miércoles, 5 de octubre de 2011

DATOS BIOGRAFICOS DE RAUL OLIVERA ALFARO

RAUL OLIVERA ALFARO.
Nació en Montevideo-Uruguay el 10 de febrero de 1944. Es el segundo de los cuatro hijos - (Julio César (22/11/1940), Miguel Ángel (21/7/1947) y Elbio Waldemar (9/2/1950) -; de Celiar Olivera (1/3/1916 - 1976) y Ángela Alfaro (20/5/1918).

Durante su larga actividad sindical fue dirigente de los sindicatos de los trabajadores de la industria pesquera (CUTIP) , de los ferroviarios (UF) y del Poder Judicial (AFJU).

Durante su actuación en estos gremios, integró la dirección de la central sindical (CNT y PIT/CNT). Una vez que abandonó la actividad laboral , continuó vinculado a la Central Sindical actuando en la Secretaria de Derechos Humanos, desde donde impulso varias causas judiciales contra los integrantes de la dictadura cívico-militar; entre otras la relacionada con el secuestro en la embajada de Venezuela de la maestra Elena Quinteros.
Militó en la Federación Anarquista Uruguaya (FAU) y en la Resistencia Obrero Estudiantil (ROE). Actualmente integra el Comité Central y el Secretariado Ejecutivo del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP), integrante del Frente Amplio.

Durante la dictadura estuvo preso desde 31/07/73 al 31/01/80. Previo a su reclusión el 23/12/73 en el Establecimiento Militar de Reclusión Nº I( Penal de Libertad), estuvo confinado en la Unidad Militar de Trasmisiones I (Ingenieros 5, el Regimiento de Caballería Mecanizada Nº 4 y Regimiento de Caballería Nº 9.
Junto a su organización política ejerció responsabilidades en la Izquierda Democrática Independiente (IDI) y el Movimiento de Participación Popular (MPP).

A nivel sindical, en la Secretaria de Derechos Humanos del PIT/CNT se desempeña en el área de investigación y lucha contra la impunidad. Integró el Consejo Consultivo Social de la Universidad de la República y el equipo de representación social de aplicación de la ley 18.033.
Integro en representación del PVP, la Comisión de Programa del Frente Amplio para el gobierno 2005/2009, del Área Derechos Humanos.
En la primer administración del Intendente Marcos Carambula de Canelones, se desempeñó en el equipo de gobierno de la Intendencia Municipal de Canelones en el Área de Descentralización y Participación y ejerció la representación del PVP ante la Mesa Departamental del Frente Amplio de Canelones. En las elecciones nacionales realizadas en octubre del 2009, integró las listas del Espacio 609 por Canelones como candidato a la diputación.
Integró el equipo consultor de los informes sobre derechos huanos publicado anualmente por el SERPAJ de Uruguay.
En 1984, participa en Roma (Italia) del Encuentro internacional de trabajadores de la pesca, visitando Alemania, Holanda y España.
En 1989 participa del encuentro mundial de trabajadores ferroviarios realizado en Moscú (URSS) en representación de la Federación Ferroviaria.
En 1990 participa en representación del PVP, en el encuentro fundacional del Foro de San Pablo, realizado de San Pablo- Brasil.
Participo en un encuentro realizado en Santiago de Chile (Chile) sobre derechos humanos del Foro de San Pablo.
El 25 de marzo de 1996, participa en Quito-Ecuador del encuentro latinoamericano de trabajadores del Poder Judicial, en representaron de la AFJU.
En junio de 2005 participó junta a Sara Méndez en el Encuentro Internacional contra el Terrorismo y por la verdad y la justicia realizado en La Habana (Cuba).
El 10 de mayo de 2006 participa como expositor en el Seminario Periodismo Solidario (III edición) organizado por la Universidad Autónoma de Madrid y el diario El País de Madrid, donde expone sobre “El papel de los trabajadores en la vigencia de los derechos humanos en un mundo globalizado”.
El 13 de mayo de 2006 participa junto a Sara Méndez en el III Simposio Internacional Itinerarios políticos de la izquierda revolucionaria en Argentina y Uruguay, organizado por la Facultad de Filosofía y de Historia de la Universidad de Santiago de Compostela, exponiendo sobre “LA RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA Y LA LUCHA CONTRA LA IMPUNIDAD.
En enero del 2009, participa junto a Sara Méndez de la presentación de la edición venezolana del libro Secuestro en la embajada, en Caracas, Venezuela.
Es autor del libro “DESAPARECIDOS: LA COORDINACIÓN REPRESIVA” y varios trabajos sobre el tema de los Derechos Humanos. Es columnista del periódico del PIT/CNT “Trabajo y Utopía”, del Semanario “Arequita”, de “La República” y “Brecha”.
Junto a Sara Méndez, es autor del libro “SECUESTRO EN LA EMBAJADA. EL CASO DE LA MAESTRA ELENA QUINTEROS” (11/11/03) y de la compilación “HUGO CORES: LA MEMORIA COMBATIENTE”.
El 24 de setiembre se presenta en el Teatro El Galpon un libro “Las palabras que llegaron, que contenía entre otros trabajos, uno de su autoría” Los tres monos”.
Esta casado con Sara Méndez, una uruguaya secuestrada en Buenos Aires en 1976 por la dictadura y quien tuvo desaparecido a su hijo por 26 años. Es padre de dos hijos: Daniel Alfredo (17/5/1969) y Claudia Cecilia (21/5/1972) y tiene dos nietos (Camila y Nicolás).

martes, 4 de octubre de 2011

TRABAJOS INCLUIDOS EN EL BLOG POR ORDEN CRONOLOGICO

19-04-2011:DATOS BIOGRAFICOS DE RAUL OLIVERA ALFARO.
10-08-2011: INTERVENCION EN MESA REDONDA: Derechos Humanos ¿Y ahora que?
21-07-2011: DAÑOS COLATERALES.
10-07-2011: DERECHOS HUMANOS: PONERNOS A TIRO.
01-07-2011. EL MADERO (Cuento corto)
17-06-2011:DERECHOS HUMANOS: UNA LARGA LUCHA, UNA CAUSA JUSTA.
18-05-2011: INCONSECUENCIAS NO DOBLEGAN LUCHA CONTRA LA IMPUNIDAD.
18-04-2011: LO QUE NOS DEJO EL DEBATE EN EL SENADO Y SUS ALREDEDORES
11-04-2011: TEXTO ESCRITO PARA ACTO DEL 11 DE ABRIL DEL PIT-CNT
30-03-2011: VICTOR LICANDRO: EL DESAFIO DE VENCER UNA AUSENCIA.
25-03-2011: CARTA ABIERTA A LOS COMPAÑEROS DE RUTA
02-03-2011: LA IMPUNIDAD: lo que vendrá.
25-02-2011: Derechos Humanos - Desaparecidos -intercanalt Entrevista
22-02-2011: LOS INTRINCADOS CAMINOS PARA TERMINAR CON LA IMPUNIDAD.
09-01-2011: trabajo en homenaje a Marta Harnecker.
09-01-2011: LA ANULACIÓN DE LA LEY DE IMPUNIDAD.
08-01-2011: SOBRE EL FUTURO DE LA IMPUNIDAD, TAMBIEN MIREMOS HACIA BRASIL.

08-12-2010: EL ADIOS A MARÍA ESTER.
05-12-2010: María Ester Gatti
01-12-2010: presentacion del libro Piedras pequeñas.
16-11-2010: LA LUCHA CONTRA LA IMPUNIDAD A ORILLAS DEL RUBICÓN.
08-11-2010: EL DESTINO DE LA IMPUNIDAD: CONTINUIDAD Y CAMBIO.
29-10-2010: LA GOTA QUE COLMA EL VASO?
11-10-2010: POR UN AUTENTICO Y EFICAZ FIN DE LA IMPUNIDAD.
02-10-2010: Carta al Director del diario La República
08-09-2010: AHORA SI, TODOS IGUALES ANTE LA LEY.
08-08-2010: ¿AL FIN EL FIN DE LA IMPUNIDAD?
17-07-2010: SANGUINETTI:EL CENSURADOR.Los complices civiles de la dictadura
09-06-2010: URUGUAY: LOS ESCENARIOS EN LA LUCHA CONTRA LA IMPUNIDAD.

09-12-2009: A 3 AÑOS DE LA MUERTE DE HUGO CORES
31-10-2009: La ley de Descentralización Local:CUANDO A ORILLAS DEL PERICO FLACO ENGORDA LA DEMOCRACIA.
27-10-2009: Las Palabras que no llegaron
24-09-2009: LOS TRES MONOS:EL QUE NO QUIERE VER, EL QUE NO QUIERE OIR Y EL QUE QUIERE HABLAR.
03-09-2009: RECORDAR, REFLEXIONAR Y ACTUAR EN CONSECUENCIA
20-08-2009: LA SANGRE NO ES AGUA.
29-07-2009: LA IMPORTANCIA DE LAS CONSIGNAS.
03-06-2009: OPERACION MEMORIA.
24-05-2009: LOS ESCENARIOS DE LA IMPUNIDAD.
07-04-2009: LA PRIMER CONDENA A LA DICTADURA:CONTAME TU CONDENA, DECIME TU FRACASO...
28-03-2009: 20 AÑOS DESPUES: LAS DEUDAS CON EL PASADO RECIENTE Y LAS NUEVAS GENERACIONES.
01-02-209: La necesaria reparación a las consecuencias del Terrorismo de Estado
16-01-2009: CARTA ABIERTA A HENRY ENGLER Y JOSE MUJICA
12-01-2009: ¿EL FRENTE TE ESCUCHA?
03-01-2009: GONZALO AGUIRRE Y GARDEL
02-12-2008: DIOS LOS CRIA Y ELLOS SE JUNTAN.
01-11-2008: En Argentina:Comienzan los alegatos en el juicio a la ESMA.
31-10-2008: INFORME SOBRE DERECHOS HUMANOS EN EL GOBIERNO ACTUAL.
21-10-2008: SUBASTA DE ARTE CONTEMPORANEO URUGUAYO POR LA NULIDAD DE LA LEY DE CADUCIDAD.
20-10-2008: COSECHANDO FIRMAS PARA TERMINAR CON LA IMPUNIDAD.
26-09-2008: La Escuela de Primer grado "Maestra Elena Quinteros".
07-09-2008: EL NOMBRE DE UNA ESCUELA
07-09-2008: EL CUMPLEAÑOS DE ELENA QUINTEROS
01-09-2008: Biografia de Elena Quinteros.
01-09-2008: Elena, La maestra en la evocacion de sus compañeros.
29-08-2008: UNA RELACION COMPLICADA.
26-07-2008: Poner fin a una logica perversa.Para que los derechos, transiten por anchas avenidas, y no por vericuetos, resquicios o atajos.
26-07-2008: HACE 33 AÑOS
26-06-2008: A 35 AÑOS DEL GOLPE DE ESTADO EN EL URUGUAY
20-06-2008: ACLARANDO LOS TANTOS, UNA FORMA DE CONSTRUIR CIUDADANIA
10-05-2008: Presentacion del libro HUGO CORES LA MEMORIA COMBATIENTE EN LA CIUDAD DE MINAS.
02-05-2008: En el "caso Tróccoli", no todos somos responsables.
26-04-2008: El papel de los trabajadores en la construcción de una cultura democrática
01-04-2008: HELIOS SERRA SILVEIRA
06-03-2008: MACARENA
01-03-2008: Las relaciones entre el sitema judicial y el sistema político.
26-02-2008: EL PROCESAMIENTO DE GREGORIO ALVAREZ: OTRAS DIMENSIONES DE LA RESOLUCION JUDICIAL.
05-02-2008: HISTORIA Y PERSPECTIVA DEL MOVIMIENTO OBRERO
10-02-2008: reflexiones cumpleañeras

03-12-2007: PALABRAS EN HOMENAJE A H CORES A UN AÑO DE SU MUERTE
01-12-2007: A UN AÑO DE LA MUERTE DE HUGO CORES
02-11-2007: ¿silencios austeros o silencios criminales?
01-11-2007: Las leyes de juego de los desafios democráticos
05-10-2007: PARA QUE LA IMPUNIDAD NO SEA MAS PATRIMONIO DE LOS URUGUAYOS
26-08-2007: UN NUEVO ESCENARIO DE LUCHA POR LOS DERECHOS HUMANOS.
24-07-2007: EL PAPEL DEL GOBIERNO BLANCO, ES PARTE DE LA VERDAD HISTORICA
26-06-2007: El verdadero nunca más.
24-05-2007: ¡QUE VIVAN LOS COMPAÑEROS!
11-05-2007: EN HOMENAJE A HUGO CORES
03-03-2007: LA RELACION ENTRE NUESTRO PASADO RECIENTE Y EL GOBIERNO PROGRESISTA.
01-03-2007: A 30 años del secuestro y la desaparición de Gustavo Inzaurralde y Nelson Santana
01-02-2007: Un desafío para el 2007:La nulidad de la ley de caducidad.

