron coincidir a sectores hasta ese momento muy distantes. Eso ocurrió, a fin del siglo pasado, cuando Jorge Batlle se aprestaba a asumir la primera magistratura. A partir de esa coincidencia – en la necesidad de lograr una salida al tema de los desaparecidos -, se construyo una organicidad donde sus integrantes realizaron sus previsiones y en función de ellas establecieron niveles de acuerdos que se materializaron tanto en la delimitación de los objetivos,  como en los que creía que serían los medios adecuados para lograrlos.
                                                                                                                                                      Cuales fueron los elementos de previsión política que realizó la política de la administración Batlle?
                                                                                                                                                      El principal operador de Batlle en ese aspecto, así  lo expresaba:”el Presidente Batlle y su entorno lo que percibió, fue que había, a nivel nacional, pero incluso a nivel regional y el mundo... Estaba la aparición del juez Garzón, la detención de Pinochet; en Argentina había varias causas que se habían vuelto a abrir; había varios exhortos pidiendo la extradición de militares uruguayos en danza. Había algunos familiares, que habían presentado una denuncia en Italia (…). La percepción que había en este tema, que a la salida de la dictadura había quedado cubierto por esa especie de amnistía recíproca que se habían dado los uruguayos (…), no había tenido un final feliz ni completo[1].
Efectivamente, no había tenido un final. Ni feliz, ni infeliz, era un tema que continuaba planteado y que amenazaba con afectar las políticas de impunidad, objetivo planteado desde 1986 con la aprobación de la ley de caducidad. Una ley de impunidad – que a diferencia de otras instaladas en la región -, había puesto en manos del Poder Ejecutivo de turno la llave para cerrar cualquier intento de mellar la impunidad de los militares. El escenario que empezaba a desarrollarse a nivel de los avances en el plano internacional, acotaba los márgenes de acción internos.
                                                                                                                                                      Y cuales eran las previsiones políticas que se realizaban sobre la coyuntura política, a los efectos de delinear la acción en ese terreno. Se visualizaba que: “ya hacía quince años que se había salido de la dictadura. Siempre se dice que el tiempo ayuda a que las cosas tengan su cicatrización, o pierdan su sensibilidad extrema y puedan ser tratadas (…) En la opinión publica uruguaya, el tema de los desaparecidos, era un tema que le llegaba a una minúscula parte, no era un tema que le llegaba a la gente (…)Los uruguayos no tenían la dimensión del tema, pero tampoco creían, (…) que el tema de los desaparecidos, que eran 26 personas, y algunos cientos en Argentina, justificaba que el gobierno le dedicara mucho tiempo”.
                                                                                                                                                                                           Toda previsión política debe también individualizar los eventuales o reales adversarios: “los organismos de derechos humanos, algunos de ellos, lamentablemente, confunden las cosas porque un poco las quieren confundir, (…) y hay organismos de derechos humanos, que viven y , porque existe el tema pendiente. Entonces, siempre lo están dando vueltas (…) los agitadores profesionales, los que viven de estos temas (…).Los que están en la Secretaría de derechos humanos del PIT – CNT, los que están en el grupo HIJOS, que son los más radicalizados. No forman parte de los desaparecidos, sino de muertos, los que vienen del PVP (…). Recarei era un tirabombas, un loco que quiso venir de prepo, que como sabia que tenia diez días de suplencia en un juzgado, quiso en diez días violar todas las normas de procedimiento habidas y por haber, no notificaba las cosas, actuaba de prepo…



[1]  Entrevista realizada por la investigadora Ruth Fuchs, al Dr. Carlos Ramela Regules.

URUGUAY: REINSTALACION DE LA IMPUNIDAD.

URUGUAY: REINSTALACION DE LA IMPUNIDAD.
(Publicado en “Tiempo Argentino)

Decisiones, de la SCJ, ponen de manifiesto las intrincadas tramas de intereses que juegan a perpetuar la impunidad. Con una de ellas, la Dra. Mariana Mota, se sumó a una extensa lista de magistrados y fiscales, a los que mediante variados mecanismos  sufrieron las represalias por haber intentando hacer justicia desafiando las presiones desde las esferas del poder. Por otras, posteriores sentencias de inconstitucionalidad invalidaron una ley aprobada para cumplir con una Sentencia de la Corte IDH. Son parte de un mismo movimiento, que desanda un lento y demorado camino que el gobierno de izquierda estaba recorriendo con muchas reticencias y vacilaciones. Mas obligado por una condena de la Corte IDH, que por un cabal convencimiento del papel determinante que tiene para una autentica  política de un gobierno progresista, la defensa y promoción de los dd.hh. Que el Uruguay atendiera sus compromisos internacionales, era además de un golpe a la impunidad, una reafirmación de una señal de identidad, muy necesario para un gobierno atravesado por grandes debilidades ideológicas en se campo.
No pasó desapercibido  para la sociedad civil, que no era solamente el alejamiento de una magistrada, sino una señal para el sistema judicial, de cuales serían las consecuencias para quienes desafiaran la lógica de impunidad. Era una vez más una práctica propia de un Estado feudal, de apartar un juez, cuando las decisiones de este, no es funcional a la opinión mayoritaria de la SCJ. La jueza Mota, investigaba más de 50 causas de delitos de lesa humanidad, con solicitudes de  procesamientos de altos jerarcas militares que hasta hace muy poco conducían las fuerzas armadas.
La real posibilidad de avanzar realmente en un proceso de verdad y justicia, esta radicada en la aplicación de las normas de derecho internacional, que son las que dan fundamento a la sentencia de la Corte IDH en el caso Gelman. Y eso es justamente lo que obtura la SCJ en sus argumentaciones en las Sentencias de inconstitucionalidad.
Lo que esta en juego, no es si luego de estas sentencias los fiscales o jueces toman la determinación de seguir investigando y aplicando el derecho internacional; sino hasta donde la opinión de la mayoría de la SCJ, los deja avanzar atendiendo los recursos de las defensas de los militares.
Los artículos declarados inconstitucionales, son los que dicen que los delitos cometidos son de lesa humanidad y que no prescriben. La  SCJ, esta indicando que no es para nuestro país una obligación jurídica aplicar el derecho internacional, establecido en la Convención americana u otros instrumentos internacionales. Ese desconocimiento de los principios de derecho internacional, es quizás lo más grave para el avance de las causas en el Uruguay y para el posicionamiento del Uruguay.
Ese desconocimiento de elementos básicos, sobre los que se han dictado sentencias muy importantes para la consolidación de normas de protección de los derechos humanos por parte de  la Corte IDH, pone en entredicho la posición del Estado uruguayo luego que desde el Poder Ejecutivo y Legislativo se asumiera el compromiso de acatar la obligación de investigar y sancionar los delitos cometidos en la dictadura. Lo que pueda ocurrir a futuro con las causas, si bien puede ser difícil saberlo, es importante tener n cuenta, en que  probable marco jurídico se encuentran a partir de sas decisiones. Un país donde el Poder Judicial no puede o no quiere desarrollar su función garantista al verse impedido para desarrollar su función, de cumplimiento de los derechos, de investigar aquellos delitos que vulneran los mismos, hace imprescindible una acción desde la sociedad civil que active a nivel internacional y nacional, definiciones que pongan freno al desconocimiento por parte de la mayoría de la SCJ de las normas del derecho internacional.
Resumiendo, si no se logra torcer  una concepción imperante en la mayoría de la SCJ, de que no hay que cumplir con lo establecido en la Sentencia de la Corte IDH, la impunidad habrá ganado esta batalla.
La izquierda de una vez por todas, debe tener una inequívoca  vocación de compromiso con una cultura de los derechos humanos, democratizando el sistema judicial y asegurando que las políticas del Estado en esta materia sean únicas, claras y coherentes.

