lunes, 25 de febrero de 2013

URUGUAY: UN NUEVO RETROCESO EN LAS BATALLAS CONTRA LA IMPUNIDAD.

URUGUAY: UN NUEVO RETROCESO EN LAS BATALLAS CONTRA LA IMPUNIDAD.
Publicado en Trabajo y Utopia Febrero 2013




Nuevamente una decisión, esta vez de la Suprema Corte de Justicia, puso de manifiesto las intrincadas tramas de intereses que siguen apostando a perpetuar la impunidad en el Uruguay. El nombre de la Dra. Mariana Mota, se sumó a una extensa lista de magistrados y fiscales, los que entre otros se encuentran, Alberto Reyes, Alejandro Recarey, Ricardo Perciballe, Estela Jubette, Mirtha Guianze, que mediante variados mecanismos sufrieron las represalias por haber intentando hacer justicia con idoneidad y competencia, desafiando los mandatos y las presiones desde las distintas esferas del poder.

Contrariamente a lo que ocurrió en otros casos, esta vez la concreción de los objetivos instrumentados mediante una desembozada campaña llevada a cabo durante mucho tiempo desde varios niveles (políticos, jurídicos y de prensa), no paso desapercibida para la ciudadanía y las organizaciones defensoras de los derechos humanos que interpretando la gravedad de lo que ocurría, se movilizó tanto para repudiar el hecho, como para expresar un merecido respaldo a la magistrada.

No era solamente las consecuencias directas que el alejamiento de la Dra.Mariana Mota de la Sede Penal de 7º Turno producirá –independientemente de la capacidad de la jueza que la suplante-, en las causas que se encuentran radicadas en dicha sede penal. Era además una clara señal para el resto del sistema judicial, de cuales serían las consecuencias para quienes desafiaran una lógica que empieza a perpetuarse en el Uruguay; la de la impunidad de los hechos.

No se trataba como los Ministros de la Corte y su vocero intentaron ubicar el problema, de simple formalidad o de legalidad. Se trataba una vez más de una práctica común de la SCJ, propia de un Estado feudal, de efectuar traslados de jueces, cuando la independencia técnica del magistrado no es funcional a la opinión mayoritaria de la Suprema Corte de Justicia, y sobre todo de resoluciones que no tienen fundamentos ni criterios conocidos públicamente. Y que por otro lado, son una muestra, desde el punto de vista administrativo de una gran incapacidad, puesto que eso ocurría en momentos que el Uruguay esta obligado internacionalmente por una sentencia de la Corte IDH a facilitar un proceso de justicia ágil y eficiente que permita el esclarecimiento de los hechos del pasado.

Y para colmo, eso ocurrua con un silencio de cierto beneplácito desde esferas del gobierno y abierto beneplácito de filas de los centros militares.

Cierto es que algunas voces de parlamentarios oficialistas, y solitariamente un ministro del Poder Ejecutivo, se expresaron claramente al respecto. Entre los primeros, Constanza Moreira, Felipe Michelini y Luís Puig. Y a nivel del Poder Ejecutivo, solitario el canciller Luís Almagro, con expresiones altamente contundentes y claras. El Ministro de Relaciones Exteriores Luís Almagro sostuvo que el desplazamiento de Mota afectaba negativamente el “posicionamiento internacional” del Uruguay, ya que la magistrada “cabalmente aplicaba las convenciones internacionales y de derechos humanos”. “Pierden las víctimas. Habrá dinosaurios contentos, pero es importante que se dé un mensaje firme de reconocimiento al trabajo que hizo Mota, para dar una señal a aquéllos que pueden ser futuros Mariana Mota de que es importante que se haga ese trabajo”. Para quien representa al Uruguay internacionalmente Mota era una “jueza extraordinaria”, que ha estado “cerca del ideal que se pretende del derecho y la justicia”. “Es el miembro del Poder Judicial que más cabalmente entendió la dimensión del tema de los derechos humanos y la vigencia de los convenios internacionales”.

