lunes, 1 de septiembre de 2003

CHILE: EL 11 DE SETIEMBRE DE 1973.

CHILE: EL 11 DE SETIEMBRE DE 1973.
Ese día cayeron sobre el Palacio de la Moneda las bombas de las Fuerzas Armadas de Pinochet.
También fueron intervenidas las estaciones de radio, televisión y los sindicatos fueron ocupados militarmente. El Estadio de Santiago de pobló de presos políticos. Se repitieron con mayor o menor violencia, lo que había ocurrido en Uruguay unos meses antes e iba a ocurrir unos años después en Argentina. Después, los asesinatos, las desapariciones, la resistencia, la transición y el largo esfuerzo que hasta hoy se extiende para derrotar la impunidad.
En esta fecha, treinta años atrás el general Augusto Pinochet, contando con la complicidad de los Estados Unidos ahogó en sangre la democracia constitucional del Presidente Salvador Allende.
Allende al frente de la Unión Po pular, había triunfado en las elecciones generales del 4 de septiembre de 1970, logrando una mayoría relativa de votos (36.3 %), frente al derechista Partido Nacional (34.9%) y a la Democracia Cristiana (27.8%). También había derrotado, y no era poco, a los millones de dólares con los que la CIA intentó influir en el proceso electoral.
PLAN CONTINENTAL DEL TERROR
Chile se sumaba, el 11 de setiembre al plan continental del terror, conocido como el Plan Cóndor, que acabaría con la democracia y los intentos de liberación nacional y social del pueblo chileno.
Augusto Pinochet Ugarte había sido designado poco tiempo antes Comandante en Jefe del Ejército. Seguramente Allende no se imaginó a quien ponía al frente de la institución que detenta el poder de las armas. Tampoco que esa institución del Estado se transformaría en una pandilla de asesinos y desaparecedores. Tampoco seguramente calibró y si lo hizo, pudo evitar, el anudamiento de intereses de la oligarquía con sectores de la clase media y la pequeña burguesía aliados para ahogar en sangre la vía chilena. Ni el papel cumplido por determinados medios de prensa, como FI Mercurio, azuzando implacablemente en contra del gobierno popular, en una guerra santa contra el “comunismo”.
A poco de ganar Allende las elecciones, la oligarquía chilena acordó con los Estados Unidos, representados por un selecto grupo de la política estadounidense (Richard Helms, Director de la CIA, John Mitchell, Fiscal General de la nación y Donald Kendall), la intervención estadounidense. Con este mismo grupo, antes de las elecciones intentaron evitar que Allende llegase a la presidencia y con ese fin lograron el concurso del presidente Richard Nixon y su Asistente de Seguridad Nacional, Henry Kissinger.
Desde el 15 de septiembre de 1970, la sentencia de muerte de Allende ha bía sido decretada por Nixon que instruyó a la CIA de que un gobierno Allende era “inaceptable” para Estados Unidos y que tomara “un papel directo” en la organización del golpe militar.
Esta operación realizada bajo la supervisión de Kissinger para hacer “todo lo que está dentro de su poder para condenar a Chile y los chilenos a las privaciones y la pobreza más extrema, dentro de una política diseñada para largo tiempo”. Durante tres años se desarrolló esa operación de terrorismo internacional estadounidense. Finalmente se cumplió el sueño de destruir la democracia de la Unidad Popular chilena.
Se conoce a partir de documentos desclasificados, que EE.UU no quiso esperar los tres años que finalmente debió esperar. Que había ordenado a la CIA la concertación del golpe de Estado, antes del 11 de setiembre, pero que la CIA les había resp ondido que “la acción militar era imposible”, debido a la “inercia apolítica y constitucionalista de los militares chilenos”.
Sin embargo finalmente la destrucción de la economía, la acción de bandas terroristas paramilitares, la organización de una guerra psicológica a través de los medios de comunicación junto al fortalecimiento de las fracciones golpistas dentro de las Fuerzas Armadas, crearon las condiciones objetivas para la consumación del golpe.

PARA QUE EL “NUNCA MÁS” SEA REALIDAD
La idea de que el pueblo puede tomar las riendas de su propio destino, es una idea que no es admisible para los que se creen los dueños del mundo y actúan como su policía.
Los pueblos que cometen el “crimen” de querer hacer realidad el sueño de un proyecto histórico de democracia popular y soberanía nacional generan la sentencia de muerte de parte del Estado imperial, que Chomsky denominó como el “Estado gangsteril”.
Hace poco, nosotros recordamos los 30 años de nuestro “11 de setiembre” y repetimos muchas veces el “nunca más”. Pero no alcanza con decir nunca más, hay que trabajar para que el nunca más, sea realidad Sin ingenuidades, ni tremendismos Pero sí con firmeza.
La lucha contra la impunidad y todo lo que ello implica de resguardo democrático y de fortalecimiento de poder ciudadano, es quizás una de las formas más efectivas de materializar el NUNCA MÁS.