Raúl Olivera Alfaro
De la Secretaria de Derechos Humanos del PIT/CNT

Coordinador por el PIT/CNT del Observatorio Luz Ibarburu de seguimiento de las denuncias penales de violaciones a los Derechos Humanos .

TOTA QUINTEROS

TOTA QUINTEROS.
(Escrito para la pag web de la Administración Nacional de Correos)

María del Carmen Almeida de Quinteros nació en Montevideo en el hospital Pereira Rossell el 3 de agosto de 1918, Vivió sus primeros años en el barrio de la Unión, en la calle Cabrera entre Comercio y Gobernador Viana. Fueron sus padres Horacio Almeida y Cándida Buela, una familia modesta de trabajadores. Fue bautizada en la Parroquia de San Agustín de la calle Industria 2462.
Cuando nace Tota, su padre que era guarda de tranvía, estaba participando en una huelga general del transporte.
En julio de 1922, cuando tenía tres años fallece su madre y va a vivir con una tía paterna, en la calle Bulevar Artigas y Lorenzo Fernández, donde se cría junto a dos primos. A los 6 años ingresó al colegio de las hermanas Dominicas de la calle Rivera, junto con su hermana mayor Coca. Allí recibe educación primaria y secundaria, que culmina en el año 1935 y empieza a trabajar en la tienda London Paris, en tareas administrativas.
Como le hubiera gustada ser maestra, y no pudo terminar sus estudios, trabajó desde 1937 a 1964 como ayudante de maestra corrigiendo deberes en el colegio.
A los 26 años se casa, el 7 de diciembre de 1944 con Roberto Quinteros, un joven ocho años mayor que ella que trabajaba como despachante de aduana, y se queda a vivir en el mismo barrio, Brazo Oriental, en la calle Municipio casi Gualberto Méndez.
Nueve meses después nace Elena, su única hija. Por el año 1948, cuando Elena tenía 3 años, se mudan al barrio Jacinto Vera, en las calles Guadalupe y Cufré. Tres años después vuelven a la calle Municipio.
El 10 de diciembre de 1965 muere su esposo Roberto. En mayo de 1966, Tota recibe del Consejo del Niño un bebé recién nacido, Robertito, a quien cría como cuidadora particular hasta el año 1975.
Tota era una madre absorbente con su única hija. Todos pensaban que si a Elena le pasaba algo se moriría. Con el tiempo, todo se fue modificando. Como otras madres, fue ‘pidiendo un lugar, ocupándolo, ganando en autonomía, aunque la protagonista era Elena. Ver su lucha de años después, las mil cosas que hizo, realmente sorprende su crecimiento.
En 1972, con 54 años Tota le reclama a su hija Elena que quería compartir sus actividades políticas y sociales, quería ser también una militante. Pese a las negativas de se hija Elena, finalmente, Tota logró que fuera atendido su reclamo. Viviendo en la calle Municipio su casa sufrió cinco o seis allanamientos. En su otro domicilio en la calle Carreras Nacionales, tres veces fue allanado su domicilio y otras tantas cuando vivió en el Prado. Contaba Tota: “Yo nunca viví aquella lucha como una ‘rebeldía juvenil’ ni nada parecido, lo vi y lo viví como algo muy serio y profundo, lleno de valores y de esperanzas aun con los riesgos que se corrían y de los cuales sabíamos muy bien, aunque a veces uno no ve en el ojo de la tormenta las dimensiones exactas del huracán. Pero ni antes de incorporarme, ni después lo vi así. Lo vi como la visión de los muchachos y después mía, de un país que se nos estaba yendo de las manos y que después, con todo lo que sufrimos, con todos los presos, los torturados, los desaparecidos, pudimos cruelmente comprobar. El país estaba en una lucha continua”.
            El 27 de junio de 1973, se instala la dictadura cívico militar en Uruguay.
El 2 de abril de 1976, a instancias de Elena que se encontraba actuando desde la clandestinidad contra la dictadura, abandona el país y se radica en Argentina donde obtiene la carta de refugiada ante el acnur.
El 28 de junio de 1976, integrantes de los servicios de la dictadura, secuestran del interior de la Embajada de Venezuela, a su hija Elena.
Ese año, en que se inicia la represión contra el pvp en Argentina y Uruguay, vive en Buenos Aires con Rúben Prieto y su familia.
Cuando se producen los secuestros de junio y julio de 1976, Tota cumple un papel que posteriormente será muy importante para la ubicación de uno de los dos niños que desaparecen en esos operativos.
Después de la segunda ola de desapariciones en septiembre y octubre del 76, Tota abandona Argentina por intermedio de Naciones Unidas. Llega a Suecia el 8 de octubre de ese año. Fue alojada en Alvesta y luego va a Estocolmo. Aún no había terminado de instalarse cuando el 29 de octubre escribe una carta al gobierno sueco reiniciando las gestiones por Elena.
Esa mujer humilde de casi 60 años no podía imaginar entonces los miles de quilómetros que debería recorrer por el mundo, el número de puertas que debería golpear y el fundamental papel que tendría que jugar de futuro.
            Posteriormente pasa a vivir en Paris, desde donde comienza a despegar una intensa actividad. Participa de la fundación de afude (Asociación de familiares de uruguayos Desaparecidos). Representa a pax romana ante onu. Viaja innumerables veces a Venezuela con el fin de evitar el restablecimiento de relaciones diplomáticas ente la dictadura uruguaya y Venezuela.
            Reinstalada la democracia en 1985, junto a la Secretaria de DD.HH del PIT/CNT realiza innumerables denuncias ante la justicia, logrando establecer el derecho a la verdad en un recurso de amparo, y la primera prisión de un integrante de la dictadura por el secuestro y desaparición de su hija. Es electa Edil Departamental de Montevideo y preside la Junta Departamental de Montevideo. Integro la Comisión de Organización de la Comisión Nacional pro-Referéndum contra la ley de Caducidad.
            Sus últimos años los vive en covitea, una cooperativa de viviendas por ayuda mutua en el barrio de La Teja. Tota fue una cristiana creyente y practicante hasta sus últimos días y una militante política del Partido por la Victoria del Pueblo.
            El 23 de diciembre  es internada con un quebranto de su salud y el 7 de enero del 2001, fallece a los 82 años, sin saber la verdad sobre el destino de su hija. Su sepelio, acompañado por miles de personas se realiza en la casa del Maestro, el sindicato al que perteneció su hija Elena.


Raúl Olivera

EL ASESINATO DE NIBIA SABALZAGARAY Y LAS BATALLAS SOBRE NUESTRO PASADO RECIENTE.

EL ASESINATO DE NIBIA SABALZAGARAY Y LAS BATALLAS SOBRE NUESTRO PASADO RECIENTE.
(T & Utopia mayo 2013)