Sin ninguna duda, Mariana Mota era eso que sostiene Almagro, su desplazamiento no puede admitir mas que una lectura: un palo en la rueda en los avances contra la impunidad.



REPERCUCIONES A NIVEL INTERNACIONAL.

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) de Argentina, organismo que colabora con el PIT/CNT en la creación del Observatorio “Luz Ibarburu” manifiesto su “profunda preocupación ante el desplazamiento arbitrario” de la jueza Mariana Mota y recordó que “El proceso a partir del cual la región protagoniza un giro hacia la rendición de cuentas por los crímenes de lesa humanidad cometidos en el pasado reciente, es uno de los hechos más significativos en materia de justicia transicional en el siglo XXI. Se han producido importantes avances, pero aún resta mucho por hacer para garantizar su continuidad y cumplir con los compromisos internacionales asumidos en materia de derechos humanos. En este contexto, el apartamiento de Mota constituye un grave retroceso, no sólo para el país hermano sino para toda la región”.

Para el CELS, el desplazamiento de una jueza que históricamente ha impulsado estas investigaciones con responsabilidad y profesionalismo, como Mariana Mota, es contraria a la obligación que la Corte Interamericana de Derechos Humanos le impuso al Estado uruguayo de instrumentar las formas más idóneas para investigar estos crímenes y garantizar justicia para las víctimas, ya que “esconde la intención de detener las investigaciones de estos crímenes y brindar una señal de alerta para cualquier otro magistrado que pretenda avanzar al respecto”.

Por otro parte un grupo de académicos interesados en el tema de la justicia transicional y los derechos humanos en América Latina , y con especial preocupación por el Uruguay, emitieron una carta abierta cuestionando la “decisión sobre una juez cuyo trabajo ha sido reconocido por su imparcialidad frente a casos de suma complejidad, nos encontramos desconcertados. El cambio de la Juez Mota genera incertidumbre sobre el futuro de las investigaciones y los procedimientos judiciales de las causas de derechos humanos que ella tenía a su cargo”.

Expresando además la preocupación de la comunidad internacional, “que existan presiones de este tipo hacia jueces actuantes en causas notorias recientemente desarrolladas en derechos humanos”, ya que “es fundamental para la libertad y la democracia en el Uruguay la preservación de su carácter republicano ampliamente conocido en el mundo. Y para lo cual es indispensable que se respete el trabajo independiente de los jueces abocados a estas causas, rechazando las presiones que desde el orden público o la prensa se ejercen. Cualquier medida que se adopte siguiendo rumores de prensa o declaraciones del ejecutivo será interpretada como injerencia en la independencia del poder judicial y como en su triste pasado, Uruguay volverá a integrar la lista de naciones donde la libertad de acción y la independencia de la justicia son violadas, y el estado de derecho no es respetado”.

Finalmente, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), expresaron también su profunda preocupación por el impacto que dicha acción pueda tener en la tramitación de causas por delitos de lesa humanidad. Al respecto resaltaron que “En tiempos en que Uruguay debe saldar el cumplimiento de lo ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la causa Gelman y, por tanto, satisfacer su obligación de organizar las estructuras del Estado para superar la impunidad en que se encuentran los crímenes cometidos durante la última dictadura, el sorpresivo y hasta ahora no explicado traslado de la jueza Mota (…) La alegada legalidad de la medida ordenada por la Suprema Corte de Justicia, no resulta suficiente para explicar la inesperada decisión del traslado de la jueza Mota, quien se encontraba a cargo de más de cincuenta casos vinculados con el terrorismo de Estado cometidos durante la última dictadura y cuyo trámite activo representaba una esperanza para la sociedad uruguaya.



Raúl Olivera

Secretaria DD.HH y Políticas Sociales del Pit/Cnt

sábado, 2 de febrero de 2013

ANTES DE SALIR PARA LA PLAZA.

