martes, 23 de junio de 1998

Ponencia en Santiago de Chile 27 junio de 1998

PONENCIA DE LA SECRETARIA
DE DERECHOS HUMANOS
DEL PIT/CNT DE URUGUAY
SOBRE LOS TEMAS EN DEBATE
-26, 27 y 28 de JUNIO de 1998-
SANTIAGO DE CHILE

INTRODUCCIÓN.
Antes que nada queremos expresar que este trabajo que hoy ponemos a disposición de todos uds, es ante todo un homenaje a todos los desaparecidos y asesinados por las dictaduras que asolaron nuestra América en la décadas pasadas.
Esos compañeros muertos o desaparecidos, están presentes por ese ejemplo de vida y de muerte que nos dieron, tan necesario en estas épocas.
Los sentimos presentes en la renovación de ese compromiso por el que ellos se entregaron y que es necesario hacer todos los días. Están en cada una de las organizaciones que luchan hoy por ese mundo nuevo que para ellos fue un sueño pendiente y que para nosotros es el desafío que heredamos. Los encontramos en cada grupo humano que intenta superar los terribles obstáculos que le pone la ideología neoliberal a todo lo que sea colectivo, solidario, a todo lo que signifique el hombre organizado.
En tiempos de silencios cómplices, de fomentar renunciamientos, el mantener la mira en alto y el soñar con la utopia, es el más íntimo y sentido homenaje que podemos brindarle a todos los compañeros, que hoy queremos recordar.
Este aporte intenta ser un esfuerzo de reflexión que apunta a contribuir tanto para la acción que hoy estamos desarrollando en nuestros distintos ámbitos de actividad, como para las que sin duda emergerán de este encuentro como futuras acciones colectivas. En ese último aspecto, es importante que en un año donde la humanidad conmemora los 50 años de la Declaración de los Derechos Humanos, los que hemos tenido la voluntad de reunirnos para intercambiar experiencias, reflexionar sobre estos temas tan cardinales para el futuro democrático de nuestros pueblos, ubiquemos la temática de los Derechos Humanos como uno de los ejes fundamentales de quienes soñamos y bregamos por un mundo distinto al que viven nuestras respectivas naciones.
El valor que modestamente deberá atribuirsele a este esfuerzo de reflexión, deberá encontrase por un lado, en ser un aporte de un movimiento sindical que pese a estar atrapado en los desafíos de una lucha contra los efectos que en el mundo del trabajo ocasiona el neoliberalismo, busca los caminos mas adecuados para tener una visión integradora de los distintos problemas que afectan en la actualidad al ser humano en el seno de sociedades cada vez más inhumanas. Y por otra parte a que es una reafirmación de un histórico y largo esfuerzo realizado desde hace largos años con otros sectores de nuestra sociedad en defensa de los DD.HH.

LA ACCIÓN DE DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS.
Hemos traído para las delegaciones presentes, un libro recientemente publicado por el PIT/CNT titulado “Desaparecidos: La coordinación represiva”, donde los compañeros encontraran además de la denuncia de los ciudadanos uruguayos detenidos-desaparecidos en Argentina, Chile y Paraguay, un compendio de pronunciamientos de diversos sectores de nuestra sociedad entre los que se encuentran los de nuestro propio movimiento sindical, sobre los distintos avatares que atravesó y atraviesa esta lucha en la que estamos empeñados contra la impunidad.

Es en ese segundo aspecto, queremos, expresar algunas ideas, reafirmar viejos compromisos, alumbrar algunas opiniones que son sin duda el fundamento, el sustrato de nuestra acción de hoy.

EL RESCATE DE LA MEMORIA.
Se nos ha querido forzar al olvido. Las experiencias limites que vivieron nuestras sociedades, sin ninguna duda han operado como mecanismos de bloqueo de la memoria colectiva e individual. Esas situaciones limites que han vivido las sociedades victimas del terrorismo de Estado en forma colectiva ya sea en la inmediates de los asesinatos, las torturas, los secuestros, las desapariciones, etc, o en su conciencia diferida hasta su conocimiento, su constatación-, tiene significados particulares según se ubique cada ciudadano, cada sociedad.
Es claro que cuando hablamos de situaciones limites vividas por nuestras sociedades, no debemos caer en el error de compararlas, para concluir que la que vivió tal o cual sociedad es más grave que aquella otra que registra menos victimas. Son situaciones limites para cada una de esas sociedades en relación a sus tradiciones, a sus valores, a su historia.
Para las victimas sobrevivientes más directas, el olvidar puede en algunos casos ser vivenciado como el “descanso”, la “paz”, luego de largos periodos vividos de extrema tensión. Hasta podríamos aventurar que para algunos el olvido se puede vivir hoy, como la “seguridad”, luego de la incertidumbre que genera el terrorismo de Estado.
La dictadura y sus practicas inhumanas nos legaron una sociedad con ciudadanos saturados de lagrimas y sufrimiento. Y es sobre ese legado que desde los gobiernos se nos bombardea con las interrogantes : ¿ Que objeto tiene revivir el dolor del pasado? ¿Porque insistir en revivir un tema que divide a la sociedad y nos quita la paz de los espíritus?.
El repetido "hace la tuya", "viví el presente", ademas de un himno al individualismo, es también una forma de restar sentido al pasado.

