domingo, 8 de febrero de 2004

EL MINISTRO OPERTTI Y LOS INVENTARIOS.

EL MINISTRO OPERTTI Y LOS INVENTARIOS: Lo que no apareció aún, es una repuesta creíble.

En la mañana del 13/1, en el Programa “En Perspectiva”, debí escuchar, no sin asombro, las “explicaciones” del Ministro de Relaciones Exteriores relativas el episodio del “faltante” de un cuadro de la Embajada de nuestro país en Argentina.
Se dice a nivel popular que algunas contestaciones son “muy diplomáticas”, cuando ellas esconden mas de lo que dicen, y que de acuerdo a la forma que se dicen, es mejor o muy “diplomático”, no insistir en sus aspectos oscuros.
Nos consta el esfuerzo inquisitivo del conductor del programa radial, Emiliano Cotelo, para lograr que el Ministro Opertti aportara más elementos en sus “explicaciones”. Seguramente a muchos oyentes, al igual que a mi, no le cerraron las explicaciones del Ministro.
En un país donde en el inventario de seres humanos, el Estado aun no sabe cuantos ciudadanos le desaparecieron, puede resultar banal la preocupación sobre la desaparición de un cuadro. Sin embargo me resisto a la “diplomacia”, y me molestan mucho las formas en que el Poder Ejecutivo esconde tras supuestas “trasparencias” lo que los ciudadanos tenemos el derecho a saber. No megusta que se nos tome por tontos, y por ello, me permito hacer estos comentarios.
El problema del famoso cuadro, surge a partir que se hace un inventario en la mencionada sede diplomática y se registra el faltante del mismo. Dicho de otra manera, alguien, que según el Ministro no era un “especialista en arte”, realizo un recuento de las existencias en dicha sede y del mismo resulto que no estaba un cuadro de determinado artista.
Frente a ese hecho, hoy el Ministro Opertti nos dice que en realidad el cuadro nunca falto, que estaba allí, pero como el que realizó el inventario no era un entendido en “arte”, no pudo identificar que un cuadro que siempre estuvo allí, era el que originariamente se anotó como “faltante”. O peor aún, que al no poder encontrar la firma, o estar ella ilegible, fue registrado erróneamente como faltante.
De mis años de trabajador ferroviario, conservo entre otras cosas, un basto repertorio de cuentos, donde se recogen interesantes aspectos de la cultura ferroviaria. Una de ella habla de la obligación que tenían -cuando existían los trenes que transportaban encomiendas -, los guardatrenes de confrontar o inventariar si las encomiendas que les entregaban para transportar, coincidía con la documentación de cada uno de ellas. Esa era una tarea muy importante, porque de ella resultaba la responsabilidad del guardatren, de los faltantes que se pudieran producir o del sobrante de encomiendas sin documentar. Si le entregaban una documentación que consignaba que debía transportar 5 paquetes, 2 damajuanas de vino y 3 bolsas de papas, en el furgón de las encomiendas debían estar los 5 paquetes, las 2 damajuanas de vino y las 3 bolsas de papas. La existencia de una diferencia entre la documentación que le entregaban y las encomiendas que pudiera resultar de ese inventario que realizaba el guardatren al inicio de su viaje, debía ser inmediatamente documentada y comunicada mediante un telegrama tanto e la estación de origen de la encomienda, como a la de destino.
La anécdota cuenta que una vez, un guardatren realizo el inventario y encontró una “diferencia” que documento y comunico de la siguiente manera: “Me falta un ataúd y me sobra un cajón de muerto”.
El funcionario que realizo el inventario en la embajada uruguaya en la Argentina , aunque no sea un “especialista en arte”, le podría haber faltado un cuadro de determinado pintor, pero, al igual que a nuestro guardatren, le debió haber sobrado otro, que no supo identificar quien lo había confeccionado.
Los inventarios en las oficinas publicas, y las sedes diplomáticas con mayor razón, deben registrar tanto las existencias materiales en las mismas, como así también las incorporaciones de nuevos bienes. Decimos esto, adelantándonos a otra posible y “diplomática” explicación.
Nunca un inventario se hace a partir únicamente del documento donde se registran las existencias, sino también de las existencias mismas. Ello es lo que permite que la omisión de agregar nuevos bienes a un lugar, pueda después amparar su sustracción.
Seguramente, a las autoridades ferroviarias para solucionar el equivoco del cuento, no se les ocurrió instruir a su personal para saber que un ataúd, es también un cajón de muerto. Esperemos que al Ministro Opertti, no se le ocurra, contratar a especialistas en arte, para realizar los inventarios de nuestras sedes diplomáticas.
Si no hay otras verdaderas explicaciones, este asunto del inventario, nos suena a puro “invento”.

