martes, 3 de enero de 2012

EL ASESINATO DEL MAESTRO JULIO CASTRO: EL PESO DE LA REALIDAD

EL ASESINATO DEL MAESTRO JULIO CASTRO: EL PESO DE LA REALIDAD.. Publicado l 10-12-2011 en Semanario AREQUITA de Minas “Para demostrar también, trémula pero inextinguible esperanza, que la justicia llega, aunque las más de las veces, su camino se haga a través de las tumbas y las ruinas”. CARLOS QUIJANO. Seguramente cuando Carlos Quijano escribió esta frase, no creyó que ella iba a ser de justa aplicación en hechos que se vincularían, muchos años después, con su amigo y compañero Julio Castro. Muchas cosas denunciadas hasta el cansancio por las víctimas y las organizaciones de derechos humanos ante la justicia y la opinión pública, necesitaron de la materialización del horror que surge de una tumba, para demostrar que nada de lo que se ha denunciado era una mentira o una exageración. A partir de ahí, solo quedan las ruinas de una versión de nuestro pasado reciente, tozuda y cómplice, sostenida hasta hoy por las fuerzas armadas, y una parte de nuestro sistema político. El hallazgo de los restos del Maestro y Periodista Julio Castro en un predio de las Fuerzas Armadas y la forma en que fue ejecutado, instalo un nuevo escenario en la larga lucha contra la impunidad en el Uruguay. La contundencia que el hallazgo produjo a todos los niveles de la sociedad, la generalizada condena y el dolor, no deben opacar algunos hechos importantes con relación a las formas en que en nuestro país se han ubicado los distintos actores gubernamentales, políticos y sociales en torno a nuestro pasado reciente. Una vez más, la materialización del horror se hace imprescindible para arrinconar las visiones que desde la teoría de los dos demonios, intentaron instalar en el Uruguay una verdad histórica complaciente y funcional a la impunidad. Una vez más, es desde esa saludable y valiente mezcla de educador, divulgador y luchador social, que Julio Castro nos interroga como sociedad, sobre qué debemos aún hacer para esclarecer todos los detalles de las desapariciones, asesinatos, violaciones y torturas e identificar a los responsables. Como ha dicho el maestro Miguel Soler, hay que restituir a la comunidad nacional desde las entrañas de la tierra y de los archivos d la dictadura, agregamos nosotros, lo que en ella mantienen oculto los criminales. Saber más, acerca del proceso que originó su secuestro, a la torturas de que fue objeto y a su ejecución atado de pies y manos, es el desafió que tienen los poderes del Estado. Desmontar las mentiras y las falsedades, es una obligación ética que nos involucra a todos. La estrategia de encubrimiento que hasta ahora se desarrollo en el país respecto a los crímenes de la dictadura y sus responsables, a partir de conocerse que Julio Castro, detenido en 1977 en un operativo del Servicio de Información de Defensa (SID), sufrió "apremios físicos" y murió por un disparo en la cabeza, sufrió un duro revés entró en un callejón de dificil salida ;. En ese escenario, más allá de matices o de intenciones, se deben explicar las aparentes unanimidades de diversos actores políticos, sociales e institucionales en torno al tema. Difícilmente podría plantearse, otra alternativa. Entre ellas se encuentran las vertidas el 5 de diciembre por el jefe de la fuerza de tierra, general Pedro Aguerre. En dicha oportunidad, el jerarca militar manifestó que estaba abocado a manifestar un punto de inflexión, por el peso de la realidad. Podemos otorgarle a un individuo – en este caso al Jefe del Ejército-, el beneficio de la duda sobre el efecto que le pudo producir la confirmación de lo que desde hace muchos años se viene denunciando sobre la actuación de la dictadura. Pero no es admisible para una institución como el Ejército que hasta hoy a operado con una inflexible política de respaldo y reivindicación de su actuación. Dijo el Jefe del Ejército, que el cuerpo que él comanda no es una horda, malón o algo similar. Queremos creer que para el Gral. Aguerre, ese Ejercito que cometió los delitos por los cuales algunos de sus autores materiales están presos, fue una horda, malón o algo similar. Por eso resulta llamativa la adhesión que los centros sociales que agrupan a quienes integraron esa horda o malón, expresaron a las manifestaciones de Aguerre. El Ejército Nacional hasta hoy aceptó, toleró, y encubrió a homicidas o delincuentes en sus filas, por esa razón es de recibo aceptar que existe un punto de inflexión, si eso deja de ser así. Los hechos serán, una vez más lo que probaran la veracidad y consecuencia de los dichos que hubiera sido saludable que hubieran existido hace muchos años atrás. La comunidad educativa nacional y latinoamericana, los periodistas, sin duda tendrán un papel muy importante a la hora de saldar cuentas, tanto con respecto a lo que Julio Castro representó en esas tres actividades de su vida: maestro, periodista, luchador social y político contra la dictadura. Muchos uruguayos deben sentirse al igual que lo dice el también maestro Miguel Soler “deudor de sus múltiples enseñanzas”.