El 29 de abril de 2013, una sentencia dictada por la jueza penal de 10 turno Dra. Dolores Sánchez De León, condeno al General Miguel Dalmao a 28 años de penitenciaria por el homicidio de la militante comunista Nibia Sabalzagaray[1].
Además de hacerse justicia respecto a uno de los responsables del asesinato, y lo que esto significa en momentos en que se desarrolla una intensa batalla jurídico en torno al carácter de los delitos perpetrados en el marco del terrorismo de estado, esta y otras sentencias que llevaron a prisión a varios militares y policías, tienen una dimensión que queremos rescatar. Sabido es que en torno a los hechos del llamado pasado reciente, esta aun en curso una batalla sobre la memoria y la verdad.
Desde el campo de las fuerzas armadas, se intentó instaurar una suerte de “verdad” de ese pasado. Esa “verdad” era abiertamente reivindicativa del comportamiento y la acción de las fuerzas de seguridad de la etapa dictatorial. Además de intentar construir una visión histórica de ese periodo, se intentaba –muchas veces con la complicidad de sectores políticos conservadores -, se buscaba instalar una suerte de legitimidad de la acción del terrorismo de estado. A esto en cierta medida, contribuyó la versión uruguaya de la teoría de los dos demonios.
Un ejemplo de ello puede encontrarse en la versión sobre la muerte de Nibia Sabalzagaray en el expediente de la justicia militar. Al respecto la Sentencia de la Jueza Sánchez, afirma sobre el expediente de la Justicia Militar: “Las actuaciones llevadas a cabo a consecuencia de la muerte de Sabalzagaray, y respecto de ellas no podemos soslayar la franca pobreza investigativa, que no reconoce otro motivo que el interés de las autoridades de la época de no dejar al descubierto la verdad de lo acontecido”.[2]
Desenmascarar esa suerte de versión bastarda de la dictadura, necesito desarrollar, tanto una batalla desde el ámbito académico, como desde el ámbito de la acción del sistema judicial. Es desde el primero de ellos, que se desarrollaron importantes investigaciones históricas; y desde el segundo se establecieron en importantes sentencias las plataformas lácticas en que se fundamentaron las pretensiones punitivas de las fiscalías y los procesamientos y conde3nas de los jueces de militares, policías y civiles. Unas y otras investigaciones –históricas y forenses -, contribuyeron a desarmar la visión de las fuerzas armadas y de algunos sectores civiles.
En esas batallas sobre la verdad y la memoria, las iniciativas que imposibilitaron  que desde el sistema judicial se investigara sobre el pasado reciente – cumplimiento del artículo 4to de la ley de caducidad por parte de los fiscales militare; y la verdad “posible” pergeñada desde la Comisión para la Paz, no eran solamente intentos de consolidar la impunidad de la pretensión punitiva del Estado, sino también asegurar la impunidad sobre la verdad forense.
En las sentencias que han procesado o condenado a responsables de la dictadura, como lo es esta sentencia de la Jueza Sánchez a que hacemos referencia, se establece una importante dimensión de la verdad, la llamada “verdad forense”, aquella que con metodologías distintas a las de la historiografía establece responsabilidades a partir de la construcción de lo que se a denominado “plataforma factica”.. Esa verdad de los hechos no es una construcción realizada con la reserva de las fuentes. Ni siquiera es el producto de la labor intelectual y de las metodologías de la historiografía. No es la visión solitaria o antojadiza del juez penal que dicto el procesamiento inicial[3] a solicitud de la fiscalía, sino que fue construida en un proceso largo y complejo[4] donde unos y otros –victimas y victimarios-, controvirtieron sus visiones, y que en este y otros casos, también fue reexaminada y finalmente avalada por un tribunal de apelaciones de tres jueces[5].
¿Cuál es la verdad forense sobre la muerte de Nybia Sabalsagaray? ¿Cuales son los hechos probados, cual es el marco histórico en que se encuadran este homicidio?
Para responder a esas interrogantes, nada mejor y más adecuado que recurrir a la Sentencia del 29 de abril: “En primer lugar debe tenerse en cuenta el marco histórico en que se desarrollaron los hechos investigados, siempre dentro de la más absoluta clandestinidad, valiéndose de la superioridad de la fuerza y sin ningún apego al orden jurídico”.
Los hechos denunciados se ubican en el período dictatorial cívico militar, comprendido entre los años 1973-1985, cuya principal característica fue la del encarcelamiento masivo y prolongado de personas, miles fueron procesadas por la Justicia Militar mientras que otras tantas pasaron por los centros de reclusión o de detención, con motivo de ser interrogados y luego liberados”.
“La tortura se aplicó a los detenidos de forma constante y rutinaria, que no sólo implicaban el daño físico sino el psicológico La represión y persecución traspasó fronteras, en especial luego del golpe de Estado en la Argentina (marzo de 1976) en el que muchos uruguayos fueron detenidos, desaparecidos y asesinados en Argentina, Chile, Paraguay e incluso en Bolivia y Colombia”. Y sigue mas adelante, “Los procedimientos coordinados de los mencionados países se enmarcaron dentro de operativos represivos llevados a cabo de forma planificada y como producto de minuciosas investigaciones de inteligencia. En el período de mención y dentro del marco de seguimiento y persecución, se modificaron las relaciones sociales, se ejerció un estricto control sobre los medios de comunicación y las diversas expresiones culturales de la sociedad. Se aplicaba la censura a los medios de comunicación. El contralor de radiocomunicaciones, la prohibición de la difusión de determinadas noticias, la prohibición de libros, autores, músicos, artistas “antidemocráticos”, etc., quedó establecido legalmente antes del Golpe de Estado, y la dictadura lo profundizó. En el caso de las expresiones artísticas, se realizaba un seguimiento de todas las actividades a través de la Comisión de Censura. A su vez, existían autores y artistas que se encontraban prohibidos por ser considerados subversivos, y por ende totalmente prohibida la difusión de sus obras, para lo cual se controlaban los locales que los comercializaban. La dictadura generó un proceso de restricción en las formas de solidaridad social, puesto que la represión sumada a la presencia del “miedo” conducían, que las familias se encerraran en sí mismas imponiéndose también, la cultura de la sospecha y la delación. Como expresáramos, existió una coordinación operacional de las cúpulas de los gobiernos de facto que regían en Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay, denominada “Plan Cóndor”, cuyo objetivo central era el seguimiento, vigilancia, detención, interrogatorios con apremios psico-físicos, traslados entre países y desaparición o muerte de personas consideradas por dichos regímenes como “subversivas del orden instaurado o contrarias al pensamiento político o ideológico opuesto o no compatible con las dictaduras militares de la región”.Dicho “Plan”, fundado el 28 de noviembre de 1975, presentó sin dudas una actividad previa, conforme lo ha destacado la historiadora Patrice Mc Sherry, basada en una investigación llevada a cabo con documentos desclasificados recientemente por la CIA, la operación se inició dos años antes de lo previsto, es decir en 1973.”
De acuerdo a esa plataforma fáctica, la Justicia consideró plena y legalmente probados que: “En las primeras horas del 29 de junio de 1974, desde su domicilio sito en Eduardo Acevedo 1717 (Hogar de Empleados de Campomar), personas no identificadas detuvieron a Nibia Salbalzagaray (profesora de literatura, de 24 años, oriunda de la ciudad de Nueva Helvecia) que militaba en el Partido Comunista del Uruguay, y condujeron al Batallón de Ingenieros Nº 5 (Transmisiones) en el Barrio Peñarol”.
Allí se la alojó en un calabazo y quedo a disposición del hoy General Dalmao perteneciente a la OCOA[6], quien “procedió a interrogar a Sabalzagaray , que  mediante tortura y finalizó provocándole la muerte, como consecuencia de lo que se ha denominado “submarino seco”. “Posteriormente fue entregado el cuerpo a su familia con la orden expresa de no abrir el féretro, sin embargo aquellos, nunca aceptaron la versión de la autoeliminación y procuraron que un médico forense practicara una autopsia, lo que no lograron”.
Este expediente resume para las generaciones futuras, la visión de un Poder del Estado sobre nuestro pasado reciente y las particularidades de un hecho que le costo la vida a una joven mujer. Este aspecto que queríamos rescatar, nos plantea un problema sobre el que será necesario reflexionar y tomar las iniciativas que correspondan. El paso del tiempo y la inacción del sistema judicial, lleva a que en algunos casos la acción penal y por consiguiente el establecimiento de esa “verdad forense” se vea interrumpida por ausencia (fallecimiento) de eventuales imputados. Salvo acciones judiciales en torno al derecho a la verdad o la puesta en funcionamiento de verdaderas “Comisiones de Verdad”, pueden sobre esas situaciones particulares, resolver este importante aspecto.

Raúl Olivera
Integrante de la Secretaria de DD.HH y Políticas Sociales del PIT/CNT.



