Publicado en Trabajo y Utopia.
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Los trabajadores han contado a partir de su condición de tales, con algunas ventajas y también dificultades para construir y mantener “su” cultura . Las formas en que se desarrolló la producción capitalista durante muchísimos años, permitió la existencia de “lugares comunes”, en el que trascurría más de la tercera parte de la vida de los hombres y las mujeres que vivían del esfuerzo de su trabajo: la fabrica, el taller, la oficina, la parcela de tierra, etc.
Instalar allí en ese mundo cargado y agobiado con las lógicas del mundo capitalista, una cultura de solidaridad, hermandad y fraternidad no fue una tarea fácil. Pero era una escuela, a la que con otros fines, los “alumnos” concurrían durante gran parte de su vida y donde la labor tesonera de militantes obreros avanzados realizaba su labor de difusores y propagandistas. Fue necesaria e imprescindible una persistente y prolongada acción de los portadores de la cultura “obrera”, para contrarrestar el individualismo, la competencia y la insolidaridad que imperaba dentro y fuera de los lugares de trabajo.
La constitución de los sindicatos para defender los problemas del llamado mundo de trabajo - en primera instancia muy ligados al ámbito de una fabrica -, fue la primera materialización de una batalla ganada por la “cultura obrera”. La construcción de las Federaciones de sindicatos y de la unidad de ellas en una Central o Convención, han sido pasos de gigante en el desarrollo de la cultura de los trabajadores.
Que esos avances han tenido sus efectos en otros niveles de la actividad social y política de los hombres y mujeres de nuestro país, es algo que esta fuera de discusión. Es impensable en nuestro país la construcción de la unidad política de la izquierda, sin ver y comprender en su justa dimensión, la unidad sindical que le precedió.
El superar el economicismo, el corporativismo y entender la importancia de levantar un Programa global para la sociedad desde las herramientas del movimiento sindical, es un paso gigante que dieron los trabajadores en nuestro país. Y es por esa razón que la fortaleza de una fuerza sindical, debe ser medida en función de la relación dialéctica entre la perentoria satisfacción de las reivindicaciones más inmediatas y los niveles de conciencia alcanzados por el instrumento sindical y los trabajadores en tanto ciudadanos, actores políticos en los procesos de cambio.
Sin embargo, la proyección política de los trabajadores y sus instrumentos de lucha - los sindicatos -, en cuanto actor político, hacen necesaria la existencia de un componente continuamente amenazado de tentaciones: la independencia de clase.
Ni el seguidismo a las políticas oficiales, ni desentenderse de los desafíos globales de la sociedad, son elementos que contribuyan al mayor desafío de nuestra sociedad: la profundización de la democracia.
Es en el escenario de más democracia, donde los trabajadores tienen mayores posibilidades de conquistar un mundo mejor, más justo, más solidario y con justicia social. Por esa razón el trabajar denodadamente para ser portadores de una cultura democrática y con ella actuar a nivel de la sociedad, es una práctica arraigada en la mayoría de las organizaciones sociales uruguayas.
Enmarcado en esa concepción, es explicable la lucha contra el autoritarismo militar, los cientos de vidas entregadas, la resistencia a la dictadura y la actual lucha contra la impunidad que hoy esta articulada con la campaña por la nulidad de la ley de caducidad.
Y no es de extrañar, que ese aspecto este presente a la hora en que hombres y mujeres en los ámbitos políticos, deban pronunciarse sobre esos temas.
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Una resiente decisión de la fuerza política en el gobierno relacionada con la lucha contra la impunidad mediante la nulidad de la ley de caducidad, pretendió ser presentada por alguna prensa, como una conducta de desafió a las fuerzas políticas electoralmente mayoritarias. Ningún medio, ningún politólogo aventuro siquiera, si esa conducta respondía o no a las convicciones democráticas arraigadas en nuestra sociedad, a una cultura democrática que necesita algo más que un simple calculo de la política partidaria de ocasión, para torcer su instinto democrático radical.
El llamamiento formulado por la Comisión por la declaración de nulidad de la ley de caducidad, expresa que “La ley de caducidad fue aprobada bajo amenaza militar contra los más elementales principios éticos y jurídicos de la República”, pues es contra esa amenaza y por esos principios éticos, que la fuerza de gobierno decidió sumarse al esfuerzo originariamente iniciado por el movimiento sindical para anular la ley de caducidad. Es a eso y no a otra cosa que esta enfilado el desafió de aquella decisión.
Los politólogos que tratan de explicar las conductas políticas en nuestro país, deberían abocarse a analizar este fenómeno, donde las fuerzas que electoralmente hace tres años representaron los mayores caudales de votos, no sean representadas en la decisión del Plenario de la fuerza de gobierno.
