viernes, 3 de junio de 2005

A 32 AÑOS DEL GOLPE DE ESTADO EN EL URUGUAY

A 32 AÑOS DEL GOLPE DE ESTADO. Verdad, justicia, memoria y nunca más.

Diversas organizaciones de derechos humanos, junto al PIT/C NT organizaron en torno al nuevo aniversario del 27 de junio, diversas actividades. En ese marco se realizó el 23 de junio una conferencia de prensa; y los días 25, 26 y 27 una exposición fotográfica en la explanada de la Universidad.
Dichas actividades tuvieron su cierre el mismo 27 de junio con un acto en el Paraninfo de la Universidad seguido de una actividad artística en la explanada de dicho centro de estudios.
DECLARACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES DE PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS
En noviembre de 2002 se reabrió el procedimiento judicial con la investigación de los asesinatos en Buenos Aires en mayo de 1976 de los legisladores uruguayos Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz , así como también de los militantes contra la dictadura William Whitelaw y Rosario Barredo Hoy queda probado que estos asesinatos tuvieron como coautores (autores mediatos o intelectuales) a la cúpula de la Dictadura cívico militar Juan María Bordaberry y su canciller Juan Carlos Blanco , y se llevaron a cabo en aplicación y en el marco del criminal Plan Cóndor.
La causa judicial la lleva adelante el Juez Roberto Timbal y la investigación se encuentra tan avanzada que la Fiscal del caso la Dra. Mirtha Guianze pidió el inmediato procesamiento con prisión de Bordaberry y Blanco. Las pruebas diligenciadas - declaración de testigos, agregación de documentos desclasificados del departamento de Estado de EEUU, del Archivo del Terror descubierto en Paraguay, actas de las actividades y Coordinación del Plan Cóndor, expedientes judiciales y de Migraciones de Argentina etc, - confirman una verdad irrefutable de la participación y la responsabilidad de los dos acusados.
Juan María Bordaberry también enfrenta otro procedimiento penal por Atentado a la Constitución, - o sea por el golpe de Estado de 1973 -, así como por coautoría de cientos de homicidios y decenas de desapariciones forzadas, denuncia promovida ante la Suprema Corte de Justicia en 2002. y donde puede llegar a ser condenado a 30 años de prisión.
Todos estos crímenes son delitos de lesa humanidad, imprescriptibles e irrenunciable su juzgamiento por parte del Estado, de acuerdo al derecho internacional ratificado por Uruguay.
Justicia es lo contrario a impunidad. Hoy el Estado uruguayo, la Institución justicia debe decidir si recorre el camino de la dignidad humana, o el otro, el de la impunidad de los poderosos. Debe elegir entre el camino de la libertad o el del despotismo.
Las Organizaciones que defienden los derechos humanos hacemos un llamado a todos los protagonistas del derecho internacional de los derechos humanos para que junto a nosotros estén alertas, presentes y actuantes en la custodia de la dignidad y la felicidad de la familia humana. u
AMNISTÍA INTERNACIONAL-SECCIÓN URUGUAY; FAMILIARES DE ASESINADOS POR MOTlVOS POLITICOS; CRISOL; INSTITUTO DE ESTUDIOS LEGALES DEL URUGUAY (IELSUR); INSTITUTO SOLIDARIDAD Y DE SARROLLOI (ISODE); MADRFS Y FAMILIARES DE DESAPARECIDOS (FEDEFAM) PIT/CNT; SERSOC; SERPAJ.
EL ASESINATO DE MARÍA CLAUDIA GARCÍA DE GELMAN
Días pasa el diario La República publico una investigación de Roger Rodríguez sobre el policía Ricardo concejo Medina asesino de Maria Claudia. Según la misma Medina mató a María Claudia en la Base Valparaíso y entregó a la hija de la víctima a una familia de policías. Medina fue Granadero, agente del SID), represor en Orletti, falso subversivo, empresario en seguridad, asesor político, conserje de un hotel, falsificador de dólares, jefe de chacras de la Jefarura de Policía de San José, dueño de locales nocturnos, extorsionista y hasta panadero Ante la justicia penal se encuentra radicado un pedido para reabrir el caso y la suerte que dicha solicitud tenga, dependerá de la decisión del presidente Tabaré Vázquez de permitir la reapertura de la investigación, ya que así lo determina la ley de caducidad.
Má allá de los efectos judiciales que la reapertura: del caso tendrá sobre ese y otros connotados represores de la dictadura, la investigación periodística pone al desnudo las diversas complicidades que el asesino de María Claudia y sus cómplices recibieron de los gobiernos de Luis Lacalle, Julio María Sanguinetti y el propio Jorge Batlle.
La: resolución del gobierno de Tabaré Vázquez, que ya había sido anunciado el 1º de marzo permitirá continuar una indagatoria, en la que con seguridad aparecerán pruebas que involucrarán tambien a los militares retirados Ricardo Arab, José .Gavazzo, Manuel Cordero, Juan Antonio Rodríguez Buratti, Gilberto Vázquez, Tabaré León Pérez. Ernesto Rama y Jorge, Silveira, la flor y nata» de los terroristas de Estado.