LOS ESCENARIOS DE NUESTRA ACCIÓN.
Quienes hoy estamos inmersos en estos debates, tenemos que resolver adecuadamente la integración sana del pasado y del presente en un escenario que no es muy favorable.
En esos escenarios están los que olvidaron por opción y nos quieren hacer olvidar en función de las llamadas "Razones de Estado", que aveces se disfrazan con el nombre de una
” paz", que se transó y se pacto en nuestro nombre en los llamados “ procesos de transición”. Procesos que en cada uno de nuestros países tuvo sus características, sus especificidades, pero que en sus matrices comunes son oscuros aún para nosotros en muchos aspectos y que por ello merecen una reflexión seria y profunda desde el campo popular.
Cuando el movimiento sindical y popular del Uruguay en los primeros años de la década de los 80, irrumpía en las calles reclamando libertad, cuando miles de trabajadores desafiando la dictadura y poniendo en juego su trabajo, su libertad y su vida, paralizaba el país, sacudiendo fuertemente al gobierno dictatorial, en otros lugares se procesaba un trueque entre la dictadura y los que querían cambiar para que todo siguiera como estaba en lo aspectos esenciales. Como mercaderes de la voluntad ciudadana, cambiaron silencio e impunidad por estabilidad.(Ley 15.848.En su artículo 1°.establece: “Reconócese que, como consecuencia de la lógica de los hechos originados por el acuerdo celebrado entre partidos políticos y las Fuerzas Armadas en agosto de 1984 y a efecto de concluir la transición hacia la plena vigencia del orden constitucional, ha caducado el ejercicio de la pretensión punitiva del Estado respecto de los delitos cometidos hasta el 1° de marzo de 1985 por funcionarios militares y policiales, equiparados y asimilados por móviles políticos o en ocasión del cumplimiento de sus funciones y en ocasión de acciones ordenadas por los mandos que actuaron durante el período de facto”).
Hoy que en cada una de nuestra sociedades están las cartas vistas en torno al proyecto económico que se ha desarrollado desde los primeros gobiernos pos-dictatoriales y los posteriores que lo han sucedido, podemos aventurar en un intento de generalización, que el eje fundamental de esas estrategias que cambiaron estabilidad, por silencio e impunidad, estuvo más que en la amenaza del desacato militar, en una complicidad e identificación con el proyecto económico.
Fue en estos términos que se consolidaron los llamados "procesos de transición” a la uruguaya, a la chilena, a la argentina, a la paraguaya, etc. Eso engendros concebidos no en derrotas de las dictaduras, sino en un repliegue estratégico del poder militar a las sombras, fue necesario maquillarlo, realizarle la cirujia plástica mas profunda, para culminar en una especie de operación transexual que transforma a torturadores y reconocidos violadores de los derechos humanos, en personal de confianza política en dichos regímenes, como es el caso de Uruguay donde el Comandante en jefe del Ejercito y por ende del Presidente de la República nombre al Coronel Jorge Silveira como asesor militar de primer orden.
Presenciamos así, en toda su magnitud, la capacidad maquilladora del poder, que tiene la capacidad de justificar los crímenes más infames. Poder que tiene la capacidad de obviar la distinción absoluta con que la humanidad ha distinguido la crueldad estatal, de cualquier otra atribuida a la voluntad humana.

LAS PROPUESTAS DEL OLVIDO.
¿Podrá este poder secar la sangre?. ¿Podrá calmar los dolores sin termino de los que esperan a los desaparecidos?. ¿ Podrá mitigar los gemidos de los torturados? ¿Podrá apagar los remordimientos de los que fueron obligados a claudicar?. ¿Podrá remediar el gris dolor de las miles de ciudadanos dejados sin trabajo, los condenados por años al exilio y la cárcel?.
¿ Aceptaran nuestras sociedades que la convivencia del pasado y el futuro sean incompatibles?
¿Nos sumiremos en la oscuridad del olvido?.
Cierto es que la piedra angular del proyecto del OLVIDO, es promocionado desde el Poder. Es desde el mismo poder omnipotente desde el que se ejerció el Terrorismo de Estado, que hoy se arroja la propuesta del olvido sobre la memoria de los vacilantes, fundamentadas en el "bien superior", "la Paz", la "estabilidad”, etc.
Con los medios y la fuerza que otorga el poder, la propuesta del Olvido juega aún hoy con la inocencia del hombre común agitandole los fantasmas del miedo, para que la memoria individual termine destrozando los recuerdos de la memoria colectiva.
En ese marco, mas allá de que estas sociedades admiten en su seno aunque marginada y cada día más ignorada, la existencia de memoriosos no vacilantes, de testigos del terror, de conciencias acusadoras-; la relación que estas establecen con el resto de la sociedad, les representa un peligro a conjurar. En este marco debemos los entender los intentos de acallar a los militantes de DD.HH y los silencios a los que son condenados algunas medios de difusión, las amenazas a la prensa, etc.
Para ello, no escatiman esfuerzos, medios y formas. Para cercarlos en una trampa sutil que los confine al auto silencio, siempre están dispuestos.
Una trampa del olvido, se llama consenso.
Los discursos, las propuestas llaman a construir un consenso que permita "solucionar" este escabroso y urticante tema de las consecuencias de las dictaduras, que son los desaparecidos.
