Publicado noviembre 2007 en Trabajo y Utopia
Los desafíos democráticos de una sociedad, siempre concluyen produciendo avances en la comprensión ciudadana sobre los temas en debate. Luchar contra la dictadura, para el pueblo uruguayo, significo un grado de compromiso aun mayor con la democracia, que aquel que estuvo planteado en los orígenes del autoritarismo con los desbordes del pachequismo.
Esto es así, tanto porque resolver esos desafíos implica desarrollar esfuerzos cívicos que para que sean efectivos deben contar con un arsenal de razones para ponerlos en acción, como por la confrontación de ideas que se ponen en el debate.
Por otra parte, importa de sobremanera, el escenario en que ese desafió se juega.
Con el desafió democrático que se plantea la Coordinadora por la Nulidad de la Ley de Caducidad, ocurre eso.
Es más, aun con el resultado adverso del desafió del voto verde, también ocurrió que de esa lucha, de esos debates ninguno que haya participado, salió igual a como entro.
Es bueno reconocer, que las expectativas desmedidas que se tenía en torno al resultado de aquel desafío tan desigual, produjo en el movimiento popular efectos negativos inmediatos importantes. Pero pasados esos efectos, la recomposición del movimiento popular se realizó desde bases más firmes. No entenderlo así, implicaría dejar sin una de sus explicación los avances que las ideas del cambio tuvieron en el Uruguay, y más aun los avances en la lucha por la verdad y la justicia que se han operado, desde aquella derrota de 1989 y este 2007 donde connotados represores están procesados y numerosas causas están abiertas.
Decíamos mas arriba que importaba de sobremanera, el escenario donde trascurren las luchas democráticas. En este caso de la lucha que empieza a desarrollarse con fuerza a lo ancho y largo del país, el escenario tiene límites muy precisos. Sin embargo, hay algunos aspectos que deberían resaltarse.
También es cierto que ese escenario, tiene una complejidad adicional: una de las resistencias parece, al menos por ahora, estar ubicada a nivel del gobierno ejercido por fuerzas históricamente comprometidas con la profundización de la democracia..
Gobierno que cuenta con fuerza institucional para resolver la situación, ya que cuenta con los votos suficientes para transitar cualquiera de los caminos posibles para terminar con la impunidad. Ya sea anulando la ley de caducidad por iniciativa parlamentaria, o poniendo sin restricciones su voluntad política para que sea el soberano, quien lo resuelva en última instancia.
Dentro de los aspectos, que creemos que deberían resaltarse en el escenario de esta lucha, hay uno que no es menor.
No es cierto que exista a nivel programático, una definición de la fuerza en el gobierno, que lo obligue a trabajar para mantener la ley de caducidad. Es cierto, que no alcanzaron los votos en el Congreso Héctor Rodríguez para establecer que la adecuación de nuestro ordenamiento legal interno con los compromisos internacionales asumidos por el Estado uruguayo, se hiciera con la anulación de la citada norma. Pero tampoco alcanzaron los votos reglamentarios, por la negativa.
Es bueno recordar, que finalmente este tema se laudo con una amplísima mayoría, reafirmando no solo que la impunidad constituía una traba para la vida democrática, sino que maniataba al futuro gobierno a HACER REALIDAD LA ADECUACIÓN DE NUESTRO ORDENAMIENTO LEGAL A LOS MANDATOS DE LA LEGISLACIÓN INTERNACIONAL.
Pero supongamos que la fuerza política que hoy es gobierno, hubiera sido mandatada por su Congreso, a mantener la ley de caducidad. ¿Qué pasaría?
Existiría un gobierno con una voluntad política contraria a una obligación que ya no es del gobierno, sino del Estado.
Cuando en el Uruguay, alguien comete un asesinato, el Estado a través de uno de sus Poderes, actúa y persigue a los autores de ese delito. Eso lo hace, independientemente que algún familiar del asesinado, reclame el castigo para el autor. Esto es así, porque investigar, hallar el culpable, juzgarlo y castigarlo, es una obligación del Estado. Tan es así, que en caso de delitos de ese tipo, la acusación corre por cuenta del representante del Estado (el fiscal). Es el Estado el que asume la capacidad punitiva de la conducta delictiva.
Sin embargo, hay asesinatos y delitos más graves que ese, como la desaparición, en la que el Estado no sólo no actúa amparado en la ley de caducidad, sino que tampoco en aquellos que no están incluidos en la caducidad de la Ley 15.848, actúa con la obligación que como Estado tiene de hacer actuar en todos los casos a la Justicia.