29-12-2006: EN HOMENAJE A HUGO CORES
22-12-2006: A 20 AÑOS DE LA INSTALACION DE LA IMPUNIDAD EN EL URUGUAY
08-12-2006: UN TIEMPO DE MEMORIA
26-11-2006: LAS PISTAS DEL SEGUNDO VUELO.
26-10-2006: LA DESCENTRALIZACION EN EL GOBIERNO CANARIO
26-10-2006: RESPONSABILIDADES DE OTROS DOS MILITARES Y UN POLICÍA URUGUAYOS EN LOS HECHOS OCURRIDOS EN AUTOIMOTORES ORLETTI
13-10-2006: La anulación de la ley de caducidad
26-08-2006: ALGO MÁS SOBRE IMPUNIDAD
11-08-2006: EL CAPITULO URUGUAYO DEL CÓNDOR
02-07-2006: PARA DESTRUIR LOS HUEVOS DE LA SERPIENTE.
02-06-2006: EL DEBER ETICO DE ANULAR LA LEY DE CADUCIDAD
13-05-2006: LA RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA Y LA LUCHA CONTRA LA IMPUNIDAD.
09-05-2006: EL PAPEL DE LOS TRABAJADORES EN LA VIGENCIA DE LOS DERECHOS HUMANOS EN UN MUNDO GLOBALIZADO.
03-05-2006: PARA QUEDAR BIEN, CON DIOS Y CON EL DIABLO.
13-04-2006: SOBRE DESAPARICIONES Y EXTRADICIONES
29-03-2006: EL ASESINATO DE NIBIA SABALSAGARAY: Las flores que no llegaron.
02-03-2006: FERNANDO MIRANDA
02-02-2006: EL SECUESTRO Y LA DESAPARICION DE UBAGESNER CHAVEZ SOSA
13-01-2006: MORIR EN URUGUAY

22-10-2005: LOS DERECHOS HUMANOS Y LOS PRONUNCIAMIENTOS PRE ELECTORALES
13-10-2005: ¿EL FIN DE LA IMPUNIDAD?
04-08-2005: LOS VUELOS Y LOS DECOLAGES DE LAS "VERDADES POSIBLES
22-07-2005: LAS MENTIRAS DE LA DICTADURA A LOS ORGANISMOS INTERNACIONALES
15-07-2005: La impunidad uruguaya no es perfecta ni inexpugnable
03-07-2005: ES TIEMPO DE VERDAD Y JUSTICIA.
03-07-2005: EL DERECHO A NO SER OBJETO DE LOS ABUSOS DEL CUARTO PODER.
03-06-2005: A 32 AÑOS DEL GOLPE DE ESTADO EN EL URUGUAY
19-05-2005: Verdad y Justicia en la nueva coyuntura política.
03-05-2005: MEMORIA E IMPUNIDAD.
26-04-2005: El Terrorismo de Estado en Uruguay:Las asignaturas pendientes.
03-04-2005: PONENCIA EN EL INSTITUTO B BRECH
21-03-2005: ARGENTINA: LA ANULACION DE LAS LEYES DE IMPUNIDAD.
21-03-2005: LA IMPUNIDAD EN URUGUAY Y SUS CONSECUENCIAS SOCIALES
18-03-2005: La debida salvaguarda de los derechos inalienables del hombre.
06-01-2005: LOS DERECHOS HUMANOS EN EL NUEVO GOBIERNO

16-12-2004: A 18 Años de aprobada la ley de Caducidad
29-10-2004: A 20 años del primero gobierno constitucional. Las materias pendientes.
03-09-2004: ELENA QUINTEROS: LA LUCHA POR LOS DD.HH CONTINUA
03-09-2004: MORIR COMO LOS ESQUIMALES. (cuento corto)
19-08-2004: DOCUMENTO PRESENTADO ANTE LA COMISIÔN DE PROGRAMA DEL FRENTE AMPLIO PARA LAS MEDIDAS DE GOBIERNO
01-08-2004: LA RECUPERACION DE LA MEMORIA HISTORICA
02-06-2004: OTRO ASPECTO DE LA IMPUNIDAD: Cementerios clandestinos en predios militares
01-06-2004: EN EPOCA DE ELECCIONES: Una mirada particular sobre los derechos humanos.
14-05-2004: Caso Elena Quinteros: un nuevo paso hacia la justicia
24-04-2004: Terrorismo de Estado: Justicia y reconciliación.
08-02-2004: EL MINISTRO OPERTTI Y LOS INVENTARIOS.
01-02-2004: EL CASO DE LA MAESTRA ELENA QUINTEROS: Nuevos desafios a la impunidad.

01-09-2003: CHILE: EL 11 DE SETIEMBRE DE 1973.
27-07-2003: Reportaje en CX 36 sobre el golpe de Estado
01-07-2003: CORDERO Y LA JUSTICIA.
26-06-2003: EL PASADO QUE NO PASA
30-04-2003: Entrevista realizada por el investigador chileno Eduardo Valenzuela
24-04-2003: Sobre el informe final de la Comisión para la Paz.
24-03-2003: POBREZA EXTREMA COMO VIOLACION DEL DERECHO
24-02-2003: DESDE EL DERECHO INTERNACIONAL LA AMENAZA DE GUERRA

24-12-2002: Juan Carlos Blanco entre rejas...Simón con nosotros
29-10-2002: Derechos humanos y trabajo social.
26-07-2002: URUGUAY 1989: Cuando no pudimos anular la ley de caducidad.
24-05-2002: NO TODO HA SALIDO A LUZ
07-01-2002: A UN AÑO DE LA MUERTE DE TOTA QUINTEROS.

21-12-2001: ¿ES MENTIRA, LA VERDAD?
30-05-2001: Los desaparecidos y la Justicia Penal
29-05-2001: E mail del 29/05/01, dirigido a Radio El Espectador Sr Emiliano Cotelo. Asunto: DESAPARECIDOS: Una aclaracion.
24-05-2001: SEMINARIO: HOMENAJE LUIS PEREZ AGUIRRE Y TOTA QUINTEROS .

04-05-2000: ARRIBA LOS QUE LUCHAN!
19-04-2000: ROSENCOF:EL DURO OFICIO DE DRAMATIZAR
12-03-2000: UNA IMPORTANTE INICIATIVA DEL MOVIMIENTO SINDICAL
12-02-2000: OTRAS CONSIDERACIONES SOBRE LAS ACCIONES JUDICIALES POR LA VERDAD.
22-01-2000: LAS ACCIONES JUDICIALES POR LA VERDAD (I)

08-08-1999: DESAPARECIDOS: ¿LA FORMULA DEL FA?
13-03-1999: LA JUSTICIA: Los secuestros y desapariciones de personas.
01-03-1999: DE FABULAS Y DESQUICIOS.
19-01-1999: A MODO DE UN BALANCE PARCIAL DEL 98.

01-12-1998: QUE LOS DERECHOS SEAN HUMANOS Y PARA TODOS
17-11-1998: GLOBALIZACIÓN Y DERECHOS HUMANOS.
16-11-1998: LOS DERECHOS HUMANOS: Y LOS TIEMPOS DE LAS CAMPAÑAS ELECTORALES.
07-11-1998: ABRIENDO EL PARAGUAS, CUANDO YA ESTAS MOJADO.
07-11-1998: ALGUNAS IDEAS SOBRE EL 68 URUGUAYO.
23-06-1998: Ponencia en Santiago de Chile 27 junio de 1998
16-03-1998: DESAPARECIDOS: LA COORDINACION REPRESIVA (Segunda parte)
16-03-1998: DESAPARECIDOS: LA COORDINACION REPRESIVA (Primera parte)
01-02-1998: LA JUSTICIA ES UN DERECHO HUMANO.

22-12-1996: HACE 20 AÑOS QUEBRABAN LA CONCIENCIA ETICA DE LA SOCIEDAD
03-07-1996: EL MAR (Cuento)
03-05-1996: PERO, ¡TE VA A DOLER TANTO! (Cuento corto)
29-03-1996: LA MONOGRAFÍA POSTRERA (Cuento corto)

sábado, 1 de octubre de 2011

EL NUEVO ESCENARIO DE LA LUCHA CONTRA LA IMPUNIDAD: Las asignaturas pendientes.

EL NUEVO ESCENARIO DE LA LUCHA CONTRA LA IMPUNIDAD: Las asignaturas pendientes.
Por: Raúl Olivera Alfaro
(Asesor Sec DD.HH PIT/CNT. publicado en Trabajo & Utopía Nº 113 Nov 2011)
UNO.
Cuando finalizaba el mes de octubre y a solo pocos días que el parlamento aprobara la ley 18.831 - mediante la cual se eliminan los obstáculos que desde hace mas de un cuarto de siglo impidieron la acción plena de la justicia en el Uruguay -, 22 ciudadanos (10 mujeres y 12 hombres) presentaban ante el Juzgado Letrado Departamental de Treinta y Tres de 1er Turno una denuncia sobre hechos constitutivos de delitos de lesa humanidad.
La denuncia, para lo cual debieron viajar la mayoría de ellos a la ciudad de Treinta y tres, contó con el apoyo legal y material del Frente Amplio, que con esta acción y otra vinculada a otros hechos y personas, la fuerza política que detenta el gobierno nacional pasa a tener una actitud preactiva en la materialización de la lucha por verdad y justicia.
Desde los años 90, en oportunidad de la denuncia que presentaron los senadores del Frente Amplio contra el ex canciller Juan Carlos Blanco por la responsabilidad en el caso de la desaparición de Elena Quinteros, no había existido por parte de la izquierda, una conducta colectiva y organica que implicara llevar a los estrados judiciales los reclamos de verdad y justicia. Si habían existido actitudes individuales de parlamentarios que realizaron acciones de ese tipo, como la denuncia referida a la operación Zanahoria presentada por el Senador Michelini.
Esta denuncia penal, esta referida a hechos acontecidos en 1975, en la ciudad de Treinta y Tres, donde entre los días 12 y 15 de abril, las fuerzas de seguridad de la dictadura realizaron una serie de allanamientos con el objeto de detener a integrantes de la entonces clandestina Unión de la Juventud Comunista. De esa forma la dictadura apuntaba a desarticular el foco de oposición a la dictadura existente en dicho departamento.
El comienzo de la llamada Operación Morgan orquestada para hacer desaparecer del país definitivamente al Partido Comunista y al Partido por la Victoria del Pueblo, no se limito exclusivamente a ellos. Además de golpear a los miembros de la UJC y el Partido Comunista, incluyó a integrantes del Movimiento Juvenil Patriótico.
Los detenidos en esa oportunidad, eran en su inmensa mayoría, menores de edad. Los detenidos tenían entre trece y veinte años de edad. Treinta y seis años atrás, Bordaberry padre, hacia realidad el sueño actual de Bordaberry hijo, imputando y aplicando a jóvenes de aquella edad, la misma dureza (y arbitrariedad) que aplicaban a los adultos.
De ahí, que los jóvenes fueron conducidos al Batallón No. 10 de Infantería del Ejército) de dicho Departamento, donde desde el primer instante fueron objeto de torturas (plantones, golpes, submarino, picana, colgadas, caballete, etc.) al igual que las que eran objeto cualquier adulto. No se hicieron excepciones.
En una ciudad como Treinta y tres, todo el mundo se conocía. Los jóvenes detenidos, hasta unas horas antes habían compartido con los hijos de quienes los torturaban, los bancos del liceo y lugares de reunión donde confluían los jóvenes.
Luego de un duro y crudo periplo por cuarteles y los Penales de Libertad y Punta de Rieles, los mayores de 18 años fueron condenados por la justicia militar a penas entre 2 y 6 años de cárcel, mientras que el periodo de reclusión para la mayoría de los menores de 18 años fue de un mes en el Batallón de Infantería Nr.10 de Treinta y Tres, (sin que esa situación fuera puesta en conocimiento de un juez de menores), y su posterior trasladado en un camión del ejército, encapuchados, con las manos atadas con alambre y con desconocimiento absoluto de sus padres, a las dependencias en Montevideo del Consejo del Niño, por espacio de 7 meses.
Para justificar la detención ante la opinión pública de la ciudad conmocionada por esa situación, la dictadura contó como era habitual con la complicidad de el diario El País, quien en un artículo titulado “Marxismo: Única Meta la Destrucción Moral”: Descubren campamento: Prostituían a más de 60 jóvenes”, inventan una historia en la que los detenidos eran presentados como un grupo de jóvenes que se dedicaban a hacer campeonatos sexuales, y tenían todo tipo de enfermedades venéreas.
La denuncia radicada en estos días, además de dar cuenta de otros padecimientos que se extendieron en sus vidas, aun luego de haber sido puestos en libertad, brinda a la justicia una nomina de algunos responsables identificados. Y fundándose en las Normas sobre Imprescriptibilidad establecidos en la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Lesa Humanidad, en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y en particular en los Principios de Cooperación Internacional aprobados por la Asamblea General de las Naciones Unidas que en uno de sus Principios establece que: “ Los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad donde quiera y cualquiera que sea la fecha en que se hayan cometido serán objeto de una investigación y las personas contra las que existan prueba de culpabilidad en la comisión de tales crímenes, serán buscados, detenidos, enjuiciados y en caso de ser declarados culpables, castigados.”, los denunciantes esperan que finalmente se haga justicia.