No somos enemigos del consenso. La construcción de consensos, es una de las formas que nos ha permitido construir y fortalecer la unidad en diversos campos del movimiento popular y mediante el tener la fuerza y la existencia misma de nuestras formas de organización actuales en todos los planos.
Pero a los que nos llaman, en este caso, es a un consenso entre muy diferentes. Por lo tanto su construcción, su mero intento de existencia implica la desaparición de las claras diferencias que sin ninguna duda existen respecto a los fines que uno y otro sector de la sociedad tenemos con respecto a este tema de los derechos humanos.
El consenso al que se nos quiere conducir conlleva una serie de renunciamientos, y es la dimensión de esos renunciamientos lo que ha determinado que en caso del movimiento sindical uruguayo, se tomaran determinados pronunciamientos.
Ese consenso al que se nos quiere conducir, nos sumerge en la confusión de los lenguajes y en la clara adopción de un lenguaje ajeno. En ese contexto, los desaparecidos son muertos sin que se haya consumado y reconocido el acto del crimen; la verdad es algo reservado; el cumplimiento de la Ley es algo privativo cuando se trata de afectar al colectivo militar; el chantaje y el desacato militar, son la lógica de los hechos; los victimarios y las victimas son combatientes en guerras donde se perdieron los puntos de referencia, etc.
Para elaborar ese consenso, tienen claro que hay romper con el discurso totalizador con que sectores comprometidos con los DD.HH, emprenden la defensa de esos derechos como arma de ataque al autoritarismo militar, como un arma contra la impunidad, como medio de una defensa de una autentica democracia, como repudio a la NO VERDAD.
Solo así, si nos derrotan en el sostenimiento de esas visiones globalizadoras y totalizadoras de los DD.HH, podrán elaborarse y prosperar falsas y efímeras repuestas a estos desafíos, podrán ganarnos las estrategias del olvido, de la no verdad.
Para nosotros, la lucha por los DD.HH, el reclamo de la VERDAD y la JUSTICIA, es una propuesta alternativa y no queremos que se reduzca a una historia de pequeñas vacilaciones, de negociados ajustes, de pequeños cambios que no abarcan la dinámica global que el tema encierra.
Podemos ubicarnos en la realidad actual de vivir en una sociedad donde los más grandes violadores y asesinos sigan disfrutando de los privilegios de la impunidad y hasta que sean ubicados en cargos de alta jerarquía al frente del mayor y mas importante aparato armado del Estado, pero no queremos que eso sea convertido en una virtud.
No podemos en nombre de un cierto pragmatismo y ubicados desde una óptica desidiologisada, ver este problema sin su característica fundamental de ser esencialmente político en su acepción más rigurosa de acción transformadora, y por tanto altamente cargado de la ideología transformadora.
. Estamos convencidos que el pragmatismo, lleva a la muerte a la acción transformadora, ya que esta termina confinada a la lógica de lo posible, al fin de las utopias. Por otro lado, la ideología es para nosotros, el motor de la acción y por ende el alimento de nuestra pasión , de nuestros sueños transformadores
Últimamente con nuevos ímpetus, el tema de los DD.HH esta en la agenda de los uruguayos, de los argentinos , de los chilenos, etc. A lo que nos han querido condenar por parte de los gobiernos postdictatoriales para no mirar el pasado, no ha tenido la efectividad que pensaron.
Hemos decidido seguir mirando el pasado y hemos encontrado los instrumentos para seguir luchando contra el olvido, porque queremos ver el presente y poder pensar el futuro.
Por cierto que han existido y posiblemente vuelvan a existir periodos- a veces mas largos de los deseados y recomendados para la salud democrática de nuestros países- donde el tema de los DD.HH, de las secuelas de las dictaduras, parecen quedar confinados a las preocupaciones de limitados sectores de nuestras sociedades. Sin embargo, cual profunda e incontenible corriente subterránea, siempre irrumpe e inunda a la sociedad, trasformandose en presente y cuestionando el futuro, poniendolo a prueba.
Esas irrupciones aun no ha producido los resultados esperados: los violadores y asesinos siguen gozando-por lo general-,de impunidad.
Sin embargo, por ejemplo, que en Argentina-mas allá de su limitación- se derogaran las leyes de Punto Final o de Obediencia Debida; voltearon al gobernador torturador Antonio Bussi; la impunidad de las cuentas en suiza de los violadores argentinos fueron puestas al descubierto a partir de las investigaciones realizadas por la Procuradora General de Suiza Carla del Ponte; que las Cámaras Federal de Bs Aires y la de La Plata con identico criterio reabran las causas fundamentando el derecho incuestionable e imprescriptible de los familiares de saber la verdad sobre los desaparecidos; que los hijos de los desaparecidos tomaran y en que forma, la posta de sus abuelos, escrachando a los torturadores y genocidas, que el genocida Videla vuelva a la cárcel, las actuaciones del Juez Garzon, el requerimiento de los militares identificados de automotoras “Orletti”,nos sirven de aliciente.
También el terrorismo de Estado, está ahí y cada tanto se hace notar irrumpiendo y contaminando el tejido social de miedo, de terror, de impunidad, de desacato y de provocaciones.
Las advertencias que suelen darnos algunos predicadores en política nos aconsejan que construyamos nuestras democracias con esa precariedad que significa que constantemente estén amenazadas por el autoritarismo militar y la impunidad.
