martes, 10 de diciembre de 2013

EN EL DIA DE LOS DERECHOS HUMANOS.

“He luchado contra la dominación blanca y he luchado contra la dominación negra. He acariciado el ideal de una sociedad libre y democrática en la que todas las personas vivan con igualdad de oportunidades. Es un ideal por el que espero vivir y ver realizado. Pero, si es necesario, es un ideal por el que estoy dispuesto a morir”. Nelson Mandela. (Discurso en el juicio de Rivonia em 1964, en que lo condenaron a cadena perpetua) En este día en que se conmemora un nuevo aniversario de la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el movimiento sindical uruguayo a través de su Secretaria de Derechos Humanos cree que es oportuno compartir una reflexión sobre el real estado en que se encuentra el país la lucha contra el principal flagelo contra los derechos humanos: la impunidad. Creemos que derrotar definitiva y categóricamente las distintas variantes de la impunidad en nuestro país sigue siendo un tema pendiente que debería estar en la agenda de las prioridades del Estado y de aquellas fuerzas políticas que se embarcaran ya en la contienda electoral con miras a definir quien asumirá la responsabilidad de conducir los destinos del país. Somos consientes que una adecuada agenda de derechos humanos no debe limitarse a los hechos dramáticos de nuestro pasado reciente. Pero estamos convencidos que sin resolver adecuadamente nuestras deudas con ese pasado, no tendremos bases firmes y duraderas para construir un presente y un futuro donde impere una cultura de derechos humanos. Ese desafío pendiente de derrotar la impunidad y sentar las bases firmes de una vida ciudadana en clave de derechos humanos, debe ser pensado tanto a la luz de avances logrados por las normas del derecho internacional y los obstáculos existentes en su aplicación en nuestro país. Estos han sido claramente ubicados en las recomendaciones recientemente formuladas por el Relator Especial de las Naciones Unidas para la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición Sr. Pablo de Greiff, en base a la cisión de la sociedad civil y no de la mirada siempre autocomplacientes de los gobiernos, el sistema político y el propio Estado. Recientemente en el Uruguay con el dictado de una serie de sentencias de la mayoría de la Suprema Corte de Justicia declarando inconstitucionales artículos de la ley 18.831, se empezó a levantar contra los avances que obliga la sentencia de la CIDH, la confesada por su Presidente Ruibal Pino, muralla de contención para terminar con la impunidad de los crímenes del terrorismo de Estado. En las Sedes penales donde se radican las causas relacionadas al terrorismo de Estado, se produjo una serie de recursos de las defensas de los terroristas de Estado, que encuentran en las mencionadas sentencias de inconstitucionalidad de la Suprema Corte de Justicia, argumentos para intentar impedir el avance de las investigaciones penales en curso y con ello el cumplimiento cabal de la sentencia de la Corte Interamericana. A esa situación se suma la escasa o nula colaboración de los organismos estatales de brindar información existente en sus archivos, principalmente del Ministerio de Defensa. Pese a que en varias causas existían avances que auguraban la continuidad de nuevos procesamientos de autores o complices de delitos de lesa humanidad, las situaciones antedichas las siguen demorado. Mientras tanto continúan falleciendo los procesados sin que se dicten sentencias condenatorias, testigos y denunciantes sin que se atienda sus requerimientos de hacer justicia. En esta batalla que también se desarrolla, contra el tiempo, los resultados no son alentadores ni han merecido la debida y adecuada atención por parte del Estado. A ello, se suma la absolución de tres imputados, aunque solo en un caso significó la recuperación de la libertad, con argumentos jurídicos y visiones históricas insostenibles. En este panorama complicado y amenazador, el arbitrario traslado de la Dra. Mariana Mota, no obtuvo resultados favorables en su primer recurso ante la propia Suprema Corte. Sin embargo, continúa recibiendo el apoyo nacional e internacional y se tramitan nuevos recursos a nivel nacional. Esta situación arbitraria, esta vez no pasó impunemente como ocurrió en el pasado con situaciones similares donde de distintas formas jueces y fiscales fueron represaliados por desafiar las políticas de impunidad, y pusieron en el debate público la democratización de un Poder del Estado, como lo es el Judicial. Si bien es cierto que las sentencias de inconstitucionalidad contra artículos de la ley 18.831 son retrógrados y violadores de la normativa internacional, también es cierto que a nivel de muchos de los fiscales, de algunos jueces de primera instancia y en algunos de los Tribunales de Apelaciones, se tomaron decisiones donde hay un claro desafió a las posiciones sustentadas por la mayoría de la Suprema Corte de Justicia. Esto se da, tanto sobre la prescripción de los delitos, la aplicación de las normas del derecho internacional y el cumplimiento de la sentencia de la Corte IDH. En resumen, en esas determinaciones se opera una clara línea de argumentaciones y posicionamientos jurídicos desafiantes a las opiniones de la mayoría de la Suprema Corte uruguaya. Sin embargo es de destacar que el principal desacato al que el Estado en su conjunto debe prestar especial atención, es la de la mayoría de la Corte contra las obligaciones que tiene el Estado uruguayo. Desacato que mereció comentarios muy duros del Relator Especial de las Naciones Unidas Sr. Pablo de Greiff en oportunidad de realizar sus observaciones preliminares al final de su visita oficial al Uruguay. También vemos con preocupación y alarma que dos sedes penales, la de la Dra Canessa y la del Dr. Timbal, se decidiera el archivo de sendas causas por haber prescrito los delitos afiliándose a las posiciones sustentadas por la mayoría de la Suprema Corte. Esta situación y las reseñadas más arriba nos muestran que existe un debate jurídico en el que se puede percibir avances y retrocesos en la incorporación de la normativa internacional y en la voluntad de cumplir con las obligaciones internacionales del Uruguay. El Estado uruguayo en su conjunto debe tener una posición única y clara en consonancia con los compromisos que soberanamente suscribió como nación. Si esto no se resuelve, no seremos un país serio. Desde esta perspectiva y en este escenario, el movimiento sindical continuara estrechando fuerzas con otras organizaciones sociales para lograr justicia, vedad y alcanzar las condiciones necesarias para las garantías de no repetición de situaciones por las que atravesó el país. A la vez que convocamos a todas las actividades que en torno a este día se realizan, convocamos a la marcha que desde el Obelisco a la Universidad de la República, se realizara el miércoles 11 a partir de las 19.00 horas impulsada por el Colectivo de Vecinos de Santa Catalina y diversas organizaciones sociales por brutal asesinato de Sergio Lemos. 10 de diciembre de 2013

lunes, 2 de diciembre de 2013

HOMENAJE A ELENA EN CONGRESO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA.

Hay cosas que los seres humanos realizamos como operaciones de la memoria, que son buenas en sí mismas. Esta que hacemos hoy, homenajeando a la Maestra Elena Quinteros, es una de ellas. Pero si además se encuadra en una actividad que apuesta a construir una Universidad con capacidad transformadora y crítica, que promueva ideales y compromiso con el cambio social, esta mejor aún. Por eso intentamos hoy, introducir este rescate de la memoria de una luchadora social, desaparecida en el marco de las políticas de terrorismo de Estado con una serie de interrogantes. ¿Sobre qué hechos queremos poner nuestra atención hoy, cuando los temas de la educación sacuden las propuestas de las políticas públicas de los gobiernos de turno, sin dar en el clavo? ¿Qué ejemplos de la vida y el compromiso de esta educadora queremos rescatar hoy, en esta sociedad que padece aún los efectos combinados de los largos años de dictadura y de las políticas neoliberales de los años 90? ¿Qué respuesta en la lógicas de “hacer la tuya”, le podemos dar a la vida y la desaparición de Elena Quinteros? ¿Cuál era para Elena “la suya”? …………………………………… Para responder a esas interrogantes recordemos que, mientras Elena cursaba sus estudios de Magisterio, fue una activa integrante de la Asociación de Estudiantes de Magisterio y una vez que se recibió de maestra y pasó a desempeñarse a nivel del sistema educativo público, desarrolló actividad gremial en la Federación Uruguaya de Magisterio una de las filiales de la Convención Nacional de Trabajadores (CNT). Elena creía en la acción colectiva de los trabajadores y los estudiantes y la practicaba. La lucha de los trabajadores en ocupaciones de fábricas o marchas reivindicativas de trabajadores rurales, así como la denuncia a la acciones imperialistas formaba parte de la cotidianeidad del movimiento estudiantil de esos años. Su militancia política la realizó acompañando el proceso de una corriente libertaria en la Federación Anarquista Uruguaya, en la Resistencia Obrero Estudiantil, en la OPR 33 y finalmente en el Partido por la Victoria del Pueblo. A partir de su actividad como estudiante y como docente, estuvo al frente de las movilizaciones, reclamando un presupuesto digno y adecuado para atender las necesidades de una autentica formación de los maestros. Contribuyó junto a otros de su generación a la creación de una nueva conciencia en varias generaciones de maestros acerca de lo que debe ser la labor magisterial en el Uruguay. A partir de esa influencia cientos de maestros y maestras uruguayas graduados posteriormente a 1966, testimonian sobre el ejemplo y las ideas desarrolladas por aquellos educadores que se convirtieron en animadores de una transformación en la mentalidad de los estudiantes del Instituto Normal. Esa labor consecuente y firme de esas nuevas camadas de estudiantes formada al influjo de esa generación, permitió a un número muy importante de maestros y maestras comprender que la realidad del Uruguay, les reclamaba un compromiso con los sectores oprimidos, explotados del pueblo, amenazados por un incierto y oscuro futuro. A partir de esa comprensión, se instaló entre los estudiantes de magisterio y los nuevos maestros, una idea que orientaría por algún tiempo su acción tanto en las aulas, en las relaciones con los otros maestros; y en la relación con los padres de los alumnos. Esa idea que también encarnaría la labor magisterial de maestros y maestras consistía en no ser maestros al servicio del privilegio, y ser maestros al servicio de los intereses auténticos del pueblo. Ese desafío de los estudiantes y maestros uruguayos, rebelándose contra un estatu quo existente que pretendía que fueran instrumentos del sometimiento ideológico y cultural del pueblo, fue un crisol en el que se forjo una generación de luchadores sociales. Para esa generación, la labor docente solo podía ser concebida, construida con la verdad, sin claudicar denunciando la situación de un país que estaba siendo llevado al abismo por les intereses nacionales vendidos a los monopolios y al imperialismo. Ese compromiso asumido plenamente por el magisterio uruguayo, le significó a Elena su secuestro y desaparición; a Gustavo Inzaurralde su secuestro y desaparición en Paraguay, a María Emilia Islas su secuestro y desaparición en Argentina, a Telba Juarez su asesinato en las calles de Buenos Aires, y podríamos seguir dando nombre de decena de quienes habían optado por el campo de la docencia, que tuvieron que afrontar, la tortura, la cárcel y el exilio. …………………………………………………. Elena había nacido en un hogar de familia trabajadora. Su madre María del Carmen Lidia Almeida (Tota Quinteros) y su padre Roberto Luis Quinteros. La primera practicante de la región cristiana y el segundo de ideas socialistas, influyeron de forma importante en su formación temprana. Al igual que muchos otros jóvenes cristianos Elena se va acercando cada vez más al movimiento revolucionario, hasta que un día cambió la misa de los domingos por las reuniones gremiales y políticas. La casa de la familia Quinteros se fue así convirtiendo en un refugio para cobijar reuniones gremiales e incesantes debates políticos de jóvenes que junto a la discusión gremial y política intentaban generar una nueva cultura. Elena ingresó a estudiar Magisterio en el año 61 y años después se integra a las Misiones Sociopedagógicas, acompañando la iniciativa de los maestros del Instituto Cooperativo de Educación Rural. Sus compañeros y compañeras la recuerdan “como una hormiga, una hormiga discreta, una hormiga conspirativa, una hormiga que cualquier tarea se le podía confiar que se sabía que la iba a llevar adelante A los 22 años de edad sufre su primera detención y a los 24 años es procesada y recluida en la cárcel de Cabildo donde participa de una huelga de hambre reclamando mejores tratos. Tras su liberación, regresa a sus tareas en la escuela de Pando donde es recibida con alegría por los niños y vecinos de la zona. Tras el golpe de Estado del 27 de junio de 1973, Elena se sumerge en la organización de la resistencia que se manifiesta en la huelga general y posteriormente en la reorganización clandestina de actividades militante. El largo proceso de conformación del PVP la obliga a desplazarse asiduamente entre Uruguay y Argentina. El 5 de mayo de 1975, en el marco de un nuevo embate represivo contra su organización política, Elena es requerida por la dictadura y se traslada a Buenos Aires. Al mes siguiente es destituida de su cargo de maestra. En los primeros meses del 76 regresa en forma clandestina a Montevideo. Bajo otra identidad, vive en un apartamento en la calle Massini, hasta su secuestro el 26 de junio de 1976, cuando aún no había cumplido 31 años, Dos días después de su detención, con la excusa de entregar a un compañero, se hace llevar a las inmediaciones de la embajada de Venezuela. Allí logra escapar de sus captores, e ingresa a los jardines de la sede diplomática solicitando refugio. Los militares irrumpen a la fuerza en la embajada y la secuestran, por segunda vez. Elena es conducida al Batallón de Infantería Nº 13, donde fue torturada y posteriormente es ejecutada. Hasta hoy, Elena continúa desaparecida y las fuerzas armadas responsables de su secuestro guardan silencio sobre el destino de sus restos. La justicia solamente ha procesado y condenado al entonces Canciller de la dictadura Juan Carlos Blanco. Los otros responsables civiles y militares de su secuestro, torturas y muerte continúan impunes. Ese acto reparador de la verdad y la justicia, está aún pendiente. Está también pendiente una respuesta al gobierno de Venezuela que tras los hechos de 1976 rompió relaciones diplomáticas con Uruguay y las reanudó el 1º de marzo de 1985 tras el compromiso de que Uruguay estableciera la verdad de los hechos y llamara a responsabilidades a sus autores. ………………………………… Hoy hasta esta carpa que lleva su nombre y la preside su imagen, Elena ha vuelto una vez más, con su túnica de trabajadora social, con su bufanda y su pelo desordenado, con sus ojos negros de mirada intensa, con su aire de muchacha de barrio humilde, para decirnos que “la suya”, es la de “todos nosotros” porque cree, como ayer, en un mundo nuevo. Presente, Elena.

