EL OBSERVATORIO LUZ IBARBURU, EN MARCHA.

EL OBSERVATORIO LUZ IBARBURU, EN MARCHA.
Publicado en Trabajo y Utopía diciembre 2012




1.- LOS PRIMEROS PAZOS.

Luego de la presentación del OBSERVATORIO “LUZ IBARBURU”, el pasado 10 de octubre, las hoy 14 organizaciones que actualmente lo integran lo integran (últimamente se han sumado Educadores por la Paz y la Fundación Zelmar Michelini), han llevado a cabo una nutrida agenda de entrevistas y gestiones con el objetivo de denunciar algunas situaciones detectadas en la implementación del proceso de justicia y plantear algunas propuestas tendientes a intentar solucionarlas.

En dichas entrevistas - de las que damos un detallado informe, más adelante -,se entregó un Memorando en el que se documentó los planteos realizados por las delegaciones. Allí se reiteró la finalidad que tiene el OBSERVATORIO “LUZ IBARBURU”: mejorar o perfeccionar la eficacia de las políticas públicas en materia de derechos humanos. Resaltándose, que tratándose de una herramienta que intenta interactuar, en el nuevo escenario existente en el Uruguay a partir de la Sentencia de la CIDH, era imprescindible la estrecha colaboración entre los distintos actores del proceso de hacer justicia en el Uruguay.

A cada uno de los entrevistados, se les detalló las propuestas que el OBSERVATORIO “LUZ IBARBURU”, tiene sobre los distintos problemas y dificultades detectados en el proceso de justicia y los desafíos jurídicos, políticos y éticos, que ellos plantean y en los cuales, el OBSERVATORIO “LUZ IBARBURU”, se reservaba el derecho de mantener su independencia frente al Estado, lo que no impediría que bregara para construir los consensos necesarios que permitan enfrentar y resolver adecuadamente los hechos de nuestro pasado reciente, con las herramientas construidas por el derecho internacional.

Si bien, no se puede desconocer que es poco el tiempo trascurrido desde el inicio de las acciones concretas para cumplir con lo dispuesto por la Corte IDH, y ello es una dificultad a la hora de evaluar en forma definitiva el proceso de justicia que se inicio en el Uruguay, se les señaló, que nos encontrábamos ante nuevas complejidades que deberían ser visualizadas por todos los operadores del sistema judicial y el sistema político, para resolverlos adecuada y rápidamente. Esos problemas, los ubicó el OBSERVATORIO “LUZ IBARBURU”,, en el entorno de lograr por un lado una organización eficiente de las causas penales y del trabajo judicial y extrajudicial, y por otro lado en superar la falta de coordinación y de acuerdos entre los distintos actores de este proceso, para así hacer posible un proceso eficaz de justicia. Entre otros: Una dispersión de causas en las distintas Sedes Penales de todo el país, que podrían considerarse conexas (en razón de conectividad temporal, de lugar, de responsabilidades), en razón de una distribución de las mismas que no tiene en cuenta la especificidad y particularidad de los delitos cometidos en un proceso de terrorismo de Estado; que esa fragmentación y dispersión de las causas penales, muchas veces dificulta a los operadores del sistema judicial para una adecuada mirada totalizadora del proceso represivo del terrorismo de Estado, tanto a la hora de recopilar los medios de prueba, como a la necesaria evaluación de los contextos históricos en que se desarrollan los hechos; que eso también genera que muchas veces, victimas, testigos o familiares de las víctimas tengan que reiterar en distintas sedes testimonios sobre los mismos hechos; una falta de colaboración por partes de algunos organismos del Estado, a la hora de atender reclamos de información; formas inadecuadas del proceso de citación a victimas, testigos o familiares de las víctimas; instalaciones inadecuadas donde victimas y victimarios comparten lugares comunes; escasas o nulas aperturas para la participación de los denunciantes en los procesos; una excesiva compartimentación de la información existente en diversas instituciones del Estado; limitaciones para acceder a archivos existentes; un proceso judicial, donde los medios de prueba, por lo general, descansan en la actividad e iniciativa de las víctimas o denunciantes; un número de expedientes archivados en aplicación de la ley de caducidad, que aun continúan en esa situación y denuncias presentadas ante las seccionales policiales, cuyo tratamiento posterior se desconoce; formas de identificación de los expedientes que dificulta individualizar a las victimas y los delitos que se denuncian; y ausencia absoluta de un auxiliar de la justicia de carácter interdisciplinario con competencia nacional, que disponga de todas las facultades necesarias para investigar y apoyar al sistema judicial en casos que tienen muchos años de antigüedad y cometidos desde el poder del Estado.

De esa nómina de `problemas detectados, el OBSERVATORIO “LUZ IBARBURU”, puso un acento especial en la ausencia de un órgano de investigación. Para el OBSERVATORIO, ese el problema principal y de urgente solución. Sobre ese aspecto se plantearon algunas ideas que en opinión del OBSERVATORIO, podrían encaminar una solución a esa dificultad. La propuesta formulada, parte de la base de que una respuesta rápida y adecuada a ese problema, debe tener en cuenta no vulnerar las limitaciones establecidas actualmente en las normas constitucionales y aquellas que regular el proceso penal. Desde esa perspectiva, el OBSERVATORIO “LUZ IBARBURU” reclamó que se instale una UNIDAD ESPECIAL DE INVESTIGACIÓN Y APOYO AL SISTEMA JUDICIAL OBSERVATORIO “LUZ IBARBURU”OBSERVATORIO “LUZ IBARBURU”, 2.- ¿ANTE QUIENES FORMULÓ LOS RECLAMOS EL OBSERVATORIO “LUZ IBARBURU”?



