jueves, 16 de diciembre de 2004

A 18 Años de aprobada la ley de Cducidad

A 18 años de aprobada la Ley de Caducidad

Publicado en Diario La Repíblica 16/12/04.

El 22 de diciembre, cumplirá mayoría de edad una ley que es la materialización de la cobardía y el oprobio de nuestra democracia. La aprobación por el Parlamento de esa ley nos transformó a los ojos del mundo en el "paraíso de la impunidad".
Pero es algo más. Nos referiremos a ese algo más implícito en la forma en que se materializó esa ley. Es esperable que esa mayoría de edad la haga imputable a los ojos y la voluntad política de estos nuevos tiempos que vivirá el Uruguay a partir del 1º de marzo. Que posteriormente esa norma haya sido refrendada por el voto popular, en nada deberían disminuir los juicios que esos aspectos nos merecen.
El doctor Sanguinetti nos puso en la pista de algunos de esos elementos. Efectivamente dijo días pasados a la Justicia que incluyó los asesinatos de mayo del 76 del caso Michelini - Gutiérrez Ruiz en la Ley de Caducidad, porque en el crimen "había una posible conexión uruguaya", y "era evidente que esta conexión refería a eventuales mandos militares o policiales". Y que "al establecerse públicamente que, si bien los ejecutores eran argentinos, había una posible conexión uruguaya, (y) era evidente que esta conexión refería a eventuales mandos militares o policiales. Fue por esa causa que hicimos esa referencia, que es un concepto amplio, y que no hace ninguna referencia ni alusión personal a alguien". Explicó a la salida del juzgado que "...establecimos el criterio (...) que la Ley de Caducidad es una Ley de Amnistía,(...) con un sentido genérico y amplio...".
Estas explicaciones fueron acompañadas en una nota de prensa, con la versión que él da en un libro, sobre el origen y la motivación de la instrumentación de la citada ley: una manifestación ante el Centro Militar motivó " ... una amnistía general, que extendiera a los militares la misma generosidad tenida para con los guerrilleros". De esta manera, el ex presidente traslada la responsabilidad de aquel vergonzante acto del 22 de diciembre del 86, de los desacatados militares a " ...una manifestación convocada por un irresponsable senador que manejaba una audición radial de mucho impacto en la militancia de izquierda...". Poco importa para la "verdad" que Sanguinetti quiere consignar en su libro, que la generosidad extendida a los militares supera con creces a la concedida a los presos políticos que en caso de estar incursos en delitos de sangre, debieron afrontar causas en juzgados penales civiles luego de pasar largos años en prisiones y otras más ignominiosas formas de reclusión.
Pero la construcción de esta versión de la historia reciente del país tiene además otros ingredientes propios de la manipulación a las que nos tiene acostumbrados don Julio María. No las ubica en el lugar geográfico donde se pudiera oír el ruido de los sables militares, sino a bordo de un avión que surcaba cielos brasileños. Tampoco su "generosa" decisión es tomada ante un ministro de Defensa que en su condición de militar de la dictadura se desacataba guardando las citaciones judiciales en la caja fuerte de su despacho, sino de Zumarán y Seregni que lo acompañaban en ese vuelo.
Pero vayamos a las declaraciones recientes. La Constitución establece que un proyecto de ley desechado no puede ser presentado hasta la siguiente legislatura. En 1986 el Parlamento ya había rechazado una amnistía para los delitos cometidos en la dictadura por los militares, mal pudo entonces -salvo burlándose de la Constitución- aprobar una amnistía mediante el recurso de pasar gato por liebre... y que posteriormente la Suprema Corte de Justicia dictaminara que el gato es liebre.
Admitamos que fuimos objeto de tamaña estafa y que los autores de ella fueron los integrantes de poderes del Estado encargados justamente de legislar y aplicar las leyes.
Si la Caducidad es una generosa amnistía a la que le cambiaron el nombre para burlarse de una disposición constitucional, no se entiende que el gobierno que se instalará el 1º de marzo manifieste que en relación a los desaparecidos se limitará a cumplir el artículo 4º de esa ley como el techo de su acción en ese terreno.
Es importante agregar, por otra parte, que aplicar dicho artículo sólo es posible o consecuencia de otros dos actos: el primero, la radicación de una denuncia penal relativa a una desaparición, y la segunda, de la aplicación correcta de lo establecido en los tres artículos que preceden al 4º.
Actualmente no se podría investigar por imperio del artículo 4º la totalidad de los casos de desaparición, por la simple razón de que sobre todos no se radicó la correspondiente denuncia penal que dispara los mecanismos de la Ley de Caducidad: el requerimiento del juez al Ejecutivo de si ese hecho está comprendido en el artículo 1º de la mencionada normativa y la resolución del Ejecutivo de que efectivamente está comprendido el caso en la Ley de Caducidad.
Sabido es que la aplicación correcta y estricta de lo establecido en la Ley de Caducidad, aun sin tomar en cuenta las obligaciones que emergen de las normas internacionales, no es la que aplicaron las últimas administraciones blancas y coloradas. Estas administraciones han sostenido una política que está claramente explicitada en documentos y pronunciamiento del Poder Ejecutivo. En efecto, han escrito que "Los términos muy amplios del Artículo 1º de la Ley, que declara la caducidad de la pretensión punitiva del Estado en relación a los delitos alcanzados por la misma impide también, como corolario, investigarlos".
Los Familiares en su libro "A todos ellos" detallan en sus más de 500 páginas, hechos delictivos que podrían entrar en la categoría de "nuevos" para la Justicia. Va más allá, incluyen listas de eventuales responsables y lugares donde se cometieron. Entre ellos, dónde estarían los cuerpos de desaparecidas. Tanto por su contenido, como por el marco en que se hizo público el libro -medios de prensa y futuras autoridades de gobierno-, no debería pasar desapercibido. Es más, hasta sería saludable que un juez o un fiscal penal lo pidiera y actuara de oficio.
La nueva administración no puede sentir que "los términos muy amplios" de la caducidad le impide investigarlos. Tampoco podrá usar la caducidad para sustraerlos de la acción judicial. Las decisiones políticas que deberán hacerse, se harán tanto a la luz de las definiciones programáticas, como de obligaciones éticas y morales que justamente se refieren a TODOS ELLOS, los que dieron todo -hasta su vida- para ese logro de la lucha popular que es el gobierno de la izquierda.

viernes, 29 de octubre de 2004

A 20 años del primero gobierno constitucional. Las materias pendientes.

Por Raul Olivera Alfaro
(Artículo publicado en el Nº 43 del Organo de difusión interna
del PIT/CNT “Trabajo y Utopía octubre del 2004)

