Publicado en Trabajo y Utopía de abril 2011.
El lenguaje es un poderoso instrumento de clasificación, y, al suministrarnos los nombres generales, nos ofrece, ya hechas, las clasificaciones elaboradas poco a poco por la inteligencia de todos nuestros antecesores. Además, el lenguaje es, también, un poderoso instrumento de análisis, porque la necesidad de expresar nuestras ideas las aclara y define en nuestro espíritu. Estos servicios, que no son los únicos que presta, pueden bastar para hacer comprender la utilidad inapreciable del lenguaje.
(Vaz Ferreira).
La sanción en la cámara de senadores del proyecto de ley que busca, corregir la grave anomalía existente en nuestro ordenamiento jurídico y un aspecto de la sentencia de la Corte Interamericana, es un paso muy importante. Su importancia, no debe ser calibrada solamente en función de lo que para una mirada muy superficial, parece estar destinada a amparar: las victimas directas del terrorismo de Estado
De esa manera, parece empezar a cerrarse una etapa de la vida del país, e iniciarse otra cargada de nuevos desafíos y complejidades. Esos desafíos deberán resolverse de una manera tal, que permita a su vez, instalar definitivamente una nueva cultura con relación a los derechos humanos.
No será esa una tarea fácil, habida cuenta de las argumentaciones y los recursos de la retórica empleados, por parte de algunos integrantes del cuerpo legislativo. Tanto en el debate parlamentario, como en el escenario mediático que se fabrico a partir de la renuncia de uno de sus integrantes y de la desobediencia política, de otro.
Los debates de ideas, y en menor proporción, las confrontaciones entre fuerzas políticas y aun los recursos de la retórica efectista, suelen ser elementos que por lo general ayudan a decantar los procesos de maduración que deben vivir las sociedades para establecer determinados valores o ideas fuerzas sobre los que avanzar en su consolidación democrática.
Sin un debate de ideas desarrollado en profundidad, los valores esenciales sobre los que debe asentarse una sociedad democrática, no alcanzan a configurarse como parte de su acervo cultural. Y sin las confrontaciones de proyectos políticos y los recursos de la retórica efectista, desarrollados con honestidad intelectual, es imposible lograr instalar con la firmeza suficiente, esos valores permanentes que deben superar el ciclo vital siempre breve de los seres humanos.
Sin ubicar en el centro del debate, que desde el punto de vista ético y político, el valor de la Justicia para los crímenes del terrorismo de Estado es un elemento innegociable del modelo cultural que se debe aspirar, no es posible que florezca un verdadero debate de ideas que contribuya a superar ciertos anacronismos existentes aun en propuestas consideradas progresistas. Si no tenemos la intelectual honestidad, de poner en el centro de nuestras preocupaciones y nuestros análisis, que lo que debió estar desde siempre orientando cada uno de nuestras acciones para transformar la sociedad, es qué país queremos, que modelo de convivencia social y sobre que valores debía asentarse, será dificultoso avanzar en un debate serio y constructivo con una perspectiva que escape a las visiones miopes o egocéntricas.
Con estas precisiones, es importante analizar algunos de los argumentos que mal acompañaron este proceso de aprobación en el senado del proyecto de ley interpretativa.
Dentro de esos argumentos, encontraremos claros ejemplos de lo que Vaz Ferreira, en la tradición de las falacias, ubicaba como el razonamiento paralógico , una dimensión del discurso falaz, que incurre en el error de falsa oposición.
Los recursos de la retórica, lograron con la complicidad de los grandes medios de comunicación, eliminar del análisis, la pregunta crucial, de si es posible consolidar y profundizar la democracia con impunidad.
Según la lógica históricamente sostenida por los partidos de la oposición, salvo muy contadas excepciones, la impunidad de los crímenes cometidos por la dictadura, fue el precio que debió asumir – y debe seguir asumiendo-, toda la sociedad para lograr la paz y la reconciliación. Ese precio que asumió la mayoría parlamentaria el 22 de diciembre de 1986, por la vía de los hechos o los acuerdos secretos, se debió asumir luego de fracasar en los intentos de democracia directa llevados a cabo en 1989 y 2010, por toda la ciudadanía.
Más habilidoso en el uso de los recursos de la retórica, se manifestó la oposición a que el Uruguay termine con la impunidad, por parte de integrantes del partido de gobierno: el proyecto de ley no logra el objetivo de terminar con la impunidad.
Dos posicionamientos que se presentan como antagónicos, en realidad confluyen en una misma lógica, más allá que unos no voten el proyecto interpretativo y el otro lo hagan por disciplina partidaria.
Sobre la lógica de la conducción de los partidos que históricamente han tenido un inequívoco compromiso con la impunidad desde la aprobación en 1986 de la ley de caducidad, mucho se ha discutido. Solo interesa destacar, que quienes obstinadamente bregan por la eliminación de la ley de caducidad, lo han hecho desde su oposición a que la verdad y la justicia sea una suerte de moneda de cambio. Dicho de otra manera no aceptaron esa renuncia implícita en la falsa oposición y desde esa posición respetando la existencia de la ley de caducidad, no se resignaron. Cuando las leyes se respetan, solo quiere decir que no se desacatan contra ella. Nadie intentó, hacer justicia por mano propia, o intentó saber el donde, el como, el cuando, el porque y el quien, mediante recursos prohibidos por las leyes existentes. Porque reconocieron la existencia de la ley 15.848, pero no se resignaron, recorrieron sedes judiciales penales, civiles, contenciosos y hasta de familia, a nivel nacional e internacional. Elevaron petitorios, hicieron manifestaciones, solicitadas en la prensa, etc. De este periplo, no tienen – por supuesto -, ninguna cicatriz de ninguna bala que exhibir, tan solo dolor en el alma de desaires, negativas y complicidades de la mayoría de los gobiernos y silencios e indiferencias de otros.
