sábado, 26 de abril de 2008

El papel de los trabajadores en la construcción de una cultura democrática


Publicado en Trabajo y Utopia.

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Los trabajadores han contado a partir de su condición de tales, con algunas ventajas y también dificultades para construir y mantener “su” cultura . Las formas en que se desarrolló la producción capitalista durante muchísimos años, permitió la existencia de “lugares comunes”, en el que trascurría más de la tercera parte de la vida de los hombres y las mujeres que vivían del esfuerzo de su trabajo: la fabrica, el taller, la oficina, la parcela de tierra, etc.
Instalar allí en ese mundo cargado y agobiado con las lógicas del mundo capitalista, una cultura de solidaridad, hermandad y fraternidad no fue una tarea fácil. Pero era una escuela, a la que con otros fines, los “alumnos” concurrían durante gran parte de su vida y donde la labor tesonera de militantes obreros avanzados realizaba su labor de difusores y propagandistas. Fue necesaria e imprescindible una persistente y prolongada acción de los portadores de la cultura “obrera”, para contrarrestar el individualismo, la competencia y la insolidaridad que imperaba dentro y fuera de los lugares de trabajo.
La constitución de los sindicatos para defender los problemas del llamado mundo de trabajo - en primera instancia muy ligados al ámbito de una fabrica -, fue la primera materialización de una batalla ganada por la “cultura obrera”. La construcción de las Federaciones de sindicatos y de la unidad de ellas en una Central o Convención, han sido pasos de gigante en el desarrollo de la cultura de los trabajadores.
Que esos avances han tenido sus efectos en otros niveles de la actividad social y política de los hombres y mujeres de nuestro país, es algo que esta fuera de discusión. Es impensable en nuestro país la construcción de la unidad política de la izquierda, sin ver y comprender en su justa dimensión, la unidad sindical que le precedió.
El superar el economicismo, el corporativismo y entender la importancia de levantar un Programa global para la sociedad desde las herramientas del movimiento sindical, es un paso gigante que dieron los trabajadores en nuestro país. Y es por esa razón que la fortaleza de una fuerza sindical, debe ser medida en función de la relación dialéctica entre la perentoria satisfacción de las reivindicaciones más inmediatas y los niveles de conciencia alcanzados por el instrumento sindical y los trabajadores en tanto ciudadanos, actores políticos en los procesos de cambio.
Sin embargo, la proyección política de los trabajadores y sus instrumentos de lucha - los sindicatos -, en cuanto actor político, hacen necesaria la existencia de un componente continuamente amenazado de tentaciones: la independencia de clase.
Ni el seguidismo a las políticas oficiales, ni desentenderse de los desafíos globales de la sociedad, son elementos que contribuyan al mayor desafío de nuestra sociedad: la profundización de la democracia.
Es en el escenario de más democracia, donde los trabajadores tienen mayores posibilidades de conquistar un mundo mejor, más justo, más solidario y con justicia social. Por esa razón el trabajar denodadamente para ser portadores de una cultura democrática y con ella actuar a nivel de la sociedad, es una práctica arraigada en la mayoría de las organizaciones sociales uruguayas.
Enmarcado en esa concepción, es explicable la lucha contra el autoritarismo militar, los cientos de vidas entregadas, la resistencia a la dictadura y la actual lucha contra la impunidad que hoy esta articulada con la campaña por la nulidad de la ley de caducidad.
Y no es de extrañar, que ese aspecto este presente a la hora en que hombres y mujeres en los ámbitos políticos, deban pronunciarse sobre esos temas.

