E mail del 29/05/01, dirigido a Radio El Espectador Sr Emiliano Cotelo. Asunto: DESAPARECIDOS: Una aclaracion de Raul Olivera

E mail del 29/05/01, dirigido a Radio El Espectador Sr Emiliano Cotelo. Asunto: DESAPARECIDOS: Una aclaracion de Raul Olivera
Estimado Emiliano Cotelo: He seguido con mucha atención vuestra síntesis del tema que se abierto, a partir de algunas declaraciones o interpretaciones doctrinarias sobre el tema de las desapariciones de personas. Ayer en una nota que Ud. realizo al ex canciller Gross Spiell, este dijo muchas cosas que, por supuesto comparto. Sin embargo hay un aspecto que si bien nada tiene que ver con las razones “jurídicas”, es importante realizar algunas puntualizaciones, pues no son acertadas. Dijo Gross: “la Convención había permanecido en Uruguay un poco en las nubes. Porque no se había sacado las conclusiones que resultan de la lectura atenta de su texto”. Mas adelante en el mismo sentido expresa: “Ante mi asombro, cuando me puse a estudiar el tema para dar esta conferencia en la Universidad, me di cuenta de que en el Uruguay, donde se ha hablado tanto, tanto y tanto del tema, no se había sacado las conclusiones que resultan de un estudio jurídico serio, objetivo y preciso del articulado de la Convención”. Y Culmina: “Y lo asombroso es que en todo este debate que llevó años y años y años en el Uruguay, que tiene aspectos jurídicos y aspectos políticos fundamentales, no se ha invocado el derecho internacional aplicable”.
Los argumentos contenidos en las ultimas acciones judiciales que la Secretaria de DD.HH del PIT/CNT, han tenido como base fundamental la Convención Interamericana, que hoy genera estos debates. Es más la propia acción penal que ya se esta sustanciando en la sede judicial de ler Turno, fue reactivada en función de la invocación de la citada norma jurídica.
El juez Reyes en 1997,en oportunidad de analizar y pronunciarse por no tomar en cuenta la ley de caducidad para investigar la denuncia del Senador Michelini (Operación Zanahoria), expreso: “La ley 15.848 es inocultablemente, el resultado de una transición al régimen de derecho vigente, donde se consagra una “caducidad de la pretensión punitiva” emanada de “la lógica de los hechos”. En cambio, la ley 16.724 según la cual la Asamblea General, con fecha 13/1/95, ratifica la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, considera a la desaparición forzada de Personas, delito extraditable, imprescriptible, sometido a la jurisdicción de derecho común, para los que “ En ningún caso podrán invocarse circunstancias excepcionales, tales como estado de guerra o amenaza de guerra, inestabilidad política interna o cualquier otra emergencia pública como justificación...” (art. 10°).
Vale decir, de percibirse dudas interpretativas, estima el tribunal, ellas deberían ser resueltas en favor de la normativa ordinaria o general; no cabe una interpretación extensiva de la. 15.848, de constitucionalidad dudosa...”
“No se advierte razón jurídica que torne aconsejable, en la hipotética duda, aplicar la ley 15.848. lo que importa substancialmente, es solucionar el desfasaje que existe entre la ley y el mundo que rige ahora. Y lo fundamental es que cuando se juzga una conducta que haya significado la violación de una ley penal, la evaluación se haga con verdadero sentido de justicia”.
Tampoco quiero omitir las invocaciones al carácter del delito permanente o continuado y de la propia Convención, contenidas en las sentencias de la Dra. Jubette y del entonces integrante del Tribunal de apelaciones y hoy Fiscal de Corte, Oscar Peri Valdez en el caso de desaparición de Oscar Baliñas y las propias del presidente de la S,C.J.
Es interesante el razonamiento del Juez Reyes, cuando en 1997 se refería al desfasaje que existe entre la ley de Caducidad y el mundo que rige ahora. Ese desfasaje, hoy en el 2001 es aun mayor y eso seguramente explica que algunas cosas que sosteníamos muy en solitario, sean de una fuerza indiscutible.
