jueves, 26 de junio de 2003

EL PASADO QUE NO PASA

EL PASADO QUE NO PASA.

El pasado no es tan pasado como se dice. Y no lo es, sólo porque admitamos que está hoy aquí instalado entre nosotros.
Paradójicamente, el hecho que le niega con mayor contundencia ética, política y jurídica, la categoría irrefutable de “pasado“, es justamente aquel que se pensó y cometió para que no existiera, para que no fuera ni pasado ni presente, para que fuera eternamente, una “incógnita “: la desaparición.
Un acto que se planificó, para que “no existiera” perdura en efectos, no calculados por sus ejecutores.

Dos discursos sobre este aspecto, son muy ilustrativos. En el primero, Videla decía:“Mientras sean desaparecidos no pueden tener un tratamiento especial. Es una incógnita..., es un desaparecido. No tiene entidad.... no está ni muerto ni vivo.... Está Desaparecido...”.
En el segundo, ante el edificio de la ESMA, Hebe Bonafini les recuerda: “Vuelven, vuelven y vuelven. Esos cadáveres que aparecieron por primera vez, en las playas uruguayas, eran la muestra de que a nuestros hijos los tiraron al mar y no pudieron. Los quisieron enterrar y no pudieron. Los enterraron bajo las autopistas y no pudieron. Todo el tiempo vuelven...”
Si el pasado es presente aún hoy, lo es sobre todo, a partir del drama de las desapariciones forzadas de personas. Todo el tiempo, vuelven.
Y para que no vuelvan, hay que declarados muertos. Asesinarlos, y hacerlos desaparecer nuevamente, para que no molesten. Que sean, como decía Videla, una incógnita, sobre la que no se puede avanzar. Hay que desenterrarlos, cremarlos y arrojarlos al mar.
En 1996, el Senador Michelini denunció ante la justicia, que algo parecido había ocurrido en unidades militares. Una Fiscal y un Tribunal de Apelaciones, no permitieron que el juez Reyes, lo investigara. Por la ley de caducidad, esa denuncia pasó a consideración del entonces Presidente Sanguinetti, quien decretó que los hechos denunciados estaban comprendidos en la ley de caducidad. Dicho en buen romance, admitía que la Operación Zanahoria había existido antes del 1° de marzo de 1985, que en ella habían participado militares, que existieron móviles políticos para ordenar por los mandos superiores esa acción.
En el 2003, el Presidente Jorge Batlle, al haber hecho suyo el informe final de la Comisión para la Paz, nos dice que “no pude - ni debe - confirmar esa información”, relativa al destino de los restos de los desaparecidos.
Sanguinetti, no realizó, como es obligación legal hacerlo, una investigación de los extremos denunciados por Michelini, según lo ordena el artículo 4º. Sin embargo al comprenderla en la ley de caducidad, admite que existió, para que no se investigara.
Batlle, que creó una Comisión bajo su dependencia y que contaba con su actuación personal, dice que no puede confirmar esa información.
¿QUIÉN MIENTE?
Los dos, porque Sanguinetti dice algo sin dar pruebas de ello y Batlle, porque dice que “no puede ni debe”.
Si el titular del Poder Ejecutivo, no puede es porque no tiene poder, porque vivimos una democracia de mentiras. Y si para colmo nos dice que “no debe”, peor aún.
Creemos que deberíamos abocarnos a la tarea, de obligar legalmente al Poder Ejecutivo a que cumpla con lo que es su obligación hacer.
Parafraseando lo expresado por la Jueza Estela Jubette en la sentencia de amparo que Tota Quinteros, logró ante Batlle, diremos que este reclamo está justificado por el derecho esencial constitucional, natural y humano, a la información, que surge de diversas normas nacionales e internacionales y de la propia Constitución de la República.