Con esa lógica extienden ante nuestros ojos visiones del tiempo pasado y del por venir sobre las que construyen propuestas de salidas viables para terminar con este incomodo y feo asunto de los resabios del pasado, de los desaparecidos, sin afectar al colectivo militar. Propuestas que hay que ver desde la óptica de la lucha democrática que al fin de cuentas es el componente esencial de la lucha por los DD.HH.
Con este tema relativo a la Verdad histórica y al castigo de los delitos de lesa humanidad, son cosas importantes las que están en juego y es la justa conjugación entre esas cosas las que pueden darle a esta problemática que tienen nuestras sociedades un cause justo y acorde a nuestros proyectos de sociedad por los que bregamos.
Cuando el terrorismo de Estado de las dictaduras del cono sur empezaron a instrumentar este perverso mecanismo de hacer desaparecer a los opositores, a planificar vuelos sobre el Río de la Plata para arrojar vivos al mar a los compañeros secuestrados, se buscó poner en marcha un mecanismo que no debía tener fin. Debía seguir operando, seguir destruyendo el tejido indefenso de nuestras sociedades. Los actuales gobiernos democráticos, mediante su complicidad siguen haciendo que la desaparición siga operando, que su objetivo perverso siga hiriendo las carnes de nuestras sociedades; siendo también parte del mecanismo de la desaparición. No son solo cómplices por omisión, sino coautores por convicción.
Se nos impuso internamente renunciamientos del Estado a hacer justicia con los militares y civiles de los procesos dictatoriales incursos en gravisimas violaciones a los Derechos Humanos. Y por lo tanto en los debates y las denuncias que en el ámbito internacional habrá que empezar a profundizar en este año 1998 en que se conmemoran los 50 años de la declaración Universal de los Derechos del Hombre, tendremos que preguntarles a nuestras sociedades hasta donde un pueblo por el mecanismo que sea puede renunciar a normas imperativas del Derecho Internacional como la Convención Interamericana de Derechos Humanos, de los convenios sobre desaparición forzada de personas, que no admiten acuerdo en contra. Nuestros Estados no pueden seguir amparandose en sus derechos internos (llamense leyes de Caducidad, Punto Final, Obediencia Debida, etc) ni en acuerdos en contra de un derecho que sean producto de decisiones populares (como es el un Referéndum), para violar el Derecho Internacional.
A nosotros se nos impuso una ley nacional- la denominada Ley de la” Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado”-, que consagró internamente la ausencia de la ley para los militares incursos en violaciones a los derechos humanos...y de yapa pretenden que no se cumpla con una parte de esa ley de impunidad que podría revelar al menos la verdad de lo ocurrido con los desaparecidos que dicta el articulo 4to de la ley.( El artículo 4to establece:”Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos precedentes el Juez de la causa remitirá al Poder Ejecutivo testimonios de las denuncias presentadas hasta la fecha de promulgación de la presente ley referentes a actuaciones relativas a personas presuntamente detenidas en operaciones militares o policiales y desaparecidas así como de menores presuntamente secuestrados en similares condiciones.
El Poder Ejecutivo dispondrá de inmediato las investigaciones destinadas al esclarecimiento de estos hechos.
El Poder Ejecutivo dentro del plazo de ciento veinte días a contar de la comunicación judicial de la denuncia dará cuenta a los denunciantes del resultado de estas investigaciones y pondrá en su conocimiento la información recabada”).
Digamoslo mas claro por si es necesario: el art 4to impuso al Poder Ejecutivo la realización de una investigación con el fin de esclarecer los hechos relativos a la desaparición de personas (adultos y niños). Y no es admisible que desde el campo popular se articulen propuestas de supuestas salidas que liberen al Estado del deber de esclarecer los hechos o que se saltean ese tramo de la verdad historia que trasforma a un detenido-desaparecido en un muerto. Esa investigación es un acto que el Estado debe cumplir, como mínimo. Responsabilidad que tiene el Estado de responder ante la sociedad por lo que desde el Estado se cometió.
En nuestro país, la ley 15.848 exige el cumplimiento de un acto, o un conjunto de actos que revelen una parte de la verdad material de crímenes cometidos por las dictaduras. Debe ser un acto de gobierno con toda la rigurosidad y la solemnidad que impone el cumplimiento de una ley...y eso no sólo esta verde aún en el Uruguay, si no que es lo que el gobierno del Dr Sanguinetti y las FFAA no quieren hacer. Y eso es lo que seguimos reclamando.
Contribuir hoy con supuestas formulas de salida a que no se cumpla real y cabalmente lo que la ley manda y aun está pendiente (el establecimiento de la VERDAD), es cuanto menos profundamente equivocado, sin la más mínima duda.
Aun desde la clara ubicación que nuestro movimiento sindical, tiene históricamente con relación a nuestra independencia de clase, seriemos tontos e irresponsables si este tema no lo viéramos también en la óptica de la posibilidad de existencia de gobiernos populares en nuestros países.
Sería bueno para esos eventuales gobiernos populares o progresistas y para el bien de la democracia, que estos temas se solucionaran ahora. También hubiera sido inmejorable que lo hubieran solucionado cuando asumieron los primeros gobiernos democráticos luego del periodo dictatorial, o aún mejor, cuando se definieron las condiciones de las transiciones.