Personalmente, aunque lejos esta una reivindicación personal, en 1999 esta documentada nuestra opinión en un propio reportaje que Ud me realizara el 21/10/99 que le trascribo a continuación.

EN PERSPECTIVA
Jueves 21.10.99, hora 09.06.
EMILIANO COTELO:
El Partido por la Victoria del Pueblo, PVP, plantea retomar desde un eventual gobierno del Encuentro Progresista - Frente Amplio el reclamo por “verdad y justicia” sobre lo que ocurrió con los desaparecidos en el gobierno militar, según informa hoy el semanario Búsqueda. La nota agrega que si triunfa en las elecciones, el Encuentro Progresista abrirá investigaciones para obtener verdad y justicia sobre esas personas, y el Poder Ejecutivo presentará las causas en los estrados judiciales, de acuerdo a lo que anunció el fin de semana pasado la lista 567 del PVP, liderado por Hugo Cores, su primer candidato a diputado.
En una reunión llevada a cabo el sábado 16, dirigentes y candidatos de esa agrupación celebraron el primer aniversario de la detención en Gran Bretaña del ex dictador chileno Augusto Pinochet, y consideraron que en Uruguay también se podrá alcanzar la justicia y la verdad. La convocatoria se realizó en base a ocho preguntas: “Es suficiente la verdad? ¿Está proscrita la lucha contra la impunidad de las propuestas de la izquierda? ¿Cuáles son las obligaciones de la izquierda a partir de las resoluciones de sus congresos? ¿Cuáles son las obligaciones del Estado? ¿Qué harán las fuerzas progresistas al frente de él? ¿Qué dicen nuestros congresos sobre los temas de defensa nacional y los derechos humanos? ¿Por qué el tema de derechos humanos no está en la agenda electoral? ¿Caducó la Ley de Caducidad?”.
De ese encuentro en la Casa de los Compañeros (sede del PVP) participaron Cores, Milton Romani, Raúl Olivera y María Almeida de Quinteros, también candidatos al Parlamento, así como Sara Méndez, militante del PVP. Y estamos en comunicación con uno de esos dirigentes, Raúl Olivera. ¿Qué quiere decir esto de que se trabajará por verdad y justicia sobre las personas desaparecidas, y que el Poder Ejecutivo presentará las causas en los estrados judiciales?
RAUL OLIVERA:
Quiero precisar que no he leído todavía la crónica de Búsqueda; solo conozco lo que más temprano me leyó la producción de su programa, razón por la cual no voy a tomar como referencia lo que dice esa publicación, porque no muchas veces lo que titula o lo que transcribe representa lo que dijimos.
Esa actividad la realizamos en el marco del aniversario de la detención de Pinochet, y a partir de eso hicimos un análisis muy general sobre las cosas que han pasado en el mundo, y fundamentalmente en América latina, con relación a los derechos humanos y, más concretamente, con relación a las consecuencias de la aplicación del terrorismo de Estado: lo que pasa en Chile, en Argentina, en Paraguay, y también sobre lo que eventualmente puede pasar en Uruguay.
Una de las últimas preguntas que habíamos incluido entre los temas a los que nos íbamos a referir (los distintos compañeros que intervinimos no los tocamos todos) era si estaba fuera de la agenda electoral el tema de los derechos humanos. En realidad, el compañero Tabaré Vázquez fue muy claro en una entrevista que tuvo la noche anterior en un canal de televisión (nosotros nos referimos a ello), diciendo casi textualmente que la obligación de un Poder Ejecutivo encabezado por el Frente Amplio no puede ser más que cumplir las atribuciones que le marca la ley. En este caso, hay una Ley de Caducidad y por lo tanto va a tener que investigar. Lo que no puede hacer un Poder Ejecutivo (lo dije con absoluta claridad) es impartir justicia, porque en este país existe la separación de poderes, y por lo tanto no corresponde al Poder Ejecutivo la realización de la justicia, ni tampoco tomar la iniciativa, salvo en determinados casos.