domingo, 27 de julio de 2003

Reportaje en CX 36 sobre el golpe de Estado

A 30 años del Golpe de Estado, dialogamos con los dirigentes del PVP (Partido por la Victoria del Pueblo) Pablo Anzalone, Hugo Cores y Raúl Olivera. “recuerdo una frase que dijo allí Duarte, la clase obrera no es furgón de cola de nadie, marcaba eso un momento donde habían expectativas de alguna manera yendo atrás de lo que pensaban algunos militares o decían se podía avanzar en un proceso”
Angeles: Vamos a hablar de la ROE de aquella época, empezar primero con una noticia, con un recuerdo...
Anzalone: Queremos comunicarle a la audiencia el fallecimiento en la tarde de ayer de nuestro compañero Dagoberto Angre de León, militante de AEBU estaba en la comisión representativa del BHU compañero de muchos años de militancia que habría que remontarse a la década del 60 para situarse en la época en que Dagoberto "El Mono" Angle comenzó a militar en el plano sindical y político, fue militante de la ROE, de la OPR, participó en las actividades de creación del PVP, estuvo muchos años preso, posteriormente vivió en algunos años en España y cuando vivió se reintegro a su puesto de militancia política como de accionar sindical.En la tarde del martes se hallaba en una reunión en AEBU cuando sufrió un quebranto muy serio de salud, fue internado y en muy pocas horas, en la tarde de ayer falleció.Hoy a las 10 de la mañana de Ejido, de Martinelli sale el cortejo para su entierro.
Angeles: Un saludo a todos los compañeros por esto, vamos a empezar con la mesa, como hemos hecho estos días, cómo ven todo lo que está diciendo acerca de los 30 años en los medios, qué opinión tienen...
Cores: Creo que hay una parte de esta efervescencia histórica que es saludable, durante mucho tiempo quienes tenían elementos para hablar no lo hicieron, no avanzaron lo que se podría haber avanzado para brindarle a la gente uruguaya, a las nuevas generaciones, a la gente que se había terminado de educar durante el período de la dictadura una relación de hechos que permitiera tener una mayor consciencia de lo que significaron esos años.Tiene mucho que ver esto el taller de Género y Memoria, la publicación de los libros Memoria para Armar y que mostraban una arista de la vida cotidiana en la dictadura que también es historia y que muchas veces tiene más fuerza como relato histórico que las obras académicas que muchas veces funcionaron.Hay un acuerdo nacional de llevar el Acuerdo del Club Naval al pasado, después hacer un empate como que en uruguay no había habido desapariciones, penal de Libertad, 50.00 presos en el período previo e inmediato a la dictadura, todo eso empezó a aflorar y es importante.A menudo en reuniones en comités de base en estos días mucho de nosotros hemos participado, buenas discusiones y fermentales, a menudo la memoria particular de los protagonistas tiende a hacer desaparecer a los hechos, sustituir el valor insoslayable de los documentos, uno puede tener la impresión de que su partido hizo algo, hizo o no hizo algo, pero no puede referirse a las nuevas generaciones ocultando lo que en un momento hizo uno y después es manifiestamente un error.La memoria es débil y los papeles están ahí, en los archivos de los diarios, de las organizaciones sindicales, a veces en archivos personales de cronistas.El relato personal, la evocasión de un valor importante no sustituye a los hechos.
Angeles: Lo decís como dirigente político y como profesor de historia.Pablo, vos que ves de todo esto....
Anzalone: Atrás de esta discusión, de este interés de muchos sectores y de generaciones distintas hay una valoración que ha estado muy discutida en todo este período y es qué tanto el pasado en cuanto a la imposición de determinado proyecto de país en Uruguay tiene efectos en el presente, en alguna medida forma parte del presente en otros temas en cuanto a la continuidad, desde las figuras hasta las orientaciones de la derecha y en lo que ha sido una continuidad del movimiento popular uruguayo que no se fracturó, tuvo derrotas importantes pero no es distinto, hay una continuidad histórica y lo que pasó en ese período del 67, 68 hasta el 73 generó efectos muy profundos en la realidad de país que hoy están vigentes y en una alternativa de cambio la gente siente la importancia de que esas cosas hoy no se dejen en el cajón y formen parte de la reflexión y de los desafíos actuales.
Olivera: Participé en algunos seminarios, sobre todo los realizados en la Intendencia y después en Facultades exponiendo y en otros como oyente, la audiencia de gente joven tiene mucho interés en conocer, se podría conformar un sitio web de los 30 años donde todo eso que se ha dicho en este período esté allí para que el que tenga interés en esto lo consulte, lo lea, no se agota con una discusión de un mes.Hay una frase que le atribuyen a Castelli, un revolucionario de la Revolución de Mayo de Argentina que dice que la historia habla a nuestras espaldas,Creo que la historia sigue hablando de nuestras espaldas y hay que ponerla de frente a nuevas generaciones.
Angeles: La televisión los invitó a algunos de ustedes...
Cores: Yo tuve un breve pasaje por TV Libre.
Angeles: En los canales de aire..
Cores: No.
Angeles: Más bien han sido Lacalle y Sanguinetti los que han estado en esas...
Chury: Pero esa es otra historia, medio la espalda.
Angeles: Dónde les tocaba estar en aquella época...
Cores: Yo en ese momento estaba en la clandestinidad, estaba en la militancia de la organización política y desde el 23 de agosto del 72 tuve que salir de las actividades que hacía normalmente, actividad política abierta y sindical.Me veía con Pablo, los dos ya estábamos en la dirección, el impacto emotivo tremendo de aquel silencio en las zonas fabriles y la verificación de que Montevideo bajo la apariencia de ciudad en orden era un hormigueo de gente que iba y venía de las fábricas ocupadas, tuve la impresión de que toda la gente miraba hacia ahí, los contactos a través de Coitiño con representantes de otros partidos, en aquella época y es uno de los errores que hemos dicho que cometimos, nosotros no pertenecíamos al Frente Amplio.Nos presentábamos como una opción revolucionaria, volcados a la acción directa, sindical, al sindicalismo revolucionario y una propuesta estratégica de cambio que no pasaba por la incorporación al FA.Eso nos llevaba al aislamiento, en aquel momento, sobre todo con Carlos que estaba en la legalidad, mantuvimos relaciones con los dirigentes del FA, se articuló una reunión de Duarte con Seregni que fue muy importante porque llevó duarte propuestas para lo que después sería la manifestación del 9 de julio.Estuve en una mesa redonda donde se decía porqué no se convirtió esa huelga en insurreccional, porque FUNSA fue uno de los lugares donde había mejores condiciones, un activo de cientos de compañeros convencidos y bien organizados, con relación en el barrio, Duarte conocía muy bien esa situación y propone no un insurrección porque era un dirigente atinado, revolucionario criterios, él propuso acampar en 18 de Julio.Hacer una especie de venida masiva de gente que estaba en la huelga e instalarse pacíficamente llamando la atención de la opinión pública e inclinarse hacia el lado del pueblo que resistía lo que estaba ocurriendo.La emoción después de aquella campaña feroz que ocurrió entre el miércoles 27 y el lunes inmediato al golpe que fue decisivo, hubo una campaña intensa en radio y televisión para que la gente fuera trabajar y la gente respondió acatando las decisiones sindicales y en ese momento el protagonismo pasó a las fábricas, al obrero, a la organización sindical y a los que desde afuera, desde la FEU, desde los barrios y los comité de base del FA, circulaba una carta de Seregni que llamaba a resistir bajo todas las formas posibles.Seregni muy adaptado a la gravedad de la situación que se vivía.
Anzalone: Había ingresad unos meses antes a trabajar en la salud donde sigo, el golpe nos encontró ocupando y estando armando la huelga, participando en ese momento, a los pocos días, el 3 de julio nos detienen a mi hermano y a mí en la calle, en la Pilsen, vamos presos y recuerdo la anécdota porque nos llevamos en una camioneta que se quedó, la tuvimos que empujar en una noche oscura, fría, llovía, nosotros empujando la camioneta que nos llevaba presos, obviamente con guardias.Llegamos al Cilindro y escuchamos aplausos, nos dijimos estos están locos, nos trajeron a un partido, y claro, los compañeros que estaban presos cada vez que entrábamos nuevos presos aplaudían, pero visto de afuera podría ser un partido, era una imagen rara, siendo que habíamos estado detenidos en el 72 y todos sabíamos lo que era la represión, la tortura sistemática pero en alguna medida es ese aspecto duro del Cilindro y hubo otras características porque fue una represión masiva y más a la gente que estaba movilizándose en ese momento, tuvo esa confusión.
Angeles: Los aplaudían porque por algo los llevaban para el Cilindro, porque resistían.Acá hemos nombrado algunas familias que han puesto mucho en todo esto, Anzalone es una familia que muchos han estado, desde el médico, una familia muy conocida en Lezica, una de las familias que ha puesto mucho en este proceso.Raúl...
Olivera: Yo estaba en la dirección de la Unión Ferroviaria, de la Federación Ferroviaria, el 27 de junio cuando llego a mi lugar de trabajo a medio día, a Estación Central, en ese momento AFE estaba intervenida, Paulós era uno de los directores, y me suspenden por un sumario que había empezado tiempo atrás por declaraciones agraviantes contra las FF.AA. porque había criticado la bulla que hacían los militares cuando inauguraban algún nuevo servicio cuando habían clausurado AFE.Nos habían hecho un reportaje a Silverto Coulan y a mí y a raíz de que consideraban que lo expresado por nosotros era agraviante para las Fuerzas Armadas me suspendieron.Cuando abandono el lugar de trabajo enseguida había una reunión de dirección y se decreta la huelga.Quiero agregar algo importante, el gremio nuestro es un gremio grande, en ese momento alrededor de 12.000 ferroviarios, la huelga en la Federación Ferroviaria fue muy efectiva e importante, lo que significaba para la opinión pública el hecho de que los trenes pasaran tocando pito o no significaba lo mismo que si las fábricas estuvieran andando.Cómo nosotros resolvimos el tema de la huelga, estaba resuelto con anterioridad, era una discusión que no conozco que haya habido tan democrática en un gremio que ocupaba todo el país.Bajo el auspicio del directorio, la mayoría pachequista, quiero agregar al costado, Bordaberry al único gremio y al primer gremio que recibe cuando asume la Presidencia es a la Unión Ferroviaria.Hay una discusión acerca dela recuperación o no del ferrocarril, cuando salimos de esa entrevista el directorio que era pachequista nos pregunta qué nos había dicho el Presidente, les contestamos que eran cosas tan importantes que nosotros queremos decírsela a todo el gremio, razón por la cual con un cochemotor, con personal de la Unión Ferroviaria, recorrimos todo el país para contar lo que Bordaberry nos había dicho, en realidad resolvíamos dos cosas, plantearle a los trabajadores la integración de los ferroviarios a la CNT que eramos un gremio autónomo y por otro lado el apoyo a la huelga general en el caso de un golpe de estado.Por lo tanto la aparición de un golpe de estado de alguna manera nos agarró con una discusión muy democrática en el gremio.A partir de esa suspensión me fueron a buscar a mi casa con el cuento que le hacen a mi esposa en ese momento diciendo que querían arreglar esta huelga, que era injusta, que los militares no querían enfrentarse con los trabajadores, pero en realidad continué un cierto requerimiento aunque no público hasta el 31 de julio donde soy detenido en el local del sindicato.Cuando preparamos el paro del 2 de agosto del 73 había una reunión de la directiva del gremio, y luego de haber zafado 3 veces, 3 operativos distintos en el sindicato y otros lugares, algunas mutualistas donde nos habíamos encontrado con Coitiño, pero a la cuarta no hubo esa posibilidad de zafar y quedamos presos junto con toda la directiva y después muere junto con nosotros a raíz de la tortura a la que fuimos sometidos Gilgerto Coghlan, otro de los integrantes de la dirección de la Unión Ferroviaria.
Angeles: Llamó Alberto que fue trabajador de la TEM, la resistencia de la ROE (Resistencia Obrero Estudiantil) era muy fuerte a nivel sindical y estudiantil...
Cores: La ROE la formamos en el invierno del 68, por julio del 68 después de las medidas de seguridad, cuando nos encontramos con la realidad de los masivos presos políticos sindicales y inicialmente fue un agrupamiento abierto donde militaban compañeros que políticamente tenían otras definiciones, sobre todo referido a la táctica del movimiento de masas y a la táctica sindical pero también la táctica del movimiento estudiantil.Se podría decir que la resistencia obrero estudiantil pretendía atraer dentro del movimiento obrero a posiciones de mayor combatividad frente a lo que eran los desbordes autoritarios de los desbordes de Pacheco.Nos encontrábamos en una etapa estratégica de resistencia frente a un avance de los sectores dominantes que pretendían remodelar la economía, sociedad, cultura y el sistema político en un sentido autoritario, conservador y nos parecía que el movimiento obrero y estudiantil con su extensión, con su profundidad, con su programa, estaba en condiciones de llevar adelante una resistencia más profunda y actuando en medio de los sindicatos como agrupamiento de opinión y propuestas, participábamos dentro de la CNT como minoría, incluso en el primer congreso de la CNT donde fui nombrado como vicepresidente tuvimos sobre 550 alrededor de 155 delegados, aproximadamente la tercera parte del activo militante de la CNT, militantes vinculados a nuestra organización política y otros que tenían afinidad en esa zona, de repente eran pro tupas o participaban con alguna tendencia trotskista o maoista o simplemente sindicalistas combativos que se acercaban porque había una propuesta que era receptiva a la discusión fraterna con gente que estaba en esa línea.
Angeles: Salen TEM, FERROSMALT...
Anzalone: En ese período la táctica predominante en el movimiento sindical produjo que muchos sectores que estaban enfrentando tanto la ofensiva de gobierno como de las patronales que aprovecharon el proceso autoritario para reprimir, despedir, para imponer nuevas reglas de juego, rebajar los salarios y en alguna medida muchos trabajadores y sindicatos se adhirieron a pelear y dentro del movimiento sindical no se sentían en muchos casos suficientemente respaldados lo que genero una lógica de conflictos y de solidaridades que se fueron gestando con otros sindicatos y formas de lucha más fuertes, peleadoras en ese sentido como fue el sindicato de TEM que levó adelante una lucha durísima contra una patronal represiva incluso a partir de una visita del Ministro de Industrias a la fábrica, Sanguinetti.Otra cosa que me parece importante de este período es la idea de que esa unión obrero estudiantil que es un proceso importante en el país que se plasmara en la práctica en el acompañamiento y en el compartir las luchas en ambos sentidos, pero en torno de cada uno de estos conflictos hubo mucha solidaridad y participación de los gremios estudiantiles que se solidarizaban con los trabajadores.
Chury: Este proceso, los 60 son años en donde se gesta esto que va a ocurrir en el 73, arranca en esa imposición de un modelo en Brasil, lo que era la primera dictadura adelantada en nuestra región que fue en el 64...
Cores: Efectivamente, la gran ofensiva de los golpes militares en esta región y particularmente en el Uruguay es una ofensiva contra duras características del estado de bienestar, de la conquista del pueblo trabajador y de las conquistas de las organizaciones sindicales.Hay dos momentos significativos, el 13 de junio en horas de la noche cuando están siendo perseguidos los dirigentes sindicales de la CNT, de todos los gremios, se forma una fila en la puerta de Casa de Gobierno que son los empresarios que van a saludar a Pacheco por meter en vereda a las organizaciones sindicales.El 27 de junio de 1968 los principales voceros del sector empresarial van a saludar el fin del caos y por fin el reinado y termina con la dictadura de los sindicatos.
Angeles: Se acuerdan de algún nombre de aquellos empresarios...
Cores: Federación rural, Cámara de Comercio, es connotado que la Federación Rural desde el 74 hizo una de las más exitosas ferias ganaderas como resultado del "nuevo clima" que entre los estancieros se había creado con el advenimiento de los militares al poder.Es interesante, muestra lo que puede dar la burguesía uruguaya, si los golpes hablaran uno le podría decir a un golpe dime quien te respalda y te diré qué eres.
Angeles: Ahora, en estas mesas de los últimos días han aparecido militares que dijeron que ellos habían aparecido porque los fueron a buscar, hay connotados civiles que salieron a decir no, fueron ellos.Entonces parece que hay una discusión si la dictadura es cívico militar dicen unos, que fueron los militares que dijeron no, aparecen los militares como víctimas que los llevaron los civiles de la nariz, Raúl qué decís de esto, es cívico - militar...
Olivera: Hay que trazar una línea clara sobre todo en la actualidad cuando se habla del golpe de estado, leía en un escrito judicial donde decía Elena Quinteros integrante de una organización subversiva en 1976, quiénes eran subversivos en el 73, creo que el 27 de junio hay un golpe y un cambio de papeles.Lo que en determinado momento era legal dejo de serlo, entonces la discusión de si ellos fueron traídos, si en realidad el estado de guerra lo voto un Parlamento, pero en realidad el 27 de junio se produce un quiebre en donde cambian los papeles y donde la función de organizaciones que en algún momento apuntaban contra el poder anterior empiezan a luchar contra un gobierno que está mal constituido, constituido a partir de un hecho violento que es un golpe, pero hay un elemento de confusión, yo me encontré en los propios cuarteles o sea cuando estaba en el Cuarto de Caballería, me acababan de torturar, me tiraban encima de un papel que era sobre lo que pensaban los militares acerca del ferrocarril.Si uno analiza históricamente en realidad el ferrocarril durante el gobierno militar se extendió mas.Había una parte del discurso que parecía coincidir con lo que pensábamos, cuando llegaba ese aspecto decía esto no tiene nada que ver con un análisis técnico de los problemas del ferrocarril, son opiniones políticas y no lo compartimos porque si esto no tiene el apoyo del pueblo, alguien me decía lo que pasa que el pueblo es como el camaleón, cambia de color según la ocasión.Eso fue casi enseguida de la huelga general.Había un discurso que se mantenía en los cuarteles, cuando te terminaban de dar la picana te decían hoy vinieron varios trabajadores que los habían echado, nosotros fuimos y los volvieron a tomar, entonces había todo un discurso ambiguo que parte de la base de los comunicados 4 y 7, pero lo claro que es el proceso en su conjunto, no hay que verlo en la particularidad de un militar que hizo tal cosa, sin ninguna duda yo creo que el proceso que se inició, tu decías vivimos en la propia Unión Ferroviaria, en los ferrocarriles fue un proceso que avanzó.Cuando llevábamos en ese período de unidad estudiantil a estudiantes para ayudarnos desde el punto de vista de las pegatinas, del trabajo que hasta ese momento los trabajadores no lo asumían, no eran estudiantes cualquiera sino de la UTU que es un sector especial, los ferroviarios en principio rechazaban este aspecto porque no entendían que los estudiantes salieran a tirar piedras hasta que les tocó a los trabajadores ferroviarios en una ocupación en Peñarol que los vinieron a desalojar los milicos del cuartel y hubo un enfrentamiento desde adentro, gente que "criticaba" a los estudiantes, agarraban los burlones de tornillos para tirárselos.Entonces, a partir de ese día entendieron algo, la muestra de ese entendimiento lo dan los propios hechos concretos, Heber Nieto, uno de los estudiantes asesinados de ese período iba a Ferroviarios, colaboraba con nosotros, lo asesinan, hicimos un paro, convocamos para ir al entierro y fueron pocos ferroviarios.Después de la experiencia de los talleres muere Espósito, no lo conocían, nosotros hacemos un paro y convocamos, van casi todos los trabajadores de los talleres ¿porqué?, porque habían entendido, ahora ese es un aspecto interesante en la práctica de lo que se hizo a partir de la asociación de los gremios, era la transmisión de la experiencia que era lo que hacía avanzar en comprender una realidad que ya avanzaba también.En ese terreno nos parece que las respuestas que después se dieron encuentran una explicación en eso.
