EN TV Libre

JUNIO DE 2004 EN TV LIBRE

Buenas noches amigos. la proximidad de un acto electoral, nos convoca a hablar de la impunidad. Lo haremos desde lo que hemos defendido, pensado y actuado en este terreno. También desde un fuerte compromiso con la memoria de todas las victimas del terrorismo de Estado. Creo que se puede y se debe invocar, reclamar y fundamentar un voto desde ese lugar, para que sea posible el cambio con memoria.
Junto con compañeros estudiosos y trabajadores de los derechos humanos en el mundo académico, político y social, hemos acordado dejar establecido en un documento del programa de la izquierda aprobado luego en el Congreso Héctor Rodríguez que la “impunidad constituye un verdadero obstáculo a la normalidad democrática”. En estos últimos 20 años sufrimos gobiernos que al tener una política de impunidad, han llevado a que Uruguay no viviera una normalidad democrática. Esto fue así. Esa definición programática que cite, no es una mentira. Estamos convencidos de eso. Por eso nunca renunciamos a poner todos nuestros esfuerzos para derrotar la impunidad.
Cuando en octubre decidamos que gobierno queremos, habremos decidiendo también, que tipo de democracia queremos. Nosotros trabajamos por una democracia donde lo que dice la constitución no tenga la posibilidad de una doble lectura. Un país donde todos seamos iguales ante la ley, un país donde no haya mas distinciones que aquellas que según la Constitución, surge de nuestros meritos y virtudes.
Habremos decidido si queremos un país gobernado por la izquierda, sin impunidad. O un Uruguay donde sea un merito y una virtud el haber asesinado, violado, secuestrado y desaparecido a cientos de seres humanos. Porque eso es esencialmente lo que por obra de la impunidad, nos ha hecho distintos ante la ley.
Entonces, si la impunidad es un obstáculo a la democracia, un gobierno ya se llame progresista o de izquierda, tiene como tarea primordial y primera la de eliminar ese obstáculo. Terminar con la impunidad y no eludir ese obstáculo.
La impunidad en Uruguay se asienta en dos pilares: las políticas de los últimos cuatro gobiernos colorados, blancos y una norma legal, la ley llamada de caducidad.
¿El cambio de gobierno con la derrota de los blancos y los colorados, es importante para empezar a terminar con la impunidad?
Nosotros creemos que sí, que es importante aunque no suficiente. Si piensan que esa insuficiencia que señalo está en la ley de caducidad, lamento decepcionarlos.
Por supuesto que librarnos de ese mamarracho antijurídico, es una deuda que se tiene con la comunidad internacional, que hay que saldar adecuadamente como lo hizo recientemente la Argentina. Pero eso tiene otros tiempos políticos y otras consideraciones a las que por razones de tiempo no me referiré.
La insuficiencia se manifiesta en que como el cambio se produce en el gobierno, una vez en él se debe articular en este terreno políticas claras y adecuadas. Lamentablemente de guiarnos por las declaraciones de la mayoría de los dirigentes de la izquierda, debemos concluir que ahí no están las cosas muy claras que digamos.
Sobre esto último, una precisión. En el terreno de los derechos humanos las definiciones políticas deben atender aspectos que superan lo estrictamente político. Me refiero al derecho humanitario internacional. La política de un gobierno puede definir, el costo del combustible teniendo en cuenta consideraciones económicas y de conveniencia política. Con relación a los derechos humanos, solo cabe respetarlos y promoverlos.
Si el tiempo alcanza, pondré explicar mejor esto último y otras características especificas de los derechos humanos. Por ahora afirmare que las políticas ejecutadas en este terreno en los últimos 20 años han estado reñidas con el derecho humanitario internacional y que más que promoverlos y respetarlos, los han avasallado y violados reiteradamente.
Pero volvamos al tema: el gobierno de la izquierda y la impunidad. Si un Poder Ejecutivo del gobierno de izquierda se limita a reconocer como obligación legal del Estado el cumplir con la investigación que dicta el artículo 4º de la ley de caducidad, seguramente esa investigación será más eficaz que cualquiera de las anterior al respecto, pero su conducta estará también reñida con el derecho humanitario internacional.
En un documento que analiza las medidas de un futuro gobierno de la izquierda, acordamos que la obligación del Estado de investigar todas las circunstancias, incluyendo la identificación de los autores, cómplices y encubridores de desapariciones y asesinados políticos, no esta vinculada al artículo 4º de la ley de Caducidad. Triste señal le daríamos a los avances de la humanidad en la tutela de los derechos humanos, recurriendo a este engendro antijurídico para cumplir con obligaciones radicadas en instrumentos de derecho más legítimos que la ley de caducidad.
También hemos acordado que el resultado de esa investigación administrativa amplia y exhaustiva, sea puestos en conocimiento de la justicia para que allí se determinen las responsabilidades que correspondan.