ANTES DE SALIR PARA LA PLAZA.
(02-02-2013)


El momento que vivimos hoy con relación a la lucha por Verdad y Justicia, torna necesario e imprescindible algunas reflexiones políticas que orienten el rumbo a seguir, para que el “momento” que hoy vivimos no se tornen un largo periodo. Y también para ayudar a las eventuales, estrategias jurídicas.

Esta claro que como veníamos sosteniendo, el Uruguay esta al final de la tabla del ranking de los estados latinoamericanos con relación a sus políticas públicas en derechos humanos.. A fines de los años 80, en una de las principales batallas jurídicas -los recursos promovidos por las víctimas de inconstitucionalidad de la reciente aprobada ley de caducidad, perdimos 3 a 2. Más de 20 años después en otra crucial batalla jurídica, el viernes pasado, en un recurso esta vez planteado por los victimarios, perdimos por goleada: 4 a 1 y para colmo nos inhabilitaron una semana antes a uno – sino el más experimentado y mejor jugador que contábamos. Con el traslado de la Dra. Mariana Mota, es como si se nos expulsara a Luís Suárez.

Como la ley de caducidad, trasladaba al ámbito político la definición de si podía o no hacer justicia en el Uruguay de entonces, no había porque expulsar jueces, sino legisladores intransigentes y peleadores, y por ello expulsaron del Senado a José Germen Araujo.

En aquellos años, los ciudadanos tomamos conciencia de que en la interpretación, de las normas que rigen la convivencia entre los ciudadanos, había dos bibliotecas. Las de aquella mayoría de la SCJ que santificó los mecanismos perversos de la ley de caducidad, y las de Jacinta Balbela y García Otero que se les opusieron.

Hoy, 20 años después y con el avance que ha dado la humanidad en sus normas de protección y promoción de los derechos humanos, sigue habiendo dos bibliotecas y solo la de uno de los Ministros de la Corte – la del Dr. Pérez Manrique -, es aceptable. Pero a diferencia de los años 80, el Fiscal de Corte Dr. Jorge Díaz, discrepó con la opinión mayoritaria de la Corte que declaro inconstitucional los artículos 2 y 3 de la ley 18.831.

Es cierto que esas voces discordes, no cambian la decisión. Pero también es cierto que ayuda según los caminos que se emprendan para enfrentar este malón. Tampoco cambió en tiempos pasados la situación, la discrepancia de Balbela y García Otero, pero ayudaron en las largas batallas que hasta hace muy poco dimos para que se reconociera la inconstitucionalidad de la ley de caducidad. También es cierto, y ello hará necesario aplicar la mayor madurez a nuestros posicionamientos, que la decisión de la Corte esta íntimamente ligada al traslado de Mariana Mota y la falta de explicaciones sobre ello de las máximas autoridades judiciales, en las que el discrepante Pérez Manrique se alineo con el resto de la SCJ.

Resumiendo, tenemos una decisión mayoritaria, no compartida por un Ministro y el Fiscal de Corte y eso hay que incorporarlo sin prejuicios. Esto es importante tenerlo en cuenta, pues no nos encontramos ante un mero debate jurídico. Hay un debate político, una batalla por la opinión institucional y pública a nivel nacional e internacional, que se debe articular con el desplazamiento de Mariana, al palo en la rueda al ICIR (impuesto a la tierra de los más ricos) y la falta de transparencia de las decisiones administrativas de la SCJ.

Y las batallas por la opinión pública se ganan cuando se tiene la capacidad para resolver adecuadamente dos aspectos. Por un lado una síntesis clara en la que se resuma adecuada y claramente lo que esta en juego; y por otro lado, lograr sumar fuerzas tras esa síntesis. Todo aquello que descentre, las discusiones, que desvié los ejes de la discusión, flaco favor le hace a nuestras luchas.