DOS.
Mientras eso ocurría en Treinta y Tres, ante una sede penal capitalina una larga lista de mujeres presentaban otra denuncia. Según ella promovían denuncia contra una larga lista de militares, policías, y médicos y todos los oficiales y suboficiales que entre el período 1972 y 1985 se encontraban en los siguientes establecimientos: Penal de Punta de Rieles, 300 Carlos, Regimiento de Caballería No. 9, Cuartel Km. 14 Cno. Maldonado, Establecimiento La Tablada, Casa de Punta Gorda, Cárcel de Pueblo (Parque Rodó), Regimiento de Caballería No. 4, Hospital Militar, Artillería No. 1 (Cuartel La Paloma), Batallón de Ingenieros No. 1, Batallón de Infantería No. 5 de Mercedes, Batallón 5o. de Artillería, Cuartel de Infantería No. 7 de Salto, Cuartel No. 13, Cuartel No. 6 de Caballería:
Los hechos que dan cuenta en la demanda, se refieren al proceso cívico militar (1972-1985), en cuyo contexto, se puso en marcha un plan que persiguió la neutralización y/o eliminación de un conjunto de personas que integraban principalmente partidos de izquierdas, sindicatos y a todos aquellos que se opusieran a dichos regímenes ilegítimos. Que las mencionadas actividades ilícitas no habían sido investigadas por parte del Estado uruguayo, cayendo este en una omisión dirigida a consolidar la impunidad. Y que por tal razón, había sido necesario que la Corte IDH en el caso “Gelman, dispusiera eliminar toda traba que implicara la obstrucción del proceso investigativo y el castigo a los responsables.
Las personas (militares, policías, profesionales asimilados) denunciadas tuvieron activa participación durante la detención y prisión de las denunciantes en los distintos establecimientos carcelarios, siendo todos ellos responsables directos e indirectos por acción u omisión de la comisión de delitos calificados como de lesa humanidad cometidos en forma sistemática y planificada consistentes en delitos sexuales (violencia sexual, violación, desnudez, tocamientos, entre otros) y torturas (tales como plantones, picana, submarino, entre otros),, afectando su integridad física y mental y su derecho a la dignidad. Alegan que la conducta desarrollada por los denunciados formó parte de un plan sistemático orquestado por quienes detentaban el poder en forma ilegítima cuya finalidad era la destrucción física, moral y psicológica de las detenidas con particular énfasis en su condición de mujeres, menoscabando su integridad física y mental y su dignidad con prácticas tales como la desnudez, la introducción de objetos en la vagina y ano, tocamientos, así como insultos degradantes y amenazas por la sola condición de ser mujeres llegando en muchos casos a la consumación de la violación. Sostienen que eran doblemente victimizadas, tanto por su ideología como por su condición de mujer, utilizándose su cuerpo como un botín de guerra. Todas estas prácticas realizadas no sólo buscaban destruirlas sino que también procuraban morbosamente el placer de los torturadores en sus distintas manifestaciones, ya sea tocándolas, impidiéndoles el aseo por tiempo prolongado y cuando lo permitían observándoles permanentemente y apuntándoles con un arma, realizándoles plantones totalmente desnudas, no dejándolas dormir, soltándoles perros, , no brindándoles agua ni alimentos, impidiéndoles realizar sus necesidades básicas e incluso colocándole ratas en los genitales habiendo sido previamente untadas con grasa. La violación sistemática de sus derechos humanos con particular énfasis en su condición de mujeres se traduce indudablemente en violencia de género ejercida por agentes del Estado sin ellas pudieran recurrir a ningún tipo de autoridad en su defensa.
Fundamentan que todo ello era parte de un plan minuciosamente elaborado, general y sistemático que da cuenta de un patrón de conducta donde la violencia sexual y la tortura tenían como cometido la degradación psicofísica de las detenidas.
TRES
El fundamento jurídico en que se sustentan las mencionadas acciones y la propia discusión de la ley aprobada por el parlamento el 27 de octubre, son parte del debate actual de si los delitos de la dictadura son o no de lesa humanidad, y si los mismos han o no prescripto.
Lo primero que surge de ambas denuncias, es que esa categoría de delitos que se denuncian, son delitos en masa que se cometieron contra la población civil, por agentes del Estado y amparados por dicho poder, y se dirigen contra grupos de personas civiles identificadas por ideas políticas, religiosas, raciales, gremiales, regionales, entre otros, y cuya comisión ofende gravemente a la humanidad en su conjunto.
Esta particularidad - de ser cometidos por personas que detentan el poder y los cometen con abuso del mismo- , explica que su castigo sólo es posible una vez que quienes lo cometieron hayan abandonado el poder, extremo que puede suceder décadas después de que los delitos se han cometido. En el caso uruguayo basta recordar que luego de recuperada la democracia en 1985 los militares y policías que habían participado de los crímenes más aberrantes, lograron arrancar al parlamento la ley de caducidad, ley que garantizó en las décadas siguientes la paralización de cualquier tipo de investigación sobre los delitos por ellos cometidos, reabriéndose la posibilidad recién en los últimos años, y en tiempo cercano a la prescripción de los mismos.
El desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos respecto a los crímenes de lesa humanidad, establece que las víctimas tienen la posibilidad cierta de buscar justicia y reparación. No condenar dichos crímenes del terrorismo de estado en Uruguay significaría continuar enviando un mensaje a la sociedad de que dichas conductas son toleradas por el Estado, lo que promueve su perpetuación y la aceptación social del fenómeno, y genera el sentimiento de desconfianza de los ciudadanos en el sistema de administración de justicia.
Esa respuesta a las víctimas no solo debe ser dada por el sistema judicial, debe también ser emitida desde el sistema político mediante políticas públicas que garanticen la no repetición de estos hechos de lo contrario el riesgo será de que ello se repitan. Los hechos que se denunciaron en estas dos causas y otros que se ventilan n otras causas archivadas durante décadas, no fueron actos aislados, sino parte de un plan sistemático que diseñaron y ejecutaron agentes del Estado, razón por la que revisten la calidad de delitos de lesa humanidad y por tal motivo devienen en imprescriptibles y un deber para todo funcionario público su persecución y castigo.
CUATRO.
Cuando los denunciantes llegaron el 31 de octubre a la sede judicial de Treinta y Tres, fueron esperadas por un nutrido grupo de gente que les expresaban su apoyo, mediante pancartas y abrazos.
Desde la vereda del frente, otras personas identificadas por los lugareños como integrantes de los servicios de seguridad del ejercito y/o policía, se dedicaban a la labor de fotografiar a los presentes. No s trataba de una actividad encubierta, era una clara actitud intimidatoria.
Esta situación dio origen a que la delegación dl PIT/CNT que acompaño dicha actividad, resolviera cursar una nota a los Ministerios de Interior y Defensa, n la que se expresaba que cuando en representación del PIT/CNT (Secretaria de Derechos Humanos), concurrieron conjuntamente con autoridades del Frente Amplio y de un profesional integrante del equipo de abogados de esa fuerza política, a la ciudad de Treinta y Tres a los efectos de acompañar a un grupo de ciudadanos que tenían la intención de radicar ante sede penal de dicha ciudad, una denuncia de supuestas violaciones a los derechos humanos a las que fueron objeto durante la dictadura cívico-militar. Es decir que se trataba del ejercicio de un derecho ciudadano y en el marco de las normas del derecho que nos rigen, y que contaba con el apoyo y patrocinio de una fuerza política que detenta el gobierno nacional y una organización social reconocida y que actúa en representación de los trabajadores organizados en diversas instancias convocadas por las autoridades nacionales. Por esa razón resulta preocupante y carente de sentido que dicha presentación, que contó además con la presencia de un representante nacional de dicho departamento, fuera objeto en dicha ciudad de seguimiento y toma de registros gráficos, por integrantes de las fuerzas armadas y policiales. En razon de lo expuesto, la nota reclama que se les informen por orden de que autoridad se llevaron a cabo esas acciones; y se les exprese las razones que las motivaron; se les entregue la información y los registros gráficos existentes; y se tomen las medidas que correspondan para que esos hechos no se repitan.

martes, 27 de septiembre de 2011

DERECHOS HUMANOS: UN MOMENTO CRUCIAL.
Por: Raúl Olivera Alfaro
(Articulo publicado en Trabajo & Utopía órgano oficial del PIT/CNT Septiembre de 2011).

Cuando Trabajo & Utopía este en circulación, se estarán procesando las discusiones en el marco del Congreso del PIT/CNT y se empezaran a conocer los efectos de la iniciativa del PIT/CNT y otras organizaciones sociales pusieron a consideración del sistema político y el Estado con el fin de que se de cabal y efectivo cumplimiento a algunos aspectos de la sentencia de la Corte IDH. En ese marco y cuando la organización unitaria de los trabajadores, cumple 45 años de existencia, la forma en que se resuelven ambos aspectos adquieren fundamental importancia.
Por un lado, porque la unidad de los trabajadores - que fue en los 60 una respuesta al avasallamiento de derechos esenciales de los ciudadanos y una forma adecuada para defender sus intereses de clase -, tiene que reafirmar su papel como un espacio ineludible para la construcción de una sociedad mas justa, mas solidaria y más democrática. Para cumplir con ese rol, el PIT/CNT cuenta con algunas ventajas: es portador de la cultura propia. Cultura obrera, desarrollada en su larga vida, produciendo y poniendo en circulación sus conocimientos para trasmitirlos de generación en generación, para que de esa manera, los trabajadores y trabajadoras que se incorporan al mundo de trabajo y a sus organizaciones sindicales, tengan herramientas teóricas que le posibiliten una adecuada comprensión de la realidad de cada momento histórico y desde ella, una eficaz acción transformadora de la sociedad.
Y por otro lado, porque en cada Congreso y en cada iniciativa desarrollada por la organización de los trabajadores, se expresa siempre esa experiencia acumulada durante su existencia y el legado de las organizaciones obreras que la antecedieron. Eso es lo que pone al PIT/CNT, en mejores condiciones para materializar contribuciones fundamentales para los cambios sociales y la mejora de las condiciones de vida de los trabajadores y el pueblo uruguayo. En esta tarea tuvo, tiene y tendrá como uno de sus objetivos lograr los instrumentos organizativos más adecuados para la transferencia de ese conjunto de valores y conocimientos que son parte de su cultura, a los sectores más desposeídos, Es sobre una acción desarrollada y fundamentada en esos valores, que debemos continuar desarrollando un incansable lucha por el mejoramiento de las condiciones de vida de la comunidad. Mejora que debe asentarse y fundamentarse en la plena vigencia de los derechos humanos.
Esta tarea y esos objetivos del PIT/CNT han estado explicitados desde sus orígenes en los programas que hemos levantado y en las medidas de lucha que se desarrollaron a lo largo de su historia, aun en aquellos periodos donde esos objetivos se han visto fuertemente limitados, por las distintas formas del autoritarismo estatal y las políticas neoliberales. Aun en esos periodos, esos objetivos históricos nunca fueron dejados de lado. En esas encrucijadas la clase obrera pago un alto precio en destituidos, presos, exiliados, torturados, asesinados y desaparecidos defendiendo la vigencia de los derechos humanos como parte de la lucha democrática.. El prolongado período de terrorismo de Estado y el posterior embate estatal y/o patronal en los periodos del auge neoliberal, significaron desafíos muy duros para los trabajadores organizados, sin embargo, fueros desafíos superados a partir de que se tuvo la capacidad de lograr una adecuada articulación entre la lucha por los intereses más inmediatos y la lucha democrática en torno a la erradicación de la impunidad y la profundización democrática.
Los trabajadores tienen muy claro, que la evolución y la profundización de las mejores condiciones de vida, solo son posible en un ámbito de libertades y vigencias de todos los derechos. Es desde ese principio básico, y desde la reafirmación de la relación de independencia de los trabajadores organizados frente al Estado, que la acción del PIT/CNT ha estado en estrecha relación con el resto de la sociedad, sumando sus esfuerzos para dar respuestas a las múltiples y novedosas situaciones planteadas en una América latina que vivió sangrientas dictaduras cívico-militares, de cuyas consecuencias aún no se libró plenamente. El PIT/CNT, debe perseverar su tradición de enfrentamiento a todas las formas de autoritarismo que puedan plantarse, prestando atención y esfuerzo a la defensa de los derechos humanos. Para ello, es fundamental que defina, como sin duda ya lo ha hecho en años anteriores, la continuidad de su actitud activa frente a las injusticias en el campo de los derechos humanos. Hacer eso, será una contribución fundamental hacia la conformación de una sociedad más libre, justa y solidaria, que en nuestra visión, debe ser portadora y activa defensora de una cultura en derechos humanos integral.
Esto es particularmente necesario en el momento actual, caracterizado por profundos cambios a nivel mundial que se han visto acompañados de fuertes transformaciones en el campo de las definiciones jurídicas y políticas con relación a los derechos humanos. La lucha desarrollada contra la impunidad, por verdad, justicia, memoria y nunca mas terrorismo de estado, pone de manifiesto la necesidad de crear en el ámbito del movimiento sindical un espacio dedicado al estudio, la reflexión y la difusión de los derechos humanos como un compromiso y una contribución que los trabajadores se deben a sí mismo y al resto de la sociedad civil.
Y desde allí, continuar acompañando y perfeccionando las herramientas que nos permitan continuar desarrollando la tarea trascendente que desarrollamos en nuestro país conjuntamente con otros organismos de derechos humanos. Desde el PIT/CNT, con esos sectores, deberemos abordar el tema de los derechos humanos integralmente con el fin de poder intervenir en las acciones y las políticas públicas con mayor eficacia, y sobre todo para asentar en la sociedad una concepción integral de estos derechos.
De esta manera, es necesario potenciar la función del PIT/CNT en este campo dándole una proyección fundamental para el fortalecimiento de la democracia, que debe necesariamente incluir la dimensión ética, jurídica y política de una cultura de los derechos humanos que constituye una fuerza generadora y dinamizadora permanente de la teoría y de la práctica de la democracia, ya que representan una concepción del hombre como sujeto libre y autónomo con derechos irrenunciables inherentes a su condición.
A la luz de las experiencias recientes vividas por nuestra sociedad y en el resto de América Latina, el movimiento sindical debe seguir contribuyendo a mantener de manera plena y gravitante en la conciencia colectiva de nuestra sociedad la defensa de los derechos humanos, y a organizar la resistencia contra todo aquello que represente una amenaza al ejercicio pleno de estos derechos. Se trata, pues, de continuar articulando acciones con las organizaciones de la sociedad civil aportando nuestra capacidad de organización y nuestros valores,.
La creación de una Cátedra Obrera de Derechos Humanos en el ámbito del PIT/CNT, y la continuidad de la Secretaria de Derechos Humanos, son aspectos fundamentales para que el movimiento obrero continúe interviniendo en la vida pública, en la defensa de las instituciones, de la libertad y dignidad humana. Serán esas dos herramientas, los marcos adecuados para reflexionar y producir acciones respecto de los múltiples efectos que ha tenido en la sociedad y en el resto de América Latina, la violación de estos derechos y el desarrollo de una cultura de los derechos humanos que termine con la cultura de impunidad. La lucha democrática continúa siendo parte de nuestra lucha permanente para extender y profundizar la preservación del derecho a la vida, la libertad, la integridad de los individuos y el mejoramiento de las condiciones de vida de los sectores postergados.
Al memento de escribir este artículo, aun no esta claro el panorama que tendrá en el futuro la lucha contra la impunidad en el Uruguay, ya que son inciertas las señales que se emiten desde los distintos poderes del Estado con relación al cumplimiento de la Sentencia de la Corte IDH. Y en razón de esa situación, es que se materializa la propuesta del conjunto de las organizaciones de la sociedad civil, que se informa en otra parte de ste artículo. La propuesta tiene el objeto de lograr que el Estado uruguayo de el paso de eliminar las anormalidades jurídicas, éticas y políticas que por mas de un cuarto de siglo impuso la existencia de la ley de caducidad.