HUGO CORES, EL LEGADO DE SU ACCIÓN.

HUGO CORES, EL LEGADO DE SU ACCIÓN. Publicado en sparata de cuadernos de Copmpañero. dic 2011. UNO. Por estos días se cumplieron 5 años del fallecimiento de Hugo Cores. En estos 5 años han ocurrido – entre otros -, dos hechos importantes para la vida política del país. A que esos dos hechos ocurrieran, Hugo sumó sus esfuerzos de militante político, en tanto que ambos son el resultado de un largo proceso colectivo de acumulación. Nos referimos al hecho de que el Frente Amplio por segunda vez desarrolla su gestión al frente del gobierno nacional; y a que recientemente el Frente Amplio tomo la decisión – largamente postergada -, de empezar a poner fin definitivamente mediante la aprobación de una iniciativa parlamentaria, a una cultura de impunidad impuesta por la existencia de la ley de caducidad. La importancia de ambos hechos – la continuidad de un gobierno de izquierda y la eliminación de los efectos de la ley de caducidad -, fueron objeto de múltiples artículos de Cores. Rescatar su pensamiento en torno a estos dos aspectos, de quien fuera durante la mayor parte de la vida política del Partido por la Victoria del Pueblo, su principal figura, hace necesario usar sus propias herramientas teóricas. No se trata de imaginar lo que Hugo pensaría hoy sobre estos temas, sino de pensarlos nosotros, a partir de las herramientas que su legado nos dejo. No como moldes en los que meter la realidad, sino estructuras de pensamiento para captar la individualidad de cada desafío. Desde esa perspectiva, rescatar el accionar de una herramienta política como lo es un partido, implica una reflexión que para ser sería, no puede dejar de plantearse una serie de cuestiones. En primer lugar, hay que plantearse un problema de definiciones: ¿Cuales fueron los objetivos que se plante la izquierda cuando se plantea la conquista del gobierno? ¿Cuáles son los objetivos que se plantea con relación a la lucha contra la impunidad, cuando lleva a cabo – desde donde pudo hacerlo mucho antes -, una iniciativa que lo ubica donde hasta hace muy poco no quería estar? En segundo lugar, hay que planearse un aspecto que tiene que ver, con el desarrollo, la trayectoria, el perfil histórico que ambos temas habían adquirido para los distintos niveles presentes en la fuerza política (personal de gobierno, militantes, adherentes o simples votantes ocasionales). En tercer lugar, hay una cuestión estrictamente política, que podría sintetizarse en esta interrogante ¿Qué interés político tiene para una fuerza política como el PVP, una reflexión sobre estos aspectos? ¿Hay enseñanzas que nos pueden servir para resolver con menos traumas, las políticas de acuerdos, las alianzas o los simples acuerdos electorales? DOS. El problema de las definiciones, adquiere fundamental trascendencia habida cuenta, que la conquista del gobierno y lucha contra la impunidad fueron presentadas en los debates ntre distintas concepciones, como aspectos excluyentes, sobre este aspecto, los debates del Congreso Alfredo Zitarrosa, son una muestra. Y sobre todo, porque el cumplimiento de la sentencia de la Corte IDH, obliga a la izquierda, a asumir un rol no querido por sectores mayoritarios del Frente Amplio. No es un hecho a no tener en cuenta en este aspecto, las