martes, 3 de mayo de 2005

MEMORIA E IMPUNIDAD.

Ponencia desarrollada en el Seminario de La Plata (Argentina) sobre “Memoria e Impunidad”.

“La historia no nos dio la espalda: Habla a nuestras espaldas”.
(Andrés Rivera, en La revolución es un sueño eterno).

Quisimos empezar estas reflexiones, con la sentencia que Andrés Rivera, un gran escritor argentino, pone en boca de Juan José Castelli. Corrijo, no en boca de Castelli, ya que este personaje, no habla, escribe pues un tumor le pudre la lengua.
Es posible que bajo este titulo “Memoria e Impunidad”, desarrollar desde varias perspectivas una reflexión. Sin embargo, es importante empezar por aquella que nos permita abrir interrogantes cuyas respuestas, si las logramos, nos sirvan para algo más que un simple ejercicio intelectual. Soy un sindicalista que se afilia a un concepto del término “cultura”, a partir del cual puedo sostener que desde este ámbito del que hacer social, se genera una forma especifica de cultura, que llamaremos la “cultura sindical”.
Es decir que denominamos “cultura” a una suerte de valores, saberes, creencias, certezas e ignorancias, del que un núcleo social es portador y trasmisor.
Lo mismo podría decirse de las instituciones políticas (los partidos), que generan una llamada “cultura política”, etc.
Es decir que más allá de una suerte de cultura dominante, que se trasmite de diversas formas en una sociedad determinada, existen y conviven también, ciertas formas de sub. culturas, que viven y se desarrollan en el ámbito de los sindicatos y de allí se traslada a las fabricas y los lugares de trabajo; que se viven y desarrollan en los ámbitos de las colectividades políticas y se trasladan a la vida social de las personas, etc. Es cierto, que también existen corrientes que recorren a la inversa esas rutas de trasmisión y por ellas van de las fabricas a los sindicatos y del ámbito social a las organizaciones políticas, etc.
Muchas veces, algunas de esas formas de la “cultura”, en determinados desarrollos de nuestras sociedades, se transformas en formas de “contra cultura”, en “culturas de resistencia”. Digámoslo de otra manera, la cultura que yo llamó sindical – al menos en un sindicalismo autentico, de clase – es generador de conductas en los sujetos portadores de ella, de valores de cooperación, de solidaridad, de saberes y creencias . Esa cultura, que convive generalmente en sociedades de consumo, de creciente individualismo, de insolidaridad. Esa cultura sindical a que hacemos referencia, no es “funcional a estas sociedades y vive en continua contradicción con los valores o la cultura dominante. En ese sentido es una “contra cultura”, o “cultura de resistencia”.
Los Estados, cualquiera sea su signo, son también generadores de formas de “cultura”. Pero con una gran diferencia, sus culturas, se transforman en códigos escritos, en leyes, en textos de enseñanza. Y fundamentalmente – y esto es importante para el tema que tratamos -, en la “historia oficial” de nuestros países. Y por otra parte su trasmisión cuenta con grandes ventajas: Están recogidas en la llamada “historia oficial”, y se trasmiten en los institutos de enseñanza, en las ondas radiales y televisivas “autorizadas”.
Muchas veces, experiencias históricas nos han mostrado, que esa omnipotencia de la “cultura oficial” o dominante, tiene su mayor enemigo en la “memoria de los pueblos”.
Con esto que he dicho, en esta breve introducción, no debe concluirse que todo aquello que en nuestras sociedad – y en el ámbito de la humanidad -, se transforma en Códigos, en Leyes, en Tratados, en jurisprudencia, es sólo y exclusivamente producto de la “cultura oficial”. Que todo lo que se trasmite por las instituciones de enseñanza, es el pensamiento, la “cultura oficial”.
En un aspecto que queremos plantear con relación a la relación de la Memoria y la Impunidad, no podemos obviar el papel que le cabe a un Estado democrático - a través de su sistema de justicia - en el encare de las violaciones a los derechos humanos cometidas por el propio Estado. En mi país, este es un aspecto, que no ha merecido, desde el punto de vista político, una reflexión seria y permanente que vaya incorporando las “nuevas” situaciones que se generan en dicho proceso. Salvo en un periodo de la llamada transición democrática (1985/86), en momentos en que la Justicia empezaba a actuar ante las violaciones denunciadas en Sedes Penales, ese aspecto, a quedado confinado, o a la esfera de las organizaciones de defensa de los derechos humanos y/o, a las organizaciones que se han dado las victimas o los familiares de las victimas. Esas organizaciones que han tenido un papel muy importante, en la configuración de los instrumentos jurídicos de carácter internacional, han actuado, en la mayoría de las veces, a impulsos de una resistencia al “status quo”, que han pretendido implantar los gobiernos.
La falta de una discusión desde la óptica de las organizaciones políticas y sociales progresistas, ha llevado muchas veces, a que estas tengan o bien una actitud pasiva , o bien hayan operado como acompañantes “solidarios” de las organizaciones humanitarias. En otros casos, han operado como articuladores o pasivos espectadores, de salidas de “oportunidad” política.