Angeles: Hay una pregunta de Daniel que dice qué piensan ustedes acerca del asesinato de Trabal, ya que no lo tiene claro...
Cores: Yo creo que cuando se hace la historia reciente y 30 años es ayer, uno se encuentra con estos misterios porque se encuentra con gente que no habló, este país trato de bloquear la información en los archivos oficiales del ejército, la policía, en la medida de lo posible ellos no han soltado ninguna información que el estado posee.A lo mejor alguien, algún día, nos deja una memoria, un escrito donde se explique un poco más lo que pasó con esta figura, tiendo a pensar que este hombre en un momento resulto molesto para quienes dieron el golpe y que después fue asesinado en Francia, la lectura del trabajo de Samuel Blixen me han llevado a esa hipótesis.
Angeles: Porqué fue molesto...
Cores: Porque aparentemente Trabal había empezado a desarrollar cierto pensamiento de transformaciones porque se encontró en la represión al MLN y la guerrilla urbana con la existencia de un foco de corrupción muy importante.
Chury: Se habla de que era el hombre que tenía la mayor cantidad de información de las causas que habían llevado a los hechos...
Cores: El Misterio de Trabal tiene muchas aristas , una que tiene que ver con los ilícitos económicos, otra que tiene que ver con el pensamiento.Yo muchas veces miro las cosas que se escribieron y que se dijeron por parte de grupos de izquierda con respecto a la existencia de corrientes progresistas en el ejército, los comunicados 4 y 7, la única explicación que es que había algo más consistente y que era por vía de Trabal, lo único que explica un giro tan incomprensible de salir a apoyar a los militares que estaban dando leña como locos desde hacía bastante tiempo.
Olivera: Dentro del período cívico militar hay dos asesinatos, el del contador González Guadas y el de Américo Soca que son gente que trabajaba con los militares y que estaban en negocios turbios, en jodas económicas, y cuando los molestaron los liquidaron, agrego otro más reciente, el caso Berríos, hay que verlo en ese espejo también.Lo que decimos la patota, no del punto de vista de un grupito sino del punto de vista que tenía gran poder, hoy cuando leemos las declaraciones que nos entregaron el otro día de Ramela sobre el caso Elena Quinteros, cuando dice que en realidad el tema del asesinato de Elena fue un grupo descontrolado y todo lo demás, no fue así, fue una decisión de los mandos más importantes.Hay que preguntarse qué poder tenía el que hizo en primera instancia el secuestro de Elena de dentro de la embajada y ejecución, para que pusiera en peligro la ruptura de relaciones y una situación internacional que te muestra que había gente que tenía poder y que al igual que eran dueños de la vida de los presos políticos también eran posibles de cometer asesinatos.
Angeles: El papel cívico - militar...
Anzalone: Nosotros pensamos que el golpe viene precedido de un proceso de autoritarismo que arranca del 68 con el gobierno de Pacheco, las medidas de seguridad que pensamos que no estábamos demasiado errados cuando hablábamos de dictadura constitucional, de que eso ya no era una democracia con las libertades vigentes porque eran arrasadas, se gobernaba por decreto, las condiciones de funcionamiento de cierto marco constitucional que había ya no eran democrático.En ese proceso de autoritarismo hubo una responsabilidad civil determinante de los sectores mayoritarios de los partidos Colorados y de sectores del Partido Nacional.Entonces ese proceso también incorpora a los militares en la represión y luego los militares desarrollan un accionar político autónomo en cierto momento pero creo que todos los análisis económicos y los análisis sociales hablan de que hay un proyecto autoritario de transformación del país, de ruptura con el Uruguay Batllista, de generar las condiciones para un retroceso brutal de los trabajadores y de las condiciones de vida de la población que se empezó en el 68 y luego se continuó con la dictadura militar que a su vez desde el comienzo, desde la subsistencia del Presidente de la República y como articulador político y como figura que subsiste en el proceso también incorporó un elemento civil que se expresó en el Consejo de Estado y que en alguna medida refleja lo que decía Hugo, el respaldo y el compromiso que tenía un sector de la derecha empresarial y política con el proceso militar.
Cores: Por lo menos dos figuras encarnan esa adhesión, el sistema político tradicional blancos y colorados, son Martín Etchegoyen y Alejandro Vehg Villegas, los dos concejeros de estado, piezas claves de los respaldos políticos y de los intentos de legitimación de la dictadura y agregaría un elemento que es que junto al elenco que daba cobertura central, o sea presidencia de la República, Ministerio, Consejo de Estado donde son todos civiles, ahí está la plana mayor de la administración, los gerentes, una parte de ellos fueron destituídos, los que tenían una actitud de debilidad, que habían hecho los paros, una parte grande de esa burocracia, mayoritariamente colorada pero también blanca, estuvo a favor de la dictadura y contribuyó a las listas negras, a la distribución de la población en A, B y C, contribuyó a la aplicación de políticas conservadoras en las empresas públicas, ese sector de la burocracia, de los civiles que colaboraron con la dictadura que aparecen también en Institutos de Enseñanza, prolijado por los militares.Toda esa gente forma parte también de un sustento burocrático desde adentro del aparato del estado y da ese rasgo cívico.Inclusive la experiencia, gente que está en una gerencia de un banco oficial o de un Ministerio desde hace mucho tiempo y que entrega a los militares ese saber burocrático que ponen al servicio de sus operativos.
Angeles: Del punto de vista de los militares habían conversaciones, Tehlman Borges decía que se llegaban a organizar marchas en la zona de Maroñas que iban al Cuartel.Fueron conversaciones, por eso, había expectativas con los militares y con lo que pudiera hacer el Partido Nacional que también salía en estas conversaciones, ustedes tuvieron expectativas por los militares, por estas corrientes llamadas progresistas entre los militares y/o por los Blancos del Partido Nacional...
Cores: Con los militares claramente no, nosotros ya teníamos una percepción de qué era lo que impulsaba el grupo encabezado por Balestrino, por Gregorio Alvarez, por Julio César Vadora, por Esteban Cristi, no nos hacíamos ninguna ilusión de que ahí surgiera nada que fuera benéfico para el pueblo, para el país, para las instituciones, para la libertad.
Angeles: Había algún progresista allí...
Cores: No creo, los progresistas fueron radiados del ejército, eran justamente Liber Seregni, Víctor Licandro, y quizás un centenar de compañeros como Montañes y tantos otros de excelente condición moral y cabeza muy clara que fueron constitucionalistas y antimperialistas, fueron radiados del ejército entre el 71 y 72.O sea que ya en el 73 no queda una veta constitucionalista en la que confiar dentro del ejército.
Chury: Y si queda alguna queda en los cuadros medios tocados algunos por cierto romanticismo peruanista y también son liquidados, no de la misma manera que los anteriores, pero los liquidan allí y allí quedan, siguen pero sin tener ningún cargo de relevancia...
Anzalone: Creo que hay una parte de la cúpula militar que aprovecha la información que obtiene sobre lícitos económicos, y aprovecha un discurso en ese sentido para separarse políticamente y constituirse como sector, para distanciarse de los partidos, pero no porque haya habido una convicción progresista porque en esos mismos cuarteles se torturaba salvajemente.
Olivera: En uno de los primeros actos públicos en donde hablé, en FUNSA, hacía poco que había salido Duarte de los cuarteles y hablaba Duarte, un compañero de un sindicato más, Ojeda y yo, recuerdo una frase que dijo allí Duarte, la clase obrera no es furgón de cola de nadie, marcaba eso un momento donde habían expectativas de alguna manera yendo atrás de lo que pensaban algunos militares o decían se podía avanzar en un proceso.Eso marco igual que aquella consigna "esta guerra es contra el pueblo", o sea, en aquel tema de si la oligarquía puebla.Creo que se cometieron algunos errores, nosotros cometimos muchos errores así como algunos aciertos, pero creo que la historia está ahí.Fue muy clara la opinión, en un acto que recuerdo que habíamos hablado antes de empezar el acto tratar de alguna manera de sanear algunas heridas para tratar de juntar nuevamente lo que era la tendencia de aquel momento pero cuando Duarte empezó a hablar hacía poco que había salido de la tortura, me acuerdo mucho de esa frase que sin dudas no ayudó a lo que era el objetivo de ese acto.
Angeles: Gustavo es Argentino, le pregunta a Cores cómo es que según lo que él ha escuchado al General Seregni se lo acusa haber dado palos en las manifestaciones obreras y pasa a ser la figura destacada del Frente Amplio...
Cores: Nunca había oído esa acusación contra Seregni, creo que no hay ningún registro de eso.Lo que hubo fue que cuando se produce la primera militarización de un sector de funcionarios públicos, los bancarios oficiales, yo estaba ahí en ese gremio, quien pone en práctica esa decisión del gobierno de Pacheco es el que era entonces jefe de la región militar Nº 1, el Gral. Seregni.Esta militarización fue un shock desde el punto de vista psicológico, significaba que funcionarios civiles fueran sometidas a la justicia penal militar con lo que eso significa.Seregni ya estaba con la decisión de irse y se fue en cuanto pudo, unos meses después se desvinculó de Pacheco y su política de represión a la acción sindical del sector público.En esa militarización que se hacía a partir de que como funcionarios públicos la personas se habían enrolado en el ejército se los convocaba, se tenía un principio de justificación que por supuesto lo enfrenté, me parece una medida totalmente negativa de represión en el ejercicio de un derecho constitucional pero no hubo por parte de Seregni ninguna actitud que pueda caracterizarse como violatoria de los DD.HH., se aplico un decreto, él no estaba de acuerdo, se desvinculó de Pacheco y esas militarizaciones que fueron distintas a las que ocurrieron al año siguiente , que ya no era Seregni, ahí se militarizaron 14.000 funcionarios de la actividad privada, se los sometió a la justicia penal militar y ahí sí hubo hasta gente que murió en los cuarteles a consecuencia del impacto global que las personas en el ejercicio del derecho de huelga sentían cuando eran trasladadas a una unidad militar pero ya Seregni hacía mucho tiempo que había pasado a retiro.Es importante aclarar eso porque con Seregni hemos tenido coincidencias, últimamente divergencias, pero nada empaña lo que ha sido su trayectoria como funcionario y como militante político.
Angeles: Pedro le pregunta a Cores si estuviera en Venezuela si apoyaría a Chávez...
Cores: Sin ninguna dudas.
Angeles: No es un descarte de los militares por los militares, también se dijo en los militares también está el pueblo, con qué se le da el salvo conducto a los militares, porqué Chávez sí y acá un militar no...
Anzalone: Claramente he sentido es cuál es su accionar y su posicionamiento en relación a las contradicciones fundamentales que existen en las sociedades.Nosotros tenemos claro que en ese proceso desde el año 68 en adelante pero sobre todo en el 71, 72, la cúpula militar encabezó un proceso de represión global, autoritaria, lo que nos alejó de cualquier alternativa de expectativa en torno a esa institución militar y a ese grupo, a ese componente.Eso no significa que la separación esté planteada de acuerdo al uniforme que vista, porque así como hay compañeros frenteamplistas dignos que se opuso y se enfrentó a la tortura, y fue destituída y torturada a su vez, presa durante años por esa actitud, en la historia de las luchas de América Latina muchas veces ha habido militares que pasaron del lado del pueblo.
Cores: Queremos recordar una entrevista del año 98 que hizo César Di Candia a Carlos Scheck donde Di Candia le pregunta qué hubo del apoyo a la dictadura, bueno dice, yo hice una gran amistad con Alvarez, colaboré y le di mi apoyo, dice, después tomé distancia a propósito de la tablita.Creo que el que recuerde los acontecimientos del año 73, enero del 73, recuerdo mi sorpresa al ver una campaña del diario El País a grandes titulares sobre la corrupción de la Junta Departamental y uno dice con qué se cocina eso, respecto a esa corrupción la aparición de un protagonismo del Sr. Gregorio Alvarez.El diario El País que es un operador político actual, que fue un operador político durante la dictadura, diario que dos días después que asesinaron a Héctor Gutiérrez Ruiz publico un pedido de captura para Gutiérrez Ruiz, diario que se presto a todas las maniobras psico-políticas del elenco de la dictadura también estuvo en la preparación del golpe, que califico de subversivo a Ferreyra Aldunate y que trató de ridiculizar todas las denuncias que Ferreyra Aldunate hacía afuera.Ese diario, que todavía sigue beneficiándose de todo tipo de apoyo oficial formó parte, además el grupo Scheck tiene sus proyecciones del sistema radial nacional y en la televisión nacional.Desde allí se hizo estribo al ascenso de los militares golpistas.
Angeles: Y ahora vende más diarios, el otro día vendió más diarios porque publicó fotos que solo ellos tenían de cuando estaban entrando los militares al Palacio Legislativo, todavía le sacan provechos a aquella cuestión, aunque se demoró 30 años en la publicación de ese material...
Anzalone: Otro aspecto de nuestra participación en ese período, para nosotros fue además de un período muy intenso de resistencia popular al golpe desde el ámbito obrero estudiantil y desde la acción directa, significó también una especie de golpe fuerte en el sentido de la necesidad de avanzar hacia la construcción de una herramienta política, un partido revolucionario.Sentíamos que las respuestas que se habían dado, los caminos que se habían planteado nos exigían para encarar esa resistencia y para plantear una alternativa distinta a la dictadura y gestarla a través de las luchas populares recoger elementos que venían desde un marxismo que abreviaba en Altuser, Pulansas, en Gramci, en el Ché, en lo que era esa inflexión renovadora de la Revolución Cubana sobre toda la experiencia de la izquierda latinoamericana y avanzar en la construcción de una herramienta política que es la que en el 75 se forma como Partido por la Victoria del Pueblo, recogiendo a compañeros que venían del Frente Estudiantil Revolucionario, una agrupación estudiantil en un momento vinculada al MLN, que luego rompe en función de discrepar con el planteo más militarista que apostaba solo a la lucha armada y no incorporaba el tema de la lucha de masas, otros aspectos que para nosotros eran esenciales a un proceso transformador en nuestro país.Para nosotros también fue un período de reflexión, de elaboración política que empieza en el año 72 donde se define un proceso en el medio de la represión y en el medio de las luchas.Ahí reivindicamos ese componente que a través de reuniones clandestinas, de intercambios, elaboración de documentos, permite que en plena dictadura, que ya en condiciones de represión extremadamente duras se hace la experiencia de construir una organización política que pago un precio alto en compañeros pero que reivindica ese aspecto de construirse en una alternativa política distinta, unitaria que suma con otros y que construye una perspectiva de cambio.
Angeles: Argentina juega un papel importante también, Argentina, Uruguay, Chile, el Conosur...
Cores: Sí, tenemos también con respecto a la memoria una línea de pensamiento y de acción, no estamos contando esto para regodearnos con anécdotas de cuando eramos más jóvenes, sino como decían Raúl y Pablo para tratar de sacar algunas conclusiones acerca de un presente tan acusiante, muy dramático, lleno de tareas gigantescas y de problemas inmediatos y brutales.En ese sentido nosotros de esa experiencia, la formación del PVP y lo que siguió que fue una campaña de resistencia a la dictadura tuvimos como resultado reveses terribles, no derrotas, porque conseguimos salir con la lucha.Pero Gerardo Gatti que era el alma mater de la organización en ese momento, secretario general recién elegido en el Congreso y una personalidad con un tremendo aporte a las luchas obreras, León Duarte también dirigente de FUNSA, Gustavo Isaurralde y Nélson Santa que fueron secuestrados en Paraguay, Elena Quinteros, Jorge Zafaronni, el padre de Mariana Zafaronni, era también un joven estudiante de 23 o 24 años, a esa edad fue secuestrado, una generación hecha a la par de los liceos piloto y del clima de discusión que existía en los liceos en aquella época, Roger Julien y Victoria Grisona, los padres de Anatol y Victoria Julien Grisona, fueron secuestrados en Argentina, llevados a Chile y allí abandonados en una plaza, Simón Antonio Riquello, el hijo de Sara, y sobre estos expedientes, sobre estos nombres construir acciones, que tienen que ver con una posibilidad de que la justicia uruguaya se pronuncie, sobre Gerardo Gatti y León Duarte hubo un intento de secuestro extorsivo por parte de Silveira y cordero, hemos hecho las denuncias correspondientes y esto genero un pedido de extradición y es una cuestión que tenemos documentada con la cual tenemos la intensión de seguir impulsando acciones en Uruguay y fuera de Uruguay destinadas a que se esclarezca y se investigue a los responsables de la desaparición de estos dos grandes luchadores.Lo mismo podríamos decir de Gustavo Insaurralde y Nélson Santana secuestrados en Paraguay.Hoy hay información acerca de las opiniones de la Dra. Guiense referido a la desaparición o el homicidio de Elena Quinteros, lo mismo con respecto a Roger Julien y Victoria Julien y dentro de lo que ha significado este plano de la contienda por la memoria, verdad y justicia la única que en este último período ha constituido una victoria significativa fue el reencuentro de Sra y Simón después de vencer los infinitos obstáculos que el gobierno de Sanguinetti, Lacalle, nuevamente Sanguinetti, la dictadura antes, Gavazo antes, pusieron para que esta madre y este niño se reencontraran después que Simón fue secuestrado de un local del PVP en Buenos Aires.
Angeles: Se sabe lo que pasó con Villa Marín y el Tito González que fueron torturados y muertos...
Cores: No tengo información sobre esto.
Angeles: Ana pregunta qué pasó con la bandera, es como un mito esto...
Cores: Sobre el asunto de la bandera, aparentemente es una de las cosas que se les reprocha al campo del pueblo, el PVP. Sobre esos reproches, imputaciones y quejas hubo un solo debate público que es el que se dio en el Parlamento después que pusieron una bomba, que destruyeron un auto y demás, plantee una cuestión de fueros y algunos diputados voceros de oficio de las FF.AA. hicieron esta pregunta y llevaron una especie de ofensiva sobre esto, yo conté allí cómo la bandera que estaba en manos de dirigentes del PVP que fueron secuestrados entre junio y setiembre del 76 en Bs. As. siguió la suerte de esos hombres, mujeres y niños que fueron secuestrados.En todo caso esta pregunta hay que formulársela, como la pregunta que se hace acerca de los desaparecidos, a los oficiales que entraron a los locales, a los desaparecedores de personas y de símbolos patrios.
Angeles: También se podría preguntar con todas las cosas que se robaron en tantos allanamientos, hay muchas preguntas para hacer.Nos quedan unos minutos, algo más que les parezca comentar...
Anzalone: Una cosa muy breve, ese proceso de resistencia a la dictadura que se gesto desde todo ese período previo a la huelga general y posterior a la huelga tuvo un efecto importante en el mantenimiento de la resistencia de todo el período.Para nosotros ese fue un componente importante porque mantuvimos una prédica, un boletín clandestino, compañeros trabajando en ese sentido en las peores condiciones y apostando en la medida en que se fue cambiando la realidad a la reorganización de las organizaciones sindicales, de la apertura, de la gestación del PIT donde los compañeros de distintos orígenes recogían esa tradición pero desde Carlos Pereyra, Richard Reed, una serie de compañeros que plasmaron esa experiencia en lo que fue la lucha para abrir espacios democráticos y derrotar a la dictadura.
Olivera: Voy a terminar con una frase de la cual me he enamorado en esta semana, una frase de Sartre que dice "no importa lo que la historia hace con los hombres sino lo que los hombres hacen a pesar de lo que la historia haya hecho con ellos".
Angeles: Muchas gracias por haber venido...
Cores: Gracias a ustedes.

