El verdadero nunca más.

(Artículo publicado en el Organo de difusión interna
del PIT/CNT “Trabajo y Utopía Nº 69 junio del 2007)

Luego del discurso del Comandante en Jefe del Ejército, y la alocución del Presidente de la república en torno al día del “Nunca Más”, es importante realizar un análisis político de esos dos hechos y de sus antecedentes más inmediatos. Los politólogos y el sistema político, a los pocos minutos ya estaban realizando supuestos análisis concluyentes de esos hechos. Salvo aquellas reflexiones que en el correr de los días partieron de las organizaciones humanitarias y de la propia Coordinadora por la Nulidad de la ley de Caducidad, pocos han ubicado los análisis desde una óptica insoslayable: la que debe realizarse desde la política de derechos humanos que debe llevar adelante un Estado a partir de los actos de gobierno.
Pretendemos entonces, realizar este análisis desde esa óptica tratando de evitar caer en abordajes simplistas complacientes o hipercríticos.
Tanto desde el dictado del decreto de instalación del día del “Nunca Más” y la reciente explicación del alcance del mismo de las últimas horas, se ha avanzado en la construcción de una visión muy peculiar del Poder Ejecutivo sobre esta temática.
Es importante para realizar esta tarea que nos proponemos, identificar los componentes de esa visión. Tanto porque nos permitirá irlas evaluando adecuadamente, y con ello marcar sus claras inconveniencias. Uno de sus componentes fundacionales de esa visión es su objetivo no disimulado de la “reconciliación”. Otro aspecto esta relacionado a una visión que busca no expresarse con la claridad debida en la condena al terrorismo de Estado implícita en el concepto del Nunca Más. Y por último una visión reducionista del problema que omite constantemente toda referencia a las obligaciones internacionales.
Alguien podría preguntarse: ¿por qué nuestros señalamientos críticos a un discurso presidencial que dejo satisfecho tanto a la mayoría de la derecha y de la izquierda? Porque nos encontramos ante un discurso inteligente que logra neutralizar muchas de las múltiples y justificadas críticas que se habían desatado contra la resolución de fines del año pasado y el posterior envió del proyecto de ley de García Pintos, a partir de que parece haber convencido a ese sector de la opinión pública y política que lo que se esta haciendo es lo mejor, lo correcto y lo posible. En resumen, el Presidente transformó en más importante las palabras de su discurso, que los hechos a partir de los cuales se equiparó, el Terrorismo de Estado y los crímenes de lesa humanidad que este perpetró, con cualquiera de las otras formas de violencia.
¿Nos encontramos simplemente ante un desliz discursivo? Todo parece indicar que no. Se trata de una operación en la que se borra una trabajosa construcción que realizo la humanidad luego de vivir los horrores de fascismo. Y eso es un gravísimo error.
Dijo el Presidente Vazquez: “Ese "nunca más" no viene de copias, de modelos ajenos. Viene, por ejemplo, de la consigna de familiares de ciudadanos desaparecidos que viéramos en más de una marcha del 20 de mayo y que demandaba verdad, justicia y "nunca más". Viene de lo que tantos de nosotros y en múltiples oportunidades, cantáramos entonando el "uruguayos, nunca más, por los chiquitos que faltan, por los chiquitos que vienen, uruguayos nunca más". De ahí viene el "nunca más". Nuestro presidente, al igual que lo hicieron otros desde la salida de la dictadura, pretenden ser inventores de una suerte de marca registrada “hecho en Uruguay”. En ese marco nuestra transición fue “original”, nuestra ley de impunidad también, nuestra Comisión de la verdad, también…y por supuesto, el “nunca más” también a la uruguaya. Seguimos siendo la “comarca” el reino de Asterix. Por eso seguramente, nuestras fortalezas “a la uruguaya” nos salvan de las obligaciones internacionales, etc. Sería interesante, que una verdadera investigación histórica de los movimientos que se desarrollaron en torno a las denuncias de las violaciones a los derechos humanos por las dictaduras, para que las visiones que pretenden encontrar originalidades en el Uruguay, entiendan que esa lucha y esas consignas no se originaron ni en los 20 de mayo, y menos en una canción. De ahí, Cro Tabaré, no viene el Nunca Más. El Nunca Más, es el resumen de una lucha colectiva de las sociedades latinoamericanas arrasadas por las dictaduras de los años 70 y 80; de los familiares de las víctimas organizadas en FEDEFAM; en la labor de denuncia del exilio de las fuerzas opositoras a las dictaduras; de las organizaciones de derechos humanos.
Esfuerzo por un NUNCA MÁS efectivo, que se materializo en la Convención Latinoamericana sobre Desapariciones Forzadas de Personas y cada uno de los instrumentos jurídicos internacionales, que la Ley de Caducidad viola fragantemente.
La máxima autoridad del Estado que dice estar construyendo una revolución en política de derechos humanos no puede olvidar que a partir del Tribunal de Nüremberg la humanidad construyó la noción de crimen de lesa humanidad, separándola y distinguiéndola de cualquier otra forma de delito. Ese tipo de crimen especialmente grave, cometido por el Estado en el marco de la más absoluta impunidad y falta de garantías para las victimas, no puede ser equiparado a las formas de la violencia insurreccional o a la violencia política. Por eso cuando se dice NUNCA MÁS, sólo debemos referirnos a crímenes desde el Estado, crímenes cometidos por agentes públicos.