Uu conjunto de organizaciones hemos trabajado en es tos últimos meses en la elaboración de una plataforma común. Ese documento bajo el titulo de < 20 años del primer gobierno constitucional: Las Materias pendientes fue entregada a todos los candidatos presidenciables solicitándoles una reunión para considerar esos temáticos.
El martes 28 de setiembre, se llevó a cabo una conferencia de prensa en la que se dio a conocer dicho documento
Junto a la Comisión de Derechos Humanos y Políticas Sociales del PIT/ CNT, suscribieron dicho documento el Servicio Paz y Justicia—Uruguay, la Comisión de Familiares de Asesinados por Razones Políticas, CRYSOL, Memoria para Armar, Taller Vivencias, Amnistía Internacional-Sección Uruguay, Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos. SFRSOC y IELSUR.
El 20 de octubre en la Universidad de la República, esas organizaciones presentaron el resultado de esas solicitudes de entrevistas a los candidatos y su compromiso de que más allá de quien resulte finalmente ganador en las próximas elecciones, esa plataforma constituirá una clara e inequívoca referencia de sus reclamos y luchas futuras.
En el documento presentado “NUNCA MAS -A 20 años del primer gobierno constitucional: LAS MATERIAS PEND1ENTES se destaca entre otros aspectos lo siguiente:
La verdad sobre los hechos de los períodos clave de la historia nacional es necesaria e indispensable. Es la base para la adopción de las medidas que deben adoptar las autoridades de las instituciones del Estado, de acuerdo al derecho humanitario, para rectificar y prevenir la realización de acciones similares en el futuro.
En ese camino, deberá investigarse y esclarecerse las circunstancias en que murieron los llamados asesinados políticos, incluidos los “presuntos” suicidios, aún llegándose a la exhumación de los restos, si fuese necesario.
En ese marco, es imprescindible continuar con las investigaciones para establecer, por todos los medios y con la mayor exactitud, qué sucedió con el detenido-desaparecido, desde el momento de su privación de liberta y hasta el presente (por qué, donde, cuándo, cómo y por quién). Teniendo en cuenta la manifiesta y grave omisión del Estado frente a informaciones concretas, la búsqueda de restos, cementerios clandestinos y de tumbas clandestinas en cementerios oficiales, debe ser una prioridad.
Cuando, como resultado de esas investigaciones se encuentren e identifiquen debidamente restos, el Estado dará a conocer públicamente las causas de muerte que surjan del análisis de los mismos, así como las circunstancias en que ésta se produjo.
Los restos serán entregados a la familia para su sepultura definitiva.
Debe habilitarse sin restricciones el acceso a los archivos y otras informaciones en poder de instituciones y funcionarios o ex Funcionarios del Estadoo a los efectos de la continuación de las investigaciones no solamente de las denuncias por desaparición forzada de personas. sino de todos los hechos constitutivos de violaciones a los derechos humanos.
La reparación en el ámbito de la sociedad implica el enjuiciamiento de los hechos del terrorismo de Estado, de sus ideólogos, instrumentadores y colaboradores. Asimismo implica la no permanencia en cargos estatales de personas civiles y militares que hayan actuado con responsabilidad directa, tanto en la instrumentación del golpe de Estado como en delitos de lesa humanidad (tortura. asesinatos desaparición de personas, apropiación de menores).
La reparación a las víctimas debe ser integral de acuerdo a la normativa legal. No se limita exclusivamente a los daños materiales y morales sino que consiste en un conjunto de medidas de restitución, rehabilitación e indemnización. El Estado deberá asumir la responsabilidad por los daños y perjuicios cometidos por quienes actuaron en su nombre. Deberá brindar satisfacción moral a las victimas, reconociendo expresamente su condición y su dignidad humana y ciudadana. Garantizara la rehabilitación de su salud mental y física a todos los afectados, así como a sus familiares en las .situaciones en que corresponda Y proporcionará los medios par su educación y actividad laboral.
El procedimiento administrativo que se aplique para otorgar la reparación, entre ellas la indemnización correspondiente, deberá ser breve, informal, no constituir una nueva forma de victmnzacióri. Se acordará prioridad a todas las víctimas que hayan cumplido 60 años de edad.
Cuando se trate de niños que fueron objeto de desaparición forzada, el Estado procederá a restituirles su identidad biológica, independientemente de que los mismos decidan adoptarla públicamente o no.
En la misma línea del Memorial de los Desaparecidos, ubicado en el Cerro de Montevideo, deberá adoptarse medidas de alto contenido simbólico, encaminadas a devolver a las victimas directas su dignidad y promover su memoria. En el mismo sentido también deberá reconocerse el papel jugado por los familiares de lo presos’políticos y de los exiliados y particularmente, por los familiares de los detenidos desaparecidos que representan con su lucha de tantos años un legado de dignidad. Entre las acciones posibles destacan: la asignación de los nombres de las victimas a edificios, calles y espacios públicos en todo el país; la realización de homenajes públicos, de carácter oficial en una fecha determinada; y la instalación de un Museo de la Memoria en uno de los lugares donde funcionaron centros clandestinos de detención y torturas y/o lugares de reclusión.
Resulta esencial que la sociedad y el Estado promuevan acciones para la construcción y conservación de la memoria histórica en nuestro país.
Deberá reformarse el ordenamiento jurídico vigente a los efectos de que el mismo sea una herramienta eficiente para la defensa y promoción de todos los derechos humanos. Dicha reforma incorporará las normas internacionales de Derechos Humanos aceptadas por la comunidad de Naciones.
Es un requisito fundamental para el desarrollo de la institucionalidad al servicio de la persona humana que, por los procedimientos correspondientes, se respeten y se reconozca la jerarquía que tienen los pactos, tratados y convenciones internacionales sobre derechos humanos de que es parte el Estado uruguayo. o de los que en el futuro ratifique o a ellos adhiera.
Entre otras normas de jerarquía legal, deberán tipificarse y sancionarse expresamente: aquellos delitos que se cometen con el apoyo directo o indirecto del aparato estatal; los delitos de tortura y desaparición forzada de personas. Para hacerlo, podrá tomarse como antecedente de trabajo el proyecto oportunamente elaborado por el Colegio de Ahogados del Uruguay y presentado al Parlamento Nacional.
La educación es un instrumento privilegiado para la construcción de la memoria colectiva. Desde los primeros años escolares, y pasando por todos los niveles del sistema educativo, los programas deben incorporar la formación en derechos y en valores, donde el respeto al semejante sea trasmitido de manera vivencial. La formación docente debe prestar especial atención a estos contenidos. Pero ello sería in eficaz si no se promoviera desde el Estado, la Verdad y la justicia.
El sistema de formación en derechos humanos del personal de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional debe actualizarse junto a una profunda revisión del marco doctrinario de ambas instituciones. Debe romper con la Doctrina de la Seguridad Nacional, que inspiró y dio sustento ideológico a estas instituciones del Estado, desviándolas perversamente de sus cometidos naturales, a los efectos de inculcar una ética profesional que se corresponda con fuerzas militares y policiales democráticas, sometidas a gobiernos civiles emanados de la voluntad popular soberana, operando en el marco del Estado de Derecho y respetuosas de los derechos humanos.
En cuanto a las profesiones universitarias que tienen mayor relación con el sistema judicial, es necesaria la implementación de cursos de actualización permanente en materia de derechos humanos para jueces, fiscales, abogados, médicos y otras profesiones vinculadas a esta área.
La sociedad uruguaya debe contar, en el menor plazo posible, con el instituto del Defensor del Pueblo (Ombusdsman), uno de los instrumentos que se ha mostrado eficaz a nivel internacional, para la protección, promoción y defensa de los derechos humanos.
Bajo la presidencia del Defensor del Pueblo deberá funcionar una Comisión Nacional de Derechos Humanos independiente de los Poderes del Estado y de los partidos políticos, integrada por personas expertas en derechos humanos, participando también de los debates representantes de organismos del Estado pertinentes y por Organizaciones No Gubernamentales que se ocupen de aspectos de los derechos humanos.
El Poder Ejecutivo deberá de inmediato a su asunción, instalar una Secretaria de Derechos Humanos con el más alto rango institucional, la que tendrá como tareas inmediatas la custodia y conservación de la información recogida, la recepción de eventuales nuevas denuncias y la instalación de los organismos anteriormente citados (Defensor del Pueblo y Comisión Nacional de Derechos Humanos)
El Estado deberá reconocer su responsabilidad y comprometerse, en forma claras enfática a tomar todas las medidas necesarias para que nunca más se reiteren hechos atentatorios contra la dignidad humana, como los ocurridos durante la dictadura militar. A esos efectos implementará junto a la sociedad civil, campañas periódicas de sensibilización, información, promoción y educación no formal, dirigidas a fortalecer una cultura de respeto a los derechos humanos en el país.
Este es el camino para el NUNcA. MAS.

viernes, 3 de septiembre de 2004

ELENA QUINTEROS:LA LUCHA POR LOS DD.HH CONTINUA

ELENA QUINTEROS: LA LUCHA POR LOS DERECHOS HUMANOS CONTINUA
Publicado en Trabajo y Utopia Nº 42 setiembre 2004.