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Una resiente decisión de la fuerza política en el gobierno relacionada con la lucha contra la impunidad mediante la nulidad de la ley de caducidad, pretendió ser presentada por alguna prensa, como una conducta de desafió a las fuerzas políticas electoralmente mayoritarias. Ningún medio, ningún politólogo aventuro siquiera, si esa conducta respondía o no a las convicciones democráticas arraigadas en nuestra sociedad, a una cultura democrática que necesita algo más que un simple calculo de la política partidaria de ocasión, para torcer su instinto democrático radical.
El llamamiento formulado por la Comisión por la declaración de nulidad de la ley de caducidad, expresa que “La ley de caducidad fue aprobada bajo amenaza militar contra los más elementales principios éticos y jurídicos de la República”, pues es contra esa amenaza y por esos principios éticos, que la fuerza de gobierno decidió sumarse al esfuerzo originariamente iniciado por el movimiento sindical para anular la ley de caducidad. Es a eso y no a otra cosa que esta enfilado el desafió de aquella decisión.
Los politólogos que tratan de explicar las conductas políticas en nuestro país, deberían abocarse a analizar este fenómeno, donde las fuerzas que electoralmente hace tres años representaron los mayores caudales de votos, no sean representadas en la decisión del Plenario de la fuerza de gobierno.
Adelantamos, que cualquier evaluación que no incorpore el dato de que en el movimiento sindical existe una posición unánime coincidente con la resolución del Frente Amplio, es una opinión que no busca esclarecer, sino confundir. No hay en el Uruguay individuos que actúen a nivel de las organizaciones sociales – en este caso en el movimiento sindical -, y otros que actúen en los ámbitos políticos. Tampoco en el movimiento cooperativo, o de los jubilados o de los estudiantes.
Entonces - salvo que se pretenda concluir que en ninguna de esas organizaciones existen ámbitos democráticos donde se deciden los posicionamientos -, el haberse sumado esas organizaciones a la tarea de anular la ley de caducidad incluye buena parte del electorado de las fuerzas que se han mostrado poco o nada proclives a dicha anulación.
El ignorar ese dato, ayuda a una visión que tampoco busca aclarar sino confundir y que centra su análisis y conclusión en un cuestionamiento a la representatividad de las bases que fueron quienes pusieron en mayor caudal de votos para hacer efectiva la decisión del Plenario del Frente Amplio. Según esta visión hay un 50% de los integrantes del Plenario – la representación de las Bases, de la parte del Movimiento -, que no tiene una representatividad genuina.
Admitamos por un momento, que eso fuera cierto. No conocemos que ninguna de las organizaciones políticas no proclives a la nulidad de la ley de caducidad, haya convocado a sus votantes para que se pronuncie sobre ese tema. Es mas, la convocatoria de la Comisión por la Nulidad de la ley, les daría esa oportunidad, pues sus votantes anónimos y no consultados actualmente, tendrían la posibilidad democrática de pronunciarse sobre la conveniencia o no de mantener esa ley en nuestro ordenamiento legal interno y seguir desafiando los pronunciamientos de los organismos internacionales.
Frente a este razonamiento, no es de asombrarse que aparezca otro argumento nada innovador ya que se ha instalado como una verdad indiscutible: ya la fuerza política se pronuncio en el Congreso Héctor Rodríguez y la ciudadanía se pronuncio votando un programa que decía que se mantendría vigente la ley de caducidad y que su compromiso llegaba solamente al cumplimiento del articulo 4to de dicha ley. Y por ende modificar esa posición original seria traicionar la voluntad democráticamente expresada por los uruguayos en las ultimas elecciones.
Más allá de que desafiamos a cualquier persona que nos presente un documento de la fuerza política aprobado en el citado Congreso Héctor Rodríguez, que exprese que se mantendría la ley de caducidad. No existe.


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Nadie duda que este gobierno al interpretar la ley de Caducidad en términos tales que habilitan el juzgamiento de oficiales militares y policiales y sus cómplices civiles relacionado a algunos casos, ha dado pasos de siete leguas en la tarea de avanzar en el camino de la verdad y la justicia. Al abrir camino para que fueran investigadas y resueltas por el Poder Judicial algunas de las violaciones a los Derechos Humanos, el gobierno ha dado pasos sustantivos en el proceso democratizador. Es un logro republicano de enorme significación.
Sin embargo es necesario avanzar más. En eso esta el movimiento sindical, las organizaciones defensoras de los derechos humanos, y ahora formalmente lo está la fuerza política que obtuvo la mayoría de las voluntades ciudadanas en el último acto electoral.
El ya citado Congreso Héctor Rodríguez, lo único que pudo resolver logrando los votos necesarios para ello de acuerdo a sus Estatutos, es que el gobierno progresista adecuaría la legislación interna (ley de caducidad) a los compromisos adquiridos por el Uruguay ante la comunidad internacional (legislación internacional). Como bien lo evalúa el Dr. Javier Miranda – integrante de la organización de los familiares de desaparecido-, "la lectura actual" del gobierno de Tabaré Vázquez a los alcances de la Ley de Caducidad "es más acorde a los tratados internacionales firmados por Uruguay".
La profundización de la democracia, necesita de un pronunciamiento con relación a la ley de caducidad, que sea algo más que un acercamiento a lo que manda la legislación internacional. Necesita estar acorde a ellos, sin ninguna relativización.
Ni tampoco a una lectura de un gobierno de turno. De no ser así, la vigencia plena de los derechos humanos quedaría librada a la amenaza que días pasados dejara caer el diputado García Pintos: “abran los ojos los responsables de esta cacería de orientales, porque no deben olvidar que la tierra es redonda y rota sobre su eje, pasando muy seguido por el mismo lado”. Los trabajadores y la inmensa mayoría del pueblo uruguayo saben lo que paso cuando el país pasó por el “lado” que aspira García Pintos: crímenes, desapariciones, torturas, pérdida de elementales derechos ciudadanos y gobiernos que en democracia trabajaron para mantener impunes esos delitos.