Seguramente todos los que siguieron ejerciendo el digno derecho de rebelarse contra la injusticia, leyeron con esperanza el programa de la izquierda que decía que la impunidad constituía una amenaza para la vida democrática y sumaron su voto para que eso no fuera así. Y porque no, también sufrieron el consiguiente desasosiego, cuando en un congreso de esa fuerza política, previó a las anteriores elecciones, se argumento (otra vez el recurso paralógico) en contra, a explicitar la forma en que se cumpliría con las obligaciones internacionales que indicaban que se debía quitar de nuestro orden interno la ley de caducidad por ser incompatible con nuestra Constitución y los compromisos asumidos ante la comunidad internacional.
Resumiendo, no firmaron ni acordaron nada que significará que el “acatamiento” a esa norma de nuestro ordenamiento jurídico, implicaba e implica renunciar a modificar esa situación creada. Ya sea buscando los resquicios que permitieran hacer lo que los redactores y sostenedores de esa norma no querían que se hiciera, o creando las condiciones políticas para librarse de esa norma. Si alguien así lo hizo, corre por su cuenta. Nadie puede apropiarse ni del dolor ajeno ni del derecho de los demás, para administrarlo a su antojo.
En nuestro país, por ejemplo, tras casi veinte años de acción organizada, recién en 1932 las mujeres obtuvieron el derecho a voto. En esos 20 años de lucha para materializar el voto femenino, las mujeres “acataron” esa limitación. No forzaron ninguna mesa de votación para que le permitieran votar, pero no se resignaron y lucharon como pudieron para conquistar ese derecho. A no confundir, entonces. Respetar una norma, no impide el ejercicio del derecho de hacer en el marco de la ley, todo lo que es posible para cambiarla. Eso es lo que se ha estado haciendo.
Otro argumento falaz. Resulta incongruente sostener, como argumento para no votarlo, que el instrumento de la ley interpretativa no soluciona el tema de la impunidad. Solo puede sostenerse eso, partiendo de la base que quienes sostienen eso, están contra la impunidad. O dicho de otra manera, comparten la preocupación y la necesidad que impere la acción de la justicia ante los crímenes de lesa humanidad, y en cada una de sus acciones y dichos son consecuentes con ello. ¿Cuál es la norma adecuada? ¿Se propuso otro texto? ¿En los casi 7 años que lleva la izquierda en el gobierno, se presentó alguna propuesta mas efectiva y eficaz? No, es la respuesta.
Ante esa realidad indiscutible, se pasó rápidamente al argumento del respeto a la decisión del soberano. Se dice que la ley interpretativa, debía ser objeto de un referéndum ¿Es que la decisión del soberano que se plantea como elemento fundamental, hace que la ley interpretativa actual, sea más eficaz, la libra del carácter “mamarachesco” que se le atribuye?
Una consulta popular, ni la santifica ni la hace más “prolija”, aprobándola. Tampoco la hace idónea para mantener la impunidad, rechazándola, por una razón que no se ha querido asumir: que no puede haber norma jurídica ni disposición constitucional que pueda quitar a los seres humanos derechos inherentes a la condición humana. Esto es lo que no han entendido o no aceptan, quienes sostienen esos argumentos para intentar justificar su conducta.
No lo han entendido, no admiten, que hay derechos inherentes al ser humano que son inderogables, que están fuera de lo decidible por ellos. De ahí, que solo desde el punto de vista de una dialéctica engañosa, pueda sostenerse que la aprobación de la citada norma afecta el instrumento de la democracia directa. El recurso de la democracia directa, como lo sostiene nuestra Suprema Corte de Justicia y la Corte Interamericana, lo que no puede hacer es decidir que una persona, no es un ser humano y que como tal no tiene determinados derechos inherentes a esa condición. Por esa razón, nada ni nadie puede decidir que un ser humano puede, por ejemplo, ser objeto de esclavitud. Otras cosas de la vida del país, por supuesto que siguen estando en la orbita de lo decidible ya sea por medios parlamentarios o de democracia directa.
La ley interpretativa con seguridad será finalmente aprobada. De esa manera quedaran abiertos todos los recursos y medios que posibilita la existencia de un ejercicio pleno de sus atribuciones del sistema judicial uruguayo y aquellos conformados por la comunidad internacional, sin distinciones. Seguramente el desenlace de ese proceso, ayude a clarificar confusiones que no siempre se formulan honestamente y finalmente se entienda que la soberanía de los Estados, dejo de ser un concepto absoluto, desde que el avance del derecho humanitario estableció normas y principios que no pueden ser manejados arbitrariamente por parte de los Estados y quienes desde él, se consideran dueños de los derechos ajenos. Puede resultar incomodo para quien pensó, que a determinadas personas responsables de graves violaciones a los derechos humanos, se les podía conceder algún instrumento o acuerdo que les asegure la impunidad. De esa incomodidad, sólo se sale actuando con la modestia y la humildad que permitan asumir que en los procesos históricos, son los pueblos los que determinan los rumbos y no quienes se erigen en administradores de sus derechos.
Raúl Olivera Alfaro.
Asesor de la Secretaria de DD-HH y Políticas Sociales del PIT-CNT.
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