En esta última edición ampliada los autores incluyen nuevos acontecimientos y actualizan información que pone de manifiesto que la lucha por los derechos humanos necesita aún derrotar la impunidad instalada en Uruguay. Gracias a su gentileza y preocupación de que esa ampliación llegue a todos aquellos que tengan ediciones anteriores, en especial los trabajadores, es que “Trabajo & Utopía” publica el epílogo completo.
* * *
Los casi 10 meses trascurridos entre la publicación de la primera edición del libro “Secuestro en la embajada. El caso de la maestra Elena Quinteros” de Sara Méndez y Raúl Olivera y la presentación reciente de su tercera edición han sido muy intensos en acontecimientos vinculados a dicho caso. También fueron muy intensos en la difusión del libro entre los trabajadores y la sociedad en su conjunto. En el interior del país se realizaron 50 presentaciones muchas de ellas organizadas por los Plenarios del PIT-CNT.
* * *
Detrás de una cancha de fútbol, al borde de un abigarrado monte de sauces a los fondos del Batallón de Infantería Mecanizada N° 13, el 2 de setiembre de 2003 una pesada excavadora extraía grandes cantidades de tierra, bajo vigilancia militar, de lo que parecía ser una cañada. Se distinguían montículos de tierra y un pozo abierto de grandes dimensiones. Se trataba de trabajos que formaban parte del Plan Municipal de Saneamiento[1].
Las autoridades municipales aseguraban que los trabajos no afectaban los lugares donde podían existir enterramientos clandestinos. El ministro de Defensa decía no tener indicación del presidente Batlle para preservar la zona, ya que “no hay ningún indicio de que allí haya algo”.[2]
La noticia motivó que ese mismo día el juez penal Gustavo Mirabal, a cargo de la causa promovida por Juan Gelman, ordenara de oficio suspender esos trabajos por 30 días, en un radio de 500 metros en torno a la cancha.
Cuando Miraba! toma la resolución, ya conocía el pedido del fiscal Enrique Moller para que la investigación sobre los restos de la nuera del poeta argentino se detuviera, en virtud de la ley de caducidad.[3] Por eso, en los fundamentos de su resolución deja una constancia que aún hoy es desoída “…que, aun de resultar clausurada la presente investigación, perviven los derechos de los deudos de la víctima a conocer el lugar donde sus restos se encuentran, u obtener datos que permitan esclarecer cuál fue su destino final.[4]
Casi simultáneamente, en el juzgado donde estaba radicada la causa contra Juan Carlos Blanco, el PIT-CNT reclama que se tomen medidas para localizar el cuerpo de Elena y que se suspendan los trabajos de remoción del terreno en el Batallón N° 13 de Infantería y medidas cautelares en el N° 14 de Paracaidistas de Toledo.
Como lo que el PIT-CNT solicitaba ya había sido dispuesto por otro juzgado, el juez Cavalli se limita a solicitar los antecedentes.
En el marco de los debates previos al Congreso del Frente Amplio, dirigentes políticos de izquierda e integrantes de organizaciones humanitarias fueron consultados sobre qué hacer con la ley de caducidad. Los primeros coincidieron en responder que la ley debía mantenerse, en tanto los segundos opinaron que debía haber verdad y justicia.[5] Mientras, en la vecina orilla, la nulidad de las leyes de impunidad dispuesta por el Congreso tenía sus primeros efectos al reabrirse causas paralizadas desde 1986 y 1987 por la aplicación de esas leyes. En esas causas se dictarán posteriormente múltiples procesamientos de militares y policías. En Uruguay, el hecho de que 18 años después de denunciada la existencia de cementerios clandestinos en unidades militares, la justicia se interesara en ello, no igualaba los avances que se producían en Argentina, pero era un paso importante.
Durante este período los hechos que ocurren en una margen del Plata tendrán su inmediata influencia en la otra. Esto se manifestará en forma relevante en un enfrentamiento entre el gobierno argentino y el presidente Batlle.[6]
La lentitud y la “pereza” política de la mayoría de la dirigencia de la izquierda no le permiten evaluar adecuadamente la magnitud y el .alcance de la política de Batlle en derechos humanos. En el mismo momento en que esa política se pone de manifiesto en los casos de Gelman y de Elena, por iniciativa de un diputado de izquierda,[7] el Parlamento hace un reconocimiento a la labor de ese gobierno en la Comisión para la Paz.
El 8 de setiembre un matutino informa que un testigo que participó en las inhumaciones en el Batallón 13 confirmó la posible ubicación de los restos.[8]
La sede a cargo del juez Cavalli se encontraba abocada a resolver la situación procesal de Blanco, a quien se le había otorgado la libertad provisional. Se enfrentaban las posiciones discordes de la fiscalía, el juez y la defensa de Blanco. En ese marco, el 9 de setiembre el expediente pasa a consideración del Tribunal de Apelaciones. De acuerdo a lo que este resolviera, el ex canciller tenia ante si tres posibles situaciones: 1) continuar procesado en un delito de homicidio especialmente agravado y esperar su proceso en libertad provisional, como sostenía Cavalli; 2) volver a prisión, como pedía la fiscal Guianze; 3) que el juicio en su contra fuera clausurado, como pretendía su defensor, y que quedara definitivamente en libertad.
A fines de octubre, aquejado por una grave enfermedad, Cavalli es suplantado por el doctor Alejandro Recarey.
El nuevo magistrado debe resolver, entre otras cosas, acerca de la solicitud presentada por el pit-cnt, ya que la medida cautelar tomada por Mirabal de suspender los trabajos había cesado en los primeros días de ese mes.
El 6 de noviembre Recarey, en acuerdo con la fiscal, accede a la solicitud, disponiendo, a fin de “proteger un ámbito físico en el cual podría hallarse evidencia relevante (...), la prohibición de innovar, consistente en la orden de suspensión y/o orden de no iniciar o continuar cualquier tipo de obra que altere el terreno de las dependencias del Batallón de Infantería N° 13”. Esta vez la prohibición “se extenderá temporalmente hasta que recaiga nueva resolución”.
El nuevo juez tomaba recién contacto con el caso. El expediente en el que constaban todos los antecedentes se encontraba en ese momento en el Tribunal de Apelaciones, por lo que en la misma resolución dispone:
“Cítese al denunciante Raúl Olivera para audiencia, el próximo lunes 10”.
La comparecencia de este y otros denunciantes permitió poner en conocimiento del magistrado todos los antecedentes y que el juez dispusiera los primeros pasos para “la necesaria profundización indagatoria pendiente”.
Recarey inicia una intensa y sostenida actividad de la que, por primera vez, los denunciantes son debidamente informados. Se toman declaraciones a periodistas, ex prisioneros políticos, parlamentarios, técnicos, testigos e integrantes de la Comisión para la Paz. Se solicita información a otras dependencias del Estado y a la justicia italiana.[9] Se reclama al Poder Ejecutivo que informe de las investigaciones que realizó en torno a la denuncia sobre la Operación Zanahoria y “el elenco de razones que hayan sustentado la inclusión” en la ley de caducidad.[10]
Comienzan entonces las citaciones a militares.
No comparecen ante el juez: Ramón Díaz, Ernesto Soca, Benito Velásquez, Juan Casco, Zenia García, Roberto Scarabino, Mario Genta, Selva de Mello, Liliana González y Juan Carlos Larcebeau. Otros se presentan y declaran: Wilfredo Lamanna, Samuel Lamanna y Jesús Lamanna.
Es la primera vez que se le piden explicaciones al Ejecutivo respecto del uso arbitrario y discriminado de la potestad que le otorga la ley de caducidad. Para colmo, se cita a declarar a militares. Es demasiado para el “estado del alma” de Batlle.
El 28 de noviembre el presidente uruguayo envía al presidente de la Corte un mensaje solicitando que “se suspendan todas las diligencias presumariales” y se le remita la causa para determinar si esos hechos estaban o no amparados por la ley de caducidad.[11]
El intento de Batlle no logra su objetivo. El 2 de diciembre Recarey resuelve que no es de aplicación, en el caso, la ley de caducidad y que “continuarán en su curso normal las indagatorias probatorias destinadas a acotar en el tiempo y en el espacio la cautela de no innovar, oportunamente adoptada”. Ese mismo día dispone citar a Jorge Silveira y Manuel Cordero para los días 8 y 9 de diciembre.
El miércoles 3 comparecen ante el juez el ingeniero agrónomo Daniel Panario, profesor titular de geomorfología, la asistente 1icenciada Ofelia Gutiérrez, ambos de la Facultad de Ciencias, y el antropólogo forense doctor Horacio E. Solla, del Instituto Técnico Forense del Poder Judicial.[12]
El juez les solicita que presenten un informe preliminar con el fin de determinar si en el Batallón de Infantería Blindada N° 13 existían enterramientos, primarios o secundarios. De ser detectados, les solicita que determinen si los mismos eran congruentes con las declaraciones formuladas al respecto. Les pide también determinar la racionalidad de los movimientos de suelo a partir de 1975, hacer un inventario de las construcciones y analizar la modificación propuesta por el Ejército al trazado del saneamiento de la Intendencia Municipal de Montevideo. En función de los resultados, recomendar los pasos a dar para obtener una ubicación precisa de enterramientos o indicios que ameriten el comienzo de una etapa de excavación.
Desde el gobierno se incrementa la furibunda campaña para poner fin a las actuaciones de Recarey. Se anuncian los desacatos de Silveira y Cordero. El juez ordena la detención y conducción de tres militares que, citados, no se habían presentado.[13]
La Corte explica públicamente que ningún recurso del Ejecutivo debe ser presentado ante el organismo; lo que corresponde es presentarlos ante el juzgado de Recarey. El 4 de diciembre Batlle presenta un nuevo recurso ante el magistrado para que se suspendan las citaciones y se cumpla con la ley de caducidad.
Al día siguiente el magistrado resuelve no suspender las actuaciones, “no corresponde hacerlo (...) podría ser visto por la opinión pública como una especie de amoldamiento a una estrategia de gestión política por completo ajena al deber de aplicar las leyes en orden de hacer justicia”, afirma.
A través de la prensa se informa, e! 7 de diciembre, que el coronel (R) Silveira se había refugiado en una unidad militar y desobedecería la orden del juez. Se trataría de una decisión del comandante en jefe del Ejército, teniente general Carlos Daners, dirigida a brindar “protección institucional” a los militares citados por la justicia.
El ministro Fau, por su parte, no tenía “ni la menor idea”.
Se presentan a declarar el capitán de navío (R) Jorge Tróccoli, quien desmiente tener algo que ver con el caso, y el contralmirante Alex Lebel.
Se suceden las reuniones y consultas para encontrar la forma de poner freno a las citaciones de militares.[14] Se presiona al fiscal de Corte para lograre! desplazamiento de la fiscal Guianze.
El desacato militar da lugar a que el ministro Fau sea seriamente cuestionado por e! senador Francisco Gallina!, quien afirma que Fau “parece el secretario general del sindicato de los sectores radicalizados de las Fuerzas Armadas”.[15]
La firme decisión de Recarey de seguir adelante tensa las relaciones entre e! Poder Ejecutivo y el Judicial, en tanto se hacen públicos los pronunciamientos de distintos actores políticos, sociales y académicos.
El abogado del pit-cnt es amenazado telefónicamente.
El lunes 8, día en que Silveira debía presentarse a declarar, la situación se desactiva con el regreso anticipado del juez Cavalli de su licencia médica, que se extendía hasta el 16 de diciembre.
La mejoría súbita de un juez que hasta horas antes estaba internado en una clínica afectado por una grave enfermedad venía a poner punto final a la actuación de Recarey.
Cavalli volvió y detuvo las actuaciones. La noticia generó alivio en el gobierno. Para borrar el desacato que, sin lugar a dudas, existió en esos días, el Ejecutivo solicita la nulidad de todo lo actuado por Recarey, según las potestades que le otorga la ley de caducidad.
A las 9 de la mañana el juez Recarey abandona la sede penal de la calle Misiones, destacando que antes “no había nada en el expediente y ahora se logro reunir datos a nivel científico técnico. Se avanzó. Hay un equipo de antropólogos y geólogos que está trabajando en el tema”.
La actitud valiente y decidida de Recarey para terminar con las trabas burocráticas, con la falta de coraje y la contumaz política de impunidad, parecía haber sido sólo una corta primavera de esperanza.
Sin embargo, algunas de las medidas tomadas por este juez habían seguido su curso y reaparecerían para interrumpir la siesta de la justicia con relación al caso de Elena.
Cómo se desactivó la actuación de Recarey es un enigma en torno al cual se tejieron múltiples versiones. Una de ellas habla de un eventual contacto entre Batlle y ministros de la Corte durante una ceremonia social. Si bien fue desmentida por integrantes de la Corte, uno de ellos afirmó que “en alguna reunión social, o en algún encuentro entre magistrados o integrantes del Poder Ejecutivo (...) se puede haber conversado, y es lógico que el Poder Ejecutivo haya trasmitido por alguna vía su preocupación”.[16]
Cava!li, por su parte, declara que en su reintegro “no hubo ningún misterio (...) el médico me dijo que hiciera vida normal”.[17] Asegura a los denunciantes que seguiría adelante con las investigaciones “a su manera” y tomándose “su tiempo”.
Dos aspectos en los que se había avanzado, afortunadamente se mantuvieron: el predio del Batallón 13 continúa sujeto a la medida cautelar que impide la remoción del terreno. Por otra parte, el equipo de antropólogos de la Universidad de la República continuó trabajando en el informe que se le solicitara para establecer indicios sobre posibles excavaciones y exhumaciones. Estos dos elementos perturbarían posteriormente el lento y cansino ritmo de las actuaciones de Cavalli.
Quedaría en el camino la información exhaustiva pedida a Batlle sobre los elementos que indujeron, en su momento, a Sanguinetti a incluir la Operación Zanahoria en los beneficios de la caducidad.
Una semana después de su intempestivo regreso, Cavalli retoma su licencia médica, sin fecha de reintegro prevista. Un inusual sorteo entre los posibles suplentes determina la designación de la jueza Barcelona en el cargo.
La atención del turno correspondiente y el comienzo de la feria judicial paralizan e! caso hasta febrero de 2004.
Terminada la feria judicial, los técnicos de la Universidad de la República entregan un extenso y detallado informe con el resultado de sus investigaciones. Se revela allí que son varios los puntos del terreno en los que es necesario trabajar para determinar si existen restos de los desaparecidos.[18]
En los primeros días de marzo de 2004 el juez Cavalli retomó su actividad al frente de la sede judicial. Días después, el Tribunal de Apelaciones de 3er Turno resuelve la nulidad de lo actuado por Recarey durante el tiempo en que suplió a Cavalli, con excepción de la medida cautelar de no innovar en el Batallón 13 de Infantería. La nulidad se funda en que Recarey debió esperar que el Tribunal resolviera la situación de Blanco. Al considerar nulo lo actuado, el Tribunal no se expidió sobre el reclamo presentado por el Ejecutivo de que se dejaran sin efecto las citaciones a militares por imperio de la ley de caducidad.
El 30 de abril el mismo Tribunal de Apelaciones, con votos discordes de dos ministros, resuelve el enjuiciamiento de Juan Carlos Blanco por coautoría de un delito de homicidio muy especialmente agravado, a título de dolo eventual, manteniendo la libertad provisional de que gozaba.
Vuelto el expediente al juzgado y contando con el informe del equipo de especialistas, nada sucede.
El 16 de junio el pit-cnt se presenta nuevamente reclamando “la incorporación de la información de las actuaciones anuladas”, que se realicen las citaciones pendientes, y se reclame a los miembros de la Comisión para la Paz que identifiquen las fuentes testimoniales que los llevaron a informar de la muerte de Elena. Por otra parte, se pide que se disponga que el equipo multidisciplinario geoarqueológico acceda al Batallón N° 13 a hacer una inspección ocular del lugar, y se disponga una medida cautelar en el Batallón N° 14 de Toledo, donde según la Comisión para la Paz existiría un cementerio clandestino conocido como Arlington. Finalmente se pide el procesamiento de Álvaro Álvarez, Julio César Lupinacci y Guido Michelín Salomón, los otros tres civiles cómplices de Blanco.
Sobre las decisiones que deberán tomarse en un expediente que luego del desplazamiento de Recarey poco y nada ha avanzado, ¿seguirá pesando la política de impunidad emergente del poder militar?

[1] La República, 2-IX.03.
[2] Boletín informativo por Internet de Comcosur, 2-IX-03.
[3] Batlle finalmente considerará que esos hechos están amparados por los beneficios de la ley de caducidad. Actualmente se considera ante la Corte un recurso de inconstitucionalidad.