PROPUESTA DE LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL.

Artículo 1° - De conformidad con lo establecido en los párrafos 252 a 256, 274 y 275 de la Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 24 de febrero de 2011, se dispone:
a) que los artículos 1° a 4° de la Ley 15.848, al carecer de efectos por su incompatibilidad con la Convención Americana de Derechos Humanos, no vuelvan a representar un obstáculo para la investigación de la desaparición forzada de María Claudia García de Gelman y de Macarena Gelman, ni de otras graves violaciones de derechos humanos similares que constituyen delitos de lesa humanidad, ni para la identificación y sanción de los responsables.
b) que a los referidos hechos no se apliquen otras normas análogas del ordenamiento jurídico interno que excluyan la responsabilidad penal, como prescripción, irretroactividad de la ley penal, cosa juzgada o ne bis ín ídem;
c) que el Estado uruguayo debe abstenerse de realizar actos que impliquen la obstrucción de los procesos judiciales o administrativos referidos a los hechos mencionados.
d) que el Estado uruguayo debe asegurar el pleno acceso y capacidad de actuar de las víctimas o de los familiares de las víctimas en todas las etapas de la investigación y del juzgamiento de los responsables en los procesos a que se hace referencia en la citada Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

De transitar el sistema político por este o un camino similar, es una oportunidad de poner en marcha una verdadera política de Estado de memoria, verdad, justicia y reparación. Es también una superación de una larga incomprensión que existe a niveles gubernamentales y de la sociedad, de que es imposible construir un proyecto de sociedad justa, solidaria y democrática sin las bases y los cimientos éticos de una verdadera justicia. Lograr que el Estado de cumplimiento, a un reclamo popular desarrollado desde hace un cuarto de siglo será el fin de una etapa de la lucha contra la cultura de impunidad y abrir otra, no menos importante.
Debemos tener claro que el simple hecho que – de la forma que sea -, la ley de caducidad deje de trner efectos jurídicos en nuestro país, no implicará necesariamente que desaparezcan a distintos niveles de nuestra sociedad y del propio Estado, enclaves desde donde mediante diversas maneras se pretenda poner en cuestión principios fundamentales sobre los que debe basarse una convivencia democrática plena.

Raúl Olivera Alfaro.
Asesor de la Comisión de DD.HH del PIT/CNT.

martes, 23 de agosto de 2011

APUNTES SOBRE DESCENTRALIZACIÓN.

APUNTES SOBRE EL PROCSO DE DESCENTRALIZACIÓN.

Hay que tener el cuenta que el proceso de descentralización tiene tres vertientes que es importante considerar, a la hora de realizar un balance al cumplir el primer año de la instalación de los Municipios.
Por un lado, las definiciones programáticas de la fuerza política, que puso un marcado acento en este tema y que en ese marco definió que desde su acción de gobierno, profundizaría el proceso de participación ciudadana.
Por otro lado las actividades que realizó el gobierno departamental desde la IMC, durante la primera administración del Intendente Marcos Carámbula, para dar cumplimiento a esos aspectos del Programa.
Y finalmente, las definiciones que le competen a la fuerza política como tal instrumentar y hacer efectivo en ese complejo proceso de cambio en la cultura ciudadana y en la propia acción de la gestión de gobierno.
Más allá de las dificultades que sin duda existen en las definiciones instrumentales y en las definiciones de la fuerza política, para imprimirle un rumbo a ese proceso de descentralización, lo cierto es que desde una mirada global, se percibe que más allá del avance que significo la instalación formal de los Municipios, se avanzó muy desparejo en la instrumentación del proceso y en el estableciendo criterios políticos para su efectivo desarrollo.
Esos aspectos no se resuelven modificando el Reglamento de funcionamiento; en aquellos aspectos en los que se han manifestado dificultades en este primer año.
Esas modificaciones pueden ayudar, pero no son suficientes. Es imprescindible un análisis a fondo, de las dificultades mediante una discusión profunda que involucre tanto a los Alcaldes, como por la totalidad de los Concejales (titulares y suplentes), como de la fuerza de política y los equipos de Dirección de la IMC.
Ese proceso deberá ser culminado con la formulación de un diagnostico y con las resoluciones políticas correspondientes del Intendente y de la fuerza política, según corresponda. Es importante anotar, que la necesaria e imprescindible relación del Ejecutivo Departamental y la fuerza política, debe jerarquizarse.
Es importante dejar sentado que la Agrupación de Gobierno Departamental, debe prestar especial atención a este proceso, en el análisis de la acción del gobierno en todas sus áreas.
La descentralización es un problema de definición política y no de reglamentos. Se trata de un proceso a partir del cual se debe avanzar en la apertura a la participación de los vecinos y las organizaciones sociales. Para ello es fundamental a todos los niveles una acción que contribuya a educar para la participación.
Ese último aspecto no es alcanzable, cuando el funcionamiento de los Consejos no funciona bajo el principio del trabajo colectivo. Si nuestros Concejales no funcionan en equipo, es difícil que se ejerza una acción educativa frente a los vecinos y las organizaciones sociales. Un Municipio que no tenga capacidad de trabajo en equipo, es imposible que tenga la capacidad de generar la participación de los vecinos, en comisiones temáticas que se deben crear para lograr avanzar con las organizaciones sociales en un relacionamiento estrecho con la acción de gobierno.

EL QUÉ HACER FRENTE A UNA OBLIGACIÓN INTERNACIONAL

EL QUÉ HACER FRENTE A UNA OBLIGACIÓN INTERNACIONAL.
Por Raúl Olivera Alfaro
(Asesor de derechos humanos de la Comisión de DD.HH del PIT/CNT)