En nuestro país, tenemos formas muy peculiares de hacer las cosas: las hacemos “a la uruguaya”. Tuvimos una “dictadura a la uruguaya” que no hacia lo que los argentinos, tuvimos una “transición a la uruguaya”, una ley de impunidad “a la uruguaya”; una renuncia a un derecho irrenunciable, mediante un referéndum “a la uruguaya”; tenemos leyes que ratifican Convenios internacionales que no se aplican, porque “a la uruguaya” no se crean los instrumentos jurídicos en la legislación interna; y últimamente una Comisión para la Paz, sin guerra, pero “a la uruguaya”.
¿Cuál es la herramienta, para de un solo movimiento resolver adecuadamente ese pasado - presente?
Los victimarios, han elegido ubicar el problema en el ámbito político, mediante las leyes de impunidad acompañadas de actos esencialmente políticos buscando sellar cualquier posible fisura de aquellas.
La solución del sistema político uruguayo- ley de caducidad -, pareció durante muchos años, ubicar el encare acotado del problema, tanto para las victimas como los victimarios, en el reclamo de la VERDAD. Por esa razón, los victimarios, gozan de la más amplia impunidad, con alguna rara excepcionalidad, hasta hoy.
Rara excepcionalidad, porque Blanco estuvo por ser coautor de una des aparición, casi ocho meses, preso. Y porque ahora, que pasó a la categoría de coautor de homicidio especialmente agravado, esperará el resultado de su proceso, en la confortabilidad de su hogar en Carrasco, mientras que otros uruguayos incursos en delitos menos graves que el del ex canciller, esperan su condena en jaulas de acero, en penales arrasados y superpoblados, sufriendo hambre, sarna y saña de sus carceleros.
Quienes no hemos renunciado al derecho a la justicia, esperamos con expectativa los resultados de otras causas radicadas ante la justicia nacional: la relativa a los asesinatos de Zelmar y el Toba; del destino de María Claudia García de Gelman. Saber si la Suprema Corte de Justicia en la denuncia presentada contra Bordaberry, indicará a los futuros aspirantes a dicta- derarse ilegítimamente del poder y ejercerlo en el marco de la más brutal ilegalidad, no puede ser consumado impunemente. Y también, si en la causa de Elena Quinteros, se sigue avanzando, o por el contrario, nuestro Estado “a la uruguaya”, se detiene en las puertas de los cuarteles. O tendremos que recurrir a los Tribunales de Venezuela, para que al igual que en el caso de Berrios, otro país aclare lo que Uruguay no quiere aclarar.
“A LA URUGUAYA”
Los preámbulos de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, establece que la misma se instrumenta por la preocupación “de que subsiste la desaparición forzada de personas”, y esperando que ella “constituya un aporte decisivo para la protección de los derechos h manos”. La citada Convención para esos objetivos, establece que “dicho delito será considerado como continuado o permanente mientras no se establezca el destino o paradero de la victima”, y será “imprescriptible”.
Ahora bien, “a la uruguaya”, en el caso en el que estaba acusado y procesado Juan Carlos Blanco, por coautoría de privación de libertad, encontramos una modalidad original de zafar del delito permanente y la imprescriptibilidad. Hay que transformarse en homicida. Si en el Uruguay, Ud es un agente que actúa con autorización del Estado y tiene a una persona privada de libertad, no es “conveniente” dar información sobre el paradero de ella ni reconocer que la tiene en esa situación, asesínela.
En Uruguay, la preocupación no está en terminar con las desapariciones, sino con las responsabilidades de las mismas.
EL VERDADERO NUNCA MAS.
Una lectura de los debates que estuvieron planteados en la llamada transición democrática y aquellos que siguen acompañando el proceso contra el ex canciller Juan Carlos Blanco, abonaría a la idea de que se volvió al pasado o que el pasado se instaló en nuestro presente. O más precisamente, que la impunidad no tiene temporalidad.