manifestaciones de importantes figuras del primer gobierno de la izquierda qu aseguraban “que ningun militar iba a ir preso”. El segundo aspecto que se refiere al perfil histórico que adquirió esa supuesta contradicción entre ganar el gobierno y afectar intereses poderosos alineados en las distintas variantes de las políticas de impunidad que transitó el Uruguay, se demostró como parte de una política que no supo incorporar la totalidad de los elementos del escenario político, para adecuar sus comportamientos políticos en torno a él. Y finalmente, la posibilidad de desarrollar una política de acumulación que sin duda fue eficaz, es nada se vio menguada o disminuida por los acuerdos electorales que el PVP habían establecido. Es más, hasta podría afirmarse sin temeridad, que sin esos acuerdos que en estos temas generaban y generan dudas y dificultades, la eficacia del resultado final tendría otros acentos y dimensiones. TRES. Un partido que se precie como tal, tiene la obligación de hacer que sus militantes no vivan la política en términos tales que ella implique una aversión a las alianzas, a la construcción de programas a corto, mediano o largo plazo, en el que puedan confluir otros. En unas reflexiones autocríticas sobre nuestra actividad en los años 70, Hugo marcaba la dificultad para un partido como lo es el PVP, el no estar “lo suficientemente activos para tender lazos de unidad con gente que estaba en posiciones muy parecidas a las nuestras”, y el no tomar “la iniciativa para gestar procesos de unidad”, cuando “había condiciones para gestar niveles de unidad”. Sin duda, que el largo proceso de acumulación que implico el ir avanzando en un terreno cargado de dificultades y visiones políticas, muchas veces muy enfrentadas. Hizo imprescindible tener en cuenta esas visiones en torno a los procesos de acumulación vinculados estrechamente con la gestación de procesos dinámicos de unidad de acción. Hugo perteneció a una organización política con una historia que sin duda, nos marcara para siempre. Sin embargo, no fue ni es el PVP, el partido de los desaparecidos. Al respecto, Hugo tenía claro cual era nuestro atributo, nuestro acervo. El pasado, la historia de su organización política, no se originaba en una victoria, “sino algo muy parecido a una victoria; que era una derrota. Una derrota en términos extremos, cuando aspiraste a todo, hiciste un análisis del conjunto de la situación nacional y regional, organizaste un partido y le diste una línea de acción, y te derrotaron, te mataron a los principales dirigentes, a buena parte de los cuadros”. Para Hugo, esa historia trágica y dolorosa dejo un saldo. Citando a Hobsbawm Hugo decía “que muy a menudo las visiones de los derrotados se aproximan más al análisis verdadero del curso de los hechos que el análisis de los vencedores. Porque los vencedores tienden a minimizar sus errores; en cambio los derrotados sienten la necesidad de sacarle el mayor partido en materia de enseñanzas a sus errores”. Esta comunidad política, como solía denominar al PVP, que tenía un mismo programa y una misma línea de acción táctica, debía ser también “una comunidad afectiva nacida del sentimiento de injusticia que significó el asesinato casi masivo de los compañeros”. Que así sea.

UN BALANCE PROVISORIO.