[1] " Miguel  A Dalmao , Jose Chialanza. HOMCIDIO MUY ESPECIALMENTE AGRAVADO”
Ficha IUE 97-397/2004.
[2] Expediente ficha P221/87 del juzgado Penal de 5º turno, proveniente del juzgado Militar de Instrucción de 4º turno : causa 107-B.
[3] El 8 de noviembre de 2010, el juez Rolando Vomero procesó al general Miguel Dalmao y al coronel retirado José Chialanza.
[4] Las conclusiones a las que se arriban en dicha causa, se asientan en al menos 26 testimonios, 11 pruebas por informes, y las declaraciones de los imputados y de al menos 3 personas más.
[5] Con fecha 24/08/11, el Tribunal de Apelaciones en lo Penal  de 3º turno mediante Sentencia Nº 346 , confirmó el procesamiento dictado anteriormente a esta condena a 28 años de prisión.
[6] Dalmao perteneció al organismo Coordinador de las Operaciones Antisubversivas (OCOA), que dependía del Ministerio de Defensa y conjuntamente con otras dependencias represivas ejecutoras del terrorismo de Estado.

UN SOLO DEMONIO:, LA BATALLA SOBRE LA VERDAD A 40 AÑOS DEL GOLPE DE ESTADO

UN SOLO DEMONIO:, LA BATALLA SOBRE LA VERDAD A 40 AÑOS DEL GOLPE DE ESTADO.
(Publicado en Revista "Compañero".Julio 2013)

Muchos consideran más apropiado resaltar en este aniversario, la huelga general, que al golpe de Estado. Y lo fundamentaran en la importancia que esta tuvo, como respuesta desarrollada por el movimiento popular uruguayo a la consolidación del autoritarismo cívico-militar. Y por si eso fuera poco, podrían decir, que golpes de estado del mismo cuño, hubieron muchos en América Latina en ese periodo histórico. Y qué lo novedoso, fue que en ningún país existió una resistencia popular mediante una huela general que se extendió por muchos días con ocupación de los lugares de trabajo por parte del movimiento obrero y los centros de estudio por parte del movimiento estudiantil.
Pero lo que sucede, es que cada día de esa huelga, esta registrada. Es indiscutible, está fuera de todo cuestionamiento que la entronización del autoritarismo cívico-militar enfrentó una resistencia popular y que esa resistencia se extendió luego que se levantara la huelga general en el país y fuera de él. Lo que a partir de la extensión del terrorismo de estado a todos los niveles de la sociedad uruguaya, fue y es objeto de una lucha por la verdad, es la esencia misma de ese terrorismo de estado.
La Lucha por desnudar esa esencia del terrorismo estatal de la dictadura, mientras esta existió, y aún luego de conquistadas las libertades democráticas, tuvo sus etapas, sus prioridades, su proceso y su dinámica. Desenmascarar ante el mundo lo que ocurría en todas las dictaduras encaramadas en los países de nuestra América, fue un aspecto esencial de la lucha política por el retorno de las democracias en el cono sur.
Producido el retorno de las democracias, cuando había que saldar el pasado con verdad y justicia, otras fueron las etapas, las prioridades, los procesos, sus dinámicas, y sobre todos sus dificultades.
No todas las corrientes de la izquierda latinoamericana, en sus comienzos entendieron a cabalidad el significado profundo de las batallas que se desarrollaron con los testimonios de la s victimas, las campañas a lo largo y ancho del planeta, y sobre todo la articulación de esas acciones con el vasto movimiento humanitario existente, sobre todo en Europa. Entender adecuadamente que no se trataban las denuncias de violaciones a los derechos humanos, de un mero instrumento de lucha política, significaba un cambio profundo en una cultura dominante en la izquierda. En muchos de esos sectores, ese cambio cultural, se produjo trabajosamente. En otros aún hoy tienen dificultades para asumirse.
Instaladas las democracias en complejos procesos de transición, la incomprensión de la importancia de la continuidad de la lucha por los derechos humanos como parte de la profundización democrática, empezó a marcar diferencias en la propia izquierda. En sectores de los partidos tradicionales de activa oposición a la dictadura, salvo por algunos desprendimientos de sus filas de algunos de sus dirigentes y muchos de sus hasta entonces votantes, supo reagrupar sus filas en el campo de una política en este tema de marcado cuño conservador.
Sin embargo, en el terreno de la izquierda el peso de la militancia de base y la acción efectiva de algunos grupos de la izquierda, logró –no sin dificultades-, que esas visiones, transitoriamente se vieran neutralizadas, aunque no superadas.
En ese escenario, la teoría de los dos demonios, funcional a perspectivas históricas sobre el pasado reciente tanto de derecha como de algunos sectores de la izquierda, dificulto y dificulta aun en nuestros días el desarrollo de una batalla efectiva sobre la verdad histórica.
En ese escenario político de los dos demonios, no solo la derecha se ha sentido cómoda. Esa teoría y la determinación política de la verdad instalada con la ley de caducidad y sus consecuencias, cerró un círculo en que la verdad de nuestro pasado reciente quedó librada a una correlación de fuerzas política en el campo de las ideas, donde, como dijimos, una teoría de los dos demonios fuue funcional a unos y a otros.
Pero la verdad envilecida por la teoría de los dos demonios, no pudo ocultar que en el Uruguay hubo un golpe de estado que instaló una dictadura. Y que a partir de ello, se desplegó un escenario de la lucha política, ética y cultural, entre democracia versus dictadura. Y que esa la lucha democrática, sigue hoy en torno a la verdad sobre nuestro pasado como plataforma factica sobre la que se asienta la realización de un inexorable proceso, tarde o temprano, de Justicia.
Desde el asesinato de Ramón Peré en pleno desarrollo de la Huelga General hasta el asesinato del Dr Vladimir Roslik en las postrimerías de la dictadura, y en el periodo previo a la misma, se desarrollo un proceso que es sano para las generaciones futuras, sacarlo de las determinaciones historiografía política o las dos verdades “folkloricas” de cada uno de los demonios. Aunque aún no lo haya asimilado una parte de la izquierda, en los expedientes judiciales se está instalando, trabajosamente, una dimensión importante de nuestra historia.
Un capitulo de ella – pero hay unas cuantas más -, esta escrita, por ejemplo, en la sentencia que condeno al General Dalmao por el asesinato de Nibia Sabalzagaray. Allí. Además de hacerse justicia se laudo una de las batallas sobre la memoria y la verdad. Allí se infligió una contundente derrota al sostenido esfuerzo desarrollado por las fuerzas armadas, intentando instaurar una suerte de “verdad” abiertamente reivindicativa del comportamiento y la acción de la dictadura.
Un ejemplo de ello puede encontrarse en la versión sobre la muerte de Nibia Sabalzagaray recogida en el expediente de la justicia militar. Sobre esa verdad de la justicia militar, dice hoy la justicia ordinaria: “Las actuaciones llevadas a cabo a consecuencia de la muerte de Sabalzagaray, y respecto de ellas no podemos soslayar la franca pobreza investigativa, que no reconoce otro motivo que el interés de las autoridades de la época de no dejar al descubierto la verdad de lo acontecido”.
Desenmascarar esa suerte de versión bastarda de la dictadura, necesito desarrollar, tanto una batalla desde el ámbito académico, como desde el ámbito de la acción del sistema judicial, donde se establecieron en importantes sentencias las plataformas fácticas en que se fundamentaron las pretensiones punitivas de las fiscalías y los procesamientos y condenas de los militares, policías y civiles. Unas y otras investigaciones –históricas y forenses -, contribuyeron a desarmar la visión de las fuerzas armadas y de algunos sectores civiles.
En esas batallas sobre la verdad y la memoria, las iniciativas que encargaron el cumplimiento del artículo 4to a los fiscales militare; y la verdad “posible” pergeñada desde la Comisión para la Paz, no eran solamente intentos de consolidar la impunidad de la pretensión punitiva del Estado, sino también asegurar la impunidad sobre una verdad sustancial, aquella que puede afectar la libertad de un individuo.
Pero esa batalla no se detiene en las sedes judiciales. Allí también se desarrolla. Un tribunal de Apelaciones, por ejemplo, consideró que el informe de la Comisión para la Paz, “proporciona la certeza de lo ocurrido, de la desaparición e inclusive la fecha aproximada del fallecimiento, el cual además de ser publicado en el Diario Oficial(…) fue recogido en el decreto del Poder Ejecutivo No. 148/03, donde éste asume que las conclusiones finales del mismo constituyen la versión oficial sobre la situación de los detenidos desaparecidos durante el régimen de facto”. Cuestionado esa visión, la SCJ, determino que “al día de hoy, por cuanto la “información oficial” dada por el Gobierno no puso fin a las dudas sobre los hechos y destino final del desaparecido”. Y en el mismo sentido el Fiscal de Corte opinó que: “la investigación administrativa realizada por el M.D.N. carece de la garantía de independencia e imparcialidad, debiéndose concluir que sigue estando pendiente”.[1]
En esas sentencias, se establece una importante dimensión de la verdad, la denominada “verdad forense”, aquella que establece responsabilidades a partir de la construcción de lo que se denomina “plataforma factica”. Esa verdad de los hechos no es una construcción sobre la que se pacta la reserva de las fuentes, como en el caso de las averiguaciones de la COPAZ, o las investigaciones de las propias fuerzas armadas. No es el producto de una simple labor intelectual – aunque muy importante-,de las investigaciones encargadas por la Presidencia de la República a la UDELAR.. No es la visión solitaria y antojadiza de un juez penal o un integrante del Ministerio Público y Fiscal, sino que es el resultado de un proceso largo y complejo que incluye testimonios, pruebas por informes, declaraciones de los imputados, pericias, etc. Proceso donde unos y otros –victimas y victimarios-, controvierten sus visiones, y que en este y otros casos, también puede ser objeto de un reexamen de tribunales de apelaciones.
Se trata en resumen, de una construcción de la verdad, donde solo hay eventualmente, un solo demonio. En esa VERDAD, se construye un marco histórico en el que se encuadran, por ejemplo, el homicidio de Sabalzagaray.
En esa y otras sentencias, se resume para las generaciones futuras, la visión de un Poder del Estado sobre nuestro pasado reciente y las particularidades de cada caso de violación de los derechos humanos. Este aspecto que queríamos rescatar, nos plantea un problema sobre el que será necesario reflexionar y tomar las iniciativas que correspondan. El paso del tiempo y la inacción del sistema judicial, lleva a que en algunos casos la acción penal y por consiguiente el establecimiento de esa “verdad forense” se vea interrumpida por ausencia (fallecimiento) de eventuales imputados. Salvo acciones judiciales en torno al derecho a la verdad o la puesta en funcionamiento de verdaderas “Comisiones de Verdad”, pueden sobre esas situaciones particulares, resolver este importante aspecto.
También las irrupciones de hechos, como las cartas de un connotado traidor, y las reacciones que generan, pueden llevar a descentrar los debates que hoy importan
       