El Estado, espera a que algún familiar se presente ante los estrados judiciales, cuando por la índole de los delitos de que se trata, debería de ser él quien se constituyera en parte querellante mediante los Fiscales que están bajo su dependencia. Por esa razón no todos los casos que de acuerdo a la interpretación que de la caducidad realiza este gobierno, no están amparados por la caducidad, son investigados.
Este escenario donde hoy se desarrolla esta batalla para librar al Gobierno de la atadura que le impusieron la aprobación de la ley de caducidad, pasa por dejar claro que no se puede confundir las definiciones de una fuerza política, con las obligaciones que tiene el Estado.
Aceptar esa confusión de roles, conduce a cosas muy graves. Puede conducir, que dentro de tres años en caso de producirse un cambio de la fuerza que detenta el gobierno, ese nuevo gobierno de marcha atrás – porqué así se lo establezcan los organismos de esa fuerza política-,en algunas determinaciones que con relación a los hechos del pasado se tomaron. Y por ejemplo, los casos que permitieron la gran mayoría de los procesamientos de militares y policías, vuelva a estar dentro de la ley de caducidad, y que por esa razón los hoy procesados deban volver a estar libres.
Resumiendo una fuerza política, tiene la soberanía de votar como norte de sus conductas futuras, lo que quiera, siempre y cuando, esas resoluciones no vayan contra las obligaciones que tiene el Estado, independientemente de quien este al frente del gobierno.
Establecer la verdad sobre los crímenes de la dictadura y castigar a todos sus responsables, es una obligación del Estado uruguayo. Y no es un problema de mayor o menor voluntad política de quien coyunturalmente ejerza el gobierno.
Las condenas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA y de las Naciones Unidas, relacionadas a la ley de caducidad, son al Estado uruguayo.
Si la fuerza en el gobierno, no recorre el camino de anular la ley de caducidad, el voto de los uruguayos, tendrá dos logros: terminar con la impunidad y librar de la incongruencia a una fuerza política que confunde – si existiera- la definición de una fuerza política con una obligación del Estado. Que por otra parte, es irrenunciable.
De ahí, que también debe descartarse de plano, cualquier intención de atribuir esta campaña, como parte de una lucha contra el gobierno. Todo lo contrario.
Los desafíos democráticos de una sociedad, siempre concluyen produciendo avances en la comprensión ciudadana sobre los temas en debate. Luchar contra la dictadura, para el pueblo uruguayo, significo un grado de compromiso aun mayor con la democracia, que aquel que estuvo planteado en los orígenes del autoritarismo con los desbordes del pachequismo.
Esto es así, tanto porque resolver esos desafíos implica desarrollar esfuerzos cívicos que para que sean efectivos deben contar con un arsenal de razones para ponerlos en acción, como por la confrontación de ideas que se ponen en el debate.
Por otra parte, importa de sobremanera, el escenario en que ese desafió se juega.
Con el desafió democrático que se plantea la Coordinadora por la Nulidad de la Ley de Caducidad, ocurre eso.
Es más, aun con el resultado adverso del desafió del voto verde, también ocurrió que de esa lucha, de esos debates ninguno que haya participado, salió igual a como entro.
Es bueno reconocer, que las expectativas desmedidas que se tenía en torno al resultado de aquel desafío tan desigual, produjo en el movimiento popular efectos negativos inmediatos importantes. Pero pasados esos efectos, la recomposición del movimiento popular se realizó desde bases más firmes. No entenderlo así, implicaría dejar sin una de sus explicación los avances que las ideas del cambio tuvieron en el Uruguay, y más aun los avances en la lucha por la verdad y la justicia que se han operado, desde aquella derrota de 1989 y este 2007 donde connotados represores están procesados y numerosas causas están abiertas.
Decíamos mas arriba que importaba de sobremanera, el escenario donde trascurren las luchas democráticas. En este caso de la lucha que empieza a desarrollarse con fuerza a lo ancho y largo del país, el escenario tiene límites muy precisos. Sin embargo, hay algunos aspectos que deberían resaltarse.
También es cierto que ese escenario, tiene una complejidad adicional: una de las resistencias parece, al menos por ahora, estar ubicada a nivel del gobierno ejercido por fuerzas históricamente comprometidas con la profundización de la democracia..
Gobierno que cuenta con fuerza institucional para resolver la situación, ya que cuenta con los votos suficientes para transitar cualquiera de los caminos posibles para terminar con la impunidad. Ya sea anulando la ley de caducidad por iniciativa parlamentaria, o poniendo sin restricciones su voluntad política para que sea el soberano, quien lo resuelva en última instancia.