[4] Mirabal incluye una trascripción del Convenio Relativo a la Protección Debida a las Personas Civiles en Tiempo de Guerra, ratificado por Uruguay, que establece: “Las autoridades detenedoras velarán por que los fallecidos en cautiverio sean enterrados honrosamente, si es posible según los ritos de la religión a que pertenecían, y por que sus tumbas sean respetadas, convenientemente conservadas y marcadas de modo que siempre se las pueda localizar (…). Las autoridades detenedoras conservarán cuidadosamente las cenizas, que serán remitidas, lo antes posible, a los parientes más próximos, si éstos lo solicitan (...) se darán todos los detalles necesarios para la identificación de los fallecidos y la ubicación exacta de las tumbas”.
[5] Los dirigentes políticos consultados fueron Reinaldo Gargano, José Korzeniak, Liber Seregni, José Bayardi, Raúl Sendic, Carlos Baraibar, Eleuterio Fernández Huidobro y León Lev. Por organizaciones humanitarias respondieron Nicolás Guigou (Amnistía Internacional), Ariela Peralta (Serpaj), Jorge Pan (Ielsur) y Luis Puig (pit-cnt). Datos tomados de Brecha, 5-IX-03.
[6] La crisis entre ambos gobiernos tendrá dos ejes, el caso Gelman y la designación del Capitán de navío Craidallie como representante de Uruguay en Argentina.
[7] Edgar Bellomo.
[8] La República, 8-IX-03.
[9] Allí se encontraban las únicas declaraciones de José Félix Díaz, ex esposo de Elena, recabadas por el juez Garzón.

[10] Resolución de Recarey de fecha 19-IX-03.
[11] Mensaje 84/003 del Ministerio de Defensa.

[12] A los técnicos universitarios citados se sumaría la asistente del Departamento de Arqueología de la Facultad de Humanidades, licenciada Elizabeth Onega.

[13] Los soldados Ernesto Soca, Juan Casco y Zenia García, ex integrantes del sid.
[14] El ministro de Educación y Cultura, Leonardo Guzmán, y Carlos Ramela presentan a Batlle distintas opciones.

[15] Después de mucha pirotecnia mediática, inesperadamente Gallinal desactivó la moción de censura que había promovido contra Fau.
[16] Declaraciones del doctor Leslie Van Rompaey, La República, 10-XII-03.

[17] Ultimas Noticias, 10-XII-03.

[18] El análisis de una serie de 14 fotos aéreas, cartografía y otros materiales documentales que datan de entre 1945 y 2000, permitió determinar las áreas prioritarias de interés para una investigación arqueológica.

MORIR COMO LOS ESQUIMALES. (cuento corto)

Por Raúl Olivera.

Les cuento que hoy es un día cargado de mucha humedad, lo siento en mis huesos. Por momento sale el sol. Los ciruelos se han cargado de azares, el pasto crece y crece. Los brotes de los árboles empujan en las ramas para parir sus hojas. No hay aún muchas flores, pero una mañana de estas, parecen que se confabularan para hacer una multicolor concentración en el campo.
En medio de esta plétora de una incipiente y amenazadora primavera, el 13 de setiembre debí concurrir al CASMU. Fuertes y pertinaces dolores en ambos hombros desde hace tiempo, me obligaron a enfrentar la siempre resistida concurrencia a un consultorio médico.
Ricardo, además de médico es también un amigo. Eso y los dolores me decidieron. Sacarme un par de placas de los dos hombros, con ellas concurrir a ver un traumatólogo y una conversación sobre otros temas, que no quise extender por comparecerme con los pacientes que aún esperaban, fue el resultado de esa entrevista.
La eventualidad de que a partir del año que viene, el peso de la crisis del país no recaiga sobre nuestro hombros, puso en duda la continuidad del nuevo itinerario médico aconsejado por Ricardo. La duda política de que aún con cambios progresistas, nuestros hombros debían seguir sosteniendo históricas e injustas cargas que no se aliviarían apelando al dicho popular de que “sarna con gusto, no pica”y que uno de los movimientos afectados por los dolores, sea el de los abrazos, me llevó a internarme por los azarosos caminos médicos aconsejados.
La vida siempre nos da oportunidades y señales para arrepentirnos de algunas decisiones tomadas. Esta vez, esas señales provenían del aparato telefónico. Ese es el medio que según la propaganda, han puesto para que nos evitemos la molestia de ir hasta la mutualista a sacar fecha para una consulta.
Esas señales se manifestaban de diversas formas. Ya sea una señal de ocupado que parecía instalada como algo permanente. Ya sea una señal de que la llamada había logrado entrar, pero que sonaba en un mundo donde los seres humanos no existían o eran pocos para atender. Y si existían, no tenían suficientes manos para poder levantar el tubo, so pena de tener que abandonar otros urgencias. También esas señales, dejaron de ser simples sonidos electrónicos, para manifestarse en una voz humana, hasta agradable de mujer.
- Ud. se ha comunicado con el CASMU, si conoce en número de interno, digítelo ahora......
Esa voz agradable de mujer que pretendía darnos los pasos necesarios para satisfacer nuestras demandas, merecería que le escribiéramos un Bolero o un Tango. Una pieza musical en la que le reprocháramos, su insensibilidad...y la espera en la que finalmente nos dejó.
- Espere que a la brevedad será atendido.
Un rápido calculo, me llevó a saber, que el lapso de tiempo que llevaba en el teléfono, me hubiera permitido estar llegando a la mutualista y que los cómputos telefónicos a esa hora, superaban con creces los gastos de mi desplazamiento hasta allá.
Cuando entendí que lo mejor sería convivir con el dolor de hombros o acudir a algún huesero barrial, una nueva voz de mujer, apareció en la línea.
El tramite que yo creí sería simple, al menos después que alguien atendiera el llamado, no lo fue. Yo tenía que obtener fecha y hora para dos cosas distintas. Una para sacarme las placas y otra para ser atendido por un traumatólogo. Esa voz amable, me podía solucionar uno de mis dos requerimientos, el del traumatólogo, pero no el de las placas. Para eso debía llamar a otro número. En realidad, no me podía solucionar nada y así me lo hizo saber, con amabilidad. Para ir a la consulta del traumatólogo, debía contar con las placas. Debía empezar por tener una fecha para sacarme las placas y luego pedir una fecha posterior a aquella, para consultar al traumatólogo.
Impulsado vaya a saber por que inercia, llame al otro teléfono. Logre, no sin complicaciones, una consulta para sacarme las placas y con esa fecha ya establecida, logre finalmente tener una consulta con un traumatólogo. El 13 de setiembre, las placas y el 29 la consulta con el especialista.
No creí que el día 13, era una fecha que se debía descartar por razones supersticiosas. Tenía hora a las 16.00. Fui puntual. Minutos antes de la hora ingrese al Policlínico de la avenida 8 de octubre.
Antes de subir al 2do Piso, debía pagar la orden correspondiente.
Había para pagar ordenes y consultas, una larga cola de más de 100 personas que se ordenaban – es sólo un decir- en una larga y retorcida fila que seguramente de estirarse, saldría del local y ocuparía un tramo importante de la avenida 8 de octubre.
Veinticinco minutos después, de haber pagado 104 pesos, me dirigí a el segundo piso, donde debí sumarme a otra cola ante un mostrador. Más chica pero mucho más lenta, pues no se traba de que el afiliado pagara, sino para recibir por lo que había pagado. En mi caso, registrarme para ser llamado por el departamento de radiología.
Luego de otros veinticinco minutos, quedé registrado y en condiciones de ser llamado.
La nueva espera, tenía una ventaja. La posibilidad de hacerla sentado. Luego de una espera de cuarenta minutos, logré ingresar a la sala de Rayos X y que me sacaran las placas.
Cuando creí que había terminado, recibí una nueva sorpresa, No terminaba la espera.
Les confieso que una larga espera en una mutualista del Uruguay, es una clara muestra de la edad predominante en los habitantes de nuestro suelo oriental. Trate de no pensar que yo estaba en el umbral ( o ya adentro) y como parte de esa gente que entra en esa etapa de su empecinada negativa a morir.
Lamenté no haber llevado nada para leer y poder así matar el tiempo. ¡Que paradoja, matar el tiempo en una institución de salud!
No imaginaba que aún me esperaban otros noventa minutos que demorarían en entregarme las placas. No podía irme y pasar otro día a retirarlas. Existía la posibilidad de que no salieran bien y tener que repetirlas.
Algunas personas conocidas, que trabajan allí se acercaron a saludarme y por momentos me ayudaron a matar el tiempo. Algunos que no conocía se me acercaron a realizarme algún comentario sobre el libro que habíamos escrito con Sara.
Los halagos recibidos, seguramente ahuyentaron cualquier pensamiento agresivo e indiscriminado contra el CASMU y sus empleados.
Una funcionaria que atendía el mostrador donde debían entregarme las placas, fue objeto de mis reiterados reclamos, porque otras personas que habían llegado mucho después que yo, recibían sus placas y se marchaban...mientras yo seguía esperando. Ante cada uno de ellos, me respondía amable y monótonamente.
_ ¿Su nombre?- mientras revisaba el montón de sobre con placas-, Todavía no esta.
. Esa misma mujer, ya al filo de las 19.00 horas, anuncia una nueva tanda de entregas de placas.
El procedimiento de entrega de las placas es bien interesante. Consiste, en la llegada de detrás de una mampara de una funcionaria portando los sobres con las placas, y el atropellamiento esperanzado y rezongón de la gente que espera ante el mostrador. Por nombre de los pacientes (lo de pacientes, va en su doble significado), las va entregando. Cuando lee mi nombre, me mira al parecer, por primera vez y dice.
- Muy bueno su libro.