NOTA EN REVISTA DEL SIMA.

DERECHOS HUMANOS: Insumos para un balance. Por Raúl Olivera (Integrante de la Secretaria de DD.HH y Políticas Sociales del PIT/CNT) Si bien aún no hemos hecho un balance global del estado de situación en que actualmente nos encontramos, lo cierto es que tenemos en nuestra en una agenda colectiva – tanto de las distintas organizaciones que integran el Observatorio Luz Ibarburu, e individualmente como Secretaria de Derechos Humanos del PIT/CNT -, desafíos pendientes que deberemos pensarlos colectivamente teniendo en cuenta los avances y los obstáculos existentes para avanzar sobre otros objetivos que aún están en el debe. Para estos apuntes de un balance parcial, hay un aspecto que no debemos olvidar porque marca una inflexión en el escenario de la lucha contra la impunidad: que en que en los primeros meses de este año, la lucha por Verdad y Justicia sufrió dos duros reveses. Uno con el traslado de la jueza Penal de 7mo turno Dra Mariana Mota y otro con la inauguración de una serie de sentencias de inconstitucionalidad contra la ley 18.831 de la mayoría de la Suprema Corte. Con estas Sentencias y su contenido claramente desconocedor de las normas internacionales de defensa de los derechos humanos se empezó a levantar la confesada muralla que posteriormente fundamentaría públicamente Presidente, el Dr. Ruibal Pino. Muralla de contención para los avances que se estaban operando en el Uruguay en el sentido de poner fin a varias décadas de derechos ignorados y con ello enmarcarnos en los avances dados por la humanidad reflejada en las normas de derecho de protección y promoción de los derechos humanos. Otro aspecto, vinculado al anterior. En las Sedes penales donde están radicadas más de 220 causas relacionadas al terrorismo de Estado, se desarrollaron una serie de acciones concertadas por las defensas de los terroristas de Estado, vinculadas con las mencionadas sentencias de inconstitucionalidad contra la ley 18.831. Ellas consistían en la presentación de recursos de inconstitucionalidad contra la Ley 18.831 y contra las investigaciones penales aduciendo la prescripción de los delitos. A eso se sumaba, que la obligada colaboración de los organismos estatales de brindar información existente en sus archivos – principalmente del Ministerio de Defensa -, seguía siendo escasa o nula. Pese a que en varias causas existían avances que auguraban la continuidad de nuevos procesamientos, las situaciones antedichas las han demorado hasta ahora. Mientras este año murieron varios de los procesados, testigos y denunciantes. En esta batalla que estamos desarrollando, también contra el tiempo, los resultados no han sido alentadores. A ello hay que sumar la absolución de tres imputados, aunque solo en un caso significó la recuperación de la libertad. Diremos a partir de esos dos aspectos, que existe un panorama complicado. Si bien la batalla que sigue dando la Dra. Mota, no obtuvo resultados en su primer recurso ante la propia Suprema Corte, el apoyo nacional e internacional que continua recibiendo no puede catalogarse como una batalla perdida. Está en trámite en recurso ante el Contencioso Administrativo y en el futuro de no lograr un resultado ante la CIDH. Esta vez esta arbitraria situación no pasó en vano como ocurrió en el pasado con situaciones similares y eso es algo positivo. Por otro lado, si bien es cierto que los sucesivos resultados de los recursos de inconstitucionalidad contra la ley 18.831, continuaron siendo tan retrógrados y violadores de la normativa internacional, como el primero, también es cierto que a nivel de muchos de los fiscales, de algunos jueces de primera instancia y en algunos de los Tribunales de Apelaciones, se tomaron decisiones donde hay un claro desafió a las posiciones sustentadas por la mayoría de la Corte. Tanto sobre la prescripción de los delitos, la aplicación de las normas del derecho internacional y el cumplimiento de la sentencia de la Corte IDH. A modo de ejemplo, en el caso de la denuncia del periodista Rodolfo Porley, la defensa de los militares solicitaron el archivo de la denuncia argumentando lo mismo que sostiene la Corte, que los delitos habían prescripto a lo que la jueza Larrieu – la que sustituyo a Mota-, se negó. Los militares apelaron y el Tribunal Apelaciones por unanimidad le dio la razón a la Dra Larrieu. De igual manera opino ese mismo Tribunal de Apelaciones en la denuncia de la muerte del dirigente ferroviario Gilberto Coghlan. Hay más casos, donde jueces y fiscales debieron pronunciarse negativamente sobre la prescripción de los delitos y la intención de los militares de que esas denuncias fueran archivadas. En resumen, en esas determinaciones se opera una clara línea de argumentaciones y posicionamientos jurídicos desafiantes a las opiniones de la mayoría de la Corte. ¿Hay una rebelión de los jueces? Hay mas de una rebelión. En primer lugar hay una rebelión, un abierto desacato de la mayoría de la Suprema Corte contra las obligaciones que tiene el Estado uruguayo. Esa rebelión o desacato, mereció comentarios muy duros del Relator Especial de las Naciones Unidas para la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición Sr. Pablo de Greiff en oportunidad de realizar sus observaciones preliminares al final de su visita oficial al Uruguay. En segundo lugar, no todos los jueces actúan con un criterio que parte del presupuesto que hay que darl cumplimiento de la normativa internacional. El Juez a cargo del caso en el que se denuncia de la muerte de Edgar SOSA y el juez que actua en el caso de la muerte de Enrique Piegas, ambos magistrados decidieron el archivo de las causas por haber prescrito los delitos afiliándose a la posición de la mayoría de la Corte. En resumen, hay un debate jurídico en el que se puede percibir avances y retrocesos en la incorporación de la normativa internacional y una voluntad de cumplir con las obligaciones internacionales del Uruguay. Aquellos que no se afilian a las posiciones de la Suprema Corte, por supuesto que desafían jurídicamente las posiciones de la mayoría de la Corte. De lo expresado, podría sacarse la conclusión de que habría que esperar que cambie la integración actual de la Suprema Corte y que el sistema político se anime a democratice el acceso a ese máximo órgano de un Poder del Estado. Esa no es una buena conclusión. Creo que deberemos seguir dando la batalla para que el Estado resuelva ya esta situación donde un Poder del Estado que no lo puso allí la ciudadanía resuelva en contra de lo que resolvieron otros os poderes elegidos por la ciudadanía y de lo que mandan los acuerdos suscritos por el país. Si no se resuelve eso, no somos un país serio. Y por otro lado, seguir dando la batalla en cada una de las causas, fortaleciendo el Observatorio, desplegando el debate político y jurídico, denunciando a nivel internacional. Las batallas en estos temas, nunca han sido fáciles, pero la razón está de nuestro lado.

REPORTAJE EN REVISTA "No te olvides".

CON EL OBSERVATORIO LUZ IBARBURU. Con el objetivo de que el número último de este año incluyera un estado de situación de la lucha contra la impunidad a nivel de la justicia, conversamos con Raúl Olivera, integrante del Observatorio Luz Ibarburu. ¿En qué situación nos encontramos hoy? Si bien aún no hemos hecho un balance global del estado de situación en que nos encontramos hoy, lo cierto es que tenemos en nuestra agenda colectiva como Observatorio e individualmente cada organización que lo integramos desafíos pendientes que deberemos pensarlos a la luz de avances logrados y los obstáculos existentes En los primeros meses de este año, sufrimos dos duros reveses: el traslado de la jueza Mariana Mota y la inauguración de una serie de sentencias de la mayoría de la Suprema Corte que empezó a levantar la confesada por su Presidente Ruibal Pino, muralla de contención para los avances que se estaban operando en el Uruguay en el sentido de poner fin a largas décadas de derechos a la verdad y la justicia ignorados. En las Sedes penales donde se radican según nuestros registros más de 220 causas relacionadas al terrorismo de Estado, articulada con las mencionadas sentencias de la mayoría de la Corte, se produjo una serie de acciones claramente concertadas por las defensas de los terroristas de Estado. Recursos de inconstitucionalidad contra la Ley 18.831 y contra las investigaciones penales en curso aduciendo la prescripción de los delitos. Al mismo tiempo, la obligada colaboración de los organismos estatales de brindar información existente en sus archivos – principalmente del Ministerio de Defensa -, seguía siendo escasa o nula. Pese a que en varias causas existían avances que auguraban la continuidad de nuevos procesamientos, las situaciones antedichas las han demorado hasta ahora. Mientras este año murieron varios de los procesados, testigos y denunciantes. En esta batalla que estamos desarrollando, también contra el tiempo, los resultados no han sido alentadores. A ello hay que sumar la absolución de tres imputados, aunque solo en un caso significó la recuperación de la libertad. ¿Todo un panorama desalentador? Diremos que un panorama complicado. Veamos: si bien la batalla que sigue dando la Dra. Mota, no obtuvo resultados en su primer recurso ante la propia Suprema Corte, el apoyo nacional e internacional que continua recibiendo no puede catalogarse como una batalla perdida. Están en tramite nuevos recursos nacionales y en el futuro también a nivel internacional. Esta vez esta arbitraria situación no pasó en vano como ocurrió en el pasado con situaciones similares y eso es algo positivo. Si bien es cierto que los sucesivos resultados de los recursos de inconstitucionalidad contra la ley 18.831, continuaron siendo tan retrógrados y violadores de la normativa internacional, como el primero, también es cierto que a nivel de muchos de los fiscales, de algunos jueces de primera instancia y en algunos de los Tribunales de Apelaciones, se tomaron decisiones donde hay un claro desafió a las posiciones sustentadas por la mayoría de la Corte. Tanto sobre la prescripción de los delitos, la aplicación de las normas del derecho internacional y el cumplimiento de la sentencia de la Corte IDH. Por ejemplo en el caso de la denuncia del periodista Rodolfo Porley, la defensa de los militares solicitaron el archivo de la denuncia argumentando lo mismo que sostiene la Corte, que los delitos habían prescripto a lo que la jueza Larrieu – la que sustituyo a Mota-, se negó. Los militares apelaron y el Tribunal Apelaciones por unanimidad le dio la razón a la Dra Larrieu. De igual manera opino ese mismo Tribunal de Apelaciones en la denuncia de la muerte del dirigente ferroviario Gilberto Coghlan. Hay más casos, donde jueces y fiscales debieron pronunciarse negativamente sobre la prescripción de los delitos y la intención de los militares de que esas denuncias fueran archivadas. En resumen, en esas determinaciones se opera una clara línea de argumentaciones y posicionamientos jurídicos desafiantes a las opiniones de la mayoría de la Corte. ¿Una rebelión de los jueces? Quiero ser más cauto a la hora de afirmar eso. ¿Porqué mi cautela? En primer lugar la principal rebelión es la de la mayoría de la Corte contra las obligaciones que tiene el Estado uruguayo. Esa rebelión o desacato, mereció comentarios muy duros del Relator Especial de las Naciones Unidas para la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición Sr. Pablo de Greiff en oportunidad de realizar sus observaciones preliminares al final de su visita oficial al Uruguay: “nada parece amenazar más las posibilidades de progreso en el área de la justicia que decisiones recientes de la Suprema Corte de Justicia. Estas decisiones han despertado alarma tanto en el Uruguay como en la comunidad internacional”. Más adelante dice el Relator de ONU que la mayoría de la Corte uruguaya: “adopta posiciones que claramente no coinciden con tendencias jurisprudenciales actuales manifiestas por decisiones de cortes en diferentes partes del mundo, las cuales, enfrentando cuestiones similares a las que consideró la Corte Uruguaya, han llegado a conclusiones diferentes. Esto incluye temas tan básicos como la forma de integrar obligaciones internacionales, el uso de tipos criminales comunes en el derecho internacional como los crímenes de lesa humanidad, y en últimas, la forma de dar cumplimiento a sentencias de tribunales regionales con cuya jurisdicción Uruguay se ha comprometido. Lo que está en juego no es poco. En últimas, estas son obligaciones del Estado de Uruguay y la Corte, es por supuesto parte de ese Estado”. En segundo lugar, no todos los jueces actúan con ese criterio afin al cumplimiento de la normativa internacional. Tal es el caso de la Dra Canessa en la denuncia de la muerte de Edgar SOSA y el juez Timbal en el caso de la muerte de Enrique Piegas, donde ambos magistrados decidieron el archivo de las causas por haber prescrito los delitos afiliándose a la posición de la mayoría de la Corte. En resumen, hay un debate jurídico en el que se puede percibir avances en la incorporación de la normativa internacional y una voluntad de cumplir con las obligaciones internacionales del Uruguay, que por supuesto colisiona con las de la mayoría de la Corte. ¿Habrá que esperar que cambie la integración actual de la Suprema Corte? Y que el país democratice el acceso a ese máximo órgano de un Poder del Estado. Por otro lado hay una situación a ese nivel que será interesante saber cómo se resuelve. ¿A qué te referís? El apartamiento del Presidente de la Corte en la consideración de los recursos pendientes de resolución a raíz de sus declaraciones sobre la “muralla”, trajo como consecuencia que sean incorporados a la Suprema Corte para resolver esos recursos diversos integrantes de los Tribunales de Apelaciones. Eso por supuesto no afectara los resultados de sus decisiones en las que continuara primando la mayoría ya expresada en las anteriores decisiones, pero marcará hasta donde calaron las señales dadas por la mayoría de la Corte, en quienes en el futuro podrían eventualmente pasar a integrar la futura suprema Corte cuando se produzcan las vacantes dentro de un par de años. ¿Deberemos esperar entonces? No deberemos eguir dando la batalla. El Estado debe resolver ya esta situación donde un Poder del Estado que no lo puso allí la ciudadanía resuelva en contra de lo que resolvieron otros os poderes elegidos por la ciudadanía y de lo que mandan los acuerdos suscritos por el país. Si no se resuelve eso, no somos un país serio.

