Sobre el informe final de la Comisión para la Paz.

POR LA VERDAD Y LA JUSTICIA: ¿Dónde están?
Por Raul Olivera Alfaro
(Artículo publicado en el Nº 27 del Organo de difusión interna
del PIT/CNT “Trabajo y Utopía abril del 2003)

La sucesión de hechos y actitudes del Poder Ejecutivo que siguieron a la presentación del Informe Final de la Comisión Para la Paz determinan una vez más que el movimiento sindical, realice un pronunciamiento global sobre todos esos aspectos.

MÁS QUE UN “ESTADO DEL ALMA”
Desde la instalación de la citada Comisión y aún antes, cuando se sucedían las fórmulas de salida al tema de las violaciones a los de rechos humanos cometidas durante la dictadura, el PIT/CNT ha sido muy claro en sostener que para resolver definitivamente con verdad y justicia la paz entre los uruguayos, más que un “estado del alma”, se necesitaba un gobierno que con la valentía y dignidad, actuara de acuerdo a un estado de derecho, donde el conjunto de normas y leyes sean las que garanticen el respeto y la convivencia entre los habitantes de la Nación.
En ese sentido, pasa resolver un grave problema que no sólo afectaba a las familias de las víctimas, sino a toda la sociedad, esta administración invocó estados del alma, pero hizo más para asegurar la impunidad de los violadores de los derechos humanos, que por resolver adecuadamente las obligaciones del Estado al respecto.
Frente a lo que fue un despiadado terrorismo de Estado que cometió los más repugnantes crímenes y para ello puso en juego todo el aparato del Estado, se necesitaba que el Estado democrático, pusiera todos sus poderes para reparar integralmente las consecuencias de la acción del Estado terrorista. Fue muy poco, lo que esta administración, puso para esa tarea, por eso en su momento dijimos con respecto a la creación de la Comisión para la Paz, que si bien se podían producir algunos avances, parecía claro que las posibilidades de acción de la misma, no le permitirán arribar a definiciones en temas que son considerados necesarios no sólo por parte del PIT CNT, sino de acuerdo a las diversas recomendaciones de Organismos Internacionales.

EL DERECHO A LA VERDAD
El movimiento sindical, ha reclamado que el Estado, tuviera otras iniciativas que complementaran los objetivos de la Comisión para la Paz. Lo hizo ante un Tribunal, apoyando el reclamo de Tota Quinteros al derecho a la verdad, lo volvió a hacer ante una sede penal, reclamando justicia por la desaparición de Elena Quinteros. En las dos oportunidades, el Poder Judicial, respaldó esos reclamos mientras que el Poder Ejecutivo. o se burla de los dictámenes de ‘la justicia en el caso del recurso de amparo o se esfuerza para sacar de la cárcel a un delincuente como Blanco y preservar que no siga el mismo camino el ex dictador Juan María Bordaberry.
Por si eso fuera poco, durante esta administración, en otros aspectos vinculados a los derechos Humanos, persistió en conductas que afectaron seriamente, eventuales expectativas que, sin duda existieron en nuestra sociedad, en torno a una sana intención de lograr resolver el tema de las desapariciones de personas, y se persistió en el objetivo prioritario de preservar la impunidad y el anonimato de los autores de delitos gravísimos.
Las omisiones y complicidades de las administraciones anteriores, cuando existían y existen obligaciones jurídicas, políticas y éticas, con relación a los desaparecidos, no puede ser omitida a Fi hora de abalizar lo poco y limitado que puso el Estado por parte del Poder Ejecutivo para cumplir con esas obligaciones. Sería un profundo error, si desde nuestra óptica nos centráramos en ver si esa Comisión hizo más o menos de lo que individualmente se podía esperar de la honorabilidad y esfuerzo de sus integrantes.