Raúl Olivera Alfaro.
19/4/08

martes, 1 de abril de 2008

HELIOS SERRA SILVEIRA

Publicado en T y Utopia abril 2008.

Los antropólogos que integran el Equipo de Antropología Forense de Argentina, en estos últimos días culmino con la identificación en una tumba NN de la provincia de Buenos Aires del cuerpo del ciudadano uruguayo Helios Serra Silveira, secuestrado y desaparecido en Buenos Aires el 27 de junio de 1978.
Los restos que finalmente se concluyeron que pertenecían a Helios Serra, habían sido encontrados en la playa de Pinamar el 16 de diciembre de 1978 y habían sido inhumados como NN en un cementerio de la Argentina ese año.
De esta manera se concluye, para este caso, un capítulo de los más trágicos que vivieron cientos de ciudadanos uruguayos refugiados en el vecino país. Otros aspectos continúan reclamando la acción efectiva de los Estados, para satisfacer las obligaciones que ellos tienen con relación a los crímenes de las dictadura: toda la verdad y el enjuiciamiento a los responsables.
Cuando se produce su secuestro y desaparición, Helios Serra, cursaba estudios de francés en la Alianza Francesa y trabajaba en tareas de contaduría en el Hogar Obrero, sólo tenía 23 años. Los cumplía el mismo día en que su cuerpo fue arrojado por las aguas en una playa de Pinamar.
En Uruguay Helios militó en el Frente Estudiantil Revolucionario (FER). En esa agrupación estudiantil, fue un activo participé de las luchas contra la Intervención de la enseñanza y la Ley de Enseñanza, así como las grandes jornadas reivindicativas estudiantiles que precedieron a la dictadura. Una vez que la dictadura se instalo el 27 de junio de 1973, participó activamente en la huelga general. En setiembre de 1974 es detenido portando volantes de oposición a la dictadura, pero es liberado y opta por trasladarse a Buenos Aires en donde se vincula a grupos argentinos.
En una semblanza de Helios y su generación, se expresa: “Corrían aciagos días en Buenos Aires. Lo eran de papelitos picados en las calles y de pegotines distribuidos por la misma policía: “LOS ARGENTINOS SOMOS DERECHOS Y HUMANOS”. Se acababa de ganar el mundial de fútbol y los pulgares en alto de Videla señalaban el mejor momento, en cuanto a imagen, de la dictadura argentina. Eran momentos de contraofensiva para el discurso oficial: las revistas “PARA TI” y otras de su laya, organizaban campañas de envío de cartas al exterior “explicando” el error que se cometía al imputar a la Argentina semejantes cosas”.
A la casa de los padres de Helios Serra, llegaron luego del secuestro, quienes se identificaron como integrantes de los servicios de seguridad admitiendo que ellos lo habían detenido.
Helios había sido secuestrado en la calle Santa Fé y Riobamba, de Buenos Aires por un Grupo de Tareas dirigida por Julio Héctor Simón, el “Turco Julián”, un conocido represor argentino, que actuaba bajo la jurisdicción del Primer Cuerpo del Ejército Argentino.
Varios testimonios recogidos dan cuenta de que estuvo prisionero en el Centro Clandestino de Detención conocido como "El Banco", desde donde posteriormente habría sido trasladado a "El Olimpo", en donde permaneció hasta los primeros días de diciembre de 1978, cuando fue arrojado al Río de la Plata en un vuelo de la muerte.
Este caso, esta comprendido en las investigaciones que lleva a cabo en la Argentina el Juez federal Daniel Rafecas, y en las cuales fue procesado y encarcelado el grupo de represores que encabezaba Julio Héctor Simón.