QUE NO NOS SEA AJENO.

QUE NO NOS SEA AJENO. Por Raúl Olivera (Integrante de la Secretaría de DD.HH del PIT/CNT) Es indiscutible que la Sentencia que declaró inconstitucional la ley de caducidad que por más de un cuarto de siglo nos sumió en la impunidad más absoluta, constituyó un elemento llamado a empezar a modificar de ahí en más, el escenario político y jurídico en que se batallaría por instalar definitivamente una cultura de impunidad. Menos discutible, es la misma situación referida a la Sentencia de la Corte IDH que condenó al Estado uruguayo en el llamado caso Gelman. Esos hechos - en tanto resultado de las luchas populares de los pueblos de nuestra América -, no fue suficientemente destacado en ese aspecto, como se merecía. Dicho de otra manera, hay un hecho, común a las dos situaciones mencionadas, a la que nos parece importante reflexionar hoy. Nos referimos a que en una y otra situación, se expresó el resultado de un esfuerzo colectivo que supera fronteras, que incluye los esfuerzos y las luchas de otros pueblos. Cuando por ejemplo, en un dictamen judicial como los referidos, se cita la jurisprudencia del caso Barrios Altos o la Cantuta del Perú se hace algo más que tomar en cuenta una conclusión o fundamento jurídico. Se está tomando un resultado que solo pudo ser posible por la incansable labor de las victimas testimoniando, de abogados que transforman ese testimonio en el andamiaje que sostiene el discurso de decisiones jurídicas, en los movimientos que desde la sociedad civil transforman el debate jurídico en elementos éticos de una lucha social que contribuye a crear los cimientos de sociedades más democráticas. Si esto que decimos es verdad, cosa de la que estamos convencidos, es una obligación permanente de los pueblos, hacer realidad aquello de que “nada del mundo nos es ajeno”. No fue ajeno para otros lo que pasó en nuestro país cuando trasladan injustamente a la Dra Mariana Mota, o cuando la Corte dicta sentencias injuriosas para los avances que la humanidad ha plasmado en las normas del derecho internacional. En ese marco de una globalización solidaria, es que debemos ver que el Congreso peruano designó recientemente a la congresista fujimorista Martha Chávez como coordinadora del Grupo de Trabajo de Evaluación de la Política de Derechos Humanos de aquel país. Resulta irritativo que el sistema político peruano proceda a un nombramiento que sin dudas, representa una afrenta a la memoria de las víctimas del terrorismo de Estado llevado a cabo por el hoy procesado y sentenciado Alberto Fujimori, y a la larga y tenaz lucha por verdad y justicia emprendidas por el pueblo peruano. Es inaceptable para quienes queremos mantener la memoria de nuestro pueblos para hacer posible el NUNCA MÁS, la designación de una persona que sin duda tiene una trayectoria vergonzosa, defendien la impunidad y avalando normas que constituyen sin lugar a dudas, instrumentos para la impunidad. Que en el Perú y en nuestro país, las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no se hayan aún cumplido íntegramente como lo mandata las normas de derechos internacional, no hace más que sumar un justificativo adicional para sumar nuestra protesta y solidarizarnos con las organizaciones de derechos humanos del Perú. Por lo expuesto, creo que sería pertinente cursar nota al Congreso de la República del Perú, para que deje sin efecto la sitada designación. 4 de noviembre de 2013.

HEMORRAGIA DE FLORES

HEMORRAGIA DE FLORES. Hace poco más de un mes, cuando regresábamos de Perú me encontré con que finalmente Constanza se lanzaba al ruedo. Por supuesto que esa esperada determinación y la de mi grupo político de impulsarla, fueron de mi total y absoluto agrado. Sé que el término “agrado” no es políticamente muy usado. El aceptar las reglas de juego democráticas, muchas veces nos obligan a aceptar cosas que no nos agradan, que nos resultan política y personalmente desagradables. Y que ese desagrado nos priva o posibilita muchas veces ser convincentes a la hora de trabajar por ellas. Pese a ese agrado, que me producía la irrupción desafiante de la compañera Constanza, confieso que poco había hecho directamente para esa batalla que se desarrollo hasta el fin de semana pasado en que el Frente Amplio debía definir las eventuales candidaturas de esa fuerza política. Alguna reunión, y si, mucho mano a mano. Eso, digámoslo con sinceridad, es poco para el viaje en que nos habíamos embarcado. Puedo decir en mi descargo que pese a empezar a dejar el lugar de las responsabilidades políticas y sociales en manos de gente más joven, dedico casi todas las horas a militar socialmente en ese desafío inconcluso de nuestra sociedad y de América, de erradicar definitiva y radicalmente la impunidad. Y, por otra parte, estoy plenamente convencido que eso que realizo a nivel social, es una vertiente que confluye a los desafíos a los que Constanza decidió defender coherentemente desde el escenario de la política partidaria. Esas tareas de las que doy cuenta renglones más arriba, me habían llevado a viajar a Guatemala y regresé en momentos en que empezaba el Congreso Hugo Cores. No pude seguir el desarrollo del Congreso y debí atenerme a la información de los medios de prensa. Mientras trataba de descifrar lo que verdaderamente había ocurrido en el Congreso escuchando las más variadas informaciones, trataba de ponerme al día con algunas tareas caseras: lograr que una enredadera que por estos días amenazaba a ponerse en flor, también me sirviera para darme sombra. Para ello debía crear las condiciones para que su exuberante crecimiento se extendiera sobre mi patio. La enredadera no esperó a que mis tiempos me permitieran culminar mis tareas de transformarla en algo más que racimos de flores rosadas y también fuera un agradable refugio a los rayos del sol. Hoy era una verdadera e incontrolable hemorragia de flores en mi patio. Esa hemorragia de flores y el discurso improvisado en el festejo de su candidatura, donde Constanza hablo de su candidatura plebeya, tienen algo en común. Las dos son incontenibles,
frescas y no esperan nuestros cansinos tiempos. Raúl Olivera

domingo, 15 de septiembre de 2013

DE VISIONES TOTALIZADORAS Y REDUCIONISTAS.

DE VISIONES TOTALIZADORAS Y REDUCIONISTAS. Desde que abandone la vida laboral activa a principios de 1999, de acuerdo a principios que inculcaban quienes contribuyeron a nuestra formación, nunca se me paso por la cabeza tener la posibilidad de intentar mantener en algún ámbito de la vida sindical, una representación por algunos de los gremios que en mi vida supe representar (Unión Ferroviaria antes y después de la dictadura, la Coordinadora Uruguaya de Trabajadores de la Industria Pesque y Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay, posteriormente a la dictadura). Me siento, un observador privilegiado, de los desafíos que atravesó el movimiento sindical, tanto por haber integrado organismos de dirección, de la CNT como del PIT/CNT, en coyunturas sociales variadas. En algunos periodos, debo reconocerlo, sin la suficiente madurez política, para captar todas las complejidades que atravesaron y atraviesan la vida sindical, cuando esta tiene – por suerte-, las características de nuestra construcción de la unidad. A partir de lo expuesto, no intervengo públicamente en las polémicas en torno a las tácticas y estrategias que cualquier sindicato o federación, toman de acuerdo a su saber y entender, en el desarrollo cotidiano de la vida del PIT/CNT. Sigo convencido que las vías propias del movimiento, son las únicas adecuadas para el desarrollo de estas. Menos aún intervengo, terciando en aquellas determinaciones que el propio PIT/CNT toma en diversas oportunidades. Ello, no implica, que no tenga opiniones al respecto – de acuerdo o desacuerdo -, que si alguien me las pide, siempre entre trabajadores, no he tenido ningún inconveniente en darlas. Tampoco eso implica, que no tenga mis afinidades con las corrientes que integran actualmente y en el pasado, el movimiento sindical. El haber definido seguir aportando, luego de haber abandonado la actividad laboral en un área de trabajo del Movimiento Sindical – como lo es el que se desarrolla, una política activa en materia de lucha contra la impunidad y en defensa de los derechos humanos-, lo planteado anteriormente se hizo aun más necesario. Eso en razón, de que la eficacia de un trabajo del PIT/CNT en esa área, implica necesariamente a mi entender, un apoyo lo más monolítico posible de todo el movimiento sindical. Digámoslo de otra manera más categórica, si se quiere: un desafío democrático tan profundo y ligado a las condiciones imprescindibles de la vida ciudadana en general, no debe ser patrimonio único de una corriente sindical y menos aún, estar o ser percibido como una política sindical al servicio de legítimos perfilismos, de una corriente sindical. Esto por supuesto, rema contra la corriente, a partir de una lógica que en los hechos se ha instalado, de repartos de áreas de acción o influencia. Nada de lo expresado, tiene un remoto parentesco, por la consabida teoría del “corte del cordón umbilical”, que muchas veces sirve de escusa no solo para distanciarse de las determinaciones de las estructuras sindicales o políticas que le permiten a cualquier persona estar en un determinado lugar, sino también para distanciarse de los programas. Personalmente, estamos convencidos que el mantener esa relación de dependencia de las estructuras y las definiciones programáticas, es la que nos puede permitir desde donde estemos, tratar de contribuir a mantener el imprescindible escenario de unidad, en el que tienen verdadero sentido la existencia de verdaderas corrientes, tendencias o líneas sindicales que sean eficaces para definir los mejores caminos en la construcción de una sociedad sin explotados ni explotadores. A pesar de que tenemos la intención de no referirnos a situaciones particulares, sino referirnos a una reflexión general, intentaremos –veremos con que suerte -, no caer en lo que queremos criticar. Toda esta introducción, para poder incursionar en un aspecto que últimamente, desde filas del movimiento sindical y desde el gobierno se maneja en un tono que por llamarla de alguna manera, he optado por bautizarla de “visiones totalizadoras”. Ambos, voceros sindicales o de gobierno, para darle un ropaje de cosa fuera de discusión, evocan la figura de José D´Elia. A partir de cierta simplificación, que quita las peculiaridades y complejidades de toda lucha gremial, se intenta darle valor universal a determinadas cosas, que a veces son correctas y otras veces, no. En ese sentido, se ha afirmado que toda detención de la actividad laboral, indefectiblemente debe generar el descuento correspondiente. Esa visón totalizadora contenida en esa afirmación que solo es válida para algunas situaciones, invalida y apunta a liquidar la legitimidad de que en determinados conflictos gremiales, dentro de sus reivindicaciones finales se encuentre el no descuento de los días no trabajados. Históricamente, muchos conflictos incluyeron luego de desatadas las paralizaciones de tareas, el pago de los días perdidos por responsabilidad de las patronales. Un ejemplo de ello, por ejemplo una patronal no paga en fecha los salarios y ante ello los trabajadores dejaban de cumplir sus tareas, o las condiciones de trabajo ponen en riesgo su integridad personal. De prosperar ese aforismo que toda paralización debe indefectiblemente generar el descuento correspondiente, nos pueden desarmar ante patronales que “gestionan” la conflictividad por razones comerciales. Ejemplos hay muchos, por lo que concluyo, que no siempre es ilegitimo que una paralización sea reclamada con el pago de los jornales perdidos. Si en un juicio civil, la responsabilidad en un accidente, implica el reclamo legitimo del damnificado del llamado “lucro cesante”, es decir lo que podría haberse ganado y no se pudo en razón de la responsabilidad del causante del accidente, ¿porqué no se puede en el caso de una paralización en la que la patronal es responsable, reclamar lo que se estuvo impedido de generar? Conclusión: No siempre es ilegitimo, incorrecto reclamar que no se produzcan los descuentos del tiempo no trabajado. En otro orden, en estos últimos días se afirmo cual mandamiento sagrado que los “acuerdos están para ser cumplidos”. Y nuevamente, la evocación del Pepe DÉlia es invocada para santificar esa afirmación. Un acuerdo entre los trabajadores y la patronal (estatal o privada), es por lo general siempre, el resultado de una correlación de fuerzas existentes en determinado momento de una lucha gremial. De ahí que algunos acuerdos, pueden ser según la forma en que finalmente se resuelve un conflicto, carente de legitimidad desde el punto de vista gremial. Muchas veces, el desarrollo de un conflicto obliga a ponerle fin tratando de salir de él, en las mejores condiciones posibles. Muchas veces esas condiciones en que se sale de él, es una derrota desde el punto de vista de lo que se quiso lograr y lo que finalmente se logró. De ahí, que un gremio en esas circunstancias, no solo puede, sino que posteriormente debe - si entiende que esa correlación de fuerzas cambio a su favor -, replantearse nuevamente la lucha para alcanzar lo que en el pasado no se pudo lograr. De lo expuesto, debemos entender que los acuerdos, no siempre se deben cumplir. Congelar a favor de las patronales – sean estas estatales o privadas -, una situación dada, cuando el acuerdo es injusto, no solo puede ser injusto en el momento de laudarse el acuerdo, sino que extiende dicha injusticia para el futuro. Entonces, los acuerdos están para cumplirse, a veces sí y otras no. Concluyendo, las generalizaciones o visiones totalizadoras, que solo pueden ser validas en algunas situaciones y en otras no, no son buenas. Menos bueno es aún, meter en situaciones del hoy – con sus particularidades históricas -, la sabiduría de DÉlia, que seguramente si algo sabía, era que no hay biblias metodológicas para resolver los temas sindicales. En otro orden, existe también la pareja dialéctica de las visiones totalizadoras, aquellas reduccionistas. Reducir una lucha gremial al simple correlato de dos fuerzas enfrentadas, nunca es una buena práctica sindical. Hay otra batalla, que trascurre al mismo momento y en otro escenario, que es la batalla por la opinión pública. En ese otro campo de batalla, no alcanza con la legitimidad interna que una lucha tiene en el campo de los integrantes de un sindicato. Por esa razón, esa legitimación debe ser adecuadamente trasladada al campo de la opinión pública. No hacer adecuadamente esa operación, implica el aislamiento de una lucha. Dicho de otra manera, si el esfuerzo de un gremio, siempre debe estar centrado en fortalecer sus propias fuerzas, y para ello debe tratar de fortalecer la permanencia en sus trincheras de la mayor cantidad de trabajadores, es poco comprensible que desarrolle conductas que tengan como consecuencia que trabajadores abandonen la lucha y como caso extremo, se pasen a las filas de las patronales. Lo mismo sucede con la opinión pública. El no manejar adecuadamente estos parámetros, puede conducir e errores muy graves a otro nivel de una conflictividad desatada y que se extiende en el tiempo. Lo más difícil no es desatar una lucha gremial, sino saber cómo salir de ella. Y en ese aspecto, las instituciones políticas y estatales, juegan un papel importantísimo. Allí, cuando gremios en conflicto realizan el llamado “cabildeo”, entre los sectores políticos, gubernamentales, etc., lo que se está haciendo es tratar de incidir en un aspecto de la correlación de fuerzas más general. Pongamos un ejemplo. Si uno vive en un pueblo alejado de cualquier otro y en ese pueblo hay un solo almacén, lo peor que puede hacer un habitante de ese pueblo – al menos si quiere seguir viviendo en el -, es pelearse con el único comerciante que puede proveerlo de su alimentación diaria. Raúl Olivera

