viernes, 22 de diciembre de 2006

1986-22 de diciembre-2006. A 20 AÑOS DE LA INSTALACION DE LA IMPUNIDAD EN EL URUGUAY.

El pasado 21 de noviembre, un conjunto de ciudadanos llamaron a la constitución de una Coordinadora Nacional por la anulación de la ley de caducidad.

Desde aquel 22 de diciembre de hace 20 años, el Poder Ejecutivo de los gobiernos blancos y colorados se pararon ante la puerta de los tribunales de justicia, impidiendo que el reclamo del derecho a la justicia se hiciera efectivo.
Los cambios que instalaron en el país los ciudadanos el pasado octubre de 2004, hicieron posible lo único que puede hacer un gobierno sin violentar el derecho interno vigente: permitir a partir de una aplicación no arbitraria ni antojadiza de la ley de caducidad que los ciudadanos pudieran presentarse ante los magistrados reclamando justicia.
Sin embargo ese avance sustancial que se produjo con relación a las gravísimas violaciones a los derechos humanos cometidas por la dictadura cívico-militar, no garantiza la vigencia del precepto democrático fundamental de que todos debemos ser iguales ante la ley.
Algunos de los responsables de los asesinatos de Michelini, Gitierrez Ruiz, Barredo y Withelau, pudieron ser enjuiciados, pero los responsables del asesinato de Hugo de los Santos, no.
Algunos de los responsables de la desaparición de Adalberto Soba, pudieron ser enjuiciados, pero los responsables de la desaparición de Gerardo Gatti y otros desaparecidos en Argentina, no.
Alguno co autor de la desaparición de Elena Quinteros pudo ser enjuiciado, pero los autores materiales del secuestro, no.
Pese a que el Poder Ejecutivo actual, no es el perro guardián de la impunidad instalado a las puertas de los tribunales, los ciudadanos que acuden a los juzgados no tienen la seguridad jurídica de que sus derechos serán atendidos. Ese triste y lamentable suerte para sus familiares y para la sociedad uruguaya, es la que sufrió el caso de María Claudia García del Gelman.

El mantenimiento en nuestro ordenamiento jurídico interno de una norma como la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado, no solo expone al país ante la comunidad internacional. También obliga al gobierno progresista a sujetarse a esa ley y trasladar esa desigualdad ante la ley, a las victimas.

No es este el modelo de convivencia social que las generaciones actuales reclaman con plena vigencia de los derechos humanos, sin miedos, sin impunidad y sin obstáculos para juzgar a quienes amparados en el poder de la dictadura, cometieron las más crueles violaciones de los derechos humanos.
A 20 años de instalada la impunidad, llamamos a los ciudadanos a suscribir el llamamiento de constitución de la Coordinadora Nacional por la anulación de la ley de caducidad y a sumarse a las actividades que conduzcan a ese fin.
Para ello, el 22 de diciembre se instalaran cientos de mesas en todo el pais, para que se adhieran a la misma.

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