miércoles, 29 de marzo de 2006

EL ASESINATO DE NIBIA SABALSAGARAY: Las flores que no llegaron.

Publicado en Trabajo & Utopia Nº 56

El tristemente celebre Órgano Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA), que fue uno de los instrumentos mediante el cual la dictadura civil y militar uruguaya practicó el terrorismo de estado, aparece nuevamente implicada en el secuestro, tortura y muerte de Nibia Sabalsagaray, en junio de 1974.
A partir de que el nuevo gobierno no ha operado como lo venían haciendo todos los gobiernos que precedieron a la dictadura, no se han puesto trabas a la actuación de la justicia y ella empieza a arrogar luz sobre algunos hechos del pasado.
Efectivamente, el Juez Penal de 10° Turno, Rolando Vomero y la Fiscal Mirtha Guianze, tomaron declaración días pasado al Coronel (R) José N. Chialanza quien, estuvo al mando del Batallón de Ingenieros N° 5, donde Sabalsagaray fue torturada hasta su muerte.
Según las declaraciones del citado militar retirado, esa unidad militar, ubicado en Camino Casavalle 4600 en la localidad de Peñarol, sirvió como base de operaciones de la OCOA y en una de ellas, se produjo el secuestro de Nibia Sabalsagaray. Ese destacamento militar ya se había destacado durante la huelga general contra el golpe de estado, por la represión desatada contra los trabajadores de esa zona, y especialmente con los trabajadores ferroviarios en lo que resulto asesinado el sindicalista Gilberto Coghlan.
Durante muchos años, los militares mediante múltiples recursos, entre los que estuvieron las amenazas de desacato que motivaron la aprobación de la ley de caducidad, evitaron comparecer ante la justicia penal. Esta vez, el Coronel Chialanza pretendió testificar por escrito sin comparecer ante la sede judicial, lo que no le fue permitido por la Fiscal Guianze.
Nibia Sabalsagaray, tenía 24 años cuando en la madrugada del 29 de junio de 1974, cuando fue secuestrada del Hogar de Hijos de Obreros de Campomar por un comando integrado por tres uniformados y otras dos "personas de particular" bajo el mando del entonces Capitán Mario Roberto Segnini Sena. Militaba en el Centro de Estudiantes del Instituto de Profesores Artigas (CEIPA), y en la Unión de Juventudes Comunistas.
La posibilidad de que ese hecho criminal sea objeto de la actuación de la justicia, por supuesto que no es aún consecuencia de que nuestro ordenamiento legal se haya librado de ese engendro antijurídico llamada ley de caducidad. La participación en el operativo ilegal de dos personas de particular que podrían ser civiles de grupos paramilitares, es lo que permitió que esa denuncia fuera excluida por el Poder Ejecutivo del amparo en la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado.
Un médico militar, el Dr. José A. Mauttone, certificó que Sabalsagaray murió por "suicidio". Sin embargo, las marcas existentes en el cuello de Nibia no coinciden con las señas propias de un ahorcamiento voluntario. Murió a consecuencia de las torturas a las que fue sometida, más precisamente a la aplicación del llamado "submarino seco".
Aún no se había generalizado el recurso que posteriormente practicaría la dictadura para esconder sus crímenes, consistente en decir que se había fugado o que nunca había sido detenida y hacerla desaparecer. Entregaron el cuerpo sin vida a su familia con la prohibición expresa de abrir el féretro.
Desobedeciendo la prohibición, Marcos Carámbula, por entonces un avanzado estudiante de medicina, Francisco Laurenzo y Antonia Yañez, abrieron el cajón y constataron que el cadáver presentaba "múltiples hematomas" en sus miembros. Estas y otras observaciones sobre las marcas en el cuello, consultadas con el catedrático de la Facultad de Medicina, descartaron la posibilidad del suicidio dictaminado por el médico militar.
El poco creíble certificado del Dr. Mauttone sirvió para que la Justicia Militar archivara de inmediato el caso. La muerte de Nibia se sumó así, a las muchas que quedaron impunes.
La demanda que nuevamente han planteado sus familiares, continuara con la citación a otros conocidos torturadores: Miguel Ángel Dalmao Alvez, al “turco” Ohannessian y a Segnini Sena.
Nibia Sabalsagaray además de ser estudiante del Instituto de Profesores Artigas (IPA), ejercía la docencia en la enseñanza secundaria y tenía previsto contraer matrimonio cuatro meses después de resultar secuestrada.
Eran tiempos en los que nuestro país era gobernado por el dictador Juan María Bordaberry, acompañado como Ministro de Defensa Nacional por Walter Ravena y como Jefe del Ejército el Teniente General Julio César Vadora.
El advenimiento de la vida democrática en el Uruguay, permitió que el médico militar José Mauttone fuera sancionado en 1989 por la Comisión Nacional de Ética Médica y fuera expulsado del Sindicato Médico del Uruguay por autopsias que realizó a otros dos detenidos, también asesinados: Hugo De Los Santos y Alvaro Balbi.
Cuando un año después del asesinato de Nibia, se cumplía el primer aniversario de su muerte, al liceo donde ella dictaba clases de literatura sus compañeros deciden enviar a allí decenas de ramos de flores rojas con la leyenda “Para Nibia”. La Directora del liceo, denuncia el hecho a las fuerzas conjuntas quienes ocupan el liceo para llevarse detenidos a los empleados de las florerías que seguían llegando.