LAS CONMEMORACIONES DE LOS 40 AÑOS: Memorias viejas o memorias de viejos.

LAS CONMEMORACIONES DE LOS 40 AÑOS: Memorias viejas o memorias de viejos. Por Raúl Olivera (Publicado en la Revista del Sindicato del Medicamento) 1.-Lo del titulo puede parecer provocativo o incomprensible, referidas a los hechos que se recordaron al cumplirse 40 de ocurridos. La operación de hacer memoria, siempre está dirigida a hechos del pasado. Y, en el caso concreto de la huelga general y el golpe de Estado, acontecimientos que tienen muchos años de acontecidos. De ahí que, sin ser peyorativos, pueden caer bajo la categoría de cosas “viejas”. Se nos podría reprochar, que sería más adecuado el calificativo de “cosas antiguas”. Si bien es de recibo el reproche, debemos argumentar que el calificativo de “viej@s”, también implica atribuirle a esos hechos, cierto deterioro por el propio trascurrir del tiempo. Por eso, el que se haya realizado ese esfuerzo en recordar esos hechos ocurridos hace 40 años –la huelga general y el comienzo de la dictadura -, es también una forma de intentar subsanar el deterioro que los mismos, pueden haber sufrido en este trascurrir de cuatro décadas. Es cierto, que el producto de esa compleja operación de los seres humanos de hacer memoria, nunca o pocas veces, nos arroja el mismo e inalterable resultado. No se trata de una “memoria genética”, mecanismo incluido en nuestros genes. A veces, los hechos se nos van diluyendo, oscureciendo; y otras veces interactuando con otras memorias, se enriquece, se puebla de nuevos matices y detalles. En las variadas actividades que se realizaron en torno al 27 de junio, se vivieron interesantes procesos que valdría la pena verlos y analizarlos a la luz de la interrogante del titulo de esta nota. Eso es así, tanto en lo referido a la trasmisión de esas memorias, a su revalorización y a los acentos elegidos por cada expositor sobre los dos temas que se exponían: la agudización de las practicas del terrorismo de Estado mediante la implantación de una dictadura, y la respuesta del movimiento obrero y estudiantil materializado en la paralización de tareas y la ocupación de los lugares de trabajo y estudio. Por lo general, salvo contadas excepciones, los “viejos” hablamos de “tiempos viejos” y… para viejos, ya que faltaron o no se habilitaron formas que permitieran una participación mayor de los jóvenes. Debemos admitir, que al margen de las posibilidades de asistencia que habilitaron los horario y la superposición de las actividades, los 40 años de hechos que generaron en su momento distintas visiones y posicionamientos del movimiento sindical y el sistema político – nos referimos al proceso y desarrollo de los hechos que culminarían con la ruptura institucional y la huelga general -, generaron un proceso en el que se avizoraron avances en su tratamiento. 2.- la posibilidad de poder hablar esos temas con personas que participaron en ellos, es algo muy importante. Sobre todo si en esas operaciones de la memoria, se intenta incorporar visiones distintas. Es cierto, en otro aspecto, que la categorización de “jóvenes” referidos a este tema, admite algunas puntualizaciones. Quienes tienen en la actualidad 40 años, no habían nacido en 1973. Y los que tienen actualmente 55 años, es relativa la memoria que sobre esos hechos pueden tener. Los que superan los 55 años, y a medida que se avanza en la franja etaria, puede decirse que vivieron aquellos hechos. Que no hablan de oídas. Esa posibilidad de poder contar con testimonios de primera mano, es finita. Esta atada al normal ciclo biológico de los seres humanos, y también, a la ya no normal acción del terrorismo de estado que asesino y desapareció a muchos de sus protagonistas. En algunas de las Mesas Redondas, surgieron de algunos asistentes, preguntas que podrían haber ayudado – y en algunos casos lo lograron - a entender algunas complejidades del proceso político uruguayo en el que posteriormente se dio el golpe de estado y la respuesta al mismo con la huelga general. Nos referimos a las relaciones ambiguas que sectores de la izquierda mantenían con las instituciones militares. Eso sin duda, tenía su correlato en el mundo sindical y estudiantil. Es ingenuo pensar que la colaboración de integrantes del MLN con los militares en la lucha contra los ilícitos económicos, o las expectativas del PCU con relación a los comunicados 4 y 7, no influyeron en las visiones existentes en el movimiento sindical y estudiantil. Un claro ejemplo, puede ubicarse en torno a los preparativos del 1ero de mayo de 1973. Una de las formas de obturar una discusión sobre esos aspectos, que hoy día no pueden buscan saldar cuentas en torno a estrategias existentes hace 40 años, es negar esos matices existentes en aquella realidad. Para ello, se remiten a las nuevas generaciones a los pronunciamientos que finalmente tomó en aquellos momentos la CNT. Es como sí ante una pregunta de las nuevas generaciones que no vivieron la huelga general, para referirnos a ella, nos limitáramos a leerles la declaración de la huelga. Si realizamos seminarios, si tratamos de incorporar la mayor cantidad de visiones sobre los prolegómenos de la huelga, su desarrollo, etc; no es por un simple ejercicio retórico de ensalzamiento de quienes la llevaron a cabo. Se trata, por el contrario de mostrar las complejidades de los desafíos que el movimiento sindical debió resolver, bien, regular o mal. Y para qué? Para sacar conclusiones, enseñanzas y sobre todo para que ese ejercicio de la memoria sea un terreno fértil de reflexión que no quede atado, a quienes lo vivimos. El gran desafió en este terreno, es que las memorias no envejezcan con sus protagonistas.

UN 1º DE MAYO TAMBIEN CONTRA LA IMPUNIDAD.

