URUGUAY: UN NUEVO RETROCESO EN LAS BATALLAS CONTRA LA IMPUNIDAD.

URUGUAY: UN NUEVO RETROCESO EN LAS BATALLAS CONTRA LA IMPUNIDAD.
Publicado en Trabajo y Utopia Febrero 2013




Nuevamente una decisión, esta vez de la Suprema Corte de Justicia, puso de manifiesto las intrincadas tramas de intereses que siguen apostando a perpetuar la impunidad en el Uruguay. El nombre de la Dra. Mariana Mota, se sumó a una extensa lista de magistrados y fiscales, los que entre otros se encuentran, Alberto Reyes, Alejandro Recarey, Ricardo Perciballe, Estela Jubette, Mirtha Guianze, que mediante variados mecanismos sufrieron las represalias por haber intentando hacer justicia con idoneidad y competencia, desafiando los mandatos y las presiones desde las distintas esferas del poder.

Contrariamente a lo que ocurrió en otros casos, esta vez la concreción de los objetivos instrumentados mediante una desembozada campaña llevada a cabo durante mucho tiempo desde varios niveles (políticos, jurídicos y de prensa), no paso desapercibida para la ciudadanía y las organizaciones defensoras de los derechos humanos que interpretando la gravedad de lo que ocurría, se movilizó tanto para repudiar el hecho, como para expresar un merecido respaldo a la magistrada.

No era solamente las consecuencias directas que el alejamiento de la Dra.Mariana Mota de la Sede Penal de 7º Turno producirá –independientemente de la capacidad de la jueza que la suplante-, en las causas que se encuentran radicadas en dicha sede penal. Era además una clara señal para el resto del sistema judicial, de cuales serían las consecuencias para quienes desafiaran una lógica que empieza a perpetuarse en el Uruguay; la de la impunidad de los hechos.

No se trataba como los Ministros de la Corte y su vocero intentaron ubicar el problema, de simple formalidad o de legalidad. Se trataba una vez más de una práctica común de la SCJ, propia de un Estado feudal, de efectuar traslados de jueces, cuando la independencia técnica del magistrado no es funcional a la opinión mayoritaria de la Suprema Corte de Justicia, y sobre todo de resoluciones que no tienen fundamentos ni criterios conocidos públicamente. Y que por otro lado, son una muestra, desde el punto de vista administrativo de una gran incapacidad, puesto que eso ocurría en momentos que el Uruguay esta obligado internacionalmente por una sentencia de la Corte IDH a facilitar un proceso de justicia ágil y eficiente que permita el esclarecimiento de los hechos del pasado.

Y para colmo, eso ocurrua con un silencio de cierto beneplácito desde esferas del gobierno y abierto beneplácito de filas de los centros militares.

Cierto es que algunas voces de parlamentarios oficialistas, y solitariamente un ministro del Poder Ejecutivo, se expresaron claramente al respecto. Entre los primeros, Constanza Moreira, Felipe Michelini y Luís Puig. Y a nivel del Poder Ejecutivo, solitario el canciller Luís Almagro, con expresiones altamente contundentes y claras. El Ministro de Relaciones Exteriores Luís Almagro sostuvo que el desplazamiento de Mota afectaba negativamente el “posicionamiento internacional” del Uruguay, ya que la magistrada “cabalmente aplicaba las convenciones internacionales y de derechos humanos”. “Pierden las víctimas. Habrá dinosaurios contentos, pero es importante que se dé un mensaje firme de reconocimiento al trabajo que hizo Mota, para dar una señal a aquéllos que pueden ser futuros Mariana Mota de que es importante que se haga ese trabajo”. Para quien representa al Uruguay internacionalmente Mota era una “jueza extraordinaria”, que ha estado “cerca del ideal que se pretende del derecho y la justicia”. “Es el miembro del Poder Judicial que más cabalmente entendió la dimensión del tema de los derechos humanos y la vigencia de los convenios internacionales”.

Sin ninguna duda, Mariana Mota era eso que sostiene Almagro, su desplazamiento no puede admitir mas que una lectura: un palo en la rueda en los avances contra la impunidad.



REPERCUCIONES A NIVEL INTERNACIONAL.

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) de Argentina, organismo que colabora con el PIT/CNT en la creación del Observatorio “Luz Ibarburu” manifiesto su “profunda preocupación ante el desplazamiento arbitrario” de la jueza Mariana Mota y recordó que “El proceso a partir del cual la región protagoniza un giro hacia la rendición de cuentas por los crímenes de lesa humanidad cometidos en el pasado reciente, es uno de los hechos más significativos en materia de justicia transicional en el siglo XXI. Se han producido importantes avances, pero aún resta mucho por hacer para garantizar su continuidad y cumplir con los compromisos internacionales asumidos en materia de derechos humanos. En este contexto, el apartamiento de Mota constituye un grave retroceso, no sólo para el país hermano sino para toda la región”.

Para el CELS, el desplazamiento de una jueza que históricamente ha impulsado estas investigaciones con responsabilidad y profesionalismo, como Mariana Mota, es contraria a la obligación que la Corte Interamericana de Derechos Humanos le impuso al Estado uruguayo de instrumentar las formas más idóneas para investigar estos crímenes y garantizar justicia para las víctimas, ya que “esconde la intención de detener las investigaciones de estos crímenes y brindar una señal de alerta para cualquier otro magistrado que pretenda avanzar al respecto”.

Por otro parte un grupo de académicos interesados en el tema de la justicia transicional y los derechos humanos en América Latina , y con especial preocupación por el Uruguay, emitieron una carta abierta cuestionando la “decisión sobre una juez cuyo trabajo ha sido reconocido por su imparcialidad frente a casos de suma complejidad, nos encontramos desconcertados. El cambio de la Juez Mota genera incertidumbre sobre el futuro de las investigaciones y los procedimientos judiciales de las causas de derechos humanos que ella tenía a su cargo”.

Expresando además la preocupación de la comunidad internacional, “que existan presiones de este tipo hacia jueces actuantes en causas notorias recientemente desarrolladas en derechos humanos”, ya que “es fundamental para la libertad y la democracia en el Uruguay la preservación de su carácter republicano ampliamente conocido en el mundo. Y para lo cual es indispensable que se respete el trabajo independiente de los jueces abocados a estas causas, rechazando las presiones que desde el orden público o la prensa se ejercen. Cualquier medida que se adopte siguiendo rumores de prensa o declaraciones del ejecutivo será interpretada como injerencia en la independencia del poder judicial y como en su triste pasado, Uruguay volverá a integrar la lista de naciones donde la libertad de acción y la independencia de la justicia son violadas, y el estado de derecho no es respetado”.

Finalmente, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), expresaron también su profunda preocupación por el impacto que dicha acción pueda tener en la tramitación de causas por delitos de lesa humanidad. Al respecto resaltaron que “En tiempos en que Uruguay debe saldar el cumplimiento de lo ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la causa Gelman y, por tanto, satisfacer su obligación de organizar las estructuras del Estado para superar la impunidad en que se encuentran los crímenes cometidos durante la última dictadura, el sorpresivo y hasta ahora no explicado traslado de la jueza Mota (…) La alegada legalidad de la medida ordenada por la Suprema Corte de Justicia, no resulta suficiente para explicar la inesperada decisión del traslado de la jueza Mota, quien se encontraba a cargo de más de cincuenta casos vinculados con el terrorismo de Estado cometidos durante la última dictadura y cuyo trámite activo representaba una esperanza para la sociedad uruguaya.



Raúl Olivera

Secretaria DD.HH y Políticas Sociales del Pit/Cnt