¿Y que responsabilidades pueden corresponder?
Aquí entramos en un aspecto clave del problema, sobre el cual no existe definición expresa, solo señales.
Si el resultado de esa nueva investigación administrativa llega al sistema judicial, sin que se modifique el acto administrativo de los anteriores gobiernos que para imponer la impunidad determinaron que todas las denuncias presentadas estaban comprendidas en la caducidad de la pretensión punitiva del Estado, el fiscal que es titular de la causa, seguramente la archivará y la impunidad continuará y sólo quizás eventualmente haya logrado saber algo más de lo que ya sabemos.
Por esa razón hemos propuesto transitar por caminos que no nos aten a los tiempos y las definiciones políticas (difíciles por ahora) para una eventual anulación de la ley de caducidad. Partimos de la base que de los dos pilares de la impunidad, con el triunfo de la izquierda, solo queda uno, el de la ley de caducidad.
Y si bien es cierto que la justicia es obligación y deber de un poder independiente, un gobierno de la izquierda contrariamente a lo que han hecho blancos y colorados nunca debe anteponerse a la acción de ese otro poder encargado de hacer justicia. Es más, debería dar claras señales, para que una acción independiente y valiente de jueces y fiscales, no tengan como obstáculos más que la aplicación de todas las normas del derecho nacional e internacional.
¿Qué hacer entonces? El primero de marzo de 1985, se debería enviar al parlamento un proyecto de ley que permitan tipificar los delitos de acuerdo a la legislación internacional. Se debería verificar si la aplicación de la ley de caducidad realizada por Sanguinetti, Lacalle y Batlle a las denuncias que le fueron remitidas por el Poder Judicial, la realizaron luego de haber recabado la información que les permitió saber que los hechos estaban comprendidos en los ámbitos de aplicación que dicha ley establece.
El Cro Tabaré Vázquez a dicho que su futuro gobierno auditara las cuentas de todos los organismos del Estado y si alguien metió la mano, ira preso. Y eso es lo que corresponde. Pero también pensamos que se debería extender esa auditoria, a los actos de los gobiernos anteriores con relación a la aplicación de la ley de caducidad, para saber si en los archivos del Edificio Libertad consta la información que permitió la aplicación de dicha ley. O sea, la identificación que permitió determinar que los autores eran militares o policías; que el hecho había ocurrido durante el periodo que abarca la ley; que habían sido cometidos por móviles políticos, en cumplimiento de acciones ordenadas por los mandos y que no se cometieron con el propósito de lograr un provecho económico.
Si existen esos elementos y la resolución anterior está ajustada a lo que establece la ley esa información acompañara la remisión de la investigación administrativa. Pero si no esta ajustada a lo que establece la ley y constituyo un abuso de poder y una arbitrariedad de los anteriores gobiernos, se revocará el acto del gobierno anterior remitiendo una nueva resolución que acompañara a las investigaciones administrativas ya señaladas. De esa manera, el sistema judicial no tendrá ningún impedimento extrajudicial para actuar, restableciéndose el derecho a la justicia.
Quiero aclarar que según nuestra opinión ningún caso en que nos encontremos ante la situación de desaparición forzada y en consecuencia ante una hipótesis de delito permanente según lo establece la Convención Interamericana sobre Desaparición de Personas, un Poder Ejecutivo de izquierda puede considerar ajustada a derecho la aplicación de la Ley de caducidad.
Quiero finalizar diciendo que la izquierda no puede ser en el terreno de los derechos humanos, en su sentido más amplio, un administrador de esos derechos según conveniencias de orden y calculo político. Y porque queremos que ese no sea el papel del futuro gobierno popular, votaremos por él y bregaremos para que nuestras opiniones se oigan. Para que la memoria también sea una señal para los rumbos del futuro.