Comprendí que escribir un libro, poner en letras el nombre de uno, tiene un significado distinto al nombre solamente expresado con la voz. Varias veces en la tarde me había preguntado mi nombre y solo al haberlo visto escrito tomo un significado para ella. Ya no era el paciente que reclama, era una persona que había escrito algo que a ella le había resultado agradable.
Le di las gracias y me guarde un comentario. Comparativamente, las 15 palabras que tenía el informe médico que acompañaba las placas y el tiempo que demoraron en entregarlo, si se dedicaran a escribir libros, muy mal les iría.
¿ Que decía el informe?: Que ambos hombros presentan “incipiente osteofitosis a nivel de la cavidad glenoidea derecha”.
¿Qué quería decir eso? Vaya uno a saber. Estoy tranquilo, porque el 29 de setiembre, un médico (traumatólogo especialista en hombros), seguramente, espero, me lo dirá.
Pero no todo eran pálidas, los autores del diminuto dictamen, culminan sus 15 palabras con: “No vemos calcificaciones periarticulares”.
Que no lo vean, no quiere decir que no existan. No escribieron, NO HAY calcificaciones...
Con mis plaquitas bajo el brazo y con mas dolores en el cuerpo, de los que entré, me retire de la mutualista “DE TODOS”. Debe ser de todos, porque había un mundo allí adentro y muy pocos uruguayos bien pagos para atendernos.
Debo reconocer para atenuar las responsabilidades que las autoridades del CASMU, sin duda tiene por esa situación, que se implementan políticas tendientes a atenuar esta situación de “embotellamiento” sanitario. Algunas de esas políticas, no son visibles.
Entre las visibles, hay que destacar que mientras los socios esperan, como fue mi caso, puede visitar una exposición de pintura, fotografía y esculturas que se encuentra a unos 50 metros. Es cierto que uno no puede prestar mucha atención a las obras de arte, porque corre el riesgo de no escuchar cuando lo llamen desde el mostrador y perder su turno. Y ahí, el que no está, se embroma.
Yo recorrí la muestra cultural leyendo los títulos que lucían las distintas obras. Buscaba alguna que representara con mayor autenticidad el estado de animo de un socio del CASMU: Ninguna se titulaba “La Espera”.
Por algunos minutos creí encontrar esa obra buscada, cuando a la distancia ví lo que creí que era una escultura tamaño natural. Escultura que representaba a una señora de muy avanzada edad, despatarrada y dormida sobre una silla, de cuyas manos pendía un abultado manojo de recetas multicolores.
No era una escultura. Menos aún, una estatua viviente. Cuando me le acercaba, despertó. Miro su reloj y arrancó rauda hacia uno de los mostradores.
La otra política, menos visible, pero seguramente más efectiva consiste en haber ubicado el problema: una gran cantidad de afiliados y pocos y mal pagos funcionarios para atenderlos.
La solución, por supuesto no es la “tradicional”; aumentar los funcionarios o mejorar la gestión.. Es Innovadora. Desestimular que los afiliados vayan a la mutualista. Ni se le ocurra pensar, que lo que se propugna es una política de prevención de salud. Para que los afiliados no vayan, no se trata de que no se enfermen.
La política, muy efectiva, consiste en que ni aún enfermo Ud. tome la decisión heroica de ir a la mutualista. Confieso que en mi caso, esa política ha tenido impacto. Estoy seriamente pensando en convivir armoniosamente con mi incipiente osteofitosis a nivel de la cavidad glenoidea derecha y quedarme con la incógnita de si tengo o solo no ven calcificaciones periarticulares.
Cuando hacía la primera cola, pude presenciar y oír interesantes conversaciones de que quienes como yo, se encontraban cumpliendo el tramite para entrar al infierno de Dante, perdón me equivoque de calle, debí decir 8 de octubre.
-Antes no habían colas, comentaba un señor con un ojo tapado, la gente esperaba sentada y un tablero electrónico les indicara en que “gatera” debía ubicarse para la largada.
Pude saber por otro señor con un corcet horopédico, que el retiro de las sillas, y por tanto la eliminación del tablero electrónico, había sido objeto de una campaña de juntada de firmas.
Sillas sí o sillas, no había sido la consigna de ese impulso plebiscitario de los uruguayos afiliados del CASMU.
Por lo que pude entender, al parecer la voluntad ciudadana no alcanzó para derogar la decisión de eliminar las sillas. No hubo el coraje suficiente para enfrentar a pie firme, esa innovación y por eso ahora había que esperar de pie, que el tablero impersonal y electrónico fuera suplantado por un funcionario que nos despierte de nuestro “sueño del burro” gritándonos:
-¡Caja 8 el siguiente!
Otras interesantes conversaciones pude registrar al esperar las placas en el segundo piso, en los asientos próximos a los teléfonos. Casi el 90% de las conversaciones, empezaban de la misma manera,
-Todavía estoy en el CASMU...
Esa reiterada frase trasmitida a sus interlocutores, me dio para sacar algunas conclusiones.
La expectativa con la que llegaron o salieron de sus casas, se derrumba ante la realidad. Decir “todavía estoy en el CASMU, predispone a quien está dirigido el mensaje, a una incertidumbre temporal: no se sabe cuando se regresará.
Creo que a las excusas por demoras, de los maridos y las esposas infieles, debería incorporarse la de haber ido al CASMU. No solo hay un espacio de tiempo de disculpa, sino que también hay una disculpa por lo “destrozado” que se llegue a casa.
Cuando salí a la calle, el frió me llevó a pensar que le pediré a mis hijos que dentro de unos años, hagan conmigo lo de los esquimales. Me abandonen en los hielos lejanos del polo norte a esperar la muerte. Esta otra doble espera, no es humana.
Setiembre de 2004.

jueves, 19 de agosto de 2004

DOCUMENTO PRESENTADO ANTE LA COMISIÔN DE PROGRAMA DEL FRENTE AMPLIO PARA LAS MEDIDAS DE GOBIERNO

DERECHOS HUMANOS


DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL PAIS EN EL ENCARE DE LAS VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS COMETIDAS DURANTE LA PASADA DICTADURA.-

INTRODUCCIÓN: La solución que asumió el país para encarar las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante el pasado dictatorial con la aprobación de la Ley 15.848 ( ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado), motivó en organismos internacionales fuertes y contundentes cuestionamientos.
La conducta del Estado uruguayo mediante la promulgación de dicha ley de impunidad, pretendió cerrar las posibilidades legales de investigar y castigar a autores de delitos que de acuerdo a la jurisdicción internacional, son imprescriptibles e inamnistiables.
Sin embargo, el principal instrumento de impunidad, no ha sido le citada ley, sino el uso y abuso que los gobiernos han hecho de ella. Para ello se ha ignorado los pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y las Naciones Unidas. Se ha ignorado 1) que el derecho internacional tiene supremacía sobre el derecho interno:"una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado". 2) Que, ante un conflicto de preeminencia entre disposiciones de derecho interno e internacional en el ámbito de la protección de los derechos humanos, debe elegirse aquella interpretación que amplíe y no restrinja el goce de los derechos garantizados en la Convención.
Por otra parte la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas suscrita por Uruguay le atribuye al Estado una obligación específica de hacer, es decir, una obligación de investigar y de informar. Esta obligación de hacer no se satisface con el mero hecho de facilitar el acceso de los familiares a documentación que se encuentre bajo control oficial. Ello sería, obviamente, un principio de cumplimiento que, en el caso uruguayo, aún hoy no se ha materializado seriamente. Por el contrario existe una contumaz negativa a aceptar los hechos y la responsabilidad del Estado en los mismos. El Estado está obligado a desarrollar una tarea de investigación y corroboración de los hechos, estén o no consignados en documentos oficiales, con el fin de esclarecer los hechos, establecer la verdad de lo ocurrido e informar a los familiares y a la opinión pública en general. Se trata, de una obligación afirmativa y activa orientada a obtener y procesar información que permita un amplio conocimiento de los hechos que no están hoy debidamente documentados. A pesar de que las desapariciones ocurrieron con anterioridad a la ratificación de la Convención por parte del Uruguay, estas obligaciones son exigibles al Estado, ya que en el caso de las desapariciones forzadas nos encontramos frente a una violación de ejecución continuada."El deber de investigar hechos de este género subsiste mientras se mantenga la incertidumbre sobre la suerte final de la persona desaparecida".
Por otra parte la Comisión Interamericana reiteró lo ya expresado por la Corte en el caso Velázquez Rodríguez, declarando expresamente que con la sanción de las mencionadas disposiciones que establecen impunidad, " ha faltado al cumplimiento de su obligación que emana del artículo 1.1 [del Pacto de San José].Fue sobre la base de esta violación del derecho internacional, que la Comisión Interamericana exhortó a.adoptar "las medidas necesarias para esclarecer los hechos" ocurridos durante la pasada dictadura militar. Similar recomendación fue expresamente formulada al Estado uruguayo hace más de seis años por la Comisión Interamericana en su informe Nº 29/92 del 2/10/92 en aplicación de las obligaciones emergentes de la Convención, que aun se encuentra incumplida.
La promulgación de una ley como la Nº 15.848, constituye una violación de jure a la obligación de garantía del Estado establecida en la Convención, no sólo por la evidente contradicción entre ella y el tratado, sino también porque esa legislación se adoptó sin que medie un esclarecimiento previo de los hechos o, peor aún, como un artificio para impedir dicho esclarecimiento posterior, cuando se han aportado nuevos elementos.
Uruguay, de conformidad con los artículos 1.1 de la Convención y 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos está obligada a garantizar el pleno esclarecimiento de la verdad. La privación del derecho a conocer la verdad por imperio de una ley de ese tipo sumada a la falta de procesamiento y castigo, las hace doblemente inaceptables para el derecho internacional.
Recientemente, el Comité del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, también se ha pronunciado sobre el derecho a la verdad, sosteniendo que leyes del tipo de la Nº 15.848 " eran incompatibles con los requerimientos del Pacto, entre otras razones porque promovían un ambiente de impunidad para los autores de violaciones a los derechos humanos y, en consecuencia, debilitaba su protección".
La jerarquía constitucional de los tratados de derechos humanos no está destinada solamente a servir de complemento a la parte dogmática de la Constitución sino que, necesariamente, implica condicionar el ejercicio de todo el poder público, incluido el que ejerce el Poder Judicial, al pleno respeto y garantía de estos instrumentos..
Ante los argumentos expuestos, y los lineamientos y mociones aprobados en su último Congreso y el propio documento aprobado por la Unidad Temática relativas a las medidas de gobierno ( cuya formulación se comparte), un gobierno progresista esta obligado moral, ética y políticamente a transitar caminos que termine con la indefensión de los ciudadanos en una esfera tan sensible a las libertades y derechos de un estado democrático.
Las presentes iniciativas, están comprendidas y son funcionales a la propuesta elaborada y consensuada en la Unidad Temática en lo referido al tema de la impunidad.

"Detenidos Desaparecidos - Delitos internacionales

En relación con los homicidios políticos y los detenidos-desaparecidos durante la dictadura militar, se dispondrá una amplia y exhaustiva investigación administrativa y oficial, a efectos de que se conozcan en detalle todas las circunstancias incluyendo la plena identificación de los victimarios, autores coautores y encubridores de tan aberrantes hechos y el destino de las personas desaparecidas o de sus restos si hubiesen sido asesinados, asumiendo el Estado en cuanto tal, las responsabilidades que le corresponden. En el marco de las investigaciones administrativas, el gobierno del FA-EP-NM, revisara las actuaciones de los gobiernos anteriores a los efectos de verificar que la aplicación de la ley Nº 15.848 a las denuncias que le fueron remitidas por el Poder Judicial, se realizó de acuerdo a los ámbitos de aplicación que dicha ley establece[1].

Los resultados finales de las investigaciones administrativas, serán puestos en conocimiento del Poder Judicial. En el caso de que de dichas investigaciones surja que en el pasado existió una aplicación abusiva y arbitraria de la Ley de Caducidad, así se comunicara al Poder Judicial para que actué en consecuencia. El Poder Ejecutivo por la vía del Ministerio Público o la Secretaria de Derechos Humanos, impulsara el desarchivo de los procesos penales y/o la apertura de aquellos casos donde no existiera. También esos elementos serán puestos en conocimiento de los organismos internacionales, en cuanto correspondiere por derecho.

En ningún caso en que persista la situación de desaparición forzada y en consecuencia se encuentre ante una hipótesis de delito permanente, el Poder Ejecutivo considerará ajustada a derecho la aplicación de la Ley Nº 15.848. Así como tampoco a los mandos, claramente excluidos por el texto de la ley.