martes, 1 de julio de 2003

CORDERO Y LA JUSTICIA.

Publicado en Trabajo y Utopía Nº 30
CORDERO Y LA JUSTICIA.
La supuesta consumación del delito por el cual fue denunciado desde la sociedad civil, lo había cometido en setiembre del 2001, al realizar declaraciones al semanario Búsqueda. La denuncia fue presentada ante la justicia el 22 de noviembre del mismo año y 11 días después, el juez procedió a citar la primera audiencia. Se trata de un delito de los llamados “de prensa” que en teoría deberían tener un rápido diligenciamiento. Por esa razón no habían pasado .11 días y ya estaba determinada la instancia judicial, en la que a la luz de las pruebas, el juez determinaría si el autor de las citadas declaraciones, Manuel Cordero, había incurrido en delito de “apología de hechos delictivos”.
No se trataba, muy a nuestro pesar, que Manuel Cordero fuera juzgado por lo que había hecho, sino sólo por decir que estaba bien que se hiciera, lo que él hizo: torturar, desaparecer, asesinar, robar, violar, etc.
Sin embargo a partir del 3 de diciembre de 2001, fecha en que “faltó con aviso”, Manuel Cordero no ha limitado su imaginación para encontrar excusas y no comparecer ante una sede penal en carácter de “indagado”.
Manuel Cordero se creyó - que la agachada del sistema político uruguayo del año 1986 cuando aprobó una ley para evitar que los militares convocados por jueces penales no fueran, sin que eso pusiera en ridículo a la democracia recién parida luego de 11 años de dictadura -, era para siempre y para todo.
¿SOMOS TODOS IGUALES ANTE LA LEY?
Lo que se planteó ante este caso, ya no era si los dichos de Cordero, encajaban dentro de alguna figura delictiva y era declarado culpable. Estaba planteado si todos ERAMOS IGUALES ANTE LA LEY.
Si Cordero era igual que el dirigente de FUCVAM que recientemente fue por declaraciones contra el Presidente de la República.
Todos sabemos que Manuel Cordero no tiene inconvenientes en concurrir a los juzgados: se dedica actualmente a realizar la procuración para un estudio jurídico. No quiere ir como indagado. No quiere que un juez analice lo que él hace de acuerdo a las leyes. Cómo lo va a permitir, él que fue dueño de vidas, él que era dueño de que cualquier ser humano existiera o desapareciera, haciendo que esas desapariciones, sí fueran para siempre.
Cordero, Gavazzo y toda la patota de violadores de la Constituciones que implantaron el terrorismo de Estado, pretenden estar por sobre Ud, y por sobre las leyes que todos nos dimos para vivir en democracia.
Pero en realidad, esta nota, tenía otro objetivo. Quien recientemente fuera nombrado Secretario de Derechos Humanos en la Argentina del Presidente Kirchner, el Dr. Eduardo Luis Duhalde, un conocido abogado defensor de los DD.HH, Consultor de Naciones Unidas y juez de Cámara de los Tribunales Orales de la Ciudad de Buenos Aires, escribió un libro titulado “EL ESTADO TERRORISTA ARGENTINO”.
En este libro Duhalde a propósito del Estado terrorista y su faz clandestina escribe: “Así este modelo especifico, como un Jano bibronte, se asienta en un doble campo de actuación en el que el terrorismo de Estado adquiere formas clandestinas estructurales, permanentes y propias de las funciones de los órganos coercitivos estatales como expresión paralela y complementada de la actividad del Estado totalitario que emerge como expresión superestructura! pública. Se trata de institucionalizar con carácter permanente las formas más aberrantes de la actividad represiva ilegal, capaz de sobrevivir en sus elementos constitutivos ilegítimos más allá de la propia vida del régimen que le implantara”
Pongamos atención a la última parte de lo trascrito.
Días antes de la audiencia, en el diario Últimas Noticias, se publicó la ficha de trabajo en el Ministerio del Interior entre los años 1975 y 1980, del actual magistrado a cargo de la causa contra Cordero y declaraciones que le atribuían al citado magistrado una actuación de colaboración con la actividad “ilegal” del régimen existente en aquellos tiempos.
No nos cabe duda, que ese hecho, más allá de constituir un elemento de presión sobre la actuación de un juez, es la supervivencia de las formas de actuación de Cordero, en un régimen que supuestamente murió.
Pero también significa otra cosa mucho más grave, o tan grave como esa. La información que publica Ultimas Noticias es similar a la que se publicó contra la fiscal Mirtha Guinze, en el marco de las presiones a favor de Juan Carlos Blanco.
Es discutible, al menos en el caso de la información relativa a la Fiscal Guianze, si esa información puede existir en manos del Estado (los Ser vicios de Inteligencia, suponemos). Pero lo que es peligroso y propio de un Estado es que información que solo puede existir en manos del Estado, sea usada para esos fines intimidatorios. Y más grave aún, es que esa información que sólo podría estar en manos del Estado, esté en manos de particulares.
El Estado o particulares que se apropiaron de información que logró el Estado terrorista, no tiene información sobre los desaparecidos o si la tiene no la hace pública. El Presidente Batlle en un informe, el de la Comisión para la Paz, admite que el Estado dictatorial cometió determinados delitos y para proteger a sus autores, no da la información que pudiera identificarlos. Sin embargo permite, que esos mismos delincuentes, manejen información para apoyar sus fines actuales.
¿CUANDO RENDIRA CUENTAS?
Fue un doble triste espectáculo el que vio la ciudadanía el día de la audiencia. El espectáculo de que la audiencia no se realizara, de que ni el juez ni el fiscal, concurrieran a la sede penal. En la baranda del juzgado, Cordero debió saber que había logrado por enésima vez, no entrar a la sala de audiencias y comparecer ante un Juez.
El otro espectáculo, comenzó cuando llegó Cordero a la sede penal de la calle Misiones tratando de pasar desapercibido y fue identificado por un periodista. Se refugió en el estudio de dos conocidos abogados, el de Juan Carlos Blanco y el hijo de Pacheco Areco. Su salida para entrar al juzgado, tapándose la cara, su salida posterior y su nuevo pedido de asilo en el estudio de los abogados nombrados. Su negativa a salir, hasta que la prensa no se fuera, y como no se fue, su bochornosa salida, como un ladronzuelo de poca monta.
Ese fue el hecho que motivó una profusa, cobertura de prensa. El propio Cordero y su acompañante, argumentaron su silencio ante los periodistas, diciendo que precisamente por hablar, le pasaba eso: ir a un juzgado. ¿Y por lo que hizo, Cordero, cuándo rendirá cuentas?

hijo de Pacheco Areco. Su salida para entrar al juzgado, tapándose la cara, su salida posterior y su nuevo pedi do de asilo en el estudio de los abo gados nombrados. Su negativa a sa lir, hasta quela prensa no se fuera,y
¿CUÁNDO RENDIRÁ CUENTAS?

jueves, 26 de junio de 2003

EL PASADO QUE NO PASA

EL PASADO QUE NO PASA.

El pasado no es tan pasado como se dice. Y no lo es, sólo porque admitamos que está hoy aquí instalado entre nosotros.
Paradójicamente, el hecho que le niega con mayor contundencia ética, política y jurídica, la categoría irrefutable de “pasado“, es justamente aquel que se pensó y cometió para que no existiera, para que no fuera ni pasado ni presente, para que fuera eternamente, una “incógnita “: la desaparición.
Un acto que se planificó, para que “no existiera” perdura en efectos, no calculados por sus ejecutores.