Derechos Humanos:UN BALANCE PROVISORIO. Publicado en Trabajo y Utopia de diciembre de 2011. La sentencia de la Corte IDH en el caso Gelman Vs Uruguay, determinó en febrero de este año, que se debían eliminar los obstáculos interpuestos por la ley de caducidad, que impedían la investigación y sanción de graves violaciones de derechos humanos. A partir de ello, el Estado debió entender y actuar en consecuencia para que los resultados o efectos de la aplicación de la ley de caducidad fueran nulos, y carecieran de efectos jurídicos. A la luz de los comportamientos políticos e institucionales ocurridos hasta la reciente aprobación de la ley 18.831 del 27 de octubre de 2011, eso pareció que costara ser valorado en su justo término por gran parte del sistema político. Dicho de otro modo, no todos los órganos del Estado uruguayo tuvieron una actitud activa y diligente para acatar y aplicar esa inapelable y obligatoria sentencia. A pesar de que puede ser de recibo el argumento de que la contundencia y claridad de la sentencia de la Corte IDH, hacia innecesario que el parlamento determinara que la ley de caducidad era nula o carecía de efectos jurídicos, porque eso ya lo determinada la Corte Interamericana, en realidad la omisión de actuar del Poder Legislativo, respondía a otras razones. Falta de voluntad política para recorrer un camino que replanteara el debate en los términos que hicieron abortar la iniciativa de la ley interpretativa. Sin entender que todos los debates y dilemas sobre nuestro pasado reciente, estuvieron pautados entre las disyuntivas entre impunidad o justicia. La discusión del proyecto de ley interpretativa, que sin duda de haber sido aprobada, nos hubiera dejado en mejores condiciones jurídicas y políticas para cumplir con las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, instalo a partir de su fracaso, un escenario que pese a algunos contados esfuerzos desde dentro de la fuerza de gobierno, contaba con no pocas dificultades para ser revertido. Hubo quienes congelaron ese escenario y definieron no hacer nada; quienes no creyeron en la posibilidad de revertirlo y se paralizaron en el desanimo, y muy pocos que no se resignaron. La sociedad civil, organizada tras una iniciativa del PIT/CNT, opero sobre ese escenario negativo y desfavorable, intentando y por momentos lográndolo, instalar otros ejes del debate. Es decir ubicar la disyuntiva sobre la voluntad política para cumplir la sentencia de la Corte IDH y lo que debían hacer TODOS para ello Desde esa predica, le recordó al sistema político y a las instituciones del Estado, que lo que sí había ordenado hacer la Corte a todo el Estado era que se debía asegurar que los efectos originados por la aplicación ilegítima de la ley de caducidad, no podía seguir representando un obstáculo para la investigación de los hechos y el castigo de los responsables (Prescripción, cosa juzgada, irretroactividad de la ley penal, etc.). Esta situación instalada formalmente en Uruguay, a partir de febrero, no debió sorprender al Estado y al sistema político. La Corte Interamericana ya había sentado jurisprudencia en otros casos similares ( Perú, Chile y Brasil). Y en uno de ellos, (el caso Barrios Altos), el gobierno de Fujimori en un intento de no aplicar lo ordenado por la Corte IDH, solicito ante la Corte Interamericana una interpretación de la misma y esta le respondió que "La promulgación de una ley manifiestamente contraria a las obligaciones asumidas por un Estado parte en la Convención constituye una violación de ésta y genera responsabilidad internacional del Estado”. En consecuencia, la Corte consideraba que, dada la naturaleza de la violación constituida por las leyes de amnistía dictadas por el Perú, “lo resuelto en la sentencia de fondo en el caso Barrios Altos tiene efectos generales." De lo expresado, debería haber sido entendido, como que contrariamente a las posibilidades que tiene la máxima autoridad de Justicia del Uruguay (SCJ), de determinar que en un caso concreto que la ley es inconstitucional y por lo tanto carece de efectos jurídicos, la Corte Interamericana si puede determinar su carencia de efectos jurídicos en términos generales. Por lo cual debío entenderse que la Sentencia de la Corte IDH, tenía efectos generales. En conclusión, a partir de la notificación al Estado uruguayo de la citada sentencia, los artículos 1, 2, 3 y 4 de la ley de caducidad, carecían de efectos jurídicos y era nula . Y por su lado, también la SC de J de Uruguay había llegado a la misma conclusión, aunque no pudo hacerlo con efectos generales, sino en cada caso en particular ( lo hizo ya en más de una veintena de casos). Ubicadas en torno a la acción del Poder Judicial, la posibilidad de que existan diversas interpretaciones de las obligaciones internacionales del Uruguay, era importante la existencia de una norma que contribuyera con eficacia a homogenizar esos comportamientos a la hora de cumplir con los deberes que en forma