Adelantamos, que cualquier evaluación que no incorpore el dato de que en el movimiento sindical existe una posición unánime coincidente con la resolución del Frente Amplio, es una opinión que no busca esclarecer, sino confundir. No hay en el Uruguay individuos que actúen a nivel de las organizaciones sociales – en este caso en el movimiento sindical -, y otros que actúen en los ámbitos políticos. Tampoco en el movimiento cooperativo, o de los jubilados o de los estudiantes.
Entonces - salvo que se pretenda concluir que en ninguna de esas organizaciones existen ámbitos democráticos donde se deciden los posicionamientos -, el haberse sumado esas organizaciones a la tarea de anular la ley de caducidad incluye buena parte del electorado de las fuerzas que se han mostrado poco o nada proclives a dicha anulación.
El ignorar ese dato, ayuda a una visión que tampoco busca aclarar sino confundir y que centra su análisis y conclusión en un cuestionamiento a la representatividad de las bases que fueron quienes pusieron en mayor caudal de votos para hacer efectiva la decisión del Plenario del Frente Amplio. Según esta visión hay un 50% de los integrantes del Plenario – la representación de las Bases, de la parte del Movimiento -, que no tiene una representatividad genuina.
Admitamos por un momento, que eso fuera cierto. No conocemos que ninguna de las organizaciones políticas no proclives a la nulidad de la ley de caducidad, haya convocado a sus votantes para que se pronuncie sobre ese tema. Es mas, la convocatoria de la Comisión por la Nulidad de la ley, les daría esa oportunidad, pues sus votantes anónimos y no consultados actualmente, tendrían la posibilidad democrática de pronunciarse sobre la conveniencia o no de mantener esa ley en nuestro ordenamiento legal interno y seguir desafiando los pronunciamientos de los organismos internacionales.
Frente a este razonamiento, no es de asombrarse que aparezca otro argumento nada innovador ya que se ha instalado como una verdad indiscutible: ya la fuerza política se pronuncio en el Congreso Héctor Rodríguez y la ciudadanía se pronuncio votando un programa que decía que se mantendría vigente la ley de caducidad y que su compromiso llegaba solamente al cumplimiento del articulo 4to de dicha ley. Y por ende modificar esa posición original seria traicionar la voluntad democráticamente expresada por los uruguayos en las ultimas elecciones.
Más allá de que desafiamos a cualquier persona que nos presente un documento de la fuerza política aprobado en el citado Congreso Héctor Rodríguez, que exprese que se mantendría la ley de caducidad. No existe.
3
Nadie duda que este gobierno al interpretar la ley de Caducidad en términos tales que habilitan el juzgamiento de oficiales militares y policiales y sus cómplices civiles relacionado a algunos casos, ha dado pasos de siete leguas en la tarea de avanzar en el camino de la verdad y la justicia. Al abrir camino para que fueran investigadas y resueltas por el Poder Judicial algunas de las violaciones a los Derechos Humanos, el gobierno ha dado pasos sustantivos en el proceso democratizador. Es un logro republicano de enorme significación.
Sin embargo es necesario avanzar más. En eso esta el movimiento sindical, las organizaciones defensoras de los derechos humanos, y ahora formalmente lo está la fuerza política que obtuvo la mayoría de las voluntades ciudadanas en el último acto electoral.
El ya citado Congreso Héctor Rodríguez, lo único que pudo resolver logrando los votos necesarios para ello de acuerdo a sus Estatutos, es que el gobierno progresista adecuaría la legislación interna (ley de caducidad) a los compromisos adquiridos por el Uruguay ante la comunidad internacional (legislación internacional). Como bien lo evalúa el Dr. Javier Miranda – integrante de la organización de los familiares de desaparecido-, "la lectura actual" del gobierno de Tabaré Vázquez a los alcances de la Ley de Caducidad "es más acorde a los tratados internacionales firmados por Uruguay".
La profundización de la democracia, necesita de un pronunciamiento con relación a la ley de caducidad, que sea algo más que un acercamiento a lo que manda la legislación internacional. Necesita estar acorde a ellos, sin ninguna relativización.
Ni tampoco a una lectura de un gobierno de turno. De no ser así, la vigencia plena de los derechos humanos quedaría librada a la amenaza que días pasados dejara caer el diputado García Pintos: “abran los ojos los responsables de esta cacería de orientales, porque no deben olvidar que la tierra es redonda y rota sobre su eje, pasando muy seguido por el mismo lado”. Los trabajadores y la inmensa mayoría del pueblo uruguayo saben lo que paso cuando el país pasó por el “lado” que aspira García Pintos: crímenes, desapariciones, torturas, pérdida de elementales derechos ciudadanos y gobiernos que en democracia trabajaron para mantener impunes esos delitos.
Raúl Olivera Alfaro.