Raúl Olivera



[1] Decisión interlocutoria de la SCJ, en autos caratulados: “VALIÑO DE BLEIER, ROSA Y OTROS C/ MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL. HECHO, OMISION - CASACION”, FICHA 2-17707/2008.

GUSTAVO INZAURRALDE, MAESTRO DE MAESTROS.

GUSTAVO INZAURRALDE, MAESTRO DE MAESTROS.

El 20 de julio, frente a lo que fue el domicilio en la Argentina de Gustavo Edison Inzaurralde Melgar, se colocara una placa recordatorio. Se trata de una de las tantas formas de rescatar la memoria de este luchador social, desaparecido en Paraguay.
Gustavo, el próximo 4 de Agosto cumpliría 71 años. Nació en la ciudad de Minas en el Departamento de Lavalleja. Hijo de Alberto Inzaurralde y Pura Melgar. Mientras cursaba sus estudios de Magisterio, fue un activo integrante de la Asociación de Estudiantes de Magisterio. Una vez que se recibió de maestro, se desempeñó a nivel del sistema educativo público y privado, desarrollando actividad gremial desde la Federación Uruguaya de Magisterio filial de la Convención Nacional de Trabajadores (CNT). Formó en sus últimos años en la Argentina, pareja con la ciudadana argentina María del Carmen Posse Merino, con quien tuvo una hija.
En 1970 también trabajó en tareas administrativas en la Fabrica Uruguaya de Neumáticos (Funsa). Su militancia política la realizó en la Federación Anarquista Uruguaya, la Resistencia Obrero Estudiantil, la OPR 33 y el Partido por la Victoria del Pueblo.
A partir de su actividad docente, contribuyó como uno de los principales protagonistas a la creación de una nueva conciencia en varias generaciones de maestros acerca de lo que debe ser la labor magisterial en el Uruguay.
De su influencia, cientos de maestros y maestras uruguayas graduados posteriormente a 1966, testimonian sobre el ejemplo y las ideas desarrolladas por Gustavo, que lo convirtieron en el animador de una transformación en la mentalidad de los estudiantes del Instituto Normal. Desde su actividad gremial en ese Instituto, lideró el enfrentamiento en la Asociación de Estudiantes Magisteriales de Montevideo, a los autos denominados “estudiantes demócratas” que con el apoyo de algunos docentes desarrollaban una clara prédica vinculada a la ideología fascista
La labor consecuente y firme de esas nuevas camadas de estudiantes  formada al influjo de Gustavo Inzaurralde, permitió derrotar aquellas predicas.. Las generaciones que comprendieron que la realidad del Uruguay, les reclamaba un compromiso con los sectores del pueblo, oprimidos, explotados y amenazados por un oscuro futuro, darán por esos años continuidad a la labor iniciada por Gustavo.
A partir de ello, se instalo entre los estudiantes de magisterio y los nuevos maestros, una idea que orientaría posteriormente por algún tiempo su acción en las clases, en las relaciones con los otros maestros; y con los padres de los alumnos: Esa idea que también encarnaría la labor magisterial de Elena Quinteros, de Telba Juárez, de María Emilia Islas, de Yamandú González, de Miriam Ceballos, de Lilian Celiberti, de Sara Méndez, y tantos otros, consistía en no ser maestros al servicio del privilegio, ser maestros al servicio del pueblo.
Ese desafío de los estudiantes y maestros, rebelándose contra ese estatu quo existente que pretendía que fueran instrumentos del sometimiento ideológico y cultural del pueblo, fue un crisol en el que se forjo una generación de luchadores sociales. Para esa generación, la labor docente solo podía ser concebida, construida con la verdad, sin claudicar que denunciaba la situación de un país que estaba siendo llevado al abismo por les intereses nacionales vendidos a los monopolios y el imperialismo.
Ese compromiso asumido plenamente por Gustavo, le significó terminar varias veces en la cárcel y el apaleamiento en las calles montevideanas, por marchar al frente de las movilizaciones de la Asociación de Estudiantes Magisteriales, reclamando un presupuesto digno y adecuado para atender las necesidades de una autentica formación de los maestros.
En las movilizaciones del 68 uruguayo, Gustavo fue torturado en la seccional décima de la policía de Montevideo, donde debieron dejarlo en libertad al no poder probarle ningún delito. En 1970, es nuevamente es detenido y esta vez es procesado por presunta colaboración con la OPR33 y es encarcelado durante 4 meses en el Penal de Punta Carretas. De allí, cuando deben otorgarle la libertad judicial, es retenido por Medidas de Seguridad en una instalación militar de la Armada en Punta Yeguas durante dos meses. Realizando entonces, la  “opción Constitucional”, para salir del país.