En todos los casos, las investigaciones que se realicen por vía administrativa se asegurara que las mismas se realicen en estricto cumplimiento del decreto 500/91 y se encomendaran a personas que aseguren la mas absoluta imparcialidad.

En ningún caso, la actuación del gobierno obstaculizara la acción de la Justicia, por el contrario prestara todo su concurso para su acción más eficaz.

En todos los casos vinculados a violaciones a los derechos humanos cometidas por el Estado dictatorial, el gobierno propenderá a una reparación integral, tal como lo aconsejan las recomendaciones de los organismos internacionales.

Sin perjuicio e igualmente, se dispondrá la máxima difusión del resultado de las investigaciones y en general, de todos los hechos ocurridos durante la dictadura militar que importaron violaciones a los derechos humanos, a los efectos de que no queden en la impunidad del olvido, previniéndose de esta forma a las futuras generaciones sobre los peligros de las desviaciones de poder que desconocen los derechos básicos de la persona.

En el entendido que el respeto a la dignidad humana es un valor universal que no admite fronteras geográficas y como valoración ética-social a los hechos del pasado, deberá aprobarse la normativa material y procesal penal que habilite la actuación de la justicia nacional para juzgar a los autores de los crímenes de lesa humanidad (tortura, desaparición forzada, etc.) y en general que entienda en todos los delitos internacionales.

Ello implica tipificar tales conductas en el derecho penal interno juntamente con la aprobación de las normas necesarias para facilitar la actuación de la Corte Penal Internacional. Asimismo se impulsará tal política a nivel de los países del MERCOSUR, tal cual se dirá.

En la normativa referida a estos delitos, se consagrará la imprescriptibilidad de la pena y de la acción penal, así como la improcedencia de cualquier forma de amnistía, gracia, indulto, asilo o refugio para sus autores y la no aceptación de la obediencia debida como eximente de responsabilidad.

Concluido este proceso, se derogará finalmente toda la normativa existente que vulnere los derechos humanos previstos en las convención, tratados y pactos internacionales suscritos por Uruguay.

La política de ascensos en las fuerzas armadas y designación de cargos en la administración tendrán en cuenta la actuación de esas personas con relación a las violaciones a los derechos humanos.

Se impulsara una política activa en materia de memoria histórica encuadrada en la política de reparación integral.

Se colaborara activamente en la conformación de un equipo multidisciplinario (universidad de la república y expertos extranjeros), para que bajo la responsabilidad del Poder Judicial realice las investigaciones en las unidades militares donde se han denunciado la existencia de enterramientos clandestinos.

Se colaborara con las acciones de la justicia de otros Estados, cuando estos lo requieran, dando la información que se le solicita y otorgando las extradiciones que se le soliciten de acuerdo a las normas legales del derecho internacional vigente.
Todo esto se instrumentará el lo. de marzo de 2005 por el Consejo de Ministros conjuntamente con la creación de la Secretaría de Derechos Humanos.
Raúl Olivera
Integrante de la Unidad Temática.
[1] En los archivos del Edificio Libertad, deberá constar la documentación que identifique a los responsable y pruebe que los delitos denunciados fueron cometidos: a) el periodo que abarca la ley; b) por los funcionarios amparados por esa ley ( o sea militares, policiales o asimilados); c) por móviles políticos; d) en ocasión del cumplimiento de acciones ordenadas por los mandos y e) y que no se cometieron con el propósito de lograr un provecho económico; y no nos encontramos ante la hipótesis de un delito permanente.

domingo, 1 de agosto de 2004

LA RECUPERACION DE LA MEMORIA HISTORICA

LA RECUPERACION DE LA MEMORIA HISTORICA

En estos últimos años, se ha instalado el reclamo de la recuperación de lo que se ha dado en llamar la “Mémona Histórica”. En los países del cono sur, esa

memoria se refiere a los pasados procesos dictatoriales y a la represión materializada por la llamada Operación Cóndor que ellos llevaron a cabo.

Esta recuperación está muy lejos de ser una reivindicación nostálgica. Tampoco es una reivindicación privada de los familiares de las víctimas ni de los protagonistas de ese periodo histórico.

Frente a visiones que ubican a esos hechos en la categoría de lo que se debe olvidar, esta recuperación apunta a darle actualidad derrotando una visión de la historia de que esos hechos nada tienen que ver con nuestro presente.

La recuperación de la memoria, es una batalla que presenta varios frentes de combate. Implica enfrentar una visión que desde el poder, iguala a las victimas de ambos bandos, que no profundiza en las causas de un conflicto ( no una guerra) entre dos proyectos políticos; que sobrevuela impunemente sobre la situación política nacional e internacional existente en ese período histórico. Solo dando por perdidas las batallas en esos frentes, puede admitirse una igualdad en los principios y valores defendidos por unos y otros.

Recuperar la memoria implica arrojar luz sobre la oscuridad. Explicar, no confundir, todavía más, a sociedades pos dictatoriales que abandonan trabajosa y complicadamente el pasado autoritario.

Hay una batalla cultural. En ella, es importante apoyar y promover los estudios rigurosos, denunciar aquellos oportunistas que bajo un supuesto acercamiento científico, nos ofrecen productos que conducen a un trata miento de la problemática de la Memoria Histórica, como algo alejado de la realidad social actual.

DESDE DIFERENTES ÁNGULOS

Un acercamiento a la memoria histórica, hace necesario que la abordemos desde algunos de sus ángulos insoslayables.

El ángulo humano, implica la reafirmación de que son los seres humanos los que construyen la historia y éstos a su vez son afectados por la misma. Cuando hablamos de la dictadura estamos refiriéndonos a personas que fueron asesinadas, perseguidas, encarceladas, humilladas, desaparecidas.

Disfrutamos de un régimen de libertades democráticas desde hace casi 30 años. Sin embargo, los asesinados, perseguidos, encarcelados, humillados, desaparecidos, no han sido atendidos cabalmente.

Han continuado siendo victimas. Sobre la represión, se aplicó el silencio y la falta de reconocimiento. De alguna forma el silencio y el no reconocimiento son más dolorosos que la represión, puesto que ésta es una política natural del despotismo, mientras que el silencio no debería ser el de una verdadera democracia.

El homenaje, la localización y recuperación de los restos de personas desaparecidas, la verdad sobre los asesinatos, la explicación de la verdad a los familiares, la atención psicológica, el reconocimiento social e institucional y la justicia reparadora, son tareas que forman parte de la Recuperación de la Memoria Histórica.

¿Cómo puede una sociedad defender la libertad y la democracia si a los que la hicieron posible en otro tiempo se les castiga con la amargura del silencio y con la vergüenza? La recuperación de la dignidad de todas estas víctimas es también la recuperación dee nuestra dignidad como pueblo.

Un abordamiento desde eli ángulo cultural se centra en la investigación histórica y científica, como instrumentos interrelacionados con los demás componentes de la memoria histórica.

El derecho a saber la verdad tanto por las familias como por la sociedad, no puede satisfacerse sin el conocimiento riguroso de los hechos. La labor de los historiadores, archiveros, documentalistas, arqueólogos, antropólogos, sociólogos, etc. se transforma en herramienta fundamental para construir y conocer la verdad. En otro nivel se ubican los medios de divulgación: los libros y publicaciones, los documentales, las exposiciones, los seminarios, charlas y debates. Y, finalmente, la creación artística: la novela, la película, la obra de teatro, la poesía, la pintura, la escultura, etc.

La articulación de los dos aspectos reseñados, el aspecto humano y el cultural, debe incorporar un tercer aspecto, el político.

El problema de la recuperación de la memoria histórica es profundamente político, pues está referida a persecuciones políticas, a asesinatos políticos, a desaparición de militantes políticos, de torturados por motivaciones políticas, etc, etc.

Esa complejidad se ha manifestado en diversos aspectos. Por un lado en su implicancia institucional. Sin un compromiso institucional con la recuperación de la memoria histórica es poco lo que se puede avanzar en ella, sin legislar sobre ello y a partir de ello librar los recursos necesarios para acometer la tarea, es poco lo que se puede hacer. La inclusión en los libros de texto de lo que supuso la lucha contra la dictadura en nuestro país y arbitrar medidas de reconocimiento institucional y justicia reparadora debe hacerse desde las instituciones. La deslegitimación de la acción terrorista de la dictadura sólo será realizada cabalmente cuando se materialice en una legislación adecuada.

Por otro lado, está su implicancia jurídica que impone referirse a los «Derechos Humanos» y «Lucha contra la Impunidad». Es a los tribunales de la justicia a los que les corresponde investigar los asesinatos, las torturas, las desapariciones, usando para ello la legislación y convenios internacionales que el Estado uruguayo ha asumido como suyos.

En la medida que la dictadura puso fin a un régimen democrático de libertades y derechos, sus víctimas eran defensoras de esas libertades y derechos conculcados. Por eso no se hacia distingos ideológicos de las víctimas. Estas podían ser, y lo fueron, socialistas, comunistas, anarquistas, blancos, colorados, sindicalistas, e incluso conservadores de convicciones democráticas que se opusieron al golpe de estado, etc.

Todos ellos fueron perseguidos, - humillados, encarcelados, torturados, desaparecidos o asesinadas no por el hecho de ser padres, abuelos, herma nos, maridos, sino por su condición política y social, por sus prácticas políticas y sociales. Ignorar eso, minimizarlo es ayudar a que la dictadura triunfe, aun luego de haberse retirado. El mantener a los desaparecidos en la posibilidad de estar enterrados en predios militares, es mantener también otra esfera del triunfo de la dictadura, puesto que no sólo los asesinaron, sino que los han enterrado con los rituales de los verdugos y no de la manera que ellos y nosotros deseamos. Con los rituales en que son despedidos los compañeros de causa.

Cumplir a conciencia estos desafíos, harán sin duda, que la Memoria Histórica sea algo más que la búsqueda de un familiar desaparecido, el logro de una pensión para un ex-preso político, la publicación de un libro, la excavación arqueológica de una fosa común. El desafió de hoy, junto con otros, que en este terreno de saldar las heridas del pasado, están pendientes, será construir en su verdadera dimensión esa memoria.

LA CONCEPTUALIZACION DE LA MEMORIA HISTÓRICA

Cuando se expresa que un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla, no se alcanza a resumir adecuadamente el concepto de Memoria Histórica. Se debería agregar que un pueblo que no conoce cabalmente su historia no comprende realmente su presente. Dicho de otra forma, no es protagonista del desarrollo de una sociedad.

Esto es tan asó, que la dominación ideológico-cultural, la económica y la política, se funda en ello.

La ignorancia nos imposibilita de comprender los procesos históricos y ello tiene como resultado un profundo déficit democrático que se materializa en una sociedad despolitizada y poco participativa.

Una democracia asentada en el olvido es el escenario donde se construye una historia, en la que son otros los que escriben el guión.