Raul Olivera
C.I 1.605.589-9

domingo, 1 de febrero de 2004

EL CASO DE LA MAESTRA ELENA QUINTEROS: Nuevos desafios a la impunidad.

EL CASO DE LA MAESTRA ELENA QUINTEROS: NUEVOS DESAFIOS A LA IMPUNIDAD.

Cuando el año pasado tomaron estado público la realización de trabajos de re-moción del terreno en predios del Batallón de Infantería Nº 13 por parte de la Intendencia Municipal de Montevideo, el PIT/CNT a través de la Secretaría de Derechos Humanos solicitó al Juez de ler Turno Eduardo Cavalli que se detuvieran los citados trabajos hasta tanto se dilucidara la veracidad de la existencia de enterramientos en dicha unidad militar, entre ellos el cuerpo de Elena Quinteros.
En esa oportunidad se mantuvo una entrevista con el mencionado juez, el Dr. Cavalli, quien al decretar la libertad de Blanco unos meses antes había aceptado la versión de la Comisión para la Paz de que los restos de Elena y los demás desaparecidos habían sido sacados del Batallón 13 y. luego de incinerarlos habían sido arrojados al mar, preguntó al PIT/CNT si no les satisfacía la versión de la Comisión para la Paz. La respuesta de la Secretaría de Derechos Humanos fue categórica: hasta tanto se probaran dichas aseveraciones no les resultaban creíbles ni legalmente aceptables.
Pero el movimiento sindical no se limitó a solicitar la detención de los trabajos. Entre otras medidas, se reiteró el pedido de citación a militares (Baudean y Daners); la solicitud de informes al Poder Ejecutivo relativas a saber las razones que lo llevaron a incluir la denuncia de Rafael Michelini de la operación Zanahoria en la Ley de Caducidad; y la solicitud de información al ex integrante de la Comisión para la Paz sobre sus manifestaciones de que en la operación Zanahoria se habría utilizado maquinaria del Ministerio de Obras Públicas.
En razón de que el juez de 2° Turno Mirabal en la causa presentada por Juan Gelman había dispuesto por un plazo de 30 días la suspensión de los trabajos, la Sede de 1° Turno se limitó a solicitar los antecedentes de la resolución tomada por el Juez Gustavo Mirabal.
A fines de octubre es designado a cargo de la sede penal de 1° Turno ante enfermedad de su titular, el Dr. Alejandro Recarey.
El Juez Recarey dispone el 6 de noviembre acceder a la medida cautelar solicitada por el PIT/CNT.
INTENSA ACTIVIDAD
A partir del lunes 17 de noviembre la Sede Penal a cargo del Dr. Recarey inicia en el caso de Elena Quinteros una intensa y sostenida actividad. Es citado a declarar el periodista Gabriel Mazzarovich y le solícita que aporte un listado de personas detenidas en el 13 que puedan brindar referencias sobre Elena Quinteros; y una fotografía nítida de Jorge Silveira. También solicita a la Dirección Nacional de Catastro, a la IMM y a la Fuerza Aéra para que proporcione fotografías aéreas del batallón 13 de Infantería.
El miércoles 19 de noviembre. presta declaración ante la Sede Penal el periodista Samuel Blixen y aporta documentación publicada en su medio. Ese mismo día el Juez solicita al Poder Ejecutivo a que en un plazo de 10 días informe las actuaciones administrativas realizadas sobre la denuncia de la operación Zanahoria y las razones por la que incluyó esa denuncia en la ley de caducidad.
El jueves 20 de noviembre declara una persona que ante el SERPAJ había brindado su testimonio. Esta persona, dice que tres familiares suyos que revistaban en el batallón 13 de infantería le habían hablado de enterramientos en el monte de sauces de los fondos del batallón. Aporta fotografías del lugar y señala el posible lugar de los mismos.
El viernes 21 de noviembre declaran Gonzalo Fernández y Rafael Michelini. El primero da las razones por la que cree que la operación Zanahoria existió y el segundo brinda informe sobre su denuncia del año 1997.
El lunes 24 de noviembre declaran tres testigos propuestos por Gabriel Mazzarovich y también lo hace el capitán de Navío ® Alex Lebel.
El martes 25 de noviembre declara el Director de Obras de la IMM, sobre los trabajos realizados y en curso en el Batallón 13 de Infantería, en el marco del Plan de saneamiento.