Expulsado de su país, es recibido por el Chile de Salvador Allende. Allí, se emplea en una fábrica que construía viviendas pre fabricadas y en un Programas del gobierno chileno de educación de adultos. Desde ese estrecho vinculo con la sociedad chilena, vivió la agitación política desatada a partir del triunfo de la Unidad Popular, y como no podía ser de otra manera se vinculó al sindicato y las organizaciones de base de la Unidad Popular.
Esa experiencia, lo llevó a replantearse muchos aspectos de su línea política y consecuentemente con ello, aspectos importantes de la propia línea política de la corriente política libertaria a la que por tantos años integraba. Esos replanteos giraban fundamentalmente en torno a la experiencia de la unidad de la izquierda en el Uruguay a partir de la creación del Frente Amplio.
Sacó como conclusión que había sido un error el haberse marginado de la experiencia unitaria de la izquierda que diera origen al Frente Amplio. Esa conclusión la defendió en el Congreso fundacional del PVP en 1975.
Poco antes del golpe de Estado contra la Unidad Popular, Gustavo se traslada a la Argentina donde se radica legalmente.

En su libro “Memorias de la resistencia”, Hugo Cores relata que en 1973 y después, en los años de luchas y reorganización que siguieron se dio un fenómeno de continuidad. Ese fenómeno consistía en que algunos compañeros producto de la represión, quedaban un tiempo “fuera de juego”, pero que sin embargo, después de un tiempo en las cárceles, salían y se reincorporaban otra vez a la vida política y sindical.
Esos compañeros, sostiene Cores, después de haber sido en la mayoría de los casos, salvajemente torturados, se reintegraban a sus compromisos anteriores.
Dentro de esa nómina se cuenta a Gustavo, a Elena Quinteros, a Telba Juárez, a Alberto Mechoso y Roger Julien y al propio León Duarte, todos ellos desaparecidos o asesinados.
Según Cores, el haber cumplido esos ciclos, los dotó de una experiencia y una formación singular que les dio la serenidad y la sangre fría que demostraron tener muchos de ellos, en 1976, ya con la represión sangrienta instalada en Orletti.

Una vez en Argentina, Gustavo se acoge a la ley de Amnistía dictada por el entonces Presidente Juan Domingo Perón para todos los refugiados políticos de los países vecinos, pasando a tener radicación y residencia permanente en aquel país.
           
El 2 de julio de 1974, Gustavo participa en una actividad de oposición a la dictadura uruguaya, organizada por el Comité de Uruguayos Residentes “19 de Abril”.  Allí, en la calle Méjico al 3000, junto a otros 105 uruguayos, es  detenido y procesado por contravención a_ las disposiciones legales sobre extranjeros vigentes en ese momento. Es recluido por espacio de 15 días en la cárcel de Devoto.
En opinión de Cores, Gustavo traía la experiencia reciente de la lucha política previa al golpe de Pinochet. Había aprendido de la rica experiencia chilena y era un expositor claro y paciente.
En 1975 participo de la fundación del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP), en la Argentina. Cuando se iniciaban los trabajos previos a la fundación del PVP, Gustavo elabora y entrega para discutir un trabajo titulado “El cuadro táctico”, con este acápite de Antonio Gramsci: “Crear una nueva cultura no significa sólo hacer individualmente descubrimientos “originales”; significa, también, y especialmente, difundir críticamente verdades ya descubiertas, “socializarlas”, por así decirlo, y convertirlas, por tanto, en base de acciones vitales, en elemento de coordinación y del orden intelectual y moral. El que una masa de hombres sea llevada a pensar coherentemente y de modo unitario el presente real es un hecho “filosófico” mucho más importante y “original” que el redescubrimiento, por parte de algún “genio” filosófico, de una nueva verdad que se mantenga dentro del patrimonio de pequeños grupos intelectuales
Cuando en 1976 se desata en Buenos Aires la feroz persecución contra los militantes del Partido por la Victoria del Pueblo y otros sectores opositores a la dictadura uruguaya, Gustavo logra escapar a los primeros asesinatos y secuestros.
En Argentina, los militares uruguayos con la estrecha colaboración de la dictadura argentina, orquestaron una operación de aniquilamiento del PVP. Sabían que con ello, también golpearían fuertemente a la actividad de la cnt en Buenos Aires. La dictadura sabía que la represión ejercida en el Uruguay había obligado a que miles de uruguayos que integraban los cuadros más experimentados y aguerridos de la oposición se trasladaran al vecino país, algunos manteniéndose en la clandestinidad y otros actuando legalmente.
Sobre toda esa colectividad los aparatos de seguridad pusieron sus miras y para ello no fueron un límite las fronteras para que un importante destacamento de militares uruguayos se trasladaran a Argentina, donde a partir de febrero de 1976, con el nombramiento del general Otto Paladino como jefe de la Secretaría de Informaciones del Estado (side), se intensifica una coordinación represiva entre los distintos servicios de seguridad. El Cóndor se instala en los cielos del Plata y el Cono Sur..
Uno de los primeros ensayos de la coordinación represiva ya se había cumplido en el año 1974, en una operación que se desarrolló varias etapas. Primero la publicidad de supuestos planes para atentar contra Bordaberry, Perón y José López Rega, que justificaron el comienzo de una segunda etapa de allanamientos y detenciones de ciudadanos argentinos y uruguayos. El 24 de febrero es detenido el uruguayo Antonio Viana y es trasladado al Uruguay, al igual que Carlos Rodriguez Coronel, otro uruguayo detenido el 15 de abril de ese mismo año..
En ese marco también son son secuestrados en Argentina los uruguayos Daniel Banfi, Guillermo Jabif y Luis Latronica, cuyos cuerpos aparecen después acribillados a balazos. Y aparecen posteriormente en Uruguay los cadáveres de Floreal García, Héctor Brum, María de los Ángeles Corbo, Graciela Estefanel y Mirtha Hernández, secuestrados en Argentina y desaparece el niño Amaral García Hernández.
A partir de marzo de 1976, con la instalación del centro clandestino de detención conocido como “Automotoras Orletti”, los militares uruguayos cuentan con una base de operaciones desde la cual se desarrollará uno de los capítulos más negros de las operaciones del Plan Cóndor.
El 28 de marzo, efectivos de la prefectura marítima del puerto de Colonia detienen a tres integrantes del PVP - Ricardo Gil, Luis Ferreira y Élida Vázquez -, que ingresaban a Uruguay intentando introducir propaganda antidictatorial.
El 5 de abril de 1976 empiezan a desarrollarse acciones de las fuerzas represivas uruguayas sobre los
Esta operación coordinada en la que participaron los servicios de seguridad argentino y uruguayo dejó, entre otros, el saldo de la desaparición de niños que se encontraban en los hogares asaltados.
En este marco donde la persecución alcanza a la mayoría de los militantes de su organización política, Gustavo logra que su compañera, María del Carmen Posse embarazada, viaje a Suecia protegida por el gobierno de aquel país. Las gestiones realizadas desde Europa, logran que Suecia también le otorgue asilo a él también.
Gustavo, permanecía aún en la Argentina al frente de la diezmada dirección del PVP, y son infructuosas las gestiones de María del Carmen Posse para comunicarle que él también puede viajar a Suecia.
Gustavo y otros compañeros del PVP, empiezan a movilizarse para salir hacia Europa por sus propios medios. La situación en Argentina se le hace insostenible, la presencia en la Argentina de numerosos efectivos policiales y militares uruguayos augura la continuidad de la acción del Plan Cóndor.
Gustavo y su compañero Nelson Santana se dirigen a Paraguay con el objeto de proveerse allí de documentación que permita el traslado a Europa de ellos y otros militantes del PVP que aun permanecían en la región.

Allí la policía paraguaya los detiene. Son salvajemente torturados, con la participación del Mayor Carlos Calcagno. El 16 de mayo de 1977 en un avión de la Armada argentina con matricula del Comandante de la Armada Eduardo Massera, trasladan a Gustavo Inazurralde , Nelson Santana , y tres  argentinos, con destino a la Argentina. En el Centro Clandestino de Detención y Tortura conocido como “el Club Atletico, es conducido Inzaurralde y presumiblemente fue posteriormente trasladado a Uruguay donde fue asesinado. El descubrimiento de los archivos del terror de la dictadura paraguaya, daría un vuelco importante al cerco de silencio tendido por muchos años sobre la suerte de estos dos uruguayos victimas del Plan Cóndor. El 16 de setiembre de 2010, a raíz de una denuncia presentada por familiares de Inzaurralde y Santana y por el PIT/CNT, es procesado el mayor ® Carlos Calcagno, como coautor de dos delitos de desaparición forzada en reiteración. Calcagno, fallecerá en el 2013, en prisión.

