A 40 AÑOS DEL GOLPE DE ESTADO Y DEL INICIO DE LA HUELGA GENERAL.

A 40 AÑOS DEL GOLPE DE ESTADO Y DEL INICIO DE LA HUELGA GENERAL. (Publicado en Trabajo y Utopia junio 2013) Es muy importante, el esfuerzo realizado desde diversos ámbitos de nuestra sociedad, que con el objetivo de contribuir al rescate de nuestra memoria, se desarrollaron en torno al 27 de junio, fecha en la que se cumplían 40 años del Golpe de Estado y del inicio de la huelga con ocupación de los lugares de trabajo, en respuesta a la instalación de la dictadura. Con el golpe del 27 de junio de 1373, por más de una década, se instaló en el Uruguay un régimen que desarrolló una práctica sistemática del terrorismo de estado como forma de mantenerse en el poder. Como no podía ser de otra manera, dadas las características del movimiento obrero organizado en el país, ese desconocimiento abierto de la institucionalidad democrática fue respondido con una huelga general con ocupación de los lugares de trabajo. Con ello, se inició un largo proceso de resistencia que por igual cantidad de años se desarrolló contra esa manifestación extrema del autoritarismo estatal. A pesar de que han pasado cuatro décadas, desde las organizaciones sociales y populares, se continúa hoy contribuyendo a darle firmeza y consolidación a las condiciones necesarias e imprescindibles para que nunca más tengamos que padecer una situación similar. Ese aspecto, está recogido en el reclamo del NUNCA MÁS. Pero aún estableciendo las condiciones en que se asienta la seguridad de no repetición, el movimiento social incluye dentro de sus prioridades – o al menos debería hacerlo -, el trabajar desde la sociedad civil en la construcción de las reservas y los reflejos democráticos necesarios para que nuestra sociedad, si ello volviera a ocurrir, lo resista de la misma manera que lo hicimos hace 40 años, y si fuera posible, a la luz de la experiencia de las luchas del pasado, hacerlo mejor aún. A pesar que el traslado a las nuevas generaciones de trabajadores de las experiencias vividas en aquellos años es importante, lo es más aún que a partir de ellas desarrollemos herramientas para pensar los desafíos del hoy. Por esa razón insistiremos en un tema del hoy, del que ya nos hemos referido en notas anteriores. Por esa razón usaremos este espacio de Trabajo & Utopía para referirnos a uno de los dos hechos ocurridos hace 40 años: el proceso que a partir del golpe de Estado del 27 de junio de 1973, culmino por instalar la dictadura cívico-militar en el Uruguay que cometió gravísimas violaciones a los derechos humanos. Hablar de la dictadura, no va en desmedro de la importancia que la huelga general, tuvo, como respuesta temprana, desarrollada por el movimiento popular uruguayo a la ruptura institucional en nuestro país. Por el contrario, le da mayor significación histórica. Ya hemos dicho en otras oportunidades que el golpe de estado en Uruguay y la dictadura que se instaló, no tenían características distintas a las otras dictaduras y otros golpes de estado existentes en esos años en América Latina. Efectivamente, la dictadura uruguaya, también estaba orientada en la doctrina de la seguridad nacional. También hemos afirmado, que lo novedoso, lo que sin duda distingue por su originalidad, al proceso de instalación del autoritarismo militar en el Uruguay, es la respuesta popular con el desarrollo de una huelga general con ocupación de los lugares de trabajo por parte del movimiento obrero y los centros de estudio por parte del movimiento estudiantil. Ese escollo a la instalación del autoritarismo cívico-militar aquel 27 de junio de 1973, marcó el comienzo de una resistencia popular que luego continuó, en el país y fuera de él mientras se mantuvo la dictadura. La importancia de esa resistencia, explica el altísimo costo de muchas vidas, torturas, años de cárcel, persecución, falta de libertades y exilio, que tuvo. Pero vayamos el tema sobre el que queremos insistir una vez más. En la necesidad de saldar lo que fue y es aun objeto de debate: la verdad sobre la esencia misma de ese terrorismo de estado que padecimos. La Lucha por desnudar esa esencia del terrorismo estatal de la dictadura, mientras esta existió, y aún luego de conquistadas las libertades democráticas, es uno de los desafíos importantes que tenemos como sociedad. Desafío que tiene mínimamente también 40 años de desarrollo, en los cuales se pueden identificar sus distintas etapas, su proceso histórico, sus etapas, sus acentos. Hablar de los avances y de los retrocesos, de los impulsos y sus frenos, es parte de nuestro proceso histórico más reciente. En sus comienzos, esa lucha puso el acento en el desenmascaramiento de lo que acontecía en el Uruguay y en las dictaduras que reprimían coordinada y salvajemente en torno a la Operación Cóndor. Ese desenmascaramiento, que fue sin duda un aspecto esencial de la lucha por el retorno de las libertades democráticas en el cono sur, no dejo ninguna tribuna sin estar presente. Y su propio desarrollo genero formas de organización en todos los países donde el exilio político uruguayo, existiera. Ese tenaz esfuerzo desarrollado por la resistencia a la dictadura dentro y fuera del país, dentro y fuera de las cárceles, no se tento con las propuestas de algunos políticos que hoy se presentan como opositores a la dictadura, de “desensillar hasta que aclarara”. Ese