Dos discursos sobre este aspecto, son muy ilustrativos. En el primero, Videla decía:“Mientras sean desaparecidos no pueden tener un tratamiento especial. Es una incógnita..., es un desaparecido. No tiene entidad.... no está ni muerto ni vivo.... Está Desaparecido...”.
En el segundo, ante el edificio de la ESMA, Hebe Bonafini les recuerda: “Vuelven, vuelven y vuelven. Esos cadáveres que aparecieron por primera vez, en las playas uruguayas, eran la muestra de que a nuestros hijos los tiraron al mar y no pudieron. Los quisieron enterrar y no pudieron. Los enterraron bajo las autopistas y no pudieron. Todo el tiempo vuelven...”
Si el pasado es presente aún hoy, lo es sobre todo, a partir del drama de las desapariciones forzadas de personas. Todo el tiempo, vuelven.
Y para que no vuelvan, hay que declarados muertos. Asesinarlos, y hacerlos desaparecer nuevamente, para que no molesten. Que sean, como decía Videla, una incógnita, sobre la que no se puede avanzar. Hay que desenterrarlos, cremarlos y arrojarlos al mar.
En 1996, el Senador Michelini denunció ante la justicia, que algo parecido había ocurrido en unidades militares. Una Fiscal y un Tribunal de Apelaciones, no permitieron que el juez Reyes, lo investigara. Por la ley de caducidad, esa denuncia pasó a consideración del entonces Presidente Sanguinetti, quien decretó que los hechos denunciados estaban comprendidos en la ley de caducidad. Dicho en buen romance, admitía que la Operación Zanahoria había existido antes del 1° de marzo de 1985, que en ella habían participado militares, que existieron móviles políticos para ordenar por los mandos superiores esa acción.
En el 2003, el Presidente Jorge Batlle, al haber hecho suyo el informe final de la Comisión para la Paz, nos dice que “no pude - ni debe - confirmar esa información”, relativa al destino de los restos de los desaparecidos.
Sanguinetti, no realizó, como es obligación legal hacerlo, una investigación de los extremos denunciados por Michelini, según lo ordena el artículo 4º. Sin embargo al comprenderla en la ley de caducidad, admite que existió, para que no se investigara.
Batlle, que creó una Comisión bajo su dependencia y que contaba con su actuación personal, dice que no puede confirmar esa información.
¿QUIÉN MIENTE?
Los dos, porque Sanguinetti dice algo sin dar pruebas de ello y Batlle, porque dice que “no puede ni debe”.
Si el titular del Poder Ejecutivo, no puede es porque no tiene poder, porque vivimos una democracia de mentiras. Y si para colmo nos dice que “no debe”, peor aún.
Creemos que deberíamos abocarnos a la tarea, de obligar legalmente al Poder Ejecutivo a que cumpla con lo que es su obligación hacer.
Parafraseando lo expresado por la Jueza Estela Jubette en la sentencia de amparo que Tota Quinteros, logró ante Batlle, diremos que este reclamo está justificado por el derecho esencial constitucional, natural y humano, a la información, que surge de diversas normas nacionales e internacionales y de la propia Constitución de la República.
En nuestro país, tenemos formas muy peculiares de hacer las cosas: las hacemos “a la uruguaya”. Tuvimos una “dictadura a la uruguaya” que no hacia lo que los argentinos, tuvimos una “transición a la uruguaya”, una ley de impunidad “a la uruguaya”; una renuncia a un derecho irrenunciable, mediante un referéndum “a la uruguaya”; tenemos leyes que ratifican Convenios internacionales que no se aplican, porque “a la uruguaya” no se crean los instrumentos jurídicos en la legislación interna; y últimamente una Comisión para la Paz, sin guerra, pero “a la uruguaya”.
¿Cuál es la herramienta, para de un solo movimiento resolver adecuadamente ese pasado - presente?
Los victimarios, han elegido ubicar el problema en el ámbito político, mediante las leyes de impunidad acompañadas de actos esencialmente políticos buscando sellar cualquier posible fisura de aquellas.
La solución del sistema político uruguayo- ley de caducidad -, pareció durante muchos años, ubicar el encare acotado del problema, tanto para las victimas como los victimarios, en el reclamo de la VERDAD. Por esa razón, los victimarios, gozan de la más amplia impunidad, con alguna rara excepcionalidad, hasta hoy.
Rara excepcionalidad, porque Blanco estuvo por ser coautor de una des aparición, casi ocho meses, preso. Y porque ahora, que pasó a la categoría de coautor de homicidio especialmente agravado, esperará el resultado de su proceso, en la confortabilidad de su hogar en Carrasco, mientras que otros uruguayos incursos en delitos menos graves que el del ex canciller, esperan su condena en jaulas de acero, en penales arrasados y superpoblados, sufriendo hambre, sarna y saña de sus carceleros.
Quienes no hemos renunciado al derecho a la justicia, esperamos con expectativa los resultados de otras causas radicadas ante la justicia nacional: la relativa a los asesinatos de Zelmar y el Toba; del destino de María Claudia García de Gelman. Saber si la Suprema Corte de Justicia en la denuncia presentada contra Bordaberry, indicará a los futuros aspirantes a dicta- derarse ilegítimamente del poder y ejercerlo en el marco de la más brutal ilegalidad, no puede ser consumado impunemente. Y también, si en la causa de Elena Quinteros, se sigue avanzando, o por el contrario, nuestro Estado “a la uruguaya”, se detiene en las puertas de los cuarteles. O tendremos que recurrir a los Tribunales de Venezuela, para que al igual que en el caso de Berrios, otro país aclare lo que Uruguay no quiere aclarar.
“A LA URUGUAYA”
Los preámbulos de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, establece que la misma se instrumenta por la preocupación “de que subsiste la desaparición forzada de personas”, y esperando que ella “constituya un aporte decisivo para la protección de los derechos h manos”. La citada Convención para esos objetivos, establece que “dicho delito será considerado como continuado o permanente mientras no se establezca el destino o paradero de la victima”, y será “imprescriptible”.
Ahora bien, “a la uruguaya”, en el caso en el que estaba acusado y procesado Juan Carlos Blanco, por coautoría de privación de libertad, encontramos una modalidad original de zafar del delito permanente y la imprescriptibilidad. Hay que transformarse en homicida. Si en el Uruguay, Ud es un agente que actúa con autorización del Estado y tiene a una persona privada de libertad, no es “conveniente” dar información sobre el paradero de ella ni reconocer que la tiene en esa situación, asesínela.
En Uruguay, la preocupación no está en terminar con las desapariciones, sino con las responsabilidades de las mismas.
EL VERDADERO NUNCA MAS.
Una lectura de los debates que estuvieron planteados en la llamada transición democrática y aquellos que siguen acompañando el proceso contra el ex canciller Juan Carlos Blanco, abonaría a la idea de que se volvió al pasado o que el pasado se instaló en nuestro presente. O más precisamente, que la impunidad no tiene temporalidad.
Para resolver el pasado que ser instala en el presente o el presente que vuelve sobre el pasado, solo es posible su l impunidad de hoy no tiene futuro. Ese es el verdadero nunca más.
¿Está en el horizonte, con la instalación en el gobierno de una fuerza política nueva, que la impunidad de ayer y de hoy no tenga futuro? ¿Cuál es la tentación de los sistemas políticos: ser garantes de los Derechos Humanos o simples administradores de los mismos?
No se trata de un partido que vuelve a jugarse en la misma cancha, con los mismos jugadores. No se detuvo el tiempo y por un arte mágico, comenzó nuevamente a andar. Pero es cierto, que hay elementos comunes, hay hilos conductores que se mantienen, y en torno a ellos se pueden observar roles que se apagan, actores secundarios que se instalan en el centro de la acción, y otrora actores principales que pasan a segundo plano, algunos con satisfacción y otros a regañadientes.
Recordemos que en marzo de 1985, una delegación del Estado uruguayo integrada por el senador Alberto Zumaran y el embajador Luis Hierro Gambardella, sostuvieron ante los organismos internacionales: “que durante la dictadura militar se habían atropellado toda clase de derechos, con muertes, torturas, prisiones arbitrarias, desapariciones, y que las puertas de la justicia estaban abiertas para todo el que se sintiera con derecho a reclamar, y que ésta iba a actuar”. Esa era la posición del Estado uruguayo, ante la comunidad internacional, hace 18 años.
Hoy 18 años después, la Comisión para la Paz concluye señalando cosas similares. Pero, fue y es evidente que la administración presidida por quién reclamó un estado del alma, no ve con buenos ojos que quienes se sienten con derecho a reclamr lo hagan ante los tribunales.
LA PERSISTENCIA DE LA IMPUNIDAD.
La persistencia de la impunidad, es un arma letal que afecta, entre otras cosas, la natural rebeldía de los seres humanos frente a las injusticias. Las sociedades en su conjunto y dentro de ellas los seres humanos organizados hemos vivido nuestras historias aprendiendo. Tratamos de trasmitir esos aprendizajes a las nuevas generaciones. La memoria es el alma de la vida y la historia.
De ahí, que las terribles heridas que a una sociedad les ocasiona la injusticia, la prepotencia, el terrorismo de Estado, no sean un problema generacional, que se termina con nuestra presencia en este mundo.
No nos sobrestimamos en nuestra condición de individuos que circunscriben los problemas de la sociedad, a su transitoria existencia en la tierra. No es desde esa óptica estrecha de valorar las cosas de nuestra historia, que actuaron y pensaron, los que crearon nuestros sindicatos, nuestras organizaciones políticas, etc. Es por fidelidad y respeto a una historia que no construimos nosotros en todos sus tramos, pero que la asumimos como nuestra, es que somos como somos, y actuamos como actuamos. Y es por esa historia que no muere con sus ocasionales protagonistas, que aspiramos y apostamos a que mañana nuestros hijos, nietos y las generaciones futuras, la asuman como propia.
Los desafíos que al igual que el pasado, no pasan si no son resueltos. En este aspecto, además de las respuestas erróneas, nos preocupan en forma superlativa, los silencios y las omisiones.
Cuando en el mundo ocurren hechos políticos y jurídicos que constituyen importantes avances de la lucha mundial contra la impunidad, y se restablecen derechos conculcados, ¿esos hechos son de otra galaxia? ¿Pertenecen a un mundo con el que Uruguay no tiene nada que ver? ¿Un gobierno progresista barrera de las altas jerarquías castrenses y policiales, los residuos del terrorismo de estado que aun se mantienen, como lo ha hecho recientemente el Presidente argentino?
UNA NUEVA PUESTA EN ESCENA
En estos últimos tiempos, el tema de la impunidad, ingresó en una nueva puesta en escena. En ella, se disputaron los espacios dos escenografías, que nos dicen mucho sobre la forma en que se entendió y se entiende hoy, el desafió que esta planteado en nuestra sociedad.
¿El desafió en torno al caso de Elena Quinteros, está planteado exclusivamente sobre si Juan Carlos Blanco vuelve a no a la cárcel?. Aún siendo muy importante que si alguien merece y jurídicamente debe estar preso, lo esté, lo fundamental es cómo se derrota la impunidad más general; cómo se establece la verdad histórica.
De la forma en que se escriba esa historia y de la manera que las instituciones del Estado se ubiquen en torno a ella, dependerá, nos parece, que resolvamos adecuadamente ese pasado que no pasa. Para resolver definitivamente con verdad y justicia la paz entre los uruguayos, más que un “estado del alma”, se necesita un gobierno que con valentía y dignidad, actúe de acuerdo a un estado de derecho.
Lo que está planteado, no es la reconciliación con el colectivo militar, sino ponernos de acuerdo y en sintonía con los avances que la humanidad está dando en la lucha contra la impunidad. Reconciliarnos con una premisa fundamental Todos somos iguales ante la ley.
Por eso, no se entiende que el sistema judicial permita que un juicio que por ley debe ser de rápida sustanciación - nos referimos a la denuncia por apología al delito de Manuel Cordero- lleve ya más de 17 meses sin resolver- se, excediendo todos los limites de las garantías procesales que por supuesto, ni por asomo tuvieron las víctimas de Cordero.
Es desde esta óptica, que reclamamos ante un poder del Estado, en nuestra lucha por los derechos humanos, como parte de una tarea de otra lucha mis amplia por una verdadera y auténtica democracia con justicia social.
La necesidad estrictamente política de dar “vuelta la página”, ha sido un factor fundamental para explicar la falta de una discusión profunda de estos aspectos. Esa falta de reflexión, explica, en parte, que aún muchas de las organizaciones políticas, que en e! pasado realizaron una fuerte reivindicación de la Verdad y la Justicia, desarrollaran posteriormente, una actitud pasiva. O que a lo sumo, hayan operado como simples acompañantes “solidarios” de las organizaciones humanitarias, o han operado como articuladores o pasivos espectadores, de salidas de “oportunidad” política.
Por esa razón, hoy nos preocupa, que a partir de los debates jurídicos y políticos que se abrieron a partir del procesamiento del ex canciller de la dictadura Juan Carlos Blanco, muchas fuerzas políticas que invocan cambios sociales, omitan pronunciarse en un debate, en el que esta en la consideración la relación de la lucha democrática, con la del cambio social.
Esta administración invocó estados del alma, pero hizo más para asegurar la impunidad de los violadores de los derechos humanos, que por resolver adecuadamente las obligaciones del Estado al respecto.
Frente a lo que fue un despiadado terrorismo de Estado que cometió los más repugnantes crímenes y para ello puso en juego todo el aparato del Estado y a sus personeros civiles y milita res, se necesitaba que el Estado democrático, pusiera todos sus poderes para reparar integralmente las consecuencias de la acción del Estado terrorista. Y esto no se ha hecho. La creación de la Comisión para la Paz, no podía ni pudo producir avances, en temas que son considerados necesarios, de acuerdo a las diversas recomendaciones de Organismos Internacionales. Reafirmamos, que esta administración se esforzó más en preservar la más absoluta impunidad de los violadores de los Derechos humanos, que en atender sus obligaciones jurídicas, políticas y éticas.
Queremos terminar citando un pensamiento del filosofo francés Jean Paul Sartre, algo a tener en cuenta en estos momentos: “No importa lo que la historia ha hecho con el hombre, sino lo que el hombre hace con lo que la historia ha hecho de él”.
(Ponencia realizada por Raúl Olivera de la Secretaría de Derechos Humanos y Políticas Sociales del PIT/CNT, para el Taller realizado en el Salón Rojo de la I.M,M, el 26/6/03)

miércoles, 30 de abril de 2003

Entrevista realizada por el investigador chileno Eduardo Valenzuela el 30 de abril de 2003

