LAS MENTIRAS DE LA DICTADURA A LOS ORGANISMOS INTERNACIONALES

LAS MENTIRAS DE LA DICTADURA A LOS ORGANISMOS INTERNACIONALES.

El 26 de abril de 1977, once meses después de su desaparición es denunciada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, el caso. La nota de denuncia expresaba, “ …no se tienen noticias de su paradero. La alarma de sus allegados se acrecienta porque después de haber negado siempre tenerlo detenido, las autoridades afirman ahora que Chavéz `se fugo´…” .
El 5 de julio del mismo año, la OEA solicita al gobierno uruguayo información sobre el caso .
La dictadura en nota de fecha 10 de enero de 1978 informa a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, Chavez Sosa “miembro del proscrito Partido Comunista. El 24/2/76 se procede a efectuar un allanamiento de su domicilio, incautándose en él gran cantidad de material subversivo. En dicho procedimiento el ocupante estaba ausente, quedando pendiente su captura por su presunta vinculación con la actividad subversiva. Con fecha 28/5/76 fue detenido e internado al amparo de las Medidas Prontas de Seguridad, el 8/6/76 en circunstancias en que el detenido era trasladado a otro lugar, logra darse a la fuga, en la zona comprendida entre boulevard Propios y Teodoro Álvarez”.
Como lo establece el procedimiento usado por la C.I.D.H. la respuesta de la dictadura es comunicada al denunciante para que éste “…envíe a la brevedad posible sus observaciones sobre la respuesta del gobierno, junto con cualquier información nueva o complementaria, particularmente la que tienda a impugnar la respuesta de dicho gobierno”.
Pocos días después, en una extensa nota se formulan las observaciones a las mentiras de la dictadura. “La comisión podrá verificar que mi denuncia mencionó ya esta versión falsa y señaló las razones por la que ella motiva los más graves temores acerca del destino de la víctima. La pretendida fuga del señor Chávez se adujo por primera vez unos diez meses después del arresto, durante los cuales el arresto se negó sistemáticamente. Las autoridades negaron tener en su poder al Sr. Chávez, hasta que súbitamente declararon que se había fugado. Y estaba en su poder (lo confirma el informe) desde mayo. El panorama de obvia conjetura lúgubre sólo se modifica por el informe en un sentido confirmatorio, pues el informe aparece un año después de mi denuncia. Pero el Sr. Chávez no a aparecido con vida, ni libre ni preso. Ruego que la Comisión demande (…) pruebas fehacientes acerca de este caso. La convicción, obvia para quien conoce la realidad interna del Uruguay, de que el Sr. Chávez murió asesinado en reclusión, podía dejar margen tal vez para alguna esperanza; pero este informe sirve como golpe de gracia. La Comisión debe advertir que la versión oficial resulta mucho más ominosa aún como respuesta a una denuncia que ya mencionaba esa versión y señaló sus facetas inverosímiles y alarmantes. A una denuncia que hacía notar que “la alarma de sus allegados se acrecienta porque después de haber negado siempre tenerlo detenido, las autoridades afirman ahora que Chávez se fugó”, se contesta sin comentario alguno, sin desmentir que se había negado falsamente el arresto, confirmando la detención, y tratando a la Comisión con la misma ligereza que a los familiares de la víctima: se espera que la versión se admita llanamente. Todo es inverosímil en este informe. Y a ello cabe agregar aún una reflexión. Si Chávez se fugó cuando había motivos para tenerlo preso, ¿Por qué no se hizo nada para volver a capturarlo? (…). Nunca requirieron la captura de Chávez. Nunca mencionaron públicamente ni su arresto, ni su fuga, ni nada. ¿Por qué si se fugó, a quienes se interesaban por su paradero no se les dijo hasta muchos meses después?(Y ello ocurrió así, es cosa que la Comisión habrá de considerar cierta en falta de toda negativa del informe al respecto). Ruego que la Comisión tenga presentes las observaciones formuladas, y adopte la decisión que al caso corresponda”.

EL PAPEL DE LOS CIVILES EN LA CANCILLERIA DE LA DICTADURA.

El Informe Anual de la Comisión de Derechos Humanos a la asamblea General, presentado a la Asamblea General de la O.E.A en su noveno periodo de sesiones, fechado el 5/10/79, reiteraba a la dictadura uruguaya que “ …disponga una investigación completa e imparcial para determinar los autores de las muertes por apremios físicos de aquellas personas que se encontraban detenidas…”.
Juan Carlos Blanco había abandonado su rol de complicidad en los crímenes de la dictadura, en la Cancillería, pero tenía sus sucesores. Ese triste papel lo cumplían, por ejemplo, el Ministro de Relaciones Exteriores Adolfo Folle Martínez y el embajador del Uruguay ante la O.E.A Francisco Bustillo del Campo, que en nota a al Presidente de la C.I.D.H expresaban: “No existen pruebas de que hayan acaecido fallecimientos por premios físicos. Ni puede aceparse que eventuales deficiencias de información o en muy escasos casos carencias de ellas, puedan determinar una presunción más que formal para determinar responsabilidades (…) Existen en la legislación positiva salvaguardias para prevenir abusos contra los detenidos, y las autoridades han dado reiteradas muestras de que velan permanentemente por la estricta observancia de tal clase de normas”.
El cinismo de la respuesta de las autoridades uruguayas llevan a que la C.I.D.H, concluyera que “Esta respuesta indica que el gobierno de Uruguay no ha tomado y no piensa tomar ninguna medida para cumplir con la recomendación de la CIDH (…) no obstante existir una legislación adecuada en materia de protección de derechos humanos, el gobierno continúa actuando en contra de esa legislación”.