Recuperar la Memoria Histórica, es una lucha socio-cultural que debe nacer del seno de la sociedad civil. Desde ella, se deben empezar a realizar esfuerzos para divulgar rigurosamente la historia de la lucha contra la dictadura, reivindicar a sus protagonistas, con el objeto de que se haga justicia. Al mismo tiempo, que se recuperan los referentes para luchar por los derechos humanos, la Libertad y la justicia social.

Hablar de justicia implica referirse al reconocimiento y la reparación de un daño causado a la sociedad, nunca revanchismo. Una de las principales armas de la política de dar vuelta la página, es descalificar el reclamo de justicia, adjudicándole el carácter de revanchismo. No9 es lo mismo la justicia y la verdad, que la revancha.

El terrorismo de Estado en Uruguay tuvo su “comisión de la verdad” con la publicación de los tomos de la Junta General de Comandantes en jefe de 1978. Los sectores democráticos no han tenido un verdadera posibilidad de llegar a conocer y divulgar la verdadera naturaleza y magnitud de la represión que se ejerció sobre los defensores de la legalidad democrática. Menos aún, de acceder a la justicia.

PARA FORTALECER LA DEMOCRACIA.

La recuperación de la Memoria Histórica no es una reivindicación privada, ni un gran negocio de venta de libros. Debe ser un instrumento para dar satisfacción a una sana necesidad social. Una forma de contribuir al cambio social. Una contribución efectiva en contra de la resignación.

Salvo algunas iniciativas excepcionales por parte del gobierno municipal de Montevideo, poco o nada se ha hecho en homenaje a las victimas del terrorismo de Estado de la dictadura uruguaya. A nivel central de las fuerzas de izquierda, tampoco se ha materializado en forma sistemática. A lo sumo, el asunto ha quedado marginado a cada una de las colectividades políticas que la conforman. Sin caer en un uso instrumental de la misma, se hace imprescindible aproximarnos al tema también desde una visión ideológica.

La Memoria Histórica debe servir para fortalecer la democracia, como elemento sustancial de la lucha contra la impunidad, como un arma insustituible para la vigencia de los derechos humanos y como elemento de cohesión ideológica de la sociedad.

viernes, 4 de junio de 2004

EN TV Libre

JUNIO DE 2004 EN TV LIBRE

Buenas noches amigos. la proximidad de un acto electoral, nos convoca a hablar de la impunidad. Lo haremos desde lo que hemos defendido, pensado y actuado en este terreno. También desde un fuerte compromiso con la memoria de todas las victimas del terrorismo de Estado. Creo que se puede y se debe invocar, reclamar y fundamentar un voto desde ese lugar, para que sea posible el cambio con memoria.
Junto con compañeros estudiosos y trabajadores de los derechos humanos en el mundo académico, político y social, hemos acordado dejar establecido en un documento del programa de la izquierda aprobado luego en el Congreso Héctor Rodríguez que la “impunidad constituye un verdadero obstáculo a la normalidad democrática”. En estos últimos 20 años sufrimos gobiernos que al tener una política de impunidad, han llevado a que Uruguay no viviera una normalidad democrática. Esto fue así. Esa definición programática que cite, no es una mentira. Estamos convencidos de eso. Por eso nunca renunciamos a poner todos nuestros esfuerzos para derrotar la impunidad.
Cuando en octubre decidamos que gobierno queremos, habremos decidiendo también, que tipo de democracia queremos. Nosotros trabajamos por una democracia donde lo que dice la constitución no tenga la posibilidad de una doble lectura. Un país donde todos seamos iguales ante la ley, un país donde no haya mas distinciones que aquellas que según la Constitución, surge de nuestros meritos y virtudes.
Habremos decidido si queremos un país gobernado por la izquierda, sin impunidad. O un Uruguay donde sea un merito y una virtud el haber asesinado, violado, secuestrado y desaparecido a cientos de seres humanos. Porque eso es esencialmente lo que por obra de la impunidad, nos ha hecho distintos ante la ley.
Entonces, si la impunidad es un obstáculo a la democracia, un gobierno ya se llame progresista o de izquierda, tiene como tarea primordial y primera la de eliminar ese obstáculo. Terminar con la impunidad y no eludir ese obstáculo.
La impunidad en Uruguay se asienta en dos pilares: las políticas de los últimos cuatro gobiernos colorados, blancos y una norma legal, la ley llamada de caducidad.
¿El cambio de gobierno con la derrota de los blancos y los colorados, es importante para empezar a terminar con la impunidad?
Nosotros creemos que sí, que es importante aunque no suficiente. Si piensan que esa insuficiencia que señalo está en la ley de caducidad, lamento decepcionarlos.
Por supuesto que librarnos de ese mamarracho antijurídico, es una deuda que se tiene con la comunidad internacional, que hay que saldar adecuadamente como lo hizo recientemente la Argentina. Pero eso tiene otros tiempos políticos y otras consideraciones a las que por razones de tiempo no me referiré.
La insuficiencia se manifiesta en que como el cambio se produce en el gobierno, una vez en él se debe articular en este terreno políticas claras y adecuadas. Lamentablemente de guiarnos por las declaraciones de la mayoría de los dirigentes de la izquierda, debemos concluir que ahí no están las cosas muy claras que digamos.
Sobre esto último, una precisión. En el terreno de los derechos humanos las definiciones políticas deben atender aspectos que superan lo estrictamente político. Me refiero al derecho humanitario internacional. La política de un gobierno puede definir, el costo del combustible teniendo en cuenta consideraciones económicas y de conveniencia política. Con relación a los derechos humanos, solo cabe respetarlos y promoverlos.
Si el tiempo alcanza, pondré explicar mejor esto último y otras características especificas de los derechos humanos. Por ahora afirmare que las políticas ejecutadas en este terreno en los últimos 20 años han estado reñidas con el derecho humanitario internacional y que más que promoverlos y respetarlos, los han avasallado y violados reiteradamente.
Pero volvamos al tema: el gobierno de la izquierda y la impunidad. Si un Poder Ejecutivo del gobierno de izquierda se limita a reconocer como obligación legal del Estado el cumplir con la investigación que dicta el artículo 4º de la ley de caducidad, seguramente esa investigación será más eficaz que cualquiera de las anterior al respecto, pero su conducta estará también reñida con el derecho humanitario internacional.
En un documento que analiza las medidas de un futuro gobierno de la izquierda, acordamos que la obligación del Estado de investigar todas las circunstancias, incluyendo la identificación de los autores, cómplices y encubridores de desapariciones y asesinados políticos, no esta vinculada al artículo 4º de la ley de Caducidad. Triste señal le daríamos a los avances de la humanidad en la tutela de los derechos humanos, recurriendo a este engendro antijurídico para cumplir con obligaciones radicadas en instrumentos de derecho más legítimos que la ley de caducidad.
También hemos acordado que el resultado de esa investigación administrativa amplia y exhaustiva, sea puestos en conocimiento de la justicia para que allí se determinen las responsabilidades que correspondan.

¿Y que responsabilidades pueden corresponder?
Aquí entramos en un aspecto clave del problema, sobre el cual no existe definición expresa, solo señales.
Si el resultado de esa nueva investigación administrativa llega al sistema judicial, sin que se modifique el acto administrativo de los anteriores gobiernos que para imponer la impunidad determinaron que todas las denuncias presentadas estaban comprendidas en la caducidad de la pretensión punitiva del Estado, el fiscal que es titular de la causa, seguramente la archivará y la impunidad continuará y sólo quizás eventualmente haya logrado saber algo más de lo que ya sabemos.
Por esa razón hemos propuesto transitar por caminos que no nos aten a los tiempos y las definiciones políticas (difíciles por ahora) para una eventual anulación de la ley de caducidad. Partimos de la base que de los dos pilares de la impunidad, con el triunfo de la izquierda, solo queda uno, el de la ley de caducidad.
Y si bien es cierto que la justicia es obligación y deber de un poder independiente, un gobierno de la izquierda contrariamente a lo que han hecho blancos y colorados nunca debe anteponerse a la acción de ese otro poder encargado de hacer justicia. Es más, debería dar claras señales, para que una acción independiente y valiente de jueces y fiscales, no tengan como obstáculos más que la aplicación de todas las normas del derecho nacional e internacional.
¿Qué hacer entonces? El primero de marzo de 1985, se debería enviar al parlamento un proyecto de ley que permitan tipificar los delitos de acuerdo a la legislación internacional. Se debería verificar si la aplicación de la ley de caducidad realizada por Sanguinetti, Lacalle y Batlle a las denuncias que le fueron remitidas por el Poder Judicial, la realizaron luego de haber recabado la información que les permitió saber que los hechos estaban comprendidos en los ámbitos de aplicación que dicha ley establece.
El Cro Tabaré Vázquez a dicho que su futuro gobierno auditara las cuentas de todos los organismos del Estado y si alguien metió la mano, ira preso. Y eso es lo que corresponde. Pero también pensamos que se debería extender esa auditoria, a los actos de los gobiernos anteriores con relación a la aplicación de la ley de caducidad, para saber si en los archivos del Edificio Libertad consta la información que permitió la aplicación de dicha ley. O sea, la identificación que permitió determinar que los autores eran militares o policías; que el hecho había ocurrido durante el periodo que abarca la ley; que habían sido cometidos por móviles políticos, en cumplimiento de acciones ordenadas por los mandos y que no se cometieron con el propósito de lograr un provecho económico.
Si existen esos elementos y la resolución anterior está ajustada a lo que establece la ley esa información acompañara la remisión de la investigación administrativa. Pero si no esta ajustada a lo que establece la ley y constituyo un abuso de poder y una arbitrariedad de los anteriores gobiernos, se revocará el acto del gobierno anterior remitiendo una nueva resolución que acompañara a las investigaciones administrativas ya señaladas. De esa manera, el sistema judicial no tendrá ningún impedimento extrajudicial para actuar, restableciéndose el derecho a la justicia.
Quiero aclarar que según nuestra opinión ningún caso en que nos encontremos ante la situación de desaparición forzada y en consecuencia ante una hipótesis de delito permanente según lo establece la Convención Interamericana sobre Desaparición de Personas, un Poder Ejecutivo de izquierda puede considerar ajustada a derecho la aplicación de la Ley de caducidad.
Quiero finalizar diciendo que la izquierda no puede ser en el terreno de los derechos humanos, en su sentido más amplio, un administrador de esos derechos según conveniencias de orden y calculo político. Y porque queremos que ese no sea el papel del futuro gobierno popular, votaremos por él y bregaremos para que nuestras opiniones se oigan. Para que la memoria también sea una señal para los rumbos del futuro.

miércoles, 2 de junio de 2004

OTRO ASPECTO DE LA IMPUNIDAD: Cementerios clandestinos en predios militares

OTRO ASPECTO DE LA IMPUNIDAD:
Cementerios clandestinos en predios militares.