Entrevista a Raul Olivera Alfaro de la Secretaria de Derechos Humanos en el PIT CNT, realizada por Eduardo Valenzuela el 30 de abril del 2003
59 años, hace 35 años que actúa en el movimiento sindical uruguayo, originariamente en el gremio de los trabajadores ferroviarios. Estuvo 6 años y medio como preso político después del golpe, a la salida volvió a ser dirigente sindical de los trabajadores ferroviarios, entre tanto fué dirigente de los trabajadores de la industria pesquera. La privatización de los ferrocarriles lo llevó a trabajar en el poder judicial uruguayo donde fué presidente del sindicato judicial, hasta el momento en que se retiró de la actividad laboral, se dedica a trabajar en el tema de Derechos Humanos en el PIT CNT, que es la única central que existe históricamente desde el año 1964.
Tiene dos hijos, es su segundo matrimonio, está casado con Sara Mendez, que es la madre de Simón Riquelo, un niño que fué secuestrado en 1976 cuando tenía 20 días y que fué recuperado el año pasado. Nació en Montevideo, padre trabajador metalúrgico.

¿Qué acción realizan en el marco de la actividad de Derechos Humanos de la Central Sindical?
Hemos trabajado muy fuertemente en una serie de causas judiciales. Las causas judiciales que hemos llevado adelante fueron las que motivaron la detención del primer integrante de la dictadura cívico militar que hasta el momento ha pasado por los juzgados y que está preso. Es el ex ministro de Relaciones Exteriores, Juan Carlos Blanco. Está preso por su autoría en la privación de libertad de la maestra Elena Quinteros.

¿y qué otro tipo de casos llevan?
En general, casos de familiares que nos solicitan el apoyo para presentar las causas. Dentro de los desaparecidos, hay fundadores y militantes de la CNT: En este sentido el compromiso que ha tenido la Central Uruguaya con el tema de los desaparecidos,, parte de esa base, que los desparecidos fueron luchadores contra la dictadura.
Uno de los aspectos interesantes que hay que analizar en relación al problema de la memoria, es la relación con las consecuencias de la dictadura. Acá en Uruguay se aprobó en 1986 y luego fue ratificada en un referendum popular, una ley que estaba hecha para instaurar la impunidad en el Uruguay. Contra esa ley desde el movimiento sindical se participó activamente en la campaña para lograr un referéndum contra esa ley, que finalmente se perdió.
Pero yo me quiero referir a la situación que se da actualmente en el Uruguay, en relación al informe final de la Comisión para la Paz. Acá se creó a nivel del Estado, después de reclamos de muchos años, una comisión llamada para la Paz, que se dedicó a recopilar información. Se llegó a fundamentar la necesidad de crear esa comisión, para preservar la memoria histórica. De alguna manera, en mi opinión, se produjo un suerte de falseamiento de la memoria histórica. En la medida en que los resultados más concretos en relación a los datos sobre cada caso, esa Comisión se los entrega a los familiares de las víctimas; no los hace públicos. Todo lo que tenga que ver con esos casos, queda en reserva y es propiedad del familiar de la víctima. Si el familiar lo quiere hacer público, lo hace; si lo quiere guardar en un cajón, ahí no se puede saber. Entonces en ese sentido, se produce un falseamiento del concepto de verdad histórica y de memoria. Lo interesante es analizar porqué se produce eso. La Comisión para la Paz se pensó a sí misma, y en algún momento lo dijeron publicamente: “nosotros trabajamos para los familiares de las victimas”. El movimiento sindical tomó una posición muy clara al respecto: expresó que los desaparecidos, las violaciones a los derechos humanos, no afectaron solamente a las victimas directas y a sus familiares, sino a toda la sociedad, por lo tanto la verdad tiene que ser una verdad a la sociedad toda.

¿ y porqué crees tú que esto afectó a toda la sociedad?
En primera instancia, porque no se trató de una guerra, de un enfrentamiento entre dos bandos, la manida teoría de los dos demonios. Por el contrario, el golpe de Estado, fue dado por militares, policías y determinados sectores civiles de la sociedad que fomentaron el golpe, al que la clase obrera y el pueblo enfrento con 11 días de huelga general. Y luego lo seguieron enfrentando en la clandestinidad. Y el hecho que se siguiera haciendo oposición a la dictadura fue lo que generó la represión. Por lo tanto la concepción de daño a la sociedad parte del hecho que se trataron de crímenes cometidos por el Estado contra la sociedad. Y en definitiva, se da la particularidad que un individuo o individuos organizados contra la dictadura desarrollan una lucha. Esa lucha no es por intereses particulares, sino por intereses sociales, como son la libertad, la democracia. Por otro lado, eso es lo que está establecido por los convenios internacionales, por ejemplo en los trabajos que ha hecho Joinet en relación al tema de la memoria y a las obligaciones del Estado, que no son obligaciones hacia las víctimas en particular, sino hacia la sociedad. En Uruguay el sistema penal nuestro establece que la titularidad de la acción penal no es del individuo, sino del Estado. Los fiscales actúan en representación del interés de la sociedad. Y frente a esos delitos graves cometidos desde el terrorismo de Estado, con más razón, la víctima es la sociedad.
¿Entonces porque es posible ese vaciamiento del daño social transformado en daño particular de las víctimas? En primera instancia, porque cuando se desarrollaba la etapa de lucha contra la dictadura, los familiares directos cumplieron un papel muy importante. En primera instancia, porque se organizaron y aparecieron públicamente antes que los partidos, las organizaciones humanitarias, los familiares de detenidos desaparecidos, las madres de la Plaza de Mayo. De alguna manera era una forma más efectiva, en ese momento de desarrollar las denuncias contra las dictaduras. No siempre es así, pero a veces esos regimenes actuaban con algún miramiento distinto hacia el familiar de la víctima, que hacia las organizaciones políticas específicas. Entonces ese papel que cumplieron los familiares en la primera etapa cuando existía aún la dictadura, de alguna manera continuo existiendo posteriormente cuando aparecen los regímenes democráticos. En esa segunda etapa tambien, por necesidades de carácter de comunicación, se necesita menor explicación a la sociedad que una madre reclame a su hijo, que ese reclamo sea subsumido en la situación de la sociedad. Ese hecho también existe, y tiene una significación social distinta, por lo tanto, las organizaciones de familiares también jugaron un papel muy importante durante el período de transición. Un papel muy importante, cuando en determinado momento el sistema político dejó de lado sus reivindicaciones para acordar salidas de impunidad, como la ley de Punto Final en Argentina o de Caducidad acá en Uruguay. Posteriormente, ya más cerca de este último período, yo creo que le servía a los defensores de la impunidad y a los gobiernos que de alguna manera no quieren meterle mano al tema de la memoria y de la impunidad, una salida que contemple los intereses de un individuo o de un particular, más que los intereses de la sociedad.

-¿y tú crees que las familias se prestan a ese juego?
Yo creo que en el Uruguay, inconscientemente fueron funcionales a esa lógica. Ellos acogieron con mucha pasividad los resultado de la Comisión. El movimiento sindical, no. En Uruguay, a partir de la Ley de la Caducidad se produjeron dos grandes deudas desde el Estado, con la sociedad. Por un lado, la falta de castigo y por el otro, la falta de Verdad. Las investigaciones que se hicieron en el gobierno de Sanguinetti para cumplir el artículo 4° de la ley, se las dieron para que se auto investigaran los autores de los delitos, los fiscales militares. Estos, como no podía ser de otra manera, no encontraron ninguna responsabilidad militar o policial. Entonces lo que faltaba era el castigo y la verdad. El castigo era muy difícil de lograrlo, porque la ley operó con eficacia. Entonces se instalo como un dato de esa realidad, que la justicia no era posible.

¿pero quien decía eso?
los familiares y otros que abandonaron esa vía. Desde el movimiento sindical y alguna organización política, se dijo: todo es posible, pero comencemos primero con lo que estamos de acuerdo, empecemos por la verdad, entonces ¿cómo pelear por la verdad? Se llegó mayoritariamente a la conclusión que la verdad dependía de la voluntad política del titular del gobierno, y no se consideraba que era una obligación jurídica. Nosotros decíamos que era una obligación jurídica, y que había que pelearlo usando las propias instituciones del Estado y del poder judicial. En el año 1998 nosotros elaboramos un documento que demostraba desde el punto de vista jurídico, que era posible lograr la verdad por mandato judicial y no por voluntad política de tal o cual gobierno. Durante mucho tiempo la tarea nuestra del movimiento sindical consistió en hacer conocer al Uruguay lo que estaba sucediendo en el mundo. Aquí se plesbiscitó una ley que no es plesbiscitable, la renuncia de la justicia. Teníamos una mentalidad de comarca: el mundo comenzaba y terminaba en el Uruguay. Lo que pasaba en otro lado, no tenia importancia. Si en Argentina metían presos a militares, si se abrían causas en España, todas esas cosas acá si ignoraban: Durante mucho tiempo nos dedicamos a decir: esto está pasando en tal lado, esto otro en este otro lado, ¿cuando nos vamos a poner al día con esas cosas?. Cuando nosotros presentamos unas causas ante el juez Garzón en el año 1998, fuimos criticados. Muestra idea era que aquí se podía lograr la verdad por vía judicial. En el año 1999 comenzamos a abrir una causa por Elena Quinteros, y logramos que fuese reconocido el deber jurídico del Estado sobre la verdad en primera instancia, y luego que el gobierna apela, de confirma la condena en segunda instancia. Se condena al Estado a investigar, lo obligan a investigar. Entonces demostramos en ese momento que la verdad no era una exclusiva voluntad política, sino una obligación jurídica. A partir de ese momento consideramos que teníamos que pasar a la otra etapa, demostrar que también el castigo, la justicia era posible. Que había determinadas obligaciones de carácter internacional, el tema del delito continuo y todo lo demás, por las cuales era posible en el Uruguay lograr también la justicia.
En esto, al inicio, no nos acompañó nadie, y fuimos duramente criticados por pretender esas cosas. Nos decían que lo que nosotros hacíamos iba en contra de otras iniciativas como la Comisión para la Paz. Más allá de lo que hoy se diga, esa salida de la Comisión para la Paz, de alguna manera estaba socialmente aceptada. Nosotros dijimos, está bien, pero no vamos a dejar de hacer lo que hay que hacer. Y además le marcamos los límites y dijimos, esto no va a llevar más que a tal lado, porque si no tiene poder para investigar ¿hasta donde puede ir? A la larga, los hechos nos dieron la razón. El resultado es pobre.
Otra diferencia nuestra en relación a la Comisión para la Paz, o ¿como se ubican otros actores sociales en relación a esto? Nosotros exigimos al Estado una respuesta y la que el Estado nos dio es pobre, ya que el Estado no puso todos sus medios efectivos para lograr la verdad. Entonces nosotros evaluamos en relación a un contexto, en el que el presidente Batlle por un lado creaba la Comisión para la Paz, y por otro sigue ascendiendo a los militares que estuvieron implicados en casos de violaciones a los Derechos Humanos, por otro lado cuando venían pedidos de información del exterior sobre causas de violaciones de DDHH, las negaba. Toda la política en general del poder ejecutivo fue de mantener la impunidad y de alguna manera se corona ahora cuando se publica ese decreto, que este es un punto final y que se terminó. El decreto dice que esta es la verdad oficial y ya está.

- Ahora, ¿por qué se interesan ustedes acá en el PIT CNT, por estos temas? Tu ves un vínculo entre la lucha contra la impunidad y la verdad en relación a estos períodos y la situación concreta de los trabajadores, que tiene que ver esto con el desempleo y todas las luchas sindicales que ustedes puedan tener? ¿Donde está el vínculo? O sea la frase “ojos en la nuca” de la derecha, ¿no crees tú que para los trabajadores les hace sentido, de alguna manera? ¿ O tú crees que los trabajadores sienten que hay un vínculo entre esos problemas y su situación actual y que piensan que ese vínculo es importante?
Bueno en primera instancia, hay cosas que no se entienden si no se conoce la historia del movimiento sindical uruguayo. Este se ha caracterizado por no ser un sindicalismo economisista o corporativo, es decir, estar solamente para la defensa de sus intereses. Siempre desde su fundación ha tenido una característica de carácter programático que va más allá de las luchas más inmediatas.