A 40 AÑOS DEL GOLPE DE ESTADO Y DEL INICIO DE LA HUELGA GENERAL.

A 40 AÑOS DEL GOLPE DE ESTADO Y DEL INICIO DE LA HUELGA GENERAL.
(Publicado en Trabajo y Utopia junio 2013)

Es muy importante, el esfuerzo realizado desde diversos ámbitos de nuestra sociedad, que con el objetivo de contribuir al rescate de nuestra memoria, se desarrollaron en torno al 27 de junio, fecha en la que se cumplían 40 años del Golpe de Estado y del inicio de la huelga con ocupación de los lugares de trabajo, en respuesta a la instalación de la dictadura.
Con el golpe del 27 de junio de 1373, por más de una década, se instaló en el Uruguay un régimen que desarrolló una práctica sistemática del terrorismo de estado como forma de mantenerse en el poder. Como no podía ser de otra manera, dadas las características del movimiento obrero organizado en el país, ese desconocimiento abierto de la institucionalidad democrática fue respondido con una huelga general con ocupación de los lugares de trabajo. Con ello, se inició un largo proceso de resistencia que por igual cantidad de años se desarrolló contra esa manifestación extrema del autoritarismo estatal.
A pesar de que han pasado cuatro décadas, desde las organizaciones sociales y populares, se continúa hoy contribuyendo a darle firmeza y consolidación a las condiciones necesarias e imprescindibles para que nunca más tengamos que padecer una situación similar. Ese aspecto, está recogido en el reclamo del NUNCA MÁS.
Pero aún estableciendo las condiciones en que se asienta la seguridad de no repetición, el movimiento social incluye dentro de sus prioridades – o al menos debería hacerlo -, el trabajar desde la sociedad civil en la construcción de las reservas y los reflejos democráticos necesarios para que nuestra sociedad, si ello volviera a ocurrir, lo resista de la misma manera que lo hicimos hace 40 años, y si fuera posible, a la luz de la experiencia de las luchas del pasado, hacerlo mejor aún.
A pesar que el traslado a las nuevas generaciones de trabajadores de las experiencias vividas en aquellos años es importante, lo es más aún que a partir de ellas desarrollemos herramientas para pensar los desafíos del hoy.
Por esa razón insistiremos en un tema del hoy, del que ya nos hemos referido en  notas anteriores. Por esa razón usaremos este espacio de Trabajo & Utopía para referirnos a uno de los dos hechos ocurridos hace 40 años: el proceso que a partir del golpe de Estado del 27 de junio de 1973, culmino por instalar la dictadura cívico-militar en el Uruguay que cometió gravísimas violaciones a los derechos humanos.
Hablar de la dictadura, no va en desmedro de la importancia que la huelga general, tuvo, como respuesta temprana, desarrollada por el movimiento popular uruguayo a la ruptura institucional en nuestro país. Por el contrario, le da mayor significación histórica.
Ya hemos dicho en otras oportunidades que el golpe de estado en Uruguay y la dictadura que se instaló, no tenían características distintas a las otras dictaduras y otros golpes de estado existentes en esos años en América Latina. Efectivamente, la dictadura uruguaya, también estaba orientada en la doctrina de la seguridad nacional.
También hemos afirmado, que lo novedoso, lo que sin duda distingue por su originalidad, al proceso de instalación del autoritarismo militar en el Uruguay, es la respuesta popular con el desarrollo de una huelga general con ocupación de los lugares de trabajo por parte del movimiento obrero y los centros de estudio por parte del movimiento estudiantil. Ese escollo a la instalación del autoritarismo cívico-militar aquel 27 de junio de 1973, marcó el comienzo de una resistencia popular  que luego continuó, en el país y fuera de él mientras se mantuvo la dictadura. La importancia de esa resistencia, explica el altísimo costo de muchas vidas, torturas, años de cárcel, persecución, falta de libertades y exilio, que tuvo.
            Pero vayamos el tema sobre el que queremos insistir una vez más. En la necesidad de saldar lo que fue y es aun objeto de debate: la verdad sobre la esencia misma de ese terrorismo de estado que padecimos.
La Lucha por desnudar esa esencia del terrorismo estatal de la dictadura, mientras esta existió, y aún luego de conquistadas las libertades democráticas, es uno de los desafíos importantes que tenemos como sociedad. Desafío que tiene mínimamente también 40 años de desarrollo, en los cuales se pueden identificar sus distintas etapas, su proceso histórico, sus etapas, sus acentos. Hablar de los avances y de los retrocesos, de los impulsos y sus frenos, es parte de nuestro proceso histórico más reciente.
En sus comienzos, esa lucha puso el acento en el desenmascaramiento de lo que acontecía en el Uruguay y en las dictaduras que reprimían coordinada y salvajemente en torno a la Operación Cóndor. Ese desenmascaramiento, que fue sin duda un aspecto esencial de la lucha por el retorno de las libertades democráticas en el cono sur, no dejo ninguna tribuna sin estar presente. Y su propio desarrollo genero formas de organización en todos los países donde el exilio político uruguayo, existiera.
Ese tenaz esfuerzo desarrollado por la resistencia a la dictadura dentro y fuera del país, dentro y fuera de las cárceles, no se tento con las propuestas de algunos políticos que hoy se presentan como opositores a la dictadura, de  “desensillar hasta que aclarara”. Ese proceso de resistencia influyo en muchos movimientos – sobre todo europeos – comprometidos con la defensa de los derechos humanos y fue influido también por ellos. Eso genero en esos movimientos de resistencia un novedoso – para la izquierda uruguaya – proceso de evolución que no usaba las denuncias de las gravísimas violaciones a los derechos humanos que realizaba, como un oportunista instrumento al servicio de intereses políticos menores. Para el exilio uruguayo organizado, las denuncias de las violaciones a los derechos humanos pasó a ser un aspecto esencial de la resistencia al autoritarismo estatal, enmarcado en un proceso de cambio cultural profundo que se desarrollaba en el mundo en torno a esta temática. Fue un desafío a una cultura existente my fuerte, donde el discurso de los derechos humanos era fundamentalmente administrad según intereses políticos de oportunidad por los Estados y los gobiernos. Ese cambio profundo que implica pensar los desafíos políticos, económicos y culturales en clave de derechos humanos, aún hoy tiene dificultades para asumirse como corresponde. Esa dificultad la encontramos en la actual cúspide de nuestro Poder Judicial o en discursos muchas veces confusos o francamente reaccionarios de nuestro sistema político.
No está de más repetir una vez más que en ese proceso de resistencia, desaparecen cientos de compañeros, miles son objeto de torturas, vejaciones, cárcel y exilio.
Producido el retorno de las democracias, cuando todos, organizaciones sociales y políticas habíamos acordado en la Concertación Nacional Programática que se debía saldar el pasado dictatorial con verdad y justicia, otros fueron las opciones políticas que se impusieron. Las unanimidades logradas en la CONAPRO, estrellaron en pedazos frente a intereses políticos, que ignoraron el significado profundo de las batallas que se habían desarrollado a lo largo y ancho del planeta desnudando las aberrantes conductas del gobierno dictatorial, y atendieron solícitamente las presiones militares.
La consolidación de ese proceso que tiene su punto alto en el desconocimiento de los acuerdos de la CONAPRO, instalo una cultura de impunidad, que planteo para la vigencia plena de los derechos humanos nuevas dificultades, cuyas consecuencias aún hoy se manifiestan.
Esa instalación de las democracias post-dictadura en complejos procesos de transición, que no quisieron entender la importancia de la continuidad de la lucha por los derechos humanos como parte esencial de la profundización democrática, marcó una continuidad en la agenda política, social y jurídica teñida por las no resueltas heridas del pasado.