La situación en la que se puso el Uruguay frente a las normas de derecho internacional referidas a sus políticas de derechos humanos, no es nueva. Ya en el pasado, sendas recomendaciones de la Comisión Interamericana de la OEA, habían intentado mediante recomendaciones que el país adecuara sus comportamientos de acuerdo a las normas que se había comprometido internacionalemente.
El compromiso que las cuatro primeras administraciones pasadas, mantuvieron con la impunidad, hicieron insuficientes las recomendaciones anteriores y determino que esta vez mediante una sentencia, las mismas pasaran de la categoría de recomendaciones, a mandato imperativo.
Es así, que a partir de que en el caso Gelman, el Uruguay fuera intimado a abandonar ciertas conductas y a adoptar otras, que permitieran reestablecer derechos ignorados, que la lucha contra los mecanismos de impunidad en el Uruguay, entro en una fase crucial.
De la forma en que todos los poderes de Estado, se ubiquen frente a ese desafió, dependerá entonces de cómo se resolverá también una verdad, ya no solo sobre nuestro pasado reciente, sino también del verdadero compromiso del país con las normas de derecho internacional.
Es en ese escenario, entonces que la pregunta que desde la sociedad civil y sus organizaciones de derechos humanos, le deberemos hacer al Estado, es ¿que están haciendo para cumplir con la sentencia de la Corte IDH? Es desde esa perspectiva que el Movimiento Sindical, esta realizando entrevistas con distintas instituciones del Estado y las organizaciones políticas representadas en el Parlamento, uno de los poderes del Estado, que según nuestra opinión, tiene responsabilidades sustantivas en este tema.
El poder establecer el repertorio de acciones, la hoja de ruta que tengan definido recorrer los organismos del Estado uruguayo, determina el grado de voluntad política existente en los distintos niveles. Esto, no puede establecerse sólo a partir de que nadie, ha dicho que no se debe cumplir con la Sentencia de la Corte IDH. Algunas señales que emergen de distintos niveles y lo que las entrevistas mantenidas por el PIT/CNT, indican un panorama complejo e incierto.
Una reciente actividad convocada por Amnistía Internacional donde los cuatro lemas fueron convocados a expresar su opinión sobre el cumplimiento de la mencionada Sentencia, dio una muestra de esa situación. Tanto el partido Independiente, el nacional y el colorado, expresaron que Uruguay debía cumplir la sentencia. Sin embargo, había cosas que no estaban dispuestos a hacer, y ello para nosotros desmiente su voluntad de cumplimiento. Para ello o se escudan en una supuesta defensa del Estado de derecho y otra supuesta certeza jurídica, que les impide superar uno de los mandatos de la Sentencia: la prescripción, la cosa juzgada, etc. Y cuado ese escudo no le es suficiente, intentan atrincherarse en una lectura falaz de la mencionada Sentencia. Dicen que hay que cumplir la Sentencia, pero en tal o cual aspecto, no. Resumiendo, dicen sí, pero realmente dicen, no.
Cumplir la Sentencia, implica cumplirla totalmente. No hacerlo es no recomponer la relación conflictiva que nuestro país mantiene con el derecho internacional, y generar responsabilidad internacional.
La hoja de ruta, que para el movimiento sindical, se debe recorrer con prontitud y eficacia no admite dos lecturas ni cumplimientos a medias.
El cumplimiento cabal de lo ordenado por la Corte, es para nosotros un capitulo sustancial de un continuo bregar contra la impunidad, contra los mecanismos de impunidad que anularon nuestros derechos más elementales. El objetivo histórico de la lucha de los trabajadores, es que el Estado democrático, repare los efectos que dejo en nuestra sociedad dejo Estado terrorista. De ahí, que desarmar los distintos mecanismos de impunidad construidos desde el Estado, erradicar una cultura de impunidad que impregnó a nuestra sociedad a todos los niveles, constituye el objetivo irrenunciable de la etapa.
Siendo la ley de caducidad la que confinó a la voluntad omnipotente del gobierno de turno nuestros derechos a ser iguales ante la ley, su eliminación formal de nuestro ordenamiento es una de las cosas que hay que hacer. Y con relación a ese aspecto, ¿En que situación estamos? En que la Sentencia que el Estado debe cumplir, estableció que las disposiciones de la ley de caducidad es manifiestamente incompatibles con los acuerdos suscritos por el Uruguay y por lo tanto carece de efectos jurídicos, pero que sin embargo nada se hace para eliminarla. Es más, en la reciente resolución del Poder Ejecutivo que dejo sin efectos resoluciones anteriores, invoca la ley de caducidad para dictar ese acto. Es indiscutible que una ley que carece de efectos jurídicos, deja de ser una norma que establece y obliga taxativamente conductas a seguir por los distintos órganos del Estado. De ahí que debamos concluir que ya no es una ley y no esta vigente. ¿ Si esto es así, porque se mantiene y peor aún se la invoca en actos del gobierno? Que eso no siga ocurriendo, será una forma de cumplir con la sentencia.
Hace unas horas integrantes del Comité Ejecutivo del Partido Colorado, sostuvo en una entrevista que mantuvo con el PIT/CNT, que los pronunciamientos populares y en la propia decisión del parlamento, se resolvió que la ley de caducidad se mantiene vigente.
¿ Es esa también la visión desde el gobierno? Seguir pensando que ese mecanismo de impunidad, debería seguir actuando y generando efectos jurídicos, ¿ no es acaso una forma de expresar que una ley manifiestamente contraria a las obligaciones internacionales a, debe mantenerse y que el Estado uruguayo debe violar esa Convención y exponerse a generar responsabilidad internacional del Estado?
No tomar a nivel legislativo una iniciativa que desmienta categóricamente eso, es el los hechos un abierto desacato a la sentencia de la Corte Interamericana.
Se ha dicho en medios de prensa -y al no haber aun logrado realizar una entrevista solicitada con la fuerza política de gobierno, no tenemos una opinión que lo desmienta -, que no hay voluntad política en la fuerza de gobierno para tomar una nueva iniciativa parlamentaria respecto a este tema. No obstante, creemos que el parlamento, al menos legisle tomando en cuenta la manifiesta incompatibilidad con el pacto de San José de Costa Rica y la carencia de efectos jurídicos de la ley de caducidad, eliminándola de nuestro ordenamiento.
¿Alcanza con esto? Aun eliminando la norma que impidió investigar y sancionar a los responsables, estamos, ante la eventual amenaza de que se aplique la caducidad, emergente de la aplicación de un principio de legalidad existente para el tratamiento de los delitos penales ordinarios. Nos referimos a la prescripción, la cosa juzgada o el principio de la pena más benigna.
Si bien es cierto que los delitos a que se refiere la Sentencia no prescribirán porque así lo ordena esa Sentencia cuando expresa con meridiana claridad que el Estado debe disponer que ninguna otra norma análoga, o cualquier excluyente similar de responsabilidad, sea aplicada y que las autoridades se deben abstener de realizar actos que impliquen la obstrucción de los procesos investigativos.
El movimiento sindical cree que el Estado debe disponer que la prescripción, la irretroactividad de la ley penal, la cosa juzgada, no sea aplicada. Y porque es el legislador quien tiene la facultad de disponerlo, lo debe hacer.
Dejar a la suerte de que los jueces pueden disponer, pues eso esta dentro de las potestades de su independencia técnica, y pueden hacerlo, es en los hechos habilitar un largo proceso de apelaciones, recursos de queja y de inconstitucionalidad que llevarían a que en los hechos se mantengan obstáculos similares a los que han impedido durante muchos años la acción sin limitaciones del sistema judicial. El parlamento uruguayo fue quien genero el hecho de que por más de un cuarto de siglo, las victimas tuvieran las puertas cerradas de los tribunales, corresponde que ese mismo Poder del Estado sea quién abra sin limitaciones u obstáculos esas puertas.
El parlamento debe disponer eso. Y para ello deberán legislar haciendo norma legal lo que establecen los párrafos de la sentencia de la Corte Interamericana. Algo de eso es lo que reclamamos que proponga y apruebe el Parlamento en lo relativo a las resoluciones que les competen de la mencionada sentencia.
El tema de la impunidad, marcó la agenda política desde hace más de un cuarto de siglo. Para no resolverlo, el sistema político ensayó innumerables conductas políticas. Quienes hoy pretenden hacer retroceder el reloj de esta historia, ya sea realizando lecturas antojadizas de la Sentencia o teniendo intenciones de cumplirlas a medias, poco contribuirán a que el prestigio de Uruguay a nivel internacional, no quede una vez más afectado y en cuestión.

Apertura para actividad de Iguales y Punto en la IMM.

En los últimos tiempos las expectativas en torno al resultado que finalmente tendría un capitulo de la larga batalla que fundamentalmente hemos dado la sociedad civil para que en nuestra sociedad todos fuéramos iguales ante la ley, una vez más se vio frustrada al haber fracasado el intento por vía parlamentaria de eliminar la ley de caducidad y los efectos generados por su aplicación durante su vigencia.
No es necesario hacer una actividad de este tipo al que hoy nos hemos convocado, para construir argumentos que demuestren que ha sido la sociedad civil la principal protagonista en la lucha por Verdad y Justicia. Tampoco para demostrar, que el principal obstáculo para terminar con la cultura de impunidad imperante, han sido las acciones, omisiones y complicidades desde Estado.
Sin embargo, es necesario que antes de escuchar las reflexiones que se brindaran por parte de nuestros invitados – los que se sientan de uno y otro lado de la Mesa -, hacer un breve recuento de algo que es necesario no olvidar. Esta batalla por construir una cultura de los derechos humanos, no es un desafió particular de los uruguayos. Es parte de una larga lucha de la humanidad, que se libra desde -al menos la noche de los tiempos en que los horrores del nazismo - , puso en evidencia la necesidad de proteger a la humanidad de aquellos horrores.
En contra de ese esfuerzo de la humanidad, en nuestro país se violó el acuerdo político de la Concertación Programática, se violó la Constitución y los acuerdos internacionales suscritos por el país, y cuando eso no fue suficiente para que reinara absolutamente la impunidad se le dio a la ley de caducidad un poder que extralimitaba sus alcances transformándola en un instrumento idóneo y eficaz para trasladar la caducidad a delitos cometidos en territorios extranjeros. Y a favor de ese esfuerzo de la humanidad en nuestro país, se lucho de mil maneras. Se testimonio el horror mil veces, se denunció a nivel nacional e internacional, se acudió a los tribunales, se presentaron recursos administrativos, se realizaron petitorios, se pusieron todos los recursos humanos y materiales posibles para hacer materializar la realización de recursos de consulta popular, se realizaron multitudinarias marchas del silencio y se acudió a organismos multilaterales, uno de los cuales, La Corte Interamericana de Derechos humanos reconoció que teníamos razón n todos y cada uno de nuestros añejos reclamos. Todos y cada una de las armas y los medios que nuestro ordenamiento legal permitía, fueron usados.
Esos esfuerzos que hemos realizado en el Uruguay, se articulan con los esfuerzos que realizaron y realizan otras sociedades de nuestra sufrida América y que se ven reflejados en Sentencias en casos como los de Velásquez Rodríguez, de Barrios Altos, de la guerrilla de Araguaia y muchos otros que han ido aorralando a la impunidad. Y también en instrumentos de derechos, como el Pacto de San José de Costa Rica y la Convención Americana contra la desaparición forzada de Personas, entre otras, que son el resultado de las luhas populares por poner limites al autoritarismo de los Estados.
Ha llegado el tiempo de empezar a cerrar una etapa de nuestra vida como nación, en el que nos va el futuro como sociedad democrática y respetuosa de la dignidad humana. Este desafío deberá resolverse de una sola manera. Aquella, que permita eficaz y adecuadamente instalar definitivamente una nueva cultura con relación a los derechos humanos. De eso se trata esta actividad, de ayudarnos a entender aún más la complejidad del desafió planteado, pensando juntos y comprometiéndonos juntos.

EL FIN DE LA LEY DE CADUCIDAD Y EL PIBE CHANFLE.

EL FIN DE LA LEY DE CADUCIDAD Y EL “PIBE CHANFLE[1]”.

Pegarle de Chanfle es una forma de definir a la manera en que habilidosos jugadores le pegaban a la pelota de fútbol, a los efectos de imprimirle una dirección inesperada o poco previsible para el arquero rival.
Un viejo compañero, cada vez que discutíamos decisiones políticas y sus eventuales resultados, solía traer a consideración el caso del “Pibe Chanfle”, a los efectos de querer significar que a pesar de haber una decisión, no estaba todo dicho. Eso lo graficaba con la expresión: “Esperá que la pique”.
El citado “Pibe Chanfle era –según este compañero-, una suerte de “Loco Abreu” de los partidos de barrio, que tenía la cualidad futbolística de saber pegarle a la pelota de con un efecto tan poco previsible para el arquero rival, que siempre terminaban en la red. Esa forma de pegarle de “chanfle”, era lo que originaba su apodo.
Parece ser que en los últimos minutos de un partido definitorio de algún campeonato por el azado en el que era imprescindible que el cuadro del “Pibe Chanfle ganara, su cuadro se ve favorecido por un tiro penal que de convertirse lo haría ganador y campeón. Ejecutar el tiro penal, como no podía ser de otra manera, se le otorga al hábil e infalible goleador, mientras la hinchada ya festejaba de antemano el seguro triunfo. Pero, efectuado el tiro penal con el acostumbrado efecto “chanfle”, la pelota termina suavemente en las manos del arquero rival.
Frente a tal falla, sus compañeros le recriminan al Pibe Chanfle” el haber errado el tiro penal, recibiendo como respuesta confiada:”Espera a que el arquero la pique”.
Con el proceso que se ha llevado a cabo con la ley interpretativa que apunta a eliminar la ley de caducidad y sus efectos, con sus idas y venidas a tornado imprevisible saber lo que finalmente va a ocurrir. De ahí, que al igual que el “Pibe Chanfle”, ante cualquier diagnostico que se nos pida, deberemos aconsejar “esperar a que la pique”.
Luego que la cámara de diputados la apruebe y el Presidente la promulgue, recién –al menos en este partido que se ha jugado a nivel legislativo-, habrá terminado la posibilidad de dar la respuesta del “Pibe Chanfle”.
Por esa razón, es importante, que tanto este 19 de mayo, acompañando la paralización del PIT/CNT, estemos en el Palacio Legislativo, y al otro día llenando como nunca la avenida 18 de julio para que este 20 de mayo de reclamo de verdad y justicia, sea el último con ley de caducidad. Que lo sea sin impunidad, será el resultado de las batallas que nos esperan.

Raúl Olivera Alfaro
[1] Chanfle era una forma de definir de una manera en que se le pega a una pelota de futbol a los efectos de lograr imprimirle una dirección inesperada o poco previsible para el arquero rival.

martes, 16 de agosto de 2011

ANTE LA MUERTE DE JOSE ENRIQUE FERNANDEZ

ANTE LA MUERTE DE JOSÉ ENRIQUE FERNANDEZ.

El lunes 14, falleció en Maldonado, un compañero del alma. La muerte, nunca deja de sorprendernos.
Llega un momento, en que la vida de los viejos, consiste e una larga lista: las de aquellos compañeros que se han ido para siempre. Muertos que poco a poco, son tantos y tan queridos, que tenemos la sensación de que empezamos a quedar solos en el mundo. En esa soledad y en ese dolor, tratamos de orientarnos, de encontrar algún sentido a esas cosas que pasan y que no podemos evitar. Esa reorientación imprescindible, para continuar dando esa batalla por la vida y contra las muertes injustas, paradójicamente encuentra su mayor inspiración y justificación, en aquellos que como Jose Enrique, ya no estarán fisicamente entre nosotros.
José Enrique, trabajo para ayudarnos a que eso fuera así y no debemos defraudarlo.
Hasta siempre compañero!

Raúl Olivera Alfaro.

miércoles, 10 de agosto de 2011

DERECHOS HUMANOS: ¿Y AHORA QUE?

INTERVENCION DE RAÚL OLIVERA EN MESA REDONDA DE AEBU- 10-08-2011

Derechos Humanos ¿Y ahora que?. Esa parece ser el desafió de la interrogante que deberíamos responder hoy como parte de la dinámica discursiva de esta convocatoria. Esa parece ser, una necesidad fundamental para poder establecer el repertorio de acciones, la hoja de ruta para recorrer por parte del Uruguay tanto para cumplir con la Sentencia de la Corte IDH, como para recomponer una relación conflictiva que nuestro país mantiene con el derecho internacional..

Hoja de ruta, que casi siempre los Estados se muestran remolones o abiertamente poco dispuestos a recorrer con prontitud y eficacia, y que siempre necesita del acicate desde la sociedad civil para que cumpla con sus obligaciones.

Permítanme, que para responder a esa interrogante plantearnos unas preguntas previas. Y esta son: ¿Dónde estamos hoy? Y ¿Con respecto a qué?

No lograr establecer con claridad los desafíos de cada etapa, o dicho de otra manera, no realizarnos las preguntas pertinentes para ellas, se puede hacer más difícil articular las estrategias adecuadas en cada momento.