-¿Es casi político?
No. Es sindical, porque tiene una independencia muy grande en relación a los partidos y aún con los partidos de izquierda. Y el tema de los Derechos Humanos es una muestra en donde hemos ido en otro sentido de lo que opina la mayoría de la izquierda. Y lo que ocurre es que al interior de nuestro movimiento sindical conviven casi todas las tendencias. Acá conviven movimientos socialistas, comunistas, anarquistas, todo el espectro político e incluso militantes que no tienen afiliación política están presentes en nuestro movimiento. Y tenemos discrepancias, y se vota separadamente. Pero en el tema de DDHH, siempre ha habido unanimidad. Y yo digo que es la posición mayoritaria aquí en el Uruguay, ya que en 20 días, el 20 de mayo, se da la manifestación más grande que hay aquí en Uruguay, que es la fecha del asesinato de Michelini. Y tienes que tener en cuenta que a escasos años de la salida de la dictadura, con la amenaza que había golpe, el referendum se pierde por muy poco. Y el movimiento sindical tiene estas posiciones, porque en el movimiento sindical se discute y en los otros lados no.

-Ahora no me has respondido porqué consideras tú que esto es importante para los trabajadores
Bueno las primeras víctima de la dictadura acá fué el movimiento sindical y lo va a ser nuevamente. Te voy a poner un ejemplo: el 18 de octubre del año pasado, el mismo día que metieron preso a Juan Carlos Blanco, sucedió otra cosa en este país: la justicia había procesado el caso Berríos. Y acá que se conoce quienes los detuvieron, quienes lo mataron, no se hizo nada. Entonces si no hubiera sucedido la prisión de Juan Carlos Blanco el 18 de octubre, que pensaba el ciudadano, ya que ahí hay una presión más grande, ya que es la impunidad no de la dictadura, es la impunidad de la democracia ya que lo de Berríos ocurrió en pleno sistema democrático. Sin embargo ese día se puso la otra balanza y el poder judicial contrabalanceo con Blanco lo que no hizo con el caso Berríos.
Entonces contrabalanceó un efecto muy negativo para la sociedad. Porque cuando uno deja de creer en los instrumentos que tiene la sociedad, para el trabajador que está cada vez más indefenso. Porque cuando se cierran o se privatizan empresas y suceden cosas que no determinas tú, para los trabajadores es muy grave. Y también es muy importante porque la impunidad no se circunscribe a los hechos de la dictadura, la impunidad ha inundado toda la sociedad en aspectos económicos, en los cierres de bancos, en la corrupción, en los robos que se han hecho.

-¿Entonces porqué no atacar esos problemas?
Es que yo creo que la impunidad abarca todos estos aspectos, y me refiero a la impunidad desde un punto de vista general. Te voy a poner otro ejemplo, cuando acá quisieron vendernos la receta chilena de la mesa del diálogo, en donde iban hasta pagarle a los militares que dieran información. Entonces yo ponía un ejemplo, y es que tu vienes en auto a esta reunión y después sales y te das cuenta que te robaron las cuatro ruedas y tienes un tipo al lado que dice: si me das 500 pesos yo te devuelvo las ruedas. Como reflejo ciudadano, no es eso lo que corresponde hacer. Porque solucionas tu problema, pero dejas libre al ladrón que va seguir operando. Con el tema de la impunidad es lo mismo, impides la posibilidad que la gente defina sus derechos. Y otra cosa mucho más profunda: nosotros tenemos el convencimiento que los avances que hizo la humanidad en el terreno de consagrar derechos en los terrenos políticos, económicos, civiles y sociales, es decir todo lo que está establecido por los tratados y los convenios. Tienes que a la situación del capitalismo actual no le sirve, y ahora tienes la Corte Penal Internacional, con los Estados Unidos que se pasa por donde quiere a las Naciones Unidas, porque ellos precisan una política de hacer lo que quieran. Entonces tenemos que en la historia no todo avanza igual, a veces el derecho avanza mucho más que lo que avanzan las sociedades. De hecho en estos últimos tiempos a partir de la detención de Pinochet en Chile en el terreno de los Derechos Humanos, se dio un salto muy importante.

-¿y acá en Uruguay eso también se sintió?
Sí. Y en primera instancia para demostrar que una amenaza que se nos hacía acá todos los días no era cierta. Acá se te decía que si tocabas a los militares se venía el golpe. Y Pinochet era el rey de los impunes, era senador vitalicio. Acá eran 4 o 5 de primer orden y 10, 15 o 50 militares de segundo orden, ya que la gran mayoría de los principales murieron. Y a Pinochet lo metiste preso y no hubo golpe de Estado. Entonces lo primero es que demostrabas que eso no era efectivo. Y en segundo lugar demostrabas que los tratados y las cosas que dicen los convenios y que dicen las leyes, se pueden aplicar. Ya que Garzón estuvo en un lugar en un momento, pero ese lugar no hubiera existido si no se hubiera estado denunciando durante años en Madrid. Por lo tanto es una conjunción de muchas que necesitan que durante años, por lo tanto es una conjunción de una serie de cosas que precisan un tiempo de desarrollo y que en determinado momento cuajan.
Pero yo iba a lo otro, a los Derechos Humanos en carácter general. Acá en el Uruguay, a pesar que el poder judicial no es tan malo como argentino. La sociedad civil no está fraccionada, ya que existe una sola izquierda y el movimiento sindical tampoco está fraccionado, hay un solo movimiento cooperativo, hay un solo grupo de familiares, pero sin embargo en Argentina existe una cultura de exigirle a las instituciones que amparen los derechos con mayor pelea que acá. Por ejemplo si en Argentina una persona se queda sin trabajo y le cortan la luz, el gas, el agua, va a un juzgado y pide que se los repongan, porque son derechos esenciales. Acá la persona piensa que salvo que un político haga algo, nadie va a hacer algo por ellos. Es decir no viven el derecho como tal, como algo reclamable, que si no se reclama se pierde.
Y el movimiento sindical, cuya representación no es muy alta, pero la representatividad no hay que medirla en números, pero por lo que una organización representa en la sociedad. Mañana, el 1 ero de Mayo, en este país no se mueve un pelo, y cuando hay una manifestación grande no son solo los afiliados los que se mueven. O sea, la representatividad en Uruguay está dada porque en determinado momento una organización encarna o representa lo que piensa la gente, y eso nos ocurre a veces. Entonces por ejemplo la izquierda política reconoce la labor que ha hecho en el tema de Derechos Humanos el movimiento sindical. Y yo creo que si el movimiento sindical no hubiese asumido este tema, hoy habría el Punto Final. E incluso algunos líderes de izquierda han salido a decirnos que no tenemos que metemos en este tema, y nosotros nos hemos seguido metiendo. Así como otra gente dice que este tema no hay que encararlo ahora y habría que dejarlo a la generación futura. Esta es una concepción profundamente equivocada, porque se piensa que cuando uno nace y aparece en este mundo empieza la película, y que cuando uno muere se termina, y no es así. Ya que la memoria de los pueblos es otra cosa, y la memoria histórica es otra cosa, entonces pensar desde la óptica de la izquierda es nefasto, porque así se auto niega a sí misma. Ya que porqué mañana la gente va a ir a celebrar el 1 ero de Mayo, por algo que sucedió hace más de 100 años. ¿Terminó cuando ajusticiaron a Sacco y Vanzetti? No fué así. ¿Terminó cuando pasó esa generación? No. Entonces yo pienso que lo que hace el sistema sindical es positivo por varias razones: la primer es por la fuerte independencia que tiene el movimiento sindical del sistema político. Segundo, porque el movimiento sindical no acompañó la salida pactada de la dictadura, entonces en ese sentido no está comprometido con las formas de salida. Las formas de transición que se dio en la Argentina, marcaron lo que pasó después.

-¿Pero tú sientes que hay un trabajo mancomunado con otros actores respecto a esto? Y otra pregunta, lo que sucede en los otros países, influye aquí?
Nosotros no pretendemos llevar solos este tema, y si lo hemos llevado solos es porque no hemos encontrado compañía. Y hemos hecho esfuerzos por tener esa compañía. Pero la gran mayoría de las actividades que se desarrollan acá en Uruguay sobre este tema, nosotros las acompañamos. Por ejemplo el 20 de mayo nosotros apoyamos la marcha. Hace poco salió un comunicado de varias organizaciones para la Comisión para la Paz y nosotros lo firmamos, es decir nuestra vocación es, en la diversidad, avanzar. Lo que pasa es que en determinado momento, había concesiones que no estábamos dispuestos a hacer. Y algunos se auto criticaron, porque el hecho que ahora familiares diga que la vía judicial no es descartable es nuevo. Porque en algún momento dijeron lo contrario y se fundamentó políticamente esa posición. Nosotros cuando hicimos la primera acción judicial que podríamos haberla hecho a fines de 1999, la hicimos al final del 2000 porque todo el tiempo estuvimos tratando de convencer a las otras organizaciones que había que hacerlo. Y los otros no querían. En el caso de Sara, lo mismo. Por ejemplo, el tema de presentar causas en España, fuimos nosotros. Las causas que presentamos en Argentina, fuimos nosotros. Y encuentra alguna organización que haya estado presente, no hay. Recién ahora en las últimas causas que presentamos logramos apoyos de algunos sectores, apuntando que efectivamente a partir del informe de la Comisión para la Paz, esta situación cambia.

-¿y qué tarea tienen para adelante?
Nosotros lo que hemos hecho es sacar un comunicado y un análisis del informe de la Comisión para la Paz. Posteriormente lo que hay que definir es que se hace. Alguna gente dice que los familiares tienen que hablar nuevamente con los militares para recuperar la información que falte por recuperar. Si este es el camino, nosotros vamos a seguir insistiendo en la línea que hemos mantenido hasta ahora. Y también hay que ir viendo como en esta evolución del pensamiento se ubica el poder judicial, que durante años, miró para otro lado. Y los debates que surgieron al rededor de la detención de Juan Carlos Blanco están planteando una vieja discusión que se dio en este país desde hace años.
-¿En otro orden de cosas, que te parece a ti lo que está pasando en Brasil, con la llegada de Lula?
Te voy a dar mi opinión personal, porque hasta ahora te he dado nuestra posición como organización. Mira, yo apuesto en Brasil al movimiento social, ese yo creo que es el fiel de la balanza y yo no creo que haya que tener expectativas en el terreno político. Y es lo mismo que lo que va a pasar acá. Por ejemplo no me cabe ninguna duda que acá va a ganar la izquierda, ahora si hay un movimiento sindical débil, no va a poder hacer gran cosa. Y yo creo que el movimiento sindical se ha afirmado en los últimos tiempos y ha llevado a que la izquierda se posicione mejor en algunos temas. Por ejemplo el rechazo de las privatizaciones no se hubiera hecho sin la movilización de las privatizaciones. Se ganó un referendum, ahora se juntaron las firmas para otro. Hubo un proyecto general en el 92, y ese se ganó, y ahora se intentaron privatizar las telecomunicaciones y como el gobierno vio que se estaban juntando las firmas el gobierno cambió lo que se cuestionaba. Ahora va a ver un referendum para el tema de los combustibles y se están juntando firmas para el tema del agua. O sea, en realidad el tema de las privatizaciones ha tenido una resistencia muy grande.

jueves, 24 de abril de 2003

Sobre el informe final de la Comisión para la Paz.



POR LA VERDAD Y LA JUSTICIA: ¿Dónde están?
Por Raul Olivera Alfaro
(Artículo publicado en el Nº 27 del Organo de difusión interna
del PIT/CNT “Trabajo y Utopía abril del 2003)


La sucesión de hechos y actitudes del Poder Ejecutivo que siguieron a la presentación del Informe Final de la Comisión Para la Paz determinan una vez más que el movimiento sindical, realice un pronunciamiento global sobre todos esos aspectos.


MÁS QUE UN “ESTADO DEL ALMA”
Desde la instalación de la citada Comisión y aún antes, cuando se sucedían las fórmulas de salida al tema de las violaciones a los de rechos humanos cometidas durante la dictadura, el PIT/CNT ha sido muy claro en sostener que para resolver definitivamente con verdad y justicia la paz entre los uruguayos, más que un “estado del alma”, se necesitaba un gobierno que con la valentía y dignidad, actuara de acuerdo a un estado de derecho, donde el conjunto de normas y leyes sean las que garanticen el respeto y la convivencia entre los habitantes de la Nación.
En ese sentido, pasa resolver un grave problema que no sólo afectaba a las familias de las víctimas, sino a toda la sociedad, esta administración invocó estados del alma, pero hizo más para asegurar la impunidad de los violadores de los derechos humanos, que por resolver adecuadamente las obligaciones del Estado al respecto.
Frente a lo que fue un despiadado terrorismo de Estado que cometió los más repugnantes crímenes y para ello puso en juego todo el aparato del Estado, se necesitaba que el Estado democrático, pusiera todos sus poderes para reparar integralmente las consecuencias de la acción del Estado terrorista. Fue muy poco, lo que esta administración, puso para esa tarea, por eso en su momento dijimos con respecto a la creación de la Comisión para la Paz, que si bien se podían producir algunos avances, parecía claro que las posibilidades de acción de la misma, no le permitirán arribar a definiciones en temas que son considerados necesarios no sólo por parte del PIT CNT, sino de acuerdo a las diversas recomendaciones de Organismos Internacionales.