Que eso sea así, no es para admitir que se “solucionen de cualquier manera y a cualquier costo”. No se puede admitir situaciones que impliquen barrer para abajo de la alfombra algo que estará ahí y que en sus formas desestabilizadoras emergerá y sera un freno para las esperanzas que la ciudadanía pueda tener para esos eventuales gobierno de signo popular o progresista.
No concebimos gobiernos democráticos- y menos de signo popular-, que tengan que pedirle permiso para gobernar a las fuerzas armadas.
Por todas estas consideraciones, es importante que la lucha por los DD.HH, sea una labor prioritaria y como tal este en un primer orden en nuestra agenda de hoy y del mañana.
Es desde esa óptica que creemos que la impunidad, tiene consecuencias que se manifiestan en todas nuestras sociedades, afectando profundamente sus tejidos sociales.
Las variadas situaciones que se generan en los distintos ámbitos de las sociedades neoliberales, nos ponen frente a problemáticas que no siempre la ciudadanía resuelve adecuadamente al no pensar esos problemas desde la óptica de una vida democrática en comunidad. Cuando desde el Estado mediante la consagración de las distintas formas de impunidad se omitió un deber fundamental de un Estado democrático, se dio el peor ejemplo, que muchas veces justifica y explica esos comportamientos de la sociedad.
Los efectos de la impunidad sobrevuelan en la mayoría de los hechos delictivos que ocurren a diario en nuestras sociedades, fundamentalmente los delitos de cuello blanco, la corrupción, y la invasión del mundo de la droga.
Nuestras sociedades, están gravemente enfermas. Sus tejidos sociales están profundamente dañados. La América Latina que existía cuando desde nuestros respectivos movimientos populares definieron la necesidad de acciones transformadoras, ya casi no existe. Cuando valoramos la profundidad de los cambios que habría que instrumentar para que los más pobres fueran los más privilegiados, no era esta la sociedad latinoamericana que existía, y lo sera aún mucho menos, la que finalmente dejarán al final de este siglo los actuales gobiernos.
Ante esta nueva situación, nos preguntamos con angustia si tendremos la capacidad de borrar las fronteras de nuestros localismos y ponernos en serio a reflexionar sobre los actuales motores de los cambios, en captar la verdadera profundidad de los cambios que este modelo neoliberal a ocasionado en los sujetos de los cambios sociales. En intercambiar experiencias sobre nuestras respectivas experiencias, para que no se den en el campo popular conductas que tienden a plantear conflictos entre pobres.
Tratando de tomar en cuenta estas situaciones, el conjunto de iniciativas que en esta última etapa hemos tomado desde el movimiento sindical uruguayo en torno al tema de los desaparecidos, en cada uno de los pazos dados, de las resoluciones tomadas, se buscó articular en coyunturas especificas, nuestra posición histórica con relación a los Derechos Humanos, con aquellos desafíos que en otras áreas se fueron planteando.
Es en ese marco que ésta temática se articuló con la búsqueda de estrechar nuestro relacionamiento con otros sectores de la sociedad con los que el movimiento sindical tiene definido conjuntar esfuerzos no solo en la perspectiva de lograr un modelo de país distinto con justicia social, sino en la indispensable resistencia actual a las consecuencias que el modelo imperante en el país, origina en todo el tejido social.
La presentación de las causas de desapariciones ante la Justicia española, cuyo documento presentamos en el libro del que hablamos al comienzo, definió en los hechos dos perfiles del movimiento sindical muy claros en torno al tema:
1) Se pasa a una etapa de acción internacional más dinámica.
2) Una capacidad de iniciativas propias que ayudan a otros esfuerzos que se desarrollan en forma simultanea desde otros ámbitos sociales y políticos.

Para nosotros, la actividad relacionada a la lucha por los DD.HH, debe estar inscripta en un marco amplio en el cual se encuadren los distintos desafíos que para cada sector de la sociedad significa la búsqueda de un proyecto de sociedad radicalmente distinto.
Por esta razón, las distintas reflexiones que hoy realicemos tanto al que hacer y al significado de las iniciativas que se tomen, debe incorporar las valoraciones en torno al proceso global de profundas modificaciones en el ámbito político, económico y cultural que están en curso en nuestras respectivas sociedades, como consecuencia de la aplicación de los modelos neoliberales y las redefiniciones que ellas producen en las relaciones sociales.
Modificaciones que por otra parte encuentran sustento en las consecuencias que en nuestras sociedades dejaron los distintos procesos de dictadura mediante su acción de aplicación de un cuerpo ideológico militarista, organizado como doctrina, que intentó modificar las pautas de acción social colectivas, modificar las formas de acción política, imponer nuevos tipos de relación y un nuevo concepto de soberanía aplicando el terror como método de amedrentamiento que hoy se proyecta sobre nuestras sociedades a través de la impunidad.
En ese marco de profundos cambios regresivos, el hombre y los derechos inherentes a su condición, son objeto de ataques y agresiones realizadas a nombre del progreso, la modernización, los procesos de globalización, la paz social, etc.
Las actuales conquistas de la ciencia, que podrían permitir a la humanidad soñar con un conjunto ilimitado de expectativas alentadoras, en los hechos, como quizás en ningún periodo histórico de la humanidad, nunca estuvimos tan distantes de un proyecto de sociedad que supere las condiciones sociales actuales en que se consagra un mundo cada vez más injusto.