jueves, 2 de marzo de 2006

FERNANDO MIRANDA

Publicado en Trabajo & Utopía Nº 56

Como se recordara el pasado 2 de diciembre fue encontrado a 20 metros de la cancha de fútbol del Batallón de Infantería Nº 13 los restos completos de un desaparecido. Ese hallazgo, y una pieza ósea que se presume pertenecería a una mujer, encontrado en otro lugar del mismo predio militar puso en tela de juicio las poco creíbles conclusiones que había incluido en su informe final la Comisión para la Paz.
Según el informe final de la citada Comisión no existían restos en el Batallón de la Avenida Instrucciones.
El informe que últimamente había brindado el Ejército al Presidente Vázquez, reconocía que originariamente habían sido allí enterrados algunos desaparecidos y que luego habían sido exhumados y vueltos a enterrar en otra unidad, antes de haber sido incinerados y sus cenizas arrojadas en la zona.
La aparición de esos restos, en principio pusieron en tela de juicio una parte de la última versión oficial del ejército: aquellos desaparecidos que allí habían sido enterrados, no habían sido exhumados y llevados al batallón 14 de Toledo y menos aún, habían sido incinerados.
El Ejército en su informe del 8 de agosto del 2005, había consignado que en el Batallón 13 sólo fueron inhumados los desaparecidos Eduardo Bleier, Juan Manuel Brieba, Carlos Pablo Arévalo, Otermín Montes de Oca, Oscar José Baliñas y Osear Tassino, y se dudaba sobre el destino dado a Luis Eduardo González González.
Sin embargo, los exámenes de ADN practicados al esqueleto hallado el 2 de diciembre indicaron que no se correspondía con los de aquellas personas que según le ejército habían sido inhumados en la citada unidad. Se producía así un descrédito total a la información brindada por el Ejército.
La identidad del cuerpo masculino, de raza blanca y 1,70 metros de altura hallado bajo al bosque de sauces al norte de la cancha de fútbol, se constituyo a fines del año pasado en un misterio que se sumo a las angustias y expectativas de los familiares.
A pesar de que desde 1984 testimonios como el del ex soldado Ariel López Silva, señalaban que en el Batallón 13 habían realizado enterramientos en los años de la dictadura, eso no fue tenido en cuenta por la Comisión para la Paz. El informe final de la Comisión para la Paz, indicaba que todos los enterramientos de los detenidos en el centro de torturas "300 Carlos" fueron inhumados en el Batallón 14.
Ninguno de los dos informes preveía la aparición de un cuerpo en el Batallón 13. Ambos daban como cierta la existencia de una "Operación Zanahoria" en la que los cuerpos fueron exhumados, incinerados y esparcidos en el Río de la Plata, según la Comisión para la Paz y en las inmediaciones del Batallón 14, según el informe del Ejército.
Ninguno de los informes manejaba la eventualidad de que en el Batallón 13 se encontraran restos de Fernando Miranda Pérez, detenido el 30 de noviembre de 1975 y asesinado el 2 de diciembre, como finalmente resultó.
Con relación a la pieza ósea que se presume pertenecía a una mujer, los dos informes también sostenían que tanto Elena Quinteros, María Claudia García de Gelman y Amelia Sanjurgo Casal, fueron enterradas en el Batallón 14. Sin embargo, la falta aún de resultados de los exámenes de ADN lo que dejo planteada una nueva incertidumbre.
La inhumación de una pieza ósea de una mujer, detrás de uno de los arcos de la cancha de fútbol del Batallón 13 de infantería, coincide también con la información brindada hace más de 20 años atrás por el ex soldado López Silva.
Lo cierto es que sobre la existencia de restos de desaparecidos en cementerios clandestinos de unidades militares han existido dos fuentes. Aquellas aportadas a la Comisión para la Paz y al Ejército, y aquella otra aportada en los juzgados penales por personas como López Silva y otros ex militares interesados en echar verdad sobre esa situación. A la luz de los resultados una vez más queda claro que la información aportada por las fuerzas armadas, sólo buscó ubicarse de la mejor manera para seguir ocultando sus crímenes.
Más allá de eso, a Ubagesner Chávez, encontrado en una chacra de Pando donde lo enterraron las fuerzas armadas, lo sigue hoy la aparición de los restos de Fernando Miranda, un Escribano, profesor titular de Derecho Civil de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, integrante del Partido Comunista secuestrado el 30 de noviembre de 1975. Casado, de 56 años y con dos hijos, falleció de un golpe entre el 1 y el 2 de diciembre en el centro clandestino de detención "300 Carlos", durante un feroz interrogatorio bajo torturas.