Desde la noche del terrorismo de Estado, nuestra lucha ha sido un continuo bregar contra la impunidad, contra los mecanismos de impunidad que anularon nuestros derechos más elementales. Por eso cuando enfrentamos la dictadura o aun antes cuando combatimos los desbordes del autoritarismo estatal de las décadas de los años 60, estábamos en esta misma lucha en la que estamos hoy. Más allá – y eso es importante tenerlo en cuenta -, que las correlaciones de fuerza sean distintas y los acentos que se expresaban en nuestras consignas, fueran diferentes.

Por esa razón cuando se logro terminar con la existencia formal de la dictadura, fue sin lugar a equívocos, derrotar una de las dimensiones de la impunidad y pasar a una nueva etapa de lucha en la que el desafió estaba en lograr el acto reparador de una justicia que reestableciera derechos pisoteados, ignorados, estafados.
Resumiendo, el gran objetivo de aquellos tiempos y del hoy,. es que el Estado democrático, repare – en lo que es aun posible reparar -, los efectos que dejo en nuestra sociedad el Estado terrorista. De ahí que con respecto a la segunda interrogante de ¿con respecto a qué?, no dudamos en que es con respecto a desarmar los distintos mecanismos de impunidad construidos desde el Estado, erradicar una cultura de impunidad que impregnó a nuestra sociedad a todos los niveles.

¿Y cuáles fueron esos mecanismos de impunidad? La ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado que confinó nuestros derechos a ser iguales ante la ley, y a la voluntad omnipotente del gobierno de turno; una visión de nuestro pasado reciente que poco se diferenciaba o era funcional a la del discurso cívico-militar de la dictadura; la existencia de parcelas del Estado, donde no se podía entrar; archivos guardados bajo siete candados; una verdad secuestrada y una justicia clausurada.
A la luz de esta incompleta enumeración, es que debemos responder a la otra pregunta: ¿En que situación estamos?
La Sentencia de la Corte Interamericana, que el Estado uruguayo debe cumplir, si o si; estableció que las disposiciones de la ley de caducidad que por más de un cuarto de siglo impidieron la investigación y sanción de graves violaciones de derechos humanos es manifiestamente incompatibles con los acuerdos suscritos por el Uruguay y por lo tanto carece de efectos jurídicos.
Es indiscutible que una ley que carece de efectos jurídicos, deja de ser una norma que establece y obliga taxativamente conductas a seguir por los distintos órganos del Estado. De ahí que debamos concluir que ya no es una ley y no esta vigente.
También es cierto, que al menos como un acto de prolijidad legislativa debería eliminarse del catalogo de normas que rigieron conductas, en materia de la consideración de los hechos de nuestro pasado reciente cometidos por el Estado. También lo es, que ninguna conducta del Poder Ejecutivo, del legislativo y del judicial deberá aplicarla. Esa será una forma de cumplir con esa sentencia inapelable y obligatoria.
A nuestro entender - salvo por un problema de prolijidad legislativa que debería corregir el contrasentido que significa que una ley que el propio legislativo cataloga de inconstitucional, se mantenga -, no sería objetivamente necesario eliminarla ya que en los hechos eso ya lo hizo la Corte IDH, al determinar que la ley de impunidad carece de efectos, que ena forma de decir que es nula.
Eso, que se intentó hacer con la ley interpretativa, repetimos ya lo ha resuelto la Corte Interamericana.
De ahí, que quiero afirmar enfáticamente, que ya logramos desarticular el principal mecanismo de impunidad y no solo lo hemos hecho con relación al caso Gelman, sino con carácter general. Y por eso pienso, que el pasado 20 de mayo, fue el primer 20 de mayo sin ley de caducidad. Con esto quiero decir, que la frustración que muchos sentimos o aun se pueda sentir por la vergonzosa actuación de algunos parlamentarios en aquella frustrada intención de declarar inexistente, lo que ya no existía, no son prenda que deba dolernos a nosotros.
Quiero enfáticamente reafirmar, que en la Sentencia de la Corte IDH, además de lo que ordena hacer y lo que prohíbe hacer, hay algo en ella no escrito pero que deberemos ver: el resumen de largos años de lucha de los pueblos que a lo largo de nuestra América, sufrieron los efectos de distintas formas de autoritarismo estatal y no desmayaron en sus reclamos de verdad y justicia.
Hace unas horas integrantes del Comité Ejecutivo del Partido Colorado, sostuvo en una entrevista que mantuvimos, que el pueblo uruguayo en los pronunciamientos populares y en la propia decisión reciente del parlamento, se resolvió que la ley de caducidad debía mantenerse. Y que esa era la posición de esa colectividad política.
Esa colectividad política sigue pensando que ese mecanismo de impunidad, debería seguir actuando y generando efectos jurídicos. Esa es una forma de expresar que una ley manifiestamente contraria a las obligaciones asumidas por un Estado parte en la Convención Americana debe mantenerse y que el Estado uruguayo debe violar esa Convención y exponerse a generar responsabilidad internacional del Estado.
Ese partido y los integrantes del sistema político que piensen como él o parecido, deberían presentar un proyecto de ley en el Parlamento, que claramente dejen sentado que promueven un abierto desacato a la sentencia de la Corte Interamericana. O dicho de otra manera, deberían intentar asegurarse que los articulos 1, 2, 3 y 4 de la ley de caducidad sigan siendo un obstáculo para la investigación de las graves violaciones a los derechos humanos del pasado y para la identificación y el castigo de los responsables.
Es más deberían acompañar su juntada de firmas para penar a los menores de 16 años, con esta para exonerar de responsabilidades a los terroristas de Estado.
Se ha dicho públicamente, que no hay voluntad política en la fuerza de gobierno para tomar una nueva iniciativa parlamentaria respecto a este tema. Y si a eso le agregamos que ya la Corte Interamericana dispuso en los hechos su anulación al decir que era manifiestamente incompatible con el Pacto de San José de Costa Rica, y que por lo tanto carente de efectos jurídicos, se podría concluir que debiéramos dejar tranquilo al sistema político representado en el Poder Legislativo.
Pero no creemos que sea así, al menos desde la sociedad civil, desde las organizaciones defensoras de los derechos humanos, nos cabe reclamar y esperar que el parlamento, al menos legisle tomando en cuenta esos dos aspectos: su manifiesta incompatibilidad con el pacto de San José de Costa Rica y su carencia de efectos jurídicos, tanto por lo que dice la Corte Interamericana, como lo ha dicho reiteradamente nuestra propia Suprema Corte de Justicia.
¿En donde estamos, entonces?
En que no tenemos, en los hechos una ley que impida investigar y sancionar a los responsables de graves violaciones a los derechos humanos. Por eso se han procesado a varios militares y policías incursos en esos delitos y seguramente se seguirá por ese camino en la medida que se logren aportar elementos que logren establecer esas responsabilidades tanto en las denuncias actualmente activas o en aquellas que en virtud de su desafectación de la ley de caducidad por la reciente resolución del Poder Ejecutivo sean activadas de oficio como lo ordena también la sentencia de la Corte IDH; o aquellas que se presentemos de aquí en más.
Pero también estamos, ante la eventual amenaza de que se aplique la caducidad de la pretensión punitiva del Estado. No ya la emergente de la aplicación de la ley de caducidad, sino por la aplicación de un principio de legalidad existente para el tratamiento de los delitos penales ordinarios. Nos referimos a la prescripción, la cosa juzgada o el principio de la pena más benigna.
Sobre este tema, creo que debemos desde la sociedad civil, desde las organizaciones de derechos humanos, hacer una lectura clara y radical de la Sentencia de la Corte IDH. Y desde esa lectura, saber en la situación en que estamos.
Nosotros hacemos una lectura similar a la que hacíamos recién respecto a la ley de caducidad. En ese sentido, decimos que no prescribirán los delitos – aunque se trate de delitos tipificados como homicidios especialmente agravados -, pues se tratan de conductas delictivas a que se hace referencia específicamente en la Sentencia de la Corte IDH.
¿Porque decimos esto?
Porque así lo ordena esa Sentencia cuando expresa con meridiana claridad que el Estado debe disponer que ninguna otra norma análoga, como prescripción, irretroactividad de la ley penal, cosa juzgada, ne bis in idem o cualquier excluyente similar de responsabilidad, sea aplicada y que las autoridades se deben abstener de realizar actos que impliquen la obstrucción de los procesos investigativos.
Al igual que razonábamos con respecto a la ley de caducidad, podemos preguntarnos si sobre este tema, es suficiente que así lo diga la Corte Interamericana y por lo tanto es mejor que no pongamos a prueba la poca y flaca voluntad política de nuestro parlamento para contribuir al cumplimiento de las obligaciones del Estado.
Nosotros creemos que no es suficiente y tampoco es lo que corresponde. La Sentencia de la Corte dice que el Estado debe disponer que la prescripción, la irretroactividad de la ley penal, la cosa juzgada, no sea aplicada.
¿Quien dispone que normas son o no son de aplicación en el país? El legislador.
Es cierto que los jueces pueden disponer no aplicar, por ejemplo la prescripción, pues eso esta dentro de las potestades de su independencia técnica, y también pueden hacerlo. Y según sea el caso, entrar en un largo proceso de apelaciones, recursos de queja y de inconstitucionalidad que llevarían a la ilusoria esperanza de nuestro primer mandatario, de que esto se termina cuando nos muramos todos.
Si, el parlamento uruguayo fue quien genero el hecho de que por más de un cuarto de siglo, las victimas del terrorismo de Estado tuvieran las puertas cerradas para acceder a los tribunales en reclamo de justicia, no es justo que cuando se logra que esas puertas de abran sin restricciones, nos digan, lo siento, pero el plazo termino.
Esto es algo parecido, a cuando nos servían en los cuarteles un plato de comida hirviendo y nos decían que teníamos 5 minutos para comerlo, pero que ya habian pasado 4.
El parlamento debe disponer que eso no suceda y para eso, no es mucho lo que se le pide, no deberán poner mucha imaginación: deberán legislar haciendo norma legal lo que establecen los párrafos de la sentencia de la Corte Interamericana..
Días atrás, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia Van Rompaey al fundamentar ante la Comisión de presupuesto del Parlamento la inclusión de algunos artículos en la Rendición de Cuentas que buscaban tener recursos financieros para cumplir una de las obligaciones emergente de la Sentencia de la Corte IDH, decia: “Estamos hablando de un compromiso que el Estado uruguayo asumió con la comunidad internacional. El gobierno uruguayo se obligó a cumplir la sentencia dictada por la Corte IDH. Y continuaba diciendo Van Rompaey, que el articulo que proponía era “la trascripción literal de uno de los itms que integraba la decisión de la Corte Interamericana.
Algo de so es lo que esperamos que proponga y apruebe el Parlamento en lo relativo a las resoluciones que les competen de la mencionada sentencia.
Vamos a concluir con esta reflexión. El tema de la impunidad en nuestro país, a marcado la agenda política desde hace más de un cuarto de siglo. Para no resolverlo, el sistema político ha ensayado miles de formulas y a desarrollado innumerables conductas políticas. Recordemos que desde el Ministerio de defensa durante el gobierno de la izquierda hasta se llego a afirmar que ningún militar iría preso.
Quienes hoy pretenden hacer retroceder el reloj de esta historia, se parecen a ese padre que soñó con un hijo varón y jugador de futbol, y solo tuvo una hija mujer que le salió bailarina de ballet, y que para compensar su frustración pretende hacer bailar con zapatos de futbol.
Muchas gracias.

jueves, 21 de julio de 2011

DAÑOS COLATERALES







DAÑOS COLATERALES.