Por esa razón, la lucha en defensa de los Derechos Humanos, es por sobre todas las cosas, un desafío de rescate del hombre en todas sus dimensiones para proyectarlo en la búsqueda y la lucha por un mundo mejor.
Para ello nuestra labor deberá realizarse en todas las áreas de la actividad humana, en el trabajo, en la familia, en la educación, en la salud, en sus condiciones de vida, en las variadas formas de expresiones de la cultura, en la vida comunitaria, etc. Todas estas áreas constituyen un campo de actividad, que no puede ser encarada en forma aislada y particular por las distintas organizaciones existentes. Tanto por la magnitud de los desafíos como por las carencias que padecemos producto del embate neoliberal, es fundamental articular una estrategia unitaria en todos los ámbitos de nuestra acción.
El neoliberalismo genera en cada célula del tejido social conflictos, sin embargo, eso no se constituye por si solo en formas potenciales de resistencia que puedan organizarse pensando en un enfrentamiento a fondo al proyecto neoliberal para derrotarlo. Los conflictos de los distintos agentes de la sociedad están atomizados, parcializados, corporativizados, y esa es nuestra gran debilidad.
El objetivo del neoliberalismo es la desestructuración del HOMBRE, de sus actuales derechos, de sus actuales tradiciones y valores. Para lograrlo impunemente, le es imprescindible destruir primero al hombre organizado. Destruir su memoria histórica, transformar sus valores ideológicos.
Frente a eso, una de las ideas centrales que deberemos reafirmar en torno a un trabajo de efectiva defensa de los derechos humanos, es como a través de él, contribuimos a tejer el entramado social de alianzas, acuerdos puntuales y relacionamientos necesarios, para enfrentar el modelo neoliberal existente.
Los avances que ha logrado el neoliberalismo en ese objetivo, han producido en la sociedad latinoamericana una creciente dispersión, una atomización desarmante y un acentuamiento del individualismo. Por esa razón, las áreas de conflicto, de crisis en la sociedad se han multiplicado para el campo popular debilitando al mismo en las posibilidades de articular una resistencia global eficaz.
Distintas experiencias en el campo popular, han puesto de manifiesto, el acentuamiento de la centralidad de los ámbitos de la instrumentación de políticas gubernamentales neoliberales y en las variadas formas de crear corrientes de opinión.
Resumiendo, se trata para las organizaciones de derechos humanos de abordar una acción que abarque todos los terrenos, en establecer relaciones y compartir desafíos con distintas formas de expresión de la sociedad.
Creemos que a la luz de los nuevas situaciones, es importante incursionar en una reflexión de carácter teórica que nos permita orientarnos con mayor efectividad en los nuevas formas de expresión de los conflictos de la gente que trascienden las esferas tradicionales de nuestro trabajo.
Solo así nuestra actividad transformadora de la sociedad, de construcción de nuestra utopia sera con aquellos sectores de la sociedad afectados por estas transformaciones en curso. Construir un proyecto alternativo, que recoja el conjunto de valores que nos permitan definir los contornos de una sociedad con justicia social para todos, necesita de la participación de aquellos que hoy son postergados.
La claridad y la contundencia que tengamos para plantear esta forma de pensar los cambios, será sin dudas, una referencia ética que tendrá como resultado el potenciar nuestra capacidad de desarrollar una acción cotidiana, con las ideas mas adecuadas para orientar nuestra acción.
Nuestra Plataforma deberá alistar los principales y urgentes desafíos que hoy enfrentan nuestras sociedades , junto con aquellos a que se refieren los establecidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el vasto y complejo conjunto de reglamentos y pactos internacionales vigentes con relación a la protección de los derechos fundamentales.
La militancia en defensa de los Derechos Humanos, es ante todo una acción verdaderamente internacionalista, puesto que se trata de un desafío en torno a un concepto de humanidad que se proyecta por definición también a escala internacional.
Nos encontramos quienes hoy estamos reunidos en Santiago de Chile a instancias de este Taller convocado por el Foro de San Pablo, tratando de definir, las formas de desarrollar una lucha que incidirá, de ser eficaz, sobre el destino de individuos concretos y sobre todo de aquellos que son victimas del sistema al ser marginados de la sociedad.
Este trabajo que hoy ofrecemos, es seguramente un aporte a uno de los supuestos elementales que habrá que encarar para poder construir una sociedad verdaderamente democrática: La vigencia de la Justicia y el fin de la impunidad.




LOS JUICIOS EN ESPAÑA
Y LA CREACIÓN DE UNA
CORTE PENAL INTERNACIONAL.

Como se documenta en el libro que entregamos “Desaparecidos. La coordinación represiva”, nuestro movimiento sindical presentó ante el Juez Baltasar Garzón de la Audiencia Nacional Nº 5 de España, los casos de ciudadanos uruguayos desaparecidos en la República Argentina y actualmente estamos trabajando con las organizaciones de Derechos Humanos argentinas, para la preparación de la documentación relativa al campo de detención clandestina conocido como “Automotoras Orletti. Allí entre otros, estuvieron secuestrados fundadores de nuestra central y dirigentes de primera linea del movimiento sindical.