LOS HECHOS.
El 2 de febrero de 1984, desde Estocolmo Roberto Ramírez, respondiendo a una solicitud de información que le fuera formulada por Ariel, el Hermano de Helios Serra, da cuenta de los siguientes hechos.
Que el día 27 de junio de 1978 había sido secuestrado en la vía publica y trasladado al campo clandestino de detención de “El Olimpo”. Que en dicho operativo había sido también secuestrado Helios Serra. Que ese día, ambos y una persona de un grupo de Córdoba llamada “Juan” debían encontrarse a las 20 horas en la calle Santa Fé entre Río Bamba y Avenida Callao. ”Harían unos 5 o 6 días de mi desaparición, relata Roberto Ramírez, “cuando fui llevado al lugar donde se torturaba con energía eléctrica (“quirófano”). Entonces, su hermano Helios ya se encontraba allí, amarrado a una plancha metálica, con el cuerpo desnudo. Fui desnudado también y colocado en una camilla al lado de la plancha donde estaba su hermano. Conectados en un mismo circuito a un dispositivo automático, recibimos los dos descargas eléctricas por varias horas”.
Mas adelante, sigue relatando Ramírez, “en el mes de agosto de ese mismo año las fuerzas militares trasladan “El Banco” a otro campo denominado “El Olimpo”. Allí vi a su hermano en varias oportunidades, hasta el mes de diciembre de 1978 (…) en que su hermano fue trasladado junto con otros desaparecidos. Desde entonces nunca más supe de ellos”.
Al referirse a la situación de Helios durante esa convivencia en los centros de tortura de la dictadura argentina, Ramírez recuerda: “(…) me pareció anímicamente fuerte, dentro de lo que uno podía estar en esas circunstancias. Su estado físico mostraba los efectos de la tortura y las condiciones imperantes (...) en sus relaciones con el resto de los desaparecidos mostró siempre una gran entereza y corrección. Yo guardo un buen recuerdo de Helios, en horas de pruebas como fueron aquellas”. Sobre este mismo aspecto, el testimonio de Oscar Alfredo González, dice: “(…) su moral era muy alta y que mantuvo un comportamiento muy noble y una dignidad que muchos hubiéramos querido haber sabido tener. Muchos de los que hoy estamos vivos, incluso con mucha experiencia política no tuvimos ni a la altura de los zapatos de una persona como Rolo (…)”. Otro testimonio, el Cid de la Paz, confirma el juicio de Gonzalez: “ (…)con su conducta demostró tener una altura moral y congruencia con la misma que muchos hubiéramos deseado poseer”.
Sobre el “traslado” de Helios, que era la forma de denominar los “vuelos de la muerte” ese mismo testimonio establece: “(…)los llevaron con los ojos fuertemente vendados y que antes de salir le pusieron una inyección (…) se trataba de PEN-NAVAL”.
Otro testimonio, en este caso de Horacio Cid de la Paz, relata el traslado expresando: (…) recuerdo perfectamente que los compañeros fueron sacados al patio formando una fila con los ojos firmemente vendados (…) frente al camión, luego se les iba aplicando la citada inyección e introduciéndolos ya en el camión. Esto se habría realizado con gran calma por parte de los compañeros. Desconozco que fue lo que se les dijo para lograr esa tranquilidad”. Continua Cid de la Paz: “Sé, porque lo vi, que en casos anteriores, sobre todo en los “traslados” realizados desde “El Banco”, en donde por su falta de espacio los compañeros que iban a ser llevados en el mismo eran formados dentro de la zona de celdas, que se les decía que iban a ser llevados en avión de cabotaje, por lo tanto en situación incómoda, a un sitio de detención lejano en el interior del país, y que, por esa razón, para evitar inconvenientes, se les iba a suministrar un fuerte calmante,. Si fue realmente su traslado final, si fueron o no tirados al mar o llevados a la ESMA es algo que con certeza sólo saben los ejecutores de tan grande crímen”.
Sobre los responsables de esos dos campos de detención, Oscar Gonzalez identifica al Mayor Minicuchi, el General Suárez Mason, los Coroneles Roberto Rowaldes y Ferro. El resto del personal que operaba desde estos campos pertenecía a distintas fuerzas de la represión argentina, entre ellos a la Policía Federal, a la Gendarmería y al Servicio Penitenciario.
En el trabajo que citamos más arriba, también se dice: “Es en este momento de ofrecer testimonio, que surge la doble dificultad de sustraerse del dolor por el compañero que nace, muere y vuelve a renacer todos los días, en la imagen detenida en el tiempo; y por otro lado, condensar en pocas palabras la pasión de vida de un luchador social al cual importa restituirle su identidad para comprender porqué fue “blanco operativo” de los sicarios”.
En ese mismo periodo, Helios Serra compartió en ese mismo lugar el destino de otros tres uruguayos: Raúl Olivera Cancela, Edison Cantero Freire y Fernando Díaz de Cárdenas también desaparecidos.

UNA REFLEXIÓN FINAL.
Rafael Videla, el Mayor Minicuchi, el General Suarez Mason, el Coronel Roberto Rowaldes y el propio “Turco Julián”, que orquestaron este plan siniestro que costó más de 30 mil desaparecidos, aun están vivos o murieron de la misma forma que termina su ciclo vital todo ser humano. Si así no hubiera sido, cabe en algún razonamiento noble y justo, incorporarlos junto a Helios Serra como victimas de la misma categoría.
Es cierto que para la madre de Videla, de Gavazzo, de Cordero, o de Helios Serra, la muerte de sus hijos puede ser de un dolor comparable. Pero el Estado, no puede ni debe razonar así.
Por esa y otras razones, rechazamos firme y enfáticamente la versión maniquea de la historia implícita en el proyecto del Poder Ejecutivo de reparación indiscriminada de victimas del terrorismo de Estado y ejecutores de ese mismo terrorismo.

Raúl Olivera Alfaro
Secretaria DD.HH y Políticas Sociales IT/CNT.