EL DERECHO A LA VERDAD
El movimiento sindical, ha reclamado que el Estado, tuviera otras iniciativas que complementaran los objetivos de la Comisión para la Paz. Lo hizo ante un Tribunal, apoyando el reclamo de Tota Quinteros al derecho a la verdad, lo volvió a hacer ante una sede penal, reclamando justicia por la desaparición de Elena Quinteros. En las dos oportunidades, el Poder Judicial, respaldó esos reclamos mientras que el Poder Ejecutivo. o se burla de los dictámenes de ‘la justicia en el caso del recurso de amparo o se esfuerza para sacar de la cárcel a un delincuente como Blanco y preservar que no siga el mismo camino el ex dictador Juan María Bordaberry.
Por si eso fuera poco, durante esta administración, en otros aspectos vinculados a los derechos Humanos, persistió en conductas que afectaron seriamente, eventuales expectativas que, sin duda existieron en nuestra sociedad, en torno a una sana intención de lograr resolver el tema de las desapariciones de personas, y se persistió en el objetivo prioritario de preservar la impunidad y el anonimato de los autores de delitos gravísimos.
Las omisiones y complicidades de las administraciones anteriores, cuando existían y existen obligaciones jurídicas, políticas y éticas, con relación a los desaparecidos, no puede ser omitida a Fi hora de abalizar lo poco y limitado que puso el Estado por parte del Poder Ejecutivo para cumplir con esas obligaciones. Sería un profundo error, si desde nuestra óptica nos centráramos en ver si esa Comisión hizo más o menos de lo que individualmente se podía esperar de la honorabilidad y esfuerzo de sus integrantes.


RESPUESTA ÚNICA Y POBRE
Al haber hecho suyo el Poder Ejecutivo las conclusiones contenidas en el Informe Final, esa es la respuesta única y pobre con la que se pretende terminar con más de un cuarto de siglo de lucha. Si resulta inadecuado e incorrecto que la Comisión pretenda darles el carácter definitivas a unas conclusiones que no avanzan con certeza sobre aspectos fundamentales de la Memoria Histórica, resulta de suma gravedad que el Presidente Batlle lo consagre también así, cuando la citada Comisión sólo podía recibir, clasificar y recopilar información, no investigar.
Ahora el Presidente Batlle, afirma haber cumplido con el artículo 4°. A ello se negó en sede judicial, para no cumplirlo apeló contra el derecho de Tota Quinteros ante un Tribunal de Apelaciones; para no cumplir el artículo 4°, litigó en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, contra el petitorio de los familiares; para no cumplir el artículo 4°, mandó realizar gestiones para que Tota y el PIT/CNT, renunciaran a una sentencia favorable; para no cumplir el artículo 4°, no le encomendó a la Comisión investigar, le quitó toda posibilidad de actuar de acuerdo a los procedimientos que reglan una investigación administrativa como la que establece el artículo 4° de la Ley de Caducidad.
La Comisión y ahora el Presidente, dicen que “la información clave”, estaba en manos de policías o milita res. Esta admisión, para el Poder Ejecutivo y/o cualquier funcionario público, tiene implicancias muy graves. Si en el correr de los años 1986/87, el Poder Ejecutivo, mediante los Fiscales Militares que investigaron las desapariciones, enviaron oficios a las distintas fuerzas y dependencias y recibieron respuesta negativa en cuanto a la participación de militares en los hechos. ¿esto no merece una explicación? Si a esto se suma que la Comisión y ahora el Dr. Batlle, dicen que no todos los militares o policías estuvieron dispuestos a aportarle información. Si la Comisión y ahora el Ejecutivo, saben que alguien podía aportar información y se guarda la información durante casi un cuarto de siglo y ahora entrega esa información - está fuera de derecho, pero algunos lo aceptaron-, que sea objeto de una suerte de “encubrimiento” o “confidencialidad”. eso no puede extenderse a los que persisten en negar información que se dice está en poder de ellos.
El Dr. Batlle, hace suyo un informe que dice que los casos de desapariciones forzadas ocurridos fuera del territorio nacional, tuvieron un “elemental obstáculo de jurisdicción y soberanía de los países vecinos”, que dificultó que se pudiera actuar allí. Nadie ignora en este país, que esta administración, cuando en su jurisdicción - medios más efectivos que la propia Comisión, como lo es el Poder judicial-, quisieron investigar las desapariciones, se les negó toda cooperación, extendiendo indebidamente los alcances discutibles de la ley de caducidad.


DESDE EL MOVIMIENTO SINDICAL
Lejos estamos desde el movimiento sindical, en entrar a juzgar lo que por obra y gracia del Poder Ejecutivo se quiere transformar en la ver dad definitiva, en función de la sana y honesta convicción moral de sus integrantes. Sí creemos, que los aspectos que estaban a consideración, eran demasiado delicados, para que se pueda terminar diciendo que no podía hacer otra cosa y eso se acepte tranquilamente. Si alguien en una actividad oficial, constata sus limitaciones, debe enviar sus modestas conclusiones primarias, y sugerir, al menos, que otro poder del Estado (la justicia, por ejemplo), actúe según su competencia, condiciones y atribuciones. El Ministro de Defensa, hace pocas horas, no por su libre convicción o convicción moral, sino porque ello no consta en el Informe, puede decir que Elena Quinteros no fue ejecutada, solo que falleció.
Por ahora en el Uruguay, tanto por imperio de la ley de caducidad, como por la voluntad de una parte importante el sistema político y las intenciones del Dr. Batlle, la impunidad es un abrigo que se puede estirar hasta el infinito. Por lo que la afirmación de que con relación a las versiones aportadas con relación a las desapariciones ocurridas en territorio nacional, quienes las dieron nada obtendrían por aceptarlas o ratificar- las, nos permitimos decir que nada perderían dada la característica de la versión de que no existen más los restos. ¿Son las limitaciones de soberanía o que en los otros países aún actúa la justicia, lo que realmente explica la falta de respuestas a los que el Estado dictatorial secuestró y desapareció fuera de fronteras?


ASUMIMOS NUESTRA HISTORIA
No es Cierto como se afirma por parte de la Comisión y ahora por el Dr. Batlle, que el aporte de esta administración se limitó a verificar la verdad de los hechos. De ciertos aspectos de los hechos, debió decirse. El movimiento popular en nuestro país, siempre asumió con la prudencia y la grandeza, que hoy se nos reclama, su historia. Pero es difícil hacerlo, con una historia que se nos quiere imponer y en la que se nos quiere hacer compartir y equiparar responsabilidades. No es parte de nuestra memoria histórica, aquella que se formula muy genéricamente sobre las conductas de un Estado “sin control”. Quienes enfrentamos la dictadura, sabemos que se trató de un aparato represivo que actuó bajo el imperio de una ideología - de la Seguridad Nacional -, que justificó y fundamento su accionar.
Tampoco es parte de la verdad histórica, que en este país existieron detenciones y desapariciones que fueron parte de “procedimientos no oficiales o no reconocidas como tales ‘ Por el contrario, el terrorismo de Estado, secuestra y hace desaparecer operando con procedimientos de esa característica. Es parte de nuestra memoria histórica, que los opositores a la dictadura, eran sometidos a torturas en centros clandestinos de detención, pero que esos lugares de detención en su totalidad estaban en el interior de unidades militares o dependían de ellas, por lo que se desvirtúa una acción “sin control”o no oficial.
Lamentablemente, el “Estado del Alma” que tanto invocó el Presidente Batlle, no mueve un dedo para darla. Le preocupa más la situación de su correligionario Juan Carlos Blanco, la posibilidad de que el ex dictador, denunciado ante la Suprema Corte de Justicia, también deba rendir cuentas ante la justicia y lograr un punto final para el tema, que contri buir a una respuesta digna de un Estado de Derecho. Por lo expuesto, el próximo 20 de mayo, continuaremos levantando el reclamo de ¿Dónde están? Verdad y Justicia.


VERDAD HISTORICA.
Otro aspecto que desde nuestra condición, no podemos omitir calificar: Se dice que “las personas fallecidas” (ya no son detenidos-desaparecidos), en su enorme mayoría no integraban organizaciones subversivas. Preguntamos: ¿en una dictadura, donde están los subversivos? Respondemos: ¡En los civiles y militares que violaron la constitución y se adueñaron del gobierno del país! No hanía una guerra, es cierto. Pero los compañeros que la dictadu ra asesinó, se apropió de sus hijos, se les torturó, violó, encarceló, condenó al exilio, despidió de sus trabajos e hizo desaparecer, participaban de la lucha contra la dictadura. Esa es una verdad histórica que debió ponerse con mayúsculas.
Finalmente con relación a las versiones e informaciones sobre el destino de los restos de los desaparecidos, que sin dar ninguna prueba que la sustente, el Poder Ejecutivo intenta imponer por decreto, la misma es rechazada enfáticamente por el movimiento sindical. No sólo por carecer de una base probatoria, sino además, porque las “verdades” del colectivo militar, han dado sobradas muestras de su verdadero carácter, de los que hay ejemplos Simón Riquelo, había muerto; la nieta de Gelman, también; Eugenio Berríos estaba en Ita1ia; los militares y policías, nada tenían que ver con las desapariciones; algunos desaparecidos en Chile, que habían sido arrojados al mar, fueron encontrados enterrados en unidades militares; • Elena Quinteros y Julio Castro, habían salido del Uruguay, etc. ¿Por qué creerles?. El propio Informe, sobre este aspecto, termina “destacando que los uruguayos merecen a esta altura a juicio de este Cuerpo- una explicación más clara y contundente sobre el destino de los restos”.


GRAVES OMISIONES
La Comisión y ahora el Poder Ejecutivo, omiten toda mención a la denuncia sobre un segundo traslado de uruguayos en 1976 desde Argentina al Uruguay, denunciado por el propio P1T CNT. Tampoco nada, sobre lo testimonios entregados a la Comisión, que mencionan otro traslado en el año 1977. Nada sobre un testimonio que da cuenta de que habían sido vistos en Uruguay al menos dos uruguayos, que habían sido secuestrados y desaparecidos en la Argentina. Nada se dice. No tenemos ninguna explicación. Todas y cada una de esas denuncias fue ron entregadas a cara descubierta, sin embargo no tuvieron el privilegio de ser incluidas, al menos, como una “versión”, como lo fue, la dada en anonimato por “fuentes militares”, de múltiples operaciones que hicieron desaparecer nuevamente a los desaparecidos. Si es sobre esas denuncias, que la Comisión dice que se lo envía al Presidente, “para que éste disponga las actuaciones que entienda pertinentes sobre aquellos extremos que el cuerpo no ha logrado averiguar” la sociedad uruguaya tiene el derecho de saber, que actuaciones pertinentes realizó. Admite expresamente una renuncia a actuar de acuerdo a las potestades que él detenta y las que tienen el Estado en su conjunto.

UNA REGLA MUY DISCUTIBLE.
También le preocupa al movimiento sindical que la información que varias instituciones del Estado dicen haber aportado a la Comisión y por su intermedio al Poder Ejecutivo, relacionad con las desapariciones, se le aplique la discutible regla de “confidencialidad”, contribuyendo a mantener oscuro aspectos importantes de la verdad histórica.
Si las investigaciones que el entonces Presidente Sanguinetti le encomendó a los mismos autores de los delitos, a través de Fiscales militares, resulto una burla, el hecho que la Comisión “por expresas instrucciones” del Presidente, por ser “de su privativa competencia” no autorizara contactos institucionales con las Fuerzas Armadas, ni que se reuniera con los mandos y jerarquías respectivas, resulta ridiculo, para un organismo que dice haber actuado como una “Comisión de Verdad”.
En muchos de los anexos en los que se da cuenta de lista de casos, se incurre en una metodología en cuanh i a su clasificación, que agravia aún más la afirmación de que los secuestros (no detencio0nes como dice el Informe), fueron en procedimientod “no oficiales o no reconocidos como tales”.
El movimiento sindical, a poco de empezar a actuar la Comisón, reclamó públicamente que en la confección oficial de las listas de desaparecidos, se tomara en cuenta una clasificación que podía acercarse mas a la Verdad histórica. Esa clasiticacion debia determinar aquellas desapariciones forzadas realizadas con la participación directa o indirecta del Estado uruguayo y aquellas que se produjeron en el marco de situaciones de carácter nacional relacionadas con los paises donde ocurrió la misma.
Para el movimiento sindical, aun para parecerse en algo a una Comisión que intentaba recuperar la memoria histórica, esta, además de consignar las dificultades del largo tiempo trascurrido desde el acaecimiento de los hechos que dificulto la reconstrucción de lo sucedido, debía al menos consignar las responsabilidades del Estado, en la omisión de actuar durante todo ese tiempo, y más aún, en obstaculizar cuando desde algún ámbito se intentó actuar, incluida esta propia administración.