Por esa razón, y a la luz de las experiencias vividas, esta discusión que proponemos, debe ser una discusión generadora, de un debate, que abarque la consideración de este aspecto, en el marco de la lucha democrática por el cambio social.
Existe, en mi país, una operación política tendiente a confinar la solución del problema de los desaparecidos, a un problema de los familiares de las victimas. Ello, no ha permitido que el movimiento popular se pregunte, en la actualidad, sobre la utilidad social y democrática de la lucha por la VERDAD y la JUSTICIA, la lucha por la memoria y contra la impunidad y por consideraciones de tipo pragmático, este mayoritariamente embarcado en determinadas formas de encarar el tema de los delitos de lesa humanidad, que esta de espaldas a los avances que la humanidad a dado en los últimos años.
Uno de los teóricos del derecho natural, Hugo Grocio, soste­nía hace mas de 300 años, que el juzgamiento de los culpables de delito es necesario ‘‘para defender el honor y la autoridad de aquel a quien el delito ha lesionado, para que la ausencia de castigo no le degrade aun mas”. Cuando los avances de la humanidad han llegado a catalogar a las desapariciones como delitos contra la humanidad (“lesa humanidad”), la ausencia de castigo – de la que hablaba Grocio – degrada a una sociedad democrática, la hace menos democrática.
La democracia, no es votar cada 5 años. Debe ser sustancialmente un sistema de valores y de prioridades éticas, que sólo son reales, si éstas están firmes en la conciencia de los ciudadanos, si son parte de su cultura. Ese sistema de pautas valorativas, de funcionamiento de la sociedad, operan casi de forma au­tomática, cuando la vida democrática es plena. Son, según una feliz formulación, algo que “se lleva adentro, casi sin saber­lo, así como se lleva el lenguaje sin saber gramática, o el sentido común sin manejar lógica”. Son parte de una “cultura”
Cuando esas pautas fueron conmovidas por años de despotismo, no nos alcanzó con res­taurar las instituciones y las formas ju­rídicas externas, hoy a mas de 15 años de desplazada la dictadura, hablamos de profundizar la democracia.
El terrorismo de Estado, creo y desarrollo también una suerte de “cultura” del miedo, del silencio, del terror. Cultura, que se generó desde el propio Estado, que impregnó cada rincón de nuestras sociedades. Las elecciones democráticas, no son suficientes para erradicar, esa cultura depositada en la sociedad, en sus instituciones.
Un papel importante, en la erradicación de los efectos del terrorismo, es la memoria.
Es cierto que el sentido que se deriva del conocimiento de hechos aberrantes y de identificar a sus autores y aplicarles el justo castigo, opera en el sentido de impedir su repetición y de facilitar depuraciones posteriores ya sea por vía administrativa o sociales, esto es, de sanción no jurídica sino moral.
También opera en el sentido, nunca despreciable, de debilitar el aparato burocrático estatal, poniendo en evidencia sus inconsecuencias. El principal valor de la lucha por la verdad y la justicia en este aspecto, es ideológico.
En esa batalla el plano jurídico resulta esencial. Históricamente, en el Uruguay, las organizaciones de izquierda ha tendido a subestimar el papel del Derecho en los cambios sociales, y ello ha influido en la acción de las organizaciones sociales.
Si bien es cierto, que en buena medida, el Derecho es uno de los esquemas de dominación social, también es el resultado de las luchas sociales y logra reflejar los logros y fracasos de las luchas populares. ¿ Nos preguntamos, la Sentencia del Juez Federal Gabriel Caballo y el reciente dictamen del Fiscal de la Nación, en contra de las leyes de impunidad argentinas, acaso no refleja y sintetiza las luchas desde la sociedad civil?.
Muchas posiciones que aparentemente se ubican en la izquierda más radical, ven el derecho y su resultado, la aplicación de la ley, que comúnmente llamamos “justicia”, como una simple máscara de la dominación de la burguesía. Esas posiciones ignoran que la burguesía, al haber fundado su legitimidad de dirección política en base a la vigencia de los derechos humanos; esta clase social se inoculó de un germen que pude conducirla a su propia destrucción.
Históricamente la clase burguesa -que ya había conseguido el predominio económico a través de los absolutismos monárquicos nacionales- tuvo que complacer a los capas populares para la toma del poder político. Para ello, debió pagar el precio de formular los Derechos Humanos como base legitimante de esa conquista política (Libertad, Igualdad, Fraternidad).
A partir de ahí, la historia posterior de las luchas populares contra ese poder político burgués; es la de los intentos de hacer realidad el programa de la revolución francesa. Culminar lo que, tras la promesa inicial, la burguesía truncó.
