A 40 AÑOS DEL
GOLPE DE ESTADO Y DEL INICIO DE LA HUELGA GENERAL.
(Publicado
en Trabajo y Utopia junio 2013)
Es muy
importante, el esfuerzo realizado desde diversos ámbitos de nuestra sociedad, que
con el objetivo de contribuir al rescate de nuestra memoria, se desarrollaron
en torno al 27 de junio, fecha en la que se cumplían 40 años del Golpe de
Estado y del inicio de la huelga con ocupación de los lugares de trabajo, en
respuesta a la instalación de la dictadura.
Con el golpe
del 27 de junio de 1373, por más de una década, se instaló en el Uruguay un régimen
que desarrolló una práctica sistemática del terrorismo de estado como forma de
mantenerse en el poder. Como no podía ser de otra manera, dadas las
características del movimiento obrero organizado en el país, ese
desconocimiento abierto de la institucionalidad democrática fue respondido con
una huelga general con ocupación de los lugares de trabajo. Con ello, se inició
un largo proceso de resistencia que por igual cantidad de años se desarrolló
contra esa manifestación extrema del autoritarismo estatal.
A pesar de que
han pasado cuatro décadas, desde las organizaciones sociales y populares, se
continúa hoy contribuyendo a darle firmeza y consolidación a las condiciones
necesarias e imprescindibles para que nunca más tengamos que padecer una
situación similar. Ese aspecto, está recogido en el reclamo del NUNCA MÁS.
Pero aún
estableciendo las condiciones en que se asienta la seguridad de no repetición,
el movimiento social incluye dentro de sus prioridades – o al menos debería
hacerlo -, el trabajar desde la sociedad civil en la construcción de las
reservas y los reflejos democráticos necesarios para que nuestra sociedad, si
ello volviera a ocurrir, lo resista de la misma manera que lo hicimos hace 40
años, y si fuera posible, a la luz de la experiencia de las luchas del pasado,
hacerlo mejor aún.
A pesar que el
traslado a las nuevas generaciones de trabajadores de las experiencias vividas
en aquellos años es importante, lo es más aún que a partir de ellas
desarrollemos herramientas para pensar los desafíos del hoy.
Por esa razón
insistiremos en un tema del hoy, del que ya nos hemos referido en notas anteriores. Por esa razón usaremos este
espacio de Trabajo & Utopía para referirnos a uno de los dos hechos
ocurridos hace 40 años: el proceso que a partir del golpe de Estado del 27 de
junio de 1973, culmino por instalar la dictadura cívico-militar en el Uruguay
que cometió gravísimas violaciones a los derechos humanos.
Hablar de la
dictadura, no va en desmedro de la importancia que la huelga general, tuvo,
como respuesta temprana, desarrollada por el movimiento popular uruguayo a la
ruptura institucional en nuestro país. Por el contrario, le da mayor
significación histórica.
Ya hemos dicho
en otras oportunidades que el golpe de estado en Uruguay y la dictadura que se instaló,
no tenían características distintas a las otras dictaduras y otros golpes de
estado existentes en esos años en América Latina. Efectivamente, la dictadura
uruguaya, también estaba orientada en la doctrina de la seguridad nacional.
También hemos
afirmado, que lo novedoso, lo que sin duda distingue por su originalidad, al
proceso de instalación del autoritarismo militar en el Uruguay, es la respuesta
popular con el desarrollo de una huelga general con ocupación de los lugares de
trabajo por parte del movimiento obrero y los centros de estudio por parte del
movimiento estudiantil. Ese escollo a la instalación del autoritarismo
cívico-militar aquel 27 de junio de 1973, marcó el comienzo de una resistencia
popular que luego continuó, en el país y
fuera de él mientras se mantuvo la dictadura. La importancia de esa resistencia,
explica el altísimo costo de muchas vidas, torturas, años de cárcel,
persecución, falta de libertades y exilio, que tuvo.
Pero
vayamos el tema sobre el que queremos insistir una vez más. En la necesidad de
saldar lo que fue y es aun objeto de debate: la verdad sobre la esencia misma
de ese terrorismo de estado que padecimos.
La Lucha por
desnudar esa esencia del terrorismo estatal de la dictadura, mientras esta
existió, y aún luego de conquistadas las libertades democráticas, es uno de los
desafíos importantes que tenemos como sociedad. Desafío que tiene mínimamente
también 40 años de desarrollo, en los cuales se pueden identificar sus
distintas etapas, su proceso histórico, sus etapas, sus acentos. Hablar de los
avances y de los retrocesos, de los impulsos y sus frenos, es parte de nuestro
proceso histórico más reciente.
