INFORME PARA VENEZUELA SOBRE DERECHOS HUMANOS EN EL GOBIERNO ACTUAL. (31/10/08)
NOTA: En razón de que en Uruguay - pese a que ya han trascurrido 22 años del fin de la dictadura (1973-1984)-, el tema de las violaciones a los derechos humanos acaecidas durante la dictadura no ha sido solucionado con verdad y justicia, cuando se hace referencia a la problemática de los derechos humanos, se entiende que se está hablando de las conductas de la pasada dictadura.
1) La especial relación del Estado democrático uruguayo con las conductas del Estado terrorista del pasado, ha sido una constante en la agenda política de estos últimos 22 años. Con altibajos, no ha existido período de gobierno: Julio María Sanguinetti, del partido colorado (1985- 1989); Luis Alberto Lacalle, del partido blanco ( 1990- 1994); Julio María Sanguinetti, del partido colorado (1995-1999); Jorge Batlle del partido colorado (2000-2004) y Tabaré Vázquez del Frente Amplio ( 2005-2009); en que este tema vinculado al tema militar haya ordenado gran parte de la agenda política del país.
2) Pese al compromiso que habían asumido todos los partidos políticos a la salida de la dictadura de que actuaría el Poder Judicial en las violaciones a los derechos humanos cometidas por la dictadura, a poco de que empezaran a citarse a militares y policías a las sedes penales (1986) bajo amenaza de los militares el Parlamento vota la ley 15.848 para evitar la comparecencia y los eventuales encarcelamientos del personal de la dictadura. Dicha ley (llamada de Caducidad de la pretensión punitiva del Estado), no cuenta con los votos de la izquierda en su totalidad y de sectores minoritarios del Partido blanco y colorado.
3) A diferencia de otras leyes de impunidad existentes en otros países latinoamericanos ( Chile, una auto amnistía; en Argentina leyes de Punto Final y de Obediencia debida), la ley de Caducidad de la pretensión Punitiva del Estado margina totalmente al Sistema Judicial para entender en cualquier demanda relacionada con el personal militar o policial que haya ocurrido durante la dictadura. Esa ley, transforma al gobierno de turno en el poseedor de la determinación de definir que cosas pueden o no pasar a ser consideradas por el Poder Judicial. Esto explica, que solamente en Uruguay no se encontraran resquicios en la ley de impunidad que permitieran ( como ocurrió en Argentina y en Chile), avanzar en algunos procesos judiciales contra los criminales de lesa humanidad.
4) De esta manera, los cuatro gobierno que antecedieron al actual que fueron los promotores de la ley de impunidad, operaron de manera tal que ni se pudo saber lo ocurrido durante la dictadura, ni se pudo llevar a nadie ante los estrados judiciales. Reinó la impunidad más absoluta. Pese a las observaciones que recibió Uruguay (y aun recibe) de los organismos internacionales (CIDH y ONU), en lo fundamental todos los gobiernos anteriores fueron intransigentes sostenedores de la impunidad.
5) En 1989, la ciudadanía hizo posible la realización de un referéndum (mecanismo de democracia directa existente en la constitución uruguaya), para intentar anular la ley de caducidad. Sin embargo no logró los votos suficientes (más del 50%), para anular la ley. A partir de ese hecho, la ley de impunidad uruguaya, si bien seguía siendo jurídicamente cuestionable, logró en esa oportunidad una cierta legitimidad política.
6) Mención destacada merece la situación de la impunidad en Uruguay, en su relación con Venezuela a partir del secuestro de la maestra Elena Quinteros de la sede diplomática de Venezuela en Montevideo el 28 de junio de 1976. Ese hecho gravísimo de violación del territorio venezolano por parte de la dictadura uruguaya, motivo en su momento – como no podía ser de otra manera-, la ruptura de relaciones entre ambos países. Ruptura que se mantuvo trabajosamente, hasta el fin de la dictadura y a partir del compromiso del gobierno uruguayo del Dr. Sanguinetti, de investigar las responsabilidades y sancionar a los responsables. Ese compromiso aún no a sido cumplido. No se investigo en esferas de las fuerzas armadas y policiales, y habiéndose investigado a nivel del personal diplomático del Ministerio de Relaciones Exteriores y establecido claras responsabilidades, tampoco se sancionó ni siquiera administrativamente. En la administración pasada, en una demanda penal contra el ex canciller de la dictadura Juan Carlos Blanco, se logró el procesamiento del citado jerarca. Sin embargo, esfuerzos y presiones desde el gobierno de entonces, lograron que Blanco pese a estar procesado por co autoría de homicidio especialmente agravado, continué en libertad. Elena Quinteros, continúa desaparecida y los militares y policías responsables de su desaparición continúan protegidos por una ley de impunidad que abusivamente han extendido al territorio venezolano, donde ocurrió su secuestro.
7) El triunfo de la izquierda en las últimas elecciones, llevó al gobierno a las fuerzas que integraron los más de 200 desparecidos, los cientos de asesinado y los miles de torturados y presos por la dictadura. La llave de la impunidad que cerró durante 20 años el camino de la verdad y la justicia, cambió de manos. Pese a que aún está vigente en nuestro ordenamiento jurídico interno, la ley de caducidad, el nuevo gobierno empezó a hacer posible avances importantes en contra de la impunidad: se habilito la entrada a los cuarteles donde existían cementerios clandestinos de víctimas de la dictadura ( se rescataron el cuerpo de dos de ellos); se exigió a las fuerzas armadas informes sobre violaciones a los derechos humanos (ello permitió conocer la existencia de vuelos de la muerte y el traslado con ejecución de prisioneros de Argentina a Uruguay); se excluyó del amparo de la ley de caducidad denuncias que anteriormente se habían incluido en ella indebidamente ( ello permitió el procesamiento de varios militares y policías); se habilito a que la justicia fuera quien definiera la pertinencia o no de pedidos de extradición formuladas por otros países ( se permitió la extradición a Chile de tres militares acusados en el asesinato del agente de la DINA Eugenio Berrios); se inició en algunos organismos del Estado el acceso a los archivos del Estado sobre la represión ( caso del Ministerio de Relaciones Exteriores); se aprobaron a nivel legislativo importantes leyes que adecuaban al país a las exigencias del concierto mundial en materia de protección a los derechos humanos (tipificación de los delitos de lesa humanidad); se reparo a militares sancionados por la dictadura por oponerse a ella; se reintegro derechos jubilatorios a presos y exiliados.
8) Pese a tener las mayorías necesarias para que el Parlamento declare la nulidad de la ley de caducidad, el gobierno no ha tomado la determinación de hacerlo. Ello, tiene como consecuencias, que el Uruguay siga estando en la mira de los cuestionamientos de los organismo internacionales encargados de la vigilancia del resguardo de los derechos humanos, y que internamente continue un sistema de impunidad, que como dice el programa de la fuerza de gobierno, “afecta la vida democrática del país” y afectas un principio fundamental de la democracia: la igualdad ante la ley.
9) El movimiento obrero organizado en el PIT/CNT, las organizaciones sociales mas importantes del país, como FUCVAM y la FEUU conjuntamente con la inmensa mayoría de las organizaciones defensoras de los derechos humanos e importantes figuras políticas, han iniciado un proceso que conduzca a la anulación de la ley de impunidad, es aún un debe del gobierno y la fuerza política que lo ejerce, sumarse a este esfuerzo.
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