No se trata del nunca más a cualquier cosa o nunca más a cualquier forma de violencia. Confundir, equiparar como la hace el Decreto de diciembre pasado y continua haciéndolo el discurso presidencial, tiene efectos graves a la hora de evaluar las políticas de Estado en torno a los derechos humanos, pues atenta contra una de las categorías fundamentales de esa política: la de crímenes de lesa humanidad y con ellos se afectan muchos conceptos jurídico-políticos que trabajosamente la humanidad entera ha elaborado para protegerse de los abusos del Estado precisamente.
También de esa manera se afecta la noción de imprescriptibilidad, que luego de los crímenes de la segunda guerra mundial por parte del nazismo, se instala para que esos crímenes no puedan ser perdonados de ninguna manera a pesar del transcurrir del tiempo.
También se afecta la noción del carácter no amnistiable de estos delitos.
Esa afectación implícita en el discurso presidencial no es un descuido y menos una desprolijidad. Se trata de un tiro por elevación contra el reclamo de declaración de invalidez de la ley de Caducidad, con lo que ello implica de franco retroceso en materia de respetar los derechos humanos.
Es la existencia de ley de Caducidad, que va contra los tratados internacionales, la que se hace presente en el discurso presidencial y le marca los limites de sus políticas en materia de derechos humanos con respecto a nuestro pasado reciente.
Y lo que permite esa ley, en las políticas de Estado respecto a los derechos humanos, es este utópico equilibrio entre las reivindicaciones de la derecha y el estamento militar y los reclamos de las organizaciones defensoras de los derechos humanos y los organismos internacionales.
La revolución en política de derechos humanos, está en realidad en cuestionar la posibilidad de ese equilibrio y distinguir conceptual, simbólica e ideológicamente, el terrorismo de Estado que instalo en el país la dictadura cívico-militar con su secuela de torturas, crímenes, violaciones y desapariciones. La verdadera revolución es actuar con apego a las normas del derecho internacional, para que muchos de esos crímenes no se sigan cometiendo en la medida que los más 200 desaparecidos, siguen aún desaparecidos.
Es fundamental que a partir de lo que en el propio informe de los historiadores en el llamado “Libro Blanco” documentan y demuestran -la transformación del Estado, de garante del derecho de los ciudadanos, en organización criminal-, sea ejemplarmente clarificados (verdad) y juzgarlo estableciendo las responsabilidades correspondientes (Justicia). Sólo así, se garantizará el mentado NUNCA MÁS ante las amenazas del advenimiento de tiranías futuras o de violaciones futuras de los derechos humanos.
La mentada revolución en derechos humanos, debería articularse con los anunciados procesos de descentralización y reforma del Estado, y ser acompañadas de políticas de derechos humanos que sean garantías e impulsoras de la instalación en el país de una cultura ciudadana en la que éstos sean sujetos de esos derecho y fiscalizador de su vigencia y respeto.
De ahí la importancia de la labor educativa del Estado en ese sentido. Mal puede ejercerse esa labor educativa si en los discursos o en las resoluciones se caen en incoherencias y errores como los anotados. Necesitamos una política y gestos desde el Estado, que apuesten a que exista una política plena de derechos humanos que no pase por la reconciliación cuando ésta es imposible porque no hay posible reconciliación con los terroristas de Estado. La distancia que existe entre estos dos extremos, no es factible de borrarla con discursos; la reconciliación nacional no es una buena política de los derechos humanos, porque implica de alguna manera proteger o amparar a quienes violaron los derechos humanos.
La precisión acerca de la acción del terrorismo de Estado y clara diferenciación con otras formas de la violencia, no está en el discurso presidencial. No puede existir una política real de derechos humanos, manteniendo la vigencia de la ley de Caducidad. Porque esa norma viola los derechos humanos. Dicho de otra manera, la impunidad es violatoria de los derechos humanos en muchas dimensiones por lo que su mantenimiento se inscribe en una política de violación de los derechos humanos de las victimas de acceder a los tribunales.
En la medida que se mantiene vigente la ley de caducidad, se imposibilita en muchos casos el acceso a la justicia, además de que se mantiene impunidad sobre esos crímenes se afecta la protección de los derechos humanos. Y también se afecta la imagen del país, que aparece en el concierto internacional lesionando la garantía de los derechos de las personas consagrado entre otros, en la Convención Americana sobre derechos humanos. Si a estos hechos, se le suma el discurso del Comandante en Jefe del Ejército, negando la existencia del terrorismo de Estado cuando se refiere a actos individuales en los que la institución FFAA no es responsable.
Aceptar este concepto es no reconocer que el Estado (y las Fuerzas Armadas como parte de él) tienen responsabilidad por cuanto tienen mecanismos para identificar y localizar a los responsables, y sancionarlos.
Una política radical o revolucionaria en materia de derechos humanos supone depuración de las FF.AA. a quienes continúan reivindicado su actuación en el pasado, ocultando información.
El hecho de que algunas causas se haya logrado avanzar, no quiere decir que no hay problemas para que otras avancen, y que desde ese punto de vista siga siendo necesario anular la ley de ley de Caducidad.

Raúl Olivera
Integrante de la Secretaria de DD.HH y Políticas Sociales.