La desapariciones que sufren mas de un centenar de uruguayos en territorio argentino constituyen crímenes contra la humanidad implementados por las fuerzas armadas de ambos países como parte de una metodología represiva sistemática y a gran escala, que puso a su servicio los recursos del Estado para llevarlos a cabo, legislando para reprimir, denegando los recursos de la protección judicial a las víctimas, usando la el sistema judicial para perseguir a los opositores, colocando a la sociedad en una situación de grave indefensión, y creando una atmósfera de terror en la población.
Entre 1976 y 1983 en Argentina, “el ejercicio criminal del poder supremo del Estado, sin estar sometido a control alguno, mediante un sistema organizado y alentado desde sus altas estructuras para el logro de sus fines es lo que se ha dado en llamar Terrorismo de Estado"( “El mito de la guerra sucia”, ediciones CELS, Buenos Aires, 1984).
El proceso iniciado en España por los crímenes contra la humanidad cometidos en Argentina, constituyen un importante paso para que estos crímenes que ofenden la conciencia de la humanidad no queden impunes.
Estos crímenes contra la humanidad, son la negación de la humanidad y buscan hacer a un lado los seres humanos de la comunidad humana, negándoles el carácter de ser humano a sus víctimas. Al igual que en ocasión del proceso contra Barbie, en que "es toda la humanidad la que se hace presente hoy como parte civil al proceso".
Los Tribunales españoles están habilitados para perseguir estos crímenes , están en pleno derecho de ejercer su jurisdicción y ello constituye una iniciativa que es importante apoyar.
La Ley Orgánica del Poder Judicial y el Código Penal de España contienen disposiciones para que los Tribunales españoles juzguen los crímenes contra la humanidad cometidos en otros países.
Mas allá del resultado final de estas actuaciones las iniciativas judiciales españolas tienen un gran valor en la represión a los crímenes de lesa humanidad y pueden constituir un importante precedente en la lucha contra la impunidad que debe llevar a cabo la comunidad internacional.
Las obstáculos que a estas iniciativas ponen autoridades gubernamentales de nuestros países, en lugar de cumplir con su obligación de cooperar con estas iniciativas para que los responsables de crímenes contra la humanidad sean llevados ante la justicia, ponen también de manifiesto las opciones que estos gobiernos han hecho con relación a los derechos humanos y a sus violadores.



SOBRE LA INICIATIVA DE CREACIÓN DE UNA
CORTE PENAL INTERNACIONAL (C.P.I).

En este mes de junio y julio de este año en la ciudad de Roma, una Conferencia Diplomática de Plenipotenciarios convocada por Naciones Unidas discute la creación de un Tribunal Penal Internacional. La importancia que una institución como ésta puede tener para la protección más eficaz de los derechos humanos es sin duda enorme.
Cumpliendo una resolución del Secretariado Ejecutivo del PIT/CNT, la Secretaría de Derechos Humanos de la central, participa en el grupo de organizaciones sociales, que en nuestro país apoyan y trabajan para la creación de una corriente de opinión que contribuya a que el Estado uruguayo se pronuncie favorablemente en torno a esta iniciativa.
La creación del Tribunal Penal Internacional, a consideración de la Conferencia Diplomática de Roma, donde será adoptado el Estatuto de dicho Tribunal podrá ser un evento crucial, para la supremacía de la dignidad humana y el combate por todos los medios a los abusos del poder público contra ella.
La comunidad internacional hasta ahora, nunca se había ocupado efectivamente de definir una estructura internacional para establecer las responsabilidades individuales de violación de determinados derechos básicos del ser humano. En los años 60 se crearon otros mecanismos que se dirigen a la protección del ser humano y a la erradicación de las prácticas de violación sistemática de los derechos humanos, por vía de la condena a aquellos Estados que ordenan o que toleran los abusos antes mencionados. Los procedimientos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no son procedimientos penales; el objetivo de este instrumentos determinar es el nivel de cumplimiento por parte de los Estados de sus obligaciones de derecho internacional.
Sin restar importancia a la determinación de las responsabilidades de los Estados para la erradicación de esas prácticas dentro de sus fronteras, es importante resaltar que las violaciones más graves son, en última instancia, cometidas por individuos concretos.
Esta iniciativa de este siglo que se extingue, es el resultado: 1) de la comprobación de la existencia en el mundo de un escenario poblado de las más sofisticadas y las más primitivas formas de crueldad; 2) El prevalecimiento de la impunidad, tanto por la imposibilidad de identificar y de castigar a los autores de crímenes abominables, sino por la voluntad explícita, plasmada en leyes de impunidad, han exaltado crímenes contra la humanidad, han apartado su vista, y su conciencia de lo que significa la suerte de seres humanos a la arbitrariedad de quienes desde el aparato del Estado, están dotados del poder de destruir a otros; 3) El reconocimiento de que, la legitimidad de los derechos humanos está por encima de los gobiernos y 4) La conciencia de que la impunidad es inadmisible.
Las monstruosidades desatadas desde la I Guerra Mundial, a las que se suman las cometidas en nuestro Hemisferio desde variadas formas de autoritarismo y disfrazadas de doctrina, han llevado a la convicción de la sociedad de que hay que desterrar la impunidad de los crímenes cometidos con el auxilio del poder público. Esta convicción, fue determinante en la conformación del Sistema Internacional de Protección a los Derechos Humanos que, ha prosperado en estos últimos 50 años, hasta la definición según la cual, la soberanía nacional se subordina a la dignidad humana y esa soberanía nacional no puede oponerse a la acción internacional para su salvaguardia.