Para resolver el pasado que ser instala en el presente o el presente que vuelve sobre el pasado, solo es posible su l impunidad de hoy no tiene futuro. Ese es el verdadero nunca más.
¿Está en el horizonte, con la instalación en el gobierno de una fuerza política nueva, que la impunidad de ayer y de hoy no tenga futuro? ¿Cuál es la tentación de los sistemas políticos: ser garantes de los Derechos Humanos o simples administradores de los mismos?
No se trata de un partido que vuelve a jugarse en la misma cancha, con los mismos jugadores. No se detuvo el tiempo y por un arte mágico, comenzó nuevamente a andar. Pero es cierto, que hay elementos comunes, hay hilos conductores que se mantienen, y en torno a ellos se pueden observar roles que se apagan, actores secundarios que se instalan en el centro de la acción, y otrora actores principales que pasan a segundo plano, algunos con satisfacción y otros a regañadientes.
Recordemos que en marzo de 1985, una delegación del Estado uruguayo integrada por el senador Alberto Zumaran y el embajador Luis Hierro Gambardella, sostuvieron ante los organismos internacionales: “que durante la dictadura militar se habían atropellado toda clase de derechos, con muertes, torturas, prisiones arbitrarias, desapariciones, y que las puertas de la justicia estaban abiertas para todo el que se sintiera con derecho a reclamar, y que ésta iba a actuar”. Esa era la posición del Estado uruguayo, ante la comunidad internacional, hace 18 años.
Hoy 18 años después, la Comisión para la Paz concluye señalando cosas similares. Pero, fue y es evidente que la administración presidida por quién reclamó un estado del alma, no ve con buenos ojos que quienes se sienten con derecho a reclamr lo hagan ante los tribunales.
LA PERSISTENCIA DE LA IMPUNIDAD.
La persistencia de la impunidad, es un arma letal que afecta, entre otras cosas, la natural rebeldía de los seres humanos frente a las injusticias. Las sociedades en su conjunto y dentro de ellas los seres humanos organizados hemos vivido nuestras historias aprendiendo. Tratamos de trasmitir esos aprendizajes a las nuevas generaciones. La memoria es el alma de la vida y la historia.
De ahí, que las terribles heridas que a una sociedad les ocasiona la injusticia, la prepotencia, el terrorismo de Estado, no sean un problema generacional, que se termina con nuestra presencia en este mundo.
No nos sobrestimamos en nuestra condición de individuos que circunscriben los problemas de la sociedad, a su transitoria existencia en la tierra. No es desde esa óptica estrecha de valorar las cosas de nuestra historia, que actuaron y pensaron, los que crearon nuestros sindicatos, nuestras organizaciones políticas, etc. Es por fidelidad y respeto a una historia que no construimos nosotros en todos sus tramos, pero que la asumimos como nuestra, es que somos como somos, y actuamos como actuamos. Y es por esa historia que no muere con sus ocasionales protagonistas, que aspiramos y apostamos a que mañana nuestros hijos, nietos y las generaciones futuras, la asuman como propia.
Los desafíos que al igual que el pasado, no pasan si no son resueltos. En este aspecto, además de las respuestas erróneas, nos preocupan en forma superlativa, los silencios y las omisiones.
Cuando en el mundo ocurren hechos políticos y jurídicos que constituyen importantes avances de la lucha mundial contra la impunidad, y se restablecen derechos conculcados, ¿esos hechos son de otra galaxia? ¿Pertenecen a un mundo con el que Uruguay no tiene nada que ver? ¿Un gobierno progresista barrera de las altas jerarquías castrenses y policiales, los residuos del terrorismo de estado que aun se mantienen, como lo ha hecho recientemente el Presidente argentino?
UNA NUEVA PUESTA EN ESCENA
En estos últimos tiempos, el tema de la impunidad, ingresó en una nueva puesta en escena. En ella, se disputaron los espacios dos escenografías, que nos dicen mucho sobre la forma en que se entendió y se entiende hoy, el desafió que esta planteado en nuestra sociedad.