UN 1º DE MAYO TAMBIEN CONTRA LA IMPUNIDAD. Raúl Olivera Alfaro. 29/04/2013 Es importante, que como se viene haciendo históricamente, el PITCNT haya incluido en su proclama del día de los trabajadores, también el reclamo de VERDAD, JUSTICIA Y NUNCA MÁS TERRORISMO DE ESTADO. En un movimiento sindical como el PIT/CNT, en el que se acumulan experiencias de diversas generaciones de trabajadores, es muy importante su opinión sobre esta problemática a la que se ha querido confinar fuera de las preocupaciones de la mayoría de la ciudadanía. Muchos de los trabajadores organizados en torno al PIT/CNT, por razones generacionales, no vivieron las experiencias de la lucha contra la dictadura, y en menor medida los desafíos de una transición democrática con impunidad. Sin embargo, levantan sin excepciones junto a las generaciones que vivieron en carne propia las consecuencias del terrorismo de estado, las banderas de Verdad, Justicia y Nunca Más terrorismo de estado. Lo hacen con la modestia de los que viven de su trabajo y la firmeza de quienes se saben continuadores de una cultura obrera que se fraguó en la solidaridad y el sacrificio, No sienten la necesidad de recurrir a su identidad de origen, a su historia – mas allá de no haberla vivido -,para reproducirse hacia un presente que sea garantía de su futuro. Como trabajadores organizados sienten que tienen la obligación- de la misma manera que lo hacen en otros temas- de ubicar adecuadamente la realidad en la que se encuentran y desde allí, captar la individualidad del desafío democrático que tienen planteado hoy y mañana en torno a cómo se resuelven los desafíos del pasado reciente. Resolución que tiene la particularidad, de la existencia de un gobierno progresista al frente del Estado al que sin duda la mayoría de ellos votaron. Al igual que en otros temas, el movimiento sindical ha tenido el valor y la honestidad política de reflexionar sin ataduras, sobre cuáles son los objetivos que se planteó realmente llevar a cabo el gobierno progresista, con relación a la lucha contra la impunidad. Se preguntó, ¿porqué se tardo tanto en llevar a cabo- cuando se pudo y se debió hacerlo mucho antes -, iniciativas que terminan realmente con la impunidad como lo obligaba su programa y las obligaciones internacionales? El movimiento sindical, visualiza con claridad el nuevo escenario que se instalo en el Uruguay a partir de la condena al Estado uruguayo por parte de la Corte IDH. Es conciente que en esa sentencia, se condensó el esfuerzo prolongado de sectores políticos y sociales de la sociedad uruguaya comprometidos en la lucha por Verdad, justicia y el nunca más. Y saben, que esos avances se encuentran amenazados, a partir de un pensamiento retrogrado enquistado en las cúspides del Poder Judicial. Sin minimizar lo que eso significa, sin duda desde las tribunas de este nuevo 1º de mayo, se convocará a continuar sumando esfuerzos para que el resultado de la luchas contra la impunidad, contra la erradicación definitiva y radical de ese pensamiento antidemocrático y retrogrado que desanda los avances dados por la humanidad contra toda manifestación del autoritarismo estatal, siga siendo el resultado colectivo de acumulación del movimiento popular en el largo proceso que se inició hace 40 años –un 27 de junio del 73 -,desafiando a la dictadura. Ese proceso, pese a los avances que sin duda hemos logrado, está aun inconcluso y es un compromiso con las generaciones futuras, concluirlo, cerrarlo con Verdad y Justicia. No nos tiembla la mano el escribir, que la llegada al gobierno de la izquierda, es un elemento importantísimo del nuevo escenario de la lucha contra la impunidad. Tampoco nos debe temblar la mano para concluir, que el cabal cumplimiento de la sentencia de la Corte IDH en el caso Gelman, obligó al gobierno progresista, a asumir un rol no querido por algunos de las fuerzas políticas que lo integran. Eso no es ninguna novedad. Pese a las vacilaciones y los zizageos y las recordadas manifestaciones de importantes figuras del primer gobierno de la izquierda que aseguraron “que ningún militar iba a ir preso”, se tuvo la capacidad de dar igualmente las batallas necesarias a todos los niveles. Batallas que culminaron con la cárcel de varios terroristas de Estado, demostrando que la supuesta contradicción entre ganar el gobierno y afectar intereses poderosos alineados en las distintas variantes de las políticas de impunidad que transitó el Uruguay, era parte de una concepción política que no incorporó la totalidad de los elementos del escenario político, para ordenar adecuadamente sus comportamientos políticos. Al igual que consignamos esto, también afirmamos enfáticamente que no aspiramos a derrotar la impunidad y al mismo tiempo, derrotar al gobierno. No sentimos una especial aversión a lograr acuerdos con quien sea, si de ellos se avanza en la construcción de programas a corto, mediano o largo plazo, con los que se pueda construir una autentica cultura de respecto de todos los derechos humanos, donde las políticas publicas de los gobiernos juegan un papel importantísimo. Pero tampoco es admisible el silencio, ante los zigzagueos, las vacilaciones, los discursos confusos o claramente equivocados en torno a la defensa de los derechos humanos, que en nada contribuyen a los avances que se deben producir si realmente queremos ser un país de primera. No debemos olvidar que todos los niños recuperados, todos los represores presos, los restos de los desaparecidos recuperados, fueron esencialmente el resultado de una lucha desarrollada desde la sociedad civil y aun con la vigencia de la ley de caducidad. Es cierto que la sentencia de la Corte IDH, pareció hasta ahora como destinada a consolidar definitivamente esos avances y a motivar una acción mas comprometida y consecuente desde el Estado. En ese sentido, sin sacarle la gravedad de las recientes sentencias de la SCJ con relación a la ley 18.831, no estamos peor que en otros momentos. Entre otras cosas, porque: 1.- Se ha consolidado a nivel internacional un bloque de fuerzas institucionales y sociales en contra de las decisiones recientes de la SCJ. 2.- se ha derrumbado a nivel de un sector de la opinión pública, una percepción de que el tema del juzgamiento de las violaciones a los DD.HH estaba siendo resuelto satisfactoriamente. 3.- Contrariamente a lo que ocurría en el pasado, las represalias contra operadores del sistema judicial, motivaron una masiva repercusión social. 4.- A nivel del sistema judicial (Jueces y Fiscales), se ha producido un interesante bloque de desafío a las visiones mayoritarias de la SCJ. 5.- El cumplimiento de la Sentencia de la Corte IDH, obliga con mayor rigurosidad al gobierno, al desarrollo de políticas públicas en contra de la impunidad. 6.- El Uruguay desterró definitivamente, la ley de caducidad. 7.- Se incorporó con fuerza a nivel académico y del sistema judicial, la normativa internacional como fuente de fundamento de las decisiones judiciales. Nada de eso, justificaría dejar de desarrollar una consecuente lucha ideológica, ante las posiciones profundamente equivocadas de parte importantes sectores de izquierda nacional e internacional, sobre el rol que juega en la lucha por la liberación, levantar las banderas democráticas radicales que tienen como eje los derechos humanos. Ese, es uno de los desafíos que el movimiento sindical debe lanzar desde la tribuna de este 1º de mayo. Las ideas, llámense de izquierda o progresistas, se deben una reflexión profunda y seria sobre lo que significa, el ejercicio del poder estatal contra los objetivos socialistas y revolucionarios. Objetivos que deben tener siempre como base emancipatoria la mas profunda ampliación y profundización de los derechos individuales y colectivos. Los derechos humanos no fueron, no son y no serán un regalo de los Estados, sino siempre el producto de las luchas populares. Por eso deberían ser los ejes de los auténticos programas de liberación nacional. Ese es un desafió que tienen las organizaciones sociales y en especial, el PIT-CNT, de sostener esas banderas, incluso en contra del Estado. Desafió que no debe olvidar, el articular con el resto de las organizaciones sociales, para desplegar a todos los niveles esa batalla cultural e ideológica que haga inútiles las “murallas” que intentan marginarnos de los avances que la humanidad ha conquistado a fuerza de muchos sacrificios. En ese marco, dentro de pocos días, el 20 de mayo nuevamente deberemos llenar las calles y marcharemos para culminar en la plaza libertad diciéndole ¡Presente! a cada uno de nuestros desaparecidos.

GUSTAVO INZAURRALDE, EL ÑATO.