EC — Está claro, y es conocido el reclamo de investigar el destino de los detenidos - desaparecidos, por parte del Encuentro Progresista - Frente Amplio y de otras organizaciones, porque se entiende que el artículo 4° de la Ley de Caducidad lo habilita aún hoy. Ese es un punto que en principio no sorprendería de lo que se consideró en esta reunión del PVP. Lo que llama la atención es que también se habla de “justicia”. ¿Qué tipo de causas se puede impulsar en los estrados judiciales?
RO - Le voy a poner un ejemplo de estos días: el poeta Juan Gelman escribió una carta abierta donde divulga una reunión que mantuvo con el (secretario del) presidente de la República, en la que éste asumió el compromiso de investigar la situación de su nieto o nieta, que desapareció en Uruguay.
No sé qué hizo el presidente. Si no hizo nada, desde el punto de vista estrictamente legal, está contribuyendo a la continuación del delito, que es el delito de desaparición. La configuración legal del delito continuado implica que el delito no sólo se comete en el momento en que desaparece una persona, sino que se sigue cometiendo todos los días hasta tanto deje de ser un desaparecido: hasta que aparezca su cuerpo o, si está vivo, la persona. Entonces (y lo hemos dicho en otros lados) quien no hace eso... yo no soy abogado, pero empieza a ser cómplice de un hecho.
Pero si el presidente hizo gestiones sobre este tema, de las cuales no se ha dado respuesta, si por ejemplo llamó a los militares, a Rodríguez Buratti, a Gavazao, a todos los que nombra Juan Gelman, si les preguntó sobre todas esas cosas y le dijeron “No sé nada” o “No le voy a decir nada”, y el Poder Ejecutivo se queda callado y no los denuncia penalmente, está cometiendo doblemente el delito: en un aspecto moral, porque mantiene el sufrimiento del poeta Juan Gelman y de los familiares de todos los desaparecidos, pero además está cometiendo una omisión de carácter legal.
La jurisprudencia que analizamos el sábado, que empezó a aplicarse en estos momentos y no porque sea nueva sino porque la detención de Pinochet produjo un avance generalizado sobre el tema de la impunidad... Inclusive en Uruguay hay sentencias muy importantes que habría que leer en detalle, y que admiten la tesis del delito continuado. Le diría incluso, sin ser abogado, que la Ley de Caducidad establece un límite: los delitos cometidos por razones políticas de tal fecha hasta tal otra, creo que de 1984. Después de ese límite, los delitos de desaparición se siguen cometiendo, de modo que jurídicamente quedarían fuera de la Ley de Caducidad.
Nuestro razonamiento, entonces, terminaba diciendo que la verdad y la justicia no son antagónicas. Y las definiciones de los congresos del Frente Amplio sobre el tema de los desaparecidos y sobre la impunidad (nosotros personalmente participamos del congreso, fuimos quienes las impulsamos, quienes las escribimos y después acordamos su redacción) establecen claramente que la obligación de un gobierno del Frente (es lo que ha reiterado el compañero Tabaré Vázquez) es impulsar las investigaciones. Pero investigaciones en serio.
EC — Pero además, dice usted, ¿se podría presentar denuncias ante la Justicia contra, por ejemplo, funcionarios o incluso gobernantes que hubieran estado omisos en el cumplimiento de la ley, o que tuvieran algún tipo de responsabilidad en la continuación de un delito como el de desaparición?
RO - No: lo que dijimos el sábado es que lo que no puede hacer una fuerza política, y no lo va a hacer el Frente Amplio, es oponerse a que la sociedad civil siga las acciones que tenga que seguir.
EC - En función de lo que usted señalaba recién, ¿alguien podría presentar una denuncia contra el presidente Julio María Sanguinetti por la forma como manejó los reclamos de investigar el destino de los desaparecidos?
RO — Si se comprueba que ha existido una omisión.., no sé si penal, pero se pueden presentar acciones judiciales.