Dentro de los aspectos, que creemos que deberían resaltarse en el escenario de esta lucha, hay uno que no es menor.
No es cierto que exista a nivel programático, una definición de la fuerza en el gobierno, que lo obligue a trabajar para mantener la ley de caducidad. Es cierto, que no alcanzaron los votos en el Congreso Héctor Rodríguez para establecer que la adecuación de nuestro ordenamiento legal interno con los compromisos internacionales asumidos por el Estado uruguayo, se hiciera con la anulación de la citada norma. Pero tampoco alcanzaron los votos reglamentarios, por la negativa.
Es bueno recordar, que finalmente este tema se laudo con una amplísima mayoría, reafirmando no solo que la impunidad constituía una traba para la vida democrática, sino que maniataba al futuro gobierno a HACER REALIDAD LA ADECUACIÓN DE NUESTRO ORDENAMIENTO LEGAL A LOS MANDATOS DE LA LEGISLACIÓN INTERNACIONAL.
Pero supongamos que la fuerza política que hoy es gobierno, hubiera sido mandatada por su Congreso, a mantener la ley de caducidad. ¿Qué pasaría?
Existiría un gobierno con una voluntad política contraria a una obligación que ya no es del gobierno, sino del Estado.
Cuando en el Uruguay, alguien comete un asesinato, el Estado a través de uno de sus Poderes, actúa y persigue a los autores de ese delito. Eso lo hace, independientemente que algún familiar del asesinado, reclame el castigo para el autor. Esto es así, porque investigar, hallar el culpable, juzgarlo y castigarlo, es una obligación del Estado. Tan es así, que en caso de delitos de ese tipo, la acusación corre por cuenta del representante del Estado (el fiscal). Es el Estado el que asume la capacidad punitiva de la conducta delictiva.
Sin embargo, hay asesinatos y delitos más graves que ese, como la desaparición, en la que el Estado no sólo no actúa amparado en la ley de caducidad, sino que tampoco en aquellos que no están incluidos en la caducidad de la Ley 15.848, actúa con la obligación que como Estado tiene de hacer actuar en todos los casos a la Justicia.
El Estado, espera a que algún familiar se presente ante los estrados judiciales, cuando por la índole de los delitos de que se trata, debería de ser él quien se constituyera en parte querellante mediante los Fiscales que están bajo su dependencia. Por esa razón no todos los casos que de acuerdo a la interpretación que de la caducidad realiza este gobierno, no están amparados por la caducidad, son investigados.
Este escenario donde hoy se desarrolla esta batalla para librar al Gobierno de la atadura que le impusieron la aprobación de la ley de caducidad, pasa por dejar claro que no se puede confundir las definiciones de una fuerza política, con las obligaciones que tiene el Estado.
Aceptar esa confusión de roles, conduce a cosas muy graves. Puede conducir, que dentro de tres años en caso de producirse un cambio de la fuerza que detenta el gobierno, ese nuevo gobierno de marcha atrás – porqué así se lo establezcan los organismos de esa fuerza política-,en algunas determinaciones que con relación a los hechos del pasado se tomaron. Y por ejemplo, los casos que permitieron la gran mayoría de los procesamientos de militares y policías, vuelva a estar dentro de la ley de caducidad, y que por esa razón los hoy procesados deban volver a estar libres.
Resumiendo una fuerza política, tiene la soberanía de votar como norte de sus conductas futuras, lo que quiera, siempre y cuando, esas resoluciones no vayan contra las obligaciones que tiene el Estado, independientemente de quien este al frente del gobierno.
Establecer la verdad sobre los crímenes de la dictadura y castigar a todos sus responsables, es una obligación del Estado uruguayo. Y no es un problema de mayor o menor voluntad política de quien coyunturalmente ejerza el gobierno.
Las condenas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA y de las Naciones Unidas, relacionadas a la ley de caducidad, son al Estado uruguayo.
Si la fuerza en el gobierno, no recorre el camino de anular la ley de caducidad, el voto de los uruguayos, tendrá dos logros: terminar con la impunidad y librar de la incongruencia a una fuerza política que confunde – si existiera- la definición de una fuerza política con una obligación del Estado. Que por otra parte, es irrenunciable.
De ahí, que también debe descartarse de plano, cualquier intención de atribuir esta campaña, como parte de una lucha contra el gobierno. Todo lo contrario.
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