GUSTAVO INZAURRALDE, EL ÑATO. 1.- MAESTRO DE MAESTROS. El próximo 20 de julio, frente a lo que fue el domicilio en la Argentina de Gustavo Edison Inzaurralde Melgar, se colocara una placa recordatorio. Se trata de una de las tantas formas de rescatar la memoria de este luchador social, desaparecido cuando tenía 35 años de edad. Gustavo, el próximo 4 de Agosto cumpliría 71 años. Nació en la ciudad de Minas en el Departamento de Lavalleja del Uruguay. Hijo de Alberto Inzaurralde y Pura Melgar. Mientras cursaba sus estudios de Magisterio, fue un activo integrante de la Asociación de Estudiantes de Magisterio. Una vez que se recibió de maestro, se desempeñó a nivel del sistema educativo público y privado, desarrollando actividad gremial desde la Federación Uruguaya de Magisterio filial de la Convención Nacional de Trabajadores (CNT). Formó en sus últimos años en la Argentina, pareja con la ciudadana argentina María del Carmen Posse Merino, con quien tuvo una hija. En 1970 también trabajó en tareas administrativas en la Fabrica Uruguaya de Neumáticos (Funsa). Su militancia política la realizó en la Federación Anarquista Uruguaya, la Resistencia Obrero Estudiantil, la OPR 33 y el Partido por la Victoria del Pueblo.A partir de su actividad docente, contribuyó como uno de los principales protagonistas a la creación de una nueva conciencia en varias generaciones de maestros acerca de lo que debe ser la labor magisterial en el Uruguay. De su influencia, cientos de maestros y maestras uruguayas graduados posteriormente a 1966, testimonian sobre el ejemplo y las ideas desarrolladas por Gustavo, que lo convirtieron en el animador de una transformación en la mentalidad de los estudiantes del Instituto Normal. Desde su actividad gremial en ese Instituto, lideró el enfrentamiento en la Asociación de Estudiantes Magisteriales de Montevideo, a los autos denominados “estudiantes demócratas” que con el apoyo de algunos docentes desarrollaban una clara prédica vinculada a la ideología fascista. La labor consecuente y firme de esas nuevas camadas de estudiantes formada al influjo de Gustavo Inzaurralde, permitió derrotar aquellas predicas.. Las generaciones que comprendieron que la realidad del Uruguay, les reclamaba un compromiso con los sectores del pueblo, oprimidos, explotados y amenazados por un oscuro futuro, darán por esos años continuidad a la labor iniciada por Gustavo.A partir de ello, se instalo entre los estudiantes de magisterio y los nuevos maestros, una idea que orientaría posteriormente por algún tiempo su acción en las clases, en las relaciones con los otros maestros; y con los padres de los alumnos: Esa idea que también encarnaría la labor magisterial de Elena Quinteros, de Telba Juárez, de María Emilia Islas, de Yamandú González, de Miriam Ceballos, de Lilian Celiberti, de Sara Méndez, y tantos otros, consistía en no ser maestros al servicio del privilegio, ser maestros al servicio del pueblo. Ese desafío de los estudiantes y maestros, rebelándose contra ese estatu quo existente que pretendía que fueran instrumentos del sometimiento ideológico y cultural del pueblo, fue un crisol en el que se forjo una generación de luchadores sociales. Para esa generación, la labor docente solo podía ser concebida, construida con la verdad, sin claudicar que denunciaba la situación de un país que estaba siendo llevado al abismo por les intereses nacionales vendidos a los monopolios y el imperialismo. Ese compromiso asumido plenamente por Gustavo, le significó terminar varias veces en la cárcel y el apaleamiento en las calles montevideanas, por marchar al frente de las movilizaciones de la Asociación de Estudiantes Magisteriales, reclamando un presupuesto digno y adecuado para atender las necesidades de una autentica formación de los maestros. En las movilizaciones del 68 uruguayo, Gustavo fue torturado en la seccional décima de la policía de Montevideo, donde debieron dejarlo en libertad al no poder probarle ningún delito. En 1970, es nuevamente es detenido y esta vez es procesado por presunta colaboración con la OPR33 y es encarcelado durante 4 meses en el Penal de Punta Carretas. De allí, cuando deben otorgarle la libertad judicial, es retenido por Medidas de Seguridad en una instalación militar de la Armada en Punta Yeguas durante dos meses. Realizando entonces, la “opción Constitucional”, para salir del país. 2.- LA EXPERIENCIA CHILENA. Expulsado de su país, es recibido por el Chile de Salvador Allende. Allí, se emplea en una fábrica que construía viviendas pre fabricadas y en un Programas del gobierno chileno de educación de adultos. Desde ese estrecho vinculo con la sociedad chilena, vivió la agitación política desatada a partir del triunfo de la Unidad Popular, y como no podía ser de otra manera se vinculó al sindicato y las organizaciones de base de la Unidad Popular. Esa experiencia, lo llevó a replantearse muchos aspectos de su línea política y consecuentemente con ello, aspectos importantes de la propia línea política de la corriente política libertaria a la que por tantos años integraba. Esos replanteos giraban fundamentalmente en torno a la experiencia de la unidad de la izquierda en el Uruguay a partir de la creación del Frente Amplio. Sacó como conclusión que había sido un error el haberse marginado de la experiencia unitaria de la izquierda que diera origen al Frente Amplio. Esa conclusión la defendió en el Congreso fundacional del PVP en 1975. Poco antes del golpe de Estado contra la Unidad Popular, Gustavo se traslada a la Argentina donde se radica legalmente. 3.-LA CONTINUIDAD POR “REENGANCHE”. En su libro “Memorias de la resistencia”, Hugo Cores relata que en 1973 y después, en los años de luchas y reorganización que siguieron se dio un fenómeno de continuidad. Ese fenómeno consistía en que algunos compañeros producto de la represión, quedaban un tiempo “fuera de juego”, pero que sin embargo, después de un tiempo en las cárceles, salían y se reincorporaban otra vez a la vida política.Esos compañeros, sostiene Cores, después de haber sido en la mayoría de los casos, salvajemente torturados, se reintegraban a sus compromisos políticos anteriores y eran los que sostenían la estructura partidaria, por ejemplo, en Argentina durante el proceso de fundación del PVP.Dentro de esa nómina se cuenta a Gustavo, a Elena Quinteros, a Telba Juárez, a Alberto Mechoso y Roger Julien, todos ellos desaparecidos o asesinados.Según Cores, el haber cumplido esos ciclos, los dotó de una experiencia y una formación singular que les dio la serenidad y la sangre fría que demostraron tener muchos de ellos, en 1976, ya con la represión sangrienta instalada en Orletti. 4.-EN LA ARGENTINA. Una vez en Argentina, Gustavo se acoge a la ley de Amnistía dictada por el entonces Presidente Juan Domingo Perón para todos los refugiados políticos de los países vecinos, pasando a tener radicación y residencia permanente en aquel país.En dicho país, desde la llegada de los primeros compañeros de la FAU, la OPR•y la ROE a fines del 73, se había iniciado un proceso de reorganización política. Una parte del activo militante, pese a la dictadura, se mantenía en Uruguay, y otra parte importante en Buenos Aires, donde fundamentalmente se dedicaba a la producción de documentos políticos y de denuncia activa contra la dictadura. La dirección política de lo que posteriormente sería el Partido por la Victoria del Pueblo que se constituyó en la Argentina con Roger Julien, Alberto Mechoso, Mauricio, Gerardo Gatti y Hugo Cores, integro a Gustavo a su llegada de Chile. El 2 de julio de 1974, Gustavo participa en una actividad de oposición a la dictadura uruguaya, organizada por el Comité de Uruguayos Residentes “19 de Abril”. Allí, en la calle Méjico al 3000, junto a otros 105 uruguayos, es detenido y procesado por contravención a_ las disposiciones legales sobre extranjeros vigentes en ese momento. Es recluido por espacio de 15 días en la cárcel de Devoto. En opinión de Cores, Gustavo traía la experiencia reciente de la lucha política previa al golpe de Pinochet. Había aprendido de la rica experiencia chilena y era un expositor claro y paciente. En 1975 participo de la fundación del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP), en la Argentina. Cuando se iniciaban los trabajos previos a la fundación del PVP, Gustavo elabora y entrega para discutir un trabajo titulado “El cuadro táctico”, con este acápite de Antonio Gramsci: “Crear una nueva cultura no significa sólo hacer individualmente descubrimientos “originales”; significa, también, y especialmente, difundir críticamente verdades ya descubiertas, “socializarlas”, por así decirlo, y convertirlas, por tanto, en base de acciones vitales, en elemento de coordinación y del orden intelectual y moral. El que una masa de hombres sea llevada a pensar coherentemente y de modo unitario el presente real es un hecho “filosófico” mucho más importante y “original” que el redescubrimiento, por parte de algún “genio” filosófico, de una nueva verdad que se mantenga dentro del patrimonio de pequeños grupos intelectuales” 5.-EL CÓNDOR. En momentos en que el PVP se aprestaba a poner en práctica las definiciones de su Congreso y se incorporaban a sus filas una parte importante de integrantes de los exiliados uruguayos en Argentina, el 25 de noviembre de 1975, se realiza en Chile una reunión de los servicios de seguridad de los países del Cono Sur, en la que participan integrantes de la dictadura uruguaya. En ella con el fundamento de que la denominada “subversión” con “concepciones políticas – económicas que son fundamentalmente contrarias a la historia, a la filosofía, a la religión y a las costumbres propias de los países de nuestro hemisferio” y que los distintos gobierno “están combatiendo solos o cuando más con entendimientos bilaterales o simples acuerdos de caballeros”, resuelven crear “una coordinación eficaz que permita un intercambio oportuno de informaciones…”. Cuando en 1976 se desata en Buenos Aires la feroz persecución contra los militantes del Partido por la Victoria del Pueblo y otros sectores opositores a la dictadura uruguaya, Gustavo logra escapar a los primeros asesinatos y secuestros. En Argentina, los militares uruguayos con la estrecha colaboración de la dictadura argentina, orquestaron una operación de aniquilamiento del PVP. Sabían que con ello, también golpearían fuertemente a la actividad de la CNT en Buenos Aires. La dictadura sabía que la represión ejercida en el Uruguay había obligado a que miles de uruguayos que integraban los cuadros más experimentados y aguerridos de la oposición se trasladaran al vecino país, algunos manteniéndose en la clandestinidad y otros actuando legalmente. Sobre toda esa colectividad los aparatos de seguridad pusieron sus miras y para ello no fueron un límite las fronteras para que un importante destacamento de militares uruguayos se trasladaran a Argentina, donde a partir de febrero de 1976, con el nombramiento del general Otto Paladino como jefe de la Secretaría de Informaciones del Estado (SIDE), se intensifica una coordinación represiva entre los distintos servicios de seguridad. El Cóndor se instala en los cielos del Plata y el Cono Sur. Según Nilson Cezar Mariano, “Inspirados en el portentoso cóndor –ave de rapiña que domina los cielos de América del Sur agitando sus alas a seis mil metros de altura – los países del cono sur montaron secretamente una especie de “mercosur del terror” para eliminar a los adversarios de los regímenes milutares que gobernaban a Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay en la década de los 70 y principios de los 80. Con la llamada Operación Cóndor fueron derribadas las fronteras geográficas y políticas para que el terror pudiese circular sin pasaporte”. Un diario londinense The Guardian, por esos días escribía en sus paginas que “los activistas capaces de agrupar e inspirar al pueblo a la resistencia contra los militares que tomaron el poder en los años 70 eran sacados del medio uno tras otro, en una operación similar a la ‘operación Fénix’ orquestada por la CIA para eliminar a activistas vietnamitas”. Uno de los primeros ensayos de la coordinación represiva ya se había cumplido en el año 1974, en una operación que se desarrolló varias etapas. Primero la publicidad de supuestos planes para atentar contra Bordaberry, Perón y José López Rega, que justificaron el comienzo de una segunda etapa de allanamientos y detenciones de ciudadanos argentinos y uruguayos. El 24 de febrero es detenido el uruguayo Antonio Viana y es trasladado al Uruguay, al igual que Carlos Rodriguez Coronel, otro uruguayo detenido el 15 de abril de ese mismo año. En ese marco también son son secuestrados en Argentina los uruguayos Daniel Banfi, Guillermo Jabif y Luis Latronica, cuyos cuerpos aparecen después acribillados a balazos. Y aparecen posteriormente en Uruguay los cadáveres de Floreal García, Héctor Brum, María de los Ángeles Corbo, Graciela Estefanel y Mirtha Hernández, secuestrados en Argentina y desaparece el niño Amaral García Hernández.A partir de marzo de 1976, con la instalación del centro clandestino de detención conocido como “Automotoras Orletti”, los militares uruguayos cuentan con una base de operaciones desde la cual se desarrollará uno de los capítulos más negros de las operaciones del Plan Cóndor. El 28 de marzo, efectivos de la prefectura marítima del puerto de Colonia detienen a tres integrantes del PVP - Ricardo Gil, Luis Ferreira y Élida Vázquez -, que ingresaban a Uruguay intentando introducir propaganda antidictatorial. El 5 de abril de 1976 empiezan a desarrollarse acciones de las fuerzas represivas uruguayas sobre los exiliados en Argentina vinculados al PVP. En ese marco es secuestrado y desaparece Ary Cabrera Prates de su domicilio en la provincia de Buenos Aires. Telba Juarez que había estudiado magisterio con Gustavo fue secuestrada junto a Eduardo Chizzola en Buenos Aires, dos días después, el 19 de abril, aparece muerta de cuatro balazos en el pecho y uno en la cabeza en el barrio de Barracas. De Eduardo no se tendrá noticias y continuará desaparecido hasta el año 2003, cuando se ubica un expediente judicial que documenta su asesinato. El 8 de mayo se produce un sorpresivo viaje del canciller de la dictadura, Juan Carlos Blanco, a Argentina para mantener una reunión con el contralmirante Cesar Guzzeti. Ese viaje, según denunciara el senador Zelmar Michelini, tenía por objeto realizar gestiones para lograr que Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz y Wilson Ferreira Aldunate se alejaran de Argentina.En los primeros días de mayo son secuestrados en Capital Federal los uruguayos Rosario Barredo y Williams Whitelaw junto a sus tres hijos. El mismo día también es secuestrado Hugo Gomensoro, cuando realizaba trámites ante la Dirección Nacional de Migraciones en Argentina, y tres días después, oficiales argentinos y uruguayos secuestran a Blanca Rodríguez de Bessio. Ambos siguen desaparecidos. El 18 de mayo son secuestrados Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz. Al otro día, es secuestrado Manuel Liberoff, quien permanece aun desaparecido.El 20 de mayo son asesinados los legisladores Michelini y Gutiérrez Ruiz y el matrimonio Whitelaw-Barredo. Al otro día aparecen sus cuerpos dentro de un vehículo en la intersección de las calles Perito Moreno y Dellepiane.El 22 de mayo, cuando Juan Raúl Ferreira regresaba a su domicilio en Argentina, es avisado de que lo esperaban policías armados, por lo que la familia de Wilson Ferreira Aldunate se refugia en una representación diplomática. El 9 de junio es secuestro de Gerardo Gatti, en un departamento en el barrio de Núñez, en Buenos Aires, desde donde el PVP coordinaba sus actividades en Argentina. Ese día es también detenida Pilar Nores, otra integrante del PVP que trabajaba junto a Gatti en el apartamento.Luego de una breve estadía en las dependencias de la Policía Federal donde es terriblemente torturado, Gerardo es trasladado a Orletti. A partir de ese momento pasa a ser utilizado en una operación de extorsión por parte de los integrantes uruguayos del Servicio de Información y Defensa (SID), el Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (ocoa), y los servicios de seguridad argentinos. Para eso, en la