perentoria debía encarar y resolver el país. Eran cada vez más evidentes las dificultades y demoras existentes a todos los niveles, en disponer las medidas necesarias para dar cumplimiento a la Sentencia. El Ejecutivo no definía la forma de dejar sin efecto las resoluciones administrativas que en el pasado comprendieron denuncias en la ley de caducidad. No se habían realizado las comunicaciones formales a todos los poderes del Estado y por lo tanto ni los parlamentarios, ni los jueces, ni los fiscales tenían conocimiento de la misma y actuaban en consecuencia a lo que ella obligaba. La fuerza de gobierno, luego de la experiencia del fracaso de la ley interpretativa omitía realizar cualquier iniciativa a nivel parlamentario, si no se contaba con el aval previo del Presidente de la República. Las declaraciones desde el Poder Ejecutivo no alentaban un encare serio y eficaz con relación al cumplimiento de la Sentencia. Y por último se producían pronunciamientos de tribunales que ponían en cuestionamiento qué posición se asumiría a partir del vencimiento de los plazos de prescripción de los homicidas especialmente agravados. En ese escenario se transformó en un aspecto de fundamental importancia, el agrupamiento de organizaciones sociales expresando un posicionamiento unificado de la sociedad civil . La elaboración de un borrador de proyecto de ley , sustentado en ese agrupamiento, se constituyo en un Programa de acción que fue acumulando fuerzas y produciendo efectos a todos los niveles. El dar la batalla para lograr el objetivo de esta etapa - cumplimiento cabal de la sentencia de la CIDH, como parte de la lucha contra la impunidad-, implicaba modificar una correlación de fuerzas dentro de la propia fuerza de gobierno, A los esfuerzos que sin duda desarrollaban sectores hasta ese momento minoritarios dentro de la fuerza de gobierno, se sumo la acción de la sociedad civil que fue dotándose de dos elementos importantes y decisivos: un programa que se expresaba en el proyecto de ley, y un núcleo de fuerzas sociales atrás de él, que se acrecentaron a partir de posicionamientos de actores políticos, institucionales, de medios de prensa, de operadores del sistema judicial, de opinión pública. Pero el resultado final, con los apresuramientos de último momento se jugó en la cancha política (FA) y en lo institucional (gobierno). Si bien es cierto que la eficacia de una lucha como esta, necesariamente implicaba tener en cuenta todos los escenarios y tratar de incidir en ellos, también es cierto que esa interacción tiene sus límites. Algunos de las propios de las características de los actores (fuerzas sociales unas y fuerzas políticos otros); y otros de las barreras y limitaciones que se imponen por acción u omisión . Si bien es cierto - que la forma en que se entabló el reracionamiento entre la sociedad civil y las distintas fuerzas políticas, evito que los debates y las discusiones previas al debate parlamentario, se escaparan de los objetivos de las mismas: es decir el cumplimiento de la sentencia y lo que se debería hacer para cumplirla-, también es cierto que la forma y el contenido que finalmente oriento la aprobación de la ley 18. 831, constituyo en ese sentido un claro retroceso. Evaluar como el Programa inicial por el que se salió a luchar se materializó, hace necesario incorporar los condicionamientos estrictamente políticos y los condicionamientos estrictamente jurídicos. Dicho de otra forma, como las definiciones del sistema político, se transforman en herramientas efectivas y eficaces para erradicar la impunidad. Ese es el resultado que esperábamos y que no admitiría dudas si se hubiera aprobado una ley que pusiera en acento en el cumplimiento de la sentencia de la Corte IDH. Estamos convencidos que un conjunto de acciones contribuyeron a que el rumbo que finalmente tomó el cumplimiento de la Sentencia de la CIDH, no fuera una simple declaración del parlamento. Si bien es cierto que no hay formulas mágicas, los resultados y la eficacia del camino finalmente elegido, harán necesarios nuevos esfuerzos a todos los niveles. Lo interesante de batallas como esta, es no solo contar con las fuerzas de uno, sino saber recoger y potenciar aquellas que existen en el escenario político, social y académico. Los debates que se debieron dar, obligo a algunos niveles del sistema político y gubernamental, a incorporar el discurso de los derechos humanos y las normas del derecho internacional y so es muy importante. Eso no es poca cosa, en comparación de la situación en que se vivías anteriormente. Por esa razón, a esta altura de los acontecimientos en la que aun no sabemos la eficacia de esta iniciativa legislativa transformada en ley, debemos estar convencidos que no sería el mismo si no hubiéramos estado y actuado. Habida cuenta de las incomprensiones y timoratos conductas de nuestro sistema político, no es poca cosa haber contribuido sustancialmente a estar en la situación en que estamos.