Sobre el primer aspecto, una síntesis clara en la que se resuma lo que esta en juego, creo que en el caso del desplazamiento de Mariana Mota, la idea fue bien planteada y así lo entendió la gente: la sacan arbitrariamente porque era la jueza más activa y comprometida con los derechos humanos.

Sobre la Sentencia de la mayoría de la Corte, la idea fuerza es que l Estado uruguayo en su conjunto, por acción de uno de sus poderes, el menos democrático por su forma de designación, se opone a la voluntad del Poder Ejecutivo y del Parlamento que definieron cumplir con la Sentencia de la Corte IDH. Dicho de otra manera, lo que esta en cuestión es si Uruguay acata o desacata sus compromisos internacionales, cumpliendo o no, la Sentencia condenatoria en el caso Gelman.

O más claro aún. Al igual que con la inconstitucionalidad del ICIR, de favorecer a los más ricos, a los grandes propietarios de la tierra, con la decisión sobre la ley 18.831, se favorece a los asesinos, torturadores, desaparecedores y violadores. Eso es lo que la gente debe entender.

Y el sistema político, el gobierno debe entender, que el Uruguay caerá en responsabilidad internacional y con eso caerán los sueños de un papel del Uruguay en el concierto internacional.

La responsabilidad internacional es del Estado uruguayo en su conjunto, de ahí que desde el Parlamento y el Poder Ejecutivo se deben tomar iniciativas, so pena de ser también responsables del incumplimiento de la Sentencia, por omisión.

El 21 de octubre de 2011, el PITCNT con un conjunto de organizaciones sociales, en momento en que el parlamento se aprestaba a sancionar la ley 18.831, expresaba en un comunicado público, que el contenido de dicha norma era de “ responsabilidad exclusiva del sistema político” y que pensábamos “ que la formula que impulsamos” en aquel momento, “era la más adecuada para dar cumplimiento a lo ordenado por la Corte IDH, no obstante abrigamos la firme esperanza que el camino que finalmente se adopte, sea realmente efectivo para erradicar definitivamente la impunidad de nuestro país”.

La ley 18.831, fue la consecuencia de una decisión política del Estado uruguayo en su conjunto, de cumplir con lo establecido por la Corte IDH. A la luz de la decisión de la mayoría de la SCJ, no resulto realmente efectiva para erradicar definitivamente la impunidad en el Uruguay. De ahí que como bien lo señala una declaración del PVP y la agrupación Arerungua “la mayoría de la SCJ contradice la voluntad expresada por los otros dos poderes del Estado, de cumplir cabalmente con la sentencia de la Corte IDH, haciendo caer en responsabilidad internacional al Estado uruguayo, por lo que es de esperar que se tomen los recaudos que sean necesarios para evitar esa situación que coloca al país muy desfavorablemente ante el concierto internacional”.

De ahí que una línea de acción importante esta radicada en la denuncia internacional y sobre todo ante la Corte IDH. Si la Corte IDH observa el incumplimiento a partir de la sentencia de la SCJ, ¿Qué actitud toma el Estado uruguayo?

Sobre la segunda condición, lograr sumar fuerzas, es importante que el Frente Amplio se haya sumado, como lo ha hecho convocando a la movilización del lunes y en otras iniciativas. Reconocer eso como positivo, no debe entenderse como una neutralización de los errores y las vacilaciones que en este tema ha tenido la fuerza de gobierno. Es importante que desde las organizaciones sociales, no contribuyamos a tirar el niño con las aguas, evitando la proliferación de visiones que priorizan “ajustes de cuentas” legítimos y muchas veces fundados a los objetivos estratégicos de la lucha por verdad y justicia.

De instalarse la lógica de la impunidad, que se trasluce con meridiana claridad en la Sentencia Nº 20 de la mayoría de la SCJ, no sería de extrañar que con relación a los militares presos en Domingo Arena o haciendo turismo médico en el Hospital militar, los lleve a librarlos de la cárcel, al igual que cualquier rapiñero.

Raúl Olivera Alfaro