Esa lucha implica necesariamente la adopción por parte del movimiento popular, de esas bases legitimantes ideológico-jurídicas de amplia aceptación popular; y su pleno desenvolvimiento. El campo de la lucha, para decirlo de otra manera, pasa por la demostración acabada de que la clase cuyo desplazamiento se busca, ya no resulta efectiva en la realización de los fines sociales comúnmente aceptados.
Las experiencias mas generales de la historia y de los procesos de cambios sociales de carácter revolucionario, han puesto en cuestión, un aspecto que hace a la reflexión que queremos realizar. Ya no se trata de construir una sociedad por completo ajena a la vigente, para sustituirla por la vía de un cambio violento, en el que todo lo anterior desaparece de un día para el otro. No existen en la historia sustituciones totales de una sociedad por otra, sin trazas de la primera.
¿Estamos proponiendo una visión evolucionista, reformista?. Por supuesto que no, estamos afirmando que en este aspecto, la cuestión es dialéctica: consiste en la síntesis de los elementos positivos de una sociedad con su negación, pero siempre recogiendo lo salvable del esquema primario. La visión contraria, es la que ha posibilitado que en el terreno de la justicia, se sostenga aquello de la “justicia burguesa” y la “justicia popular”.
Nuestra visión de esta problemática, no excluye, desde luego, a los cambios revolucionarios; pero lo que decimos es que por mayores que sean los trastornos sociales, siempre hacen pié en parte de la base de apoyo del mismo sistema que se pretende cambiar, y rescatan su legitimación previa . Y esas legitimaciones, por lo general, revisten formas jurídicas.
Así, es de principal interés estratégico la lucha por la vigencia de los DDHH; por encima incluso de la reconstrucción meramente histórica, porque esto es lo que le va a dar al pueblo armas futuras de combate ideológico, al mismo tiempo que, por otro lado, le roba banderas al discurso burgués.
Los trabajadores, muchas o la mayoría de las veces, reivindicamos la libre agremiación, la huelga, un salario justo, etc, y nos lo formulamos como una conquista que es parte de una composición de la sociedad del futuro y no como un derecho de la actual sociedad en que vive. En el tema de las consecuencias del pasado dictatorial, estamos peleando por derechos que alguien en el pasado subestimó. El cumplimiento de mandatos constitucionales, de convenios y tratados internacionales, tiene derivaciones que los sistemas políticos han vislumbrado y por ello su política de ignorar su existencia, recortar su vigencia. Pongo dos ejemplos actuales de mi país: Al mismo momento que suscribe el Estatuto de la Corte Penal Internacional, pretende en la legislación interna, incorporar una interpretación del mismo, que proteja de cualquier eventualidad, la impunidad de los militares uruguayos; y por otro lado, en una ley que supuestamente esta dirigida a amparar el derecho a la información, pretende impedir por 10 años más, la información en poder del Estado, sobre el destino de los desaparecidos.
Ese intento de ignorar la existencia, de determinados derechos, ha sido acompañada de una estrategia de la llamada administración del poder del saber. Las escuelas de derecho, mas que escuelas de aprendizaje de la lucha por la vigencia de lo justo, han sido, por lo general (aunque con honrosas excepciones), escuelas de una forma de “administrar” los derechos desde el punto de vista “político”. Quizás una muestra de esto pueda encontrarse en la predominancia de actores y administradores políticos, que emergieron de las aulas de Derecho.
Vivimos un mundo en profundas y vertiginosas transformaciones. Muchas veces, nos hemos quejado de la lentitud que tienen la incorporación de determinados instrumentos jurídicos de carácter internacional, a las normas que rigen el comportamiento de la humanidad. Ese desfasaje entre los cambios que en nuestras sociedades producen las nuevas tecnologías y las nuevas formas de la economía, y la incorporación de las mencionadas normas jurídicas de carácter internacional – y fundamentalmente en el derecho humanitario -, hace que instrumentos como por ejemplo, los derechos civiles y políticos, ya no sean funcionales para el capitalismo de estos tiempos. Auguramos, épocas de profundas transformaciones regresivas, que necesitaran de le legitimidad de nuevas legislaciones nacionales e internacionales que constituirán, sin ninguna duda, retrocesos. Frente a ello, necesitamos desarrollar una cultura de la resistencia, que la globalice, que la desarrolle en las movilizaciones, en la teoría, en el plano jurídico, en el plano de las propias instituciones del Estado.
Empezamos estas reflexiones que nos dejan planteadas muchas preguntas, que seguramente necesitaran, de muchas reuniones como estas, para quizás lograr aproximaciones a las respuestas, citando unos párrafos de Andrés Rivera. Permítanme, al igual que como él termina su libro “La revolución es un sueño eterno”, terminar este aporte. “Entre tantas preguntas sin responder, una será respondida: ¿Qué revolución compensará las penas de los hombres?

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