En ese escenario, mentada por el discurso de la derecha y por algunos sectores de la izquierda, la teoría de los dos demonios, dificulto y dificulta el desarrollo de una batalla eficaz sobre la verdad sobre nuestro pasado reciente. Esa dificultad, aunque menguada, aun subsiste en nuestros días.
Atravesada por esas coordenadas históricas, la determinación de la Verdad termino instalada por largos años en un escenario de determinación exclusivamente político. A partir de la aprobación de la ley de caducidad, la verdad quedó librada a una pura correlación de fuerzas políticas. Ello, explica porqué con la vigencia de las mismas reglas jurídicas – ley de caducidad, Constitución, obligaciones internacionales -, los resultados hayan sido tan diferentes, en algunos aspectos, según quien detentara el gobierno.
Pese a convivir con una verdad envilecida - tanto por la teoría de los dos demonios, como por la existencia de la ley de caducidad -, no se pudo obviar el reconocimiento der que en el Uruguay había existido un golpe de estado que instaló una dictadura. Lo que seguía en cuestión era, qué había hecho esa dictadura y porqué hizo lo que hizo. En ese escenario complejo, no sin dificultades se se desplegó con una relativa legitimidad social, un escenario de la lucha política, ética y cultural, entre democracia versus dictadura, donde las reivindicaciones de las conductas de la dictadura termino confinada casi exclusivamente en los círculos y centros militares y policiales que aun hoy parecen mantener una influencia en las nuevas generaciones de los integrantes de aparatos armados del Estado.
Las investigaciones periodística, la persistencia de las denuncias, los trabajos de investigación académicas y sobre todo la aparición en predios militares de cuerpos de desaparecidos que según la versión militar, habían sido reducidos y arrojados al mar, inauguro una nueva etapa.
En esa etapa de la lucha democrática radical, transitamos hoy en torno a la verdad sobre nuestro pasado reciente como plataforma fáctica sobre la que se asienta la realización de un inexorable proceso, tarde o temprano, de Verdad y Justicia.
Desde el asesinato de Ramón Peré en pleno desarrollo de la Huelga General hasta el asesinato del Dr Vladimir Roslik en las postrimerías de la dictadura, se desarrollo un proceso en el Uruguay que es sano para las generaciones futuras, sacarlo de las determinaciones políticas o las dos verdades “folkloricas” de cada uno de los demonios.
En los expedientes judiciales en los que las victimas denunciaron las atrocidades de la dictadura, se está instalando trabajosamente a partir de la actuación de un creciente número de jueces y fiscales, una dimensión importante de nuestra historia. Entre ellas es de destacar y hacer referencia a algunos de ellos, no porque sean los únicos, sino porque sufrieron las consecuencias por ello: Alberto Reyes, Estela Jubette, Alejandro Recarey, Ricardo Perciavalle, Mirtha Guianze y Mariana Mota.
En esos expedientes, pese a las retrogradas posiciones del máximo órgano judicial que continua de espaldas a los avances que la humanidad instaló con la creación de instrumentos de protección de los derechos humanos, se han ganado algunas batallas a la cultura de impunidad. Para que se sumen nuevos avances, es que diversas organizaciones de la sociedad civil juntaron esfuerzos en torno al Observatorio Luz Ibarburu de seguimiento a las causas penales por violaciones a los derechos humanos.
Ese avance de la lucha democrática, no solo lo debemos medir en la cantidad de violadores a los derechos humanos que purgan condenas o están siendo objeto de procesos judiciales por los cuales están privados de la libertad, aunque gocen de privilegios que otros presos no tienen. También debemos medirlo, en el hecho –no menor -que ya no discuten los militares en los tribunales de justicia, si son o no culpables, si existieron o no los hechos que se les imputan. Ahora lo que discuten, es si es o no posible castigarlos por ello como lo determinan las normas del derecho internacional.
En muchas sentencias, además de hacerse justicia desde el punto de vista punitivo, se lauda también una parte importante de las batallas sobre la memoria y la verdad. Allí se aplica muchas veces, una contundente derrota al sostenido esfuerzo desarrollado por los defensores de la impunidad - civiles y militares -, intentando instaurar una suerte de “verdad” que va en el peor de los casos en el sentido de reivindicar el comportamiento y la acción de la dictadura, a un silencio cómplice, en el mejor de los casos.
Repetimos una vez más, que desenmascarar estas suertes de versiones bastardas de la dictadura, necesito y necesita aún hoy desarrollar, tanto una batalla desde el ámbito académico, como en el ámbito de la acción del sistema judicial. En este ámbito de la acción de los tribunales de justicia, se establecieron recientemente en sentencias de distintos magistrados, las plataformas fácticas, los hechos en que se fundamentaron las pretensiones punitivas de las fiscalías y los posteriores procesamientos y condenas de algunos militares, policías y civiles. Unas y otras investigaciones –las históricas y las forenses -, contribuyeron a desarmar las visiones subsidiarias de una cultura de impunidad de las fuerzas armadas y de algunos sectores civiles.
En esas batallas sobre la verdad y la memoria, las iniciativas que encargaron el cumplimiento del artículo 4to a los fiscales militares, y la verdad “posible” pergeñada desde la Comisión para la Paz, no fueron solamente intentos - con sus particularidades -, de transitar por los caminos limitados de la impunidad de la pretensión punitiva del Estado, sino también sustraer a nuestro pasado reciente de la posibilidad de un proceso de la verdad sustancial. Aquel, que establecido en un proceso penal con todas las garantías que correspondan, puede o no, afectar un derecho esencial, como es el de la libertad.
En esas sentencias a las que muy pocas se llega y en las que las victimas muchas veces deben vencer dificultades generadas por quienes deberían prestar apoyo, se establece una importantísima dimensión de la verdad, la denominada “verdad forense”, aquella que reconstruye les hechos y establece responsabilidades, a partir de la construcción de lo que se denomina la “plataforma factica”. Esa verdad de los hechos no es una construcción sobre la que se puede pactar la reserva definitiva de las fuentes de información, como en el caso de las averiguaciones de la COPAZ, o las últimas investigaciones encargadas a las propias fuerzas armadas por la anterior administración. Esa dimensión de la verdad, no es el producto de una labor intelectual – aunque muy importante-, como lo son sin duda las investigaciones realizadas para la Presidencia de la República por un grupo de historiadores de nuestra Universidad. Tampoco es la visión solitaria y caprichosa de un juez penal o de un integrante del Ministerio Público. Es el resultado de un proceso largo y complejo que incluye testimonios, pruebas por informes, declaraciones de los imputados, pericias, etc. Proceso donde víctimas y victimarios, controvierten sus versiones, y que en estos casos, casi siempre son también objeto de un reexamen por parte de los tribunales de apelaciones.
Se trata en resumen, de una construcción de la verdad, donde hay un solo demonio. A partir de esa VERDAD, se construye un marco histórico en el que se encuadran, por ejemplo, los casos en los que se han dictado el procesamiento o la condena definitiva de personeros de la pasada dictadura.
Para que en esas sentencias, se resumiera para las generaciones futuras, la visión oficial de un Poder del Estado sobre nuestro pasado reciente y las particularidades de cada caso de violación de los derechos humanos, fue y es necesario un gran esfuerzo desde la sociedad civil.
Este es aspecto que queríamos rescatar, sobre el que queríamos volver, cuando se cumplen 40 años de la instalación del terrorismo de estado en el Uruguay.
Raúl Olivera Alfaro
Integrante de la Secretaria de DD.HH y políticas Sociales del PIT/CNT

Integrante del Observatorio Luz Ibarburu.