Por distintas razones - siempre un padre al que le perdieron el rastro en los años del terrorismo de Estado o en sus prolegómenos, y saber si esta entre los detenidos-desaparecidos o fue asesinado -, nos han llegado pedidos de ayuda en las que una hija quiere saber que fue de ese padre.
Una primaria investigación, en la que no los encontramos en las listas de detenidos-desaparecidos a asesinados por razones políticas, nos ha permitido dar una respuesta tranquilizadora, aunque también provisoria ya que ambas nóminas parecen no estar nunca completas y cerradas definitivamente.
Pero el caso es, que esas respuestas no dan solución a ese reclamo de saber que fue de ese padre, que por razones políticas tomo un derrotero que lo llevó a un exilio en el que se perdieron sus huellas. De alguna forma, pasan a ser una categoría de “desaparecido”, al que también hay que dar una respuesta. Una respuesta a una interrogante tan elemental y a la vez tan compleja: ¿Dónde esta?
Estas historias en las que estuvimos y seguimos involucrados, tienen un hilo conductor común; se trata de alguna manera del rescate de la figura paterna ausente, y a su vez de la búsqueda de sus orígenes, de su historia. Y como todo drama, es peculiar e irrepetible. Debió haber una historia que pudo vivirse en común, pero que el drama político que vivió el Uruguay en los años 70 y 80, se encargó de dispersar por el mundo. Volver a unir lo que aun es posible de unir, a pesar del tiempo trascurrido, es una tarea a la que es importante prestarle atención y si es posible ayudar a anudarla. No es una tarea fácil y no siempre es valorada por todos aquellos que pueden ser de gran ayuda para ello.
Esto que escribimos hoy, es lo que hemos podido reconstruir de dos casos o dos historias: la de José Washington RODRIGUEZ ROCCA y la de Leogardo ARTIGAS LOPEZ.
Hasta hoy, que hemos decido darle luz pública, esa reconstrucción ha sido una tarea silenciosa, casi podríamos calificarla como anónima y privada. Sacarla a luz, es una suerte de recurso desesperado por encontrar las pistas que el carácter que hasta hoy tubo, no supo o no pudo encontrar Aspiramos a que los silencios, los vacíos que aparecen en estas historias, puedan ser llenados a partir de la información que se nos vaya proporcionando. Y porque no, si fuera posible, que significara el fin de una búsqueda.
José Washington tendría en este momento 69 años, mientras que Leogardo tendría 79 años. No es desde el punto de vista de nuestros tiempos biológicos, una tarea a la que no debamos darle la prisa y urgencia correspondiente.
Los dos fueron integrantes de un colectivo político, de ahí que no resultaría imposible encontrar en los distintos tramos de sus peripecias políticas o personales, un hilo del cual poder avanzar, ya sea para reconstruir su ruta, quizás llegar hasta ellos o al menos hacerles saber, que sus hijos necesitan encontrarlos o hacerles saber, que los buscan.
Lo que hoy sabemos, es el resultado de la información brindada por algunos de sus compañeros y de investigaciones realizadas en aquellos lugares donde existía (organismos estatales, archivos, etc.)
1.- José Washington RODRIGUEZ ROCCA.
José Washington nació el 8 de noviembre de 1942, de su primer matrimonio tuvo dos hijos Hilda Mariela y Gabriel. Cuando se encontraba a punto de celebrar su segundo matrimonio, fue requerido por las fuerzas conjuntas a raíz de su militancia en el MLN-Tupamaros y debió pasar a la clandestinidad para después abandonar el país. Lo que no supo, ni aun sabe, es que la mujer con quien pensaba contraer matrimonio, estaba embarazada y que posteriormente nació una hija suya, Maria José.
José Washington trabajaba en la Fabrica Uruguaya de Neumáticos SA (FUNSA) y tenía varios sobrenombres: “OJOS DE GATO”, “MISTERIO”, “PETACA”. Era de complexión mediana, de pelo castaño crespo, de ojos verdes de los cuales surgía su apodo de “ojos de gato”. De estatura entre 1.65 y 1.70, cutis blanco. Era zurdo y tenía el dedo índice de su mano izquierda mutilado. Solía ser muy prolijo en su forma de vestir. Salio del Uruguay clandestinamente con un documento falso, con destino a la República Argentina, de allí se traslado a Chile, desde donde, luego seguramente del golpe de Estado de Pinochet, se traslado a Cuba.
En 1990, momentos en que comenzamos la búsqueda conjuntamente con María José, la hija que aún no sabe que tiene, los datos de su derrotero, terminaban en la Argentina. Posteriormente y luego de largos años de estancamiento de las investigaciones, logramos trabajosamente establecer su traslado a Chile y posteriormente dos testimonio lo ubican en Cuba entre los años 1973-75, de donde luego de un pasaje por Europa, fue visto por última vez, en Bogota (Colombia), entre los años 1985-87. Allí se pierden sus pasos. ¿Recompuso su vida con otra identidad?
Existen indicios de que esa puede ser su situación. Es difícil asegurar eso, pero es un indicio que permite presumir que en ese país se debería encontrar su pista.
Durante estos 20 años de remover cielo y tierra, de preguntar mucho y de recibir pocas respuestas, Maria José se caso y tuvo dos hijos. Su sueño sigue siendo poder algún día encontrarse con su padre. Son muchos años de una búsqueda incansable que desde su comienzo se propuso no bajar los brazos. A quienes les ha solicitado información, les transmite la plena tranquilidad que el fin de su búsqueda es estrictamente personal, es una necesidad de identidad. María José conoce una parte de la vida de su padre, pues algunos de los que fueron sus compañeros de trabajo y militancia, se la han contado, pero a su vez carga con un signo de interrogación muy pesado sobre sus hombros, le es muy difícil vivir la vida con esa ausencia afectiva. No es su intención reclamar ni cuestionar absolutamente nada a su padre, por el contrario esta muy orgullosa de él, por los relatos de sus compañeros. Y si ese encuentro personal es imposible, al menos quiere hacerle saber que tiene una hija, que lo busca. Tener la seguridad de que ello es así, para ella es suficiente.

2.- Leogardo Artígas Lopez.
Leogardo nació el 22 de junio de 1932, de su matrimonio tuvo dos hijas Judith y Anahi. En razón de su divorcio de la madre de sus hijas, solo la mayor, que nació en 1958, tiene algún recuerdo muy impreciso de su padre, mientras que Anahí su hija menor, nacida n 1962, creció sin haberlo conocido, pues fue criada por sus abuelos en Fray Bentos primero y luego en Salto.
El 2 de marzo de 1973, fue requerido por las fuerzas conjuntas a raíz de su militancia en el MLN-Tupamaros y debió pasar a la clandestinidad para después abandonar el país.
Trabajaba en la Administración Nacional de Alcoholes y Portland (ANCAP), al que ingreso como peón en el Departamento de Transporte (Garage) en 1967, para luego pasar a desempeñarse a partir de 1969 en la División Alcoholes. En 1968, en el marco de las Medidas Prontas de Seguridad, es recluido en unidades de la Armada, por considerársele un “agitador muy peligroso e instar a hacer paros durante la vigencia de las medidas prontas de seguridad”.En julio de 1972, abandona su trabajo, presumiblemente para pasar a la clandestinidad. El 22 de marzo de 1973, las Fuerzas Conjuntas requieren su captura por “sabérsele vinculado” al MLN-Tupamaros”.
Era de complexión mediana, de pelo castaño oscuro, de 1.69 de estatura y pesaba 60 kg. Salió del Uruguay clandestinamente y si bien se ignora con que destino, aparece posteriormente a fines de 1973 - luego del golpe de Estado de Pinochet-, refugiado en la embajada Argentina en Santiago de Chile. A fines de 1973 o en los primeros meses de 1974, en calidad de “expulsados o asilados” viaja a la Republica Argentina. De allí, al amparo del Comité Internacional para la Migración Europea, viaja en noviembre de 1974 con destino al Reino Unido.
En mayo de este año, momentos en que comenzamos la búsqueda conjuntamente con sus dos hijas, la hija menor, Anahi que ya tiene 48 años y tres hijos, no conocía ni el rostro de su padre. Se decisión de saber que había sido de él, solo contaba con una información que había logrado en internet, consistente en un documento que incluía el nombre de su padre en una lista de requeridos existente en los archivos de la policía secreta del Paraguay.
Posteriormente y luego de algunas averiguaciones, logramos establecer su traslado a Chile y posteriormente a la Argentina, para luego viajar rumbo al Reino Unido. Otros testimonios dan cuenta que habría estado en el Uruguay, luego de recuperada la democracia y que habría intentado infructuosamente ampararse en la ley de restituidos. Allí se pierden sus pasos. ¿Abandonó nuevamente el país?
Existen indicios de que esa puede ser su situación, ya que no registra en ninguna de las instancias litorales, que haya votado o renovado su credencial cívica. Es difícil asegurar eso, pero es un indicio.
Durante al menos 48 años, la necesidad de remover cielo y tierra, de preguntar que fue de su padre, no se materializó. Sus hijas hicieron su vida, tuvieron hijos. Sin embargo, como siempre finalmente sucede, aparece la necesidad de encontrarse con el padre. Son muchos años de esa ausencia paterna y de esa otra ausencia, la de encontrar sus raíces, una identidad que es mucho más que compartir un mismo apellido.
Judith y Anahí, y los nietos de Leogardo recién hoy conocen el rostro y una parte de la vida de su padre, registrada en los archivos de inteligencia policial y algo - muy poco, aún -, de lo recuerdan quienes fueron sus compañeros de trabajo y militancia.
Al igual que María José, cargan con un signo de interrogación muy pesado sobre sus hombros, le es muy difícil vivir la vida con esa ausencia. Anahi, que es una activa militante sindical, siente que el compromiso social y militante que ha asumido y el que registra su padre en las fichas policiales, no es una simple casualidad. Siente que puede estar muy orgullosa de él, y su padre de ella.
Si ese reencuentro personal es posible, habremos en parte reparado otro daño colateral, de nuestro pasado reciente.
Maria José, la hija de José Washington Rodríguez Rocca y las hijas de Leogardo Artigas López, no esperan, van al encuentro de dos historias, en las que están sus raíces. A ellas debemos prestar atención y solidaridad. Este pequeño y a la vez gran desafió, responden estas líneas.

Raúl Olivera Alfaro
(Asesor de la Comisión de DD.HH del PIT/CNT)
PUBLICADO EN Trabajo & Utopia de julio de 2011.

domingo, 10 de julio de 2011

DERECHOS HUMANOS: PONERNOS A TIRO.

DERECHOS HUMANOS: PONERNOS A TIRO.
Publicado en boletin sindical del SUTMA
La elaboración de un pensamiento con relación a la importancia de la lucha por los derechos humanos, se está desarrollando en nuestra sociedad con cierto retraso, con relación a la velocidad con que se producen los hechos políticos y los hechos sociales vinculados a esta temática esencial.
En estos últimos tiempos advertimos que este desafió - que pasa también por una verdadera batalla por la opinión pública en torno a la importancia de terminar con la impunidad -, la formación de opiniones, ha seguido un ritmo poco propicio para permitir avances en la toma de conciencia, no solo de los derechos que se tiene en el papel, sino de la necesidad de luchar para hacerlos realidad. La predica que prevalece en los medios masivos de comunicación, salvo contadas excepciones, adolece de los defectos que suele imprimirle el estilo televisivo. El flash, la anécdota, que no tiene continuidad ni coherencia, suelen opacar el verdadero problema que debe resolver la sociedad uruguaya. De esa manera, se le oculta a la ciudadanía aquellos elementos que deberían contribuir para pensar los desafíos de la lucha diaria para obligar al Estado omiso a la observancia de una autentica cultura de los derechos humanos.
La defensa de los derechos humanos en ese escenario nos obliga a un doble esfuerzo. Por un lado transformar la información que recibimos en una línea de trabajo y por otro construir una serie de parámetros teóricos a partir de los cuales poder medir y evaluar cada una de las conductas del Estado en el cumplimiento de sus obligaciones.
Restablecer un verdadero debate en torno a este tema, sin duda contara con las ventajas que implica el hecho de ser como trabajadores organizados, portadores de una tradición muy larga del movimiento sindical organizado.
El papel que cumple esta publicación de los trabajadores de la pesca y las decenas de periódicos con propuestas políticas, con análisis de la situación y con un esfuerzo denodado de mantener una contracultura obrera, en todo el movimiento sindical uruguayo, será en los tiempos que se avecinan un elemento insustituible.
El desenlace de esta lucha para terminar con una cultura de impunidad, dependerán de lo que las organizaciones de la sociedad civil, en primer lugar, sean capaces de poner en la agenda política de los gobiernos, a través de sus debates y, sobre todo, de sus luchas.
La capacidad de salir a la calle en el momento adecuado, de llamar la atención de la opinión pública de nuestras demandas de verdad y justicia, e implicarlos en ella, son un factor fundamental. Debemos tener presente que en la acción del gobierno operan distintos niveles de intereses. y muchas veces desde ellos se actúa como meros administradores de los derechos humanos subordinándolos a esos intereses.
La existencia de la impunidad en el Uruguay ha privado a la ciudadanía de determinados derechos y de lo que se trata al pretender terminar con ella, es de recomponer la capacidad de que determinados valores éticos, jurídicos y políticos sigan formando parte de nuestra sociedad, de nuestra comunidad. Y por eso las reivindicaciones de verdad y justicia tienen una urgencia e importancia muy grande.
¿ Tiene esto algo que ver con las reivindicaciones mas inmediatas de los trabajadores? ¿Tiene algo que ver con la recuperación salarial, con todo lo que hace a la redistribución de la riqueza?
Cuando hay gente que en nuestro país está haciendo grandes fortunas y paga pocos impuestos, hay impunidad.
Otro elemento que es parte de esa batalla por la opinión publica, es una suerte modificación de la historia, en la que se insiste constantemente en que nuestro país. Se intenta instalar de que en el Uruguay existió una guerra donde participaron, supuestamente, dos bandos: la guerrilla y las fuerzas armadas.
Esa visión ignora que todas las formas de violencia estatal, fueron orientadas primeramente contra el movimiento sindical. Las medidas de seguridad estuvieron expresamente orientadas contra la acción y la agitación sindical que intentaba impedir al gobierno imponer políticas economías antipopulares. El movimiento sindical, durante varios años, fue el objeto privilegiado de las acciones gubernamentales más violatorias de la tradición democrática del Uruguay.
La irrupción de la guerrilla, es un fenómeno que se origina en el marco de una movilización popular muy amplia y muy combativa, en la que la acción del gobierno busco neutralizar poniendo bajo la jurisdicción de la justicia penal militar a miles de trabajadores del sector público por realizar huelgas y aquellos trabajadores que ejercían el derecho de huelga eran siendo sometidos a la justicia penal militar y por consiguiente al no concurrir a trabajar, se transformaban en desertores y por lo tanto pasible de las sanciones que el código militar. Eso ocurría antes de que cobrara auge las experiencias guerrilleras. Los que hicieron las huelgas y llevaron adelante arriesgadas acciones en la clandestinidad, los que contra la voluntad de la dictadura y en plena dictadura lograron una reafiliación sindical altísima, esos fueron los trabajadores. La batalla por la memoria, que también es tener claro la historia, no la estaremos dando bien si no saldamos en el campo popular, este aspecto. A esa batalla por la memoria tenemos que darle un impulso para saber en qué condiciones fueron desaparecidos y masacrados nuestros compañeros, que una enorme cantidad de ellos eran integrantes del movimiento obrero.
Eso también forma parte del sostén ético que contribuirá a lograr acumular la fuerza suficiente para acompañar y dinamizar el proceso de avance en materia de derechos humanos que implica la eliminación de la ley de caducidad y sus consecuencias.
Hoy, luego del proceso que culmino con la no aprobación de la ley interpretativa el pasado 19 de mayo, debemos tener claro que este proceso tiene enemigos que apuestan a que no se profundice ese proceso en el sentido popular y democrático que nosotros queremos.
Para todo eso precisamos fuerza, que puede pasar por debates, por manifestaciones, por movilizaciones de toda índole. Pero esa fuerza no nace de hoy. Tiene también unas raíces que se hunden en nuestra historia.

