jueves, 26 de octubre de 2006

LA DESCENTRALIZACION EN EL GOBIERNO CANARIO

Publicado en La República 26/10/06

El 24 de setiembre culminó formalmente con las instalaciones de las Juntas Locales de La Paz y Las Piedras un proceso que se había iniciado el 18 de julio en la ciudad de Pando. De esta forma se cumplió con la letra del programa que llevó a la izquierda al gobierno de Canelones y al Dr. Marcos Carámbula a ejercer la titularidad del gobierno departamental.
Pese la importancia que la materialización de ese proceso tiene, para muchos niveles de la sociedad paso desapercibida o no fue debidamente jerarquizada.
Los medios de información de carácter nacional, poco o ningún nivel de importancia le otorgaron al hecho de que mediante la instalación de 27 Juntas Locales y dos Comisiones Especiales Honorarias en 29 localidades del Departamento, 580 ciudadanos se incorporen efectivamente a la gestión de un gobierno departamental.
Es de honestidad admitirlo, que a nivel de la fuerza política que ejerce la conducción del gobierno canario, hay aspectos que evidencian una poco cabal comprensión de lo que implica para una política de cambio, ese proceso que como bien lo ha definido el Intendente “es una etapa bien importante en la construcción del modelo canario de participación y de descentralización”.
Esos 580 ciudadanos que inician esta primera etapa de la construcción de la participación de los vecinos en la definición y orientación de la gestión municipal, se suman a la actuación de los anteriormente designados Secretarios de las juntas locales y sus equipos de trabajo. Si a ello le agregamos el papel que deberán cumplir los trabajadores municipales y las organizaciones sociales existentes en el departamento, tendremos un mapa de múltiples y complejos mecanismos de relacionamiento entre la administración comunal y la sociedad.
Esto es algo demasiado importante, para dejarlo exclusivamente en manos de una dinámica “administrativa” o burocrática, de un problema de gestión. Los cambios que propuso y se propone llevar a cabo este gobierno, no son solo de gestión. Son cambios políticos en el sentido estricto del término. En ese marco es también acertada la definición del Intendente, cuando afirma que “debe ser una tarea sin precipitaciones pero permanente y sin pausas”.
La fuerza que detenta el gobierno canario, tiene de acuerdo a sus logros electorales últimos, una amplia mayoría en esos 580 Ediles Locales designados. De ahí que sea imprescindible que todo el elenco de gobierno supere algunas dificultades para visualizar un plan de gestión y a partir de ello pueda desarrollar una política de desarticulación de formas de gestión burocrática que aún perduran en muchas áreas. Resolver ese desafió, sin duda contribuirá a desarrollar otros niveles de involucramiento de la sociedad civil en el proceso de descentralización.
De ahí que el proceso de descentralización que establece nuestro programa de gobierno, necesite un conjunto de iniciativas a todos los niveles que aseguren la coherencia de esta instalación de las Juntas Locales con el programa transformador de la realidad canaria. En ese marco, tanto la puesta en marcha de ese proceso por parte del Ejecutivo Municipal con otras iniciativas complementarias (nueva reglamentación, creación y/o transformación de oficinas recaudadoras en Juntas Locales y cumplimiento estricto de las normas constitucionales que establecieron la forma de integración por los partidos políticos), debe ser acompañada de definiciones que estrictamente le competen a la fuerza política de la izquierda.
El proceso de descentralización culminó una de sus etapas y ahora corresponde – más vale tarde que nunca-, tomar definiciones políticas, teniendo en cuenta la importancia de la labor educativa que desarrolla una fuerza política a través de todas y cada una de sus conductas. Esa es una de las más importantes labores educativas para la participación, que nos compete como fuerza política.
Una gestión municipal que apunte a desarrollar mediante la descentralización, una creciente participación de los vecinos, se plantea, por cierto, un gran desafió al que deberá responder atendiendo aquellos aspectos básicos implícitos en la cultura ciudadana de los vecinos de Canelones. Resolverlo bien, será sin duda el mayor y más fecundo aporte al impulso y el desarrollo una nueva cultura de la participación.
En la fundamentación del presupuesto aprobado se habla de la “creación de instrumentos que permitan la apertura del gobierno municipal a los ciudadanos e instituciones dándoles un espacio en el diseño de políticas y en el control creciente sobre el gobierno para garantizar el pluralismo y la transparencia de la gestión”. Ahora de lo que se trata, es que esos instrumentos sean efectivos, y eso no solo depende de resoluciones que emerjan de la administración.
Desde hace bastante tiempo esta a consideración a nivel parlamentario y del Congreso de Intendentes la modificación de la ley 9.515 del 28-X-35. Esta normativa que regula la actividad de los gobiernos municipales, no debería ser analizada de manera tal que sólo fuera objeto de algunas modificaciones que dejen intactas una “lógica” con la que fue concebida y llevada a cabo la gestión en aspectos tan sensibles a los derechos de todos los ciudadanos. Cuando las instituciones del Estado tienen la voluntad política, ya sea de establecer nuevas normas o corregir las ya existentes, que regirán una actividad específica como lo es la de los gobiernos municipales deberían cumplir con dos requisitos imprescindibles: verlas en función de los cambios a los que se aspira llevar a cabo a nivel de la estructura jurídico-política, y para ello ser encaradas a partir de un gran debate político que las libere de las lógicas conservadoras que reproduce inevitablemente el Estado. Ojalá, que las conducciones políticas que surjan de las internas de noviembre próximo a nivel de la fuerza política que se encuentra en el gobierno, ayuden a ese proceso tan necesario para los cambios.

Raúl Olivera Alfaro.
Integrante de la Deptal del Frente Amplio de Canelones por el Partido Por la Victoria del Pueblo (Lista 567).
(Publicado en La República el 26/10/06)

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