En sus
comienzos, esa lucha puso el acento en el desenmascaramiento de lo que acontecía
en el Uruguay y en las dictaduras que reprimían coordinada y salvajemente en
torno a la Operación Cóndor. Ese desenmascaramiento, que fue sin duda un
aspecto esencial de la lucha por el retorno de las libertades democráticas en
el cono sur, no dejo ninguna tribuna sin estar presente. Y su propio desarrollo
genero formas de organización en todos los países donde el exilio político
uruguayo, existiera.
Ese tenaz
esfuerzo desarrollado por la resistencia a la dictadura dentro y fuera del país,
dentro y fuera de las cárceles, no se tento con las propuestas de algunos
políticos que hoy se presentan como opositores a la dictadura, de “desensillar hasta que aclarara”. Ese proceso
de resistencia influyo en muchos movimientos – sobre todo europeos –
comprometidos con la defensa de los derechos humanos y fue influido también por
ellos. Eso genero en esos movimientos de resistencia un novedoso – para la
izquierda uruguaya – proceso de evolución que no usaba las denuncias de las
gravísimas violaciones a los derechos humanos que realizaba, como un
oportunista instrumento al servicio de intereses políticos menores. Para el
exilio uruguayo organizado, las denuncias de las violaciones a los derechos
humanos pasó a ser un aspecto esencial de la resistencia al autoritarismo
estatal, enmarcado en un proceso de cambio cultural profundo que se
desarrollaba en el mundo en torno a esta temática. Fue un desafío a una cultura
existente my fuerte, donde el discurso de los derechos humanos era fundamentalmente
administrad según intereses políticos de oportunidad por los Estados y los
gobiernos. Ese cambio profundo que implica pensar los desafíos políticos,
económicos y culturales en clave de derechos humanos, aún hoy tiene
dificultades para asumirse como corresponde. Esa dificultad la encontramos en
la actual cúspide de nuestro Poder Judicial o en discursos muchas veces confusos
o francamente reaccionarios de nuestro sistema político.
No está de más
repetir una vez más que en ese proceso de resistencia, desaparecen cientos de
compañeros, miles son objeto de torturas, vejaciones, cárcel y exilio.
Producido el
retorno de las democracias, cuando todos, organizaciones sociales y políticas
habíamos acordado en la Concertación Nacional Programática que se debía saldar
el pasado dictatorial con verdad y justicia, otros fueron las opciones
políticas que se impusieron. Las unanimidades logradas en la CONAPRO, estrellaron
en pedazos frente a intereses políticos, que ignoraron el significado profundo
de las batallas que se habían desarrollado a lo largo y ancho del planeta
desnudando las aberrantes conductas del gobierno dictatorial, y atendieron
solícitamente las presiones militares.
La
consolidación de ese proceso que tiene su punto alto en el desconocimiento de
los acuerdos de la CONAPRO, instalo una cultura de impunidad, que planteo para
la vigencia plena de los derechos humanos nuevas dificultades, cuyas
consecuencias aún hoy se manifiestan.
Esa
instalación de las democracias post-dictadura en complejos procesos de
transición, que no quisieron entender la importancia de la continuidad de la
lucha por los derechos humanos como parte esencial de la profundización
democrática, marcó una continuidad en la agenda política, social y jurídica
teñida por las no resueltas heridas del pasado.
En ese
escenario, mentada por el discurso de la derecha y por algunos sectores de la
izquierda, la teoría de los dos demonios, dificulto y dificulta el desarrollo
de una batalla eficaz sobre la verdad sobre nuestro pasado reciente. Esa
dificultad, aunque menguada, aun subsiste en nuestros días.
Atravesada por
esas coordenadas históricas, la determinación de la Verdad termino instalada por
largos años en un escenario de determinación exclusivamente político. A partir
de la aprobación de la ley de caducidad, la verdad quedó librada a una pura correlación
de fuerzas políticas. Ello, explica porqué con la vigencia de las mismas reglas
jurídicas – ley de caducidad, Constitución, obligaciones internacionales -, los
resultados hayan sido tan diferentes, en algunos aspectos, según quien
detentara el gobierno.
Pese a
convivir con una verdad envilecida - tanto por la teoría de los dos demonios,
como por la existencia de la ley de caducidad -, no se pudo obviar el
reconocimiento der que en el Uruguay había existido un golpe de estado que
instaló una dictadura. Lo que seguía en cuestión era, qué había hecho esa
dictadura y porqué hizo lo que hizo. En ese escenario complejo, no sin
dificultades se se desplegó con una relativa legitimidad social, un escenario
de la lucha política, ética y cultural, entre democracia versus dictadura,
donde las reivindicaciones de las conductas de la dictadura termino confinada
casi exclusivamente en los círculos y centros militares y policiales que aun
hoy parecen mantener una influencia en las nuevas generaciones de los
integrantes de aparatos armados del Estado.