madrugada del 13 de junio secuestran a Washington Francisco Pérez Rossini, un conocido sindicalista uruguayo, quien ser á conducido en reiteradas oportunidades a Orletti a los efectos de hacerlo participar como intermediario obligado entre los militares y el PVP. En tanto, en Uruguay es secuestrada Elena Quinteros el 26 de junio. El 1º de julio secuestran a Enrique Rodríguez Martínez, el 9 Cecilia Gayoso y Mónica Soliño. Torturados primero en dependencias de la Policía Federal Argentina, son posteriormente trasladarlas a Automotoras Orletti. En la noche del 13 y las primeras horas del 14, son secuestrados Margarita Michelini, Raúl Altuna, Ana Inés Quadros, Eduardo Dean, Víctor Lubian, Marta Petrides; Sergio López Burgos, León Duarte,; Enrique Rodríguez Larreta, Raquel Nogueira, José Félix Díaz, Laura Anzalone, Ana María Salvo, Ariel Soto, Elba Rama, Gastón Zina, Edelweis Zhan y Alicia Cadenas. Todos son llevados a Orletti.A últimas horas del 13 de julio la represión llega a la casa donde vivían Sara Méndez , su hijo Simón, de 20 días, Asilú Maceiro y Mauricio Gatti, que en ese momento no estaba allí. Sara y Asilú son interrogadas, torturadas y luego también conducidas a Orletti. El bebé queda en poder de los militares. Mauricio Gatti posteriormente logra salir de Argentina y exiliarse en Europa.Esta operación coordinada en la que participaron los servicios de seguridad argentino y uruguayo dejó, entre otros, el saldo de la desaparición de dos niños que se encontraban en los hogares asaltados. Los niños correrán distinta suerte. En tanto Simón continuará desaparecido durante casi 26 años, Ernesto Anzalone es recuperado poco tiempo después. Después de esa primera tanda de la represión contra el PVP, en la que secuestran a León Duarte, Gerardo Gatti se instala una dirección de emergencia a la que se incorporó Gustavo junto a Alberto Mechoso y Jorge Zaffaroni. Esa nueva dirección, redacta un largo documento, analizando la grave situación en el que si bien se reconocen graves errores anteriores, en el llamado “informe de agosto”, mantienen el llamado a la lucha y a permanecer en la Argentina. Según Cores, Gustavo y los integrantes de la dirección estaban convencidos que los secuestrados en junio y julio del 76, estaban muertos y en función de ello concluían que el golpe sufrido, había sido grave en cantidad y calidad, pues cerca del 50% de los militantes que habían participantes en el Congreso de fundación del PVP, de la casi totalidad” no se ha logrado saber ningún detalle, ni en qué estado se hallan, ni dónde se encuentran, ni si están muertos o vivos. En otros casos, su muerte está confirmada.” Y concluye Cores: “sin embargo, no fueron aquellas tandas de presos los que, en su mayoría, desaparecerían definitivamente, sino los otros, los que a fines de agosto estaban en libertad, empezando por la propia dirección de emergencia”.El 16 de julio, mientras en Orletti torturaban a los uruguayos detenidos, María del Pilar Nores, en poder de los militares uruguayos desde junio, es trasladada a una casa que funcionaba como cárcel clandestina en el barrio Punta Gorda, en Montevideo..El 22 de julio, detienen a más militantes del pvp, en Montevideo. El 25 por la noche, 24 de los uruguayos secuestrados en Orletti son trasladados clandestinamente a Uruguay. Al otro día hay más detenciones de gente del pvp en Montevideo. El 22 de agosto los prisioneros de la cárcel de Punta Gorda son trasladados a la sede del SID, en Bulevar Artigas y Palmar. Allí se les obliga a decidir: o aceptan ser mostrados públicamente como detenidos en Uruguay o, de lo contrario volverán a Argentina, donde su destino será la muerte. Los prisioneros aceptan aparecer como detenidos en Uruguay. Los militares proyectan mostrar a la opinión pública la existencia de un plan de invasión al país, que sería neutralizado por las fuerzas armadas, apresando en una casa de un balneario uruguayo y en hoteles céntricos de Montevideo, a los supuestos invasores. Todo eso como parte de una operación destinada a neutralizar una discusión que se desarrollaba en el Congreso estadounidense para la aprobación de la enmienda Koch, y una campaña electoral del Partido Demócrata que manifestaba en su una especial preocupación por las dictaduras del Cono Sur y sus violaciones a los derechos humanos. La eventual suspensión de la ayuda militar estadounidense a Uruguay, según lo dictadura uruguaya, podía ser evitada, si se convencía a la administración norteamericana de que el Uruguay no sólo era amenazado por la subversión comunista, sino que ésta se hacia realidad con esa fingida operación de una invasión armada.Los uruguayos secuestrados en Argentina en julio correrán una suerte distinta a lo que posteriormente será norma: secuestros, traslados clandestinos al Uruguay y posterior desaparición. Factores determinantes en el destino de ese primer grupo de secuestrados en Argentina, fueron además de evitar las consecuencias económicas y políticas de la aprobación de la enmienda Koch, el asilamiento internacional creciente por la reciente ruptura de relaciones con Venezuela por el secuestro de Elena Quinteros y las denuncias efectuadas a raíz de los asesinatos de Zelmar Michelini y Gutiérrez Ruiz. Desde su cautiverio en la sede del sid, los prisioneros del PVP siguen a través de las conversaciones que escuchan los preparativos de otra ola de secuestros de integrantes de PVP que tendrá lugar en agosto, setiembre y octubre en la Argentina. Secuestran a Mario Cruz Bonfiglio,Walner Bentancourt, Miguel Morales von Pieverling, Josefina Keim Lledo de Morales, Juan Pablo Errandonea, Raúl Tejera, Cecilia Trías, Washington Cram, Ruben Prieto, Rafael Lezama, Miguel Ángel Moreno, Carlos Rodríguez Mercader, Casimira Carretero, Segundo Chejenian, Graciela Martínez de Chejenian, Bernardo Arnone y Juan Pablo Recagno.Un desenlace especial tuvieron algunos casos de las familias secuestradas. Roger Julien, Victoria Grisonas y sus hijos Anatole, de 4 años, y Victoria, de 18 meses, desaparecen luego del operativo en el que se los secuestra. Alberto Mechoso y Adalberto Soba son secuestrados y desaparecen, pero las esposas de ambos junto con sus hijos son trasladadas a Montevideo, y son conducidas a la casa de Punta Gorda, donde permanecerán allí hasta la finalización de los operativos en Buenos Aires. Ambas familias son liberadas posteriormente. Por su parte, Jorge Zaffaroni, María Emilia Islas y la hija de ambos, Mariana, son secuestrados y desaparecen. La niña es apropiada por el agente del sid Miguel Ángel Furci.Beatriz Barboza y Javier Peralta son conducidos a Orletti y obligados a viajar posteriormente a Montevideo. A su llegada son detenidos y procesados.Álvaro Nores, es secuestrado y trasladado por a Uruguay, a la cárcel clandestina de Bulevar Artigas y Palmar, donde permanece hasta su liberación, meses después.Con el secuestro de Washington Queiro, el 4 de octubre, terminan las acciones del año 1976 en Argentina contra el PVP. En este marco donde la persecución alcanza a la mayoría de los militantes de su organización política, Gustavo logra que su compañera, María del Carmen Posse embarazada, viaje a Suecia protegida por el gobierno de aquel país. Las gestiones realizadas desde Europa, logran que Suecia también le otorgue asilo a él también. Gustavo, permanecía aún en la Argentina al frente de la diezmada dirección del PVP, y son infructuosas las gestiones de María del Carmen Posse para comunicarle que él también puede viajar a Suecia.Gustavo y otros compañeros del PVP, empiezan a movilizarse para salir hacia Europa por sus propios medios. La situación en Argentina se le hace insostenible, la presencia en la Argentina de numerosos efectivos policiales y militares uruguayos augura la continuidad de la acción del Plan Cóndor. 6.- PARAGUAY. EL ESFUERZO FINAL. Gustavo y su compañero Nelson Santana se dirigen a Paraguay con el objeto de proveerse allí de documentación que permita el traslado a Europa de ellos y otros militantes del PVP que aun permanecían en la región.Luego de las desapariciones de Setiembre y octubre del 76, Gustavo era el único sobreviviente de la dirección de emergencia, del PVP. Como principal dirigente en la región, se negó a refugiarse en algún país europeo, como lr recomendaban otros compañeros que ya se encontraban en Europa. Se puso sobre sus espaldas la tarea de intentar avanzar en el relevamiento de las posibilidades de instalar bases de trabajo político en la región, y junto con otros sobrevivientes, enviar a Uruguay materiales de propaganda denunciando el secuestro de los compañeros y convocar a mantener la resistencia.Entre octubre, noviembre y diciembre del 76, organizó varios viajes al sur de Brasil, y hacia las zonas limítrofes con Argentina y Uruguay. En Brasil, En Brasil se contacta con algunos integrantes del P.V.P que habían logrado escapar a la represión que en Montevideo se había producido y que había tenido como resultado la detención de varios militantes y el secuestro de Elena Quinteros de la Embajada de Venezuela. Esas tareas y el repliegue de compañeros hacia Europa, tornaban indispensable dotarse de nuevos pasaportes, cédulas de identidad porque los que se había usado hasta ese momento había caído en manos de la represión, y eso los hacía riesgosos para utilizarlos en la región.Gustavo exploró algunos datos que venían de algunos amigos peronistas, entre ellos el padre de José Luis Nell Tacci, que se encontraba en Paraguay. Asia allí viajó, con un documento falso argentino a nombre de Abraham Vega. Ingresa el 20 de marzo de 1977 por Puerto Stroessner, mientras que Nelson Santana, un joven trabajador de FUNSA, también militante del PVP, bajo la documentación de Jorge Eugenio Monti, ingresa un día despues, por Puerto Falcón. Ambos se alojan en el Hotel Stella de Italia ubicado en las calles Cerro Cora y Estados Unidos de la ciudad de Asunción, donde aprovechando los vínculos que Inzaurralde tenía con militantes peronistas argentinos y probablemente con militantes de la oposición a la dictadura de Strossner lograr, la documentación buscada. La inminente visita a Asunción por esos días del dictador Rafael Videla a su par paraguayo Alfredo Stroessner, habían profundizado las medidas de control en aquel país. En ese marco, el 28 de marzo el Edecán Naval Capitan Osorio logra a través de una mujer la información de que la ex esposa de un militar paraguayo estaba gestionando a cambio de dinero, documentos para unos argentinos.A partir de esa información la policía paraguaya procede a la detención de la ex esposa del militar Nilda León Saniego, de Inzaurralde, Santana y de los ciudadanos argentinos José Nell, Alejandro Logoluso y Marta Landi de Logoluso, el día 29 de marzo de 1977. El 31 de marzo de 1977, a las 10 de la mañana ante el Jefe del Tercer Departamento de Investigaciones de la Policía de la capital paraguaya Pastor Milciades Coronel, comparece Gustavo Inazurralde para responder sobre sus actividades “subversivas” en Uruguay, Paraguay y otros países. Por su parte, el 6 de abril de 1977 a las 10 de la mañana comparece Nelson Santana para responder sobre iguales actividades. Los días 5 y 6 de abril de 1977 en la Dirección de Investigaciones de la Policía de Asunción, se realiza una reunión en la que participan además de personal de la Dirección de Investigaciones de la Policía, integrantes de la Jefatura del Departamento II de Inteligencia del Ejército y personal del Servicio de Inteligencia de la República Oriental del Uruguay. Según el testimonio de otro detenido en las mismas dependencias de la policía paraguaya, Inzaurralde y Santana fueron torturas en los primeros días en la Dirección de Vigilancia y Delitos. Posteriormente fueron llevados a la Jefatura de Investigaciones de la Policía de Asunción, donde hasta su traslado permanecían esposados, sentados en sillas y mirando a la pared. En las noches eran encerrados en la misma celda junto a los otros detenidos a los efectos de la vigilancia.El Coronel uruguayo Carlos Calcagno, entregara a la policía paraguaya variada documentación entre los que estaban los antecedentes de Inzaurralde y Santana y variada información sobre la FAU-ROE-OPR 33 y el PVP. El 16 de mayo de 1977 en un avión de la Armada argentina con matricula del Comandante de la Armada Eduardo Massera, piloteado por el Capitán de Corbeta D´Imperio, trasladan a Gustavo Inazurralde , Nelson Santana , y los argentinos José Nell, Alejandro Logoluso y Dora Marta Landi con destino a la Argentina. Los prisioneros fueron entregados a los agentes de la SIDE José Montenegro y Juan Manuel Berret. El testimonio brindado por Jaime Burgos Valdivia, identifica como responsables en Paraguay de la detención y la entrega de los prisioneros a los represores argentinos y uruguayos, a las siguientes personas: Comisario Jefe de la Jefatura de Investigaciones Alberto Cantero; Jefe de Policía Pastor Milciades Coronel; Ministro de Gobierno Augusto Cesar Montanaro; Oficial 2º de Investigaciones Juan Ramón Caballero; Sub Comisario de Orden Público Federico Galeano Baruja; Oficial 2º de Investigaciones Carmelo Ignacio Baez. 7.- LAS DENUNCIAS DE SU DESAPARICIÓN. Conocida la situación ocurrida en Paraguay, comienza una intensa campaña de denuncias y reclamos por su desaparición y la de Nelson Santana. Entre ellas las de su compañera María del Carmen Posse ante el Arzobispo de Asunción Monseñor Ismael Rolón, quien el 5 de octubre de 1977, le responde que había hecho “las averiguaciones pertinentes, y de acuerdo a las informaciones, verídicas o no, llegamos a esta noticia: el joven Gustavo Edison Inzaurralde Melgar, uruguayo, fue trasladado, con otros detenidos por la policía paraguaya, en un avión militar argentino, a Bs. As. y de ahí a Montevideo, él solo”.Ante esa información las denuncias se dirigen ante la Organización de Estados Americanos para que dicho organismo realice una intervención ante las autoridades paraguayas; y otros organismos internacionales.Para ese entonces, había nacido su hija Paula de cuyo nacimiento Gustavo nunca llegó a saber. Las autoridades del Paraguay niegan toda información y la dictadura uruguaya por parte de la Oficina de Prensa de las Fuerzas Conjuntas emite un comunicado requiriendo la captura de Gustavo.El 30 de noviembre de 1977, Amnistía Internacional cursa nota al Dr. Dante Sabini, Presidente de la Suprema Corte de Justicia, dando cuenta que cuando Gustavo Inzaurralde llevaba ya dos meses en territorio uruguayo a donde había sido trasladado desde Paraguay, el gobierno uruguayo solicitaba la captura del mismo. Por esa razón y ante la negativa de las autoridades uruguayas de brindar información, Amnistía Internacional solicita a las autoridades uruguayas que interpongan las acciones que legalmente haya lugar o que permitan que una misión internacional visite Uruguay con el objetivo de investigar y esclarecer en forma definitiva la situación. 8.