proceso de resistencia influyo en muchos movimientos – sobre todo europeos – comprometidos con la defensa de los derechos humanos y fue influido también por ellos. Eso genero en esos movimientos de resistencia un novedoso – para la izquierda uruguaya – proceso de evolución que no usaba las denuncias de las gravísimas violaciones a los derechos humanos que realizaba, como un oportunista instrumento al servicio de intereses políticos menores. Para el exilio uruguayo organizado, las denuncias de las violaciones a los derechos humanos pasó a ser un aspecto esencial de la resistencia al autoritarismo estatal, enmarcado en un proceso de cambio cultural profundo que se desarrollaba en el mundo en torno a esta temática. Fue un desafío a una cultura existente my fuerte, donde el discurso de los derechos humanos era fundamentalmente administrad según intereses políticos de oportunidad por los Estados y los gobiernos. Ese cambio profundo que implica pensar los desafíos políticos, económicos y culturales en clave de derechos humanos, aún hoy tiene dificultades para asumirse como corresponde. Esa dificultad la encontramos en la actual cúspide de nuestro Poder Judicial o en discursos muchas veces confusos o francamente reaccionarios de nuestro sistema político. No está de más repetir una vez más que en ese proceso de resistencia, desaparecen cientos de compañeros, miles son objeto de torturas, vejaciones, cárcel y exilio. Producido el retorno de las democracias, cuando todos, organizaciones sociales y políticas habíamos acordado en la Concertación Nacional Programática que se debía saldar el pasado dictatorial con verdad y justicia, otros fueron las opciones políticas que se impusieron. Las unanimidades logradas en la CONAPRO, estrellaron en pedazos frente a intereses políticos, que ignoraron el significado profundo de las batallas que se habían desarrollado a lo largo y ancho del planeta desnudando las aberrantes conductas del gobierno dictatorial, y atendieron solícitamente las presiones militares. La consolidación de ese proceso que tiene su punto alto en el desconocimiento de los acuerdos de la CONAPRO, instalo una cultura de impunidad, que planteo para la vigencia plena de los derechos humanos nuevas dificultades, cuyas consecuencias aún hoy se manifiestan. Esa instalación de las democracias post-dictadura en complejos procesos de transición, que no quisieron entender la importancia de la continuidad de la lucha por los derechos humanos como parte esencial de la profundización democrática, marcó una continuidad en la agenda política, social y jurídica teñida por las no resueltas heridas del pasado. En ese escenario, mentada por el discurso de la derecha y por algunos sectores de la izquierda, la teoría de los dos demonios, dificulto y dificulta el desarrollo de una batalla eficaz sobre la verdad sobre nuestro pasado reciente. Esa dificultad, aunque menguada, aun subsiste en nuestros días. Atravesada por esas coordenadas históricas, la determinación de la Verdad termino instalada por largos años en un escenario de determinación exclusivamente político. A partir de la aprobación de la ley de caducidad, la verdad quedó librada a una pura correlación de fuerzas políticas. Ello, explica porqué con la vigencia de las mismas reglas jurídicas – ley de caducidad, Constitución, obligaciones internacionales -, los resultados hayan sido tan diferentes, en algunos aspectos, según quien detentara el gobierno. Pese a convivir con una verdad envilecida - tanto por la teoría de los dos demonios, como por la existencia de la ley de caducidad -, no se pudo obviar el reconocimiento der que en el Uruguay había existido un golpe de estado que instaló una dictadura. Lo que seguía en cuestión era, qué había hecho esa dictadura y porqué hizo lo que hizo. En ese escenario complejo, no sin dificultades se se desplegó con una relativa legitimidad social, un escenario de la lucha política, ética y cultural, entre democracia versus dictadura, donde las reivindicaciones de las conductas de la dictadura termino confinada casi exclusivamente en los círculos y centros militares y policiales que aun hoy parecen mantener una influencia en las nuevas generaciones de los integrantes de aparatos armados del Estado. Las investigaciones periodística, la persistencia de las denuncias, los trabajos de investigación académicas y sobre todo la aparición en predios militares de cuerpos de desaparecidos que según la versión militar, habían sido reducidos y arrojados al mar, inauguro una nueva etapa. En esa etapa de la lucha democrática radical, transitamos hoy en torno a la verdad sobre nuestro pasado reciente como plataforma fáctica sobre la que se asienta la realización de un inexorable proceso, tarde o temprano, de Verdad y Justicia. Desde el asesinato de Ramón Peré en pleno desarrollo de la Huelga General hasta el asesinato del Dr Vladimir Roslik en las postrimerías de la dictadura, se desarrollo un proceso en el Uruguay que es sano para las generaciones futuras, sacarlo de las determinaciones políticas o las dos verdades “folkloricas” de cada uno de los demonios. En los expedientes judiciales en los que las victimas denunciaron las atrocidades de la dictadura, se está instalando trabajosamente a partir de la actuación de un creciente número de jueces y fiscales, una dimensión importante de nuestra historia. Entre ellas es de