RESPUESTA ÚNICA Y POBRE
Al haber hecho suyo el Poder Ejecutivo las conclusiones contenidas en el Informe Final, esa es la respuesta única y pobre con la que se pretende terminar con más de un cuarto de siglo de lucha. Si resulta inadecuado e incorrecto que la Comisión pretenda darles el carácter definitivas a unas conclusiones que no avanzan con certeza sobre aspectos fundamentales de la Memoria Histórica, resulta de suma gravedad que el Presidente Batlle lo consagre también así, cuando la citada Comisión sólo podía recibir, clasificar y recopilar información, no investigar.
Ahora el Presidente Batlle, afirma haber cumplido con el artículo 4°. A ello se negó en sede judicial, para no cumplirlo apeló contra el derecho de Tota Quinteros ante un Tribunal de Apelaciones; para no cumplir el artículo 4°, litigó en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, contra el petitorio de los familiares; para no cumplir el artículo 4°, mandó realizar gestiones para que Tota y el PIT/CNT, renunciaran a una sentencia favorable; para no cumplir el artículo 4°, no le encomendó a la Comisión investigar, le quitó toda posibilidad de actuar de acuerdo a los procedimientos que reglan una investigación administrativa como la que establece el artículo 4° de la Ley de Caducidad.
La Comisión y ahora el Presidente, dicen que “la información clave”, estaba en manos de policías o milita res. Esta admisión, para el Poder Ejecutivo y/o cualquier funcionario público, tiene implicancias muy graves. Si en el correr de los años 1986/87, el Poder Ejecutivo, mediante los Fiscales Militares que investigaron las desapariciones, enviaron oficios a las distintas fuerzas y dependencias y recibieron respuesta negativa en cuanto a la participación de militares en los hechos. ¿esto no merece una explicación? Si a esto se suma que la Comisión y ahora el Dr. Batlle, dicen que no todos los militares o policías estuvieron dispuestos a aportarle información. Si la Comisión y ahora el Ejecutivo, saben que alguien podía aportar información y se guarda la información durante casi un cuarto de siglo y ahora entrega esa información - está fuera de derecho, pero algunos lo aceptaron-, que sea objeto de una suerte de “encubrimiento” o “confidencialidad”. eso no puede extenderse a los que persisten en negar información que se dice está en poder de ellos.
El Dr. Batlle, hace suyo un informe que dice que los casos de desapariciones forzadas ocurridos fuera del territorio nacional, tuvieron un “elemental obstáculo de jurisdicción y soberanía de los países vecinos”, que dificultó que se pudiera actuar allí. Nadie ignora en este país, que esta administración, cuando en su jurisdicción - medios más efectivos que la propia Comisión, como lo es el Poder judicial-, quisieron investigar las desapariciones, se les negó toda cooperación, extendiendo indebidamente los alcances discutibles de la ley de caducidad.

DESDE EL MOVIMIENTO SINDICAL
Lejos estamos desde el movimiento sindical, en entrar a juzgar lo que por obra y gracia del Poder Ejecutivo se quiere transformar en la ver dad definitiva, en función de la sana y honesta convicción moral de sus integrantes. Sí creemos, que los aspectos que estaban a consideración, eran demasiado delicados, para que se pueda terminar diciendo que no podía hacer otra cosa y eso se acepte tranquilamente. Si alguien en una actividad oficial, constata sus limitaciones, debe enviar sus modestas conclusiones primarias, y sugerir, al menos, que otro poder del Estado (la justicia, por ejemplo), actúe según su competencia, condiciones y atribuciones. El Ministro de Defensa, hace pocas horas, no por su libre convicción o convicción moral, sino porque ello no consta en el Informe, puede decir que Elena Quinteros no fue ejecutada, solo que falleció.
Por ahora en el Uruguay, tanto por imperio de la ley de caducidad, como por la voluntad de una parte importante el sistema político y las intenciones del Dr. Batlle, la impunidad es un abrigo que se puede estirar hasta el infinito. Por lo que la afirmación de que con relación a las versiones aportadas con relación a las desapariciones ocurridas en territorio nacional, quienes las dieron nada obtendrían por aceptarlas o ratificar- las, nos permitimos decir que nada perderían dada la característica de la versión de que no existen más los restos. ¿Son las limitaciones de soberanía o que en los otros países aún actúa la justicia, lo que realmente explica la falta de respuestas a los que el Estado dictatorial secuestró y desapareció fuera de fronteras?

ASUMIMOS NUESTRA HISTORIA
No es Cierto como se afirma por parte de la Comisión y ahora por el Dr. Batlle, que el aporte de esta administración se limitó a verificar la verdad de los hechos. De ciertos aspectos de los hechos, debió decirse. El movimiento popular en nuestro país, siempre asumió con la prudencia y la grandeza, que hoy se nos reclama, su historia. Pero es difícil hacerlo, con una historia que se nos quiere imponer y en la que se nos quiere hacer compartir y equiparar responsabilidades. No es parte de nuestra memoria histórica, aquella que se formula muy genéricamente sobre las conductas de un Estado “sin control”. Quienes enfrentamos la dictadura, sabemos que se trató de un aparato represivo que actuó bajo el imperio de una ideología - de la Seguridad Nacional -, que justificó y fundamento su accionar.
Tampoco es parte de la verdad histórica, que en este país existieron detenciones y desapariciones que fueron parte de “procedimientos no oficiales o no reconocidas como tales ‘ Por el contrario, el terrorismo de Estado, secuestra y hace desaparecer operando con procedimientos de esa característica. Es parte de nuestra memoria histórica, que los opositores a la dictadura, eran sometidos a torturas en centros clandestinos de detención, pero que esos lugares de detención en su totalidad estaban en el interior de unidades militares o dependían de ellas, por lo que se desvirtúa una acción “sin control”o no oficial.
Lamentablemente, el “Estado del Alma” que tanto invocó el Presidente Batlle, no mueve un dedo para darla. Le preocupa más la situación de su correligionario Juan Carlos Blanco, la posibilidad de que el ex dictador, denunciado ante la Suprema Corte de Justicia, también deba rendir cuentas ante la justicia y lograr un punto final para el tema, que contri buir a una respuesta digna de un Estado de Derecho. Por lo expuesto, el próximo 20 de mayo, continuaremos levantando el reclamo de ¿Dónde están? Verdad y Justicia.