- EL CENTRO CLANDESTINO DE DETENCIÓN “CLUB ATLÉTICO”. El Club Atlético fue uno de los Centros Clandestinos de Detención y Tortura instalados en la Ciudad de Buenos Aires.. Funcionó desde principios hasta fines de 1977 en el sótano de un edificio de tres plantas, ubicado en la Av. Paseo Colón entre Cochabamba y San Juan de propiedad de una dependencia de la Policía Federal. Los prisioneros eran conducidos a dicho centro clandestino en vehículos particulares con los ojos vendados. Al llegar eran llevados violentamente por una escalera pequeña a un lugar subterráneo, sin ventilación, donde se les quitaban todos sus efectos personales, se les ponían grilletes y pasaban a ser identificados mediante una letra y un número y eran interrogación con tortura. El centro tenía dos secciones de celdas, que estaban enfrentadas en un pasillo estrecho, y contaba con tres salas de tortura, baños, y un lugar denominado la “leonera” donde se concentraban a los prisioneros, una enfermería, la sala de guardia y tres celdas individuales. El lugar tenía una capacidad para albergar a unas doscientas personas y, según refieren testimonios por allí habrían pasado entre 1500 y 1800 personas. Una o dos veces al mes una veintena de detenidos eran trasladados con un destino incierto. El grupo represor integrado por fuerzas de seguridad, especialmente de la Policía Federal, y que actuaba en contacto con otros Centros clandestinos operaba fundamentalmente en Capital Federal y Gran Buenos Aires. A fines de los ’70 el edificio fue demolido para la construcción de la Autopista 25 de Mayo. Ricardo Peidro, un argentino es detenido en su domicilio en la noche del 10 de mayo de 1977, y lo conducen al Centro Clandestino de detención conocido como “Club Atlético, dónde es ubicado solo en una de las celdas. En dicho lugar, para ir al baño, lo que ocurría una vez al día solamente, los carceleros los hacían hacer una fila india. El 25 de mayo, fiesta patria argentina, los obligaron a participar en una suerte de acto patriótico, donde se cantó el himno argentino. Al otro día, en la madrugada, sacan a un grupo grande de detenidos a los golpes. Les dicen que serán trasladados a una cárcel legal, la cárcel de Sierra Chica, por lo que los que supuestamente saldrían de ese infierno y serían legalizados, se despiden cantando y tocando la guitarra. Con seguridad, esas personas pasaron a engrosar la nómina de los miles de desaparecidos. Ese mismo día, llevan a la celda de Peidros, a Gustavo Inzaurralde. Ricardo Peidro, declara que estando detenido Inzaurralde le había dicho que “estaban esperando a los militares uruguayos para interrogarlo o decidir sobre su destino”. Al otro día, en la noche del 27 de mayo, a Peidros lo sacan de la celda, lo conducen al garaje y lo suben a un automóvil, en el que lo llevan hasta la esquina de su domicilio, donde lo liberan.El 21 de julio de ese mismo año, en Uruguay, la Oficina de Prensa de las Fuerzas Conjuntas de emite un comunicado requiriendo la captura de Gustavo Inzaurralde. 9.- LOS ARCHIVOS DEL TERROR. En agosto de 1989, en un intento de esclarecer el destino de Gustavo y Nelson, los hermanos de Gustavo presentan ante el Fiscal de Crimen del Paraguay, una solicitud para que se presente ante un juzgado de crimen la denuncia sobre la desaparición de Gustavo Inzaurralde. Dicha denuncia finalmente sería presentada ante el Juez Agustin Fernández. El descubrimiento de los archivos del terror de la dictadura paragaya, darían un vuelco al cerco de silencio tendido sobre la desaparición de los dos militantes del PVP. Luis Alonso un integrante de American Watch, envía el 28 de enero de 1993 un fax a Juan Méndez en Washington, con el expreso pedido que su contenido fuera puesto en conocimiento del entonces diputado uruguayo Hugo Cores. El fax, comenzaba así: “Saltó la liebre! Fue encontrado entre los archivos del Departamento deInvestigaciones (policía política Stronista) un informe interno fechado el 9/4/77 que hace referencia al interrogatorio del ciudadano uruguayo Gustavo Edison Inzaurralde Melgar (actualmente desaparecido) en el que participaron”. Y A continuascion da los nombres de todos ellos, incluido el Mayor del ejercito uruguayo Carlos Calcagno. Pocos días después, el 2 de febrero, Luis Alonso en un fax a Hugo Cores le da cuenta de la aparición en la prensa paraguaya del testimonio del ex preso político paraguayo Cesar Baez Samaniego, quien afirma haber visto y hablado con Gustavo cuando se encontraba en poder de la policía paraguaya. Para ese entonces, uno de los participantes en los interrogatorios de Gustavo, el Gral retirado Benito Guanes, ya había sido detenido a raíz de los crímenes descubiertos en los archivos del terror. El 3 de febrero, en un comunicado publico, el PVP denuncia: Se comprobó que Gustavo Inzaurralde y Nelson Santana fueron detenidos e interrogados en tierra guarani hecho que había sido siempre negado oficialmente. Aclararon en Paraguay las circunstancias de la desaparición de dos uruguayos durante la dictadura. Los documentos hallados por la justicia paraguaya, difundidos por un comunicado del PVP, involucran también al mayor uruguayo Carlos Calcagno como participante en los interrogatorios en Asunción. Inzaurralde y Santana desaparecieron en 1977, luego de ser expatriados en avión hacia nuestro país, de acuerdo con las denuncias de las organizaciones de derechos humanos. Documentos hallados por la justicia paraguaya en una dependencia policial de ese país han comprobado las denuncias sobre la detención en Paraguay en 1977 de dos ciudadanos uruguayos, inmediatamente antes de su desaparición.Las denuncias de las organizaciones de derechos humanos de nuestro país, nunca aceptadas oficialmente por las autoridades, señalaban que ambos fueron embarcados en avión a Uruguay luego de su detención. A partir de ese momento todas las pistas se pierden para siempre. Uno de los documentos secretos menciona también a un oficial del ejército uruguayo, el mayor Carlos Calcagno, como participante en los interrogatorios de los dos detenidos, integrando un “equipo de trabajo” multinacional formado en la policía política del régimen de Stroessner. Se establece en él que en los documentos hasta ahora secretos del Departamento de Investigaciones en poder del juez paraguayo Agustin Fernández, cuyo contenido llegó a manos de la organización de Derechos Humanos América’s Watch, hay pruebas de la detención en tierras guaraníes de Gustavo Inzaurralde y Nelson Santana, previo a su desaparición, en marzo de 1977. Uno de los documentos secretos, fechado el 9 de abril de l977 y dirigido a Pastor Coronel ex jefe del Departamento de Investigaciones (policía política del régimen de Stroessner), actualmente detenido y procesado en Asunción por varios casos de asesinatos y torturas, que es reproducido en el comunicado del PVP, señala textualmente: “Tengo el honor de dirigirme a esa superioridad, con el objeto de elevar a su conocimiento el resumen de las actividades del equipo de trabajo que se constituyó en esta Dirección, los días 5, 6 y 7 de los corrientes, integrado por el coronel Benito Guanes y el teniente coronel Galo Escobar, del II Dpto. del E.M.G., teniente 1º Ángel Spada y sargento Juan Carlos Camicha, de la Jefatura de Área 234; José Montenegro y Alejandro Spada, del SIDE, ambos de la República Argentina y el mayor Carlos Calcagno del Servicio de Inteligencia del Ejército del Uruguay, con relación a los procedimientos efectuados últimamente por esa Jefatura”. “Interrogados minuciosamente cada uno de los detenidos, no aportaron mayormente datos nuevos a los ya conocidos, y que en su oponunidad esa Jefatura ya elevara a la superioridad”. “Lo rescatable del interrogatorio a que fue sometido Gustavo Edison Inzaurralde Melgar, es que actúa dentro del Instituto de Historia, agrupación ideológica y doctrinaria del Partido por la Victoria del Pueblo del Uruguay, pudiendo determinarse que presumiblemente el declarante es el máximo dirigente subversivo del PVP que aún permanece en Sudamérica, ya que los demás al parecer en su totalidad se trasladaron a Europa donde también él pensó viajar, para recibir documentos uruguayos e intentar una nueva infiltración clandestina a su país”. “Los datos surgidos de los archivos secretos de la policía política de Stroessner vienen a confirmar informaciones que en años anteriores se habían recogido, provenientes del arsobispo de Asunción, Ismael Rolón, así cómo de los ciudadanos argentinos Luis NeIly Maria Landi y el boliviano Jaime Burgos”, señala el comunicado del PVP. Dichas informaciones, que daban cuenta que ambos ciudadanos uruguayos habían sido detenidos en Asunción y luego embarcados en un avión hacia Uruguay, fueron sistemáticamente negadas o ignoradas por las dictaduras de la época. Asimismo, añade el comunicado, “aparece el oficial uruguayo Carlos Calcagno como directamente involucrado en el operativo que culminó con la desaparición de ambos jóvenes, oficial denunciado ante la justicia uruguaya por graves violaciones a los derechos humanos en nuestro país”. El 8 de febrero, nuevamente los hermanos de Gustavo, esta vez acompañados de Aurora Scotto la madre de Nelson Santana viajan a Paraguay a radicar nueva querella penal sobre el caso. Un día después, un nuevo Fax de Luis Alonso le informa que luego de la visita que la organización American Watch realizara a Paraguay, habían aparecido nuevas evidencias sobre el caso. Entre ellas los datos precisos de la aeronave que realizo el traslado de los uruguayos y otros argentinos, rumbo a la Argentina. “Asuución, 9 de febrero do 1993 Diputado Hugo Cores: Tras la visita de la delegación de AMERIC.AS WATCH -y en parte a raíz de la misma - surgieron nuevas evidencias acerca del caso de Santana Scotto y de Inzaurralde Melgar. Revisando los documentos incautados del archivo de la policía política estronista, fue hallado un libro de “extranjeros” (detenidos de origen extranjero), donde aparecen los cinco detenidos en el mismo caso: José Nell, Alejandro José Logoluso, Dora Marta Landi, Nelson Santana Scotto y Gustavo Edison Insaurralde. Por otra parte, ha aparecido un informe interno de la policía política, firmado por Pastor Coronel (ex jefe del. Departamento de Investigaciones), que en un párrafo dice lo siguiente: “NELSON SANTANA ESCOTTO, GUSTAVO EDISON. INXZAURRALDE, DORA MARTA LANDI, JOSE LUIS NELL y ALEJANDRO LOGOLUSO, fueron enviados a la ciudad de Buenos Aires (R.A.), en fecha 16 de mayo de 1977, en un avi6n Bi –reactor de la Armada Argentina con matrícula 5-7-30-0653.(transcripci6n literal del párrafo). Además tenemos en este momento testimonios de ex presos políticos paraguayos que vieron con vida a Inzaurralde y Santana en el Departamento de Investigaciones, en abril de 1977 (uno de los testigos vive en Asunci6 y está dispuesto a declarar antes las instancias que sean necesarias). Le ruego que me avise - vía fax – si decide viajar a Asunci6n, y el día de llegada. De ese modo podré avisar al mencionado testigo para que pueda conversar con usted durante su visita a Paraguay. Toda la documentaci6n a la que hago referencia en esta carta se encuentra en el Juzgado del magistrado José Agustín Fernández, quien procedió a incautar los archivos de la política stronista. Saludos desde Asunción Luis Alonso”. El 18 de febrero, mientras continuaban las detenciones de militares y policías puestos al descubierto por los archivos del terror, Hugo Cores se entrevistaba con el Juez y el Fiscal General: Según declaraba Cores, “los militares paraguayos pensaron que habían creado el tercer Reich de los trópicos”. 10.- LA IMPUNIDAD ORIENTAL. El traslado de los ciudadanos argentino que acompañaron la odisea de Gustavo y Santana, origino en la Argentina acciones judiciales que en el 2001 parecieron qque podían poner fin a la impunidad de Calcagno que gozaba de los amparos de la ley de caducidad y las generosas interpretaciones del gobierno de Jorge Batlle. La justicia de la Argentina cursó al Uruguay un exhorto para que le fuera tomada a Calcagno una declaración testimonial de Calcagno. El 14 de noviembre de 2001, el juez ordeno al Ministerio de Defensa citar al militar a su juzgado, pero Calcagno, no se presento. El 20 de noviembre, el ministro de Defensa Nacional Luis Brezzo le dio al juez las explicaciones por la no comparecencia del militar. Según el Ministro Brezzo “no correspondería diligenciar” su pedido de ubicar e interrogar a Calcagno “en virtud de afectar necesariamente con ello, principios generales y normas de orden público internacional de la República Oriental del Uruguay”. Tras el desacato de Brezzo, el pedido argentino pasó a la Corte Suprema de Justicia uruguaya, donde se le agregaron constancias administrativas y fue devuelto al juzgado donde se le sumaron una veintena de folios y paso adormir el sueño de los justos. La absoluta falta de colaboración internacional del Uruguay se fundo en las argumentaciones de Brezzo quien interpretó el concepto de “orden público internacional” que , según él, se nutre elementos de “un ámbito privativo de la individualidad y la seguridad de los Estados”. Por lo que concluye que hay “normas y principios esenciales del ordenamiento jurídico del Uruguay” que se ven “ofendidos en forma concreta, grave y manifiesta”. El ministro también cita la ley 15.848, por la cual caducó la pretensión punitiva del Estado, una suerte de combinación entre las leyes de Punto Final y Obediencia Debida sancionadas en la década del 80 en la Argentina. En la causa que se instruia en los tribunales federales porteños, por la cual se pretendió tener las declaraciones de Calcagno como testigo, se investigaba la desaparición en la Argentina de cinco detenidos en el Paraguay –dos uruguayos y tres argentinos- que fueron trasladados en un avión de la marina argentina. La causa 1461, caratulada “Logoluso, Alejandro y otros – Privación Ilegítima de la Libertad”, era instruída el juez Galeano, se anexó posteriormente a la causa más general donde se investigan múltiples violaciones a los derechos humanos en el marco del Plan Cóndor. 11.- LA HORA DE LA JUSTICIA EN URUGUAY . El 16 de setiembre de 2010, a raíz de una denuncia radicada por sus hermanos y el PIT/CNT, el Mayor Carlos Calcagno es procesado por la jueza penal de 7mo Turno, Dra. Mariana Mota, quién dispuso el enjuiciamiento con prisión del militar, como coautor de dos delitos de desaparición forzada en reiteración real, pese a que este niega que haya participado en la privación de libertad de Inzaurralde y de Santana y por consiguiente tampoco en la desaparición de éstos. Admite que fue efectivamente a Paraguay entre los días 5 a 7 de abril de 1977 en funciones de coordinación de inteligencia y a fines de poder establecer el destino de la bandera de los treinta y tres hurtada por el grupo subversivo del que Inzaurralde y Santana formaban parte. Niega que haya participado en el interrogatorio y la posible tortura de los prenombrados. Sin embargo la Magistrada, para disponer su procesamiento sostiene que el viaje de Calcagno a Paraguay fue porque Inzaurralde y Santana se hallaban presos y para aportar elementos para el interrogatorio de ellos y en función a la información que se obtuviera definir el destino de los dos uruguayos. Que la intervención del militar uruguayo en Paraguayas se explica como una actividad de coordinación en el marco del Plan Cóndor, de cuya existencia, función y participación de diversos países latinoamericanos ya no es posible negar dada la abundante prueba que se ha reunido en numerosos expedientes judiciales, tanto en Uruguay como en los demás países involucrados ( Argentina, Chile, Paraguay), así como la admisión y detalle de su funcionamiento que varios militares de la época han dado del referido plan coordinador. Ese plan acordado entre los diversos gobiernos permitió intercambiar información, pero también detenidos, todo ello regido por un único y común objetivo; la llamada lucha antisubversiva que se propusieron llevar adelante los regímenes militares imperantes en los diversos países. Este plan, su propósito y su forma de actuar no se puede negar. Que en ese marco operacional, Uruguay participaba activamente, principalmente con Argentina pero también con los demás países, en este caso con Paraguay. Que la actividad que Calcagno desplegó de acuerdo a lo pautado y en función a la finalidad perseguida por el acuerdo internacional mencionado, fue esencial porque, entre los detenidos, se encontraban los dos uruguayos, Inzaurralde y Santana.Y que ellos no eran simples opositores, meros ciudadanos descontentos con la conducción política del momento sino que, eran activos militantes de grupos opositores, declarados ilegales y cuyos integrantes eran perseguidos. Sostiene la justicia uruguaya que la suerte corrida por ellos no fue una situación aislada en el desarrollo de las investigaciones y el ejercicio de las funciones que en ese tiempo desplegaban las fuerzas armadas. Que las conclusiones a que se debe arribar, es que el proceder de las fuerzas de seguridad de la dictadura eran parte de algo orgánicamente estructurado. En ese momento era el propio Estado – en la persona de los integrantes de las fuerzas armadas que dirigían el país- quienes decidieron la suerte de los dos uruguayos. La respuesta de su destino final la tiene en consecuencia los representantes estatales de la época y ello es de conocimiento de Carlos Calcagno, como parte integrante de ese Estado. A la fecha del procesamiento, Calcagno se encontraba detenido administrativamente con motivo del trámite de extradición solicitada por Paraguay. Recientemente Calcagno fallece, sin que la justicia lo condenara. Gustavo y Nelson siguen desaparecidos.