¿El desafió en torno al caso de Elena Quinteros, está planteado exclusivamente sobre si Juan Carlos Blanco vuelve a no a la cárcel?. Aún siendo muy importante que si alguien merece y jurídicamente debe estar preso, lo esté, lo fundamental es cómo se derrota la impunidad más general; cómo se establece la verdad histórica.
De la forma en que se escriba esa historia y de la manera que las instituciones del Estado se ubiquen en torno a ella, dependerá, nos parece, que resolvamos adecuadamente ese pasado que no pasa. Para resolver definitivamente con verdad y justicia la paz entre los uruguayos, más que un “estado del alma”, se necesita un gobierno que con valentía y dignidad, actúe de acuerdo a un estado de derecho.
Lo que está planteado, no es la reconciliación con el colectivo militar, sino ponernos de acuerdo y en sintonía con los avances que la humanidad está dando en la lucha contra la impunidad. Reconciliarnos con una premisa fundamental Todos somos iguales ante la ley.
Por eso, no se entiende que el sistema judicial permita que un juicio que por ley debe ser de rápida sustanciación - nos referimos a la denuncia por apología al delito de Manuel Cordero- lleve ya más de 17 meses sin resolver- se, excediendo todos los limites de las garantías procesales que por supuesto, ni por asomo tuvieron las víctimas de Cordero.
Es desde esta óptica, que reclamamos ante un poder del Estado, en nuestra lucha por los derechos humanos, como parte de una tarea de otra lucha mis amplia por una verdadera y auténtica democracia con justicia social.
La necesidad estrictamente política de dar “vuelta la página”, ha sido un factor fundamental para explicar la falta de una discusión profunda de estos aspectos. Esa falta de reflexión, explica, en parte, que aún muchas de las organizaciones políticas, que en e! pasado realizaron una fuerte reivindicación de la Verdad y la Justicia, desarrollaran posteriormente, una actitud pasiva. O que a lo sumo, hayan operado como simples acompañantes “solidarios” de las organizaciones humanitarias, o han operado como articuladores o pasivos espectadores, de salidas de “oportunidad” política.
Por esa razón, hoy nos preocupa, que a partir de los debates jurídicos y políticos que se abrieron a partir del procesamiento del ex canciller de la dictadura Juan Carlos Blanco, muchas fuerzas políticas que invocan cambios sociales, omitan pronunciarse en un debate, en el que esta en la consideración la relación de la lucha democrática, con la del cambio social.
Esta administración invocó estados del alma, pero hizo más para asegurar la impunidad de los violadores de los derechos humanos, que por resolver adecuadamente las obligaciones del Estado al respecto.
Frente a lo que fue un despiadado terrorismo de Estado que cometió los más repugnantes crímenes y para ello puso en juego todo el aparato del Estado y a sus personeros civiles y milita res, se necesitaba que el Estado democrático, pusiera todos sus poderes para reparar integralmente las consecuencias de la acción del Estado terrorista. Y esto no se ha hecho. La creación de la Comisión para la Paz, no podía ni pudo producir avances, en temas que son considerados necesarios, de acuerdo a las diversas recomendaciones de Organismos Internacionales. Reafirmamos, que esta administración se esforzó más en preservar la más absoluta impunidad de los violadores de los Derechos humanos, que en atender sus obligaciones jurídicas, políticas y éticas.
Queremos terminar citando un pensamiento del filosofo francés Jean Paul Sartre, algo a tener en cuenta en estos momentos: “No importa lo que la historia ha hecho con el hombre, sino lo que el hombre hace con lo que la historia ha hecho de él”.
(Ponencia realizada por Raúl Olivera de la Secretaría de Derechos Humanos y Políticas Sociales del PIT/CNT, para el Taller realizado en el Salón Rojo de la I.M,M, el 26/6/03)