jueves, 16 de junio de 2011

DERECHOS HUMANOS: UNA LARGA LUCHA, UNA CAUSA JUSTA.

POR: Raúl Olivera Alfaro
(Asesor de la Comisión de DD.HH del PIT/CNT)
Hace casi 26 años en el parlamento de un Uruguay que recién salía de la dictadura, un Senador –José Germán Araujo -, realizaba bajo el titulo de “Múltiples violaciones a los derechos humanos durante el gobierno de facto”, una extensa intervención que insumió gran parte de las sesiones del 2 y 3 de julio de 1985.
Dicha intervención que giraría en torno al caso del secuestro de la maestra Elena Quinteros, tiene una introducción que es bueno recordar a la luz de los deberes incumplidos de este Uruguay de 26 años después. Expresaba Araujo en sus primeras palabras, que como resultado de su exposición no pretendía otra cosa que el envío de sus palabras y de los documentos que iba a aportar, a la Justicia.
Seguramente la contundencia de los hechos que denunciaría a continuación y el recordarle a las fuerzas políticas el documento suscripto por ellas, por las organizaciones sociales, empresariales y sindicales, el día 26 de octubre de 1984 sobre esta materia en la Concertación Nacional Programática, abrían expectativas de que la naciente democracia encararía y resolvería como corresponde en un Estado de Derecho, las violaciones a los derechos humanos de la dictadura.
El documento de la Concertación Nacional Programática a que hacía mención el Senador y que leyó al cuerpo expresaba como posición unánime del sistema político y las organizaciones de la sociedad: “El gobierno de hecho, ha actuado desde el 27 de junio de 1973, sin la presencia del órgano de contralor parlamentario y ha reducido por la vía normativa o de los hechos, las facultades del Poder Judicial. Esas carencias, alcanzan especial gravedad en -lo que se refiere a la violación de los derechos humanos, según lo denunciado reiteradamente”. “Constituye un grave riesgo para la real vigencia de los derechos humanos en el futuro, mantener a la sociedad uruguaya en la ignorancia respecto de las denuncias referidas y dejar impune los hechos que constituyen ilícitos penales”.
“Voy a detenerme – continuó diciendo Araujo-, en esta parte del documento. Creo que es necesario prestar mucha atención a la frase que terminamos de leer. Las fuerzas políticas, las fuerzas sociales, empresariales y sindicales, establecen con claridad que constituye un grave riesgo para la real vigencia de los derechos humanos en el futuro, mantener a la sociedad uruguaya en la ignorancia respecto de la verdad de las denuncias referidas sobre violaciones de los derechos humanos, o sea que, el día 26 de octubre, todos establecimos el compromiso de revelar ante la opinión pública de nuestro país, toda la verdad sobre dichas violaciones en el entendido de que, su ocultación, su ignorancia, constituirán un grave riesgo para la real vigencia de los derechos humanos en el futuro, En esta misma cláusula que terminamos de leer —y esto es tan importante como lo ya analizado— se establece que no deben quedar impunes los hechos que constituyen ilícitos penales; ó dicho en otras palabras: que los responsables de todas las violaciones tendrán que ser enfrentados a la justicia”.
“El documento, señor Presidente, continua diciendo Araujo, termina expresando: “Se considera necesario que todos los órganos del Estado, según sus competencias respectivas, procuran el esclarecimiento de los hechos respectivos”. Lo que es decir, si mal no interpreto esta cláusula, que en nuestro caso, como senadores de la República, estamos obligados —por el compromiso contraído en la Concertación Nacional Programática— a procurar contribuir al esclarecimiento de todas y cada -una de las violaciones a los derechos humanos. Eso es lo que procuraremos con ésta nuestra intervención. Por último, el documento establece: “Sin perjuicio de las atribuciones del Poder Ejecutivo para esclarecer los hechos ocurridos en el ámbito de su competencia, será necesario dotar al Poder Judicial” —y esto es muy importante— “de - los instrumentos jurídicos y reales, -que permitan el efectivo cumplimiento de la investigación”.
“Sin duda alguna, se trata de otro punto muy importante, continua Araujo. Por este documento, señor Presidente, todos los órganos del Estado, en él marco de sus respectivas competencias, están obligados a esclarecer todo lo negro de este pasado reciente. Para ello, es preciso que los tres Poderes del Estado cuenten con los instrumentos necesarios —diría yo, imprescindibles— para -el efectivo cumplimiento de esa misión. El Poder Ejecutivo cuenta con ellos y sólo sería necesaria su voluntad política, para que tal extremo sea alcanzado en los hechos. Dicho en -otras palabras: el Poder Ejecutivo cuenta con los medios y los instrumentos necesarios para llevar adelante todas las investigaciones a las que por el compromiso contraído en la Concertación está obligado”.
26 años después, palabras más, palabras menos, la Corte Interamericana nos retrotrae y nos exige en el mismo sentido de lo que reclamaba la izquierda en la voz de Araujo.
Han trascurrido muchos años desde el punto de vista humano. Los uruguayos que nacían en 1985 con ese debe del Estado uruguayo, hoy ya con 25 años ya cumplidos lo siguen teniendo. Las obligaciones del Poder Ejecutivo, el Judicial y el Legislativo, siguen incumplidas.
En el ínterin, se violó aquel acuerdo político de la Concertación Programática, se violó la Constitución y los acuerdos internacionales suscritos por el país, aprobando la ley de caducidad. Y por si eso fuera poco, se extralimito sus alcances para que en el país se instalara la impunidad más absoluta. Y quién se atrevió a recordarle a los partidos tradicionales su inconsecuencia, fue expulsado del Senado. En ese acto vergonzoso, vengativo y de odio, no se tuvo en cuenta que se pasaba por arriba de un pronunciamiento popular inequívoco que era el que había llevado a Araujo al parlamento.
En el ínterin, se lucho de mil maneras. Se denunció a nivel nacional e internacional, se presentaron causas y recursos, se realizaron petitorios, se pusieron recursos infrahumanos para lograr instancias de consulta popular, se realizaron muchas marchas del silencio. En resumen, se batalló incansablemente, con todas las armas y los medios que nuestro ordenamiento legal permite.
Esos jóvenes que hoy tienen 25 años y muchos de los que en aquel entonces eran niños, hoy se han sumado mayoritariamente a ese reclamo añoso y épico de verdad y justicia. Lo que siempre fue inconstitucional y violatorio de los convenios internacionales, finalmente es entendido así, por los tres poderes del Estado y por la Corte Interamericana. Lo que muchos consideraban un tema laudado, siguió afectando la agenda política del Uruguay. La página que mayoritariamente se pretendió dar vuelta, sin leerla, fue escrita en importantes sentencias judiciales en el país y en la Argentina. Pocos aun, pero no por eso sin importancia, fueron rescatados los restos de compañeros que estaban enterrados en cuarteles. Los muchos hijos de nuestros compañeros, dejaron de ser botín de guerra y se suman paulatina e inexorablemente a la lucha de sus padres desaparecidos. Ya no son contados los jueces y fiscales, que ante las causas en sus juzgados, no les tiembla la mano a la hora de aplicar la ley con todo su rigor a quienes se creyeron impunes de por vida.
Este sintético recorrido por estos 26 años de nuestra historia, tiene un punto de partida que se ubica en el momento en que como ciudadanos viviendo en democracia, debimos contar con la posibilidad de recuperar derechos avasallados por el terrorismo de Estado. Continúa con la acción del Estado en democracia, eludiendo esas justas aspiraciones mediante las políticas de impunidad que desarrollaron los gobiernos blancos y colorados. Incluye, los esfuerzos que desde la sociedad, se hicieron para quebrar esa impunidad y los avances que pese a la importancia de las fuerzas que se debió enfrentar y desafiar, se alcanzaron.
Porque es necesario traer todo esto a cuenta hoy? Por una razón elemental, la de comprender la índole y la magnitud de la lucha en la que nos hemos comprometido y de la que no abandonaremos. Y porque al igual que nos deben doler los fracasos, también nos deben fortalecer los avances.
Hoy, teniendo en cuenta el punto de partida, el camino recorrido y la situación en que nos encontramos, debemos afrontar un desafío nuevo, que a diferencia de los anteriores, puede ser – en caso de resolverlo adecuadamente -, el inicio de una nueva etapa, un nuevo escenario- no sin desafíos-, pero de otra magnitud y de otra índole.
Este desafío debe ubicarse en como logramos que en el Uruguay termine el largo ciclo de impunidad, con un pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia que se niega a considerar delitos de lesa humanidad los crímenes de la dictadura; con un sistema judicial que no se pone a tono con los distintos pronunciamientos de otras Supremas Cortes de América Latina que aplican el derecho internacional estableciendo que los crímenes cometidos por el Estado en el marco de las violaciones sistemáticas a los DDHH deben ser considerados de lesa humanidad; con un sistema político que escurre el bulto a sus obligaciones políticas, éticas y jurídicas. Eso se alcanza poniendo fin al instrumento que instalo en el Uruguay una cultura de impunidad.
Desafío que pasa y debe tener en cuenta como un elemento fundamental y decisorio, una sentencia de la Corte Interamericana de DDHH que obliga a que todas las violaciones a los DDHH deben ser investigadas y que sus responsables deben de ser castigados. El resultado de este desafió, ya no puede ser incierto, la respuesta que dé el sistema judicial, el parlamento y el Ejecutivo a esa orden de la Corte Interamericana determinará indubitablemente si el Estado uruguayo cumple o incumple la Convención Interamericana de DDHH, y con ello si se suma a los esfuerzos por terminar con la impunidad o sigue inmerso en la lógica que intaló el autoritarismo militar. Si por la causa que sea - falta de voluntad política, mantenimiento de la prescripción, o por cualquier otra causa -, Uruguay no cumple con sus obligaciones, el Estado estaría desacatando la sentencia de la Corte Interamericana.
El hecho de que la Suprema Corte no haya hasta hoy calificado los crímenes de la dictadura como de lesa humanidad, no nos libra de reclamar que por medio del Parlamento o del Sistema Judicial, esos crímenes no prescriban., teniendo en cuenta que la Corte Interamericana estableció que la Ley de Caducidad no tiene validez. Si la Corte Interamericana dijo que la ley de caducidad sancionada por el Poder Legislativo carece de valor jurídico, ese mismo Poder Legislativo sobre ese acto debería actuar legislando en ese sentido.
Por desde el Poder Ejecutivo también se debería hacer algo en ese sentido, revocando los decretos de Sanguinetti, Lacalle y Batlle que ampararon casos en la Ley de Caducidad e impidieron la actuación de la justicia.
Ese fallo de la Corte Interamericana, le exige a todos los órganos del Estado uruguayo el cumplimiento de lo establecido en ese dictamen. De ahí, que deberían los distintos órganos administrativos del Estado, que adviertan que decisiones suyas fueron tomadas al amparo de una ley que carece de validez jurídica, revocarlos.
No es necesario demostrar que la sociedad civil ha sido la principal protagonista en la lucha por Verdad y Justicia, ante las omisiones y complicidades del Estado. El reclamo del cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana, también debe tener ese protagonismo.