19/4/08
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Los trabajadores han contado a partir de su condición de tales, con algunas ventajas y también dificultades para construir y mantener “su” cultura . Las formas en que se desarrolló la producción capitalista durante muchísimos años, permitió la existencia de “lugares comunes”, en el que trascurría más de la tercera parte de la vida de los hombres y las mujeres que vivían del esfuerzo de su trabajo: la fabrica, el taller, la oficina, la parcela de tierra, etc.
Instalar allí en ese mundo cargado y agobiado con las lógicas del mundo capitalista, una cultura de solidaridad, hermandad y fraternidad no fue una tarea fácil. Pero era una escuela, a la que con otros fines, los “alumnos” concurrían durante gran parte de su vida y donde la labor tesonera de militantes obreros avanzados realizaba su labor de difusores y propagandistas. Fue necesaria e imprescindible una persistente y prolongada acción de los portadores de la cultura “obrera”, para contrarrestar el individualismo, la competencia y la insolidaridad que imperaba dentro y fuera de los lugares de trabajo.
La constitución de los sindicatos para defender los problemas del llamado mundo de trabajo - en primera instancia muy ligados al ámbito de una fabrica -, fue la primera materialización de una batalla ganada por la “cultura obrera”. La construcción de las Federaciones de sindicatos y de la unidad de ellas en una Central o Convención, han sido pasos de gigante en el desarrollo de la cultura de los trabajadores.
Que esos avances han tenido sus efectos en otros niveles de la actividad social y política de los hombres y mujeres de nuestro país, es algo que esta fuera de discusión. Es impensable en nuestro país la construcción de la unidad política de la izquierda, sin ver y comprender en su justa dimensión, la unidad sindical que le precedió.
El superar el economicismo, el corporativismo y entender la importancia de levantar un Programa global para la sociedad desde las herramientas del movimiento sindical, es un paso gigante que dieron los trabajadores en nuestro país. Y es por esa razón que la fortaleza de una fuerza sindical, debe ser medida en función de la relación dialéctica entre la perentoria satisfacción de las reivindicaciones más inmediatas y los niveles de conciencia alcanzados por el instrumento sindical y los trabajadores en tanto ciudadanos, actores políticos en los procesos de cambio.
Sin embargo, la proyección política de los trabajadores y sus instrumentos de lucha - los sindicatos -, en cuanto actor político, hacen necesaria la existencia de un componente continuamente amenazado de tentaciones: la independencia de clase.
Ni el seguidismo a las políticas oficiales, ni desentenderse de los desafíos globales de la sociedad, son elementos que contribuyan al mayor desafío de nuestra sociedad: la profundización de la democracia.
Es en el escenario de más democracia, donde los trabajadores tienen mayores posibilidades de conquistar un mundo mejor, más justo, más solidario y con justicia social. Por esa razón el trabajar denodadamente para ser portadores de una cultura democrática y con ella actuar a nivel de la sociedad, es una práctica arraigada en la mayoría de las organizaciones sociales uruguayas.
Enmarcado en esa concepción, es explicable la lucha contra el autoritarismo militar, los cientos de vidas entregadas, la resistencia a la dictadura y la actual lucha contra la impunidad que hoy esta articulada con la campaña por la nulidad de la ley de caducidad.
Y no es de extrañar, que ese aspecto este presente a la hora en que hombres y mujeres en los ámbitos políticos, deban pronunciarse sobre esos temas.
2
Una resiente decisión de la fuerza política en el gobierno relacionada con la lucha contra la impunidad mediante la nulidad de la ley de caducidad, pretendió ser presentada por alguna prensa, como una conducta de desafió a las fuerzas políticas electoralmente mayoritarias. Ningún medio, ningún politólogo aventuro siquiera, si esa conducta respondía o no a las convicciones democráticas arraigadas en nuestra sociedad, a una cultura democrática que necesita algo más que un simple calculo de la política partidaria de ocasión, para torcer su instinto democrático radical.
El llamamiento formulado por la Comisión por la declaración de nulidad de la ley de caducidad, expresa que “La ley de caducidad fue aprobada bajo amenaza militar contra los más elementales principios éticos y jurídicos de la República”, pues es contra esa amenaza y por esos principios éticos, que la fuerza de gobierno decidió sumarse al esfuerzo originariamente iniciado por el movimiento sindical para anular la ley de caducidad. Es a eso y no a otra cosa que esta enfilado el desafió de aquella decisión.
Los politólogos que tratan de explicar las conductas políticas en nuestro país, deberían abocarse a analizar este fenómeno, donde las fuerzas que electoralmente hace tres años representaron los mayores caudales de votos, no sean representadas en la decisión del Plenario de la fuerza de gobierno.