La ronda de entrevistas se inició el 25 de octubre ante el Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación Dr. Jorge Diaz; y continuó el día 30 con el Presidente de la Suprema Corte de Justicia Dr. Daniel Gutiérrez y el Presidente del Colegio de Abogados del Uruguay Dr. Bernardino Pablo Real. Un día después, el 31 con el Ministro de Relaciones Exteriores Luís Almagro, el Ministro de Interior Eduardo Bonomi y el Director de Derechos Humanos y Derecho Humanitario del Ministerio de Relaciones Exteriores Dr. Perazza. El 1º de noviembre se mantuvo una reunión con el Secretario Ejecutivo del Instituto de Políticas Publicas en Derechos Humanos del MERCOSUR Víctor Abramovich y con los integrantes de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoria del Pueblo Juan Raul Ferreira, Mirta Guianze y Mariana González; El día 6, con el Director de Derechos Humanos del Ministerio de Educación y Cultura Dr. Javier Miranda; el 8 con el Ministro de Educación y Cultura Ricardo Erhlich; el 12 con el Ministro de Defensa Nacional Eleuterio Fernández Huidobro y el sub secretario Dr. Jorge Menéndez; el dia 14, con la Secretaria Ejecutiva de la Comisión de seguimiento de la Comisión para la Paz Lic. Graciela Jorge y los integrantes Eduardo Pirotto y el Dr. Ariel Cancela; el día 21 con el Ministro de la Suprema Corte de Justicia Dr. Pérez Manrique; el día 25, con el Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Sr. Emilio Álvarez Icaza y el 27, con el Rector de la Universidad de la República Dr. Rodrigo Arocena; y finalmente el 3 de diciembre con la Coordinadora Regional para Suramérica del Instituto Interamericano de DD.HH Soledad García Muñoz. No se recibió respuesta a la solicitud de entrevista, del Secretario de la Presidencia de la Republica Dr. Homero Guerrero y de la Presidenta del Frente Amplio Senadora Mónica Xavier.



3.- LOS RESULTADOS DE LAS GESTIONES.



Podemos agrupar cuatro niveles de expectativas y posibilidades en relación a las gestiones realizadas, tanto en razón de las posibilidades de resolver materialmente los problemas planteados, como por los niveles de responsabilidad y competencia que cada uno tiene en razón de los temas de que se trata. Un nivel se ubica en el propio Poder Judicial, el Ministerio Público y Fiscal y los abogados; otro a nivel de la conducción de las políticas de gobierno de gobierno en este tema (la Comisión Interministerial creada por el Poder Ejecutivo para instrumentar el cumplimiento de la sentencia de la Corte IDH). Otro con relación a organismos que tienen que ver con el cumplimiento especifico de políticas publicas de promoción y cumplimiento de las derechos humanos y finalmente organismos de carácter regional o interamericano.

En el primer nivel, las respuestas no fueron muy homogéneas. Mientras que a nivel de la Suprema Corte de Justicia en tanto órgano colegiado, las respuestas fueron de mucha cautela, aunque sin interponer en el intercambio de ideas, ninguna dificultad de carácter legal o instrumental. Reconocen la existencia de los problemas formulados, ven como viable la propuesta, pero no tienen una resolución formal como organismo. Lo estudiarían. A nivel de la fiscalia, se compartieron los diagnósticos de los problemas y se compartió plenamente la propuesta. Igualmente el Presidente del Colegio de abogados, quien además vio en la propuesta, un mecanismo que ayudaría al proceso en curso de reforma del proceso penal.

A nivel de las autoridades de gobierno el acuerdo sobre la propuesta fue también unánime. Allí es importante anotar, que se encuentra el Ministerio del Interior, lugar donde se debe resolver e instrumentar la instalación de la Unidad Especial, donde se recibio el acuerdo y disposición de hacerlo, cuando le fuera solicitado tanto por el sistema judicial, la propia interministerial o la Institución Nacional de Derechos Humanos. Al existir un acuerdo de quienes integran la Comisión Interministerial y ser esta una de las que podría cursar la solicitud expresa al Ministro del Interior, se planteo la necesidad que esta se constituyera y así lo resolviera.

En el tercer nivel, se logro el acuerdo y el compromiso de la Institución Nacional de DD.HH, de realizar una recomendación en torno a la propuesta del OBSERVATORIO “LUZ IBARBURU”OBSERVATORIO “LUZ IBARBURU” Todo parece indicar, que es inminente una decisión que permita la instalación de esta nueva herramienta que contribuya a que el Uruguay supere la impunidad factica existente. No apareció ningún cuestionamiento ni dificultad de carácter legal, para que así se resuelva, porque no existen. Tampoco de voluntad política, pero eso nunca es un asunto que no este sujeto a cambios.

Por esa razón, sería sano y adecuado, que antes de que se instale la feria judicial mayor, exista la resolución del Ministerio del Interior, y nos pongamos a trabajar para instrumentar y definir su integración de manera tal que sea una herramienta eficaz y adecuada para enfrentar los cometidos que pretendemos cumpla. Y que el año próximo una vez se abran nuevamente los juzgados, culminada la feria judicial, el sistema judicial tenga a su disposición este nuevo instrumento de colaboración.

Es en ese marco que se realizo la entrevista con el Rector de la Universidad de la República, quien a nuestro entender tendrá una enorme responsabilidad en una parte de los técnicos y profesionales que se deberán poner al frente de la citada Unidad Especial.