Ustedes acaban de leer la noticia sobre una sentencia de la Suprema Corte de Justicia respecto a un caso que aparentemente no tiene nada que ver, pero lo tiene: el estatuto del derecho a la información, un derecho que tiene supremacía sobre otros. Ese derecho a la información, por ejemplo desde el punto de vista de que los familiares sepan lo que ha pasado con los desaparecidos, en este país ha sido claramente ignorado, violentado por parte del Poder Ejecutivo, cuando efectivamente no ha cumplido con ese aspecto.
Si eso tiene una importancia tan grande como la que plantea esa sentencia que ustedes comentaban, y el Poder que tiene la obligación de hacer cumplir ese derecho no lo ha hecho, hay una omisión. En este país existen los recursos de amparo contra las omisiones que afectan derechos fundamentales de las personas, y creo que esa es una de las vías. Es más: hay organizaciones sociales que hace más de un año que están estudiando y tratando de llevar a cabo acciones de ese tipo, porque creemos que hay un campo que no se ha explorado desde el punto de vista jurídico.
EC — Pero ¿también entienden ustedes que es posible hacer justicia a propósito de los responsables de las desapariciones?
RO — Personalmente pienso que si es posible hay que hacerlo, cómo no.
EC - No sólo averiguar el destino de los desaparecidos.
RO - Se lo digo por una sencilla razón: cuando se aprobó la Ley de Caducidad, de la cual estuvimos en contra y lo seguimos estando... Fíjese que aprobamos una reforma constitucional: va a referéndum, la aprueba la ciudadanía, y a las dos semanas ya se la está modificando o se está hablando en contra de ella, diciendo que está mal. Y aparentemente, el hecho de que la Ley de Caducidad haya tenido un determinado apoyo no permite criticarla. Para mí sigue siendo tan mala como cuando en el plebiscito voté en contra, con el “Voto Verde”. Por lo tanto, desde nuestro punto de vista, es necesario encontrar los resquicios a partir de los cuales pueda actuar un derecho fundamental como el derecho a la justicia.
Si no, no hubiéramos propiciado (no en el ámbito político, donde no lo hemos hecho, pero sí en el ámbito social en que actuamos) la presentación de los casos de desaparecidos uruguayos ante la Justicia española, no estaríamos trabajando en la presentación de los casos ante la Justicia italiana. ¿Para qué hacemos eso? ¿Para propaganda? No: es para que actúe la Justicia, y si tiene que procesar a los responsables de eso que los procese.
Creo que pudo haber en este país una salida distinta sobre este tema, si el Poder Ejecutivo por lo menos hubiera cumplido una de las obligaciones fundamentales de la Ley, como era terminar con el sufrimiento de los familiares de las víctimas de la desaparición.
Y no sólo no ha cumplido con esa obligación, sino que ha hecho cosas más graves. A fines del año pasado o principios de este apareció un ex soldado relatando que sabía dónde estaba enterrada Elena Quinteros, las cosas que le habían hecho donde estaba presa y todo lo demás. ¿Y usted oyó que el Poder Ejecutivo hubiera dicho algo sobre si era verdad o era mentira, si lo investigó o no? No: no lo investigó. Entonces, al sufrimiento de tener un familiar desaparecido, de no saber cuál es su destino, todavía la compañera Tota Quinteros tiene que bancarse que le digan que a su hija le pasó todo eso y no saber si es verdad o no, si murió de un parto, si fue violada...
Me parece que esos aspectos, que rayan en una crueldad tan grande del Poder Ejecutivo (de éste y del anterior, que conjuntamente fueron los artífices de una política de mantenimiento de la impunidad), por algún lado deben salir.
El otro día fui muy claro y pregunté: ¿el Poder Ejecutivo no puede tomar ninguna iniciativa en algunos aspectos que no están previstos dentro de la ley? Nosotros, el PVP, en todos los ámbitos somos muy respetuosos de las resoluciones de nuestra fuerza política. Lo que no podemos hacer es, por …(texto imcompleto)