Adelantamos, que cualquier evaluación que no incorpore el dato de que en el movimiento sindical existe una posición unánime coincidente con la resolución del Frente Amplio, es una opinión que no busca esclarecer, sino confundir. No hay en el Uruguay individuos que actúen a nivel de las organizaciones sociales – en este caso en el movimiento sindical -, y otros que actúen en los ámbitos políticos. Tampoco en el movimiento cooperativo, o de los jubilados o de los estudiantes.
Entonces - salvo que se pretenda concluir que en ninguna de esas organizaciones existen ámbitos democráticos donde se deciden los posicionamientos -, el haberse sumado esas organizaciones a la tarea de anular la ley de caducidad incluye buena parte del electorado de las fuerzas que se han mostrado poco o nada proclives a dicha anulación.
El ignorar ese dato, ayuda a una visión que tampoco busca aclarar sino confundir y que centra su análisis y conclusión en un cuestionamiento a la representatividad de las bases que fueron quienes pusieron en mayor caudal de votos para hacer efectiva la decisión del Plenario del Frente Amplio. Según esta visión hay un 50% de los integrantes del Plenario – la representación de las Bases, de la parte del Movimiento -, que no tiene una representatividad genuina.
Admitamos por un momento, que eso fuera cierto. No conocemos que ninguna de las organizaciones políticas no proclives a la nulidad de la ley de caducidad, haya convocado a sus votantes para que se pronuncie sobre ese tema. Es mas, la convocatoria de la Comisión por la Nulidad de la ley, les daría esa oportunidad, pues sus votantes anónimos y no consultados actualmente, tendrían la posibilidad democrática de pronunciarse sobre la conveniencia o no de mantener esa ley en nuestro ordenamiento legal interno y seguir desafiando los pronunciamientos de los organismos internacionales.
Frente a este razonamiento, no es de asombrarse que aparezca otro argumento nada innovador ya que se ha instalado como una verdad indiscutible: ya la fuerza política se pronuncio en el Congreso Héctor Rodríguez y la ciudadanía se pronuncio votando un programa que decía que se mantendría vigente la ley de caducidad y que su compromiso llegaba solamente al cumplimiento del articulo 4to de dicha ley. Y por ende modificar esa posición original seria traicionar la voluntad democráticamente expresada por los uruguayos en las ultimas elecciones.
Más allá de que desafiamos a cualquier persona que nos presente un documento de la fuerza política aprobado en el citado Congreso Héctor Rodríguez, que exprese que se mantendría la ley de caducidad. No existe.
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Nadie duda que este gobierno al interpretar la ley de Caducidad en términos tales que habilitan el juzgamiento de oficiales militares y policiales y sus cómplices civiles relacionado a algunos casos, ha dado pasos de siete leguas en la tarea de avanzar en el camino de la verdad y la justicia. Al abrir camino para que fueran investigadas y resueltas por el Poder Judicial algunas de las violaciones a los Derechos Humanos, el gobierno ha dado pasos sustantivos en el proceso democratizador. Es un logro republicano de enorme significación.
Sin embargo es necesario avanzar más. En eso esta el movimiento sindical, las organizaciones defensoras de los derechos humanos, y ahora formalmente lo está la fuerza política que obtuvo la mayoría de las voluntades ciudadanas en el último acto electoral.
El ya citado Congreso Héctor Rodríguez, lo único que pudo resolver logrando los votos necesarios para ello de acuerdo a sus Estatutos, es que el gobierno progresista adecuaría la legislación interna (ley de caducidad) a los compromisos adquiridos por el Uruguay ante la comunidad internacional (legislación internacional). Como bien lo evalúa el Dr. Javier Miranda – integrante de la organización de los familiares de desaparecido-, "la lectura actual" del gobierno de Tabaré Vázquez a los alcances de la Ley de Caducidad "es más acorde a los tratados internacionales firmados por Uruguay".
La profundización de la democracia, necesita de un pronunciamiento con relación a la ley de caducidad, que sea algo más que un acercamiento a lo que manda la legislación internacional. Necesita estar acorde a ellos, sin ninguna relativización.
Ni tampoco a una lectura de un gobierno de turno. De no ser así, la vigencia plena de los derechos humanos quedaría librada a la amenaza que días pasados dejara caer el diputado García Pintos: “abran los ojos los responsables de esta cacería de orientales, porque no deben olvidar que la tierra es redonda y rota sobre su eje, pasando muy seguido por el mismo lado”. Los trabajadores y la inmensa mayoría del pueblo uruguayo saben lo que paso cuando el país pasó por el “lado” que aspira García Pintos: crímenes, desapariciones, torturas, pérdida de elementales derechos ciudadanos y gobiernos que en democracia trabajaron para mantener impunes esos delitos.
Raúl Olivera Alfaro.
19/4/08
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