VERDAD HISTORICA.
Otro aspecto que desde nuestra condición, no podemos omitir calificar: Se dice que “las personas fallecidas” (ya no son detenidos-desaparecidos), en su enorme mayoría no integraban organizaciones subversivas. Preguntamos: ¿en una dictadura, donde están los subversivos? Respondemos: ¡En los civiles y militares que violaron la constitución y se adueñaron del gobierno del país! No hanía una guerra, es cierto. Pero los compañeros que la dictadu ra asesinó, se apropió de sus hijos, se les torturó, violó, encarceló, condenó al exilio, despidió de sus trabajos e hizo desaparecer, participaban de la lucha contra la dictadura. Esa es una verdad histórica que debió ponerse con mayúsculas.
Finalmente con relación a las versiones e informaciones sobre el destino de los restos de los desaparecidos, que sin dar ninguna prueba que la sustente, el Poder Ejecutivo intenta imponer por decreto, la misma es rechazada enfáticamente por el movimiento sindical. No sólo por carecer de una base probatoria, sino además, porque las “verdades” del colectivo militar, han dado sobradas muestras de su verdadero carácter, de los que hay ejemplos Simón Riquelo, había muerto; la nieta de Gelman, también; Eugenio Berríos estaba en Ita1ia; los militares y policías, nada tenían que ver con las desapariciones; algunos desaparecidos en Chile, que habían sido arrojados al mar, fueron encontrados enterrados en unidades militares; • Elena Quinteros y Julio Castro, habían salido del Uruguay, etc. ¿Por qué creerles?. El propio Informe, sobre este aspecto, termina “destacando que los uruguayos merecen a esta altura a juicio de este Cuerpo- una explicación más clara y contundente sobre el destino de los restos”.

GRAVES OMISIONES
La Comisión y ahora el Poder Ejecutivo, omiten toda mención a la denuncia sobre un segundo traslado de uruguayos en 1976 desde Argentina al Uruguay, denunciado por el propio P1T CNT. Tampoco nada, sobre lo testimonios entregados a la Comisión, que mencionan otro traslado en el año 1977. Nada sobre un testimonio que da cuenta de que habían sido vistos en Uruguay al menos dos uruguayos, que habían sido secuestrados y desaparecidos en la Argentina. Nada se dice. No tenemos ninguna explicación. Todas y cada una de esas denuncias fue ron entregadas a cara descubierta, sin embargo no tuvieron el privilegio de ser incluidas, al menos, como una “versión”, como lo fue, la dada en anonimato por “fuentes militares”, de múltiples operaciones que hicieron desaparecer nuevamente a los desaparecidos. Si es sobre esas denuncias, que la Comisión dice que se lo envía al Presidente, “para que éste disponga las actuaciones que entienda pertinentes sobre aquellos extremos que el cuerpo no ha logrado averiguar” la sociedad uruguaya tiene el derecho de saber, que actuaciones pertinentes realizó. Admite expresamente una renuncia a actuar de acuerdo a las potestades que él detenta y las que tienen el Estado en su conjunto.

UNA REGLA MUY DISCUTIBLE.
También le preocupa al movimiento sindical que la información que varias instituciones del Estado dicen haber aportado a la Comisión y por su intermedio al Poder Ejecutivo, relacionad con las desapariciones, se le aplique la discutible regla de “confidencialidad”, contribuyendo a mantener oscuro aspectos importantes de la verdad histórica.
Si las investigaciones que el entonces Presidente Sanguinetti le encomendó a los mismos autores de los delitos, a través de Fiscales militares, resulto una burla, el hecho que la Comisión “por expresas instrucciones” del Presidente, por ser “de su privativa competencia” no autorizara contactos institucionales con las Fuerzas Armadas, ni que se reuniera con los mandos y jerarquías respectivas, resulta ridiculo, para un organismo que dice haber actuado como una “Comisión de Verdad”.
En muchos de los anexos en los que se da cuenta de lista de casos, se incurre en una metodología en cuanh i a su clasificación, que agravia aún más la afirmación de que los secuestros (no detencio0nes como dice el Informe), fueron en procedimientod “no oficiales o no reconocidos como tales”.
El movimiento sindical, a poco de empezar a actuar la Comisón, reclamó públicamente que en la confección oficial de las listas de desaparecidos, se tomara en cuenta una clasificación que podía acercarse mas a la Verdad histórica. Esa clasiticacion debia determinar aquellas desapariciones forzadas realizadas con la participación directa o indirecta del Estado uruguayo y aquellas que se produjeron en el marco de situaciones de carácter nacional relacionadas con los paises donde ocurrió la misma.
Para el movimiento sindical, aun para parecerse en algo a una Comisión que intentaba recuperar la memoria histórica, esta, además de consignar las dificultades del largo tiempo trascurrido desde el acaecimiento de los hechos que dificulto la reconstrucción de lo sucedido, debía al menos consignar las responsabilidades del Estado, en la omisión de actuar durante todo ese tiempo, y más aún, en obstaculizar cuando desde algún ámbito se intentó actuar, incluida esta propia administración.