viernes, 2 de mayo de 2008

En el "caso Tróccoli", no todos somos responsables.

Articulo publicado en TRabajo y Utopia Nº 78 mayo 2008

A este Estado hay que cambiarlo, de arriba abajo y de abajo a arriba.
Hay que domarlo, hacerlo sociable, útil para la comunidad.
Sacarle las mañas, la mala leche y el veneno.
Terminar con esa infinita, detallada y minuciosa manera que tiene el poder administrador de ser factor de hostilidad y de estafa ante el pueblo y sus propios funcionarios.
(Hugo Cores)

Mientras el represor goza de una libertad inmerecida en Italia, los uruguayos parecen estar condenados a debatir los minutos, horas o días que se malgastaron desde que el Estado uruguayo supo de la detención del ex marino prófugo y los tres meses de plazo que tenía para solicitar su extradición y no lo hizo en tiempo. Esto ha sido objeto de minuciosos exámenes.
Parecería que cuanto más se diluyen las responsabilidades en los distintos tramos, que un trámite de ese tipo conlleva, más se diluyen las responsabilidades únicas e intransferibles del Estado uruguayo.
Es más, hasta se intenta estirar las responsabilidades a áreas que escapan a las responsabilidades directas del Estado, cuando éstas se trasladan a las personas que debieron traducir al italiano el voluminoso expediente.
En medio de esa operación donde el Estado y quienes están en su administración – el gobierno-, tratan de sacarse el lazo, aparece la ocurrente conclusión de un Senador de la República de que “todos somos responsables”. Y como todos somos responsables, ¿no hay nada que averiguar, ningún funcionario que sancionar, ninguna responsabilidad que establecer? ¿ Es solamente una “pelotudez telúrica” como la cataloga el Senador, de la que no están librados los familiares de las víctimas que durante muchísimos años han tenido que enfrentar la desidia y la complicidad del Estado y los abogados de estos, que en forma honoraria asumieron su representación?
Esta absolutamente claro y fuera de discusión de que el expediente librado por el Juez Charles para la justicia peninsular, llegó en tiempo a Roma por lo que existía plazo suficiente para presentar el pedido de extradición por quien cobra sueldo para ello.
Esta claro también, que los tramites que correspondían fueran realizados por el Poder Judicial, a través de la contratación de Traductoras públicas y los trámites previos para que ello fuera posible, fueron en un lapso de tiempo excesivo que no excusa la omisión final. Y que la falta de utilidad de la traducción de todo el expediente, resulta a la postre dinero malgastado de los ciudadanos, pues hasta ahora, todo parece indicar que no podrá ser utilizado.
A todo esto se suma, que el episodio ocurre en momentos en que esta a consideración una reforma del Estado, con el objetivo de transformarlo “para convertirlo en una estructura participativa, al servicio del ciudadano, en palanca del desarrollo productivo y en escudo de los débiles”. Los hechos del que nos ocupamos, nos muestran palmariamente que el Estado no estuvo en estos episodios al servicio de los ciudadanos y que en vez de ser un escudo de los débiles, lo fue de los genocidas como Tróccoli.
Es cierto que como se sostiene desde el documento que fundamenta las trasformaciones del Estado que impulsa el actual gobierno, “no debemos esperar que a través de una ley o decreto se cambie todo de un plumazo”. Pero principio tienen las cosas, si de lo que se trata es de responder a la exigencia de la gente que “quiere un Estado más moderno y eficiente, más humano e inclusivo, más cercano y más rápido”.
Si la ineficiencia, lo inhumano y lo lento, es una “pelotudes telúrica”, como sostiene el Senador, es hora de poner en práctica la estrategia que en el propio gobierno se pregona para “fortalecer una posición pro-activa del gobierno en materia de liderazgo de la reforma en el conjunto de la población”, librándonos de los sujetos que practican esas pelotudeses telúricas. No hacerlo es legitimar otra esfera de la impunidad, la de la arrogancia burocrática.
Pero si de lo que se trata es de fortalecer una posición pro-activa del gobierno en la transformación democrática del Estado, hay otros niveles del problema en este caso.
Recordemos que la omisión y la complicidad del Estado democrático uruguayo frente a su responsabilidad de establecer la verdad y castigar a los responsables de los crímenes del Estado dictatorial, obligó a que los familiares de las víctimas de esos crímenes y las organizaciones de derechos humanos acudieran ante tribunales de justicia de otros países para lograr en ellos ese legítimo e irrenunciable derecho a la verdad y la justicia. Más de una vez, esas posibilidades que se materializaban en decisiones de Tribunales de Argentina, de España, de Paraguay y de Italia, naufragaban ante la voluntad política de los gobiernos uruguayos de turno que no cooperaban o no hacían lugar a las solicitudes de aquellos tribunales extranjeros que querían información o la comparecencia de militares y policías. Hasta en algunos casos existió una posición pro-activa de aquellos gobiernos en materia de liderazgo en la consolidación de un reino de la impunidad, impulsando y coordinando leyes de indulto en la Argentina de Carlos Mennen.
Cada uno de esos esfuerzos realizados desde la sociedad civil tendientes a subsanar la omisión del Estado uruguayo, significo grandes esfuerzos humanos y materiales. Y cada una de las frustraciones ocasionadas por la acción u omisión de los gobiernos sostenedores de las políticas de impunidad, no sólo impedían la materialización o los avances en la verdad y la justicia; también atentaban contra aquellos esfuerzos humanos y materiales de la sociedad civil.
Durante muchísimos años el esclarecimiento de los hechos del pasado dictatorial a través de los testimonios, de la documentación, de la información en poder de las personas, estuvo atravesada por dos corrientes de acción; por un lado una desde el campo de las victimas que trataba de reconstruir los hechos e identificar responsabilidades, y por el otro desde el campo de los victimarios que con la complicidad o la omisión del Estado, ocultaba, obstaculizaba, desestimulaba y destruía toda posibilidad de esclarecimiento de los hechos.
En el marco de esa voluntad política de los gobiernos anteriores de consagrar y asegurar la impunidad, no es de extrañar que conocidos violadores a los derechos humanos continuaran ascendiendo en su carrera militar o policial, que connotados cómplices – como es el caso de los diplomáticos que redactaron el memorando secreto sobre el destino de Elena Quinteros-, continuaran su carrera diplomática sin siquiera sufrir una leve amonestación en sus fojas de servicio.
El cambio en la fuerza política que esta al frente de la acción del Estado, debe ser también un cambio en ese escenario. Y ese cambio implicaría por ejemplo que el Estado hurgara sin restricciones en sus archivos para aportar a la justicia los elementos que permitan identificar responsabilidades y castigar a sus autores. Implicaría por ejemplo, que todas y cada uno de los delitos de lesa humanidad cometidos por la dictadura- y que son de conocimiento del Estado-, fueran puestas en conocimiento de los tribunales uruguayos para que estos apliquen las penas que correspondan a cada uno de los responsables. Esto último, no es posible, pues el Gobierno no puede hacer con una mano, lo que impide con la otra en función de la aplicación de la ley de caducidad. Por esa razón anular dicha norma, es una contribución para que ese comportamiento pro-activo del gobierno, sea posible.
Los caminos de la Transformación democrática del Estado, también pasa por ese lado. Sin ninguna duda.

Raúl Olivera
20/5/08

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