LA IMPUNIDAD EN URUGUAY Y SUS CONSECUENCIAS SOCIALES

Publicado en Trabajo & Utopía
21/03/05

Escribir sobre la impunidad en el Uruguay, implica referirnos a un modelo de país que se construyó merced a la acción de un terrorismo de Estado inspirada en una elaboración teórico-ideológica denominada Doctrina de la Seguridad Nacional. Un análisis profundo de los efectos de la impunidad, permitirá descubrir, que a más de 20 años de regímenes democráticos, esa doctrina y esa impunidad subsiste bajo diversas formas.
Desterrar la doctrina de la Seguridad Nacional y terminar con la impunidad, es seguramente el desafío de la hora actual.
Bentham sostenía que "del poder de perdonar sin límites surge la impunidad de la delincuencia en todas sus formas, de la impunidad de la delincuencia en todas sus formas, la impunidad de todas la formas de maldad, de la impunidad de todas las formas de maldad, la descomposición de los gobiernos, de la descomposición de los gobiernos la descomposición política de la sociedad". Por esa razón es un grave error admitir la limitación del derecho a la justicia y del derecho a la verdad. Restaurar estos derechos es devolverles a las futuras generaciones la libertad. No hacerlo a plenitud significa aceptar principios donde el mundo político y social pierde conexión con todas las forma de vida ética y cultural.
Recorrer el personal civil y militar que sostuvieron el proceso dictatorial en Uruguay – desde los Bordaberry a los Gavazzo – nos permite saber quienes fueron los responsables fácticos del desarrollo y la implementación de la teoría de la seguridad nacional en nuestro país y de los aberrantes crímenes que se cometieron.
Pero la lista no debería cerrarse dentro de nuestras fronteras. Además de los socios del Plan Cóndor en el resto de los países latinoamericanos, deberíamos tener especial cuidado de incluir en los primeros lugares al gobierno de los Estados Unidos.
Sobre ese último aspecto los testimonios existentes en las actas del Consejo de Seguridad del gobierno de Estados Unidos, dan cabal cuenta del papel que jugaron personajes como Henry Kissinger en el apoyo a los procesos antidemocráticos en Latinoamérica.
Todos los intentos de encarar, ya sea para “resolverlos” sin afectar la impunidad como aquellos que parecen que la afectarían, parten de una lógica: la de tratar de dar vuelta la página.de un libro al que las generaciones futuras tendrán pocas posibilidades de acceder y entender.
En ese afán reducionista, no cabe la reflexión sobre las consecuencias que la impunidad tiene actualmente sobre los derechos económicos, sociales y culturales.
El personal político de las actuales democracias, tienen especial cuidado de no dejarse llevar por la "vigencia de los derechos humanos", ya que ello los conduciría a un terreno altamente desestabilizante.
Cuando la lucha incansable de los exiliados, las familias de las victimas y el cambio de la política norteamericana en materia de derechos humanos, empezaron a producir efectos erosionantes en los regímenes dictatoriales del Plan Cóndor, los derechos humanos fueron el objetivo a combatir, pues ellos eran las resultantes de las políticas débiles de gobiernos irresponsables que sucumbían ante el comunismo internacional. Ante ese mapa político la solución estaba en la eliminación de estos derechos y sobre todo en la represión de los que los defendían. Por esa razón las víctimas de aquella acción represiva puede encontrarse en un amplio espectro ideológico.
Es trágico ver como actualmente se pone como modelo económico aquel que se instauró en Chile durante el proceso bajo la dictadura de Pinochet basado justamente en la violación sistemática de los derechos civiles y políticos. Se trata de la utilización de la economía como un instrumento ideológico frente a las libertades. Los modelos que sustituyen las libertades por la eficiencia del mercado una vez que son puestas en acción desde un pensamiento fundamentalista marchan inexorablemente a la violación sistemática de los derechos civiles y políticos. Para esos sistemas, la impunidad es también una simple necesidad del mercado.
Para estos modelos afectar la estructura de la sociedad para que un ciudadano olvide que es un sujeto de derechos, es un fin. Desarmar la estructura sindical que defiende la dignidad y los derechos de los trabajadores, es también un fin. Deslegitimar la estructura de los organismos de derechos humanos, es otro de los fines. En resumen es indispensable para esos modelos autoritarios destruir la estructura del tejido social que es el que permite que los desposeídos se puedan expresar. Con esos objetivos los sistemas educativos sufren transformaciones en las cuales la racionalidad es sustituida por las leyes de la oferta y la demanda, por la ley de la selva.
Frente a este embate de los teóricos de la restauración de un mundo conservador, que tiene como líder al gobierno actual de los Estados Unidos y las clases conservadoras de los países de Latinoamérica, la instauración reciente de gobiernos de izquierda o centro izquierda, plantea una nueva situación para, al menos, esta parte de la humanidad.
Esto nuevas gobiernos con amplio apoyo popular además de restaurar economías en crisis, tienen planteado el desafió histórico de desandar el desmantelamiento del estado social de derecho que redistribuya las rentas o defienda a los débiles. Y para ello hay que dejar de temer el dejarse llevar por la "vigencia de los derechos humanos", aplicando cada uno de los derechos que hoy llamamos derechos sociales y culturales y erradicar definitivamente los modelos de impunidad. Rescatando las libertades que estableció el Pacto Internacional de Derechos Sociales y Culturales.
Los distintos modelos de impunidad que se construyeron en América latina pretendieron con mayor o menor eficacia resolver un dilema político: aquel que representa la democracia, las libertades y el uso racional de ambas que son los derechos humanos. Los nuevos modelos de sociedad en los que en la actualidad están esperanzados millones de latinoamericanos, también deberían ser una nueva y revolucionaria forma de entender los derechos humanos.