El Miércoles 26 de noviembre el Juez solicita a la Justicia Italiana las declaraciones de Felix Díaz y comparecen a declarar los funcionarios responsables de la IMM de las obras de saneamiento en el predio del Batallón 13.
El jueves 27 de noviembre declaran los dos ex soldados, quienes desmienten lo afirmado por un familiar de ellos. Citado el marino Juan Carlos Larcebeau no se presenta.
El viernes 28 de noviembre declara un ex soldado, quien también desmiente lo declarado por un familiar suyo.
El Lunes 1 de diciembre declara una ex presa política y al otro día la esposa de un ex soldado fallecido que actuaba en el SID. No se presenta una ex policía militar femenina (Zenia Garcia).
El intento del gobierno de Batlle para poner fin a las investigaciones del juez Recarey, no logran efectos en la determinación del Juez.
El 5 de diciembre declara el Capitán de Navío Jorge Troccoli.
Se disponen nuevas citaciones. Las de Jorge Silveira para el lunes 8 de diciembre y Manuel Cordero para el martes 9. -
Anteriormente el Juez había conformado un equipo de trabajo a nivel del Instituto Técnico Forense y con técnicos de la Universidad de la República para que realizaran un estudio a partir de las fotos aéreas existentes.
Como se recordará, el desacato anunciado por los militares Silveira y Cordero, refugiados en unidades militares y la campaña furibunda del gobierno de Batlle para evitar la acción valiente del juez Recarey, logra sus resultados a partir del sorpresivo reintegro del juez Cavalli y el desplazamiento del Juez Recarey.
El 2 de febrero del 2004, los técnicos encargados de realizar el trabajo entregan a la sede judicial un extenso informe en el que dan cuenta de varios puntos donde sería necesario realizar una búsqueda para determinar si existen restos de los desaparecidos.
Los próximos meses seguramente se producirán novedades, tanto en lo referente a la búsqueda de restos de los desaparecidos como a qué pasara con Juan Carlos Blanco y los demás imputados en su desaparición.
QUEREMOS SABER EL NOMBRE.
El 10 de noviembre el Juez Recarey, cita al integrante de la Secretaria de Derechos Humanos del PIT/CNT Raúl Olivera. Al fundamentar el PIT/CNT las razones de la solicitud afirma que: “…está claro que Elena Quinteros estuvo detenida en el Batallón 13 por lo tanto averiguar su paradero debe partir de la unidad que la tenía detenida…”que “…personas y testigos han visto su captura y cautiverio en el 13…”. Luego historia los distintos procedimientos judiciales denunciando dichos enterramientos (denuncia del ex soldado Ariel López Silva, denuncia de Rafael Michelini ante el juzgado de 20 Turno que habían sido paralizadas por el Poder Ejecutivo al aplicar la ley de caducidad y sobre los que no había realizado ninguna investigación según lo obliga el articulo 4to, las distintas manifestaciones en medios de prensa referidas al tema y sobre los cuales tampoco el Estado había actuado (el ex soldado Pintado, el ex coracero Julio Stella, etc); así como denuncias en medios de prensa (La República, Posdata y Brecha). Por otra parte “…sobre el parasero de Elena Quinteros quien puede saber son los que participaron en su muerte, no sabemos si la Comisión para la Paz la tiene o no la información pero ellos dan una fecha sobre su muerte…En ese marco queremos saber el nombre de esas personas”. Se agregó que el ex integrante de la Comisión para la Paz Dr. Gonzalo Fernández, le había manifestado al asesor legal del PIT/CNT Dr. Pablo Chargoñia que en la operación zanahoria se habían usado maquinas del Ministerio de Obras Públicas, y que un diputado (Juan José Domínguez del FA-EP), había logrado de ese Ministerio mediante un pedido de informes una documentación en la que se encontraba un contrato de obra entre las FF.AA y el MTOP firmado en noviembre de 1984. Se añadió que tanto el militar José Baldean y también el Comandante en Jefe del Ejército dice saber sobre el tema, por lo que se debería pedirles declaración. El juez otorga un plazo de 48 horas al PIT/CNT para que aporte la documentación que avalen sus dichos.
El viernes 12 de noviembre el PIT/CNT presenta ante el Juez la documentación solicitada.