Las
investigaciones periodística, la persistencia de las denuncias, los trabajos de
investigación académicas y sobre todo la aparición en predios militares de
cuerpos de desaparecidos que según la versión militar, habían sido reducidos y
arrojados al mar, inauguro una nueva etapa.
En esa etapa
de la lucha democrática radical, transitamos hoy en torno a la verdad sobre
nuestro pasado reciente como plataforma fáctica sobre la que se asienta la
realización de un inexorable proceso, tarde o temprano, de Verdad y Justicia.
Desde el
asesinato de Ramón Peré en pleno desarrollo de la Huelga General hasta el
asesinato del Dr Vladimir Roslik en las postrimerías de la dictadura, se
desarrollo un proceso en el Uruguay que es sano para las generaciones futuras,
sacarlo de las determinaciones políticas o las dos verdades “folkloricas” de
cada uno de los demonios.
En los
expedientes judiciales en los que las victimas denunciaron las atrocidades de
la dictadura, se está instalando trabajosamente a partir de la actuación de un
creciente número de jueces y fiscales, una dimensión importante de nuestra
historia. Entre ellas es de destacar y hacer referencia a algunos de ellos, no
porque sean los únicos, sino porque sufrieron las consecuencias por ello:
Alberto Reyes, Estela Jubette, Alejandro Recarey, Ricardo Perciavalle, Mirtha
Guianze y Mariana Mota.
En esos
expedientes, pese a las retrogradas posiciones del máximo órgano judicial que
continua de espaldas a los avances que la humanidad instaló con la creación de
instrumentos de protección de los derechos humanos, se han ganado algunas
batallas a la cultura de impunidad. Para que se sumen nuevos avances, es que
diversas organizaciones de la sociedad civil juntaron esfuerzos en torno al
Observatorio Luz Ibarburu de seguimiento a las causas penales por violaciones a
los derechos humanos.
Ese avance de
la lucha democrática, no solo lo debemos medir en la cantidad de violadores a
los derechos humanos que purgan condenas o están siendo objeto de procesos
judiciales por los cuales están privados de la libertad, aunque gocen de
privilegios que otros presos no tienen. También debemos medirlo, en el hecho
–no menor -que ya no discuten los militares en los tribunales de justicia, si
son o no culpables, si existieron o no los hechos que se les imputan. Ahora lo
que discuten, es si es o no posible castigarlos por ello como lo determinan las
normas del derecho internacional.
En muchas
sentencias, además de hacerse justicia desde el punto de vista punitivo, se
lauda también una parte importante de las batallas sobre la memoria y la
verdad. Allí se aplica muchas veces, una contundente derrota al sostenido
esfuerzo desarrollado por los defensores de la impunidad - civiles y militares
-, intentando instaurar una suerte de “verdad” que va en el peor de los casos
en el sentido de reivindicar el comportamiento y la acción de la dictadura, a
un silencio cómplice, en el mejor de los casos.
Repetimos una
vez más, que desenmascarar estas suertes de versiones bastardas de la
dictadura, necesito y necesita aún hoy desarrollar, tanto una batalla desde el
ámbito académico, como en el ámbito de la acción del sistema judicial. En este
ámbito de la acción de los tribunales de justicia, se establecieron recientemente
en sentencias de distintos magistrados, las plataformas fácticas, los hechos en
que se fundamentaron las pretensiones punitivas de las fiscalías y los
posteriores procesamientos y condenas de algunos militares, policías y civiles.
Unas y otras investigaciones –las históricas y las forenses -, contribuyeron a
desarmar las visiones subsidiarias de una cultura de impunidad de las fuerzas
armadas y de algunos sectores civiles.
En esas batallas
sobre la verdad y la memoria, las iniciativas que encargaron el cumplimiento
del artículo 4to a los fiscales militares, y la verdad “posible” pergeñada
desde la Comisión para la Paz, no fueron solamente intentos - con sus
particularidades -, de transitar por los caminos limitados de la impunidad de
la pretensión punitiva del Estado, sino también sustraer a nuestro pasado
reciente de la posibilidad de un proceso de la verdad sustancial. Aquel, que establecido
en un proceso penal con todas las garantías que correspondan, puede o no,
afectar un derecho esencial, como es el de la libertad.
Para que en
esas sentencias, se resumiera para las generaciones futuras, la visión oficial de
un Poder del Estado sobre nuestro pasado reciente y las particularidades de
cada caso de violación de los derechos humanos, fue y es necesario un gran
esfuerzo desde la sociedad civil.
Este es aspecto
que queríamos rescatar, sobre el que queríamos volver, cuando se cumplen 40
años de la instalación del terrorismo de estado en el Uruguay.
Raúl Olivera
Alfaro
Integrante de
la Secretaria de DD.HH y políticas Sociales del PIT/CNT
Integrante del
Observatorio Luz Ibarburu.