destacar y hacer referencia a algunos de ellos, no porque sean los únicos, sino porque sufrieron las consecuencias por ello: Alberto Reyes, Estela Jubette, Alejandro Recarey, Ricardo Perciavalle, Mirtha Guianze y Mariana Mota. En esos expedientes, pese a las retrogradas posiciones del máximo órgano judicial que continua de espaldas a los avances que la humanidad instaló con la creación de instrumentos de protección de los derechos humanos, se han ganado algunas batallas a la cultura de impunidad. Para que se sumen nuevos avances, es que diversas organizaciones de la sociedad civil juntaron esfuerzos en torno al Observatorio Luz Ibarburu de seguimiento a las causas penales por violaciones a los derechos humanos. Ese avance de la lucha democrática, no solo lo debemos medir en la cantidad de violadores a los derechos humanos que purgan condenas o están siendo objeto de procesos judiciales por los cuales están privados de la libertad, aunque gocen de privilegios que otros presos no tienen. También debemos medirlo, en el hecho –no menor -que ya no discuten los militares en los tribunales de justicia, si son o no culpables, si existieron o no los hechos que se les imputan. Ahora lo que discuten, es si es o no posible castigarlos por ello como lo determinan las normas del derecho internacional. En muchas sentencias, además de hacerse justicia desde el punto de vista punitivo, se lauda también una parte importante de las batallas sobre la memoria y la verdad. Allí se aplica muchas veces, una contundente derrota al sostenido esfuerzo desarrollado por los defensores de la impunidad - civiles y militares -, intentando instaurar una suerte de “verdad” que va en el peor de los casos en el sentido de reivindicar el comportamiento y la acción de la dictadura, a un silencio cómplice, en el mejor de los casos. Repetimos una vez más, que desenmascarar estas suertes de versiones bastardas de la dictadura, necesito y necesita aún hoy desarrollar, tanto una batalla desde el ámbito académico, como en el ámbito de la acción del sistema judicial. En este ámbito de la acción de los tribunales de justicia, se establecieron recientemente en sentencias de distintos magistrados, las plataformas fácticas, los hechos en que se fundamentaron las pretensiones punitivas de las fiscalías y los posteriores procesamientos y condenas de algunos militares, policías y civiles. Unas y otras investigaciones –las históricas y las forenses -, contribuyeron a desarmar las visiones subsidiarias de una cultura de impunidad de las fuerzas armadas y de algunos sectores civiles. En esas batallas sobre la verdad y la memoria, las iniciativas que encargaron el cumplimiento del artículo 4to a los fiscales militares, y la verdad “posible” pergeñada desde la Comisión para la Paz, no fueron solamente intentos - con sus particularidades -, de transitar por los caminos limitados de la impunidad de la pretensión punitiva del Estado, sino también sustraer a nuestro pasado reciente de la posibilidad de un proceso de la verdad sustancial. Aquel, que establecido en un proceso penal con todas las garantías que correspondan, puede o no, afectar un derecho esencial, como es el de la libertad. En esas sentencias a las que muy pocas se llega y en las que las victimas muchas veces deben vencer dificultades generadas por quienes deberían prestar apoyo, se establece una importantísima dimensión de la verdad, la denominada “verdad forense”, aquella que reconstruye les hechos y establece responsabilidades, a partir de la construcción de lo que se denomina la “plataforma factica”. Esa verdad de los hechos no es una construcción sobre la que se puede pactar la reserva definitiva de las fuentes de información, como en el caso de las averiguaciones de la COPAZ, o las últimas investigaciones encargadas a las propias fuerzas armadas por la anterior administración. Esa dimensión de la verdad, no es el producto de una labor intelectual – aunque muy importante-, como lo son sin duda las investigaciones realizadas para la Presidencia de la República por un grupo de historiadores de nuestra Universidad. Tampoco es la visión solitaria y caprichosa de un juez penal o de un integrante del Ministerio Público. Es el resultado de un proceso largo y complejo que incluye testimonios, pruebas por informes, declaraciones de los imputados, pericias, etc. Proceso donde víctimas y victimarios, controvierten sus versiones, y que en estos casos, casi siempre son también objeto de un reexamen por parte de los tribunales de apelaciones. Se trata en resumen, de una construcción de la verdad, donde hay un solo demonio. A partir de esa VERDAD, se construye un marco histórico en el que se encuadran, por ejemplo, los casos en los que se han dictado el procesamiento o la condena definitiva de personeros de la pasada dictadura. Para que en esas sentencias, se resumiera para las generaciones futuras, la visión oficial de un Poder del Estado sobre nuestro pasado reciente y las particularidades de cada caso de violación de los derechos humanos, fue y es necesario un gran esfuerzo desde la sociedad civil. Este es aspecto que queríamos rescatar, sobre el que queríamos volver, cuando se cumplen 40 años de la instalación del terrorismo de estado en el Uruguay. Raúl Olivera Alfaro Integrante de la Secretaria de DD.HH y políticas Sociales del PIT/CNT Integrante del Observatorio Luz Ibarburu.