El fenómeno de la impunidad, ha hecho que el derecho internacional desarrollara, hace ya varias décadas, el concepto de jurisdicción universal. No obstante, salvo contadas excepciones, su aplicación ha sido decepcionante. A la luz de las actuaciones del Juez Garzón en España relativas a la Argentina, queda claro que no todos los Estados reconocen su carácter obligatorio y ante acciones que afectan a su colectivo militar agitan los estandartes de la soberanía nacional alegando no reconocer la jurisdicción de tribunales de otros estados.
Han sido firmes baluartes de la impunidad, la debilidad, la dependencia del poder político y del poder económico y en muchos casos, la complicidad de los sistemas judiciales domésticos. El resultado de la Conferencia Diplomática de Roma, puede llegar a inscribirse en el camino de afectar seriamente esos baluartes.
Para que ello sea así, es importante que el Tribunal Penal Internacional sea una respuesta de la civilización frente a la impunidad que ha acompañado a gravísimos delitos que ofenden valores universales, como los acaecidos en Latinoamérica. Debe dar una respuesta internacional a los crímenes que afectan la conciencia internacional, particularmente cuando ellos obedecen a un plan preconcebido o a la ejecución de una política determinada.
Para que lo resuelto en dicha conferencia internacional sea una conquista verdadera y no sea una frustración más queremos justicia y no política ; queremos una justicia internacional que se afirme frente a intereses políticos, justicia independiente, no queremos justicia politizada ni política juridificada condicionada a los intereses políticos de los gobiernos, particularmente de los representados en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y sobre todo, de los miembros permanentes del mismo, que además de su poder de veto, ostentan también intereses políticos permanentes que están lejos de ser, sustento de un sistema consistente de administración de justicia.
La politización de la justicia, marca peligros que no se agotan únicamente en el condicionamiento de la independencia del Tribunal Internacional que se está discutiendo en Roma.
Este Tribunal complementario de los sistemas jurisprudenciales nacionales está llamado a suplirlos cuando aquellos sean cómplices de delitos contra la humanidad, y para ello tiene que tener la capacidad de poder cumplir cabalmente con ese cometido. De no contar de independencia política, no sólo correrá el riesgo de verse cómplice de mecanismos de impunidad, sino además de ser un eventual instrumento de venganza más que de justicia.
Somos partidarios de que el Fiscal tenga suficientes atribuciones que le permitan iniciar de oficio investigaciones sobre la base de información recibida de cualquier fuente, sin perjuicio de que se establezcan mecanismos jurisdiccionales de control de su accionar.
Esta posibilidad de avance de la humanidad en la creación de instrumentos internacionales de salvaguarda de los derechos del hombre, es una esperanza sobre la cual las organizaciones de defensa de los DD.HH, deben tener una activa acción de alerta a peligros reales que pueden tornar la esperanza en frustración.
El Tribunal Penal Internacional, deberá ser un instrumento superior de la justicia que corone este siglo de horrendos crímenes contra la humanidad mediante el diseño de un instrumento eficaz contra la impunidad.
Su creación seguramente no será respetando las condiciones que hemos defendido desde la sociedad civil, pero nuestra acción ayudará para que aun con limitaciones sea un hito para nuevos progresos.
Al igual que en la lucha que desarrollamos todos los días en los ámbitos de cada una de nuestras sociedades, los logros alcanzados no son la meta sino a un aliciente para nuevas batallas.
En este Taller, aspiramos que éste, discuta el tema y finalmente, sí así lo cree, muestre su adhesión a la iniciativa de creación de un Tribunal imparcial independiente a través de una declaración u otro medio que considere apropiado y defina poner nuestro mayores esfuerzos para que nuestros respectivos gobiernos aporten a que la Conferencia Diplomática de Roma culmine con verdaderos avances en esta materia. Para ello, desarrollaremos a nivel nacional e internacional un gran debate publico que las actitudes que asuman nuestros gobiernos sea una muestra gráfica del verdadero compromiso con la erradicación de la impunidad.
Hoy los genocidas, violadores de los derechos humanos no son llamados a juicio – y consecuente juzgados –la impunidad los ampara, y por eso, las sociedades no pueden construir su Estado de Derecho. Inútil ha sido, salvo casos excepcionales, no obstante la existencia de la normativa necesaria en el derecho internacional, el querer llevar al banquillo de los acusados a los violadores de los derechos humanos.
La comunidad internacional hace en estos momentos, suya la preocupación por llevar a la práctica esas normas .
Para que la instalación de una Corte Penal Internacional, pueda por fin declarar la culpabilidad de los implicados en los crímenes de guerra, en las torturas, las desapariciones forzadas, etc., será preciso una estructura, con su jurisdicción, su competencia, su equipo de fiscales, fiscalías, etc.
Sabemos por experiencia la habilidad de los políticos nuestros países para construir
engendros, o que son ineficaces para los fines que dicen estar creados, o que están al servicio de sus intereses. El saber eso y la importancia de este instrumento, nos obliga a definir acciones al respecto.


MONTEVIDEO-23 de Junio de 1998