¿Y EN DEMOCRACIA?...TAMBIÉN!

El 20 de setiembre de 1989 el Presidente Sanguinetti, que había recibido del Juzgado Penal de 13º Turno la denuncia por la desaparición de Chávez Sosa, al igual que con la casi totalidad de las denuncias por desapariciones, encarga la investigación que ordena la ley de caducidad al Ministerio de Defensa. Y este Ministerio en el que se había materializado el acto criminal de la desaparición y las mentiras para su ocultamiento, le encomienda la investigación al Coronel José Sambucetti fiscal militar de 2º turno.
Es interesante analizar la diferencia existente en los procedimientos que aplicó el Coronel Sambucetti, en uno y otro caso, según surge del informe que el Ministerio de Defensa realiza a propósito de cómo cumplió las investigaciones del artículo 4º de la ley de caducidad. Por ejemplo a partir de que en las denuncias penales por desaparecidos en Buenos Aires en 1976, se sindicaban a varios militares como responsables de esos hechos, Sambucetti les tomo una parodia de interrogatorio a Cordero, Gavazzo, Campos Hermida y Ricardo Medina, sin embargo pese a que en la denuncia penal por Chavez Sosa existían varias personas identificadas como responsables Sambucetti no se toma la molestia de llamarlos. En otros casos, la parodia incluía sendos oficios a las distintas fuerzas solicitando información sobre la detención de la persona denunciada. Nada de esto aparece, en el citado informe del Ministerio de Defensa. Solo se consigna que 80 días después que se le encomienda la investigación, la misma había concluido .
Por supuesto que quedo sin explicación cómo podía ser que el Estado sostuviera que Chávez Sosa se había fugado, por otro lado en un juicio reparatorio abonara una gruesa suma de dinero por una desaparición que según él, no se había producido .

LA VERDAD POSIBLE.

La Comisión para la Paz, es su informe final concluye que “ …considera confirmada la denuncia de desaparición(…) que fue detenido el día 28 de mayo de 1976 (…)trasladado a la Base Aérea de Boiso Lanza y recluido en la perrera de dicha unidad, sometiéndole a torturas. (…)En la noche del 10 al 11 de junio de 1976 durante un intervalo de la tortura, comenzó a respirar con dificultad y falleció. Pocos minutos después, cuando arribó el médico, constató su deceso, al parecer a consecuencia de una falla cardiaca. (…) Para ocultar su deceso, se fraguó la falsa versión de que se había fugado el 8 de junio de 1976. (…) Sus restos- según información recibida- habrían sido primero enterrados en un lugar no especificado y después exhumados a fines del año 1984, incinerados y tirados al Río de la Plata”.
Hasta la fabricación de la falsa versión de la fuga, ya todo eso se sabía y estaba documentado en testimonios y conclusiones de organismos internacionales, lo nuevo, relativo al destino de los restos de Chavéz Sosa, parecían ser “la verdad posible” que la Comisión para la Paz había logrado. Nada se decía del lugar donde habían sido enterrados y por las dudas, que alguien reclamara saberlo, nos decía que ya no estaban allí, pues habían sido exhumados, cremados y tirados la mar. Punto final, para Chávez Sosa. ¿Podremos saber algún día, además de los autores materiales de su muerte, de su ocultamiento, quien era el médico que constató su deceso y también lo oculto?

LA VERDAD Y LA JUSTICIA, SIN ADJETIVOS.

El 24 de enero del 2006, los estudios forenses revelaron que Ubagesner Chávez Sosa era el primer desaparecido recuperado de los cementerios clandestinos de la dictadura, luego de tres décadas de hipocresía y sadismo. Luego de muchísimos años de silencio y ocultamiento, los restos de uno de los nuestros, habían sido encontrados en una chacra en las cercanías de la ciudad de Pando. Dicho hallazgo se había producido, luego que un informe de la Fuerza
Aérea Uruguaya diera las pistas necesarias para su ubicación.
Ahora la justicia deberá investigar las circunstancias de su muerte para -recién luego- consultar al Poder Ejecutivo si el crimen está o no amparado por la Ley de Caducidad. De acuerdo al proyecto interpretativo de la Ley de Caducidad actualmente a estudio del Parlamento, la justicia podrá condenar al o los autores
intelectuales del crimen (es decir: los mandos de la época), pero no a los autores materiales (los oficiales o clases que cumplieron la orden de
torturar hasta la muerte). Si el reclamo que se ha iniciado por parte del movimiento sindical y otras organizaciones de derechos humanos de proceder a anular la ley de caducidad, es el que finalmente se asume, habrá justicia como corresponde. Quizás así, como aquel regalo par su hija Valentina, el obrero metalúrgico, el militante político contra la dictadura, hoy nos traiga en sus manos de trabajador y constructor de una sociedad verdadera del pan y las rosas, la justicia que reclamamos.