El pasado 2 de febrero el antropólogo Forense de la Morgue judicial, en calidad de Coordinador de un Equipo Multidisciplinario integrado por: el Prof. Ing.Daniel Panario, la lic. Geógrafa Ofelia Gutierez y la Lic. Arqueóloga Elizabeth Anega, puso en conocimiento del Juez a cargo del juzgado Penal que lleva la causa de Elena Quinteros un informe sobre el predio del Batallón 13 de Infantería.
El propósito del informe que le fuera solicitado por el Juez Alejandro Recarey, era determinar la existencia de indicios de enterramientos en el citado predio militar, sobre el que existía una medida cautelar solicitada por el PIT-CNT.
De detectar esos indicios, debería analizar, entre otros aspectos, si los mismos eran congruentes con las declaraciones existentes al respecto y determinar la racionalidad de los movimientos de tierra realizados a partir de 1975 en dicha unidad militar. Y finalmente en función de los indicios hallados, realizar recomendaciones de pasos sucesivos que deberían darse para obtener la certeza de una ubicación precisa de enterramientos o indicios suficientes que justifiquen pasar a la etapa de excavación.
Las conclusiones a que arribaron los expertos de la Universidad de la República a partir del análisis de una serie de fotos aéreas y otros materiales documentales, permitió concluir que:
1) El área del Batallón N° 1 3 es abordable desde el punto de vista de una investigación arqueológica. 2) Que existían áreas de interés para una prospección.
Plantean que luego de una primera etapa de investigación que consistió en el estudio de una zona geográfica de terminada, la prospección se inició con la recolección y análisis de información proveniente del estudio de fotos aéreas, como el análisis de fuentes documentales que les permitió reconstruir los hechos sucedidos en ese tiempo y en el área del Batallón N° 13. Este estudio fue reforzado a través de testimonios.
La primera aproximación indirecta que tuvieron sobre el área sin realizar una recorrida directa en el terreno, fue a través del análisis efectuado con técnicas que les permitió constatar que en caso de realizarse una recorrida directa sobre el terreno, es un área que no presenta dificultades de acceso. Que se trata de un espacio donde claramente pueden determinarse áreas de actividad distintas y en las que se observan las modificaciones sufridas en el terreno por las diversas actividades a lo largo del tiempo. En ellas se determinan ocho sitios de interés para la prospección arqueológica directa en el terreno.
Los sitios de interés están ubicados en los alrededores de una cabaña construida entre los años 1966-69 y que fuera removida en 1981-85. Un sitio ubicado a pocos metros del Arroyo .Miguelete, que coincide en. su forma, tono y textura con las tumbas en tierra. del Cementerio del Norte. Otro ubicado entre el talud detrás del arco Oeste de la cancha de fútbol que se encuentra en las cercanías del arroyo Miguelete. Otro sitio cercano al anterior donde se detecta una estructura cuadrangular. Otro sitio también en las inmediaciones de la planicie con una estructura de forma rectangular.
El informe confirma también la existencia de dos zonas en las que se encuentran indicios de remoción de tierra.
En cuanto a la ubicación de los posibles sitios de enterramientos, se determina la coincidencia entre los resultados del análisis de las fotos aéreas con los relatos de informantes que fueron cuidadosamente analizados.
Finalmente los expertos aconsejan una propuesta de investigación en el terreno, a partir de que la Arqueología puede contribuir al esclarecimiento de este caso, donde debe comprobarse la existencia o no de enterramientos humanos en el Batallón N° 13.
Cumplida la primera etapa contenida en el citado informe, se plantea una segunda que consiste en la prospección directa en el terreno, mediante su recorrida a pie con el fin de contrastar las evidencias recabadas indirectamente y registrar nuevas evidencias. Esta segunda etapa se podría realizar en dos semanas de tiempo y con la participación de cinco profesionales que trataran de encontrar evidencias directas de modificaciones que puedan indicar la presencia de fosas; modificaciones sufridas en la vegetación del terreno; recolección de elementos que permitan establecer la existencia de enterramientos a simple vista; sondeos que les permita buscar la existencia de enterramientos primarios o secundarios, como las evidencias de su anterior existencia.
Cumplida esa segunda etapa, que deberá ser dispuesta por el juez Eduardo Cavalli, se tendrá que pasar a una excavación arqueológica.
El equipo de antropólogos de la Universidad, considera que puede obtener la financiación para la totalidad de los trabajos que se requieren de aquí en más; tanto de fondos centrales universitarios, como de fondos de Organizaciones Internacionales de Derechos Humanos.
El PIT-CNT en conocimiento del citado informe, se lo solicitó a la Universidad de la República y lo puso en conocimiento de las organizaciones de derechos humanos, el gobierno argentino y el Poder Ejecutivo, para que se termine con la inactividad oficial en torno al esclarecimiento de la existencia de cementerios clandestinos en predios militares. A su vez impulsará a nivel del Poder judicial, se tomen medidas en el mismo sentido.

martes, 1 de junio de 2004

EN EPOCA DE ELECCIONES: Una mirada particular sobre los derechos humanos.

EN EPOCA DE ELECCIONES:
UNA MIRADA PARTICULAR SOBRE LOS DERECHOS HUMANOS.
Las épocas electorales pueden ser vistas desde los distintos aspectos en que se manifiestan. Podemos poner atención a las manifestaciones públicas de los líderes políticos, y en citas saber lo que se dice y lo que se omite decir. A veces es más importante, saber ver en esas omisiones del discurso, que en aquellas que en busca del apoyo de los votos, se manifiestan públicamente.
Otro aspecto no menos importante pero potencialmente más sustancial - sobre todo en aquellas fuerzas políticas que le dan importancia -, es la labor programática.
En relación a las violaciones de los derechos humanos cometidas por la pasada dictadura cívico - militar, no es un dato menor el hecho de que pueda acceder al gobierno una fuerza que históricamente se ha ubicado en la lucha contra la impunidad. Por esa razón la tarea que realizan las Unidades Temáticas de la Comisión de Programa del Frente Amplio - Encuentro Progresista - Nueva Mayoría, que tratan de elaborar o diseñar como deberá ser el programa de esa fuerza política, son un lugar privilegiado a donde dirigir una mirada particular.
A muchas de esas instancias han sido convocadas las organizaciones de la sociedad civil (entre ellas el movimiento sindical), para escuchar sus opiniones. Por lo general, al menos en el tema en que nos ocupamos, las elaboraciones en dichas Unidades Temáticas de las Comisiones de Programa, recogen esas opiniones y constituyen aportes compartibles.
Pero lo acertado de esas formulaciones, no deben llevarnos a creer que las cosas que allí se estiman realizar, se materialicen en medidas concretas.
Según el Dr.Alejandro Artucio, uno de los responsables en el área de los derechos humanos, allí “…ellas deberán pasar por los mecanismos competentes del Frente Amplio, así que pueden tener, naturalmente, cambios”.
Uno de los temas más fuertes que deberá afrontar un eventual gobierno de la izquierda, es el de las desapariciones forzadas de personas, y hacerlo a la luz de una adecuada conceptualización del tipo de delito que se trata.
En ese sentido es importante tener en cuenta que la desaparición comprende en su definición una larga serie de violaciones a los derechos humanos.
La persona desaparecida, es aquella a quien las autoridades del Estado niegan haber detenido o arrestado, que no tiene recursos que invocar, no existe. Por ello, la comunidad internacional afirma en múltiples documentos que todo acto de desaparición forzada de personas constituye un ultraje a la dignidad humana y una negación a los objetivos de la Carta de las Naciones Unidas.
La desaparición forzada es la privación de libertad de una persona cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con el apoyo, la autorización o la complicidad del Estado, seguida de la falta de información o la negativa a reconocer dicha privación de libertad.
Por lo que la desaparición forzada no es sólo la privación de libertad sino el otro componente que es la negativa de las autoridades a reconocer esa privación de libertad, o dar información del destino del desaparecido o lo acaecido con él.
Ahora bien, sabido es que el acto de privación de libertad y los actos que junto a éste (el no reconocimiento del hecho y la información del destino del desaparecido) dan motivo a la configuración del delito de desaparición forzada de personas, fueron cometidos originariamente por la dictadura, pero que no concluyeron con la terminación de ésta. ¿Acaso el Estado democrático que se instaló el 1º de marzo de 1985, no siguió cometiendo los actos constitutivos del delito de desaparición, al no haber reconocido el hecho y no haber dado información sobre el destino de ellos?
El candidato de la izquierda ha expresado que cuando asuma el gobierno ordenará una auditoria de las empresas públicas y si encuentra que en ellas se han manejado en forma delictiva los recursos, lo denunciará ante la justicia para que sus responsables vayan presos. No se ha limitado a decir que a partir de la toma de las riendas del Estado, llevará una honesta y correcta administración. Por el contrario, revisará los actos anteriores.
En el campo de las violaciones a los derechos humanos, no debería existir un comportamiento distinto. No alcanza con cumplir con lo que no se hizo y hacerlo bien. También se debería revisar lo que se realizó en el pasado.
Por otro lado, la Convención sobre Desaparición Forzada de 1994. incorporada a nuestro ordenamiento interno establece obligaciones para el Estado uruguayo, de no permitir e impedir la ocurrencia de estos actos. Y que cuando estos actos ocurren, existe la obligación de investigar, de juzgar a los responsables, de condenarlos si corresponde.
En la desaparición forzada el aspecto mas importante es la naturaleza del delito como continuado o permanente. Este aspecto no sólo se sustenta en la propia naturaleza del acto de la privación de libertad, sino en el Derecho Internacional. La Declaración de Naciones Unidas sobre Desaparición Forzada del año 1992 y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada del año 94 calificó este delito como permanente hasta tanto no se establece con certeza el destino o el paradero de la persona desaparecida.
También la Declaración de Naciones Unidas establece que los autores y demás partícipes no se beneficiaran de ninguna ley de amnistía u otras medidas que tengan por objetivo exonerarlos de la sanción penal antes de ser juzgados y cuando corresponde condenarlos.
La acción penal derivada de una desaparición forzada son imprescriptibles cuando ésta Constituya un crimen de Lesa Humanidad, esto es cuando se tratare de desapariciones sistemáticas o masivas.
La impunidad que han gozado en Uruguay, no sólo es una negación de la justicia sino que es un estímulo para este tipo de conducta, por lo que habrá que asegurar el mejor funcionamiento de la administración de la justicia.
Y ese mejor funcionamiento de la justicia, necesita de jueces que apliquen el derecho internacional. Para ello, desde el poder político se necesitan que se den señales también de respeto a esas normas. Porque el Derecho Internacional contenido en un tratado y ratificado por Uruguay es lo mismo que una ley nacional y un juez no puede dejar de cumplir una ley nacional y por lo tanto tiene que aplicar también el tratado.
Incorporando a la legislación nacional normas que castiguen la desaparición forzada y la tortura. se puede evitar otro tipo de argumentos que se han hecho de que no se pueden castigar porque no están previstos en nuestra ley penal.
Como vemos, este aspecto que tendrá mucha importancia a la luz de lo que está en juego en las próximas elecciones, necesita ser visto y considerado desde ópticas que superen las tradicionales limitaciones o alcances de las decisiones políticas